COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 20.7.2017
COM(2017) 383 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude Informe anual 2016
{SWD(2017) 266 final}
{SWD(2017) 267 final}
{SWD(2017) 268 final}
{SWD(2017) 269 final}
{SWD(2017) 270 final}
4.4.1.3.
Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
5.
Recuperación y otras medidas preventivas y correctoras
6.
Colaboración con los Estados miembros
7.
Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES, por sus siglas en inglés)
8
Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude — Informe anual 2015
9.
Conclusiones y recomendaciones
9.1.
Ingresos
9.2.
Gasto
9.3.
Los próximos años
ANEXO 1 — Irregularidades notificadas como fraudulentas en 2016
ANEXO 2 — Irregularidades no notificadas como fraudulentas en 2016
Resumen
La Comisión presenta el informe anual de 2016 sobre la Protección de los intereses financieros de la Unión Europea («informe PIF») en cooperación con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El informe incluye medidas adoptadas por la Comisión y los Estados miembros en la lucha contra el fraude y presenta sus resultados. El Tratado exige una colaboración estrecha y regular entre los Estados miembros y la Comisión, y permite que se adopten medidas específicas con el fin de ofrecer una protección equivalente y eficaz de los intereses financieros de la UE. La Comisión y los Estados miembros protegen los intereses financieros de la UE ante gastos indebidos o irregulares y la evasión de derechos de aduana u otros gravámenes, principalmente a través de:
a)medidas preventivas;
b)actuaciones de investigación;
c)mecanismos correctores;
d)medidas represivas.
En los casos en que en el análisis de esta información se identifican problemas o riesgos, se presentan recomendaciones para solucionarlos.
Medidas antifraude a nivel de la UE
En 2016, se adoptaron un gran número de medidas para mejorar el marco jurídico y administrativo en pro de la protección de los intereses financieros de la UE:
·el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión alcanzaron un acuerdo político sobre una propuesta de Directiva relativa a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal;
·a falta de unanimidad para la creación de una Fiscalía Europea, un gran número de Estados miembros decidieron a principios de 2017 seguir adelante con dicha iniciativa en una cooperación reforzada;
·la Comisión emprendió una evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF;
·los Socios Europeos contra la Corrupción/la Red Europea de Puntos de Contracto contra la Corrupción (RECC) adoptaron la Declaración de Riga, con vistas a reforzar la lucha contra la corrupción;
·dieciséis servicios de la Comisión actualizaron sus estrategias contra el fraude;
·la OLAF negoció con éxito algunas disposiciones de lucha contra el fraude en acuerdos internacionales de la UE;
·el programa de financiación Hércules III contribuye a reforzar la capacidad administrativa y operativa de las aduanas de los Estados miembros y otras autoridades.
Por lo que respecta al capítulo de gastos del presupuesto de la UE, en 2016 se realizaron avances significativos en el refuerzo de la protección de los intereses financieros de la UE:
·el Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES, por sus siglas en inglés) para proteger los intereses financieros de la UE comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2016;
·la Comisión propuso revisar el Reglamento Financiero y las normas financieras sectoriales específicas (a través del Reglamento denominado «ómnibus») para que fueran más simples y flexibles;
·se prepararon importantes documentos de orientación en el marco del Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF).
En cuanto a los ingresos del presupuesto, las medidas adoptadas en 2016 supusieron una mayor protección de los intereses financieros de la UE:
·el Reglamento revisado n.º 515/97 relativo a la asistencia administrativa mutua en el ámbito aduanero prevé dos bases de datos centralizadas con información sobre los movimientos de contenedores y las mercancías que entran, salen y transitan dentro de la UE;
·las notificaciones de asistencia mutua cursadas a raíz de las operaciones aduaneras conjuntas (OAC) llevadas a cabo por la OLAF constituyen una importante fuente de información para la detección de irregularidades en las transacciones relativas a determinados tipos de mercancías;
·la lucha contra el comercio ilícito de productos del tabaco sigue siendo una importante prioridad para la UE y los Estados miembros;
·la Comisión adoptó un plan de acción sobre el IVA Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir, en el que exponía medidas para abordar la brecha del IVA y la lucha contra el fraude.
Medidas de lucha contra el fraude adoptadas por los Estados miembros
Los Estados miembros comunicaron la aprobación de ochenta medidas importantes para proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude. Se invitó a los Estados miembros a comunicar un máximo de tres medidas de lucha contra el fraude. Estas medidas, que abarcan todo el ciclo antifraude, corresponden principalmente a los fondos de gestión compartida y cubren los siguientes ámbitos:
·contratación pública;
·delincuencia organizada y corrupción;
·conflictos de intereses;
·los servicios de coordinación antifraude (AFCOS);
·definición de fraude;
·estrategia antifraude;
·lucha contra el contrabando;
·denunciantes.
A finales de 2016, nueve Estados miembros habían adoptado una estrategia nacional de lucha contra el fraude. Otros dos Estados miembros aprobaron su estrategia a principios de 2017.
Puesto que los Estados miembros tenían que incorporar las Directivas de 2014 a su Derecho nacional en abril de 2016 a más tardar, muchas de las medidas que se tomaron se centraban también en el tema de la contratación pública.
Los Estados miembros comunicaron la adopción de medidas contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como otras medidas horizontales centradas en los paraísos fiscales, la introducción de instrumentos electrónicos para los procedimientos penales, la formación antifraude y la sensibilización frente al fraude.
Por otra parte, la mayoría de los Estados miembros notificaron el número y la naturaleza de las medidas adoptadas para dar curso a las recomendaciones de 2015. La Comisión anima a todos los Estados miembros a que tengan en cuenta las recomendaciones del informe del presente año de manera similar.
Detección y notificación de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas que afectan al presupuesto de la UE
En 2016, se notificaron a la Comisión 19 080 irregularidades (fraudulentas y no fraudulentas), por un total de aproximadamente 2 970 millones EUR. Aproximadamente 2 430 millones EUR afectan a los sectores de gasto del presupuesto de la UE.
El número de irregularidades detectadas disminuyó en un 15 % con respecto al 2015, y su valor financiero se redujo en un 8 %.
En 2016 se notificaron como fraudulentas 1 410 irregularidades por un importe de 391 millones EUR, que comprenden tanto gastos como ingresos.
El informe anual de gestión y rendimiento, que desde 2016 incluye la antigua Comunicación anual de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo sobre la protección del presupuesto de la UE, ofrece información sobre recuperaciones, correcciones financieras y otras medidas preventivas y correctoras.
1.
Introducción
Todos los años, de conformidad con el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, presenta al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.
La UE y los Estados miembros tienen la responsabilidad compartida de proteger los intereses financieros de la UE y de luchar contra el fraude. Las autoridades de los Estados miembros gestionan aproximadamente el 74 % del gasto de la UE y recaudan los recursos propios tradicionales (RPT). La Comisión supervisa estos dos ámbitos, establece las normas y verifica su cumplimiento. Es esencial que la Comisión y los Estados miembros colaboren estrechamente para garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la UE. Uno de los principales objetivos de este informe es evaluar esta cooperación en 2016, y valorar cómo podría mejorarse.
El presente informe ofrece un resumen de las medidas adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros en 2016 para luchar contra el fraude. También incluye un análisis de los principales logros de las instancias nacionales y europeas en la detección y notificación de los fraudes e irregularidades relativos a los gastos e ingresos de la UE. El sistema de notificación ha contribuido significativamente a la protección de los intereses financieros de la UE y a la lucha contra el fraude.
El informe va acompañado de cinco documentos de trabajo de los servicios de la Comisión.
2.
Políticas, medidas y resultados horizontales de lucha contra el fraude
2.1.
Iniciativas políticas de las instituciones de la UE
2.1.1.
Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal
Tras cuatro años de negociaciones, en 2016 se alcanzó un acuerdo político entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión en una reunión de diálogo tripartito celebrada el 30 de noviembre de 2016. Está previsto que la llamada Directiva PIF se adopte en 2017. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva a las respectivas legislaciones nacionales.
La Directiva reforzará el marco jurídico vigente mediante la armonización de la definición de los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE (fraude, corrupción, blanqueo de capitales y malversación), así como de las sanciones y los plazos de prescripción para estos casos. Incluye casos de fraude del IVA transfronterizo por daños totales de al menos 10 millones EUR.
La Directiva sustituirá al Convenio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y sus protocolos (el Convenio PIF) en aquellos Estados miembros que estén vinculados por la Directiva.
2.1.2.
Propuesta de creación de una Fiscalía Europea
Las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a la creación de la Fiscalía Europea continuaron en 2016, en el marco de las Presidencias neerlandesa y eslovaca. En la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 8 de diciembre de 2016 se analizó todo el texto del proyecto de Reglamento debatido durante las sucesivas presidencias. La mayoría de los Estados miembros consideró que dicho texto constituía una buena base para la continuación de los trabajos y apoyaron el principio de la creación de la Fiscalía Europea.
Las negociaciones sobre la creación de la Fiscalía Europea a través de una cooperación reforzada continuaron en 2017, en vista de la falta de unanimidad en el Consejo.
2.1.3.
