52010DC0472

[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 20.9.2010

COM(2010) 472 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital

ÍNDICE

1. Introducción: los objetivos en materia de banda ancha 3

2. Evolución de la tecnología y el mercado en el ámbito de la banda ancha 4

3. Realización de los objetivos en materia de banda ancha 6

4. Principales acciones 14

1. Introducción: los objetivos en materia de banda ancha

De aquí a 2020, todos los europeos deben tener acceso a internet a velocidades de 30 megabits por segundo (Mbps) o superiores y al menos un 50 % de los hogares europeos deben contar con abonos por encima de los 100 Mbps.

Este objetivo proviene de la Agenda Digital para Europa[1], una iniciativa emblemática de la estrategia Europa 2020[2] para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Agenda Digital también reafirmó el objetivo aprobado por el Consejo Europeo de poner la banda ancha básica a disposición de todos los europeos a más tardar en 2013. Para alcanzar estas ambiciosas metas es necesario elaborar una política global, basada en una combinación de tecnologías, y seguir de cerca los avances que se vayan registrando[3].

El objetivo relativo al acceso rápido y ultrarrápido a internet se eligió debido al papel central que desempeñará en la recuperación económica y como plataforma de apoyo a la innovación en todos los sectores económicos, al igual que sucedió con la electricidad y el transporte en el pasado. El despliegue de redes ultrarrápidas abiertas y competitivas estimulará un ciclo virtuoso en el desarrollo de la economía digital, permitiendo el despegue de nuevos servicios que requieren mucha capacidad de banda ancha y respondiendo a la demanda creciente de los ciudadanos, lo que a su vez generará una mayor demanda de ancho de banda.

La demanda mundial de ancho de banda ha crecido aproximadamente un 50-60 % al año[4], impulsada por la extensión de los usos de internet, desde el simple envío de correo electrónico y ficheros de texto (en la época del acceso a internet por línea conmutada a 56 Kbps) hasta la navegación en internet (con la llegada de la banda ancha permanente) y, posteriormente, la integración cada vez más frecuente de contenidos gráficos y audiovisuales en los sitios web (soportados por la generación actual de ADSL, que ofrece velocidades de 2 Mbps o superiores para las descargas y de 256 Kbps para las cargas).

En ese contexto, no sólo son importantes las velocidades de descarga; las aplicaciones y los servicios innovadores pueden requerir también una mayor simetría (velocidades de carga mucho más elevadas) y una menor latencia. Existen ya ejemplos de servicios que dependen de este tipo de conexiones: las redes eléctricas inteligentes, que necesitan una latencia baja y que pueden reducir los gastos de los consumidores y abaratar los costes de generación; los servicios de computación en nube en tiempo real, que requieren velocidades simétricas de carga y descarga y que pueden ser utilizados por pequeñas empresas para rebajar sus costes; y los servicios sanitarios electrónicos intensivos ofrecidos a hospitales y pacientes remotos. Por otra parte, según concluye un reciente informe de la OCDE, los ahorros de costes obtenidos en sólo cuatro sectores de la economía (transporte, salud, electricidad y educación) justificarían la construcción de una red nacional de fibra hasta el hogar (FTTH)[5].

Así pues, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador previsto por la estrategia Europa 2020 dependerá sobremanera del uso eficiente y eficaz de internet, y la velocidad de acceso a internet será un factor esencial para conseguir este objetivo. El acceso a internet lo proporcionan operadores de redes —generalmente privados— dentro de un marco regulador competitivo y sobre la base de intereses comerciales. Sin embargo, a causa del papel decisivo de internet, los beneficios para el conjunto de la sociedad parecen ser muy superiores a los incentivos privados para invertir en redes más rápidas. Estimular la inversión en acceso rápido a internet, más allá de lo que dicta actualmente el mercado, habida cuenta de la reciente crisis económica, es la clave para conseguir el objetivo en materia de banda ancha.

