(1)

A raíz de una solicitud de Rumanía de 7 de agosto de 2020, el Consejo, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 (2), concedió a Rumanía ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 4 099 244 587 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Rumanía para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicho brote para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Rumanía financiara un régimen de reducción del tiempo de trabajo, medidas similares y medidas relacionadas con la salud a que se refiere el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355.

(3)

La pandemia de COVID-19 ha inmovilizado a una parte sustancial de la mano de obra de Rumanía. Como consecuencia de esto, continúa el aumento imprevisto y grave del gasto público en Rumanía con respecto a nuevas medidas, a saber, las mencionadas en los considerandos 11, 12 y 16 a 34 de la presente Decisión, y las medidas a que se refiere el artículo 3, letras a), c), d), e), f), g), h) e i), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Rumanía en 2020, 2021 y 2022 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias constituyeron y siguen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. En 2020, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Rumanía fueron del 9,3 y del 47,2 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, mientras que al final de 2021 se situaron en el 7,1 y el 48,8 % respectivamente. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se espera que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Rumanía alcancen el 7,5 y el 50,9 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, a finales de 2022. Asimismo, se espera que el PIB de Rumanía aumente un 2,6 % en 2022.

(5)

El 26 de mayo de 2022, Rumanía presentó una solicitud a la Unión para ampliar la lista de medidas para las que ya se había concedido asistencia financiera en la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 del Consejo, con el fin de incrementar los esfuerzos nacionales acometidos en 2020 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia (en lo sucesivo, «solicitud»). En particular, Rumanía introdujo y prorrogó una serie de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, tal y como se recoge en los considerandos 6 a 12.

(6)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 30/2020 (3)», a que se refiere el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355, proporciona una prestación a los empleados de empleadores que reducen o interrumpen temporalmente su actividad a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19. La prestación está limitada al 75 % del salario base de esos empleados (pero no más del 75 % del salario bruto medio en Rumanía) durante el mantenimiento del estado de emergencia. La medida se prorrogó hasta diciembre de 2021 mediante la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 111/2021» (4) y hasta marzo de 2022 mediante la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 2/2022» (5).

(7)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 132/2020» (6), a que se refiere el artículo 3, letra c), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355, introdujo un régimen de reducción del tiempo de trabajo en virtud del cual, en el caso de una reducción temporal de la actividad provocada por el estado de emergencia o alerta, el empleador puede reducir las horas de trabajo de los empleados hasta un 50 %. Durante el período de reducción del tiempo de trabajo, los empleados afectados se benefician de una indemnización del 75 % de la diferencia entre el salario bruto para la jornada laboral habitual y su salario real. La medida se modificó mediante la «Ley 58/2021», prorrogándola hasta junio de 2022, tres meses después del final del estado de alerta.

(8)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 30/2020» (7), artículo XV, y la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 132/2020» (8), articulo 3, a que se refiere el artículo 3, letras d) y e), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355, introdujeron dos medidas para los trabajadores por cuenta propia y las profesiones liberales. Para quienes dejaron de trabajar por completo a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19, el Estado proporciona una prestación del 75 % del salario bruto medio en Rumanía mientras dure el estado de emergencia. Para quienes reducen sus horas de trabajo, el Estado proporciona una prestación de hasta el 41,5 % del salario bruto medio hasta junio de 2022, tres meses después del final del estado de alerta. La primera medida a que se refiere el artículo 3, letra d), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 se prorrogó mediante la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 111/2021» (9) y la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 2/2022». La segunda medida a que se refiere el artículo 3, letra e), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 se prorrogó mediante la «Ley 58/2021» (10).

(9)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 132/2020» (11), aprobada mediante la «Ley 282/2020» (12), y sus posteriores modificaciones —la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 182/2020» (13), la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 211/2020» (14), aprobada mediante la «Ley 58/2021» (15), la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 220/2020» (16), la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 226/2020» (17), la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 44/2021» (18), la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 111/2021» (19) y la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 2/2022» (20), a que se refiere el artículo 3, letra f), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355—, introdujeron una medida por la que se concedía un subsidio de ayuda del 35 % de la remuneración debida por día de trabajo, durante un período máximo de tres meses para jornaleros que dejaran de trabajar debido a la suspensión de las actividades empresariales a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19. La medida se prorrogó hasta junio de 2022, tres meses después del final del estado de alerta.