Evaluación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
En 2016, la Comisión siguió evaluando la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF. La evaluación, prescrita por el artículo 19 del Reglamento, se tiene que presentar al Parlamento Europeo y al Consejo el 2 de octubre de 2017 a más tardar.
2.1.4.
Lucha contra la corrupción en la UE
En 2016 la lucha contra la corrupción siguió siendo una prioridad en el proceso de gobernanza económica del Semestre Europeo. Varios Estados miembros han recibido recomendaciones de emprender acciones para mejorar la transparencia o redoblar los esfuerzos de lucha contra la corrupción en la administración pública, el poder judicial y la contratación pública.
La Comisión ha proseguido su ciclo de talleres de intercambio de experiencias en el marco del Programa de lucha contra la corrupción en la UE para expertos de los Estados miembros. En 2016 se organizaron tres talleres sobre temas como la corrupción en el ámbito de la contratación pública a escala local, las inmunidades políticas y la corrupción en el sector privado.
La OLAF contribuyó con sus conocimientos técnicos en varios foros europeos e internacionales de lucha contra la corrupción, en particular, los Socios Europeos contra la Corrupción y la RECC. Esta red, presidida por el Director General de la OLAF hasta noviembre de 2016, adoptó la «Declaración de Riga», de noviembre de 2016, en la que se instaba a los responsables políticos europeos a reforzar la lucha contra la corrupción.
2.1.5.
Propuesta de la Comisión para revisar el Reglamento Financiero y las normas financieras sectoriales (Ómnibus)
En septiembre de 2016, la Comisión propuso en un único acto legislativo una revisión ambiciosa de las normas financieras generales acompañada de los correspondientes cambios en las normas financieras sectoriales establecidas en quince actos legislativos que se refieren a programas plurianuales. Al concebir unas normas financieras de la UE más sencillas y flexibles, la Comisión se ha asegurado de que no se debilita la buena gestión financiera, la cual sigue siendo un objetivo clave. La propuesta también refuerza las normas relativas a la elusión fiscal que los socios encargados de la ejecución de la UE deben respetar y aclara que la obligación de evitar los conflictos de intereses se aplica plenamente a todos los modos de ejecución de los fondos de la UE (también a nivel de los Estados miembros). Asimismo, consolida los sistemas existentes para proteger el presupuesto de la UE contra el fraude y las irregularidades financieras y simplifica las normas financieras de la UE para contribuir a reducir el gasto y el tiempo necesarios para ejecutar los fondos de la UE y reducir el número de errores. También debería aumentar el impacto de las políticas y sus resultados sobre el terreno.
2.1.6.
Cooperación internacional
A fin de combatir mejor el fraude contra el presupuesto de la UE más allá de sus fronteras, la OLAF también negocia disposiciones contra el fraude en los acuerdos internacionales de la UE, como los acuerdos de asociación y los acuerdos de colaboración. En 2016, las disposiciones antifraude se incluyeron en el Acuerdo Global de Colaboración Reforzada entre la UE y Armenia. Las negociaciones sobre las disposiciones antifraude en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba también finalizaron y el acuerdo se rubricó el 11 de marzo de 2016.
Con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de investigación más allá de las fronteras de la UE, en 2016 la OLAF celebró seis acuerdos de cooperación administrativa con las autoridades de países terceros y organizaciones internacionales.
2.1.7.
Estrategia de la Comisión de lucha contra el fraude (CAFS)
La Comisión está estudiando la posibilidad de actualizar la estrategia de lucha contra el fraude adoptada el 24 de junio de 2011. El objetivo de la estrategia es mejorar la prevención, detección e investigación del fraude y garantizar que la recuperación, la disuasión y la imposición de sanciones adecuadas ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión.
La estrategia ya se ha aplicado plenamente, lo que significa que todas las acciones han concluido o están en curso. La atención se centra en las estrategias sectoriales y los planes de acción de lucha contra el fraude en sus ámbitos de actuación específicos. Al tiempo que se mantiene este enfoque, la estrategia actualizada haría más hincapié en la incorporación de medidas de lucha contra el fraude en los sistemas de control internos de la Comisión y, en particular, en la notificación de la adopción de medidas de lucha contra el fraude. Está previsto que la estrategia actualizada de lucha contra el fraude de la Comisión incluya un capítulo específico sobre los recursos propios tradicionales (RPT) como seguimiento a los resultados de la auditoría de 2016 del Servicio de Auditoría Interna (IAS) de la Comisión sobre el Rendimiento y coordinación de las acciones de lucha contra el fraude en el área de los recursos propios tradicionales (RPT).
Todos los servicios de la Comisión (cuarenta y ocho en total) han introducido estrategias sectoriales de lucha contra el fraude para el ámbito de actuación del que son responsables. Cada una de estas estrategias debe actualizarse periódicamente a fin de reflejar los cambios en el entorno de la lucha contra el fraude.
La Red de prevención y detección del fraude aprobó una metodología actualizada para estas estrategias. Dicha metodología consistía en una mayor integración de las medidas de lucha contra el fraude en la planificación y programación estratégicas y el ciclo de supervisión: desde la identificación de los riesgos de fraude hasta el control y la supervisión del fraude. En este sentido, las estrategias de lucha contra el fraude son parte integrante de la gestión del riesgo de la Comisión, al tiempo que se mantiene la atención que el fraude exige.
Los dieciséis servicios de la Comisión que actualizaron su estrategia en 2016 informaron de que habían hecho uso de la metodología actualizada y las orientaciones para el desarrollo de estrategias de lucha contra el fraude de las DG que la OLAF les facilitó.
Ejemplo de la EASME
En 2016, la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) utilizó la metodología actualizada para poner al día su estrategia de lucha contra el fraude. Actualmente, la evaluación del riesgo de fraude de la agencia está integrada en el proceso anual de evaluación de riesgos. Los principales riesgos de fraude a los que se enfrenta la EASME son el plagio y la doble financiación, así como las declaraciones de costes deliberadamente inflados o falsos. Estos riesgos y las medidas para mitigarlos se vigilan atentamente en el proceso anual de gestión de riesgos.
La EASME tomó medidas correctoras y reforzó los controles para esos riesgos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de costes y beneficios. Esto significa que se aplican controles basados en el riesgo y que los proyectos de alto riesgo son objeto de un seguimiento más minucioso.
Para determinados riesgos (por ejemplo, el plagio), la EASME participó en la prueba de herramientas de evaluación para el programa Horizonte 2020, que se aplican en todos los servicios de la Comisión que trabajan en investigación.
La aplicación de las estrategias de lucha contra el fraude se supervisa periódicamente a través del ciclo de rendimiento de la Comisión. Dado que cada ámbito de actuación tiene características de fraude específicas, no existe un enfoque uniforme en la lucha contra el fraude. La mayoría de los servicios de la Comisión organizan actividades de sensibilización del fraude, como formaciones y seminarios.
2.1.8.
Aplicación del programa Hércules
El programa Hércules III (2014-2020) fomenta actividades destinadas a luchar contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la UE. En 2016, el tercer año de su aplicación, se dispuso de un presupuesto de 14,5 millones EUR para:
·la financiación de medidas destinadas a reforzar la capacidad técnica y operativa de las aduanas y las fuerzas policiales de los Estados miembros, así como el apoyo informático, lo que representa al menos el 70 % del presupuesto del programa;
·actividades de formación y conferencias, que incluyen formación forense digital para el personal de las fuerzas del orden de los Estados miembros y los países asociados, lo que representa el 30 % del presupuesto.
La Comisión (OLAF) ha empezado a recibir los primeros informes, en los que se reflejan los resultados tangibles de las actividades llevadas a cabo desde que comenzó el programa en 2014. Se registraron importantes logros en relación con el contrabando y la falsificación de cigarrillos y tabaco: las incautaciones se realizaron con la ayuda de equipos y formación financiados en el marco del programa.
2.2.
Medidas tomadas por los Estados miembros
2.2.1.
Resumen
Se pidió a los Estados miembros que comunicaran un máximo de tres de las principales medidas de lucha contra el fraude. El presente resumen ofrece una buena visión general de las tendencias y prioridades para las medidas de lucha contra el fraude aplicadas por los Estados miembros, pero no es exhaustivo; se han tomado muchas más medidas, que se detallan en un documento de acompañamiento.
En 2016, los Estados miembros notificaron ochenta medidas para proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude en el período de programación 2014-2020.
Las medidas de los Estados miembros abarcaban todo el ciclo antifraude, principalmente en el ámbito de la gestión compartida, e iban acompañadas de medidas sobre contratación pública, conflictos de intereses, corrupción, AFCOS, la definición de fraude, estrategia de lucha contra el fraude, delincuencia organizada y financiera y denunciantes. En relación con el ciclo de lucha contra el fraude, la mayoría de las medidas estaban relacionadas con la prevención, seguida de la detección, la investigación y el procesamiento, la recuperación y las sanciones. La mayoría de ellos (73 %) eran sectoriales en vez de generales (27 %). Veinte de las medidas sectoriales guardaban relación con los ingresos en los ámbitos del fraude fiscal (60 %) y las aduanas (40 %). Cuarenta y una de las medidas afectaban a los gastos, cubriendo todos los ámbitos del presupuesto.