La inversión en nuevas redes abiertas y competitivas debería sustentarse en las acciones de las autoridades nacionales y locales para rebajar costes. La Comisión ha contribuido ya a este tipo de acciones mediante la adopción el año pasado de sus Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales[6]. En ellas se fijan las condiciones aplicables a la ayuda financiera pública en términos no de mercado para el despliegue de la banda ancha y de la banda ancha de alta velocidad en zonas en las que no es probable que se realicen inversiones comerciales en el futuro previsible. El principal objetivo de la presente Comunicación es seguir apoyando las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales y locales. Se presenta en forma de paquete de medidas que integra los otros dos compromisos asumidos en materia de banda ancha por la Comisión en la Agenda Digital en relación con una internet rápida y ultrarrápida: la Recomendación sobre las redes de acceso de nueva generación (NGA), que contiene orientaciones normativas destinadas a los reguladores nacionales, y el Programa de Política del Espectro Radioeléctrico, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y la gestión del espectro y facilitar así, entre otras cosas, el crecimiento de la banda ancha inalámbrica.

La siguiente sección pasa revista a la evolución de la tecnología y el mercado, a fin de presentar el contexto europeo actual. La sección 3 aborda cada una de las cuatro propuestas presentadas a los Estados miembros en la Agenda Digital y explica el apoyo que recibirán a nivel europeo. Por último, la sección 4 expone algunas de las principales acciones de seguimiento.

2. Evolución de la tecnología y el mercado en el ámbito de la banda ancha

Actualmente, la banda ancha se ofrece a los usuarios domésticos principalmente a través de redes de cobre (por ejemplo, el teléfono) o coaxiales (por ejemplo, la televisión por cable) y/o de redes de acceso inalámbricas, como las comunicaciones móviles de tercera generación (3G) o el acceso inalámbrico fijo. Existen alrededor de 124 millones de líneas fijas de banda ancha y 25 millones de líneas móviles en la UE[7], que es uno de los líderes mundiales en cuanto a despliegue de banda ancha de primera generación. Las velocidades ofertadas varían mucho, pero, en general, las velocidades de descarga superan los 2 Mbps y las de carga, los 256 Kbps. Las velocidades van en aumento; el gráfico siguiente ilustra la funcionalidad de las diferentes velocidades de banda ancha y sus probables aplicaciones futuras.

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Están en curso mejoras, dirigidas por el mercado, que acelerarán el acceso fijo a internet. A estas redes se las denomina colectivamente redes de acceso de nueva generación (NGA)[8]. No obstante, los progresos son desiguales tanto entre los Estados miembros como entre las regiones de un mismo Estado miembro.

Las redes por cable, disponibles en alrededor de 73 millones de hogares de la UE, están aumentando gradualmente su velocidad gracias al despliegue de DOCSIS3[9] y a la extensión de sus redes de retorno. La competencia del cable incita a los operadores de redes de cobre a invertir en VDSL, una tecnología que aprovecha la infraestructura telefónica de cobre existente, y en fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Tanto FTTH como DOCSIS3 pueden alcanzar el objetivo en materia de banda ancha con velocidades superiores a 100 Mbps. Arquitecturas FTTH más abiertas también favorecen la competencia, a nivel de las infraestructuras, entre proveedores de servicios de internet, sobre la base de la desagregación y el despliegue gradual de infraestructuras alternativas, impulsando así el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones.

Fuera de las zonas en las que deben hacer frente a competencia en infraestructuras, los operadores se han mostrado reacios a ir más allá de sus actividades ADSL tradicionales. La mayoría de los operadores no ven interés comercial en mejorar la red a gran escala adoptando la FTTH, considerando también que, por ahora, no hay suficientes servicios atractivos disponibles por los que los clientes estén dispuestos a pagar tarifas más altas. La Recomendación sobre las redes NGA y la aplicación del nuevo marco regulador serán cruciales a este respecto, ya que aportarán seguridad reguladora, fomentando la inversión y la competencia.

Los servicios inalámbricos terrenales de nueva generación pueden ofrecer velocidades de transferencia de más de 30 Mbps y alcanzar así el objetivo de cobertura de la banda ancha[10]. Estos servicios son especialmente importantes en zonas de orografía difícil, en las que el acceso alámbrico es poco factible. Las conexiones inalámbricas por satélite podrían también ser útiles en estas zonas, pero será necesario un mayor desarrollo tecnológico para que este tipo de conexiones pueda contribuir a la cobertura universal a la velocidad prevista de 30 Mbps de aquí a 2020.

