9.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 261/98

(1)

El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

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El informe específico de 2017 sobre Rumanía fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Rumanía de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

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El 5 de mayo de 2017, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

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En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

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Entre 2009 y 2015, Rumanía se benefició de tres programas de ayuda a la balanza de pagos dirigidos conjuntamente por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y respaldados por el Banco Mundial. Solo se efectuaron desembolsos en el marco del primer programa en 2009-2011, mientras que los efectuados en 2011-13 y 2013-15 fueron de carácter cautelar. La vigilancia posterior al programa por cuenta de la Comisión con miras a supervisar la capacidad de Rumanía para reembolsar los préstamos concedidos en el marco del primer programa comenzó en octubre de 2015 y proseguirá hasta que se haya devuelto, al menos, el 70 % del préstamo, pagadero en la primavera de 2018.

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Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno prevé un déficit global del 2,9 % del PIB, tanto en 2017 como en 2018, y una reducción gradual del mismo a continuación, hasta situarlo en el 2,0 % del PIB en 2020, como muy tarde. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, un déficit estructural del 1 % del PIB, de aquí a 2020, que es el período cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado (4) alcance el -2,6 % de aquí a 2020. Según el Programa de Convergencia, la ratio deuda pública/PIB aumentará en principio del 37,6 % del PIB en 2016 al 38,3 % del PIB en 2018 para disminuir posteriormente al 37,6 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista. El principal riesgo a la baja de las perspectivas macroeconómicas se deriva de un menor impacto de las medidas presupuestarias y estructurales sobre las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo. Al mismo tiempo, no se han concretado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos. Por otra parte, el proyecto de ley salarial unificada plantea un importante riesgo a la baja con respecto a la previsión presupuestaria.

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El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Rumanía que limitara la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograra un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo pudiera respetarse con un esfuerzo menor. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2016, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 22 de mayo de 2017, la Comisión advirtió a Rumanía que en 2016 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 16 de junio de 2017 el Consejo adoptó una Recomendación (5) en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017, existe un riesgo de desviación significativa del ajuste recomendado en 2017.

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En 2018, a la vista de su situación presupuestaria, se espera que Rumanía realice un nuevo ajuste orientado a la consecución de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, un déficit estructural del 1 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 4,3 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,5 % y del 3,7 % del PIB en 2017 y 2018, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2017, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la Recomendación dirigida a Rumanía el 16 de junio de 2017 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

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El marco fiscal de Rumanía es adecuado pero no se aplica plenamente. El presupuesto de 2016 se desvió considerablemente del objetivo a medio plazo, consistente en un déficit estructural del 1 % del PIB, infringiendo así la norma del déficit en el marco presupuestario nacional. El presupuesto de 2017 también se desvió de las normas presupuestarias nacionales. En 2016, como en años anteriores, las autoridades rumanas no enviaron al Parlamento una actualización de la estrategia presupuestaria dentro del plazo legal, que expiró en agosto. Como consecuencia de ello, la estrategia presupuestaria a medio plazo no ha podido guiar el proceso presupuestario anual.

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En un contexto de reservas de capital confortables y una rentabilidad al alza, la salud del sector bancario siguió mejorando en 2016. Las autoridades rumanas se comprometieron a realizar una exhaustiva revisión de la calidad de los activos y pruebas de resistencia del sector bancario en 2018. La Ley de condonación de la deuda entró en vigor en mayo de 2016, pero los riesgos para el sector bancario se han visto muy atenuados por una sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales tendrán que evaluar si los prestatarios cumplen las disposiciones legales sobre dificultades excepcionales. La Ley de conversión de préstamos denominados en CHF, aprobada por el Parlamento en octubre de 2016, ha sido recientemente juzgada inconstitucional. Sin embargo, la recurrencia de las iniciativas legislativas sigue suponiendo un reto para la previsibilidad jurídica, con posibles repercusiones negativas sobre la confianza de los inversores.

