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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

INFORME PROVISIONAL sobre los avances de Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

1.           Introducción

El presente Informe Provisional presenta una actualización de carácter técnico de los hechos importantes producidos en Rumanía en los últimos seis meses en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1] después del último informe de la Comisión, publicado en julio de 2011. La actualización se centra en las medidas que se han ultimado o se ultimarán en breve y señala a la vez las intervenciones que aún no se han emprendido.

Las recomendaciones del último informe de aplicación adoptado por la Comisión el 20 de julio de 2011 sirven de referencia para evaluar el progreso obtenido en relación con los indicadores y señalar las tareas pendientes. En el verano de 2012, la Comisión presentará una evaluación general de los avances realizados por Bulgaria en el marco del MCV desde su adhesión a la Unión.

2.           Reforma judicial y lucha contra la corrupción: Resumen de la evolución a la luz de las recomendaciones de la Comisión

La respuesta de Rumanía a las recomendaciones de la Comisión muestra distintos elementos. En octubre de 2011 entró en vigor sin contratiempos el nuevo Código Civil, al que se espera que siga en junio de 2012 la Ley de Enjuiciamiento Civil. La agilización de los juicios de corrupción a alto nivel por parte del Alto Tribunal de Casación y Justicia ha ayudado a atender las recomendaciones de la Comisión sobre el riesgo de prescripción de algunos casos de corrupción a alto nivel. Esto podría tener un impacto duradero racionalizando el proceso judicial y garantizando resoluciones judiciales firmes dentro de plazo. Las propuestas legislativas sobre ampliación de las medidas de confiscación han progresado en el Parlamento. La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y la Agencia Nacional de Integridad (ANI) han seguido impulsando diversas causas importantes, incluidas algunas que enjuician a un número considerable de políticos y funcionarios de alto nivel. Las nuevas leyes sobre reforma del sistema de nombramientos al Alto Tribunal de Casación y Justicia y sobre la responsabilidad disciplinaria de los magistrados establecen marcos que apuntan a una claridad y un rigor mayores. Y se ha esbozado una completa estrategia nacional anticorrupción.

La marcha de estos asuntos en Rumanía durante los últimos meses señala también distintas áreas en que se precisa seguir trabajando para atender a las recomendaciones de la Comisión. Los trabajos preparatorios para aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben proseguirse en materias como la contratación específica y el reequilibrio de recursos entre órganos judiciales e inscribirse en un plan de aplicación claro y completo. La capacidad de la jerarquía judicial para responder adecuadamente a los problemas relacionados con la honorabilidad y la responsabilidad del cuerpo judicial sigue siendo motivo de preocupación pública. Las resoluciones dictadas en causas judiciales clave deberán seguir contribuyendo a atajar eficazmente la corrupción a alto nivel. La buena acogida obtenida por el proyecto de estrategia nacional anticorrupción debe verse respaldada claramente por todas las instituciones para tener un alcance máximo. Se necesita seguir trabajando para garantizar resultados más convincentes en la recuperación de los beneficios de origen delictivo.  

Así pues, durante los próximos meses se necesita seguir trabajando para exhibir resultados convincentes en previsión de la evaluación general que hará la Comisión en el verano de 2012 sobre los avances de Rumanía en el marco del MCV desde su adhesión a la UE. La Comisión seguirá apoyando a Rumanía en esta empresa.

4.           Balance actualizado

Reforma judicial

Para aplicar los objetivos de la reforma judicial, la Comisión recomendó sobre todo a Rumanía que adoptara un plan de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que previera recursos suficientes para la necesaria reorganización del sistema judicial, mejorara la formación y la contratación, reforzara la capacidad del Instituto Nacional de la Magistratura y estableciera un marco de cooperación entre el cuerpo judicial y la sociedad civil para controlar el progreso de la reforma judicial.

El 1 de octubre entró en vigor sin contratiempos el nuevo Código Civil, que vino acompañado de diversas iniciativas de formación y concienciación. Teniendo en cuenta los estudios de impacto terminados en noviembre de 2011, la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha anunciado recientemente para junio de 2012. El resto de códigos entrará en vigor en marzo de 2013, para dar tiempo a que se contraten grandes plantillas de magistrados y administradores y se reestructure el sistema judicial. En los últimos meses se han registrado avances en la legislación de desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en noviembre finalizaron los estudios de impacto de todos los códigos. Los recientes anuncios de aplicación deben venir seguidos de leyes que los desarrollen y de la finalización de un plan general de aplicación que implique a todas las instancias del Parlamento, del Gobierno, del cuerpo judicial y de la sociedad civil e incluya medidas de preparación necesarias como contratación específica, reorganización del sistema de tribunales y formación.

