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Document 52013DC0350

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SEMESTRE EUROPEO 2013: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS SACAR A EUROPA DE LA CRISIS

/* COM/2013/0350 final - 2013/ () */

52013DC0350

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SEMESTRE EUROPEO 2013: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS SACAR A EUROPA DE LA CRISIS /* COM/2013/0350 final - 2013/ () */


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEMESTRE EUROPEO 2013: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS SACAR A EUROPA DE LA CRISIS

1.           Introducción

Una vez al año, la Comisión pasa revista a los resultados económicos y sociales de cada Estado miembro de la UE y formula recomendaciones específicas por país para orientar las políticas nacionales del próximo año. En el contexto de una profunda crisis económica y financiera con unas duras repercusiones sociales para amplias capas de la sociedad, y a la luz de las últimas previsiones que muestran que la UE se recupera lentamente de una recesión prolongada, las recomendaciones del presente año serán evaluadas con especial atención.

El objetivo de la supervisión periódica por la Comisión es:

· Identificar los principales desafíos económicos y sociales para la UE y la zona del euro, como reflejo de la creciente interdependencia entre nuestras economías.

· Evaluar los progresos, captar señales de advertencia acerca de los problemas antes que en el pasado y, mediante recomendaciones que guíen a los Estados miembros en la aplicación de sus políticas con el fin de que la UE se adapte y crezca de forma sostenible, crear empleos y unos niveles de vida dignos para todos sus ciudadanos.

El análisis de la Comisión presentado junto con las recomendaciones de 2013 muestra que la UE está realizando cambios duraderos y está abordando estos graves problemas estructurales que se acumularon en la última década. Estos cambios se están produciendo en un contexto mundial en el que son necesarias reformas en las economías más avanzadas y en el que se constata un fuerte desarrollo económico en las economías emergentes. Los Estados miembros han emprendido las reformas necesarias y un decidido esfuerzo para mantener las finanzas públicas bajo control. El ritmo y el impacto de estas iniciativas varía según los países; el ajuste es especialmente evidente en los países sujetos programas y en los Estados miembros más vulnerables. El desafío consiste en ejecutar las reformas acordadas, a veces con mayor urgencia y de manera más ambiciosa. En los casos en que la Comisión considera que son necesarias medidas más contundentes, éstas se recogen en las recomendaciones.

A lo largo de los últimos cinco años, los esfuerzos se han concentrado en la gestión de la crisis, la recuperación de la estabilidad financiera y la consolidación del euro como requisitos previos para el crecimiento futuro. A corto plazo, la recuperación se ve obstaculizada por los altos niveles de deuda, tanto pública como privada, acumulada en muchos Estados miembros, y por el hecho de que el saneamiento del sector bancario tarda en dar sus frutos. Por otra parte, la magnitud y la urgencia de los desequilibrios acumulados a lo largo de varios años han dado lugar a importantes ajustes que ahora tienen que llevarse a cabo simultáneamente en toda Europa, con una fuerte interdependencia entre las economías de la UE.

Encontrar una senda más sostenible de crecimiento lleva más tiempo de lo que es deseable. El impacto que sobre la sociedad han tenido varios años de bajo o nulo crecimiento es de largo alcance, con unos niveles muy altos de desempleo y un aumento de la pobreza en varias partes de Europa. El nivel de las desigualdades y la cuestión de la equidad están ahora en el centro de los debates públicos, lo que demuestra que, para que tengan éxito, las políticas deben no solo haber sido bien formuladas, sino contar además con un consenso social y político. Las perspectivas poco halagüeñas del mercado de trabajo a corto plazo constituirán una nueva prueba para los sistemas de protección social de los Estados miembros. Habrá que esperar algún tiempo para que las decisiones actuales surtan efecto y contribuyan a crear una economía más dinámica, con crecimiento y creadora de empleo.

Europa necesita un saneamiento presupuestario; el crecimiento sostenible no puede basarse en una deuda insostenible; Europa necesita un crecimiento real a fin de que las personas puedan encontrar un empleo sostenible. El desempleo entre los jóvenes requiere una acción urgente y específica. Dado que la crisis actual es estructural y cíclica, el ritmo de las reformas ha de ser intensificado en toda la UE para garantizar la recuperación y el reequilibrio de la economía. Los países con déficit deben incrementar su competitividad y los países con superávit, suprimir los obstáculos estructurales al crecimiento de su demanda interna.

Las reformas estructurales pueden ser difíciles, pero contribuyen a repartir la carga del ajuste y los beneficios de manera más equilibrada en el conjunto de la sociedad. Reducir la burocracia que obstaculiza la actividad empresarial contribuye a fomentar un entorno favorable para las empresas; la reducción del coste de los servicios ayuda a los grupos con ingresos bajos; y una administración pública más eficiente permite ofrecer unos servicios sociales de mejor calidad y más asequibles. Son necesarias medidas que apoyen más a los desempleados, en particular a los desempleados de larga duración, con el fin de ayudarles a obtener las cualificaciones o la orientación necesarias para conseguir un nuevo empleo, así como a los jóvenes, para que tengan éxito en la transición de la educación al trabajo. Es necesario encontrar soluciones para las empresas con planes empresariales sólidos que no pueden obtener financiación. En todos los Estados miembros existe la necesidad de fomentar la inversión en un mejor sistema educativo, en dotar a las personas con las capacidades necesarias para la economía del siglo XXI y en impulsar la innovación y la competitividad.

La actuación del BCE ha contribuido decisivamente a eliminar los riesgos percibidos para la estabilidad de la zona del euro. Sin embargo, la repercusión de unos menores tipos de interés y el restablecimiento de las condiciones normales de crédito a la economía, especialmente en la periferia de la UE, siguen siendo limitados. Completar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria (UEM), especialmente la Unión bancaria, será esencial para vertebrar un crecimiento sostenible en el futuro y evitar la reaparición de desequilibrios.

El análisis de los programas de reforma nacionales efectuado por la Comisión muestra claramente que los Estados miembros podrían hacer más para ayudarse a sí mismos a retomar la senda del crecimiento y sacar a Europa de la crisis. En diversos grados, el fracaso a la hora de eliminar los obstáculos y de aprovechar las oportunidades, la resistencia al cambio y la falta de un sentido de la urgencia en algunos países contribuyen a un entorno poco favorable para que las empresas se desarrollen y creen puestos de trabajo. Los retrasos en hacer frente a las necesarias reformas conllevarán en última instancia un incremento en sus costes financieros, económicos y sociales. La magnitud de estos retos exige que todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales y la sociedad civil, colaboren para desarrollar y aplicar las respuestas correctas. Preservar y desarrollar el mercado único europeo será esencial para alcanzar estos objetivos comunes.

2.           Evaluación general

Los retos a los que se enfrenta la Unión son complejos y solo pueden abordarse mediante una respuesta general en la que participen conjuntamente los niveles de toma de decisiones y de aplicación de políticas de la UE y nacionales. Este es un objetivo fundamental del proceso del Semestre Europeo.

El análisis detallado en el que se sustenta este paquete pone de relieve que:

· Se está produciendo un reequilibrio de la economía de la UE. En los últimos años se han iniciado o continuado reformas de gran alcance para corregir los desequilibrios del pasado y para reorientar la economía hacia una senda más sostenible. Los elevados y persistentes déficits de la balanza por cuenta corriente registrados en varios países se han reducido de manera significativa, rebajando el riesgo de interrupciones repentinas en la financiación externa de estas economías. Aunque algunas de estas reformas necesitarán tiempo para producir todos sus efectos, las mejoras ya son visibles en toda Europa, por ejemplo, en cuanto a los resultados de las exportaciones o los tipos de interés pagados por la deuda soberana. 

· El desempleo, en particular el desempleo juvenil y el de larga duración, ha alcanzado niveles inaceptablemente altos, y es probable que se mantenga así en un futuro próximo, lo que exige una actuación urgente y decidida. Se han emprendido reformas para mejorar la resiliencia y flexibilidad del mercado de trabajo en varias partes de Europa, pero necesitarán tiempo para que se creen nuevos puestos de trabajo en los diferentes sectores de la economía.

· Se está avanzando en el saneamiento presupuestario, y ello permite mantener las finanzas públicas bajo control. Aún así, el envejecimiento de la población de muchos Estados miembros representa un desafío a su futura viabilidad financiera por lo que se refiere a las pensiones y la asistencia sanitaria, de modo que es necesario adoptar medidas a fin de que los europeos puedan seguir disfrutando de un alto nivel de vida en el futuro.

· Las reformas estructurales son esenciales para impulsar el crecimiento y servir para el doble objetivo de reducir el desempleo y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Restablecer la competitividad a nivel de la UE es también esencial para aprovechar las oportunidades de crecimiento en todo el mundo.