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La evasión fiscal ha sido prevalente en Rumanía, reduciendo los ingresos fiscales y la equidad tributaria y ejerciendo un efecto distorsionador sobre la economía. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. En 2016 se modificaron los procedimientos de registro y reembolso del IVA y se están instalando a escala nacional cajas registradoras electrónicas conectadas a la administración tributaria. Desde 2017 se aplica un régimen especial a sectores como la restauración, la hostelería y otras actividades conexas, en los que la obligación tributaria se fija con independencia de los ingresos. Además, también se adoptaron restricciones en el trabajo por cuenta propia y las empresas familiares, con el fin de desincentivar la elusión fiscal. En 2016 se observó una mejora en el cumplimiento de las declaraciones y el pago de impuestos, pero las inspecciones y auditorías conjuntas, fiscales y laborales, no consiguieron mejorar los resultados. Por otra parte, se incrementó sustancialmente el umbral del volumen de negocios para el régimen fiscal de las microempresas, al tiempo que se rebajaba el tipo, lo que facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales en detrimento de los ingresos presupuestarios. Con la aplicación de los enfoques sectoriales y por categorías a la fiscalidad de las empresas se corre el riesgo de imponer una carga administrativa tanto a las empresas como a la administración tributaria, sin que ello favorezca la mejora de la recaudación.

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La distribución de la renta familiar disponible (que tiene en cuenta el tamaño del hogar) es particularmente desigual en Rumanía, lo que va en detrimento de su potencial de crecimiento sostenible e integrador. El 20 % más rico de la población tiene una renta más de ocho veces superior a la del 20 % más pobre. Esta ratio supera con creces la media de la Unión. Las desigualdades se deben en gran medida al desigual acceso a la atención sanitaria, la educación, los servicios y el mercado de trabajo. Por otra parte, la diferencia entre la desigualdad de renta antes y después de los impuestos y las transferencias sociales es una de las más pequeñas de la Unión. El índice de referencia social, en el que se basan las principales prestaciones sociales, no se ha actualizado desde su introducción en 2008. El trabajo no declarado, incluidos los «sueldos en mano», sigue siendo generalizado y continúa pesando sobre los ingresos tributarios, distorsionando la economía y minando la equidad y eficacia de los sistemas tributario y de prestaciones. La administración tributaria y las inspecciones de trabajo llevaron a cabo inspecciones nacionales conjuntas en el marco de un proyecto piloto, pero, hasta la fecha, esta iniciativa no ha logrado tener un impacto sistémico. Los recursos no se centran en los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal, se presta limitada atención a los sueldos en mano y las medidas coercitivas priman sobre las de carácter preventivo.

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El desempeño del mercado de trabajo mejoró en 2016, cuando la tasa de desempleo alcanzó niveles anteriores a la crisis. La mano de obra sigue reduciéndose, al tiempo que envejece la población y la emigración sigue siendo elevada. El bajo nivel de desempleo va acompañado de una de las tasas de inactividad más altas de la Unión. Las tasas de empleo y de actividad de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y las personas de etnia romaní, en particular, están muy por debajo de la media de la Unión. El número de jóvenes que no tiene trabajo, ni estudia ni recibe formación sigue siendo muy elevado.

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Aunque en retroceso, el riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado, en particular para las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población romaní y la población rural. En 2016 se adoptó un paquete integral de lucha contra la pobreza que refleja el cambio de política hacia la mejora de la prestación de servicios a grupos específicos de población. Este paquete incluye un proyecto piloto que establece servicios integrados en las comunidades marginadas. Su despliegue a escala nacional contribuiría de manera significativa a mejorar el bajo nivel actual de prestación de servicios integrados. En respuesta a sucesivas recomendaciones específicas por país, se adoptó la Ley sobre renta mínima de inclusión, que entrará en vigor en 2018. La renta mínima de inclusión mejora la adecuación y la cobertura de la asistencia social. Combina apoyo pasivo con medidas activas del mercado de trabajo obligatorias e inspecciones. Su activación potencial es, con todo, limitada, ya que el objetivo es llegar al 25 % de los beneficiarios mediante medidas activas del mercado laboral de aquí a 2021.

(15)

Las políticas de activación se han reforzado en el contexto de la reforma de la Agencia Nacional de Empleo. Las reformas incluyen más ayuda a medida y más servicios integrados para los solicitantes de empleo y los empleadores. Se están mejorando las acciones de divulgación y los servicios ofrecidos a los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación. Sin embargo, las políticas de activación ofrecidas a los grupos que se encuentran más alejados del mercado laboral siguen siendo limitadas y las medidas de activación recientemente propuestas no se centran ya en estos grupos específicos. Su alcance y su vinculación con los servicios sociales es insuficiente para mejorar significativamente la participación en el mercado de trabajo de estos grupos en particular.