Después del último informe de la Comisión, Rumanía lanzó un proyecto para desarrollar normas sobre la carga de trabajo óptima de los tribunales cuyos primeros resultados están previstos para verano de este año. En breve se iniciará una revisión funcional del sistema judicial que se completará antes de finales de 2012. El Consejo Suprerior de la Magistratura ha reasignado diversas vacantes; pero siguen dándose desequilibrios importantes de carga de trabajo entre los distintos tribunales y fiscalías.

Una propuesta para armonizar los exámenes de acceso y reforzar la formación inicial impartida a los magistrados está a la espera de su aprobación por el Consejo Superior de la Magistratura. También se han hecho propuestas para asignar puestos adicionales al Instituto Nacional de la Magistratura y mejorar las posibilidades de formación. Igualmente se ha previsto financiación para 15 formadores más del Instituto.

Para mejorar la rendición de cuentas del sistema judicial, la Comisión recomendó sobre todo a Rumanía que certificara una trayectoria de decisiones de gestión transparentes y objetivas, que continuara la reforma de la inspección judicial, lograra publicar electrónicamente toda la jurisprudencia y publicara con puntualidad las motivaciones judiciales.

Después del último informe de la Comisión, Rumanía ha adoptado legislación para reforzar la responsabilidad disciplinaria del cuerpo judicial. La ley en cuestión modifica el régimen de infracciones disciplinarias, aumenta las sanciones y refuerza la independencia de la inspección judicial. Elimina también la posibilidad de que los magistrados esquiven sanciones disciplinarias jubilándose mientras esté en curso un proceso de disciplina. En noviembre, el Consejo Superior de la Magistratura adoptó un plan de estrategia y acción para mejorar la honorabilidad de los miembros del cuerpo judicial. No obstante, tras recientes investigaciones penales que implicaban a altos magistrados, se han puesto públicamente en duda la voluntad y la capacidad del Consejo para garantizar la honorabilidad y la responsabilidad del cuerpo judicial. En un caso importante de supuesta corrupción a alto nivel, las autoridades judiciales no cesaron al juez en cuestión, que ocupaba un puesto directivo. En este caso se inició la investigación disciplinaria pero se suspendió a continuación con la justificación de que había pendiente una investigación penal. Este caso revela deficiencias claras en la capacidad de la jerarquía judicial para emprender acciones cuando se enfrenta a riesgos graves para la reputación del cuerpo. Hay pocas medidas significativas que respondan a las recomendaciones de la Comisión relativas a la eficacia de la inspección judicial.

Ciertos nombramientos a puestos del Alto Tribunal de Casación y Justicia realizados en agosto se criticaron por falta de transparencia y objetividad. No obstante, en diciembre Rumanía adoptó una nueva ley que había sido reintroducida por el Gobierno para reformar los nombramientos al Alto Tribunal de Casación y Justicia. La ley introduce mejoras de calibre en el sistema de nombramientos y puede tener una contribución significativa para reformar el Alto Tribunal. El impacto de esta ley dependerá del compromiso de las instituciones competentes para garantizar su aplicación. Deberá completarse con una provisión rápida de vacantes, especialmente en la sala de lo penal, realizada en un proceso de contratación transparente y basado en los méritos. Una nueva reorganización del Alto Tribunal ayudaría a reforzar la capacidad del Tribunal para tramitar eficazmente las cuestiones prejudiciales, lo que representará un instrumento clave para unificar jurídicamente los nuevos códigos.

Siguen sin publicarse completamente, al día y en línea las resoluciones judiciales motivadas. La publicación de las motivaciones de las resoluciones judiciales en los plazos prescritos por ley debe realizarse con carácter general, sobre todo porque se corre el riesgo de que, en algunos casos de corrupción a alto nivel, la postergación de las motivaciones pueda, al diferir eventuales recursos, provocar la prescripción de los casos.

Lucha contra la corrupción

Para mejorar la eficacia de las actuaciones judiciales ante la corrupción a alto nivel, la Comisión recomendó sobre todo a Rumanía que mejorara la gestión de los casos y la práctica judicial en los juicios por corrupción a alto nivel y que buscara implantar en esta materia sanciones judiciales más disuasorias y coherentes. La Comisión recomendaba también que Rumanía prosiguiera con la reforma del Alto Tribunal de Casación y Justicia, que demostrara mejores resultados ante el fraude en las contrataciones públicas y que adoptara normas procesales para levantar la inmunidad parlamentaria.