(10)

La «Ley 19/2020 (21)», artículo 3, prorrogada por la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 147/2020 (22)», artículo 4, apartado 3, y la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 110/2021 (23)», artículo 7, concedió una bonificación para el cuidado de hijos a empleados del sistema nacional de defensa, instituciones penitenciarias, unidades de salud pública y otras categorías del sector público establecidas a través de órdenes ministeriales. La prestación está condicionada a que el otro progenitor no goce de derechos alternativos en virtud de los cuales se concedan días libres a los progenitores para el cuidado de los hijos en caso de cierre temporal de los centros educativos. Esta medida puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que facilita ayudas a la renta para trabajadores por cuenta ajena, lo que contribuirá a cubrir los costes del cuidado de los hijos durante el cierre de las escuelas y, por tanto, ayudará a que los padres continúen trabajando, evitando poner en riesgo su relación laboral. La medida se ha prorrogado en el tiempo, incluidos los cursos escolares de 2021 y 2022, y además se ha hecho extensiva a los empleados del sector privado.

(11)

La «Ley 136/2020» (24) y sus modificaciones posteriores, así como la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 70/2020» (25), artículo 13, mencionadas en la solicitud, concedieron una prestación de baja por enfermedad a las personas en cuarentena y a las personas diagnosticadas de COVID-19.

(12)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 132/2020» (26), artículo 6, a que se refiere la solicitud, introdujo una medida relativa a una ayuda financiera única de 2 500 RON a los empleadores por cada empleado que trabaje a distancia para la adquisición de paquetes de bienes y servicios tecnológicos necesarios para las actividades de teletrabajo. La medida se aplica a empleadores cuyos empleados teletrabajaron durante el estado de emergencia y el estado de alerta al menos quince días laborables en 2020. Esta medida puede considerarse similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo a que se refiere el Reglamento (UE) 2020/672, debido al objetivo perseguido y su repercusión económica. Al facilitar el teletrabajo en el contexto de la pandemia de COVID-19, la medida contribuye a preservar la relación laboral. Además, proporciona un apoyo a la renta de los empleados, en forma de prestación complementaria para cubrir los gastos de actividad laboral en el domicilio para permitir la realización del trabajo durante el confinamiento y las consiguientes restricciones.

(13)

Asimismo, Rumanía introdujo y prorrogó una serie de medidas relacionadas con la salud para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se trata, en particular, de las medidas a que se refieren los considerandos 14 a 34.

(14)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 11/2020 (27)», prorrogada por la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 131/2020 (28)», artículo 2, y la «Ley 136/2020 (29)», artículo 6, a que se refiere el artículo 3, letra g), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355, proporciona una bonificación por el trabajo adicional del personal de estructuras especializadas del Instituto Nacional de Salud Pública y de las direcciones de salud pública de los condados o la dirección de salud pública de Bucarest que coordinan y aplican las medidas de prevención y limitación de eventos declarados por la OMS como una emergencia mundial de salud pública relacionada con la COVID-19. La medida concede una prestación equivalente al 75 % del salario base, respecto de las horas trabajadas por encima de las horas de trabajo habituales, y al 100 % del salario base, respecto de las horas trabajadas durante los fines de semana, festivos oficiales y otros días no contabilizados como días laborables. Dicha medida puede considerarse una medida relacionada con la salud en el sentido del Reglamento (UE) 2020/672. La medida se prorrogó en 2020, 2021 y 2022 y seguirá en vigor mientras la OMS considere la COVID-19 pandemia mundial.

(15)

La «Ley 56/2020 (30)», artículo 7, y su posterior modificación mediante la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 116/2021 (31)», a que se refiere el artículo 3, letra i), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355, concede una bonificación por condiciones de trabajo particularmente peligrosas de hasta el 30 %, concedida en reconocimiento de los méritos del personal médico que participó en la respuesta médica a la COVID-19. La medida estuvo en vigor entre marzo y agosto de 2020. Se amplió para incluir al personal encargado de la aplicación de las medidas sanitarias dependiente del Ministerio del Interior.

(16)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 131/2020 (32)», artículo 1, apartados 1 bis y 1 ter, a que se refiere la solicitud, permite la concesión de una bonificación de entre el 30 y el 40 % del sueldo base al personal de las direcciones de salud pública de los condados y de la dirección de salud pública de Bucarest. Al director ejecutivo y los directores ejecutivos adjuntos les corresponde una bonificación del 40 % del sueldo base; a los funcionarios que trabajan en el servicio de control de la salud pública les corresponde una bonificación del 30 % del sueldo base.