(16)

La adecuación de las pensiones y la pobreza en la vejez tienen una importante dimensión de género, ya que, en igualdad de condiciones, la edad de jubilación más baja de las mujeres se traduce en unos derechos de pensión más reducidos. Rumanía se encuentra entre los pocos Estados miembros que no prevén la convergencia de la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres. La Ley sobre la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres se presentó ante el Parlamento en 2013. Hasta ahora solo ha sido adoptada por el Senado.

(17)

Habida cuenta de la evolución de la productividad, la convergencia de ingresos y la posición de competitividad de Rumanía, las subidas de los salarios en los sectores público y privado merecen especial atención. Las subidas de los salarios en el sector público podrían extenderse al sector privado, con las consiguientes repercusiones en la competitividad del país. El nivel del salario mínimo de Rumanía, aunque sigue siendo uno de los más bajos de la Unión, ha aumentado significativamente en los últimos años. Las subidas ad hoc del salario mínimo han mejorado notablemente la proporción de trabajadores que lo perciben y han provocado recientemente una fuerte compresión en la parte inferior de la distribución salarial. En respuesta a una recomendación específica por país, a principios de 2016 se creó un grupo de trabajo tripartito con la misión de crear un mecanismo de fijación del salario mínimo basado en criterios económicos, de mercado de trabajo y sociales objetivos, pero se registraron importantes retrasos que es preciso tener en cuenta. El diálogo social sigue caracterizándose por el bajo nivel de negociación colectiva a nivel sectorial y por las debilidades institucionales que limitan la eficacia de las reformas.

(18)

Unas cualificaciones básicas suficientes son fundamentales para encontrar y conservar puestos de trabajo adecuados y estables y para participar de forma exitosa en la vida económica y social. Los estudios internacionales apuntan a deficiencias graves en las competencias básicas entre los adolescentes rumanos. La elevada tasa de abandono escolar prematuro, el bajo desempeño en la educación superior y una elevada emigración resultan en la escasez de mano de obra cualificada. El acceso a una educación de calidad es limitado en las zonas rurales y para los niños romaníes, en particular. La dificultad para atraer a buenos profesores a las zonas rurales y a las escuelas con mayoría de alumnos romaníes, junto con la segregación y unas actitudes a menudo discriminatorias, se traduce en un desempeño educativo inferior de los niños de etnia romaní. En respuesta a reiteradas recomendaciones específicas por país, Rumanía adoptó y empezó a aplicar una estrategia sobre el abandono escolar prematuro. Entre las medidas recientemente adoptadas cabe destacar intervenciones integradas, un programa piloto de comida caliente, la mejora en el reembolso de los costes de desplazamiento y bonos sociales para fomentar la educación preescolar de los niños pobres. Para el otoño de 2017 se prevén medidas basadas en proyectos con financiación de la Unión destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas desfavorecidas, y se ha emprendido la modernización, si bien incompleta, de los planes de estudio. Se mejoró la legislación en materia de lucha contra la segregación, en particular gracias al refuerzo del mandato de las inspecciones escolares en este ámbito. No obstante, se sigue echando en falta una metodología de seguimiento. Se requieren nuevas medidas para asegurar un progreso sostenido en la lucha contra las desigualdades socioeconómicas en la educación. Hasta la fecha, la Garantía Juvenil ha llegado solo parcialmente a los alumnos que abandonan prematuramente la escuela, y los programas de segunda oportunidad no están disponibles de forma inmediata. El sistema de educación y formación profesional no está suficientemente adaptado a las necesidades del mercado de trabajo y la participación en el aprendizaje de los adultos es muy baja.

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La población rumana está expuesta a unos indicadores sanitarios deficientes. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad se ve dificultado por la escasez de profesionales sanitarios, una financiación insuficiente, la excesiva dependencia de los hospitales y la corrupción, lo que afecta, en particular, a las personas con rentas bajas y a las zonas rurales. Además de los pagos informales a los profesionales de la medicina, la corrupción atañe a la contratación pública en los hospitales, el fraude en materia de seguros y los sobornos para obtener certificados que dan derecho a prestaciones. En respuesta a una recomendación específica por país y en el contexto de la condicionalidad ex ante para el período de financiación de la Unión 2014-2020, Rumanía adoptó algunas medidas destinadas a adoptar un cambio de rumbo que favorece la asistencia ambulatoria por encima de la hospitalización. Se elaboraron planes sanitarios regionales para determinar las necesidades de infraestructuras y servicios, y la aplicación de la estrategia nacional de asistencia sanitaria está siendo objeto de seguimiento. En consonancia con la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020, se adoptó legislación para modernizar el sistema de información sobre los pagos informales y se han mejorado los salarios de los profesionales de la salud. La estrategia de lucha contra la corrupción comprende medidas globales en el ámbito de la atención sanitaria, que incluyen el fomento de la rendición de cuentas y la transparencia en la contratación de los directivos de los hospitales. No obstante, el refuerzo de la atención comunitaria, de la asistencia ambulatoria y de los sistemas de remisión de pacientes se encuentra todavía en una fase inicial, los pagos informales siguen siendo generalizados, queda por garantizar la transparencia en la gestión de los centros y está pendiente de adopción una estrategia nacional relativa al personal sanitario.

