13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/1

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vista la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 «Materializar la renovación de Europa» (1),

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vista su resolución de 15 de diciembre de 2011 sobre el tema «Prioridades del Comité de las Regiones para 2012 basadas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea» (2),

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vista su resolución de 16 de febrero de 2012 para el Consejo Europeo de primavera 2012 sobre el proyecto de Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (3),

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visto el Protocolo de cooperación vigente entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones firmado el 16 de febrero de 2012,

1.

tiene el convencimiento de que, aunque la Unión Europea afronta enormes desafíos a la hora de abordar la actual crisis financiera, económica, social y política, es necesario con urgencia un programa de trabajo ambicioso de la Comisión Europea para 2013 que impulse el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la calidad de vida en Europa y contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos en el proceso de integración europea;

2.

considera que la recuperación debe apoyarse en dos pilares de reformas estructurales igual de importantes: relanzar el crecimiento y garantizar la disciplina presupuestaria;

3.

apoya una mayor integración económica y un mejor alineamiento de las prioridades políticas, ingresos y gastos entre todos los niveles de gobierno, respetando al mismo tiempo la autonomía y los poderes de los gobiernos nacionales, regionales y locales; tomando como base los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, rechaza toda renacionalización o centralización implícitas o explícitas de las políticas;

4.

pide a la Comisión Europea que se oponga a los intentos de utilizar acuerdos intergubernamentales para eludir los procedimientos democráticos de la Unión acordados en los Tratados, sin poner por ello en tela de juicio las cooperaciones reforzadas previstas en el Tratado de Lisboa;

5.

recuerda la posición del CDR (4) consistente en que una pronta adopción del próximo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020 a finales de 2012 sería una señal importante de que la UE puede responder a los desafíos globales con su propia estrategia para el crecimiento, el empleo y la competitividad, y un requisito para garantizar que la política de cohesión siga siendo operativa;

6.

reitera que el presupuesto de la UE es un presupuesto de inversión, que deben rechazarse las propuestas de recortes en la financiación de programas que son parte integrante de la agenda de la UE para el crecimiento, y que es necesario crear nuevos recursos propios, sobre todo con miras a sustituir las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE;

7.

reitera la determinación de las autoridades regionales y locales a participar en la simplificación de los fondos de la UE y en la revisión de la regulación financiera, al objeto de reducir la burocracia, aumentar el efecto multiplicador de los fondos públicos a nivel regional, nacional y de la UE y garantizar transparencia y la debida rendición de cuentas ante los contribuyentes de la UE;

8.

considera que la Comisión Europea debería presentar un análisis del impacto del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria sobre los entes locales y regionales y, en particular, sobre la manera de preservar la autonomía fiscal local y regional;

9.

apoya los esfuerzos destinados a asegurar la disciplina presupuestaria, en particular en lo que se refiere al control de los altos niveles de deuda pública que representan una grave amenaza para la solidaridad entre generaciones. Al mismo tiempo, la existencia de suficientes capacidades de inversión de los entes locales y regionales podrá asegurar el crecimiento sostenible a través de la inversión adecuada, por ejemplo mediante la ejecución de proyectos cofinanciados por los fondos europeos y la contratación pública;

10.

reitera su llamamiento a la Comisión para que incorpore el artículo 9 del TFUE sobre la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social en todas sus propuestas; por consiguiente, insta a la Comisión a que presente recomendaciones equilibradas en el contexto del semestre europeo y tenga en cuenta estas obligaciones del Tratado para toda legislación relativa a la crisis financiera y económica;

11.

pide a la Comisión que coopere con el Comité de las Regiones en la elaboración de una Ley Europea de Procedimiento Administrativo;

12.

señala que, aunque el Semestre Europeo puede contribuir al crecimiento económico, la disciplina fiscal y los retos estructurales, la Comisión Europea y los Estados miembros deben anticipar y vigilar estrechamente el impacto de estas medidas en la autonomía de los entes locales y regionales;

13.

acoge muy favorablemente el nuevo «PACTO POR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO», tal como lo decidió el Consejo Europeo de junio de 2012, y apoya su exhortación a «movilizar todas las palancas, instrumentos y políticas para ello, a todos los niveles de gobernanza de la Unión Europea», al objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (5);

14.

apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para mejorar los mecanismos de gobernanza y en particular el principio de cooperación en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas nacionales de reforma; no obstante, pide a la Comisión Europea que incluya una evaluación de estos aspectos en cada una de las recomendaciones específicas por países;

15.

recuerda la necesidad de incluir estructuras orientadas a la consecución de resultados, como pactos territoriales, en los programas nacionales de reforma (6); además deberían reconocerse y apoyarse iniciativas que fomenten la competitividad y la innovación a nivel local y regional, como la etiqueta de región empresarial europea;

16.

espera reforzar su cooperación con la Comisión Europea a lo largo de todo el ciclo político de Europa 2020, y pide participar en la elaboración de la encuesta anual sobre el crecimiento;

17.

sugiere que la Comisión Europea facilite con regularidad información actualizada sobre la realización de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020, informando en particular sobre la participación en la misma de los entes locales y regionales;

18.

pide a la Comisión Europea que en 2013, en el contexto de la evaluación intermedia de la estrategia, señale cómo pretende garantizar una mayor participación de los entes locales y regionales en este ámbito;

19.

pide que cualquier reasignación de fondos estructurales no utilizados a una nueva agenda de crecimiento respete el principio de subsidiariedad y cuente con la participación de los entes locales y regionales;

20.

insta a la Comisión Europea que siga abordando desafíos clave como el desempleo juvenil y el empleo de los trabajadores mayores de 55 años, así como de los grupos desfavorecidos desde el punto de vista social, teniendo en cuenta el papel fundamental de los entes locales y regionales; pide en particular a la Comisión Europea que presente una propuesta de recomendación del Consejo para la elaboración de un Reglamento sobre la «Garantía juvenil»; pide que se incluya una dimensión local y regional concreta en los planes nacionales de empleo;

21.

insta a la Comisión a que garantice que la próxima recomendación sobre la pobreza infantil y el bienestar del niño incorpore las sugerencias formuladas en el Dictamen del CDR sobre la pobreza infantil de febrero de 2012 (CDR 333/2011), en particular la adopción de una estrategia global contra la pobreza infantil y la exclusión social que contemple los niveles nacional, regional y local, así como la creación de un marco de seguimiento basado en indicadores apropiados, que esté también vinculado al mecanismo de información existente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El CDR está convencido de que en el año 2013 será necesario proceder a una evaluación de los efectos de la crisis en la pobreza infantil, basándose en los informes específicos de los Estados miembros elaborados en el marco de los programas nacionales de reforma y de la estrategia UE 2020;

22.

recuerda que, en tiempos de crisis y austeridad, el presupuesto de la UE debería impulsar la cofinanciación pública y privada lo más posible en todos los niveles de gobernanza (7); lamenta la ausencia de datos estadísticos que permitan una evaluación seria de estos efectos de palanca y multiplicadores;

23.

apoya la intención de la Comisión Europea de presentar un informe sobre la calidad del gasto público (8), y recomienda la separación del gasto corriente y la inversión en el cálculo del déficit presupuestario, a fin de evitar que las inversiones con beneficios netos a largo plazo se contabilicen como negativas;

24.

señala que pueden buscarse sinergias, en particular entre los presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales, siempre que se establezcan mecanismos de coordinación adecuados y eficaces, como la interoperabilidad entre las administraciones públicas responsables de las cuestiones presupuestarias, normas de contabilidad armonizadas de las finanzas públicas y ciclos presupuestarios y estructuras presupuestarias comparables, y pide a la Comisión Europea que elabore un Libro Verde a fin de estudiar posibles medidas concretas en este ámbito;

25.

pide a la Comisión Europea que incorpore un Acta del Mercado Único III en su Programa de Trabajo para 2013, que debería incluir todas las iniciativas políticas restantes del Acta del Mercado Único sobre las que aún no se haya actuado, y mantener un equilibrio entre los pilares económico, social y de gobernanza con respecto a las cuatro libertades fundamentales;

26.

pide a la Comisión que preste especial atención a seguir mejorando la movilidad transfronteriza de los trabajadores, salvaguardando sus derechos, y solicita que se mejore el sistema de reconocimiento de cualificaciones a fin de apoyar la movilidad de los profesionales;

27.

