12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/65

1.1

La base jurídica del proyecto legislativo propuesto por la Comisión Europea es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TUE) (1). Por tanto, el objetivo que supuestamente persigue este proyecto normativo es la aproximación de las disposiciones legales aplicables a los productos del tabaco, con el fin de velar por el correcto funcionamiento del mercado interior. En el apartado 3.9.1 de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva se especifica que la elección de esta base jurídica fue confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la Directiva 2001/37/CE (2) y que, por tanto, esta misma base es adecuada para la presente propuesta, en la búsqueda de un nivel de protección elevado de la salud de la población frente a los riesgos del tabaco.

1.2

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge, en principio, con satisfacción esta base jurídica a la luz de los objetivos de la propuesta, objetivos que el CESE comparte plenamente y que, en particular, pretenden evitar que las personas empiecen a fumar, especialmente los jóvenes. Sin embargo, el CESE señala que en algunas ocasiones, por ejemplo en la Comisión de Asuntos Jurídicos de Parlamento Europeo, se han expresado dudas sobre esta base jurídica ateniéndose, en concreto a que el objetivo perseguido puede ser alcanzado de forma suficiente por los Estados miembros.

1.3

El CESE coincide plenamente con la Comisión Europea en que el derecho a la salud debe quedar por encima de cualquier consideración económica. En este campo, el CESE se posiciona firmemente a favor de impulsar planes y campañas públicas de educación y de sensibilización respecto a las graves consecuencias que acarrea a la salud el hecho de fumar. Sin embargo, sigue habiendo escepticismo sobre si las medidas propuestas ayudan al abandono progresivo del hábito de fumar. En consecuencia, el CESE recomienda que la medida sometida a examen se complete y se refleje muy claramente la importancia a escala europea de las estrategias educativas y de asesoramiento en colegios y escuelas secundarias, de modo que cada niño o joven pueda ser informado de modo correcto, completo y periódicamente sobre la verdad del tabaco y sus efectos nocivos, y sobre los efectos cancerígenos de la exposición al humo de tabaco ambiental (HTA) (3).

1.4

El Comité reconoce que, en toda la UE, una cantidad considerable de puestos de trabajo correrá peligro en todos los sectores de la cadena de valor de la agricultura, la producción, el empaquetado y la venta de tabaco y productos afines. El CESE pide que se preste toda la atención necesaria a la prevención de estos riesgos para el mercado laboral y recomienda encarecidamente que se apliquen todas las medidas de transición y reestructuración disponibles, en particular los programas de formación para los trabajadores, así como el apoyo científico y técnico y a la innovación para las empresas y las explotaciones agrícolas que produzcan nuevos tipos de productos con el fin de mantener el empleo. Cabe señalar, asimismo, que el cultivo del tabaco contribuye al empleo rural. Los Estados miembros más afectados por esta posible reestructuración deberían utilizar eficazmente los Fondos Estructurales y de cohesión, los fondos regionales y los fondos dedicados a la investigación y la innovación, atendiendo especialmente al contexto de crisis económica actual.

1.5

Existe un riesgo de una importante pérdida de recaudación fiscal, no solo por el aumento del comercio ilícito, sino también por la caída de ventas y de precios. Actualmente, se recaudan en la Unión Europea casi 100 000 millones de euros en impuestos al tabaco.

1.6

Habrá un fuerte aumento del comercio ilícito (contrabando más falsificaciones) en manos de redes criminales, lo cual provocará una reducción de las ventas de tabaco legal, reducirá la recaudación fiscal por impuestos a las labores del tabaco, comprometerá la seguridad de los consumidores por la falta de controles sanitarios y de calidad, así como facilitará el acceso de los menores al tabaco. Cada año se dejan de recaudar en la Unión Europea 10 000 millones de euros (4) (cifras de la OLAF) como consecuencia del comercio ilícito, pues hoy en día las ventas de tabaco de contrabando en la UE se sitúan en el 10 % (5), El CESE no puede sino acoger favorablemente la reciente firma, en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, de un Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, en el que se pide a las Partes que tomen medidas eficaces para eliminar la fabricación y el comercio ilícitos de tabaco (6).