2.2.1.1.Estrategias nacionales de lucha contra el fraude (NAFS)
A finales de 2016, nueve Estados miembros habían adoptado una estrategia nacional de lucha contra el fraude y la habían remitido a la Comisión. Fueron más que en 2015, lo cual muestra el compromiso de los Estados miembros de adoptar un enfoque estratégico de lucha contra el fraude y las irregularidades que van en detrimento de los presupuestos nacionales y de la UE. La Comisión acoge con satisfacción estas novedades y pide a todos los demás Estados miembros que preparen este mismo tipo de estrategias.
2.2.1.2.Servicios de coordinación antifraude (AFCOS)
Varios Estados miembros adoptaron medidas para mejorar estos servicios de coordinación, incluidos Dinamarca (con un manual AFCOS de lucha contra el fraude), Francia (una estrategia nacional de lucha contra el fraude), Croacia (una metodología de gestión para promover la prevención del fraude), Letonia (una estrategia operativa y un plan de acción para 2017-2019), Malta (acciones de prevención del fraude con otros AFCOS), los Países Bajos (creación de un equipo AFCOS) y Finlandia (puesta en marcha de una red nacional de AFCOS).
2.2.1.3.Contratación pública
Se tomaron una serie de medidas sobre la contratación pública, puesto que los Estados miembros estaban obligados a incorporar las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE a su Derecho nacional a más tardar en abril de 2016. Diez Estados miembros informaron de la adopción de medidas destinadas a armonizar su legislación nacional sobre contratación pública con la legislación de la UE. Once Estados miembros todavía tienen que transponer las tres Directivas de contratación pública en su totalidad.
2.2.1.4.Otros
Bélgica, Francia, Lituania, Rumanía, Eslovenia y Chequia informaron de medidas contra la corrupción y contra la delincuencia organizada en 2016.
Los siguientes Estados miembros comunicaron otras medidas: Bélgica (centradas en los paraísos fiscales), España (mejora de la detección del fraude), Francia (protección de los denunciantes), Croacia (formación antifraude), Italia (campañas de inspección), Lituania (herramienta electrónica para los procesos penales), Hungría (formación contra el fraude y más cooperación), los Países Bajos (sensibilización contra el fraude) y Austria (registro central de cuentas).
2.2.2.
Aplicación de las recomendaciones de 2015
En el informe de 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE, la Comisión recomendó a los Estados miembros:
a)encontrar el equilibrio adecuado entre la facilitación del comercio y la protección de los intereses financieros de la UE; intercambiar experiencias sobre la detección de fraudes o irregularidades en el momento del despacho; cooperar estrechamente entre sí en los controles/las auditorías a posteriori e incorporar la información recibida a través del CRMS, el AFIS o la aplicación OWNRES;
b)adaptar sus estrategias de control aduanero, teniendo en cuenta los resultados de las admisiones voluntarias;
c)seguir mejorando la calidad de la notificación de irregularidades a través del Sistema de Gestión de Irregularidades (IMS, por sus siglas en inglés);
d)planificar y centrar sus auditorías y controles sobre la base del análisis de riesgo y las herramientas informáticas de rendimiento y utilizar herramientas como ARACHNE, el IMS y la herramienta de evaluación del riesgo de fraude.
Algunos Estados miembros informaron de que habían logrado un equilibrio entre la facilitación del comercio y la protección de los intereses financieros de la UE; otros están aplicando medidas para conseguir ese equilibrio.
Dieciocho Estados miembros remitieron información recibida de otros Estados miembros o de los servicios de la Comisión a sus organismos nacionales competentes para la evaluación y el análisis de los riesgos.
Una serie de Estados miembros han explicado que han tenido en cuenta la recomendación de la Comisión de adaptar su planificación anual de personal y recursos necesarios para comprobar la información recibida en forma de admisiones voluntarias. Varios Estados miembros han declarado que han incluido esta información en materia de análisis y gestión del riesgo para minimizar los riesgos y utilizarla en controles a posteriori.
Los seis Estados miembros a los que se recomendó específicamente que reforzaran sus sistemas en relación con las tecnologías de detección o notificación de casos de fraude informaron acerca de los progresos realizados. Francia y Lituania dieron cuenta de las medidas que habían tomado para mejorar la notificación de irregularidades. España registró un aumento de las irregularidades notificadas gracias a la eficacia del sistema de detección.
En relación con el uso del análisis de riesgos y las herramientas informáticas (ARACHNE, IMS y la herramienta de evaluación del riesgo de fraude), algunos Estados miembros han informado de que hacen uso de algunas de estas herramientas junto con las suyas propias, mientras que otros Estados miembros informaron de que usan principalmente sus propias herramientas alternativas. El IMS es ampliamente utilizado por todos los Estados miembros que proporcionaron información relativa a esta recomendación.
2.3.
Resumen de las estadísticas relativas a las irregularidades y el fraude
En 2016, se comunicaron 19 080 irregularidades (fraudulentas y no fraudulentas) a la Comisión, un 15 % menos que en 2015. Han supuesto un total de 2 970 millones EUR aproximadamente, un 8 % menos que el año anterior.
La detección de una irregularidad implica que se han tomado medidas correctoras para recuperar los importes irregulares implicados y que se ha iniciado un procedimiento penal en caso de sospecha de fraude.
2.3.1.
Irregularidades fraudulentas detectadas
El número de irregularidades notificadas como fraudulentas (que incluye casos de sospecha de fraude y de fraude demostrado) y de los importes correspondientes no están estrictamente en correlación con el nivel de fraude que afecta al presupuesto de la UE. Las irregularidades notificadas como fraudulentas tienden más bien a indicar cuántos casos de posible fraude son detectados por los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea.
En 2016, se notificaron 1 410 irregularidades como fraudulentas (esto es, el 6 % de los casos de irregularidades detectados y comunicados), por un importe de 391 millones EUR (lo que representa el 13 % del total de los importes afectados por irregularidades), que comprenden tanto gastos como ingresos. Existen diferencias entre sectores, como se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1: Irregularidades notificadas como fraudulentas en 2016
En comparación con 2015, el número de irregularidades fraudulentas notificadas en 2016 disminuyó ligeramente, en un 3 %, mientras que su impacto financiero se redujo en un 39 %. En los últimos cinco años (2012-2016), el número de irregularidades notificadas como fraudulentas ha cambiado poco desde 2013: fue un 14 % más elevado en 2016 que en 2012, un 4 % por debajo de la media correspondiente a estos cinco años. El impacto financiero, sin embargo, fluctúa mucho, dado que los importes en juego pueden verse afectados por casos individuales que implican cantidades muy elevadas.
El gráfico 1 muestra las tendencias generales a lo largo de los últimos cinco años.
Existen algunas pequeñas diferencias en las variaciones interanuales entre los ingresos y los gastos.
Gráfico 1: Irregularidades notificadas como fraudulentas y sus importes correspondientes, 2012-2016
En el anexo 1 figura un desglose de todas las irregularidades fraudulentas notificadas en 2016, por Estado miembro y por sección del presupuesto.
2.3.2.
Irregularidades no fraudulentas detectadas y notificadas
En 2016, se comunicaron a la Comisión 17 670 irregularidades no notificadas como fraudulentas (aproximadamente un 15 % menos que en 2015). Las cifras disminuyeron para todos los sectores, excepto los gastos directos. El impacto financiero se mantuvo casi inalterado en aproximadamente 2 580 millones EUR, tal como se muestra en el cuadro 2.
En el anexo 2 figura un desglose de todas las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2016, por Estado miembro y por sector presupuestario.
Cuadro 2: Irregularidades no notificadas como fraudulentas en 2016
3.
Políticas, medidas y resultados de lucha contra el fraude — Ingresos
3.1.
Medidas de lucha contra el fraude en los ingresos por parte de las instituciones de la UE
3.1.1.
Asistencia administrativa mutua (AAM) — Reglamento (CE) n.º 515/97
3.1.1.1.Evolución legislativa
El Reglamento (UE) n.º 2015/1525, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 515/97, relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera, establece la creación de dos bases de datos centralizadas con información sobre los movimientos de contenedores y las mercancías que entran, salen y transitan dentro de la UE. Estas bases de datos entraron en funcionamiento el 1 de septiembre de 2016. Además, en 2016 se adoptaron los siguientes actos para fomentar la asistencia mutua en el ámbito aduanero: Reglamento Delegado (UE) 2016/757, Reglamento de Ejecución (UE) 2016/345 y Reglamento de Ejecución (UE) 2016/346.
3.1.1.2.Aplicación del artículo 43 ter del Reglamento 515/97
El Reglamento (UE) n.º 2015/1525 introdujo un nuevo artículo (43 ter), que exige a la Comisión que evalúe la necesidad de ampliar la base datos con los mensajes sobre el estado de los contenedores (MEC) y la base de datos de importación, exportación y tránsito de mercancías para exportar datos relativos no solo a las mercancías sujetas a impuestos especiales. Asimismo, la Comisión debe evaluar la viabilidad de ampliar la base de datos de transporte a los datos sobre la importación, la exportación y el tránsito de mercancías por tierra y por aire.