Pueden extraerse una serie de enseñanzas del análisis llevado a cabo:

· Se necesitan nuevas medidas para afrontar unos altos niveles de deuda pública y privada en muchos Estados miembros, y debe continuarse y gestionarse con precaución el proceso de desapalancamiento de unas economías con un endeudamiento excesivo. Como reflejan los estudios sobre concesión de préstamos del BCE, es prioritario mejorar la salud del sector bancario, de modo que pueda canalizar fondos hacia los sectores productivos de la economía, en particular las PYME. La puesta en práctica de nuevos sistemas destinados a aportar financiación a la economía real, desarrollados por la Comisión y el BEI con la participación del BCE, podrían desempeñar un importante papel. La financiación de la inversión con cargo a los Fondos Estructurales tendrá un papel determinante en distintos sectores de la UE en los próximos años. La promoción de fuentes alternativas de financiación y la reducción de la dependencia tradicional de las empresas respecto a la financiación bancaria es también esencial para restablecer la situación normal de concesión de créditos a la economía.

· Los Estados miembros con elevados niveles de desempleo necesitan intensificar las medidas activas del mercado de trabajo, tales como la formación y los servicios de empleo. Se recomiendan nuevas reformas para facilitar el acceso al empleo, prevenir las salidas anticipadas del mercado laboral, reducir el coste de la mano de obra y combatir la segmentación del mercado de trabajo. Los interlocutores sociales tienen un papel clave que desempeñar para modelar y aplicar estas políticas. La situación de los jóvenes en paro es especialmente preocupante y se recomienda la adopción de medidas de conformidad con las orientaciones de la «Garantía Juvenil» de la UE propuesta por la Comisión y acordada por los Estados miembros de la UE.

· Los Estados miembros deben hacer más por reforzar la competitividad de sus economías. Los costes salariales desempeñan un papel importante y deberán mantenerse en consonancia con el crecimiento de la productividad y seguirán siendo objeto de una estrecha vigilancia. Una mayor competencia en los mercados de servicios y productos es también esencial para mejorar los niveles de productividad de la economía y reducir los precios. Al mismo tiempo, Europa no puede y no va a competir en la economía global simplemente a través de los costes. Antes de la crisis y durante la misma, no se llevaron a cabo las inversiones necesarias en todos los Estados miembros en el ámbito de la educación y la formación profesional, la investigación y la innovación, ni por lo que se refiere a la utilización eficaz de los recursos. La ausencia de capacidades, productos y servicios adecuados suponen una grave amenaza para las perspectivas de crecimiento futuro de Europa, por lo que es necesario adoptar medidas correctoras de manera rápida en estos ámbitos, en consonancia con los objetivos de Europa 2020.

· Se necesitan urgentemente mayores esfuerzos para crear las condiciones que favorezcan el desarrollo empresarial, la situación de los consumidores y la creación de empleo; por ejemplo, todavía son necesarias mejoras sustanciales en el funcionamiento de las industrias de red, la competencia en sectores de servicios clave como el comercio minorista, la necesidad de facilitar el acceso a determinadas profesiones y actividades, así como en relación con la eficiencia de la administración pública.

· Los Estados miembros cuya balanza por cuenta corriente es excedentaria y tienen suficiente margen de maniobra presupuestario podrían hacer más para reducir los elevados impuestos y las cotizaciones a la seguridad social que aplican a los salarios más bajos. La reciente evolución salarial en países con superávit contribuye a sostener la demanda y también tiene efectos positivos en otros lugares de la UE. Estos Estados miembros podrían asimismo impulsar la demanda interna al abrir su sector de los servicios, eliminando restricciones injustificadas y los obstáculos a la entrada, y haciendo más asequibles los servicios para los grupos de ingresos más bajos, además de fomentar nuevas oportunidades de inversión.

· A la luz de los progresos reales realizados en la reducción de los déficits presupuestarios, el grado de saneamiento que ya se ha logrado y una actividad económica menor de lo previsto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento concede, en ciertos casos, un plazo adicional a los Estados miembros para alcanzar un nivel de déficit inferior al 3 % del PIB. Sin embargo, un retroceso en el saneamiento necesario no es una opción y algunos Estados miembros aún siguen sin hacer frente a importantes necesidades de ajuste. En el caso de algunos de ellos, la Comisión propone un plazo suplementario para corregir sus déficits excesivos. Este aplazamiento no debe entenderse como una relajación en los esfuerzos; por el contrario, debe utilizarse para reducir el déficit presupuestario, intensificar las reformas estructurales y preparar el camino para una recuperación sostenible.

· Puede y debe hacerse más para mejorar la eficiencia del gasto público y la equidad y la eficacia del sistema tributario, como parte de las estrategias presupuestarias a medio plazo. La ineficacia intrínseca de algunos regímenes fiscales nacionales (por ejemplo, algunos tipos reducidos y otras exenciones fiscales) debe atajarse. Conviene asimismo reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Si bien las prioridades varían, se recomiendan a tal efecto varias líneas de acción.

· La equidad es esencial para la sostenibilidad y la eficacia de las reformas. La crisis ha tenido ya un impacto duradero en las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, con un porcentaje de personas en riesgo de pobreza en aumento en muchos países. Los Estados miembros deben invertir en su capital humano y en proporcionar a sus ciudadanos los servicios adecuados. Es necesaria una mayor atención al impacto distributivo de las reformas para asegurar que éstas producen resultados duraderos en beneficio de todos. Varios Estados miembros tienen que centrarse más en la lucha contra las distintas formas de la pobreza: la pobreza infantil, el problema de las personas sin hogar, la pobreza de las personas con empleo y el sobreendeudamiento de los hogares; y garantizar la eficacia de los sistemas de protección social que atienden a los afectados.

Las decisiones ya tomadas a nivel de la UE han contribuido a los esfuerzos de reforma de los Estados miembros, pero se requieren medidas urgentes:

· Los Estados miembros que hayan experimentado grandes dificultades financieras podrían hacer uso de mecanismos de apoyo financiero de nueva creación a nivel de la UE[1]. En el caso de concesión de ayuda financiera de la UE y el FMI, ello se ha supeditado al cumplimiento de estrictas condiciones económicas. La aplicación de estos programas va en la buena dirección y está siendo supervisada con especial atención.

· Varias propuestas de legislación de la UE aún pendientes tienen el potencial para desbloquear el crecimiento y las oportunidades de empleo, por ejemplo, en el ámbito de los servicios, y para aprovechar las ventajas de la economía digital. La Comisión informará, en el Consejo Europeo de junio de 2013, sobre los avances realizados en relación con el Pacto por el Crecimiento y el Empleo.

· La Comisión propuso en diciembre de 2012 un Paquete de Empleo Juvenil que incluía la creación de una Alianza Europea para la Formación de Aprendices. Propuso asimismo una «Garantía Juvenil» para garantizar que todos los jóvenes europeos reciben una oferta de trabajo de buena calidad, más formación y educación, formación como aprendices y un período de prácticas en un plazo de cuatro meses desde el abandono del colegio o desde que pasaron a engrosar las listas de paro. Esta «Garantía Juvenil» fue adoptada por el Consejo en abril de 2013. Para el próximo Marco Financiero Plurianual se han previsto 6 000 millones EUR para trabajar junto con el Fondo Social Europeo a través de una Iniciativa de Empleo Juvenil con el fin de apoyar la «Garantía Juvenil». Desde 2012, la Comisión ha estado trabajando con los equipos de acción dedicados al desempleo juvenil con el fin de apoyar a los Estados miembros con mayores niveles de desempleo a reprogramar la financiación estructural de la UE y  destinarla de manera más específica a los jóvenes. Asimismo, lidera una asociación de diversas partes interesadas para hacer frente a la escasez de cualificaciones en materia de tecnologías de la información y la comunicación en la UE y cubrir los cientos de miles de puestos previstos para estas cualificaciones.

· La gobernanza económica de la UE ha sido reforzada mediante la legislación reciente. Su aplicación reforzará la credibilidad del proceso de reforma en curso. Ya puede aplicarse el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha reforzado, y se ha puesto en marcha el nuevo procedimiento de desequilibrios macroeconómicos («paquete de seis medidas legislativas»). La nueva legislación por la que se refuerza la coordinación de las políticas en la zona del euro («paquete de dos medidas legislativas») entrará en vigor el 30 de mayo de 2013.

· Medidas adicionales para profundizar la UEM, en especial mediante la creación de una Unión bancaria, y para completar los instrumentos de los mecanismos de apoyo financiero proporcionados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, reforzarán aún más el marco de la UE. También se están celebrando debates sobre las formas de reforzar la dimensión social de la UEM.

· Tan pronto como se logre un acuerdo sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, la nueva generación de instrumentos financieros de la UE, como el programa Horizonte 2020 de Investigación y el Mecanismo «Conectar Europa» para infraestructuras, podrán empezar a aplicarse en apoyo de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Una mayor focalización de los Fondos Estructurales de la UE en el crecimiento, la competitividad y el empleo puede producir un fuerte estímulo en el crecimiento en varios Estados miembros, en caso de que una gran parte de la inversión pública sea cofinanciada por el presupuesto de la UE. Las recomendaciones específicas por país de este año son particularmente importantes porque los Estados miembros y regiones están definiendo ahora sus prioridades de inversión para la política de cohesión en el período 2014-2020.