Insta a la Comisión Europea a retirar su propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, que ha desencadenado la puesta en marcha de la alerta temprana sobre la subsidiariedad por parte de doce Parlamentos nacionales;

28.

destaca el importante papel de las pymes en la regeneración económica y en el empleo a nivel local y regional, que puede potenciarse con la participación de pymes, universidades y entes locales y regionales en los programas de financiación de la investigación y la innovación de la UE;

29.

pide a la Comisión Europea que facilite el acceso de las pymes a la financiación y a la contratación pública, y que siga reduciendo la carga administrativa;

30.

espera que la Comisión Europea cuente con el CDR en la revisión de la iniciativa emblemática sobre política industrial;

31.

apoya la petición del Parlamento Europeo a la Comisión para que presente, en enero de 2013, con fundamento en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de directiva para garantizar el acceso a los servicios de pago básicos a todos los consumidores que residan legalmente en la Unión;

32.

reitera su llamamiento para adoptar una agenda europea de vivienda social que clarifique las normas de competencia aplicables a la vivienda social y capacite a los entes locales y regionales para proporcionar viviendas sociales decentes y accesibles, promover la mezcla social y combatir la discriminación;

33.

pide a la Comisión Europea que, tras la retirada de una primera propuesta de reglamento sobre el estatuto de las mutualidades europeas, presente rápidamente un proyecto de propuesta revisada.

34.

insta a que en 2013 se haga un seguimiento de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 a fin de garantizar que los entes locales y regionales puedan fomentar la energía sostenible descentralizada, e infraestructuras energéticas como las redes inteligentes interconectadas, como elemento clave de la eficiencia en el uso de los recursos y la economía verde; pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que desarrolle un marco de inversión global con el horizonte temporal de 2030, a fin de proporcionar la certidumbre necesaria tanto a los agentes del mercado como a los entes locales y regionales;

35.

pide a la Comisión Europea que evalúe las diferentes opciones para crear un nuevo instrumento financiero gestionado de forma descentralizada, que promueva la aplicación por los entes regionales y locales y, en particular, por los socios del Pacto de los Alcaldes, de planes de acción en materia de energía sostenible (PAES); aboga asimismo por una mejor agrupación de las medidas de ayuda financiera a la eficiencia energética y la conservación de energía en los futuros programas de financiación de la UE (9);

36.

pide a la Comisión Europea que tome medidas para resolver los problemas de conectividad entre los Estados miembros y entre las regiones de los Estados miembros, y que promueva medidas para facilitar la difusión de la microproducción de energía y su integración en las redes de distribución;

37.

pide que se facilite el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los entes locales y regionales a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para las inversiones en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías renovables;

38.

insiste en la necesidad de cumplir el objetivo de adoptar a principios de 2013 el paquete legislativo sobre la política de cohesión 2014-2020, a fin de permitir a los entes locales y regionales iniciar los programas de los Fondos Estructurales el 1 de enero de 2014;

39.

pide a EUROSTAT, en conjunción con los institutos nacionales de estadística, que satisfaga la necesidad de unos datos sobre el PIB regional más oportunamente comparables;

40.

recuerda la necesidad de tener en cuenta la dimensión territorial de las políticas de la UE de manera más coherente y estricta; sugiere que la Comisión Europea incluya estos elementos en sus futuras actividades de evaluación de impacto y que informe sobre ellos con regularidad (10);

41.

insta a la Comisión Europea a ampliar el plan de desplazamiento temporal de funcionarios públicos de la UE al nivel subnacional (en lugar de centrarse solo en el nivel nacional) con el fin de mejorar el conocimiento en las instituciones europeas sobre la aplicación de la legislación y los proyectos de la UE a nivel local y regional;

42.

está a la espera de la próxima propuesta sobre el futuro de la política portuaria de la UE; pide que la propuesta se someta a una evaluación de impacto territorial, y se muestra dispuesto a contribuir a este ejercicio;

43.

señala la importancia de la movilidad urbana sostenible, y sugiere que se fomenten los billetes electrónicos e inteligentes en todos los modos de transporte, incluidos el autobús, el ferrocarril, los transbordadores, el uso compartido del automóvil y la bicicleta, así como los peajes de carretera, a fin de alentar una mejor interoperabilidad entre sistemas y un mayor uso del transporte público:

44.

