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La DAA prestará apoyo a cinco Estados parte, como máximo, para actividades de facilitación del diálogo entre las partes interesadas a escala nacional. Los próximos plazos de las actividades de desminado de los Estados parte que pueden acogerse a este proyecto expiran en 2018, 2019, 2020 y posteriormente. El Comité sobre la Aplicación del Artículo 5 creado en el marco de la Convención participará en la selección de los Estados parte beneficiarios.

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La DAA facilitará los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional, en colaboración, en particular, con los funcionarios pertinentes de las administraciones públicas, representantes de las poblaciones afectadas por las minas, donantes para acciones contra las minas, incluidas las entidades de la Unión pertinentes, las organizaciones de desminado, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (CIMT), las agencias de las Naciones Unidas y el CIDHG. Según corresponda, esos agentes clave participarán directamente en la ejecución del proyecto en las condiciones que se determinen en la declaración de incidencia presupuestaria. En el marco de cada diálogo se elaborará un documento de resultados pormenorizado en el que se ponga de relieve información geográfica específica sobre las zonas que aún requieren actividades de reconocimiento y remoción, las posibles metodologías aplicables a las zonas en que tales actividades están pendientes y los desafíos encontrados en el cumplimiento de las obligaciones de desminado, así como recomendaciones sobre el modo de superar esos desafíos, junto con plazos intermedios para afrontar los desafíos identificados. En los diálogos entre partes interesadas a escala nacional se incluirán los aspectos relativos al género y a la diversidad del desminado a nivel de la concepción, gestión y ejecución.

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Se realizarán actividades de seguimiento, en un máximo de cinco casos, en respuesta a las recomendaciones de los documentos de resultados. Esas actividades de seguimiento consistirán en la prestación de apoyo técnico adicional a través de la DAA (por ejemplo, para la elaboración o actualización de planes nacionales de desminado, la preparación de una o varias propuestas de proyectos, etc.).

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Los diálogos con las partes interesadas permitirán elaborar documentos pormenorizados de resultados en los que se expongan los desafíos pendientes y se definan objetivos, plazos y recomendaciones sobre ulteriores medidas.

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Los Estados parte seleccionados para los diálogos entre partes interesadas a escala nacional podrán expresar con mayor precisión el grado de aplicación de la Convención y del Plan de Acción de Maputo y mejorar sus informes anuales a los Estados parte sobre el cumplimiento de sus obligaciones dentro de los correspondientes plazos.

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Los Estados seleccionados tendrán un conocimiento más claro de las buenas prácticas en materia de creación y promoción de asociaciones, en particular con donantes y organizaciones de desminado, para asegurarse de que estos apoyen los esfuerzos que realizan a fin de cumplir sus obligaciones en el plazo más breve posible.

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Los Estados seleccionados podrán expresar mejor tanto sus intenciones en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Maputo y sus necesidades de apoyo, como por ejemplo, para la elaboración o actualización de planes nacionales de desminado, la preparación de propuestas de proyectos.

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Los Estados parte en la Convención que están en proceso de aplicar las obligaciones de desminado dimanantes de la Convención.

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Las mujeres, niñas, niños y hombres cuyas vidas se ven afectadas por la presencia o posible presencia de minas antipersonal, así como sus familias y comunidades.

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Los expertos nacionales que trabajen en cuestiones relacionadas con el desminado.

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Los Estados y organizaciones que apoyan la labor de desminado.

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La DAA prestará apoyo a cinco Estados parte afectados, como máximo, para organizar diálogos entre interesados a escala nacional en Estados parte que:

El Comité sobre la Asistencia a las Víctimas creado en el marco de la Convención participará en la selección de los Estados parte beneficiarios.