1.7

La propuesta actual alterará de manera significativa las condiciones de entrada en el mercado, la competencia y el necesario funcionamiento del libre comercio de un producto legal, aunque extraordinariamente regulado. El CESE admite las preocupaciones expresadas al respecto en algunas de las evaluaciones de impacto llevadas a cabo en la UE y a nivel internacional. Sin embargo, el CESE también pide que se tengan en cuenta los beneficios que cabe esperar, tanto en términos de reducción de los costes de la asistencia sanitaria, como de mejora de la salud pública, dado que los ciudadanos europeos tienen derecho a un elevado nivel de protección de su salud por parte de la Unión Europea, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

1.8

Al conceder a la Comisión amplios poderes para el desarrollo posterior de aspectos esenciales de la Directiva a través de actos delegados, habrá una invasión de competencias soberanas de los Estados miembros, rompiendo así el principio de subsidiariedad. El CESE no puede aceptar actos delegados que no entren dentro de lo expresamente recogido en el apartado 290 del TFUE. Además, ocho parlamentos nacionales (control de subsidiariedad) han emitido catorce votos contrarios a la propuesta de la Comisión por no respetar el principio de subsidiariedad (7).

1.9

El CESE apoya el concepto de reducción del riesgo y, en consecuencia, solicita de la Comisión una clara definición y un marco jurídico adecuado a los «productos de riesgo reducido», que sustancia de manera científica indudable una disminución del riesgo con respecto a los cigarrillos convencionales. En especial, los productos que contienen tabaco (y no nicotina química) y que, por lo tanto, están sometidos a la Directiva.

2.1

El CESE es plenamente consciente de los riesgos que conlleva el tabaco para la salud pública. Como queda recogido en el apartado 1 de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva, el tabaco es la causa más importante de muerte prematura en la UE, responsable de casi 700 000 muertes cada año. En este sentido, la propuesta hace hincapié en objetivos loables y plenamente compartidos, como prevenir la iniciación al tabaquismo, en particular por parte de los jóvenes, habida cuenta de que el 70 % de los fumadores empieza antes de los 18 años y el 94 % antes de los 25 años, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas en el ámbito de la infancia y juventud (8).

2.2

En este contexto, el CESE entiende que la revisión de la Directiva es absolutamente necesaria y, por tanto, debe llevarse a cabo sin dilación. No en vano, lleva años de retraso, aun cuando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establezca que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana. El derecho a la salud está claro que debe quedar por encima de cualquier consideración económica. Hay que tener en cuenta, además, que en países que han adoptado una legislación muy restrictiva contra el tabaco, la prevalencia de su consumo apenas ha variado. Es el caso, por ejemplo, de España, donde en los últimos tres años la prevalencia en el consumo apenas ha caído dos puntos pese a las severas leyes aprobadas, según el informe de la Comisión Europea sobre entornos libres de humo recientemente publicado (9). En este sentido, el CESE, además de respaldar las medidas propuestas, se posiciona firmemente a favor de impulsar planes y campañas públicas de educación y de sensibilización respecto a las graves consecuencias que acarrea a la salud el hecho de fumar, entendiendo que reforzarán la eficacia a largo plazo de las medidas propuestas en términos de salud pública, pues persisten las dudas sobre si estas últimas facilitarán, el necesario abandono progresivo del hábito de fumar.