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La capacidad administrativa y de elaboración de políticas de Rumanía se ha visto perjudicada por la falta de transparencia en los procedimientos y en los procesos decisorios, unos procedimientos administrativos onerosos, la escasa utilización de datos fácticos de calidad, la insuficiente coordinación entre las políticas sectoriales y una corrupción endémica. El avance de la reforma de la Administración Pública ha sido limitado. Las estructuras organizativas siguen siendo inestables, lo que afecta a la independencia y eficacia de la Administración Pública. En 2016 se emprendieron estrategias relativas a la función pública, pero el marco legislativo no incorpora todavía algunos de sus objetivos principales, en particular en lo que respecta a los criterios objetivos para la contratación de personal, la evaluación y recompensa de resultados. Se propone armonizar en cierta medida los niveles salariales, aunque no existe un vínculo claro entre prestaciones y retribuciones, ni a nivel central ni a nivel local. Aún deben reforzarse la capacidad y la autoridad del Instituto Nacional de Administración Pública. Parece ir a darse marcha atrás en algunas de las medidas de transparencia en la elaboración de las políticas, introducidas en 2016. La planificación estratégica y la evaluación del impacto regulador no se han consolidado en la práctica administrativa.

(21)

Unas infraestructuras de transporte insuficientes en términos de calidad y cantidad han sido uno de los principales obstáculos al desarrollo económico en Rumanía. Para hacer frente a las deficiencias asociadas, Rumanía adoptó en el otoño de 2016, en respuesta a una recomendación específica por país, el plan general de transporte. Con el fin de acelerar la inversión en infraestructuras viarias, la gestión de las inversiones en infraestructuras ya no es responsabilidad de la autoridad encargada de la administración de las infraestructuras. En 2016 se creó un organismo para la reforma del sistema ferroviario, que estará operativo a mediados de 2017.

(22)

Últimamente, Rumanía venía registrando uno de los coeficientes de inversión más elevados de la Unión. Sin embargo, en 2016, la inversión pública se contrajo, debido, entre otras cosas, a la infrautilización de los fondos de la Unión. Un elevado nivel de absorción y un uso eficaz de la financiación de la Unión son esenciales para que Rumanía pueda explotar su potencial de desarrollo en sectores clave como el transporte o los residuos, en particular. La calidad de la inversión pública se ha visto afectada por una gestión deficiente y unas prioridades cambiantes, entre otros motivos. Se ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país. Desde agosto de 2016, se ha solicitado a los ministerios que tengan en cuenta en sus planes de gasto las prioridades en materia de inversión, pero no se han tomado otras medidas para reforzar el papel del Ministerio de Hacienda en materia de priorización de la inversión ni para asegurar una mayor coordinación de la preparación de los proyectos de inversión pública en todos los ministerios. La adopción del plan nacional de gestión de residuos y del programa de prevención de residuos, que estaba prevista para finales de 2016, está aún pendiente. Estos planes también son necesarios para mejorar la gobernanza y asegurar el cumplimiento de la regulación a fin de canalizar fondos nacionales y de la Unión hacia la consecución de los estándares medioambientales de la Unión.

(23)

La eficiencia de la contratación pública es fundamental para conseguir los objetivos estratégicos y hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la modernización de la Administración Pública, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Es asimismo esencial para consolidar la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos y en la democracia. Rumanía ha tomado recientemente medidas encaminadas a la puesta en práctica de la estrategia y el plan de acción en materia de contratación pública. Como corolario de la Ley de contratación pública, en vigor desde mayo de 2016, en junio de 2016 se adoptó legislación de aplicación en materia de adquisición y contratación en los sectores de servicios públicos, a finales de ese mismo año se adoptó el Derecho derivado sobre contratos de concesión y la agenda nacional de contratación pública incluye medidas de prevención y control de la corrupción. Sin embargo, siguen pendientes algunas medidas fundamentales de la estrategia, como el refuerzo de los controles y otras medidas de lucha contra la corrupción, la plena aplicación de la contratación electrónica y la formación de funcionarios responsables de la contratación pública.