3.           Principales líneas de actuación

El Semestre Europeo se inicia con la publicación, por parte de la Comisión, de su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Para 2013, la Comisión ha mantenido las mismas cinco prioridades que en 2012:

· Saneamiento presupuestario diferenciado favorable al desarrollo

· Restablecimiento del crédito a la economía

· Promoción del crecimiento y la competitividad presentes y futuros

· Respuesta al desempleo y a las consecuencia sociales de la crisis

· Modernización de la administración pública.

El Consejo Europeo respaldó estas prioridades en marzo de 2013 y fijó el marco de la acción de los Estados miembros en estas áreas. El anexo 1 ofrece un panorama general de las recomendaciones, para cada Estado miembro, como parte de este paquete. En el anexo 2 se resumen los avances hacia los objetivos de Europa 2020. Se puede encontrar más información en los documentos de trabajo y en las fichas temáticas comparativas publicadas en la web de Europa 2020.

La Comisión también ha hecho recomendaciones para la zona del euro. El Eurogrupo debe desempeñar un papel activo en la vigilancia reforzada de la zona del euro garantizando una política general coherente y la aplicación de las reformas necesarias para la estabilidad y el crecimiento de la economía. El Eurogrupo también desempeñará un papel particular al debatir y coordinar previamente las reformas políticas en el futuro, así como en la rápida toma de decisiones políticas esenciales, como las que se refieren a la transición hacia la Unión bancaria.

Este paquete de recomendaciones también se inspira en sendas revisiones exhaustivas publicadas por la Comisión el 10 de abril de 2013 en el marco del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeconómicos. Las recomendaciones específicas por país propuestas para los 13 Estados miembros cubiertos por este procedimiento tienen en cuenta estos desequilibrios.

Proseguir el saneamiento presupuestario diferenciado favorable al crecimiento

El saneamiento presupuestario no es un fin en sí mismo, sino un medio para que las autoridades públicas puedan recuperar su soberanía presupuestaria con el fin de invertir en un crecimiento sostenible. En el contexto de su elevado déficit público y el aumento de los niveles de deuda, la Comisión ha propugnado la necesidad de un saneamiento presupuestario que debe efectuarse de una forma diferenciada y favorable al crecimiento, y específica para cada país.

La disciplina presupuestaria y el crecimiento se apoyan mutuamente a condición de que se adopten las medidas adecuadas. Un ejemplo reciente lo constituyen los países bálticos: tras una grave recesión, Lituania, Letonia y Estonia registran actualmente las tasas de crecimiento económico más altas de la UE con el 3,6 %, el 5,6 % y el 3,2 %, respectivamente, en 2012. Estos tres países han realizado un esfuerzo importante de saneamiento presupuestario y han reequilibrado sus economías en un contexto de gran incertidumbre. Las importantes mejoras en su competitividad están dando sus frutos, ayudándoles a consolidar sus finanzas públicas y reducir más su desempleo, aunque los elevados niveles de riesgo de pobreza y exclusión social siguen siendo una fuente de preocupación.

El saneamiento presupuestario gana terreno en toda Europa. El déficit de la UE ha disminuido de un máximo del -6,9 % en 2009 al -4 % en 2012 y se espera que caiga hasta el -3,4 % en 2013, toda vez que un número cada vez mayor de Estados miembros han corregido sus déficits excesivos. Las trayectorias de saneamiento hacia los objetivos de déficit y deuda que pueden asumir los Estados miembros en la aplicación del procedimiento de déficit excesivo se basan en los déficits contabilizados en términos estructurales. Por lo tanto, si un deterioro significativo de las perspectivas económicas da lugar al incumplimiento del objetivo nominal a pesar de la aplicación del esfuerzo estructural exigido, puede aplazarse el plazo fijado para la corrección del déficit excesivo. En consonancia con el marco de la UE, el ritmo de saneamiento presupuestario ya se había ajustado recientemente en los casos de Grecia, España y Portugal, lo que les otorga más tiempo para corregir sus déficits excesivos. La Comisión ha actualizado sus recomendaciones a la luz de la información más reciente y tras evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros (Recuadro 1).

Recuadro 1. Situación de los Estados miembros en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según lo recomendado por la Comisión el 29 de mayo de 2013

Ningún procedimiento por déficit excesivo || BG, DE, EE, FI, LU, SE

Archivo del procedimiento de déficit excesivo || HU, IT, LT, LV, RO

Procedimientos de déficit excesivo en curso con plazos para 2013 || AT, DK, CZ, SK

Procedimientos de déficit excesivo en curso con otros plazos — 2015 o 2016 || EL, IE, CY, UK

Propuesta de prórroga de plazos para cumplir los objetivos presupuestarios — nuevos plazos: 2014, 2015 o 2016 || ES, FR, NL, PL, SI, PT

Primer paso hacia la incoación de un procedimiento por déficit excesivo || MT

Insuficiencia de las medidas destinadas a corregir el déficit excesivo en 2012 — procedimiento de déficit excesivo intensificado || BE

Gracias a las medidas adoptadas a nivel de la UE y los esfuerzos de algunos Estados miembros, los tipos de interés de la deuda soberana han disminuido y varios países, que se vieron amenazados por unos costes de refinanciación insosteniblemente altos, se hallan actualmente en condiciones de financiar su deuda a un ritmo muy inferior al de hace un año. No obstante, habida cuenta de los altos niveles de deuda y los costes asociados con el envejecimiento de la población, su situación presupuestaria y financiera sigue siendo frágil.

En estas circunstancias, otorgar más tiempo para que algunos Estados miembros puedan cumplir los objetivos acordados tiene por objeto permitirles acelerar sus esfuerzos destinados a poner en orden sus finanzas públicas y realizar reformas pendientes. Deben intensificarse los esfuerzos de reforma para lograr de manera creíble los resultados requeridos en los nuevos plazos y deben corregirse los déficits excesivos. La Comisión vigilará de cerca la situación y utilizará los mecanismos de gobernanza presupuestaria reforzados para los países de la zona del euro. Deben reforzarse asimismo las instituciones fiscales tanto a nivel nacional como subnacional, estableciendo unos marcos presupuestarios a medio plazo que sean creíbles y eficaces.

La naturaleza de las medidas de saneamiento presupuestario también es importante. En muchos casos, se han subido los impuestos en lugar de reducir los gastos. Esto suele ser más perjudicial para el crecimiento que la alternativa contraria, especialmente en países que cuentan ya con un elevado nivel impositivo. La Comisión recomienda vías para lograr ajustes fiscales más favorables al crecimiento, actuando simultáneamente tanto por el lado de los ingresos como de los gastos de los presupuestos nacionales.

Por lo que se refiere a los ingresos, la estructura de los sistemas fiscales, particularmente el cambio de la base impositiva desde el trabajo a otras fuentes, es un aspecto esencial de las reformas en curso. Una prioridad para muchos Estados miembros es limitar la fiscalidad del trabajo para aumentar los incentivos al trabajo y reducir su coste relativamente elevado, en particular para los trabajadores poco cualificados (véase el Recuadro 2). Obviamente, estas reformas, que son muy necesarias, deben entonces ser compensadas financieramente por otras fuentes de ingresos. Los aumentos de impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles se enfrentan a objeciones políticas en varios Estados miembros, pero pueden diseñarse para ser maneras eficaces y justas de aumentar los ingresos públicos. Otra faceta del cambio en términos fiscales la constituyen los impuestos medioambientales, por ejemplo, gravar las fuentes de contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede estimular el desarrollo de nuevas tecnologías, promover la eficiencia en el uso de los recursos y crear empleos «verdes», pero el impacto de los altos precios de la energía en los hogares y en la competitividad, así como en las industrias con un alto consumo energético, también debe ser objeto de control, de modo que las decisiones políticas futuras puedan tomarse sobre la base de unas pruebas sólidas.

Es posible lograr una mayor eficacia y justicia de los sistemas tributarios mediante la ampliación de las bases impositivas. La mayoría de los sistemas fiscales incluyen exenciones, subsidios, tipos reducidos y otros regímenes específicos, conocidos como «gastos fiscales». No siempre están justificados y pueden ser instrumentos ineficaces para alcanzar sus objetivos sociales, medioambientales o económicos. También pueden introducir un tratamiento fiscal diferenciado entre los contribuyentes que no siempre está justificado y, por lo tanto, reducir la equidad del sistema. Asimismo, pueden ofrecer resquicios para su manipulación y hacer que el sistema sea más complejo y que aumenten los costes de aplicación y administrativos. En varios Estados miembros, los impuestos han aumentado, pero la Comisión considera que se podría hacer más para reducir los gastos y las exenciones fiscales, incluidos los subsidios perjudiciales en términos económicos y medioambientales.