Después del último informe de la Comisión, el Alto Tribunal de Casación y Justicia ha adoptado diversas medidas de gestión y administración para agilizar los juicios por corrupción a alto nivel, especialmente los que corrían peligro de prescribir. Dichas medidas incluían dar prioridad a los casos más próximos a la prescripción y el uso provisional de salas libres en otros tribunales para celebrar más audiencias. En noviembre de 2011 se destinó al Alto Tribunal un edificio adicional. Estas medidas han acelerado una serie de causas que estaban pendientes en el Alto Tribunal y han aumentado también el número de condenas. Durante 2011, se resolvieron en primera instancia a nivel de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal de Casación y Justicia 15 casos; en 2010 se habían resuelto dos. El Alto Tribunal dictó resoluciones definitivas en nueve casos de corrupción a alto nivel.

El Alto Tribunal de Casación y Justicia publicó directrices para sentencias en determinados delitos de corrupción basadas en un análisis de las resoluciones judiciales firmes. Los profesionales consideran útiles estas directrices, que pueden ampliarse, difundirse más e integrarse en los planes de formación y cuya aplicación podría supervisarse. El análisis de las sentencias judiciales por corrupción a alto nivel indica que las condenas se reducen frecuentemente al mínimo legal y que más del 60 % de las sentencias se suspende.

La DNA siguió haciendo las veces de oficina fiscal eficaz en casos de corrupción a alto nivel. En 2011 ha aumentado el número de imputaciones, resoluciones y condenas. Al agilizarse los procesos en el Alto Tribunal de Casación y Justicia, fue en las resoluciones judiciales firmes donde esto quedó más patente: En 2011 se adoptaron 158 resoluciones firmes en casos del DNA, una cifra que fue de 85 en 2010. Esta actividad siguió afectando a un número considerable de políticos y funcionarios de alto nivel. La Dirección General Anticorrupción del Ministerio de Administración e Interior ha adoptado medidas para consolidar su trabajo de lucha contra la corrupción.

Desde julio pasado, ha habido 5 condenas en primera instancia de 13 imputados en casos de contratación pública. Por delitos cometidos contra los intereses financieros de la Unión Europea se han pronunciado desde julio 5 condenas firmes y 4 no firmes. La importancia de los contratos públicos en la economía rumana sugiere que es preciso un esfuerzo especial para que las causas prosperen con eficacia y rapidez. Para mejorar la eficacia de los procesos judiciales sigue siendo necesario mejorar la preparación financiera y contable de los magistrados y poder recurrir más fácilmente a peritos externos cualificados. Un enfoque proactivo para desarrollar una jurisprudencia coherente en los juicios por delitos relacionados con la contratación pública contribuiría también a garantizar que se completaran los procesos judiciales.

Para abordar las deficiencias de la praxis judicial en los juicios por corrupción a alto nivel, el Instituto Nacional de la Magistratura y el Alto Tribunal, secundados por el DNA, han organizado diversos seminarios, encuentros y sesiones de formación. Estas medidas serían más útiles si se aplicaran de manera más sistemática y se plasmaran en un plan de acción global que mejorara de forma general la praxis judicial en las causas por corrupción a alto nivel. Debería atenderse especialmente a mejorar las normas de autorización y financiación de las pruebas forenses en los juicios y a las motivaciones utilizadas para aplazar las sesiones del tribunal.

Rumanía ha preparado un análisis comparativo de los usos de otros Estados miembros en lo que se refiere al procedimiento de suspensión de inmunidad de los miembros del Parlamento y ha incluido el asunto en el proyecto de nueva estrategia nacional anticorrupción. Como autoridad competente para adoptar nuevas normas, corresponde ahora al Parlamento impulsar este asunto.

Para aplicar con más eficacia políticas de integridad personal, la Comisión recomendó a Rumanía que demostrara un historial de sanciones en la ejecución de los dictámenes de la Agencia Nacional de Integridad (ANI), que mejorara y unificara la práctica de las comisiones de investigación de la riqueza y que ampliara la capacidad investigadora de la ANI y su cooperación con otras instituciones.

Después del último informe de la Comisión, la Agencia Nacional de Integridad (ANI) se ha beneficiado de un aumento de presupuesto significativo y ha recibido recursos considerables de la UE para mejorar su sistema de información y sus procedimientos. ANI ha suscrito una serie de acuerdos de cooperación con otras instituciones y llevado a cabo una primera evaluación de riesgo selectiva y controles a gran escala en casos de conflictos de intereses en la contratación pública a nivel local y regional.

El historial de la ANI ha crecido en los últimos meses. De acuerdo con su nueva base jurídica, desde 2010 la ANI ha investigado 18 casos que arrojan un importe de 5,7 millones EUR de posibles activos no justificados, 23 casos de conflictos de interés administrativo y 118 casos de incompatibilidades. El seguimiento judicial y administrativo de estos casos ha sido dispar. En dos primeros casos que tramitó la ANI con arreglo a su antiguo estatuto, las resoluciones definitivas del Alto Tribunal confirmaron la existencia de activos no justificados cuya confiscación dictó. Tras detectarse la existencia de incompatibilidades con arreglo al nuevo estatuto, se cesó a un cargo público, se impusieron sanciones en dos otros casos y otros seis cargos públicos dimitieron.