Para lograr el ambicioso objetivo en materia de banda ancha, se requerirán inversiones sustanciales. Es difícil calcular las cantidades necesarias, pero un examen de los estudios recientes indica que sería preciso invertir entre 38 000 millones y 58 000 millones de euros para conseguir la generalización de la cobertura de 30 Mbps de aquí a 2020 (combinando VDSL y la nueva generación inalámbrica) y entre 181 000 millones y 268 000 millones de euros para proporcionar cobertura suficiente de modo que el 50 % de los hogares disponga de servicios a 100 Mbps[11].

Dado que el tráfico en internet y la demanda de banda ancha van en aumento, cada vez se considera más importante una gestión más eficiente de los recursos de la red para el suministro de banda ancha de alta velocidad. Se ha iniciado un debate sobre el impacto de la gestión del tráfico en el carácter descentralizado y abierto de la internet pública, esencial para su capacidad de permitir a los usuarios acceder a la información y distribuirla, ejecutar aplicaciones y disfrutar de los servicios de su elección. La importancia de preservar estas características se refleja en las modificaciones introducidas por la reforma de 2009 en el marco regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas[12]. El 30 de junio de 2010, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre la internet abierta y la neutralidad de la red[13] en la que se pretende examinar las técnicas utilizadas por los operadores para gestionar los flujos de datos que circulan por sus redes, y el impacto potencial que pueden tener en la experiencia de los usuarios de internet. Un resultado que preserve el carácter abierto y neutral de la internet pública y evite cualquier discriminación injustificable, permitiendo al mismo tiempo a los operadores maximizar la eficiencia de sus redes, desarrollar nuevos modelos empresariales y mejorar su oferta de servicios comerciales, debería contribuir a fomentar el mantenimiento de las inversiones en infraestructuras de banda ancha de gran capacidad. La Comisión informará a finales del presente año sobre el resultado de esta consulta pública. Asimismo, la Comisión seguirá supervisando el funcionamiento del mercado desde la perspectiva de los consumidores (precios minoristas, problemas de elección, quejas, etc.).

3. Realización de los objetivos en materia de banda ancha

En estas circunstancias, una política comunitaria en materia de banda ancha debería impulsar la adopción de medidas concretas capaces de i) estimular la inversión, por ejemplo reduciendo los costes de inversión y ii) aumentar la competencia a nivel de las infraestructuras, teniendo en cuenta que la amenaza competitiva que representan otros inversores públicos y privados (incluidas las administraciones locales y los servicios públicos) estimularía las inversiones en NGA por parte de los operadores tradicionales. Estas acciones deberían coordinarse tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Por este motivo, la Comisión colaborará con los Estados miembros para elaborar planes nacionales eficaces en el ámbito de la banda ancha.

Planes nacionales de banda ancha

Aunque todos los Estados miembros tienen una estrategia de banda ancha[14], son pocos los que cuentan con planes plenamente operativos para redes de velocidad ultrarrápida que incluyan medidas concretas de ejecución para conseguir sus objetivos, especialmente por lo que se refiere a la financiación necesaria. El objetivo en materia de banda ancha sólo podrá alcanzarse si todos los Estados miembros se comprometen con el mismo y establecen un plan operativo que defina los objetivos nacionales. En el marco de la gobernanza de la Agenda Digital, la Comisión colaborará con los Estados miembros a fin de coordinar el establecimiento de objetivos nacionales y fomentará los procesos de revisión inter pares entre los Estados miembros para acelerar la transferencia de las mejores prácticas entre los responsables políticos. Esta labor contará con el apoyo de una plataforma de banda ancha de enfoque pragmático integrada por una amplia gama de interesados.

