20.10.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 308/73

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en los Tratados de la UE, que incluyen los principios de no discriminación, los derechos específicos intrínsecos a la ciudadanía de la UE y el derecho a la protección de los datos personales,

B.

Considerando que dichos principios se aplican a través de las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/38/CE y 95/46/CE ya mencionadas,

C.

Considerando que la población gitana europea, que comprende entre 10 y 12 millones de personas, sigue sufriendo sistemáticamente una grave discriminación en la educación (particularmente, la segregación), la vivienda (particularmente, los desalojos forzosos y las infraviviendas, a menudo en guetos), el empleo (una tasa de empleo especialmente baja) y el acceso a la atención sanitaria y otros servicios públicos, y que su nivel de participación política es asombrosamente bajo,

D.

Considerando que la mayoría de los gitanos europeos pasaron a ser ciudadanos de la UE tras las ampliaciones de 2004 y 2007, de modo que ellos y sus familias se benefician así del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,

E.

Considerando que muchos ciudadanos y comunidades gitanas que han decidido establecerse en un Estado miembro de la UE diferente de aquel del que son nacionales se encuentran en una posición especialmente vulnerable,

F.

Considerando que en varios Estados miembros han tenido lugar repatriaciones y devoluciones de gitanos, siendo el ejemplo más reciente el de Francia, donde el Gobierno ha expulsado o bien devuelto «voluntariamente» a cientos de ciudadanos de la UE pertenecientes a la comunidad gitana entre marzo y agosto de 2010,

G.

Considerando que las autoridades francesas invitaron a los Ministros del Interior de Italia, Alemania, Reino Unido, España, Grecia, Canadá y los Estados Unidos y, más tarde, al Ministro del Interior de Bélgica y a representantes de la Comisión Europea, a participar en una reunión en París en septiembre para debatir la «inmigración» y cuestiones relacionadas con la libre circulación que inciden en las competencias de la UE, a la que no fueron invitados otros Estados miembros, y que el Ministro del Interior italiano ha anunciado su intención de presionar para que la UE adopte normas más estrictas en los ámbitos de la inmigración y la libre circulación, especialmente en lo que se refiere a la población gitana,

H.

Considerando que este proceder se ha visto acompañado por la estigmatización de la población gitana y de un antigitanismo general en el discurso político,

I.

Considerando que el tribunal administrativo de Lille ha confirmado su primera decisión judicial de 27 de agosto de 2010 por la que se rechazan las órdenes de deportación de siete personas gitanas, aduciendo que las autoridades no habían demostrado que constituían una «amenaza para el orden público»,

J.

Considerando sus reiterados llamamientos a la Comisión para que desarrolle una estrategia europea para la población gitana que promueva los principios de igualdad de oportunidades e integración social en toda Europa,

K.

Considerando que la UE dispone de diversos instrumentos que pueden utilizarse para combatir la exclusión de los gitanos, como la nueva oportunidad que ofrecen los Fondos Estructurales de dedicar hasta un 2 % de la asignación total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a gastos de vivienda en favor de comunidades marginadas, que entrará en vigor en 2010, o las posibilidades existentes en el marco del Fondo Social Europeo,

L.

Considerando la desigualdad y la lentitud de los progresos realizados en la lucha contra la discriminación de los gitanos por lo que respecta al respeto de sus derechos a la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda y la libre circulación en los Estados miembros, así como la necesidad de aumentar la representación de la población gitana en las estructuras de gobierno y en la Administración pública de los Estados miembros,

1.

Recuerda que la Unión Europea es, por encima de todo, una comunidad basada en valores y principios encaminados a mantener y promover una sociedad abierta e integradora y la ciudadanía de la UE, en particular mediante la prohibición de cualquier forma de discriminación;

2.

Hace hincapié en el derecho de todos los ciudadanos de la UE y sus familias a la libre circulación y residencia en toda la UE, que constituye un aspecto fundamental de la ciudadanía de la UE definida en los Tratados y cuya ejecución discurre a través de la Directiva 2004/38/CE, que todos los Estados miembros han de aplicar y respetar;

3.

Expresa su honda preocupación ante las medidas adoptadas por las autoridades francesas y por las autoridades de otros Estados miembros contra la población gitana e itinerante, que prevén su expulsión; insta a esas autoridades a que suspendan de inmediato todas las expulsiones de gitanos, y pide al mismo tiempo a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que intervengan con la misma petición;

4.