Por ejemplo, los ingresos procedentes del IVA realmente recaudados representan solo la mitad del importe que se obtendría de la plena aplicación del tipo normal del IVA (Gráfico 1). La diferencia es un reflejo de la amplitud de las desgravaciones fiscales, lagunas fiscales, deficiencias a la hora del cumplimiento y, en algunos casos, de la mala administración tributaria, que reduce la eficacia del sistema del IVA.

Gráfico 1. Ingresos reales por IVA en 2011 (% de los ingresos teóricos a tipos normales)

  Fuente: Comisión Europea. La proporción de ingresos procedentes del IVA se compone de los ingresos reales recaudados por IVA divididos por el resultado del tipo normal del IVA y el consumo final interno neto. El alto valor para Luxemburgo se explica por la importancia del IVA recaudado gracias a las ventas a no residentes.

Son esenciales acciones destinadas a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra el fraude con el fin de aumentar la eficacia y la equidad del sistema fiscal[2]. Las acciones emprendidas a nivel nacional, de la UE y mundial pueden interactuar en este ámbito para reforzar los sistemas fiscales. La Comisión está decidida a emplear todos los instrumentos a su disposición para intensificar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal e invita a los Estados miembros a tomar medidas a nivel de la UE y nacional en coordinación con otros Estados miembros. 

Recuadro 2. Ejemplos de medidas recientes para desplazar la carga fiscal de las bases que pueden perjudicar el crecimiento

BE ha tomado algunas medidas para reducir las cotizaciones sociales para las PYME y para determinadas categorías de trabajadores asalariados. Se ha introducido una «bonificación al trabajo» para los trabajadores con salarios bajos, reforzada mediante la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios y una deducción fiscal en el impuesto sobre la renta. DK está reduciendo gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo para favorecer el crecimiento y el empleo. HU ha reducido las cotizaciones a la seguridad social para grupos concretos. FI ha aumentado las deducciones básicas para reducir la fiscalidad sobre la población con bajos ingresos. CZ y EE han previsto reducciones generales de la presión fiscal sobre el trabajo.

Por el lado de los gastos, la Comisión opina que deberá darse prioridad a la inversión pública en investigación, innovación y capital humano, en particular a través de unos gastos más rentables. Existen motivos de preocupación en algunos Estados miembros con unos niveles de inversión en educación bajos o en retroceso (por ejemplo, BG, EL, IT, SK y RO). También hay margen para mantener o mejorar la cobertura y efectividad de los servicios de empleo y las políticas activas del mercado laboral tales como los sistemas de formación para los desempleados y la «Garantía Juvenil», así como para mejorar la relación coste-eficacia del gasto público en numerosos ámbitos, incluida la asistencia sanitaria y la atención médica de larga duración.

El envejecimiento de la población plantea un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas debido a un potencial aumento del coste de la asistencia sanitaria y de los fondos de pensiones. A fin de ayudar a hacer frente a este desafío tomando medidas ahora, la Comisión ha recomendado el aumento de la edad legal mínima de jubilación en concordancia con el aumento de la esperanza de vida, así como la eliminación progresiva de los regímenes de jubilación anticipada, en combinación con los esfuerzos para apoyar el aprendizaje permanente y la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En el Cuadro 1 se resumen los cambios recientes y anunciados en la edad de jubilación por Estado miembro.

Cuadro 1. Edad de jubilación* en los países de la UE

|| Edad de jubilación en 2009 || Edad de jubilación en 2020 || Nuevos aumentos después de 2020 || || || Edad de jubilación en 2009 || Edad de jubilación en 2020 || Nuevos aumentos después de 2020

M = mujeres (si es diferente) || M = mujeres (si es diferente) || || || M = mujeres (si es diferente)   || M = mujeres (si es diferente)

BE || 65 || || 65 || || || CY || 65 || || 65 + (3) || ||

BG || 63 || M: 60 || 65 || M: 63 || || LV || 62 || || 63y9m || || 65 en 2025

CZ ||   62 M:         56y8m (1) || 63.8      M: 60y6m (1) || 67 + (2) en 2044 || LT || 62y6m || M: 60 || 64 || M: 63 || 65 en 2026

DK || 65 || || 66 || || 67 + (3) || LU || 65 || || 65 || ||

DE || 65 || || 65.7 || || 67 de 2029 || HU || 62 || || 64 || || 65 en 2022

EE || 63 || M: 61 || 64 || || 65 en 2026 || MT || 61 || M: 60 || 63 || || 65 en 2026

IE || 66 || || 66 || || 68 en 2028 || NL || 65 || || 66y8m || || 67 + (3)

El || 65 || M: 60 || 67 || || 67 + (3) || AT || 65 || M: 60 || 65 || M: 60 || 65 En 2033

ES || 65 || || 66y4m || || 67 + (3) || PL || 65 || M: 60 || 67 || M: 62 || 67 en 2040

FR || 60, apartado 1, || || 62, apartado 1, || || || PT || 65 || || 65 || ||

IT || 65y4m     M: 60y4m || 66y11m || 67 + (3) || RO || 63y4m || M: 58y4m || 65 || M: 61 || 65/63 (P) en 2030

Fuente: Comisión Europea * Edad a la que las personas pueden percibir una pensión de pleno derecho sin reducción actuarial para la jubilación anticipada. Información basada en la legislación adoptada a 30 de abril de 2013. (1) La edad mínima varía dependiendo de condiciones tales como el número de hijos criados o el período mínimo de seguro completado. (2) Se incrementa en 2 meses al año hasta que se introduzcan nuevas modificaciones. (3) Futuros ajustes a los incrementos en esperanza de vida. (4) Edad de jubilación flexible vinculada al nivel de prestaciones.   || SI || 63 || M: 61 || 65 || ||

SK || 62 W:       57y6m (1) || 62 + (3) || || 62 + (3)

FI || 63-68 (4) || 63-68 (4)  ||

SE || 61-67 (4) || 61-67 (4)   ||

UK || 65 || M: 60 || 66 || || 67 en 2028

En el ámbito de la salud y la atención médica de larga duración el reto consiste en mantener un equilibrio entre la necesidad de un sistema de salud universal y un aumento de la demanda debido al envejecimiento de la población, la evolución tecnológica y unas expectativas cada vez mayores de los pacientes en todos los grupos de edad. Más del 70 % de los aumentos previstos del gasto público vinculado al envejecimiento de la población se deben a la asistencia sanitaria y a la atención médica de larga duración. Se necesitan reformas para conseguir un uso más eficiente de unos recursos públicos limitados y el acceso a una asistencia de alta calidad.

Restablecer la situación normal del crédito a la economía

Las condiciones para la concesión de créditos, especialmente en los países que sufren tensiones financieras, siguen siendo rigurosas y la oferta de crédito es limitada, a pesar del fuerte apoyo facilitado por los Gobiernos y de la política monetaria acomodaticia del BCE. La situación ha empeorado en particular en Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovenia, pero también en Francia, Italia y el Reino Unido. Alemania es el único país en el que las PYME han comunicado una mejora positiva en la disponibilidad de préstamos bancarios. Los créditos a las PYME en algunos países se ven afectados por las preocupaciones de los inversores en cuanto a la debilidad de la economía y el entorno financiero. Por otra parte, la reparación en curso del sistema bancario aún no ha concluido. El saneamiento de los balances de los bancos sigue siendo una prioridad en varios Estados miembros con el fin de reinstaurar unas condiciones normales de crédito en las partes más productivas de la economía.

Gráfico 2. Las condiciones del crédito siguen siendo restrictivas y los mercados están fragmentados

           

 

Dados los anteriores niveles insostenibles de endeudamiento público y privado, es necesaria la corrección en curso en el sector financiero . Sin embargo, el ajuste no debería superar lo necesario o endurecerse debido al mal funcionamiento de unos mercados fragmentados. Por tanto, la acción de los poderes públicos debe contribuir a reforzar el sector bancario y a eliminar los obstáculos a la financiación de las empresas y a la inversión en infraestructuras.

La atención se ha desplazado desde la obtención de capital hacia la eliminación de los puntos vulnerables del sector bancario. A escala de la UE debería proseguirse con exámenes armonizados de la calidad de los activos, para contribuir a restaurar la confianza en los bancos de la UE y aportar transparencia a los activos y pasivos bancarios. Esto debería permitir identificar cualquier bolsa residual de vulnerabilidad, reforzando así la confianza en el conjunto del sector.

Establecer una Unión bancaria a escala europea, dotada de un supervisor único y un mecanismo único de resolución, será un elemento importante para completar el saneamiento del sector financiero y restablecer unas condiciones normales de crédito. La recapitalización de los bancos que lo precisen debe terminar rápidamente, de forma que el nuevo mecanismo único de supervisión empiece a aplicarse plenamente y que con posterioridad sea complementado con un mecanismo único de resolución.