Dado que estas bases de datos solo llevan operativas desde el 1 de septiembre de 2016, sería prematuro ampliarlas a otras categorías de datos en esta fase. Sin embargo, en la actualidad, la Comisión está llevando a cabo las evaluaciones, centrándose, en particular, en el valor añadido de los datos de exportación adicionales. En este contexto, se están celebrando consultas internas y con las autoridades de los Estados miembros. En cuanto a la viabilidad de ampliar la base de datos de transporte a otros medios de transporte, el Reglamento (CE) n.º 515/97 ya proporciona la base jurídica para la recepción de datos. Actualmente, la atención se centra en identificar las fuentes de datos adicionales, a ser posible utilizando los datos recogidos en el marco del proyecto Sistema de control de la importación (SCI) II. La Comisión presentará sus conclusiones en el próximo informe PIF.
3.1.1.3.El sistema de información antifraude (AFIS)
El AFIS es un conjunto de aplicaciones de lucha contra el fraude administradas por la OLAF y que utilizan una infraestructura técnica común. Se trata de una importante herramienta informática para muchas administraciones y otros usuarios implicados en la protección de los intereses financieros de la UE. El AFIS también permite realizar importantes economías de escala y sinergias en el desarrollo, el mantenimiento y el funcionamiento de una amplia y variada gama de servicios y herramientas informáticas, con el fin de:
·intercambiar de forma puntual y segura información relacionada con el fraude entre las administraciones nacionales y de la UE;
·almacenar y analizar datos de interés.
El AFIS se centra en dos ámbitos principales:
·la asistencia mutua en materia aduanera;
·y la gestión de irregularidades.
A finales de 2016, el AFIS contaba con 8 700 usuarios finales registrados en nombre de más de 1 800 servicios competentes de los Estados miembros, países socios no pertenecientes a la UE, organizaciones internacionales, servicios de la Comisión y otros órganos de la UE. En 2016, los usuarios de AFIS intercambiaron 16 900 mensajes de correo. Se publicaron un total de 13 800 casos en los módulos y bases de datos de asistencia mutua del AFIS.
El sistema de gestión de irregularidades (IMS), que funciona bajo la plataforma AFIS, recibió 43 600 nuevas comunicaciones sobre irregularidades de los Estados miembros y países candidatos.
Han entrado en funcionamiento dos nuevos sistemas informáticos previstos en el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo modificado:
·la base de datos Mensajes sobre el estado de los contenedores (MEC);
·la base de datos de importación, exportación y tránsito.
El AFIS recibió 182 millones de MEC en 2016. La base de datos de importación, exportación y tránsito contiene los datos de declaraciones sobre la importación y el tránsito de mercancías y sobre la exportación de productos sujetos a impuestos especiales.
Se procesaron unos dos millones de declaraciones de exportación y mensajes relacionados. El Sistema Antifraude de Información del Tránsito (ATIS) recibió información sobre 6,7 millones de nuevas partidas en tránsito. Estos documentos están también disponibles en la base de datos de importación, exportación y tránsito.
El AFIS se utilizó para garantizar el acceso y el intercambio seguros de información en once operaciones aduaneras conjuntas (véase el apartado siguiente).
3.1.1.4.Operaciones aduaneras conjuntas (OAC)
Las OAC son medidas operativas breves, coordinadas y específicas aplicadas por las autoridades aduaneras en la lucha contra el tráfico transfronterizo ilegal de mercancías.
La OLAF coordinó y cooperó con los Estados miembros en doce OAC y otras acciones operativas. La Organización Mundial de Aduanas organizó una OAC con el apoyo de los servicios de información de la OLAF. Se organizaron cuatro OAC en cooperación con cuatro Estados miembros y financiadas por la OLAF.
Para facilitar las tareas de coordinación en las OAC con un gran número de participantes, la OLAF:
·facilitó información, ayuda técnica o financiera;
·garantizó el acceso y el intercambio de información seguros a través de la AFIS;
·puso a disposición de las autoridades interesadas su sala de coordinación operativa permanente.
De las doce OAC y otras acciones, destacan las siguientes:
La OAC Magnum se centró en el contrabando de productos del tabaco transportados por carretera en el territorio de la UE a través de la frontera oriental de la UE. Se ocuparon de la coordinación la OLAF y la administración aduanera de Estonia, con la participación de cinco Estados miembros. Se interceptaron alrededor de 11 millones de cigarrillos durante la operación.
La OAC Warehouse III se centró en el contrabando y la eliminación de productos sujetos a impuestos especiales (productos del tabaco, petróleo/combustibles minerales y determinados licores) en régimen de suspensión de derechos de aduana e impuestos. La coordinó la administración de aduanas finlandesa y la OLAF, con la participación de todos los Estados miembros y con el apoyo de Europol. Los resultados de esta operación se encuentran todavía en fase de evaluación.
La OAC Orion se centró en las mercancías originarias de terceros países y despachadas a libre práctica mediante el régimen aduanero 42. Fue coordinada por la administración aduanera griega y la OLAF, con la participación de las autoridades aduaneras de veintitrés Estados miembros, en estrecha colaboración con las autoridades fiscales. Europol apoyó la operación. Esta OAC permitió que aduanas destaparan varios casos de infravaloración y clasificación errónea de mercancías en el momento de la importación, así como una serie de operadores fraudulentos que «desaparecieron» con el fin de eludir los derechos de aduana y el IVA.
La OAC Wafers se centró en los semiconductores falsos importados a la UE procedentes de Asia por correo postal o servicios de correo rápido. Los resultados de esta operación se encuentran todavía en fase de evaluación. Fue coordinada por las aduanas neerlandesas y la OLAF, con la participación de doce Estados miembros y el apoyo de Europol, en estrecha cooperación con la industria.
Operaciones Kerguelen, Kiribati, Killick, Kheops y Pascal — Estas operaciones de vigilancia marítima regional, coordinadas por las aduanas francesas, se centraron en la detección del tráfico ilícito de mercancías sensibles por vía marítima en el Atlántico y el Mediterráneo. Las operaciones dieron lugar a la incautación de más de 8 toneladas de resina de cannabis y 400 kg de cocaína y a la detención de 17 personas.
La acción conjunta Hansa, impulsada por las aduanas del Reino Unido en cooperación con Europol y con el apoyo de la OLAF, tenía como objetivo la circulación interna de mercancías ilegales sujetas a impuestos especiales, sobre todo los cigarrillos. Su evaluación final está todavía en curso.
La operación Octopus, organizada por las aduanas francesas en cooperación con la OLAF, se centró en el fraude en los ingresos en relación con el régimen aduanero 42 y contribuyó a detectar varias empresas fraudulentas y grandes cantidades de derechos de aduana e IVA eludidos. Debido al incremento de los controles, se incautaron más de 6 000 artículos falsificados.
La operación Gryphon II, organizada por la Organización Mundial de Aduanas con la participación de la OLAF, se centró en el comercio ilícito de tabaco. La operación dio como resultado la incautación de 729 millones de cigarrillos, 287 000 cigarros puros y 250 toneladas de otros productos del tabaco, así como componentes de máquinas utilizadas para la fabricación de cigarrillos, grandes cantidades de dinero en efectivo y más de 12 millones de impuestos especiales.
3.1.2.
Disposiciones sobre asistencia mutua y antifraude en los acuerdos internacionales
En el contexto del artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 515/97, la lista de acuerdos de asistencia administrativa mutua en vigor que establecen la base jurídica para el intercambio de información con terceros países sobre el fraude y las irregularidades se amplió a los siguientes socios en 2016: Kazajistán, Costa de Marfil, Ghana y Kosovo*. Además, concluyeron las negociaciones con Armenia para renovar el acuerdo anterior. Las negociaciones con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han avanzado satisfactoriamente.
La UE también ha avanzado en las negociaciones en curso sobre la inclusión de una cláusula contra el fraude en los acuerdos de libre comercio con Japón, los Estados Unidos, México, Mercosur y Túnez.
3.1.3.
Lucha contra el comercio ilícito de los productos del tabaco
La Comisión está revisando los resultados preliminares de su Comunicación de 2013 titulada Estrategia general de la UE para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico ilícito de productos del tabaco, que incluía un plan de acción global. En mayo de 2017 se publicó un informe de situación en el que se daba una visión general de las principales iniciativas adoptadas desde entonces, con un análisis del mercado ilícito de los productos del tabaco y algunas sugerencias para la reflexión y la acción.
3.1.4.
Lucha contra el fraude en el IVA
El 7 de abril de 2016 la Comisión adoptó un plan de acción llamado Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir. En él se recogían veinte medidas para eliminar la brecha del IVA y luchar contra el fraude y se proponía abordar la exposición del sistema actual provisional (el denominado fraude intracomunitario de operador desaparecido) mediante el establecimiento de un sistema de IVA definitivo basado en el principio del país de destino y aplicar más medidas urgentes para hacer frente a la brecha del IVA.
El informe sobre la brecha del IVA publicado en 2016 puso de manifiesto una brecha del IVA de 159 500 millones EUR. Se creó un grupo de expertos en el marco del programa Fiscalis para facilitar que los Estados miembros intercambien buenas prácticas a la hora de medir la brecha de fraude del IVA.