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Más del 45 % de la población rumana vive en zonas rurales, que siguen estando muy a la zaga de las zonas urbanas en términos de empleo y educación, acceso a los servicios y las infraestructuras y bienestar material. En respuesta a una recomendación específica por país con miras a mejorar el acceso a unos servicios públicos integrados, ampliar las infraestructuras básicas y fomentar la diversificación económica, en particular en las zonas rurales, Rumanía adoptó en 2016 un conjunto exhaustivo de medidas sobre desarrollo rural, modernización de las pequeñas explotaciones agrícolas, apoyo a las pymes no agrícolas, inversión en infraestructuras, incluidos los servicios sociales y la educación, y formalización del empleo. Su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de desplegar las acciones piloto a mayor escala, y de orientar y absorber eficazmente los fondos disponibles de la Unión.

(25)

Las empresas estatales desempeñan un papel decisivo en la economía, en particular en sectores de infraestructuras clave. Las deficiencias en la gobernanza de las empresas estatales se traducen en una menor rentabilidad en relación con sus homólogos privados, con los consiguientes efectos negativos en la Hacienda Pública. En respuesta a una recomendación específica por país, Rumanía logró progresos sustanciales en la mejora de la gobernanza corporativa de las empresas estatales. En el otoño de 2016 se adoptó rápidamente legislación derivada en apoyo de la legislación principal sobre gobernanza corporativa de las empresas estatales. El marco legislativo es acorde con las buenas prácticas internacionales en materia de transparencia en el nombramiento de los miembros de los consejos de administración y la gestión de las empresas estatales y confiere al Ministerio de Hacienda competencias específicas de vigilancia y ejecución. También se adoptaron medidas de concienciación de las autoridades locales sobre las nuevas normas y se hizo pública información presupuestaria sobre las empresas estatales. Sin embargo, los retrasos en la designación de los gestores profesionales suscitan dudas acerca de su implementación ulterior.

(26)

La competitividad de Rumanía se ha resentido de la debilidad de la competitividad no relacionada con los costes y las barreras estructurales a la transición a una economía de mayor valor añadido, entre las que cabe destacar los complejos procedimientos administrativos. En respuesta a una recomendación específica por país formulada en 2016, Rumanía adoptó una serie de actos legislativos para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración Pública, aunque limitados a un reducido número de procedimientos.

(27)

La corrupción persiste a todos los niveles y sigue siendo un obstáculo para la actividad empresarial. Rumanía ha realizado progresos sustanciales en gran parte de la reforma del sistema judicial y en la lucha contra la corrupción de alto nivel. No obstante, se echan en falta medidas clave para hacer frente a los retos que se plantean en estos sectores, de manera que las reformas sean sostenibles e irreversibles. Se han realizado algunos progresos en el desarrollo de nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales, pero subsisten importantes retos en lo que respecta a la implementación efectiva de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción adoptada en 2016. Se requieren esfuerzos en lo que respecta al respeto de la independencia judicial en la vida pública de Rumanía, la ultimación de las reformas del código penal y del código civil y la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales. En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, Rumanía recibe recomendaciones en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Estos ámbitos no se incluyen, pues, en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Rumanía.

(28)

En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(29)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

En 2017, garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En 2018, llevar a cabo un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Garantizar la plena aplicación del marco presupuestario. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación. Luchar contra el trabajo no declarado garantizando, entre otras cosas, el uso sistemático de controles integrados.

2.

Reforzar unas políticas selectivas de activación y unos servicios públicos integrados, prestando especial atención a las personas más alejadas del mercado laboral. Adoptar legislación sobre la igualación de la edad de jubilación para hombres y mujeres. Establecer un mecanismo transparente de fijación del salario mínimo, en consulta con los interlocutores sociales. Mejorar el acceso a una educación general de calidad, en particular para la población romaní y los niños en las zonas rurales. En lo que respecta a la atención sanitaria, proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria, y frenar los pagos informales.

3.

Adoptar legislación para asegurar un servicio civil profesional e independiente, aplicando criterios objetivos. Reforzar la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública. Garantizar la aplicación oportuna, plena y viable de la estrategia nacional en materia de contratación pública.