2.3

Sin embargo, el borrador de propuesta de revisión de la Directiva sobre productos del Tabaco 2001/37/CE presentado por la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2012 puede tener graves consecuencias para el empleo, la economía y la recaudación fiscal en la Unión Europea, contraviniendo así otros objetivos básicos de la Unión como son el pleno empleo y el crecimiento económico (art. 3 TUE), si no se adoptan medidas de acompañamiento. En la Unión Europea, el sector del tabaco da empleo a casi 1,5 millones de personas. De esos puestos de trabajo, 400 000 corresponden a agricultores que se dedican a la plantación de hoja de tabaco y 956 000 empleos dependen de la venta de tabaco al por menor (10). Por otra parte, cada año se recaudan a través de impuestos a las labores del tabaco casi 100 000 millones de euros y éste es un sector de gran relevancia en el ámbito de las exportaciones, siendo de los pocos que mantienen balances positivos tanto a nivel europeo como en muchos de los Estados miembros. Así, la exportación total procedente de la Unión Europea de productos del tabaco fue en 2010 de unas 55 000 toneladas. El mayor volumen procedió de Bulgaria (13 200), Grecia (11 200) y Francia (8 000). Además, el tabaco es un producto agrícola que proporciona 400 000 empleos en la Unión, fundamentalmente en regiones deprimidas sin alternativas. Estadísticas de UNITAB y del COPA muestran que el 96 % de las explotaciones agrarias dedicadas al tabaco son familiares con una superficie media de cultivo entre 0,5 y 3 hectáreas (11).

3.1

La propuesta de Directiva sobre productos del tabaco presentada por la Comisión Europea está centrada en seis ámbitos de actuación:

De estos seis ámbitos, tres tendrían un enorme impacto en el empleo y la recaudación fiscal para los países miembros de la Unión Europea. En el caso del etiquetado, el envasado y los ingredientes, la propuesta impone unas advertencias sanitarias ampliadas desproporcionadamente a las existentes, limitando el formato, el sabor y el contenido de los productos del tabaco. Así, por ejemplo, todas las cajetillas tendrán que incluir advertencias sanitarias de imagen y texto que cubran el 75 % de los envases, a lo que se añaden nuevas leyendas informativas en los laterales (50 % en cada lado), además de la etiqueta fiscal obligatoria en algunos Estados miembros, el mensaje de prohibición de venta a menores y el espacio reservado para las nuevas medidas que garanticen el seguimiento y trazabilidad de los productos del tabaco. Esto supone «de facto» una reducción extrema del espacio disponible para la comunicación de las marcas comerciales legítimamente registradas. Por otra parte, las cajetillas tendrán unas dimensiones mínimas de altura y de anchura, lo que implicará que algunos de los modelos de cajetillas desaparezcan. Es el caso del modelo «casket», muy consumido en algunos países como Grecia. También desaparecería el modelo de cajetilla más consumido en Portugal. Por otra parte, esta modificación en el empaquetado, que no está basada en pruebas científicas, puede poner en peligro empleos en el sector de la industria del empaquetado y del embalaje de gran importancia en muchos países europeos como, por ejemplo, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido o Austria. Se debe apuntar que los requerimientos mínimos para la altura y anchura de los productos del tabaco no fueron incluidos en la consulta pública ni tampoco formaron parte del informe de impacto. Además, se prohíbe la venta de cigarrillos que incluyan aromas característicos y se inventa una nueva definición de «purito», contraria a las legislaciones fiscales vigentes en la Unión desde hace poco más de un año (12).

3.2

Como consecuencia de esto, y al tener todas las cajetillas el mismo formato y sabor, el precio será el único criterio de diferenciación entre las marcas, por lo que se producirá un empobrecimiento de la cadena de valor de todo el sector. Al quedar el precio como único elemento para competir, se producirá una bajada de precios que causará, por un lado, una caída en los ingresos de los miembros del sector y en la recaudación de los Estados y, por el otro, la destrucción de empleo en el sector.

3.3

Esta única posible diferenciación por precio provocará, por ejemplo, que el tabaco de calidad que se cultiva en la Unión Europea deje de ser atractivo para las compañías con fábricas en el territorio de la Unión, ya que el criterio de calidad dejará de ser un criterio de compra de la hoja de tabaco lo que, en contra de lo apuntado por la Comisión en su evaluación de impacto, supondrá un serio riesgo para los puestos de trabajo que dependen de este cultivo. Actualmente, en la Unión Europea la cosecha de hoja de tabaco es de 250 000 toneladas de tabaco al año, siendo Italia el mayor productor con 89 000 toneladas, seguido de Bulgaria con 41 056 toneladas, España con 38 400 y Grecia con 24 240. Este eslabón de la cadena da empleo a 400 000 personas, con Bulgaria a la cabeza con 110 000 personas dedicadas al cultivo de tabaco, seguido de Polonia con 75 100 e Italia con 59 300 (13).