El 21 de diciembre de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo que permitía aplicar temporalmente un mecanismo generalizado de autoliquidación en caso de que un cierto número de Estados miembros lo solicitaran.
Los Estados miembros y la Comisión prosiguieron su debate sobre nuevas formas de impulsar las actividades de la red Eurofisc con el fin de detectar mecanismos de fraude con mayor eficacia.
Las negociaciones con Noruega sobre un acuerdo de la UE relativo a la cooperación administrativa y la asistencia en materia de cobro del IVA han culminado y está previsto que se firme en 2017.
3.2.
Medidas de lucha contra el fraude de los Estados miembros en los ingresos
La mayoría de los Estados miembros notificaron medidas para luchar contra el fraude aduanero. Dinamarca y Francia presentaron un análisis nacional de riesgos; Italia y Portugal presentaron una evaluación de riesgos de las aduanas nacionales; y Austria y Eslovenia presentaron una estrategia nacional de control aduanero. Bulgaria, Grecia y Finlandia informaron sobre medidas de lucha contra la delincuencia organizada y financiera y el anticontrabando. Bulgaria, Chequia, Irlanda, Lituania, Letonia y Polonia anunciaron medidas para luchar contra la evasión fiscal y el fraude del IVA.
3.3.
Estadísticas relativas a las irregularidades y el fraude detectados en los ingresos
3.3.1.
Irregularidades fraudulentas detectadas
El número de irregularidades notificadas como fraudulentas en 2016 asciende a 513 (el nivel de frecuencia del fraude es del 11 %). Esta cifra es un 32 % inferior a la media de los cinco años (749 irregularidades durante el período 2012-2016). El importe de los RPT estimados y demostrados (83 millones EUR, nivel de importe del fraude del 15 %) en 2016 es un 30 % inferior a la media de los cinco años (119 millones EUR).
Las inspecciones realizadas por los servicios de lucha contra el fraude y los controles aduaneros efectuados en el momento del despacho de las mercancías resultaron métodos igual de satisfactorios para la detección de casos de fraude. En términos de importes, las inspecciones realizadas por los servicios de lucha contra el fraude han sido los más fructíferos.
Casos de infravaloración detectados en el Reino Unido que afectan a los ingresos provenientes de los RPT
La inspección de los servicios de la Comisión sobre RPT llevada a cabo en noviembre de 2016 en el Reino Unido descubrió deficiencias significativas en la gestión y el control de las importaciones infravaloradas de productos textiles y calzado.
La OLAF también concluyó una investigación en marzo de 2017 sobre la infravaloración de los textiles y el calzado importado en el Reino Unido procedentes de la República Popular China. Llegó a la conclusión de que no se habían tomado medidas adecuadas para evitar que importaciones sistemáticamente infravaloradas de productos textiles y de calzado procedentes de China entraran en la UE a través del Reino Unido. Esto dio lugar a pérdidas muy importantes para el presupuesto de la UE entre 2013 y 2016.
Estos elementos llevaron a la Dirección General de Presupuestos a formular una reserva en el informe anual de actividad de 2016 sobre la inexactitud de los importes de los RPT transferidos al presupuesto de la UE por el Reino Unido desde 2013.
La Comisión realiza un seguimiento con el Reino Unido sobre los resultados de su auditoría y los informes de la OLAF. En caso de que el Reino Unido no tome las medidas correctoras adecuadas, la Comisión tomará todas las medidas apropiadas para proteger los intereses financieros de la Unión, incluidas, cuando proceda, las acciones legales previstas por los Tratados.
3.3.2.
Irregularidades no fraudulentas detectadas y notificadas
El número de irregularidades no notificadas como fraudulentas fue de 4 134, un 9 % inferior a la media de cinco años (4 532 para los años 2012 a 2016). El importe de RPT estimado y demostrado fue de 454 millones EUR, lo que supone un 28 % más que la media de los cinco años (355 millones EUR).
Aunque el número total de casos fraudulentos y no fraudulentos cayó de 5 514 casos en 2015 a 4 647 en 2016 (un descenso del 16 %), el total de los importes de RPT implicados pasa de 445 millones EUR a 537 millones EUR (un 21 % más).
Las irregularidades no fraudulentas se detectaron principalmente por medio de controles a posteriori.
En 2016, los paneles solares fueron las mercancías más afectadas por el fraude y las irregularidades en términos monetarios. En muchos casos se detectaron irregularidades relacionadas con los paneles solares a raíz de una notificación de asistencia mutua emitida por la OLAF. Esta situación pone de manifiesto la importancia de las investigaciones realizadas por la OLAF para detectar irregularidades.
3.3.3.
Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
La OLAF abrió cuarenta investigaciones de sospecha de evasión de derechos de importación. Concluyó treinta investigaciones y formuló setenta y una recomendaciones financieras a las autoridades aduaneras nacionales de la UE para la recuperación de los derechos eludidos, por valor de 103,7 millones EUR. Se enviaron ocho recomendaciones de acción judicial a las autoridades judiciales nacionales de la UE.
4.
Políticas, medidas y resultados sectoriales de lucha contra el fraude — Gastos
4.1.
Agricultura — Políticas, medidas y resultados sectoriales de lucha contra el fraude
4.1.1.
Agricultura — Medidas antifraude de los Estados miembros
Hubo siete Estados miembros que notificaron haber tomado las siguientes medidas de lucha contra el fraude específicas para los fondos agrícolas: Alemania organizó formación antifraude, Grecia adoptó medidas sobre prevención del fraude, Luxemburgo se centró en la detección del fraude en la agricultura, Polonia llevó a cabo un análisis del riesgo de fraude en la agricultura, Eslovenia introdujo un sistema contable en soporte informático, Eslovaquia introdujo nuevos procedimientos internos y listas de comprobación, y el Reino Unido aplicó estrategias sectoriales de lucha contra el fraude.
4.1.2.
Agricultura — Estadísticas de irregularidades y de fraude detectados
La Política Agrícola Común (PAC) se financia con dos fondos, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA —aproximadamente el 80 % del presupuesto de la PAC) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER —el 20 % restante), que funcionan de manera diferente. El FEAGA se ejecuta anualmente, mientras que el FEADER financia programas plurianuales. El FEAGA se divide en dos áreas principales: pagos directos a los agricultores y medidas de apoyo al mercado.
La tendencia en los últimos cinco años en las irregularidades detectadas y comunicadas por los Estados miembros a la Comisión refleja estas diferencias: el FEAGA muestra una curva uniforme, mientras que el FEADER refleja el carácter plurianual del ciclo. El patrón de las irregularidades detectadas por los Estados miembros confirma que las inversiones del FEADER tienen un mayor riesgo inherente. Sin embargo, las irregularidades detectadas relacionadas con las medidas de apoyo al mercado también indican que podría hacerse más en este ámbito.
4.1.2.1.Irregularidades fraudulentas detectadas
De las irregularidades notificadas como fraudulentas por parte de los Estados miembros a lo largo de los últimos cinco años, el 60 % afectan al FEADER y el 40 % al FEAGA. El nivel de frecuencia del fraude es del 12,5 %, mientras que el nivel de importe del fraude es del 24 %.
En el caso del FEADER, el modus operandi que se observa más frecuentemente es el empleo de justificantes falsos o falsificados. No obstante, en los dos últimos años, han aumentado las infracciones de «ética e integridad» (una categoría que incluye casos de «corrupción» y «conflictos de intereses»). Se detectaron con frecuencia en 2016 y pueden estar vinculadas a la estructura de gestión descentralizada de numerosos programas del FEADER. Por otra parte, el hecho de que se detecten y notifiquen tantos casos implica también que los Estados miembros prestan cada vez más atención a estas cuestiones.
Las irregularidades fraudulentas en el FEADER durante los últimos cinco años representan alrededor del 0,5 % de los pagos.
En el caso del FEAGA, a lo largo de los últimos cinco años las irregularidades fraudulentas representan un porcentaje de los compromisos presupuestarios inferior que para el FEADER. El impacto en los pagos directos es del 0,03 %.
Sin embargo, la situación es diferente en el caso de las medidas de mercado (que representan solo el 7 % de los compromisos del FEAGA): la incidencia en los pagos es del 1,1 %. Las principales medidas implicadas son: «Frutas y hortalizas», «Productos del sector vitivinícola» y «Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal». Los importes notificados reflejan principalmente importantes correcciones financieras impuestas por la Comisión a los Estados miembros, tras sus propias auditorías. Las autoridades nacionales deben recuperar de los beneficiarios los importes indebidamente pagados. Esto demuestra que, gracias a las auditorías de la Comisión, el sistema global funciona correctamente, pero que los Estados miembros podrían hacer más para garantizar la regularidad y la legalidad de los gastos en este ámbito.
Las categorías de modus operandi identificadas con mayor frecuencia en el FEAGA son «falso o falsificado: declaraciones, justificantes, solicitudes de ayuda» y «declaración de productos, especies o tierras ficticios», en línea con años anteriores.
4.1.2.2.Irregularidades no fraudulentas detectadas y notificadas
Las tendencias de las irregularidades no fraudulentas son las que se describen en el apartado 4.1.2.