El desarrollo de fuentes alternativas de financiación de la economía, menos dependientes de la financiación bancaria, debe ser una prioridad. Hay indicios de una transferencia gradual de la financiación de las empresas hacia los mercados de capitales, pero la tendencia es demasiado lenta para producir un impacto a corto plazo. Por otra parte, a menudo las PYME no tienen acceso directo a la financiación a través del mercado de capitales. Se han puesto en marcha iniciativas como los nuevos marcos de la UE para la inversión en capital riesgo y en fondos de emprendimiento social que contribuirán a resolver la situación. Por otra parte, el capital desembolsado del BEI se ha incrementado en 10 000 millones EUR, lo que debería ayudar a desbloquear hasta 180 000 millones EUR de inversiones adicionales en la UE. Esta financiación adicional permitirá un aumento significativo de los préstamos a las PYME y debería cubrir un amplio espectro geográfico y sectorial. Es urgente acelerar el ritmo de préstamos del BEI, en especial para las PYME.

Deben prepararse otras series de medidas a escala de la UE y de los Estados miembros para facilitar el acceso de las PYME a la financiación bancaria y no bancaria, como la mejora del marco del capital riesgo, unos mercados específicos para las PYME y la agrupación de PYME, nuevos instrumentos de titulización para las PYME, la creación de normas para evaluar la calificación crediticia de las PYME, y el fomento de fuentes de financiación no tradicionales, como el arrendamiento financiero, la financiación de la cadena de suministro o la financiación participativa.

El Pacto por el Crecimiento y el Empleo de junio de 2012 destacó la importancia de invertir en infraestructuras y puso de relieve el papel de los Fondos Estructurales de la UE y del BEI al respecto. La iniciativa de obligaciones para la financiación de proyectos puesta en marcha en noviembre de 2012 puede desempeñar un papel útil para reabrir los mercados de capitales de Europa a la financiación de infraestructuras. La iniciativa debe ampliarse y desarrollarse conjuntamente con otros instrumentos de deuda en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (2014-2020). En marzo de 2013 la Comisión lanzó también el Libro verde sobre la financiación a largo plazo[3], en el que invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la forma de mejorar la financiación de la economía real y de eliminar los obstáculos a dicho tipo de inversión.

Recuadro 3. Ejemplos de esfuerzos recientes para facilitar el acceso de las empresas a la financiación

Para hacer frente a las difíciles condiciones crediticias, Dinamarca ha tomado iniciativas como la creación de un fondo de inversión estatal (Capital de Crecimiento Danés) y un paquete de desarrollo y crédito. Otro régimen prevé garantías de crédito para pequeños préstamos bancarios entre 2013 y 2015. El Gobierno estonio apoya el crédito a empresas a través de las entidades KredEx, Empresa Estonia y Fondo de Desarrollo  de Estonia. Polonia estableció una nueva garantía para PYME y creó un nuevo fondo de fondos de crecimiento, junto con el Fondo Europeo de Inversiones y BGK, para estimular la inversión en capital riesgo, capital de inversión y fondos intermedios. En Italia, el recurso a la financiación no bancaria ha sido impulsado mediante exenciones para nuevo capital de sociedades, la creación de un Fondo para el Crecimiento Sostenible y la introducción de financiación participativa para empresas innovadoras de nueva creación. El Reino Unido ha establecido el Régimen de Financiación de Préstamos, gracias al cual los bancos pueden pedir prestado a precios más ventajosos al Banco de Inglaterra, siempre que utilicen parte del dinero para conceder préstamos a empresas. Los Fondos Estructurales de la UE y la acción del BEI apoyan a varios de dichos mecanismos.

Estados miembros como Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido necesitan gestionar el nivel de la deuda privada y la vulnerabilidad de los hogares frente a posibles bajadas del mercado inmobiliario[4]. Algunas medidas han sido adoptadas, por ejemplo en lo relativo a la normativa fiscal y la reducción de los incentivos al endeudamiento existentes, tales como las desgravaciones fiscales aplicables a los pagos de intereses hipotecarios. Las medidas destinadas a abordar los desequilibrios provocados por el alto nivel de endeudamiento de las economías domésticas y los altos precios de la vivienda están produciendo también resultados positivos al reducir las repercusiones negativas de los préstamos que conllevan un riesgo elevado. Asimismo, los Estados miembros deben abordar el sesgo que existe actualmente en la mayoría de los sistemas del impuesto de sociedades en favor del endeudamiento

Promoción del crecimiento y la competitividad presentes y futuros

Muchos Estados miembros están asistiendo a una reducción de la inversión pública y privada[5] y a un aumento de la tasa de ahorro, motivada por el deseo de las empresas y los hogares de reducir los niveles de deuda existentes o incrementar sus carteras de activos. Aunque necesario para las empresas y los hogares, ello tiende a reducir la demanda agregada y exige un conjunto completo de reformas de los mercados de productos y de trabajo para reducir el impacto negativo en el crecimiento e impulsar el potencial de crecimiento a largo plazo.

Dar prioridad al crecimiento y recobrar competitividad es esencial para lograr una recuperación feliz y duradera. Como lo demuestra el reciente comportamiento de las exportaciones en Irlanda, España y Portugal, los grandes ajustes destinados a mejorar la competitividad de costes y no de costes producen efectos positivos, incluso a corto plazo.

Los Estados miembros que se encuentran en una situación de déficit deben reasignar recursos desde los sectores de bienes y servicios no exportables (por ejemplo, la vivienda) a sectores que sí lo son. Precisan reforzar la competencia en general, abrir los servicios y los servicios no de mercado, incluidos los de red. Los Estados miembros que presentan superávit pueden y deben promover la demanda interna, por ejemplo reduciendo los altos impuestos y cotizaciones a la seguridad social que aplican a los salarios bajos. La reciente evolución de los salarios y la solidez de los mercados laborales en los países que presentan superávit contribuirá a reforzar la demanda interna y también tendrá un positivo efecto dominó en otras zonas de la UE. Estos Estados miembros podrían hacer más para abrir su sector de servicios, eliminar restricciones y obstáculos injustificados para el acceso al mercado, incrementar la inversión y hacer más asequibles los servicios para los grupos con bajos niveles de ingresos.

En el pasado reciente, la competitividad de una serie de Estados miembros se vio obstaculizada por incrementos salariales que superaron la evolución de la productividad. Para estos Estados miembros, la Comisión había recomendado la revisión de los mecanismos de fijación de salarios, con el fin de ajustarlos a la evolución de la productividad, y se han realizado esfuerzos en tal sentido. Algunos Estados miembros han emprendido reformas legislativas o introducido incentivos para establecer dicho paralelismo. En otros casos, se han reformado parcialmente los sistemas de indexación de los salarios, o su aplicación se ha congelado, pero las reformas estructurales necesarias para establecer un nexo permanente entre evolución de los salarios y productividad todavía no existe. Aunque las recomendaciones específicas por país se han mantenido para 2013, han sido reformuladas para tener en cuenta los cambios que se están realizando.

Está claro que Europa debe intensificar sus esfuerzos de innovación y seguir desplazando sus modelos de producción hacia actividades de alto valor añadido. Según la última edición del marcador de la «Unión por la Innovación», elaborado por la Comisión, todavía existe una diferencia notable entre los Estados miembros con peores resultados en materia de innovación (BG, RO, LV, PL) y los que obtienen los mejores (SE, DE, DK, FI). Esto sitúa a la UE, en conjunto, por detrás de sus principales competidores.

La baja productividad se debe en parte a la escasa competencia en los mercados de productos y servicios, pero también a unos resultados mediocres en educación e investigación, así como a la incapacidad de transferir los resultados de la investigación a productos y servicios comercializables. Una parte significativa de las ayudas públicas a I+D financiada por el sector privado se realiza a través de subvenciones directas. Deben desarrollarse vías alternativas de apoyo a las capacidades de innovación, tales como incentivos fiscales para estimular la financiación privada, y el uso estratégico de la contratación pública.

Todavía sigue sin ser explotado el gran potencial económico y de creación de empleo del sector de los servicios. La Comisión calcula que el PIB de la UE podría crecer entre un 0,8 % y un 2,6 % si los Estados miembros suprimiesen las restricciones a la prestación de servicios de conformidad con la Directiva de la UE sobre servicios. Con arreglo al escenario más ambicioso, el  mayor provecho se obtendría en CY, ES, UK, LU, NL, DK, AT, SE y FR[6]. Se recomiendan medidas concretas para mejorar la competencia en el sector, eliminando los obstáculos al comercio minorista y las excesivas restricciones a los servicios profesionales y a las profesiones reguladas en particular. La plena aplicación de la Directiva puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de los servicios transfronterizos y contribuir a aumentar la productividad en los mercados nacionales.

De forma general, mejorar el entorno empresarial es una prioridad y en tal sentido se han tomado medidas positivas (véase Recuadro 4). Algunas de estas buenas prácticas podrían aplicarse de forma más generalizada.