(17)

La «Ley 136/2020 (33)», artículo 19, apartado 3, a que se refiere la solicitud, concede una prestación por comisión de servicios del 50 % y una prima diaria del 2 % del sueldo base para médicos especialistas y personal paramédico y auxiliar del sistema público. La prestación se concede al personal en comisión de servicios, en situaciones de riesgo epidemiológico o biológico durante un período de treinta días, a unidades de salud con escasez de personal y responsables de limitar y prevenir la propagación de la COVID-19.

(18)

La «Decisión del Gobierno 254/2020» (34), artículo único, la «Decisión del Gobierno 840/2020» (35), artículo único, la «Decisión del Gobierno 383/2021» (36), artículo único, la «Decisión del Gobierno 1072/2021» (37), artículo único y la «Decisión del Gobierno 496/2022» (38), a que se refiere la solicitud, establecieron la financiación temporal de los costes salariales relacionados con la apertura de 2 000 nuevos puestos para reforzar las direcciones de salud y los servicios públicos de ambulancia (1 000 puestos en cada uno), a fin de luchar contra la propagación de la COVID-19.

(19)

La «Decisión del Gobierno 1035/2020» (39), artículo único, punto 3, a que se refiere la solicitud, concede una bonificación de entre el 75 y el 85 % del sueldo base para el personal médico especializado y el personal médico auxiliar de las unidades de salud pública o de sus estructuras y para el personal especializado de las estructuras médicas paraclínicas que participa directamente en el transporte, la equipación, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes de COVID-19.

(20)

La «Decisión del Gobierno 1031/2020» (40) y la «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 3/2021» (41), a que se refiere la solicitud, establecieron el pago del personal médico-sanitario y personal médico-administrativo que llevan a cabo su actividad en centros de vacunación de COVID-19 organizados en lugares distintos a las unidades sanitarias. Esta medida también financió gastos corrientes y de capital para la puesta en funcionamiento de los centros de vacunación (organizados en lugares distintos a las unidades de salud).

(21)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 3/2021» (42) y la «Decisión del Gobierno 1031/2020» (43), a que se refiere la solicitud, establecieron el pago del personal médico-sanitario y personal médico-administrativo que llevan a cabo su actividad en centros de vacunación de COVID-19 organizados en unidades sanitarias, así como el pago a los médicos de familia por las actividades realizadas a tal efecto.

(22)

La «Decisión del Gobierno 1031/2020» (44), a que se refiere la solicitud, reguló la adquisición de dosis de vacunas contra la COVID-19. Los acuerdos marco han sido celebrados por la Comisión en nombre y por cuenta de los Estados miembros.

(23)

La «Decisión del Gobierno 201/2020» (45), la «Decisión del Gobierno 1103/2020» (46) y la «Orden 725/2020 del Ministerio de Sanidad» (47), a que se refiere la solicitud, regularon los gastos correspondientes a la cuarentena de las personas en zonas designadas con un diagnóstico confirmado de COVID-19, personas que figuran en la lista establecida por la Metodología de Vigilancia contra la COVID-19 y personal médico diagnosticado con COVID-19 que no requieren hospitalización o personal que ha estado en contacto con enfermos y ha optado por permanecer fuera de su hogar. La medida cubre ayudas generales (como alimentos, alojamiento, transporte y medicamentos).

(24)

La «Decisión del Gobierno 1092/2020» (48), la «Decisión del Gobierno 380/2021» (49), la «Decisión del Gobierno 1017/2021» (50) y la «Decisión del Gobierno 1190/2021» (51) establecieron la compra del medicamento Remdesivir y del medicamento de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la COVID-19 que contiene Casirivimab e Imdevimab. La Comisión ha llevado a cabo los procedimientos de adquisición de ambos medicamentos en nombre de los Estados miembros dentro de los contratos marco (52), a que se refiere la solicitud.

(25)

La «Orden 487/2020 del Ministerio de Sanidad» (53), a que se refiere la solicitud, dispuso la adquisición de medicamentos para el tratamiento de pacientes infectados por COVID-19. El Ministerio de Sanidad celebró un contrato marco para la adquisición de «Tocilizumabum».