Para los gastos del FEAGA, existe también una diferencia significativa entre los pagos directos y las medidas de mercado. Mientras que en el primer caso la incidencia en los pagos durante los cinco últimos años es del 0,07 %, en el último caso es del 1,5 %. En el caso del FEADER, el impacto sobre los pagos de 2012-2016 de las irregularidades no fraudulentas es del 2,1 %.
4.1.2.3.Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Las recomendaciones financieras de la OLAF durante los últimos cinco años se mantienen en torno a los 60 millones EUR al año.
4.2.
Política de cohesión y política pesquera — Políticas, medidas y resultados sectoriales de lucha contra el fraude
4.2.1.
Política de cohesión y política pesquera — Medidas antifraude de los Estados miembros
La mayoría de los Estados miembros han informado acerca de la adopción de medidas en este ámbito:
Bélgica, sobre los conflictos de intereses; Bulgaria, sobre la administración de las irregularidades y la herramienta ARACHNE; Dinamarca, sobre la gestión de los casos de presunto fraude; Alemania, sobre los sistemas de gestión y control del Fondo Social Europeo, así como la autoevaluación de los riesgos de fraude del Fondo Europeo de Desarrollo Regional; Irlanda, sobre las medidas antifraude específicas del FEDER; Finlandia, sobre su sistema de información del beneficiario; Croacia, sobre la gestión de las irregularidades; Italia, sobre la prevención del fraude en el sector pesquero; Chipre, sobre una herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude; Luxemburgo, sobre ARACHNE y una herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude; Malta, sobre la notificación de irregularidades; los Países Bajos y el Reino Unido, sobre la herramienta ARACHNE; Austria, sobre un procedimiento de verificación; Polonia, sobre herramientas informáticas en la contratación pública; Eslovenia, sobre el sistema contable informático; Finlandia, sobre la formación en materia de lucha contra el fraude, y Suecia, sobre los delitos económicos y el análisis de riesgos.
4.2.2.
Política de cohesión y política pesquera — Estadísticas de irregularidades y del fraude detectados
En comparación con los otros sectores presupuestarios, el análisis de la política de cohesión implica un alto grado de complejidad, ya que la información recibida (irregularidades comunicadas) se refiere a distintos períodos de programación regulados por distintos conjuntos de normas.
Además, los ciclos de programación son plurianuales y ello afecta significativamente a las tendencias subyacentes. Habida cuenta de la similitud en la gestión de los fondos, la pesca y la política de cohesión se analizan conjuntamente.
En 2016, fueron 8 497 las irregularidades detectadas y comunicadas (un 22 % menos que en 2015, pero un 25 % más que la media de los últimos cinco años). Se refieren a cuatro períodos de programación diferentes, la mayor parte de los cuales relativos a 2007-2013 (97 %) y solo 115 correspondientes al programa 2014-2020. Los importes afectados por irregularidades en 2016 ascienden a 2 060 millones EUR, y se mantienen bastante estables (un 5 % menos que en 2015 y un 8 % más que la media de los últimos cinco años).
No se detectó ningún gran cambio en las tendencias en comparación con años anteriores, en términos de tipos de irregularidades detectadas y la detección y la eficacia en materia de notificación.
4.2.2.1.Irregularidades fraudulentas detectadas
Se detectaron y comunicaron 407 irregularidades fraudulentas, un 4 % más que en 2015, y más del 17 % por encima de la media de los últimos cinco años.
La mayor parte de las irregularidades comunicadas correspondían al período 2007-2013, de modo que el análisis de este año se centró en todo el ciclo de programación. Durante todo el período, las autoridades nacionales detectaron y comunicaron 1 750 irregularidades fraudulentas, por valor de 1 480 millones EUR, con una tasa de detección del fraude del 0,42 %.
El porcentaje de detección es más elevado en el caso de los programas que contribuyen al objetivo de «convergencia». En el caso de los programas de cooperación territorial europea, por el contrario, el porcentaje de detección es anormalmente bajo (0,1 %).
Los ámbitos de carácter prioritario con los indicadores de fraude más elevados son: «Turismo», «Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)», «Transporte», «Inversión en infraestructura social» y «Pesca Asistencia técnica».
4.2.2.2.Irregularidades no fraudulentas detectadas y notificadas
Se detectaron y comunicaron 8 090 irregularidades no fraudulentas, casi un 23 % menos que en 2015 y un 26 % más que la media de los últimos cinco años.
Durante el período de programación 2007-2013, se detectaron y comunicaron 35 360 irregularidades no fraudulentas, por un valor de casi 7 300 millones EUR, lo que supone una tasa de detección de irregularidades del 2,1 %. Los ámbitos prioritarios con los indicadores más elevados son los mismos que para las irregularidades fraudulentas.
4.2.2.3.Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
La mayor parte de las recomendaciones financieras de la OLAF tienen que ver con la política de cohesión. La OLAF recomendó que se recuperasen 353 millones EUR.
4.3.
Gestión indirecta (preadhesión) — Políticas, medidas y resultados sectoriales de lucha contra el fraude
4.3.1.
Gestión indirecta (preadhesión) — Estadísticas de irregularidades y de fraude detectados
El análisis de las irregularidades relativas a la gestión indirecta se centra en los instrumentos de preadhesión.
Las irregularidades notificadas se refieren a dos períodos principales: los programas de ayuda a la preadhesión del período 2000-2006, orientados a preparar las oleadas de adhesiones de 2004 y 2007, y los instrumentos de preadhesión (IPA) 2007-2013 utilizados en la política europea de vecindad, que se dirigen principalmente a los países de los Balcanes Occidentales y Turquía.
En general, las irregularidades notificadas no cambiaron con respecto a 2015, mientras que la tendencia quinquenal (2012-2016) muestra un descenso constante, debido a la desaparición de las iniciativas relacionadas con las últimas oleadas de ampliación. En 2016, solo se notificaron ocho irregularidades, por importe de 2 millones EUR, en relación con la ayuda a la preadhesión (frente a las quince de 2015); se notificaron 111 irregularidades, por un valor de 8,3 millones EUR, en relación con los IPA (frente a las 109 de 2015).
En cuanto a las ayudas de preadhesión, solamente se detectaron y notificaron tres irregularidades fraudulentas, por un valor de 1,8 millones EUR. En relación con el IPA, el número de irregularidades fraudulentas detectadas aumentó hasta 25 (frente a las 21 de 2015), por importe de 1,2 millones EUR.
El principal ámbito afectado sigue siendo la ayuda al desarrollo rural.
4.3.2.
Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Como resultado de sus investigaciones en estos ámbitos, la OLAF recomendó a la Comisión que recuperara 7,1 millones EUR.
4.4.
Gestión directa — Políticas, medidas y resultados sectoriales de lucha contra el fraude
4.4.1.
Gestión directa — Estadísticas de irregularidades y de fraude detectados
Las estadísticas sobre la gestión directa se basan en órdenes de cobro emitidas por los servicios de la Comisión que se registran en el sistema contable de la Comisión basado en el principio de devengo (ABAC).
4.4.1.1.Irregularidades fraudulentas detectadas
En 2016, el ABAC registró 49 expedientes de recuperación calificados de fraudulentos, que representaron 6,25 millones EUR. Al comparar esto con el total de los fondos efectivamente desembolsados, la tasa de detección del fraude es del 0,03 %, un nivel que se ha mantenido estable durante los cinco últimos años.
4.4.1.2.Irregularidades no fraudulentas detectadas y notificadas
Por lo que respecta a las irregularidades no fraudulentas, en 2016 se registraron 1 861 expedientes de recuperación por un valor total de 78 millones EUR. Durante un período de cinco años, el porcentaje de detección de irregularidades se mantuvo estable en torno al 0,5 %.
4.4.1.3.Resultados de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Tras las investigaciones llevadas a cabo en estos ámbitos, la OLAF recomendó que se recuperasen 22,3 millones EUR.
5.
Recuperación y otras medidas preventivas y correctoras
El informe anual de gestión y rendimiento, que a partir de 2016 incluye la antigua Comunicación anual de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo sobre la protección del presupuesto de la UE, ofrece información detallada sobre las recuperaciones, correcciones financieras y otras medidas preventivas y correctoras (interrupción y suspensión de pagos).
6.
Colaboración con los Estados miembros
En 2016 la reunión del Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF), en el que se reúnen diferentes expertos de los Estados miembros, supuso una oportunidad para debatir los principales progresos en la lucha contra el fraude y la elaboración del informe Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude 2015, requerido en virtud del artículo 325 del TFUE.
Los subgrupos del COCOLAF se reunieron en 2016 para:
·preparar el documento de orientación en materia de comunicación de irregularidades y la puesta en marcha del nuevo IMS;
·elaborar documentos de prevención del fraude;
·compartir estrategias de comunicación social;
·emprender actividades de comunicación sobre prevención del fraude y su disuasión.
Se prepararon dos documentos de orientación bajo los subgrupos:
·Subgrupo de informes y análisis: Manual sobre la obligación de notificar las irregularidades, que ofrece orientación sobre aspectos comunes de notificación de las irregularidades por parte de los Estados miembros en relación con el gasto del presupuesto de la UE en el marco del régimen de gestión compartida para el período de programación 2014-2020.