Recuadro 4. Ejemplos de medidas adoptadas para desarrollar actividades económicas en el sector de los servicios

La normativa relativa a las formas de las sociedades o a la propiedad de su capital se ha flexibilizado en Polonia, Alemania, Francia, Chipre e Italia desde la entrada en vigor de la Directiva sobre servicios. La necesidad de autorización previa para crear una empresa ha sido abolida para determinados servicios en Italia y Francia. En el mercado minorista, ya no es necesario superar una prueba de solvencia económica para abrir determinadas instalaciones en España y Alemania. Malta también ha abolido las tarifas obligatorias para las profesiones reguladas, lo que ofrece a las empresas la posibilidad de fijar sus propios precios.

Se necesita un entorno económico favorable para fomentar la creación de nuevas empresas, el crecimiento de las ya existentes y para atraer inversiones. Aun cuando durante los cinco últimos años se han conseguido algunas mejoras en el entorno empresarial, la situación varía considerablemente entre Estados miembros. España dispone de un plan ambicioso de reducción de la carga administrativa (si el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado se ejecuta según lo propuesto, podría añadir un 1,28 % al PIB en el primer año). En Francia se ha anunciado un gran plan de simplificación, y se han logrado progresos significativos en el ámbito de la contratación pública electrónica en Portugal y Lituania.

La calidad, cobertura y asequibilidad de las industrias de red son esenciales para la competitividad de la economía. Varias recomendaciones se refieren al desarrollo de la banda ancha, a la mejora del funcionamiento del mercado de la energía y a mejoras en el sector del transporte (ferrocarriles, aeropuertos, puertos y transporte por carretera). El desarrollo o renovación de las principales infraestructuras, en consonancia con las prioridades de la UE, debe seguir siendo una fuente importante de actividad. El mercado ferroviario está muy abierto en Dinamarca, Suecia y el Reino Unido y en todos estos países se ha constatado un aumento de la cuota de mercado del ferrocarril.

El potencial de creación de empleo de la economía ecológica no está plenamente explotado. El aprovechamiento eficaz de los recursos tiene pleno sentido en términos económicos y medioambientales y es parte fundamental de nuestra competividad futura. Los Estados miembros deben fomentar estas inversiones con vistas a la modernización de los métodos de producción en una dirección más sostenible. Las medidas de eficiencia energética sufren retrasos, a pesar de sus efectos positivos en términos de empleo y ahorro para las empresas y los hogares[7]. La reducción de las emisiones de CO2, en particular de los sectores del transporte y la construcción, sigue siendo una prioridad clara, en línea con los compromisos de la UE. El potencial del sector de los residuos y el reciclado debe materializarse. Se ha calculado que la plena aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos supondría un ahorro de 72 000 millones EUR al año, lo cual aumentaría el volumen de negocios anual del sector en 42 000 millones EUR y crearía más de 400 000 puestos de trabajo hasta 2020[8].

Lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis

La crisis ha tenido un impacto fuerte y duradero sobre los niveles de desempleo y la situación social en muchas zonas de Europa. Los sistemas de protección social han contribuido a paliar las peores consecuencias sociales de la crisis, aunque algunos de ellos se están viendo sometidos a tensiones debido a la duración de aquella. Sin embargo, como se indica en el Cuadro 2 que figura a continuación, existe una creciente disparidad entre Estados miembros. En varios de ellos, los niveles de desempleo han aumentado considerablemente y el número de parados alcanza niveles muy altos. El desempleo de los jóvenes (con una tasa media del 23,45 %, pero del 55,9 % en ES y del 62,5 % en EL) y la creciente proporción y número de desempleados de larga duración (4,1 % de la población activa en 2011 y 4,6 % en 2012) son especialmente preocupantes.

No obstante, algunos Estados miembros cuentan con un mercado de trabajo sólido. Austria tiene la tasa de desempleo más baja de la UE (4,7 % en marzo de 2013), mientras que su tasa de empleo ha aumentado ligeramente por encima del 75 %. En Alemania, el desempleo bajó del 8 % al 5,4 % en pocos años. En el Reino Unido, se redujo del 8,2 % en 2011 al 7,7 % en febrero de 2013.

En varios Estados miembros se han introducido grandes reformas del mercado laboral destinadas a mejorar su solidez, a introducir más flexibilidad interna y externa y a reducir la segmentación y facilitar la transición entre puestos de trabajo, a veces en consulta con los interlocutores sociales. Esto ocurre particularmente en los países sometidos a programas. Estas reformas deberían surtir gradualmente sus efectos. Es importante que las reformas tengan en cuenta la necesidad de acumulación de derechos para el futuro y de garantizar la empleabilidad de los trabajadores.

Dada la situación demográfica de la UE, las reformas también han de centrarse en el incremento de la participación en el mercado laboral de las mujeres y los trabajadores mayores, garantizando que los regímenes fiscales y de prestaciones ofrezcan incentivos adecuados para reincorporarse y permanecer en el mercado laboral. La educación y los cuidados prodigados a los niños (guarderías), la lucha contra la pobreza infantil y la prevención del abandono escolar prematuro son instrumentos clave para ello. La calidad, asequibilidad y accesibilidad de los servicios relacionados desempeñan un papel fundamental.

A corto plazo, la capacidad de los servicios públicos de empleo para hacer frente al creciente número de desempleados está siendo sometida a una dura prueba. En varios países se precisa una asistencia más eficaz en la búsqueda de empleo y oportunidades de formación, incluido el apoyo a los planes de movilidad. Pese a que las pruebas muestran que un apoyo personalizado produce mejores resultados, en varios de los Estados miembros con los mayores niveles de desempleo no se están tomando medidas en este sentido, o no lo suficientemente rápido. Frente a una demanda creciente, los servicios públicos de empleo deben esforzarse por aumentar su eficacia y la cooperación entre ellos.

El derecho fundamental a la libre circulación consagrado en el Tratado ofrece oportunidades de empleo. Se trata de una de las posibilidades para abordar los desfases entre formación y empleo. La movilidad en el mercado laboral también representa un mecanismo de ajuste en la Unión Económica y Monetaria. La Comisión se basará en la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES) para intensificar y ampliar sus actividades, incluida la promoción de la movilidad de los jóvenes.

Cuadro 2. Tasa de desempleo general y juvenil (menores de 25 años) y número desempleados - Marzo de 2013*

* Marzo de 2013 o últimos datos disponibles.

Fuente: Comisión Europea

También es necesario evaluar más fundamentalmente cómo hacer más transparente y eficaz la oferta de educación y formación, cómo lograr una mejor adecuación entre capacidades y puestos de trabajo disponibles y cómo reforzar las sinergias entre los diferentes proveedores de formación. El porcentaje de abandono escolar prematuro, en particular de alumnos con alguna desventaja o de origen inmigrante, sigue siendo inaceptablemente elevado en varios Estados miembros y la oferta de oportunidades de aprendizaje permanente es mejorable. El abandono escolar prematuro está por encima de la media de la UE en MT, ES, PT, IT, RO y UK[9], mientras que BG, RO, EL, HU y SK presentan las menores tasas de participación en aprendizaje permanente[10]. Estos problemas existían antes de la crisis, pero son especialmente agudos ahora, habida cuenta de la amplitud de los ajustes económicos y de la perspectiva de prolongación de la vida laboral. Los desfases de capacidades y los estrangulamientos en muchas regiones y sectores son un nuevo ejemplo de la insuficiencia de determinados sistemas de educación y formación.

Algunos Estados miembros han aplicado reformas de sus sistemas de educación y formación profesional para adaptar las capacidades y las competencias de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral. Algunos han establecido las bases para una formación de alta calidad y una formación profesional dual (EL, ES, IT, LV, PT, SK), a pesar de que el proceso está todavía en las fases iniciales y requerirá una participación de los interlocutores sociales para tener éxito. Otros han iniciado reformas para aumentar la eficiencia de sus sistemas de educación superior a la hora de reducir las tasas de abandono y adaptarlos a las necesidades del mercado de trabajo (AT, IT, PL) y utilizan cada vez más modelos innovadores de financiación en función de los resultados para alcanzar dichos objetivos (CZ, HU, SK, UK).

Los jóvenes se han visto especialmente afectados por el aumento del desempleo. Se han iniciado importantes esfuerzos a escala de la UE para apoyar las estrategias nacionales y regionales (Recuadro 5).

Recuadro 5. La aplicación de la «Garantía Juvenil» de la UE

A raíz de una propuesta de la Comisión, los Estados miembros acordaron establecer una «Garantía Juvenil» con el fin de ofrecer a cada joven menor de 25 años una oferta de calidad en materia de empleo, educación continua, aprendizaje o períodos de prácticas en un plazo de cuatro meses desde el inicio de su situación de desempleo o de abandono de la educación formal.