3.4

Otra posible consecuencia de la estandarización de formatos y sabores podría ser el incremento del contrabando de tabaco. Si todos los productos acaban siendo casi iguales, se beneficiarán las mafias, que podrán diseñar sus productos de contrabando con los formatos y sabores originales a los que están acostumbrados los consumidores con toda facilidad para satisfacer esta demanda por conductos no regulados y sin dejar un euro a las administraciones de Hacienda de los Estados miembros. Además, estos productos carecerán de cualquier control de calidad, por lo que la seguridad de los consumidores se verá seriamente comprometida.

3.5

Según las últimas cifras disponibles, en la Unión Europea, como consecuencia del comercio ilícito, se dejan de recaudar cada año vía impuestos a las labores del tabaco 10 000 millones de euros. Actualmente, las ventas de tabaco de contrabando en la UE representan el 10 % del total (14). Por lo tanto, el Comité no puede sino celebrar la firma, el 12 de noviembre de 2012, de un protocolo sobre la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, en el ámbito del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Negociado por la Comisión Europea en nombre de la Unión y los Estados miembros, pide a las partes interesadas que adopten medidas eficaces para eliminar la fabricación y el comercio ilícito de tabaco (15).

3.6

Además de la pérdida de recaudación fiscal, el incremento del comercio ilícito conducirá a un descenso en las ventas de tabaco, que repercutirá en toda la cadena de valor, pero que puede afectar especialmente a los establecimientos de venta de tabaco al menor. Casi un millón de empleos dependen directa o indirectamente de la venta de tabaco al por menor en la Unión Europea, tanto a través de tiendas de conveniencia, quioscos, o establecimientos especializados como, en el caso de Francia, Italia, España y –muy recientemente– Hungría, con redes de expendedurías de tabaco y timbre reguladas y controladas por los respectivos Estados. Solo en Grecia, 40 000 empleos dependen de la venta de tabaco al por menor (16).

3.7

El CESE reconoce la amenaza para el empleo en todos los sectores a lo largo de la cadena de valor de la producción, el envasado y la venta minorista de tabaco y productos relacionados, así como en las zonas agrícolas en las que no se han desarrollado otras alternativas y en las que los subsidios de la PAC ya no están disponibles. Cabe señalar que el cultivo del tabaco contribuye al empleo rural. El CESE pide que se preste la atención requerida para reducir al mínimo estos riesgos para el mercado de trabajo y recomienda firmemente que se apliquen aquí todas las formas disponibles de medidas de transición y reestructuración, en particular los programas de formación para los trabajadores, junto con un apoyo científico, técnico y de innovación para las empresas y las explotaciones agrícolas que produzcan nuevos tipos de productos con el fin de mantener el empleo. Los Fondos Estructurales y de Cohesión, los fondos regionales y los fondos de investigación e innovación deberían ser utilizados con eficacia en los Estados miembros que se vean más afectados por esta posible reestructuración, especialmente en el actual contexto de crisis económica.

3.8

En definitiva, el CESE reconoce que la propuesta de Directiva puede suponer riesgos considerables. Sin embargo, el CESE pide que se tengan en cuenta las mejoras esperadas tanto en lo relativo a la reducción de los gastos sanitarios como a la mejora del nivel de salud, dado que los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar de la Unión Europea un nivel elevado de protección de la salud humana, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3.9

Por otra parte, en la propuesta de Directiva se incluyen dieciséis actos delegados que otorgan a la Comisión Europea poderes para regular y decidir sobre elementos esenciales de la Directiva, cuestión expresamente excluida en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (17). De esta forma, se deja al Consejo, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales casi sin margen de actuación a la hora de regular aspectos fundamentales de la Directiva.