·Subgrupo de prevención del fraude: Directrices generales para las estrategias nacionales de lucha contra el fraude, para que los Estados miembros elaboren su estrategia nacional. El documento es una versión revisada y ampliada de las Directrices de 2014: se trata de un documento más completo que cubre todos los gastos en gestión compartida y contiene ejemplos concretos de mejores prácticas de los Estados miembros.
Ambos documentos se elaboraron siguiendo un enfoque de colaboración con los expertos de los Estados miembros, coordinados por la OLAF.
La tercera reunión del AFCOS tuvo lugar el 27 de octubre de 2016 y fue una oportunidad para que los servicios de coordinación debatieran los factores clave para el éxito de la cooperación en las investigaciones con la OLAF. La OLAF presentó varios avances en distintos ámbitos políticos, por ejemplo, la evaluación del Reglamento n.º 883/2013 y de la Fiscalía Europea.
Además, el subgrupo Red OLAF de Comunicadores Antifraude se reunió en 2016 para debatir el papel del periodismo de investigación en la lucha contra el fraude a escala europea, compartir experiencias sobre un proyecto de lucha contra la corrupción de Transparencia Internacional y participar en una sesión práctica sobre cómo diseñar una estrategia de comunicación de éxito, entre otros.
El grupo «Lucha contra el Fraude» del Consejo mantuvo un intercambio de impresiones con la Comisión en materia de lucha contra el fraude. En 2016 el grupo celebró cuatro reuniones: tres bajo la Presidencia neerlandesa y una en el marco de la Presidencia eslovaca.
7.
Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES, por sus siglas en inglés)
El Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES), que pretende reforzar la protección de los intereses financieros de la UE, se introdujo mediante la revisión del Reglamento Financiero de 2015, y entró en vigor el 1 de enero de 2016. El EDES garantiza:
·la detección precoz de operadores económicos que representan un riesgo para los intereses financieros de la UE;
·la exclusión de los operadores económicos poco fiables de la obtención de fondos de la UE o la imposición de una sanción pecuniaria;
·en los casos más graves, la publicación en el sitio web de la Comisión de información relativa a la exclusión o a la sanción pecuniaria impuesta, a fin de reforzar el efecto disuasorio.
Este nuevo sistema representa una mejora significativa en la aplicación de las normas relativas al régimen de sanciones administrativas con respecto a los derechos fundamentales, la independencia y la transparencia.
Las instituciones, agencias y órganos de la UE solo pueden decidir imponer sanciones a los operadores económicos poco fiables tras recibir una recomendación del nuevo panel centralizado. El panel evalúa los casos cuando no existe una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva. No tiene competencias en materia de investigación. En principio, el panel basa su apreciación en hechos y conclusiones resultantes de auditorías realizadas bajo la responsabilidad del servicio competente de la Comisión o investigaciones efectuadas por la OLAF.
El panel está compuesto por un presidente permanente, independiente y de alto nivel, que asumió el cargo el 24 de noviembre de 2016, dos miembros permanentes en representación de la Comisión, y un miembro ad hoc en representación del ordenador del servicio que solicita la recomendación. El panel respeta el derecho de defensa del operador económico en cuestión, y aplica el principio de proporcionalidad.
En 2016, se enviaron veintiún casos relativos a treinta y tres operadores económicos al panel a través de su secretaría permanente por los diferentes servicios ordenadores, incluidos los catorce de la Comisión, cinco de agencias ejecutivas, una de una oficina y uno de una agencia descentralizada. En 2016, el panel adoptó tres recomendaciones.
La Comisión también debe informar sobre las decisiones tomadas por los ordenadores en relación con:
·la no exclusión de operadores económicos, cuando sea indispensable para garantizar la continuidad del servicio, durante un tiempo limitado y a la espera de la adopción de medidas correctoras por parte de los agentes económicos en cuestión;
·la no publicación de información sobre sanciones administrativas en el sitio web de la Comisión, bien debido a la necesidad de confidencialidad de las investigaciones, bien para respetar el principio de proporcionalidad cuando afecte a personas físicas.
8.
Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude — Informe anual 2015
La Comisión acoge con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo y, en particular, su apoyo a las recientes iniciativas de la Comisión en la lucha contra el fraude, la Fiscalía Europea y la Directiva PIF. La Comisión toma nota del tono generalmente constructivo y positivo de la resolución, y puede dar un seguimiento positivo a un buen número de las recomendaciones.
a)Detección y notificación de irregularidades
La Comisión destaca que la interpretación de un aumento de las irregularidades comunicadas por los Estados miembros como una evolución negativa, o un descenso como una evolución positiva, es excesivamente simplista y podría inducir a error.
Las Estrategias nacionales de lucha contra el fraude solo son obligatorias para los países candidatos. La Comisión anima a los Estados miembros a elaborar estrategias y les apoya facilitando el intercambio de mejores prácticas y conocimientos especializados.
Para la detección de irregularidades, la Comisión ya ha puesto a disposición de los Estados miembros herramientas informáticas específicas, como ARACHNE, el IMS y la herramienta de evaluación del riesgo de fraude.
b)Ingresos — recursos propios
La Comisión subraya que está aplicando el plan de acción IVA — Hacia un territorio único de aplicación del IVA y las veinte medidas para hacer frente a la brecha del IVA, publicado el 6 de abril de 2016.
La Comisión está comprometida en la lucha contra el comercio de mercancías ilegales y falsificadas y trabaja continuamente con los Estados miembros en el desarrollo de un marco común de gestión de riesgos, para garantizar niveles equivalentes de control aduanero basado en el riesgo en toda la UE. La Comisión realiza inspecciones periódicas in situ en los Estados miembros con el fin de garantizar que los sistemas de gestión y control nacionales cumplan lo dispuesto en la legislación aduanera de la UE.
c)Gasto
La Comisión toma nota del interés del Parlamento Europeo por que se proporcione información más detallada sobre la recuperación por parte de los residentes legales de países terceros de fondos de la UE mal gestionados en régimen de gestión directa e intentará centrarse más en este aspecto concreto en el informe del próximo año, dentro de los límites de la información disponible.
Por lo que se refiere al análisis sistemático de los errores de contratación pública, es necesario disponer de datos suficientes para llevar a cabo un análisis significativo. Además de la notificación de irregularidades relacionadas con los fondos de la UE, a fin de recopilar estos datos, la Comisión ha tomado medidas para estudiar las maneras de crear una base de datos de irregularidades a escala de la UE que también incluya las irregularidades en la contratación pública no relacionadas con fondos de la UE. A tal fin, está previsto que en junio de 2017 se finalice un estudio de viabilidad.
La Comisión intentará profundizar en el elevado nivel de los casos de fraude en la IDT, la innovación y el emprendimiento.
d)Problemas detectados y medidas necesarias
·Mejora de los informes: En cuanto a la exigencia de principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros, la Comisión está ultimando un documento de trabajo elaborado en cooperación con expertos de los Estados miembros sobre la notificación de irregularidades, que aborda específicamente las cuestiones que han causado mayores dificultades.
Asimismo, la Comisión considera que la creación de un servicio de coordinación antifraude (AFCOS) en todos los Estados miembros ya supone un paso importante en la dirección correcta. La red AFCOS podría ser un marco adecuado para desarrollar esta cooperación.
·Mejora de los controles: La Comisión ya ha adoptado medidas específicas, dentro del marco jurídico vigente, para reforzar su papel de supervisión, con el fin de mejorar los sistemas de gestión y control de los Estados miembros y reducir los niveles de error.
El programa Hércules III está actualmente sujeto a una evaluación intermedia independiente. La Comisión presentará los resultados al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
·La Directiva PIF y el Reglamento sobre la Fiscalía Europea: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Directiva PIF, y espera con interés su adopción. Apoya la creación de la Fiscalía Europea con la participación del mayor número posible de Estados miembros, al tiempo que considera que la Fiscalía Europea podría ser efectiva incluso en el caso de que no todos los Estados miembros participen, y apoya los esfuerzos actuales para establecer una cooperación reforzada.
·Tabaco: En respuesta a la petición del Parlamento Europeo, desde la perspectiva actual, los acuerdos antifraude con JIT, BAT e ITL van a expirar en 2022 y 2030, respectivamente. La Comisión acaba de presentar un informe sobre la aplicación de la estrategia 2013. El informe incluye las lecciones aprendidas en relación con el fenómeno de los cigarrillos de marca blanca. Sobre la base de las respuestas de los interesados, una vez concluyan sus tareas de evaluación, la Comisión podrá plantear nuevas medidas en 2018.
e)Investigaciones y papel de la OLAF
La OLAF redujo de manera constante la duración total de sus investigaciones, de una media de 23,6 meses en 2012 a 21 meses en 2015.
Actualmente, la Comisión está evaluando el Reglamento n.º 883/2013, y presentará un informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo en octubre de 2017, a más tardar.
El procedimiento para el nombramiento de un nuevo Director General de la OLAF ya ha comenzado, y el Parlamento Europeo y el Consejo participan plenamente en él.
9.
Conclusiones y recomendaciones
La adaptación de medidas legales y administrativas para combatir el fraude y las irregularidades y proteger los intereses financieros de la UE es un proceso continuo y en curso. A medida que el proyecto de integración europea avanza y el panorama económico internacional cambia, aparecen nuevos retos. Ocuparse de ellos requiere nuevos instrumentos y herramientas.