Finlandia ha puesto en marcha una garantía que ofrece al menor de 25 años (30 para titulados recientemente) un empleo, un período de prácticas, formación en el puesto de trabajo, una plaza para  estudiar o un período en un taller o de reconversión en un plazo de tres meses tras el inicio de su situación de desempleo. En Austria existe una «garantía de empleo y formación» para jóvenes de entre 19 y 24 años que ofrece a los jóvenes desempleados trabajo, formación específica o un empleo subvencionado durante los seis primeros meses de su inscripción en el servicio público de empleo. En Suecia, el enfoque consiste en capacitar a los jóvenes desempleados registrados, empezando por tres meses de apoyo intensivo para la búsqueda de empleo, seguidos de un proceso activo de búsqueda de puestos laborales apropiados, combinado con un empleo como aprendiz o con formación suplementaria.

La Comisión propuso, y el Consejo Europeo acordó, lanzar una Iniciativa de Empleo Juvenil que facilitará 6 000 millones EUR durante el próximo período financiero plurianual (2014-2020) para apoyar a los jóvenes sin empleo que ni estudian ni trabajan (los «ni-ni») en las regiones que tienen una tasa de desempleo juvenil superior al 25 %. La Iniciativa puede desempeñar un papel crucial en el apoyo a la aplicación de la «Garantía Juvenil».

El grave impacto social de la crisis está provocando el aumento de los niveles de pobreza en varios Estados miembros. Algunos están acelerando sus esfuerzos para combatir la pobreza y la exclusión social, pero queda mucho por hacer para reforzar las redes de seguridad social y mejorar la adecuación y rentabilidad de los beneficios, en particular mediante una atención más específica, la simplificación administrativa y una mayor asimilación de derechos. Los desempleados de larga duración deben recibir apoyo para restablecer la relación con el mercado laboral, y unos vínculos más fuertes entre la asistencia social y las medidas de activación son esenciales en este sentido.

Modernización de la administración pública

La crisis ha puesto de manifiesto que las deficiencias en la administración pública pueden llegar a afectar a la capacidad de los Estados miembros para aplicar unas políticas económicas y sociales modernas y de orientación reformista. Desde la necesidad de revisar determinados servicios públicos de empleo hasta la falta de capacidad de análisis económico para diseñar y aplicar las reformas estructurales, o para mejorar la gestión y aumentar los bajos niveles de absorción de los Fondos Estructurales de la UE, está clara la necesidad de modernizar las administraciones públicas de los Estados miembros.

La modernización de la administración pública no solo requiere la consolidación del diseño estratégico y la aplicación, sino que los ministerios y los poderes públicos a nivel nacional, regional y local deben mejorar sus capacidades para definir retos clave, identificar las principales prioridades para abordarlos, evaluar el impacto económico, social y medioambiental de las intervenciones, y diseñar planes de acción adecuados con unos plazos claros. No obstante, un enfoque integrado es crucial: con el fin de evitar la proliferación de estrategias de reforma de la administración pública, el desarrollo y la puesta en práctica de estas estrategias deben coordinarse estrechamente entre todos los servicios afectados.

Una administración pública moderna es un factor esencial para respaldar la concepción y puesta en práctica de políticas que promuevan el empleo, el crecimiento y la competitividad.  Por ejemplo, el desarrollo de un entorno favorable a las PYME requiere, entre otras cosas, reducir la carga administrativa para la implantación de nuevas empresas y un marco administrativo que fomente la innovación. Esto requiere a su vez reforzar la capacidad administrativa de las autoridades públicas y dar apoyo a los servicios en línea y a infraestructuras de información modernas.

La cualificación del personal de la administración pública es importante, sobre todo en tiempos de crisis, con sus consiguientes fuertes restricciones de la financiación pública. Lo que cuenta no es solo la capacidad de atraer, sino también de conservar personal competente, garantizando así el atractivo de la administración pública. Ello requiere, ante todo, sólidas políticas de contratación, promoción y desarrollo de las carreras, así como la promoción del liderazgo; y todo ello por medio, entre otros factores, del aprendizaje y la formación.

Algunos Estados miembros están reduciendo empleo en el sector público, mientras que otros invierten en la administración electrónica para aumentar la eficiencia y la relación coste-eficacia. La crisis también ha puesto de manifiesto el impacto económico negativo de unos ordenamientos jurídicos lentos y desfasados y la relevancia de la calidad, independencia y eficiencia del sistema judicial para mantener o recuperar la confianza del inversor. Varios Estados miembros están ya tomando medidas para revisar la legislación sobre insolvencia y aumentar la eficacia de su sistema judicial (Portugal y España), pero en otros (Malta, Rumanía, Italia, Eslovaquia, Hungría, Letonia y Bulgaria), la Comisión ha hecho recomendaciones para que las medidas sean más rápidas y eficaces o con vistas a la adopción de medidas que refuercen la independencia del poder judicial. También son necesarios esfuerzos para reformar la legislación y las administraciones fiscales con el fin de que los contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias y de reducir los costes administrativos y de aplicación.

Recuadro 6. Ejemplos de medidas recientes para reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejorar la eficiencia de la administración tributaria

Con el fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los países están aplicando medidas voluntarias y políticas de ejecución obligatoria. La dosificación varía en función de las circunstancias nacionales. BE ha cuadruplicado las sanciones en caso de fraude fiscal y las autoridades tributarias disponen de un mayor acceso a los datos personales. BG ha introducido servicios electrónicos adicionales y ampliado los canales de comunicación con el centro de información de la Agencia Tributaria Nacional, incrementando el recurso a información suministrada por terceras partes. CZ continúa trabajando en la racionalización de la organización de su administración fiscal (con el fin de instaurar una Agencia Tributaria Integrada) y reforzando su capacidad de gestión del riesgo introduciendo el concepto de sujeto pasivo del IVA «no fiable». IT ha reforzado los controles y endurecido las sanciones y, al mismo tiempo, ha incrementado las obligaciones de información para los contribuyentes. Por otra parte, el país también ha adoptado una serie de medidas de simplificación. LT ha reforzado su estrategia de cumplimiento, aumentado la asistencia prestada a los contribuyentes y también ha reforzado los controles, en particular de las transacciones en metálico. SK ha trabajado en la mejora de sus técnicas de gestión del riesgo, centrándose en el fraude al IVA, y ha adoptado medidas para luchar contra la evasión exigiendo el pago electrónico para cantidades superiores a un cierto límite.

4.           Conclusión

Las perspectivas económicas a corto plazo para Europa son todavía débiles, pero muchas de las medidas que son tomadas por los Estados miembros están contribuyendo a sacar a la UE de la crisis. Se están reduciendo los desequilibrios de la balanza por cuenta corriente en la zona del euro y el saldo por cuenta corriente se encamina hacia el superávit. Los esfuerzos para reequilibrar la economía deben proseguir en todos los Estados miembros: los países deficitarios necesitan reforzar su competitividad, mientras que los que presentan superávit tienen que eliminar los obstáculos al crecimiento de su demanda interna.

Las reformas estructurales deben continuar más intensamente, ya que no nos encontramos ante una fase bajista ordinaria del ciclo. Sin embargo, suele ser necesario un plazo de tiempo antes de que se puedan recoger unos beneficios concretos y, a la luz de la experiencia anterior, la situación del empleo solo varía transcurrido un cierto lapso tiempo. Las políticas activas del mercado laboral revisten una importancia crucial, especialmente en la lucha contra el desempleo juvenil. El plazo adicional propuesto por algunos Estados miembros a efectos del saneamiento presupuestario debería utilizarse para aplicar reformas estructurales ambiciosas que incrementen la capacidad de ajuste e impulsen el crecimiento y el empleo. Para luchar contra el desempleo juvenil se necesita presteza y acelerar las decisiones y la movilización de financiación a escala nacional. El sistema de «Garantía Juvenil» propuesto por la Comisión y adoptado ahora por los Estados miembros es un importante elemento a este respecto y debería ser activado rápidamente a escala nacional. Finalmente, debe otorgarse una alta prioridad a un acuerdo sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, que facilitará financiación suplementaria y específica para luchar contra el paro juvenil.

Restablecer la capacidad del sector financiero para canalizar los ahorros hacia usos más productivos será un factor importante para impulsar los niveles de inversión, especialmente en el sur de Europa. Las vías posibles y los medios a disposición de las instituciones de la UE, incluido el Banco Europeo de Inversiones, deben centrarse en este esfuerzo, en particular con respecto al acceso de las PYME a financiación. Es igualmente importante que la economía de la UE adopte y aplique el Marco Financiero Plurianual 2014-2020. La Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que alcancen un acuerdo sin dilación. En paralelo, los Estados miembros deberán acelerar sus preparativos para el próximo Marco Financiero Plurianual, de tal forma que la cofinanciación por la UE de las inversiones y las medidas de apoyo al empleo puedan estar disponibles desde principios de 2014 con el fin de apoyar la aplicación de las reformas establecidas en las recomendaciones específicas para cada país. Al mismo tiempo, es necesario un rápido avance de la Unión bancaria para reforzar la confianza. A corto plazo, debemos garantizar que los bancos estén suficientemente capitalizados para que puedan desempeñar su función de intermediación financiera y contribuyan a fortalecer el potencial de crecimiento de Europa.