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La DAA facilitará los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional, en colaboración con entidades clave como los funcionarios pertinentes de las administraciones públicas, los donantes, incluidas las entidades correspondientes de la Unión, las agencias de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (CIMT) y la Coalición contra las Municiones de Racimo, y las organizaciones de personas con discapacidad. Los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional darán lugar a un documento de resultados pormenorizado, elaborado en consulta con las partes, en el que se determinarán los desafíos y deficiencias en la ejecución de las medidas de asistencia a las víctimas definidas en el Plan de Acción de Maputo, y se formularán recomendaciones para hacerles frente y se fijarán objetivos.

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Se realizarán actividades de seguimiento, en un máximo de cinco casos, en respuesta a las recomendaciones recogidas en los documentos de resultados. Dichas actividades pueden suponer la prestación por parte de la DAA de apoyo técnico adicional, como por ejemplo para la revisión de los planes nacionales, la preparación de una o varias propuestas de proyectos, etc.

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La Decisión 2012/700/PESC sirvió para apoyar la Conferencia mundial celebrada en Medellín (Colombia) en abril de 2014, titulada «Tendiendo puentes entre mundos», cuyo objetivo era promover en la comunidad internacional una mayor comprensión del lugar de que ocupa la asistencia a las víctimas en contextos más amplios. A modo de seguimiento, la presente Decisión permitirá a la DAA, en colaboración con entidades clave como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las entidades pertinentes de la Unión, la CIMT y la Coalición contra las Municiones de Racimo y las organizaciones de personas con discapacidad, organizar una conferencia internacional para expertos nacionales, reflexionar sobre los desafíos y las buenas prácticas en lo que respecta a la integración de la asistencia a las víctimas en los contextos más amplios de la discapacidad y el desarrollo a escala nacional. En particular, la conferencia internacional procurará reforzar los vínculos con quienes trabajan en favor de la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y con los procesos de planificación orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La conferencia internacional aprovechará la labor realizada por el Comité sobre la Asistencia a las Víctimas creado en el marco de la Convención y por los representantes de otros órganos concernidos, tales como los coordinadores de asistencia a las víctimas de la Coalición contra las Municiones de Racimo y el Protocolo V (sobre los restos explosivos de guerra) de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

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En el marco de los diálogos con las partes interesadas a escala nacional se elaborará un documento de resultados pormenorizado en el que se determinen los desafíos y deficiencias existentes, en el que se formulen recomendaciones dirigidas a los Estados seleccionados y se les propongan medidas concretas que puedan tomar para hacer frente a los desafíos observados en la aplicación de los compromisos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo.

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El documento de resultados servirá de base para la elaboración de políticas nacionales y facilitará el diálogo y la cooperación con los donantes y los organismos de ejecución.

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Las actividades de seguimiento que se realizarán en cinco Estados parte, como máximo, a fin de apoyar los esfuerzos acometidos para hacer frente a los desafíos y deficiencias determinados durante los diálogos entre partes interesadas a escala nacional aumentarán la capacidad de esos Estados parte para cumplir sus compromisos con arreglo al Plan de Acción de Maputo, como por ejemplo la revisión de los planes nacionales, la preparación de una o varias propuestas de proyectos.

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Los diálogos entre partes interesadas a escala nacional darán proyección pública a la labor que se está realizando a escala mundial y a las mejores prácticas para hacer frente a las necesidades y garantizar los derechos de los supervivientes mediante marcos más amplios.

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Los Estados seleccionados podrán expresar con más precisión el grado de cumplimiento del Plan de Acción de Maputo e informar sobre los planes para su aplicación.

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Los expertos nacionales que participen en la conferencia internacional adquirirán una mayor comprensión del lugar de que ocupa la asistencia a las víctimas en la labor de aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y del proceso de planificación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

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Los Estados parte en la Convención que hayan notificado que tienen a su cargo un número considerable de supervivientes de explosiones de minas terrestres.

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Las mujeres, niñas, niños y hombres que han sido víctimas de minas terrestres y otros restos explosivos de guerra, así como sus familias y comunidades.