Una plétora de casos, relacionados sobre todo con conflictos de intereses, está aún pendiente de resolución judicial. El proceso se ha complicado con la creación de comisiones de investigación de la riqueza, constituidas en agosto de 2010 para mediar entre la ANI y los tribunales. Actualmente se están desarrollando directrices comunes o normas de funcionamiento para mejorar la eficacia de los procedimientos y armonizar las prácticas. Durante los últimos meses se ha impartido una serie de seminarios de formación para fomentar las buenas prácticas. Los tribunales deberán aún resolver en un caso de base que establecerá si la ANI tiene o no competencia para iniciar procesos de recurso contra resoluciones desestimatorias dictadas por las comisiones.

El potencial efecto disuasorio de los casos de la ANI se ve mermado por los retrasos y la falta de coherencia del seguimiento judicial y aministrativo de los casos. Los intentos de volver a discutir la independencia jurídica e institucional de la ANI han quitado también impulso al trabajo de consolidación del historial de la ANI. El inminente nombramiento de un nuevo presidente de la ANI será una oportunidad para subrayar la estabilidad y honorabilidad institucional del ANI.

Para lograr mejores resultados en la lucha contra la corrupción, la Comisión recomendó a Rumanía que mejorara la coordinación al máximo nivel, desarrollara una nueva estrategia anticorrupción plurianual y estableciera un grupo de control al efecto. La Comisión recomendaba también a Rumanía que demostrara resultados convincentes en la recuperación de los beneficios del delito y del blanqueo de dinero, aprobando una nueva ley sobre ampliación de los supuestos de confiscación, desarrollando normas de prevención de conflicto de intereses en la gestión de fondos públicos y reforzando los procedimientos y la capacidad de las autoridades competentes en materia de contratación pública.

Después del último informe de la Comisión, Rumanía ha desarrollado una nueva propuesta de estrategia anticorrupción que ha sido bien acogida por expertos y profesionales. La aplicación eficaz y el impacto de la estrategia dependerán de un apoyo y un respaldo políticos amplios. La aprobación de la estrategia por el Parlamento sería un signo positivo importante. Un mecanismo de control visible podría reforzar su impacto; también sería fundamental que todos los departamentos gubernamentales aplicaran la estrategia en su áreas respectivas y redactaran un informe de resultados. Desde el verano, se ha obtenido también financiación de la UE para diversos proyectos de lucha contra la corrupción, algunos de ellos en los Ministerios de Educación, Sanidad y Administración e Interior. La estrategia ha comenzado a aplicarse y ahora se esperan los resultados. A efectos de disuasión, la expulsión de su partido de un político al iniciarse una investigación de corrupción a alto nivel se ha visto como ejemplo fuerte de auténtica rendición pública de cuentas. Sin embargo, otros seis miembros del Parlamento condenados por corrupción mantienen sus escaños en el Parlamento.

Si el proyecto de ley sobre ampliación de medidas de confiscación que se debate actualmente en el Parlamento se aprueba conforme a la propuesta, se incrementaría significativamente la capacidad disuasoria de las sanciones. La ley debería acompañarse de medidas que garantizaran que las sanciones pecuniarias impuestas por los tribunales se ejecuten realmente. Aún están por demostrar resultados convincentes en la recuperación de los beneficios del delito. Las medidas tomadas por el Fiscal General supusieron un incremento notable del total de activos inmovilizados en 2011. En las fiscalías se ha distribuido una circular para fomentar la persecución del blanqueo de dinero como delito específico dentro de la legislación vigente.

En diciembre, Rumanía adoptó un código de conducta sobre incompatibilidad y conflicto de intereses en la gestión de fondos de la UE. Al respecto, se ha creado un grupo de trabajo para desarrollar mecanismos que hagan efectivas las nuevas disposiciones.

Después del último informe de la Comisión se aprobaron modificaciones legales y medidas administrativas para reforzar la protección contra las irregularidades y los conflictos de interés en la gestión de fondos públicos. Las medidas incluyen la preparación de documentación normalizada para licitaciones y el refuerzo de la capacidad de la Autoridad Nacional de Regulación y Seguimiento de Contratos Públicos (ANRMAP) para realizar verificaciones previas. La ANRMAP ha suscrito acuerdos de cooperación con otros organismos. Actualmente se discuten otras medidas que podían ayudar a impulsar una aplicación efectiva de la normativa de contratos públicos.

[1]               Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006 , por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO L 354 de 14.12.2006, p. 56).