Los planes de los Estados miembros deberían incluir un conjunto equilibrado de medidas encaminadas a estimular y complementar la actuación del sector privado, sobre la base del marco común resultante de una aplicación coherente y global del marco reglamentario de la UE para las comunicaciones electrónicas, revisado recientemente, y las Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue de la banda ancha, que acaban de ser adoptadas por la Comisión. Convendría fomentar la inversión privada mediante una coordinación adecuada de la planificación y de las normas relativas al uso compartido de infraestructuras físicas, y mediante medidas de financiación específicas, a fin de reducir el riesgo y favorecer la creación de nuevas infraestructuras abiertas. Las infraestructuras inalámbricas desempeñarán un papel fundamental en la realización del objetivo de cobertura de banda ancha en la mayoría de los Estados miembros. Los planes deberían adoptar una perspectiva equilibrada y a largo plazo de los costes y beneficios de la atribución de espectro y de los acuerdos de licencia, en particular los efectos netos positivos de una rápida realización de la inversión y el despliegue. Asimismo, los planes deberían proporcionar una orientación clara sobre la utilización de los fondos europeos destinados a la banda ancha y los instrumentos del BEI en las regiones subvencionables.

Para apoyar el proceso de planificación, la Comisión reforzará la supervisión del despliegue de redes NGA. Para ello se utilizará una versión revisada de los instrumentos existentes, como los informes de ejecución y sobre competitividad digital, y un nuevo Marcador de la Agenda Digital detallará los indicadores de rendimiento a fin de permitir que los diferentes Estados miembros sigan de cerca y comparen los planes de banda ancha. El Marcador contará con la ayuda de una nueva herramienta en línea para difundir estadísticas e informes de investigación sobre la economía basada en la banda ancha.

Fomentar la inversión y reducir sus costes

Pueden adoptarse diversas medidas reguladoras y de financiación a nivel nacional y local para fomentar la inversión y reducir sus costes.

Se estima que alrededor del 80 % de los costes que implica el despliegue de nuevas infraestructuras fijas son costes de ingeniería civil que pueden reducirse notablemente mediante una coordinación adecuada por parte de las autoridades nacionales y locales, aplicando la regulación urbanística local y las medidas correctivas que obligan a conceder acceso a infraestructuras pasivas[15]. Los costes de la infraestructura inalámbrica pueden reducirse del mismo modo gracias a este tipo de medidas. Entre las posibles medidas de reducción de costes cabe citar las siguientes:

- Imponer como requisito para la concesión de licencias urbanísticas la obligación de instalar nuevas infraestructuras pasivas y el cableado en el interior de los edificios.

- Animar a las autoridades locales y a los reguladores a hacer uso de sus facultades de exigir a los operadores que suministren información sobre la existencia y el estado de las infraestructuras de acceso local[16] con objeto de estimular la competencia. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación deberían utilizar las facultades que les confiere la Directiva 2002/21/CE para obtener toda la información pertinente sobre la ubicación, la capacidad y la disponibilidad de conductos y otras instalaciones de bucle local, a fin de ofrecer a otros operadores la posibilidad de desplegar sus redes de fibra al mismo tiempo que los operadores tradicionales, compartiendo los costes de las obras de ingeniería civil.

- Coordinar las obras de ingeniería civil (como la excavación de suelo público o la construcción de conducciones) para permitir y racionalizar el despliegue de los elementos de red.

- Prever competencias generales para la adquisición de servidumbres de paso, racionalizando las leyes y normativas relativas a las obras de ingeniería civil, la planificación urbana, el medio ambiente, la salud pública y la administración general, a fin de simplificar y acelerar los procedimientos, por ejemplo para la concesión de servidumbres de paso o la planificación de los mástiles, creando, en caso necesario, una ventanilla única con este fin.

- Las autoridades de planificación podrían también reducir el coste de inversión para el despliegue de la banda ancha inalámbrica eliminando obstáculos administrativos (por ejemplo, las dificultades para obtener autorizaciones para nuevas estaciones base o para renovar los contratos relativos a las estaciones existentes).

Por otra parte, las autoridades nacionales o locales pueden apoyar el despliegue de la banda ancha a través de la inversión pública directa o la financiación pública, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales. La financiación pública podría contribuir a la viabilidad de las redes de alta velocidad en los casos en que, de otro modo, los costes serían inasumibles. Esta financiación pública debería focalizarse, a fin de allanar los obstáculos a la inversión privada.

- Las autoridades públicas pueden decidir emprender, a sus expensas, algunas obras de ingeniería civil para que los operadores en cuestión puedan desplegar o acelerar el despliegue de sus propios elementos de red. Si estas obras están abiertas, en principio, a todos los usuarios potenciales y no sólo a los operadores de comunicaciones electrónicas, creándose así las condiciones previas necesarias para el despliegue de infraestructura propia por parte de los operadores de servicios públicos, sin discriminación hacia un determinado sector o empresa, no constituyen ayuda estatal y no han de notificarse a la Comisión[17].

- Los poderes públicos podrían construir o financiar infraestructura de un sector específico, de conformidad con las Directrices sobre ayudas estatales al despliegue de la banda ancha, para ofrecer acceso equitativo y no discriminatorio a operadores de banda ancha, propiciando de esta forma el despegue de la prestación de servicios competitivos en zonas en las que, de otro modo, estos servicios resultarían poco rentables.

- Las autoridades locales deberían también contemplar la utilización de las redes troncales de fibra que han sido o están siendo construidas para conectar entidades públicas (centros escolares, bibliotecas, clínicas), con el fin de llevar conexiones de alta velocidad a comunidades sin servicio[18]. En su caso, los Estados miembros deberían plantearse la creación de fondos para la banda ancha a nivel nacional, a los que las autoridades locales podrían recurrir para la construcción de estas infraestructuras pasivas.

- Para acelerar la utilización de las ayudas estatales a la banda ancha, se anima encarecidamente a los Estados miembros a notificar los regímenes marco nacionales y evitar así notificaciones múltiples de diferentes proyectos.

La Comisión procederá a una revisión de las prácticas existentes de reducción de costes y elaborará un informe al respecto en 2012. Dado que las acciones se emprenden sobre todo a nivel local, la Comisión desarrollará y mejorará mecanismos que permitan a los actores locales obtener información pertinente para reducir los costes de inversión. La Comisión respaldará el uso de los fondos regionales de la UE para crear y mantener el mapa de infraestructuras a nivel local y regional.

Asimismo, la Comisión ayudará a los Estados miembros cooperando con el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas recientemente instaurado. En el marco de sus actividades, este organismo debería incluir medidas de apoyo al desarrollo de la banda ancha entre las prioridades de su programa de trabajo para 2011. A nivel de la UE, la Comisión ha procurado crear un clima de inversión adecuado y fijar incentivos atractivos para el despliegue de nuevas redes abiertas y competitivas mediante una Recomendación sobre el acceso regulado a las redes NGA. Dicha Recomendación, adoptada junto con la presente Comunicación, proporciona orientación a las autoridades nacionales de reglamentación, con objeto de mejorar la seguridad reguladora y fomentar la inversión y la innovación en el mercado de los servicios de banda ancha, teniendo debidamente en cuenta los riesgos que corre toda empresa inversora y la necesidad de mantener una competencia efectiva, que es un motor importante de la inversión a lo largo del tiempo. También se necesitarán esfuerzos significativos por parte de las autoridades nacionales competentes para garantizar la ejecución rápida y eficaz del Programa de Política del Espectro Radioeléctrico, que estimulará el despliegue de la banda ancha inalámbrica.

Promover la banda ancha inalámbrica

La tasa de crecimiento más alta en el mercado de la banda ancha de la UE se registra en la banda ancha móvil, cuya penetración se duplicó con creces el año pasado. Las tecnologías inalámbricas son por tanto cada vez más importantes para satisfacer la necesidad de servicios de comunicaciones de banda ancha.

Mediante diversas decisiones de la Comisión, se designó espectro para los servicios de comunicaciones electrónicas, técnicamente optimizado en particular para el acceso de banda ancha inalámbrica; pero en muchos Estados miembros hay partes sustanciales de este espectro que siguen sujetas a restricciones de asignación y otras partes que no se han asignado en absoluto.

Ante la creciente demanda de servicios inalámbricos, la principal prioridad será poner efectivamente a disposición de los usuarios aquellas frecuencias que ya hayan sido atribuidas mediante un procedimiento armonizado, incluido el espectro radioeléctrico que quedará libre procedente del dividendo digital y de la reutilización de frecuencias reservadas hasta ahora para los servicios de segunda generación (GSM). En segundo lugar, para lograr el objetivo fijado para 2020, debe designarse y ponerse a disposición espectro suficiente y adecuado tanto para la cobertura como para las necesidades de capacidad de las tecnologías de banda ancha inalámbrica. El desarrollo de la banda ancha puede seguir impulsándose mediante medidas que favorezcan la competencia, como la introducción del comercio de espectro y medidas para evitar distorsiones potenciales cuando se modifiquen las actuales licencias.