(26)

La «Ordenanza del Gobierno 19/2021» (54) y la «Ley 55/2020» (55), a que se refiere la solicitud, establecieron la concesión de incentivos, en forma de vales de comida por un importe de 100 RON, a personas vacunadas con la pauta completa.

(27)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 131/2020» (56), artículo 5, a que se refiere la solicitud, estableció un aumento temporal del 30 % del sueldo base para el personal de las instituciones de la prefectura que participaron en la prevención de la COVID-19 y en la lucha contra sus efectos durante el período comprendido entre agosto de 2020 y febrero de 2021.

(28)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 186/2020» (57), a que se refiere la solicitud, cubrió los gastos de doscientos médicos residentes adicionales necesarios debido a la pandemia.

(29)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 11/2020» (58), a que se refiere la solicitud, dispuso la adquisición de productos médicos y equipos de protección personal para la lucha contra la pandemia (por ejemplo, calzado de protección, guantes, mascarillas, respiradores y camillas) a fin de crear y consolidar suministros médicos de emergencia.

(30)

La «Ley 319/2006» (59), la «Ley 55/2020» (60) y la «Orden conjunta 3577/831/2020 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad» (61), a que se refiere la solicitud, regularon la compra de material sanitario de protección para los empleados del Ministerio del Interior.

(31)

La «Ordenanza de Emergencia del Gobierno 197/2020» (62), a que se refiere la solicitud, permitió pagos a estudiantes de medicina voluntarios que trabajaron en hospitales o centros de asistencia sanitaria para prestar asistencia urgente.

(32)

La «Orden 487/2020 del Ministerio de Sanidad» (63), a que se refiere la solicitud, dispuso la compra de dos productos farmacéuticos (Molnupiravir y Anakinra) que se utilizan para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

(33)

La «Ley 95/2006» (64), artículo 51, la «Decisión del Gobierno 155/2017» (65) y la «Orden 377/2017 de Ministerio de Sanidad» (66), a que se refiere la solicitud, regularon la financiación de las pruebas de detección de la COVID-19 en las unidades especializadas. Se prestan servicios de pruebas de laboratorio de RT-PCR financiados en el marco del programa nacional de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles a las categorías de personas determinadas de acuerdo con la nueva metodología de vigilancia del síndrome respiratorio agudo COVID-19 o por orden del Ministerio de Sanidad.

(34)

La «Orden 58/4/2022 del Ministerio de Sanidad (67)», a que se refiere la solicitud, reguló la financiación de las pruebas de COVID-19 realizadas por médicos de familia. Las pruebas realizadas por los médicos de familia se financian mediante transferencias del presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Sanidad, al presupuesto del Fondo nacional único del seguro de enfermedad.

(35)

Rumanía cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Rumanía ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 3 321 482 911 EUR desde el 1 de febrero de 2020 como resultado de las medidas nacionales adoptadas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Ello constituye un grave y repentino aumento, ya que está relacionado con nuevas medidas y con la prórroga de las medidas existentes con respecto a regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Rumanía. Rumanía tiene intención de financiar 353 704 624 EUR del incremento del importe del gasto público a través de fondos de la Unión.

(36)

La Comisión ha consultado a Rumanía y ha verificado el grave y repentino aumento del gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares, así como con el recurso a medidas pertinentes relacionadas con la salud en relación con la pandemia de COVID-19, a que se refiere la solicitud, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(37)

El gasto por parte de Rumanía en medidas relacionadas con la salud, incluidas las medidas sanitarias adicionales o prorrogadas a que se refieren los considerandos 14 a 34, asciende a 2 141 579 582 EUR. Dada la necesidad de garantizar el carácter accesorio de esta categoría de medidas, debe reducirse el importe de la ayuda financiera en apoyo a medidas relacionadas con la salud, ya que este debe representar menos de la mitad de la ayuda financiera total prevista para todas las medidas subvencionables.

(38)

Por consiguiente, la asistencia financiera ya concedida mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 debe cubrir también las nuevas medidas a que se refieren los considerandos 11, 12 y 16 a 34.

(39)

La ayuda financiera concedida mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1355 debe reducirse de 4 099 244 587 EUR a 3 000 000 000 EUR. Rumanía mantiene su compromiso de absorber íntegramente la ayuda financiera concedida y debe determinar otras medidas subvencionables en caso de que las medidas vigentes no sean suficientes.

(40)

Rumanía y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(41)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(42)

Rumanía debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Rumanía.

1)

En el artículo 2, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: