17.11.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 383/44

Ponente:

An LE NOUAIL MARLIÈRE

1.1.

El CESE recomienda a los Estados miembros de la UPM y a la UE que validen los ODS acordados mediante la ratificación de los convenios internacionales correspondientes.

1.2.

El CESE recomienda a los Estados miembros de la UPM y a la UE que protejan firmemente las inversiones públicas necesarias para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

1.3.

El CESE recomienda a los Estados miembros de la UPM y a la UE que organicen su ejecución mediante la participación de la sociedad civil y los territorios a escala local, de la manera más cercana posible a las poblaciones.

1.4.

El Comité toma nota de las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales del 26 de mayo de 2015 y del informe anual 2015 de la Comisión Europea acerca de los compromisos y los resultados de la UE y de los Estados miembros sobre la ayuda pública al desarrollo.

1.5.

No obstante, lamenta que la UE se conceda hasta 2030 para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB (1).

1.6.

El Comité respalda la intención de la UE de reforzar los aspectos no financieros (ratificaciones de instrumentos jurídicos internacionales y lucha contra la delincuencia financiera).

1.7.

Asimismo, insta a esta a mantener una posición coherente entre los intereses comerciales bilaterales, plurilaterales y multilaterales, y los objetivos de desarrollo sostenible, con el fin de preservar la credibilidad tanto de los objetivos como de la ayuda europea.

1.8.

El Comité recomienda ampliar el diálogo entre los interlocutores sociales y las instituciones europeas encargadas de la formación profesional y permanente, al que ha sido invitado a participar y que ha contribuido a establecer (2), así como los programas de acción en la materia.

1.9.

El Comité defiende que estas recomendaciones se incluyan en el programa de la UE y en su política de vecindad: coherencia entre las políticas comercial, exterior, de desarrollo, de financiación y de protección de la democracia y los derechos humanos, de conformidad con los compromisos de la vicepresidenta Federica Mogherini ante la sociedad civil el 28 de mayo de 2015 (3).

2.1.

La agenda europea y mundial de los próximos años va a girar en torno al debate sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para después de 2015. La región euromediterránea presenta unas características comunes específicas que hacen necesaria una reflexión sobre cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la política europea de vecindad y en las políticas de los países del sur del Mediterráneo. La seguridad alimentaria, la pobreza y la exclusión social, las dificultades de acceso al agua, la situación especial de los países en transición democrática y económica en la región, la necesidad de restablecer la paz y la seguridad hacen útil un dictamen del CESE, con el objetivo de definir algunas directrices para la ejecución y el seguimiento de la agenda después de 2015 en el Mediterráneo.

2.2.

Si logra determinar desafíos concretos y formular propuestas para la región euromediterránea junto con la sociedad civil, el CESE puede ofrecer un asesoramiento provechoso a los gobiernos de esta maltratada región y a las instituciones europeas.

2.3.

Con este dictamen, el CESE pretende también ampliar el trabajo que ha estado realizando sobre los objetivos de desarrollo sostenible en general y sobre esta región geográfica concreta, las orillas del mar Mediterráneo.

2.4.

El secretario general de las Naciones Unidas presentó un informe de síntesis de las contribuciones recibidas por el Grupo de Trabajo Abierto encargado de examinar los objetivos universales de desarrollo sostenible después de 2015, que se creó después de la adopción de la declaración de los gobiernos titulada «El futuro que queremos» tras la Conferencia Río + 20, en el que se decidía transformar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicos para los países en desarrollo, en objetivos universales —aunque diferenciados— que se refirieran a toda la humanidad, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, en desarrollo y menos avanzados. Se realizaron amplias consultas en diferentes niveles regionales y subregionales, y los principales grupos de la sociedad civil organizada representados en la Organización de las Naciones Unidas pudieron participar y defender sus puntos de vista. Se seleccionaron diecisiete objetivos y 169 metas relativos a los medios de ejecución y la asociación mundial para el desarrollo sostenible.

2.5.