observa que la tendencia correspondiente a una ralentización de la evolución positiva de la calidad del aire se deriva, en gran parte, del carácter excesivamente timorato de la política de la UE basada en la fuente y de falta de normas nacionales. La carga y la responsabilidad de resolver los problemas de la calidad del aire recae en gran medida en los entes locales y regionales (11); aguarda con expectación propuestas relativas a cómo abordar estos problemas en la próxima revisión de la legislación de la UE sobre la calidad del aire;

45.

espera que en esta revisión se alineen los niveles de ambición y los calendarios de la política de la UE en materia de emisiones (fuentes de contaminación) e inmisiones y que, en particular, se refuerce la directiva sobre techos nacionales de emisión (NEC) a fin de reducir las tasas de concentración de fondo; que se hagan más estrictas las normas relativas a las emisiones de NO2/Nox y partículas para los vehículos, y que también se aborden las emisiones procedentes de la navegación, el tráfico aéreo y la agricultura, simplificando los indicadores y los criterios de medición; pide asimismo que la política de la UE en materia de calidad del aire se integre con otras políticas, en particular en materia de transporte, vivienda, industria, energía y clima;

46.

solicita que la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE incluya una sección sobre las medidas de adaptación específicas a nivel regional y municipal, así como orientaciones y apoyo a los responsables de las decisiones locales y regionales; también debería estudiarse la creación de un grupo de trabajo sobre estrategias de adaptación en regiones europeas especialmente vulnerables, que reúna a representantes del CDR, de la DG «Acción por el Clima», el EEE, el Centro Común de Investigación y las redes y asociaciones locales y regionales.

47.

destaca la necesidad de una comunicación específica sobre un nuevo régimen de calidad de la UE para los productos alimenticios locales, ya que los sistemas alimentarios locales apoyan la economía local y regional mediante la creación de empleo en la agricultura y la producción de alimentos;

48.

consideraría oportuna una mayor flexibilidad de la Comisión en su contribución a la búsqueda de una salida al actual punto muerto entre el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la base jurídica relativa a los planes plurianuales para el sector de la pesca; desea la ampliación de las iniciativas, en el ámbito del paquete de propuestas para la reforma de la política pesquera común, en aras de una mayor descentralización de la política pesquera y medidas de acción adaptadas a las necesidades y retos que afrontan las regiones costeras y las aguas interiores;

49.

apoya el desarrollo de la estrategia de cuenca marítima como una herramienta de política marítima integrada, pero considera que estas estrategias, como la que se adoptará para la región atlántica en 2013, deben incluir una dimensión territorial más fuerte y aprovechar las enseñanzas del planteamiento de la estrategia macrorregional;

50.

pide que la dimensión local y regional se tenga en cuenta en las iniciativas destinadas a ampliar y reforzar los derechos de los ciudadanos, así como en los esfuerzos encaminados a recuperar la confianza de los ciudadanos en la UE y sus instituciones, e insiste en la necesidad de promover la participación de los niños y los jóvenes dada su capacidad para ejercer los derechos y responsabilidades de la ciudadanía; solicita a la Comisión que, en las actividades programadas en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 –al que el CDR tiene intención de contribuir–, se centre en este desafío;

51.

se compromete a contribuir al seguimiento de iniciativas ciudadanas europeas exitosas, en colaboración con las demás instituciones de la UE;

52.

pide que se facilite el acceso de los agentes locales y regionales de los países de la política europea de vecindad (PEV) a los fondos específicos de la UE para este ámbito, y apoya la apertura de los programas existentes, incluida la agrupación europea de cooperación territorial (AECT), a socios de los países de la vecindad;

53.

reitera su intención de proseguir la cooperación fructífera con la Comisión Europea en el contexto del Instrumento para la Administración Local, a fin de mejorar el desarrollo de capacidades locales y fomentar el conocimiento de la UE y sus procedimientos en los países candidatos y precandidatos; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliarlo a los gobiernos locales de los países de la PEV;

54.

confía en que sus recomendaciones se tendrán debidamente en cuenta en el proceso de elaboración del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013, y encarga a la presidenta del Comité de las Regiones que presente esta resolución al presidente de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, al presidente del Parlamento Europeo, a la Presidencia chipriota del Consejo de la UE y a las próximas presidencias irlandesa y lituana.