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Los expertos nacionales que trabajen en cuestiones relacionadas con la asistencia a las víctimas.

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Un Grupo especial de alto nivel sobre la universalización de la Convención recibirá apoyo de la DAA, incluido apoyo de personalidades de alto nivel que establecerán contacto a nivel ministerial o superior con los dirigentes de como máximo cinco Estados que no sean parte en la Convención para tratar de la adhesión oficial a esta o de su aceptación y el cumplimiento de sus normas.

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Se procurará obtener información actualizada de primera mano de Estados que no son parte en la Convención sobre los obstáculos que dificultan la adhesión, para incluir esta información en los documentos sustantivos que se preparen para la cuarta Conferencia de Examen, que se celebrará en 2019, elaborándose en particular un informe exhaustivo sobre los progresos realizados en la universalización de la Convención y de sus normas.

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En colaboración con socios como el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad o el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, se desarrollará el análisis sobre seguridad fronteriza iniciado en el marco de la Decisión 2012/700/PESC, para convertirlo en una herramienta en favor de la universalización que pueda utilizarse ante países que aún consideran las minas antipersonal un instrumento indispensable para la seguridad de las fronteras.

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Se establecerá contacto a nivel ministerial o superior con un máximo de cinco Estados que no sean parte en la Convención para tratar con ellos la cuestión de la adhesión a la Convención.

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Se obtendrá información actualizada sobre las políticas en materia de minas antipersonal de Estados que no son parte en la Convención. Dicha información servirá para elaborar un documento sustantivo dirigido a la cuarta Conferencia de Examen, en el que se incluirá un informe global sobre los progresos realizados en lo que respecta al objetivo de universalización de la Convención, y sobre los posibles avances ulteriores.

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Se imprimirá nuevo impulso a las actividades de promoción que realizan los Estados parte en la Convención y las organizaciones no gubernamentales, mediante actividades de seguimiento ideadas sobre la base de las visitas del Grupo especial de alto nivel.

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Se reunirán nuevos datos que se recopilarán en una publicación que trate de las percepciones más frecuentes en lo que respecta a los obstáculos que dificultan la adhesión a la Convención, que podrá utilizarse para apoyar la labor en pro de la universalización.

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Los Estados que no son parte en la Convención con los que se haya establecido contacto a través de este proyecto habrán avanzado hacia la adhesión a la Convención y/o el respaldo a sus disposiciones.

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Los Estados, distintos de los Estados parte, que aún no hayan ratificado, aprobado o aceptado la Convención o que no se hayan adherido a ella.

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Los Estados parte en la Convención y las organizaciones no gubernamentales e internacionales que participen en las actividades de promoción de la universalización de la Convención.

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Se organizará un acto de lanzamiento para promover la presente Decisión del Consejo y el apoyo de la Unión a la lucha contra las minas en general, y un acto de clausura para dar a conocer las actividades previstas en la presente Decisión y sus resultados, poniendo así de relieve la contribución de la Unión.

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A lo largo de todo el período de ejecución de la presente Decisión se incluirá en el sitio web de la Convención, en las plataformas de los medios sociales y en la prensa nacional e internacional información destacada sobre las actividades previstas en la Decisión y sobre la adhesión de la Unión a la Convención.

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Se adquirirá material de comunicación, por ejemplo carteles, anuncios, vídeos, material publicitario, para ponerlo a disposición de las partes interesadas y los socios que participen en el proyecto.

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Los funcionarios de la Unión y de sus Estados miembros tendrán conocimiento de la presente Decisión y de las posibles relaciones de esta con su trabajo.

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La adhesión de la Unión a la Convención y a la lucha contra las minas en general adquirirá proyección pública en los Estados parte de la Convención y entre todos aquellos que, en todo el mundo, se interesan por la seguridad de las personas en general.

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Se logrará una mayor concienciación respecto de los objetivos de la Convención y el Plan de Acción de Maputo.