En 2015 tendrán lugar dos acontecimientos importantes, íntimamente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible después de 2015: una conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo que se celebrará en Adís Abeba en julio de 2015 y la 21a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París a finales de 2015.

2.6.

Esta agenda de desarrollo sostenible después de 2015 tiene como objetivo establecer un marco para la actuación futura de las Naciones Unidas sobre el terreno, con una nueva orientación hacia la igualdad, la integración social y el trabajo decente, al mismo tiempo que se mantienen las fuentes de ingresos sostenibles para las personas que trabajan, el medio ambiente y el ritmo de renovación de los recursos biológicos y naturales. No obstante, esta agenda parte de la comprobación de que el paradigma económico que regula nuestras sociedades no es sostenible. Esto significa que los dirigentes mundiales deberán hacer gala de una gran ambición. La situación actual en términos económicos, sociales, medioambientales y, en última instancia, políticos es absolutamente inviable en muchas partes del mundo, especialmente en la región euromediterránea. Muchos afirman que, para alcanzar los ODS, habría que modificar al menos los principios económicos y financieros que dominan actualmente las economías, a fin de dar un vuelco a la situación.

2.7.

En la ribera norte del Mediterráneo, los países de Europa meridional viven situaciones sociales y económicas que ya no son aceptadas por los ciudadanos y que no permiten abordar los retos medioambientales y climáticos que proporcionarían a los ciudadanos europeos perspectivas para construir un espacio medioambiental, económico y social diferente. Los jóvenes, a pesar de la inversión realizada en su educación por los sistemas nacionales o europeos, no cuentan con un marco de oportunidades para desarrollarse y contribuir a reforzar la competitividad económica, social y medioambiental de la UE.

2.8.

Desde 2008 se han creado muy pocos empleos; por el contrario, se han destruido muchos puestos de trabajo y el ritmo de creación no se ajusta a la evolución demográfica ni a la llegada al mercado de los licenciados, lo que implica el rechazo de unas políticas de austeridad carentes de perspectivas. Las políticas y los servicios públicos de educación, salud, transporte y vivienda padecen las consecuencias de las directrices de austeridad, pese a que la realización de los objetivos de desarrollo sostenible requiere el fortalecimiento de estos servicios. El número de personas sin hogar y con vivienda precaria no deja de aumentar en la Europa de los Veintiocho y la mayor parte de los empleos ocupados son de naturaleza excesivamente flexible, precaria y sin futuro. El número de becarios poco o mal remunerados se dispara, asistimos a una radicalización de la sociedad europea, a la intolerancia, al rechazo del otro, a la incomprensión; la brecha entre generaciones es cada vez más profunda, el individualismo y la supervivencia han creado una honda división entre unas clases políticas profesionalizadas y unos ciudadanos desamparados.

2.9.

En el sur del Mediterráneo ha tenido lugar un rechazo de las dictaduras que habían confiscado los beneficios económicos, la libertad de expresión y la igualdad entre ciudadanos. Varios países han cambiado su modo de transición y, dejando de lado el ejemplo esperado de consenso nacional en favor de la democracia, han pasado a ser dominados de nuevo por una clase militar autoritaria y omnipotente. En estas circunstancias, grupos radicalizados han aprovechado para llevar a cabo actividades de ocupación armadas o para volver a constituirse en regímenes criminales. Una parte de África vive ahora bajo esta amenaza permanente. Por su parte, Oriente Próximo y Oriente Medio sufren gigantescos desplazamientos de poblaciones y la recomposición de las influencias políticas y militares, en suma, la población civil no tiene un momento de respiro.

2.10.

Es probable que ningún objetivo de desarrollo sostenible pueda ser creíble en estas condiciones para restablecer la paz y hacer prosperar el bienestar material y el desarrollo económico de la región. No podrá atraerse de forma duradera ningún tipo de inversión, ni mantenerse ni desarrollarse en regiones inestables desde el punto de vista democrático, social y medioambiental. Por otra parte, como durante muchas décadas, el desarrollo económico no ha beneficiado sino a una minoría de familias, personas o dictadores, las instituciones capaces de funcionar de manera justa, transparente, democrática encuentran todo tipo de obstáculos.