El proceso del Semestre Europeo está ya bien asentado y posibilita la aplicación de políticas más coordinadas en la UE. Tiene en cuenta las especificidades de cada país y al mismo tiempo desarrolla sinergias entre los países, reconociendo la interdependencia entre los Estados miembros de la UE. De cara a 2013, la Comisión reforzó sus contactos políticos y técnicos con los Estados miembros y muchos de estos hicieron un mayor esfuerzo para lograr la participación de los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil en el desarrollo y la discusión de sus programas nacionales de reformas. La asunción por cada país del proceso de reformas será crucial para su éxito.

En Europa se están llevando a cabo una serie de reformas que, con el tiempo, harán posible el surgimiento de un crecimiento nuevo, sostenible y generador de empleo. No podemos bajar la guardia para afrontar los retos a escala nacional y de la UE. La aplicación de las reformas estructurales constituirá el programa común de Europa para los próximos meses. Si trabajamos juntos en toda la UE y en cada país, podremos sacar a Europa de la actual crisis y encarrilarla por un sendero de crecimiento inteligente, sostenible e  integrador.

Nota: Recomendaciones de la Comisión presentadas el 29 de mayo de 2013 para 2013-2014. No se efectúan recomendaciones para CY, EL, IE y PT, que aplican compromisos con arreglo a programas de asistencia financiera de la UE y el FMI. Más información en: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm.

Anexo 2 - Resumen de los objetivos de Europa 2020[11]

* Países que han expresado su objetivo nacional en relación con un indicador diferente del indicador del objetivo principal de la UE

Objetivos de los Estados miembros || Tasa de empleo (%) || I+D (% del PIB) || Objetivos de reducción de emisiones (con respecto a los niveles de 2005)[12] || Energía renovable (%) || Eficiencia energética  [13] || Abandono escolar (%) || Educación terciaria (%) || Reducción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (número de personas)

Objetivo principal de la UE || 75 % || 3 % || -20 % (con respecto a los niveles de 1990) || 20 % || 20 % || 10 % || 40 % || 20 000 000

Estimación UE || 73,70-74 % || 2,65-2,72% || -20 % (en comparación con los niveles de 1990) || 20 % || n.a. || 10,3-10,5 || 37,6-38,0[14] ||

AT || 77-78 % || 3,76 % || -16 % || 34 % || 31,5 || 9,5 % || 38 % (incluido el nivel CINE 4a, que en 2010 era en torno al 12 %) || 235 000

BE || 73,2 % || 3,0 % || -15 % || 13 % || || 9,5 % || 47 % || 380 000

BG || 76 % || 1,5 % || 20 % || 16 % || || 11 % || 36 % || 260 000*

CY || 75-77 % || 0,5 % || -5 % || 13 % || 2,8 || 10 % || 46 % ||

CZ || 75 % || 1 %(solo en el sector público) || 9 % || 13 % || || 5, 5 % || 32 % || Mantener el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el nivel de 2008 (15,3 % de la población total) y esfuerzos para reducirlo en 30 000

DE || 77 % || 3 % || -14 % || 18 % || 251,0 || <10 % || 42 % (incluido el nivel CINE 4, que en 2010 era en torno al 11,4 %)  || 320 000 (desempleados de larga duración)*

DK || 80 % || 3 % || -20 % || 30 % || 17,8 || <10 % || Al menos 40 % || 22 000 (personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo )*

EE || 76 % || 3 % || 11 % || 25 % || 6,5 || 9,5 % || 40 % || Sacar a 61 860 personas del riesgo de pobreza*

EL || 70 % || 0,67 % || -4 % || 18 % || 27,1 ||  Inferior al 10 % || 32 % || 450 000

ES || 74 % || 2 % || -10 % || 20 % || 121,6 || 15 % || 44 % || 1 400 000-1 500 000

FI || 78 % || 4 % || -16 % || 38 % || 35,9 || 8 % || 42 % (definición nacional ajustada) || 150 000

FR || 75 % || 3 % || -14 % || 23 % || 236,3 || 9,5 % || 50 % || Por el momento no se ha fijado ningún nuevo objetivo (el objetivo era válido hasta 2012)*

HU || 75 % || 1,8 % || 10 % || 14,65 % || 26,6 || 10 % || 30,3 % || 450 000

IE || 69- 71 % || Aprox. 2 % (2.5 % del PNB) || -20 % || 16 % || 13,9 || 8 % || 60 % || 200 000*

IT || 67-69 % || 1,53 % || -13 % || 17 % || 158,0 || 15- 16 % || 26-27 % || 2 200 000

LT || 72,8 % || 1,9 % || 15 % || 23 % || || <9 % || 40 % || 170 000

LU || 73 % || 2,3-2,6 % || -20 % || 11 % || || <10 % || 66 % || 6 000

LV || 73 % || 1,5 % || 17 % || 40 % || 5,23* || 13,4 % || 34-36 % || 121 000*

MT || 62,9 % || 0,67 % || 5 % || 10 % || 0,825 || 29 % || 33 % || 6 560

NL || 80 % || 2,5 % || -16 % || 14 % || || <8 % || >40 % 45 % previsto en 2020 || 93 000*

PL || 71 % || 1,7 % || 14 % || 15,48 % || 96,4 || 4,5 % || 45 % || 1 500 000

PT || 75 % || 3 % || 1 % || 31 % || 22,5 || 10 % || 40 % || 200 000

RO || 70 % || 2 % || 19 % || 24 % || || 11,3 % || 26,7 % || 580 000

SE || Muy superior al 80 % || Aprox.  4 % || -17 % || 49 % || 36,7-66,0 || <10 % || 40-45 % || Reducción del porcentaje de hombres y mujeres que no forman parte de la población activa (excepto estudiantes a tiempo completo), desempleados de larga duración o personas en baja prolongada por enfermedad a un nivel muy por debajo del 14 % para 2020*

SI || 75 % || 3 % || 4 % || 25 % || || 5 % || 40 % || 40 000

SK || 72 % || 1,2 % || 13 % || 14 % || 16,2 || 6 % || 40 % || 170 000

UK || Ningún objetivo en el PNR || Ningún objetivo en el PNR || -16 % || 15 % || 177,6 || Ningún objetivo en el PNR || Ningún objetivo en el PNR || Objetivos numéricos existentes en la Ley de pobreza infantil de 2010*

HR[15] || 59 % || 1,4 % || + 26 % || 20 % || || 4 % || 35 % || 100 000

[1]               En primer lugar el MEEF y el FEEF y, a continuación, el MEE.

[2]           En diciembre de 2012, la Comisión presentó un amplio conjunto de acciones adoptadas para luchar contra el fraude y la evasión fiscales a nivel europeo y mundial: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm.

[3]               COM (2013) 150.

[4]               En el caso de dichos países, los desequilibrios en este ámbito se han detectado en el marco del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico.

[5]                      En 2013, los Estados miembros han comenzado a obtener nuevos ingresos por la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que pueden utilizarse para financiar proyectos innovadores con bajas emisiones de carbono.

[6]               Véase http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_456_en.pdf.

[7]               Dos Estados miembros no han comunicado sus objetivos orientativos de eficiencia energética, como lo requieren los artículos 3 y 24 de la Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE), y las comunicaciones de otros nueve Estados miembros estaban incompletas.

[8]               Véase: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

[9]               Véase http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_early_school_leaving.pdf

[10]             Véase http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/22_quality_of_education_and_training.pdf

[11]             Objetivos nacionales expuestos en los programas nacionales de reforma en abril de 2013.

[12]             Los objetivos nacionales de reducción de emisiones definidos en la Decisión 2009/406/CE («Decisión de reparto del esfuerzo») se refieren a las emisiones no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión. Las cubiertas por dicho régimen se reducirán en un 21 % en relación con los niveles de 2005. La reducción correspondiente será del 20 % en comparación con los niveles de 1990.

[13]             La Directiva sobre eficiencia energética 2012/27/UE establece en su artículo 3.1.a) que en 2020 el consumo de energía de la Unión Europea no deberá superar las 1 474 Mtep de energía primaria o 1 078 Mtep de energía final. Todos los Estados miembros excepto dos (República Checa y Luxemburgo) han establecido sus objetivos a 30 de abril de 2013, pero no todos expresaron sus objetivos en términos de niveles de energía primaria y final como exige la Directiva. Esto explica la falta de datos relativos a algunos Estados miembros y a nivel de la UE. Este cuadro solo recoge los niveles de consumo de energía primaria en 2020 expresados en Mtep. '*' indica que el objetivo es preliminar.

[14]             El cálculo no incluye CINE 4 (Alemania, Austria).

[15]             Croacia presentó una lista preliminar de los objetivos nacionales para 2020. Debido a su carácter informal, no están incluidos en las estimaciones a nivel de la UE.

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