La Comisión propondrá una acción coordinada para alcanzar estos objetivos en su primer proyecto de Programa de Política del Espectro Radioeléctrico, presentado al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Sin embargo, cada uno de los Estados miembros podría contribuir a la rápida realización del objetivo de cobertura de banda ancha si adoptara inmediatamente medidas destinadas a:

- poner a disposición bandas de espectro suficientemente amplias[19];

- conceder rápidamente derechos de uso;

- aumentar la flexibilidad y la competencia;

- permitir al comercio secundario adaptarse a la evolución del mercado.

Cada vez más operadores de telefonía móvil dan cuenta de dificultades importantes para ampliar su infraestructura y satisfacer la demanda creciente, en particular en lo que respecta a las estaciones base, debido a la mayor carga que suponen la planificación y las incertidumbres, y a la falta de armonización e imprevisibilidad de los requisitos de seguridad. La Comisión seguirá de cerca este asunto con los Estados miembros para velar por que las normativas nacionales sean racionales y no falseen la competencia.

Reforzar y racionalizar el uso de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural

La Unión Europea subvenciona la construcción de infraestructuras de banda ancha y la penetración de internet a través de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural, y ha clarificado la aplicación de las normas sobre ayudas estatales relativas al uso de fondos públicos para el despliegue de la banda ancha.

Para el período de programación 2007-2013, se asignó un total de 2 300 millones de euros de los Fondos Estructurales a inversiones en infraestructuras de banda ancha y 12 900 millones de euros a servicios de la sociedad de la información. Las cifras de gastos correspondientes a los Fondos Estructurales muestran una absorción relativamente lenta de los fondos destinados a proyectos de banda ancha. Dentro de este período, hasta septiembre de 2009 se habían comprometido 418 millones de euros, lo que representa el 18 % de los gastos previstos. En esas mismas fechas, el porcentaje medio comprometido para todas las medidas era del 27 %[20].

En el mismo período de programación, se añadieron 1 020 millones de euros al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de los cuales 360 millones estaban destinados a proyectos de banda ancha.

A fin de contribuir a la extensión del uso de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural, tanto para la banda ancha como para otros servicios de la sociedad de la información, la Comisión:

- publicará, en 2011, orientaciones sobre la inversión en banda ancha destinadas a las autoridades locales y regionales, a fin de fomentar la absorción completa de los fondos de la UE;

- cooperará más estrechamente con las regiones, a fin de ayudarlas a reforzar su capacidad de absorber fondos; en 2011, en el marco de la red europea de desarrollo rural, se invitará a los interesados a un evento a escala de la UE sobre buenas prácticas en la aplicación de las TIC en regiones y zonas rurales y a formular recomendaciones sobre nuevas medidas que permitan alcanzar el objetivo en materia de banda ancha;

- además, se proporcionarán directrices sobre el uso de fondos procedentes de colaboraciones público-privadas (CPP) y de otros instrumentos financieros, como los fondos de contrapartida que complementan los programas operativos de los Fondos Estructurales europeos; los Fondos Estructurales podrán utilizarse en las colaboraciones público-privadas, siempre que se respeten los principios de la UE en relación con la contratación pública;

- relanzar y ampliar el portal europeo de la banda ancha[21], a fin de proporcionar una plataforma multilingüe para el intercambio de material sobre la ejecución de proyectos de banda ancha y ofrecer orientación adicional sobre cuestiones tales como las normas sobre ayudas estatales y la aplicación del marco regulador.