Han surgido nuevas tendencias y pautas en la manera de cometer fraude. Los defraudadores aprovechan todas las oportunidades que ofrecen el mercado único, la economía globalizada y las nuevas tecnologías.
Tal y como muestran los informes de años anteriores, los Estados miembros han centrado sus esfuerzos en particular en las medidas de prevención y detección. A nivel de la UE, los legisladores europeos, a raíz de iniciativas específicas de la Comisión Europea, intentan abordar las amenazas planteadas por la creciente dimensión transfronteriza de las actividades fraudulentas. La creación de la Fiscalía Europea facilitará una actuación más eficiente para luchar contra estas actividades fraudulentas.
9.1.
Ingresos
Las medidas adoptadas a nivel de la UE en 2016 reforzaron la protección de los intereses financieros de la UE. El Reglamento 515/97 revisado constituye un poderoso instrumento para intensificar la lucha contra el fraude aduanero. Las operaciones aduaneras conjuntas (OAC) llevadas a cabo por la OLAF siguen siendo una importante fuente de información para la detección de irregularidades en las operaciones relacionadas con determinados tipos de mercancías.
China fue el país de origen con el nivel más elevado de fraude e irregularidades detectadas tanto en número de casos como de importes constatados.
La estrategia de control aduanero implica una combinación de diferentes controles. Se ha comunicado que los controles a posteriori son el método más eficaz de detección tanto en términos del número de casos detectados como de los importes. Sin embargo, los controles antes y durante el despacho de mercancías y las inspecciones realizadas por los servicios de lucha contra el fraude son indispensables para la detección de determinados tipos de fraude existentes, nuevos modelos de fraude y, en general, para la detección de todos los tipos de fraude.
Las inspecciones RPT llevadas a cabo en 2016 sobre la estrategia de control de la valoración en aduana pusieron de manifiesto que las deficiencias en la gestión y el control de las importaciones infravaloradas de productos textiles y calzado pueden tener importantes consecuencias negativas para el presupuesto de la UE. Es necesario que haya perfiles de riesgo adecuados; las importaciones infravaloradas se deben cuestionar sistemáticamente y corregirse los valores en aduana de conformidad con la normativa de la UE.
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Recomendación 1
Se invita a los Estados miembros a que revisen sus estrategias de control y gestión por lo que se refiere a la valoración en aduana. Con el fin de proteger los intereses financieros de la UE, se les pide que revisen sus procedimientos nacionales y sistemas de control, en particular:
·incluyendo en su sistema de gestión de riesgos perfiles de riesgo a escala de la UE basados en «precios medios netos» y poniendo sistemáticamente en tela de juicio las mercancías infravaloradas detectadas por medio de los perfiles de riesgo;
·no despachando mercancías a menos que los declarantes de mercancías potencialmente infravaloradas despejen las dudas fundadas sobre la exactitud del valor declarado o que ofrezcan una garantía que cubra íntegramente el importe de la deuda aduanera que pueda originarse;
·aplicando la metodología de valoración en aduana establecida por la normativa aduanera.
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9.2.
Gasto
Como han demostrado las investigaciones de la OLAF, la contratación pública, que sigue siendo el mayor canal de gasto público, es un mercado atractivo para los defraudadores, que utilizan la corrupción y cuentas extraterritoriales para facilitar el fraude. Muchos casos de fraude en la contratación son de carácter transnacional, puesto que los nuevos escenarios del fraude a menudo presentan un órgano de contratación de un Estado miembro y licitadores de otros Estados miembros que subcontratan los trabajos a empresas ubicadas en otros países.
A lo largo de los últimos cinco años, el 20 % de las irregularidades notificadas estaban relacionadas con incumplimientos de las normas de contratación pública, que representan el 30 % del total de los importes irregulares comunicados.
Las Directivas sobre contratación pública deberían haber sido incorporadas antes del 18 de abril de 2016, con el fin de crear un marco jurídico modernizado y racionalizado. Once Estados miembros todavía tienen que transponer las tres directivas de contratación pública en su totalidad.
Recomendación 2
La Comisión insta a los Estados miembros a que:
·incorporen plenamente las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE y prioricen su aplicación en la agenda política;
·hagan cumplir las nuevas Directivas, con especial atención a la transparencia y la integridad en el ámbito de la contratación pública, la prevención y la detección del fraude y la corrupción y un mejor seguimiento de los sistemas de contratación pública;
·hagan uso de las posibilidades ofrecidas por unas normas más sencillas y aprovechen plenamente el potencial de la contratación pública electrónica, que será obligatoria en octubre de 2018.
Al analizar las detecciones notificadas por las autoridades nacionales a lo largo de los últimos cinco años en relación con los principales sectores de gasto, no hay ninguna divergencia significativa respecto de los patrones conocidos. Hay pequeñas variaciones en los programas anuales, como los financiados por el FEAGA, de un año a otro. Los programas plurianuales siguen un modelo diferente, relacionado con su ciclo de programación, con un número reducido en los primeros años, que va aumentando hacia su cierre.
El análisis de este año se ha intensificado y se ha perfeccionado para permitir una mejor selección de ámbitos específicos de riesgo. Ello ha sido posible gracias a la calidad de los datos facilitados, que poco a poco están mejorando. Sin embargo, podrían hacerse algunas mejoras.
Recomendación 3
·Al notificar irregularidades (fraudulentas y no fraudulentas), se pide a todas las autoridades competentes que proporcionen información sobre la localización y, para la política de cohesión y la política pesquera, el ámbito prioritario de las medidas/proyectos afectados.
·Al actualizar las irregularidades previamente comunicadas, también se pide a los Estados miembros que proporcionen esta información, si no lo han hecho ya.
Los pagos directos financiados por el FEAGA constituyen un ámbito político de riesgo relativamente bajo, desde el punto de vista del fraude y las irregularidades detectadas y comunicadas por los Estados miembros. La detección del fraude en las medidas de apoyo al mercado es superior que en otros ámbitos políticos.
Para los programas del FEADER, el nivel de irregularidades y fraudes detectados por las autoridades competentes es similar al de otros ámbitos de gestión compartida.
Para la política de cohesión, el análisis del período de programación 2007-2013 apunta a una mayor tasa de detección en el caso de los programas correspondientes al objetivo de convergencia. En los programas de cooperación territorial europea se alcanza un porcentaje de detección anormalmente bajo.
Las prioridades específicas son identificadas como de mayor riesgo.
Recomendación 4
·Se invita a todos los Estados miembros a que tengan en cuenta las conclusiones del presente informe en sus evaluaciones de riesgo de fraude para el período de programación 2014-2020 y a que presten especial atención a las prioridades señaladas y a las intervenciones que sean similares en cuanto a su alcance y naturaleza.
·En vista de los bajos resultados de detección para los programas de cooperación territorial europea y dada la creciente amenaza de fraude transnacional, se pide a los Estados miembros que aumenten su atención y cooperación.
·Se pide a todos los Estados miembros que revisen sus evaluaciones de riesgo de fraude en relación con las medidas de apoyo al mercado, teniendo en cuenta la información destacada en el presente informe.
9.3.
Los próximos años
Cada vez se tiene más conciencia de las amenazas planteadas por los defraudadores y de las dificultades que las autoridades nacionales tienen para hacer frente a la dimensión transfronteriza de los regímenes establecidos.
Esto se traduce en una mayor disposición a compartir información y buenas prácticas y, dentro de marcos legales adecuados, datos pertinentes. La UE y sus Estados miembros están ahora mejor preparados que hace algunos años y cada vez hay un mayor compromiso para hacer aún más.
En 2017, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptarán la Directiva PIF, que contribuirá a armonizar aún más sus planteamientos y que adoptará la dimensión europea de la lucha contra el fraude del IVA.
Al menos veinte Estados miembros irán incluso más lejos, con la creación de la Fiscalía Europea, sobre la base de una «cooperación reforzada» que aborde en particular el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Una vez se cree la Fiscalía Europea, habrá dos organismos de la UE que llevarán a cabo investigaciones en este ámbito. La OLAF y la Fiscalía Europea tendrán que trabajar en colaboración para aumentar la protección de los intereses financieros de la UE dentro de sus respectivos ámbitos de competencia para las investigaciones penales y administrativas, respectivamente. La Comisión se ha comprometido a mantener una OLAF fuerte, y la evaluación en curso del Reglamento 883/2013 brindará una nueva oportunidad para la tan necesaria reflexión sobre la manera de seguir reforzando sus competencias de investigación.
ANEXO 1 — Irregularidades notificadas como fraudulentas en 2016
El número de irregularidades notificadas como fraudulentas mide los resultados de la labor de los Estados miembros en la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE. Por lo tanto, las cifras no deben interpretarse como indicadores del nivel de fraude en los territorios de los Estados miembros. Los totales difieren del cuadro 1 porque el anexo 1 no incluye a los terceros países (preadhesión) ni los gastos directos.
ANEXO 2 — Irregularidades no notificadas como fraudulentas en 2016
Los totales difieren del cuadro 2 porque el anexo 2 no incluye a los terceros países (preadhesión) ni los gastos directos.