3.1.

Las cifras muestran que la región euromediterránea es vulnerable a las catástrofes medioambientales, tanto en tierra como en el mar. Según un informe (2013), el medio ambiente costero mediterráneo facilita los medios de subsistencia de al menos 150 millones de personas. En el mismo informe se cita al PNUMA cuando enumera la existencia de 13 plantas de gas, 55 refinerías, 180 centrales eléctricas, 750 puertos deportivos, 286 puertos comerciales, 112 aeropuertos y 238 plantas de desalinización a lo largo de las costas mediterráneas, siendo la mayoría de ellos fuentes potenciales de emergencias medioambientales. El informe también señala que el establecimiento de medidas adecuadas para mitigar el impacto en caso de desastres naturales o provocados por el hombre es una de las máximas prioridades de toda la región (4).

4.1.

El comisario Johannes Hahn, en su discurso del 28 de mayo, destacó la necesidad de crear 5 millones de empleos cada año para dar trabajo a una mano de obra creciente y garantizar la inclusión social. También recordó que, para alcanzar este objetivo, la región necesitará lograr un crecimiento económico superior al 6 %.

4.2.

La clave para ello debe ser promover el empleo decente (objetivo 8), ya que el empleo de baja calidad (precario, mal pagado, sin protección social sostenible y universal) es la raíz de la pobreza. Hay que centrarse de nuevo en la calidad del crecimiento, las condiciones de empleo y trabajo seguras y sanas, así como la protección social para los trabajadores y sus familias como instrumento esencial de lucha contra la pobreza y la exclusión.

5.1.

La contribución del sector privado a las asociaciones comerciales de desarrollo industrial, para ser rentable y eficaz, debe complementarse con una agenda en favor del trabajo decente más rigurosa respecto del cumplimiento de las condiciones de trabajo de lo que ha sido hasta ahora. Más que nunca, los puestos de trabajo creados deberán ser de calidad, bien remunerados, respetuosos con el medio ambiente y la salud humana y estar amparados por una protección social eficaz (5). Ello es especialmente importante para la región de Oriente Próximo y Norte de África, en la que el desempleo juvenil es uno de los más elevados del mundo y sigue aumentando, y por ello existe una proporción significativa de jóvenes en edad activa que carecen de empleo, estudios o formación. Es esencial garantizar la seguridad de ingresos mínimos a las personas en el sector informal para la estabilidad social y política, así como la prevención de conflictos, ya que esto reduce el radicalismo y el extremismo, lo que contribuye a la estabilidad política y la seguridad (6). La educación inicial y la formación continua, la igualdad, la participación de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, la aspiración de los ciudadanos a ser respetados, la libertad de expresión, los salarios dignos, la seguridad, la protección del medio ambiente y de la salud pública, la educación infantil y la solidaridad entre las generaciones constituyen aspiraciones comunes a las dos orillas. Estas aspiraciones deben poder ser garantizadas por los gobiernos sin la amenaza de un arbitraje supranacional, que proteja unilateralmente los intereses particulares, por mucha importancia que se quiera asignar al comercio internacional para financiar los objetivos universales (7).

6.1.

Las negociaciones multilaterales de la OMC ponen en primer plano el comercio como medio de ejecución de un desarrollo sostenible virtuoso. Sin embargo varias negociaciones en curso demuestran la falta de coherencia entre determinados objetivos del libre comercio y la realización de los objetivos de desarrollo sostenible: acuerdos sobre servicios que prevén liberalizar o privatizar muchos servicios públicos accesibles a la mayor parte de ciudadanos y necesarios para la consecución de los objetivos, acuerdo sobre bienes medioambientales, transferencias de tecnología, derechos de propiedad industrial, acuerdo sobre las nuevas tecnologías de la información, sobre las industrias extractivas y la explotación del subsuelo, procedimientos de solución de diferencias entre Estados y empresas multinacionales. Son numerosos los ámbitos en los que los objetivos virtuosos son poco creíbles como consecuencia de las negociaciones entre potencias comerciales y estatales.