Subraya que la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales prohíben las expulsiones colectivas, y que estas medidas violan los Tratados y el Derecho de la UE, ya que constituyen una discriminación por motivos de raza y origen étnico y una violación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;

5.

Expresa su profunda preocupación, en particular, ante la retórica incendiaria y abiertamente discriminatoria que ha caracterizado al discurso político durante las repatriaciones de personas gitanas, lo que ha conferido cierta credibilidad a las declaraciones racistas y las acciones perpetradas por grupos de extrema derecha; recuerda, por tanto, a los responsables políticos sus responsabilidades y rechaza cualquier declaración que vincule a las minorías y los inmigrantes con la delincuencia y cree estereotipos discriminatorios;

6.

Recuerda, a este respecto, que la Directiva 2004/38/CE contempla limitaciones de la libertad de circulación y la expulsión de ciudadanos de la UE tan solo como excepciones e impone unos límites específicos y claros a tales medidas; observa, en particular, que las decisiones de expulsión han de evaluarse y adoptarse de forma individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias personales, con las debidas garantías procesales y asegurando la posibilidad de recurso (artículos 28, 30 y 31);

7.

Subraya asimismo que, con arreglo a la Directiva 2004/38/CE, la falta de recursos económicos en ningún caso podrá tener por consecuencia automática la expulsión de ciudadanos de la UE (considerando 16, artículo 14), y que la imposición de limitaciones de la libertad de circulación y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública solo podrá basarse en la conducta personal del interesado y no en consideraciones generales de prevención ni en el origen étnico o nacional;

8.

Destaca, además, que la toma de huellas dactilares de las personas gitanas expulsadas es ilegal y contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 21, apartados 1 y 2), a los Tratados y al Derecho de la UE, concretamente las Directivas 2004/38/CE y 2000/43/CE, y supone una discriminación por razones de origen étnico o nacional;

9.

Insta a los Estados miembros a que respeten plenamente sus obligaciones en el marco de la legislación de la UE y eliminen las incongruencias en la aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre la libre circulación; reitera sus anteriores llamamientos a los Estados miembros para que revisen y deroguen aquellas leyes y políticas que, directa o indirectamente, discriminen a la población gitana por motivos de origen racial o étnico, e insta al Consejo y a la Comisión a que supervisen la aplicación, por parte de los Estados miembros, de los Tratados y de las directivas de la UE que establecen medidas contra la discriminación y sobre la libertad de circulación, concretamente en relación con la población gitana, y a que adopten las medidas necesarias en caso de que no se estén aplicando, en particular incoando procedimientos de infracción;

10.

Considera que la situación de la población romaní en Europa no debe afectar en absoluto a la futura adhesión de Rumanía y Bulgaria al Espacio Schengen, ni tampoco a los derechos de los ciudadanos de estos Estados;

11.

Lamenta profundamente la respuesta tardía y limitada de la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, a la necesidad de comprobar la coherencia de las medidas de los Estados miembros con el Derecho primario y la legislación de la UE, y muy particularmente con las mencionadas directivas sobre no discriminación, libre circulación y el derecho a la protección de los datos personales; reitera su preocupación en cuanto a las implicaciones de la distribución actual de competencias en materia de políticas referentes a la población gitana entre los distintos miembros de la Comisión, y pide una sólida coordinación horizontal a fin de garantizar unas respuestas oportunas y efectivas de cara al futuro;

12.

Pide a la Comisión que respalde firmemente los valores y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en los Tratados y que reaccione con prontitud ofreciendo un análisis exhaustivo de la situación en Francia y en todos los Estados miembros por lo que respecta a la conformidad de las políticas aplicadas a la población gitana con la legislación de la UE, que se base también en la información facilitada por las ONG y los representantes de la población gitana;

13.

Manifiesta su honda preocupación por el hecho de que, pese a la urgencia del asunto, la Comisión no haya respondido aún a sus llamamientos, de enero de 2008 y marzo de 2010, para que prepare una estrategia europea para la población gitana, en colaboración con los Estados miembros; reitera su petición a la Comisión para que elabore una estrategia global europea para la integración de la población gitana;

14.

Considera que la UE y todos los Estados miembros tienen la responsabilidad conjunta de promover la integración de la población gitana, y que ello requiere un enfoque global a escala de la UE en forma de estrategia de la UE para la población gitana, basada en los compromisos asumidos en la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en Córdoba:

15.

Lamenta profundamente la falta de voluntad política demostrada por los Estados miembros durante la II Cumbre sobre la Población Gitana, a la que solo asistieron tres ministros, y pide a los Estados miembros que apoyen medidas concretas para materializar los compromisos asumidos en la declaración conjunta de la troika de la Presidencia en la Cumbre sobre la Población Gitana;

16.

Considera esencial establecer un programa complejo de desarrollo que esté orientado simultáneamente a todos los ámbitos políticos relacionados y haga posible la intervención inmediata en guetos con graves desventajas estructurales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en la ejecución de los programas operativos, velen por el estricto cumplimiento de las disposiciones sobre igualdad de oportunidades, de modo que los proyectos no consoliden ni directa ni indirectamente la segregación y la exclusión de la población gitana; destaca que el 10 de febrero de 2010 aprobó un informe sobre la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas, que prevé este tipo de intervenciones en provecho de grupos vulnerables en el marco del FEDER y pide la rápida aplicación del Reglamento revisado, de modo que los Estados miembros puedan aprovechar esta oportunidad;

17.

Solicita que se apliquen eficazmente las políticas dirigidas a las mujeres gitanas, que son víctimas de una doble discriminación: como personas gitanas y como mujeres; pide por consiguiente a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con las ONG, lleven a cabo campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres gitanas y al público en general, y que garanticen la plena aplicación de las disposiciones pertinentes con el fin de luchar contra las tradiciones culturales discriminatorias y los patrones patriarcales de comportamiento, prevenir la polarización y combatir los estereotipos sexistas dominantes y la estigmatización social que sustentan la violencia contra las mujeres, y que garanticen que no pueda justificarse ningún tipo de violencia sobre la base de costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas;

18.

Expresa su preocupación en relación con la repatriación forzosa de ciudadanos gitanos a países de los Balcanes Occidentales, donde podrían verse expuestos a la falta de vivienda y a la discriminación; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que velen por el respeto de los derechos fundamentales de la población gitana, por ejemplo previendo una asistencia y un seguimiento adecuados;

19.

Insta al Consejo a que adopte una posición común sobre la financiación a través de los Fondos Estructurales y los fondos de preadhesión que refleje el compromiso político europeo de promover la inclusión de la población gitana y a que vele por que los Principios Básicos Comunes sobre la Integración de los Gitanos se tengan plenamente en cuenta en todas las revisiones de los programas operativos pertinentes, atendiendo también al próximo período de programación; insta a la Comisión a que analice y evalúe la repercusión social que han tenido hasta la fecha las inversiones de los Fondos Estructurales y los fondos de preadhesión en favor de grupos vulnerables, extraiga las debidas conclusiones y, en caso necesario, diseñe nuevas estrategias y normas en este ámbito;

20.

Pide que la UE y los Estados miembros movilicen una financiación adecuada para proyectos de integración de la población gitana, que se controle la asignación de estos fondos a los Estados miembros, el uso de los mismos y la correcta realización de los proyectos, y que se evalúe la eficacia de los proyectos, y pide a la Comisión y al Consejo que elaboren un informe al respecto, junto con las propuestas apropiadas;

21.

Anima a las instituciones de la UE a que involucren a las comunidades gitanas, desde el nivel de las asociaciones de base al de las ONG internacionales, en el proceso de desarrollo de una política global de la UE para la población gitana en todos los aspectos relativos a la planificación, aplicación y supervisión, y que también hagan uso de la experiencia adquirida en el marco del Decenio de la Inclusión Romaní 2005-2015, el Plan de Acción de la OSCE y las recomendaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y el propio Parlamento;

22.

Encarga a su comisión competente que, en colaboración con los Parlamentos nacionales y previa consulta a la Agencia de los Derechos Fundamentales, que debería elaborar un informe, y a las ONG y los órganos que se ocupan de las cuestiones inherentes a los derechos humanos y a la población gitana, proceda al seguimiento de esta cuestión y elabore un informe sobre la situación de la población gitana en Europa, basándose en anteriores resoluciones e informes del PE; considera que debería crearse a escala de la UE un mecanismo de evaluación inter pares para supervisar y garantizar el respeto por parte de los Estados miembros;

23.

Insta a los Estados miembros a que cumplan estrictamente sus obligaciones derivadas del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial asumiendo de inmediato las recomendaciones formuladas por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en su sesión no 77;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Consejo de Europa y a la OSCE.