4.1

Las medidas incluidas en la propuesta de Directiva son muy restrictivas y están basadas en criterios tendentes a reducir el atractivo del tabaco con el fin de conseguir los objetivos sanitarios que persiguen. Además, el CESE hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo planes y campañas educativas específicamente dirigidas a los jóvenes europeos. En este sentido, hay que recordar que las propias estimaciones de la Comisión Europea sobre el efecto sanitario que tendrán sus medidas pueden parecer muy poco ambicioso (2 %). Esta progresividad podrá, sin embargo, evitar unos daños económicos graves y, por tanto, potencialmente desproporcionados.

4.1.1

La inclusión de advertencias sanitarias del 75 % en ambas caras más las nuevas leyendas informativas en los laterales del 50 % (artículo 9) no están basadas en pruebas científicas incontrovertibles. Si bien un estudio de Hammond (18) indicaba la eficacia de estas advertencias, otros estudios, como los realizados por la Universidad de Maastricht (19) y por el US FDA (20), demuestran lo contrario, es decir, que las advertencias sanitarias gráficas no son eficaces para reducir la cifra de fumadores. A este respecto, según el Eurobarómetro de la propia Comisión Europea (21), nueve de cada diez fumadores reconocen que las advertencias de gran tamaño no les inducen a dejar de fumar y siete de cada diez creen que este tipo de medidas no contribuye a disminuir el consumo entre los menores. Y una reciente sentencia de un Tribunal Federal de Casación de los Estados Unidos llegó también a la conclusión de que no había evidencia suficiente acerca de estas advertencias sanitarias gráficas de gran tamaño. Así, apunta que no hay «evidencia alguna que acredite que dichas advertencias hayan ocasionado directamente una disminución sustancial en los niveles de tabaquismo en ninguno de los países que los exige actualmente», añadiendo igualmente que «la fuerza acreditativa de las pruebas es muy endeble» (22).

4.2

Este aumento desproporcionado del tamaño de las advertencias sanitarias, además, traerá consigo:

4.3

Lo mismo sucede con la restricción de ingredientes para eliminar sabores o aromas caracterizantes (artículo 6) que no está basada en pruebas científicas como podrían ser la reducción de la toxicidad o adictividad de dichos ingredientes, sino en un criterio tan subjetivo como el de reducir el atractivo del tabaco y en estereotipos subjetivos acerca del tipo de tabaco que fuma cada segmento de edad o sexo. Esta misma subjetividad se demuestra a la hora de prohibir arbitrariamente sin aportar argumentación alguna ciertos formatos, como los cigarrillos slim o delgados, (algo que no fue incluido en la consulta pública ni forma parte del Informe de Impacto), los cigarrillos cortos o toda la categoría de cigarrillos mentolados, fijando un peso mínimo de las bolsas de picadura, estandarizando el formato de las latas de picadura o, más aún, inventándose una nueva categoría de «purito» en contravención de la Directiva 2011/64/UE (24), en vigor desde el pasado 1 de enero de 2011. Esta prohibición de cigarrillos slim y mentolados, muy consumidos en varios países europeos, provocaría que los consumidores no tuvieran acceso a ellos y tuvieran que recurrir al mercado de contrabando para poder adquirirlos. Además, se trata de productos del tabaco consumidos mayoritariamente por fumadores adultos, por lo que en este caso concreto no se puede aplicar el argumento de que es para prevenir el acceso de los menores al consumo de tabaco. En el caso concreto del mentol, por ejemplo, hay que recordar que este tipo de tabaco es consumido fundamentalmente por personas mayores y que, además, países con legislaciones muy desarrolladas en la lucha contra el tabaquismo con estipulaciones muy concretas en cuanto a la prohibición de determinados ingredientes, como Estados Unidos o Canadá, no lo han prohibido, lo que lleva al CESE a proponer que la prohibición relativa al mentol se suprima en la propuesta de Directiva.

4.3.1

En conclusión, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de la Comisión de prohibir nuevos productos en el mercado con sabores a chicle, piña colada o mojito, los denominados «candy-flavored cigarettes», que pueden estar dirigidos fundamentalmente a consumidores jóvenes.

4.3.2

Una restricción excesiva de ingredientes provocaría una estandarización del sabor y, por tanto, la imposibilidad de diferenciarse entre competidores, restringiendo la inversión y el posible lanzamiento de nuevos productos, todo ello en detrimento del consumidor a quien se le va a hurtar su posibilidad de elección.