6.2.

La política comercial debería permitir a los países en desarrollo un espacio político, incluida la capacidad para centrarse en las consecuencias sobre el desempleo, las personas vulnerables, la igualdad de género y el desarrollo sostenible, en lugar de promover la liberalización como un fin en sí mismo. Por lo tanto, recomendamos una revisión completa de todos los acuerdos comerciales y tratados sobre inversiones para determinar todos los ámbitos en los que pueden limitar la capacidad de los países en desarrollo a la hora de prevenir y gestionar las crisis, regular los flujos de capitales, proteger el derecho a los medios de subsistencia y a empleos de calidad, aplicar una fiscalidad justa, prestar servicios públicos esenciales y garantizar un desarrollo sostenible.

6.3.

Los gobiernos deben realizar evaluaciones de impacto obligatorias en materia de derechos humanos de los acuerdos comerciales y de inversión bilaterales, plurilaterales y multilaterales, centradas especialmente en los derechos al desarrollo y los derechos específicos a la alimentación, salud y medios de subsistencia, teniendo en cuenta el impacto en los grupos marginados. Esto incluiría la aplicación del proyecto de resolución, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2014, de crear un grupo de trabajo para elaborar un instrumento que imponga obligaciones jurídicas internacionales sobre derechos humanos a las empresas transnacionales.

6.4.

Durante un período por determinar durante el que se podría considerar que el mundo se halla en fase de recuperación tras las crisis de 2008 (financiera) y 2011 (democrática), las inversiones útiles para el empleo y el medio ambiente relacionadas con los objetivos de desarrollo después de 2015 no deberían incluirse en el cómputo del déficit público, considerarse inversiones de interés común, universales, duraderas y sostenibles, financiarse con un tipo de interés cero y prohibirse a los fondos especulativos.

6.5.

La lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal, contra los flujos financieros ilícitos destinados a blanquear dinero procedente de actividades ilegales, incluido el trabajo informal, el tráfico de migrantes, la exportación de residuos no valorizados, deberá disponer de los recursos adicionales necesarios para la aplicación de los ODS (8).

6.6.

Por último, debe entenderse que los instrumentos jurídicos internacionales existentes son otros tantos medios de ejecución y que si algunos convenios —los de la OIT, fundamentales, relativos al trabajo, la Convención de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Convenio C189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el Convenio C184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con su Protocolo Facultativo, por nombrar solo algunos ejemplos— se hubieran ratificado y transpuesto en el Derecho positivo de todos los Estados miembros de la UPM, constituirían medios de ejecución no financieros de primer orden que garantizarían ya de sí una protección de derecho (de jure) de las personas, indispensable y necesaria para la realización de hecho (de facto) de muchos objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos de desarrollo sostenible (9):

6.7.

El 28 de mayo de 2015, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo organizaron, junto con la Comisión Europea, un foro de la sociedad civil Euromed, en el que intervinieron el comisario Johannes Hahn y la vicepresidenta Federica Mogherini, así como el presidente del Parlamento Europeo.

6.8.

En este foro, que tenía por objeto debatir las nuevas orientaciones de la política de vecindad de la UE, el Comisario Johannes Hahn recordó los distintos fondos asignados directamente a la crisis humanitaria en Siria y en los países vecinos —52 millones de euros en virtud del Mecanismo de Vecindad para la Sociedad Civil (Neighbourhood Civil Society Facility)— y expuso las actuaciones realizadas a las que hay que añadir 40 millones de euros del Fondo fiduciario regional de la UE.

6.9.

Por último, cabe señalar la Agenda Europea de Migración que la Comisión Europea publicó dos semanas después de la Cumbre de Jefes de Estado y que propone un reparto concreto de las medidas de reasentamiento y de acogida de los refugiados, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, del TFUE (11).