(1)

De conformidad con el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es adeudado, por regla general, por el sujeto pasivo que efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios.

(2)

Las Decisiones de Ejecución 2010/583/UE (2) y 2013/676/UE (3) del Consejo autorizaron a Rumanía a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE para designar al sujeto pasivo destinatario de las entregas de productos de la madera por parte de otros sujetos pasivos deudor del IVA correspondiente a dichas entregas (en lo sucesivo, «medida especial»). La aplicación de la medida especial se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022.

(3)

Mediante carta registrada en la Comisión el 11 de abril de 2022, Rumanía solicitó una nueva autorización para seguir aplicando la medida especial más allá del 31 de diciembre de 2022. Mediante carta de 28 de junio de 2022, la Comisión solicitó información adicional. Rumanía respondió por carta registrada en la Comisión el 22 de agosto de 2022.

(4)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión informó de la solicitud presentada por Rumanía a los demás Estados miembros, excepto a España, mediante carta de 1 de septiembre de 2022. Mediante carta de 2 de septiembre de 2022, la Comisión informó a España de dicha solicitud. Mediante carta de 5 de septiembre de 2022, la Comisión notificó a Rumanía que disponía de toda la información necesaria para la evaluación de su solicitud.

(5)

Según la información facilitada por Rumanía, la situación de hecho que justificó la aplicación de la medida especial no ha cambiado. Por otra parte, el análisis facilitado por las autoridades rumanas indica que la medida especial ha demostrado ser eficaz para reducir la evasión fiscal. Además, la medida especial no tendrá incidencia negativa alguna en los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(6)

La medida especial guarda proporción con los objetivos perseguidos, ya que se limita a operaciones muy específicas en un sector que plantea problemas considerables en relación con la evasión y la elusión fiscales. Además, seguir aplicando la medida especial no debería tener repercusiones negativas en cuanto a la prevención del fraude en el sector minorista, en otros sectores o en otros Estados miembros.

(7)

Por lo general, las medidas especiales se autorizan por un período limitado a fin de poder evaluar su idoneidad y eficacia. Las medidas especiales conceden a los Estados miembros el tiempo necesario para adoptar otras medidas convencionales a nivel nacional destinadas a supervisar el movimiento de materiales, el pago del IVA y el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos. Las medidas especiales deben abordar problemas específicos hasta el momento de su expiración, haciendo redundante la prórroga de su autorización. Las autorizaciones de medidas especiales que permiten la utilización del procedimiento de inversión del sujeto pasivo solo se conceden con carácter excepcional para determinados ámbitos de fraude, constituyendo tales medidas especiales un último recurso. Por lo tanto, antes de la próxima expiración de la medida especial, Rumanía debe aplicar otras medidas convencionales para combatir y evitar el fraude del IVA en el mercado de la madera, de modo que ya no sea necesaria otra prórroga de la medida especial.

(8)

Procede, por tanto, prorrogar la medida especial. La prórroga de medida especial debe limitarse en el tiempo para permitir a la Comisión evaluar su eficacia e idoneidad.

(9)

Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos perseguidos por la medida especial, en particular la aplicación ininterrumpida de dicha medida, y ofrecer seguridad jurídica en relación con el período impositivo, conviene conceder la autorización para prorrogar la medida especial con efectos a partir del 1 de enero de 2023. Dado que Rumanía solicitó la autorización el 11 de abril de 2022 para seguir aplicando la medida especial y ha seguido aplicando el régimen jurídico establecido en su Derecho nacional sobre la base de la Decisión de Ejecución 2013/676/UE desde el 1 de enero de 2023, se respeta debidamente la confianza legítima de las personas afectadas.

(10)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2013/676/UE en consecuencia.