4.4

El CESE solicita de la Comisión una clara definición y un marco jurídico adecuado a los «productos de riesgo reducido» que sustancien de manera científica indudable una disminución del riesgo con respecto a los cigarrillos convencionales. El concepto de riesgo reducido se aplica a los productos que pueden sustituir a los cigarrillos convencionales pero que implican un riesgo mucho menor para la salud, y no a los productos de cesación. Los productos que contienen tabaco (y no nicotina química) y que, por lo tanto, están sometidos a la Directiva, deben ser objeto de una definición y de una regulación clara que permita comunicar al consumidor sus características.

4.5

Por otra parte, la Comisión Europea incluye en su propuesta de Directiva medidas dirigidas a reducir el comercio ilícito de tabaco. Así, por ejemplo, la Comisión Europea establece en el artículo 14 de la propuesta un sistema de seguimiento y rastreo, así como diferentes medidas de seguridad añadidas, para que en la Unión Europea solo se vendan productos que cumplan lo establecido en la Directiva. Esta medida supondrá una carga económica y administrativa desproporcionada que muchas pequeñas y medianas empresas no podrán asumir y, lejos de reducir el comercio ilícito, supondrá una mayor carga administrativa para los Estados miembros a la hora de realizar el control. Además, este sistema no servirá para frenar el contrabando y el comercio ilícito que, en cambio, sí se verán favorecidos por el resto de las medidas de la propuesta de Directiva. En este sentido, el CESE considera que las estipulaciones del artículo 14 de la propuesta de Directiva deberían ser exactamente las mismas que las cláusulas sobre seguimiento y trazabilidad incluidas en el Protocolo para Comercio Ilícito que fue concluido a finales del pasado año por la Conferencia de las Partes de la OMS (25).

4.6

Por último, la Directiva permitirá a la Comisión Europea la posibilidad de regular y modificar, mediante la proliferación de actos delegados, aspectos fundamentales como, por ejemplo, los niveles de aditivos, la redacción de advertencias sanitarias y su ubicación y tamaño. En este sentido, se deja a los Estados casi sin margen de actuación en la regulación de esta Directiva, lo que supone un grado de intervencionismo extremo, pocas veces empleado hasta ahora en la Unión Europea, que vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, como ya están alegando los parlamentos nacionales de ocho Estados miembros (26) (Italia, República Checa, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Portugal, Rumanía y Suecia). En el caso de Italia, su Parlamento no sólo ha señalado que la propuesta vulnera estos principios, sino que destaca también que algunos de los modelos de cigarrillos prohibidos como los slim o los cigarrillos bajos en alquitrán pueden ser un instrumento útil en una política dirigida a reducir o abandonar el hábito de consumo (27).

4.6.1

Por ejemplo, la propuesta de Directiva, en sus artículos 8, 9 y 11, permite a la Comisión Europea, mediante acto delegado, modificar la redacción de las advertencias sanitarias y su diseño, presentación, formato y ubicación. También en el artículo 6 se permite a la Comisión, mediante acto delegado, decidir los contenidos y niveles máximos de los aditivos.

4.6.2

En el caso de los cigarros, cigarritos y tabaco de pipa, la propuesta de Directiva se reserva además la potestad de eliminar de forma automática ciertas excepciones recogidas en el texto si se produce un «cambio sustancial de circunstancias», cambio que se liga a un aumento del volumen de ventas de al menos un 10 % en, al menos, diez de los Estados miembros, o de un 5 % en fumadores de menos de 25 años. La Comisión no es consciente de que en diez de los actuales 27 Estados miembros el mercado de estos productos es extremamente pequeño y una variación de un 10 % podría producirse fácilmente, careciendo así de todo sentido la medida y generando una gran incertidumbre legal en este subsector.

4.7

Si bien la delegación de poderes, mediante actos delegados, está prevista en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es necesario que estos cumplan una serie de requisitos. Así, solo se podrá realizar un acto delegado en elementos no esenciales de un acto legislativo, algo que no sucede con esta propuesta.

«1.

Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.».