Desarrollar instrumentos de financiación de la banda ancha

Muchas propuestas de inversión, en particular las que implican el uso compartido de infraestructuras por parte de operadores del sector privado o que resultan de la cooperación público-privada, son percibidas por los inversores potenciales como transacciones de mayor riesgo y, por tanto, tienen menos probabilidades de atraer financiación privada. Esto puede deberse a que el período de recuperación de la inversión es más largo o simplemente a que el tamaño y la experiencia de los promotores son insuficientes para suscitar el interés de las grandes entidades financieras. Por otro lado, las difíciles condiciones de liquidez y unas perspectivas económicas inciertas también limitan la disposición a asumir riesgos de las fuentes de financiación privadas e incrementan los costes de la financiación.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presta ya actualmente del orden de 2 000 millones de euros al año por término medio para financiar proyectos de banda ancha viables desde el punto de vista económico. En el caso de las transacciones más arriesgadas, se están empezando a aplicar los instrumentos de riesgo compartido, como el Mecanismo de Financiación del Riesgo Compartido, desarrollado por el BEI y la Comisión. Está previsto ampliar la participación del BEI, ya que el Banco está reorientando su estrategia de crédito hacia las prioridades de Europa 2020. Además, los beneficios de la participación del BEI en un proyecto generalmente son superiores a la aportación directa de capital del Banco, que tiene un «efecto catalizador» sobre el sector bancario y los promotores potenciales, y suscita así un interés suplementario por la banda ancha.

Las autoridades locales y regionales exploran cada vez más mecanismos de financiación alternativos, incluidas las colaboraciones público-privadas, para financiar las infraestructuras de banda ancha. El objetivo de estas soluciones es optimizar las sinergias derivadas de la combinación de recursos financieros de los sectores público y privado, y sus competencias respectivas en materia de regulación y de inversiones de riesgo. Para apoyar estas CPP, la UE y el BEI formularán, de aquí a la primavera de 2011, propuestas sobre diferentes maneras de utilizar los conocimientos del Centro Europeo Experto en Colaboración Público-Privada (EPEC, en sus siglas en inglés), un instrumento consultivo/de asistencia técnica del BEI, cofinanciado por éste y por el presupuesto de la UE, y de canalizar los fondos de asistencia técnica existentes y futuros de los Estados miembros y del presupuesto de la UE hacia la preparación de proyectos. Por otro lado, los promotores se beneficiarán también del profundo conocimiento del BEI sobre la base tecnológica del sector y sus modelos de negocio, así como de su experiencia en la estructuración de transacciones financieras multipartitas complejas en un entorno que evoluciona rápidamente.

En el contexto de la preparación de los programas de la UE pertenecientes al próximo marco financiero plurianual y del papel del BEI en el mismo, la Comisión y el BEI también presentarán, a más tardar en la primavera de 2011, propuestas concretas de instrumentos de financiación que complementen los medios existentes para la financiación de infraestructuras de banda ancha Estos instrumentos, que podrían adoptar la forma de deuda, garantía o capital, o una combinación de éstos, deberían adaptarse a las necesidades de los proyectos de inversión en términos de flexibilidad, plazo de vencimiento y riesgo. Se beneficiarán del menor coste de los fondos debido a la calificación AAA y al carácter no lucrativo del BEI, así como de la posibilidad de obtenerlos de los recursos presupuestarios de la Unión. Estos instrumentos también estarán concebidos para canalizar los fondos destinados por los Estados miembros[22] y por los inversores del sector privado a financiar el desarrollo de infraestructuras de banda ancha.

Para poder financiar los proyectos de infraestructura de más alto riesgo, estos instrumentos requerirán recursos financieros específicos, que procederán de una contribución de la UE. Para ilustrar el impacto potencial, una contribución financiera de mil millones de euros del presupuesto de la UE podría atraer otros fondos de los sectores público o privado que permitirían apoyar una inversión bruta de entre 6 000 millones y 15 000 millones de euros, en función de las necesidades de financiación y de los perfiles de riesgo de las inversiones subyacentes.

Hasta que no se disponga de este instrumento, el BEI podría utilizar, en casos debidamente justificados, los recursos disponibles para desarrollar y financiar proyectos piloto y sistemas de financiación innovadores. Por otra parte, la Comisión y el BEI examinarán la posibilidad de aprovechar la experiencia adquirida con otros instrumentos financieros conjuntos (como el Mecanismo de Financiación del Riesgo Compartido, la Garantía de Préstamos para Proyectos de la Red Transeuropea de Transporte o el Fondo Margarita) para la financiación de la banda ancha.

4. Principales acciones

La Comisión:

- en 2011: presentará una propuesta, en cooperación con el BEI, para la financiación de la banda ancha; publicará directrices destinadas a las autoridades locales y regionales sobre el uso de los fondos de la UE para el diseño y la preparación de proyectos en el ámbito de la banda ancha; y adoptará directrices en materia de inversión en banda ancha dirigidas a las autoridades locales y regionales, a fin de facilitar la absorción completa de los fondos de la UE;

- a más tardar en 2012: llevará a cabo un análisis de las prácticas en materia de reducción de costes;

- antes de que finalice 2013: reforzará y racionalizará la utilización de la financiación de la banda ancha de alta velocidad a través de instrumentos de la UE dentro del marco financiero actual (por ejemplo, FEDER, PERD, FEADER, RTE, PIC).

La Comisión también insta a los Estados miembros a:

- aplicar rápidamente la Recomendación sobre redes NGA y anticipar los principales aspectos del Programa europeo de Política del Espectro Radioeléctrico;

- fijar objetivos nacionales en materia de banda ancha y adoptar planes operativos que se ajusten al objetivo europeo en este mismo ámbito; la Comisión analizará los planes nacionales en 2011;

- adoptar medidas nacionales para reducir los costes de la inversión en banda ancha.

-

[1] Una Agenda Digital para Europa, COM(2010) 245.

[2] EUROPA 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020.

[3] Por ejemplo, para avanzar a un ritmo adecuado hacia el objetivo de los 100 Mbps, en 2015 alrededor del 15 % de los hogares europeos debería contar con abonos para dichas velocidades.

[4] Véase: Network developments in support of innovation and user needs , OCDE, 2009.

[5] Network developments in support of innovation and user needs , OCDE, 2009.

[6] Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (DO C 235 de 30.9.2009).

[7] Informe sobre la competitividad digital de Europa - SEC(2010) 627. «Líneas» móviles = tarjetas de datos dedicadas + llaves USB + dongles .

[8] Véase un resumen de las principales tecnologías en la siguiente dirección [URL].

[9] Data Over Cable Service Interface Specification .

[10] No obstante, cabe señalar que la banda ancha ofrecida a los diferentes usuarios inalámbricos dependerá del número de células que cubran una zona determinada y del número de usuarios del servicio en un momento dado.

[11] Las diferencias obedecen principalmente a la variedad en la distribución de la densidad de los hogares y la combinación de tecnologías. Fuentes: Plum/Cave – Broadband Stakeholder Group, JP Morgan and Analysis Mason (UK).

[12] Artículo 8, apartado 3, letra b), y apartado 4, letra g), de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), modificada por la Directiva 2009/140/CE.

[13] http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/ index_en.htm

[14] Véase un resumen de los planes de banda ancha de los Estados miembros en la siguiente dirección [URL].

[15] Véanse las modificaciones de la Directiva 2002/21/CE, artículo 12 (DO L337 de 18.12.2009).

[16] De conformidad con el artículo 12, apartado 4, de la Directiva marco revisada y el artículo 9, apartado 4, de la Directiva de acceso.

[17] Véanse las Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, apartado 61, op cit en la nota a pie de página 6.

[18] Esto se ha hecho con éxito en el Reino Unido (cf. www.nynet.co.uk yhttp://wales.gov.uk/topics/businessand economy/broadbandandict/).

[19] Es esencial que el espectro designado se ponga efectivamente a disposición; para ello, deberá abrirse nuevo espectro (como 2,6 GHz y 800 MHz) y liberalizarse el uso del espectro existente (por ejemplo la banda 900/1800 MHz —véase la Directiva GSM revisada y la Decisión «900/1800 MHz»).

[20] El Informe estratégico de marzo de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013 [COM(2010) 110] incluye una evaluación de la aplicación de la banda ancha, y una próxima Comunicación, Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020, dirigirá recomendaciones a las autoridades de gestión. En la dirección siguiente está disponible un desglose de los gastos en banda ancha: [URL].

[21] http://www.broadband-europe.eu/Pages/Home.aspx

[22] Los fondos de los Estados miembros se utilizarán de conformidad con las Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha.