5.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 325/66

(1)

El 8 de noviembre de 2012, la Comisión Europea («Comisión») comunicó mediante un anuncio («anuncio de inicio») publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2) el inicio de un procedimiento antisubvención relativo a las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China («China» o «país afectado»).

(2)

El procedimiento antisubvención se inició a raíz de una denuncia presentada el 26 de septiembre de 2012 por EU ProSun («denunciante»), en nombre de productores que, en este caso, representaban más del 25 % de la producción total de la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave. La denuncia contenía indicios razonables de la concesión de subvenciones a dicho producto y del perjuicio importante resultante. Estas pruebas se consideraron suficientes para justificar el inicio de un procedimiento.

(3)

Con anterioridad al inicio del procedimiento y con arreglo al artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 597/2009 («Reglamento de base»), la Comisión notificó al Gobierno de la República Popular China («autoridades chinas») que había recibido una denuncia debidamente documentada en la que se alegaba que las importaciones subvencionadas de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China estaban causando un perjuicio importante a la industria de la Unión. Se invitó a las autoridades chinas a celebrar consultas con objeto de aclarar la situación por lo que se refiere al contenido de la denuncia y llegar a una solución mutuamente acordada. Estas aceptaron la oferta de consultas, que se celebraron seguidamente. No se pudo llegar a una solución mutuamente acordada durante las consultas. No obstante, se tomó debida nota de las observaciones presentadas por las autoridades chinas en relación con la no sujeción a derechos compensatorios de los sistemas enumerados en la denuncia. Tras las consultas se recibieron informaciones de las autoridades chinas.

(4)

El 6 de septiembre de 2012, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3), el inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China.

(5)

El jueves, 6 de junio de 2013, la Comisión, mediante el Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión (4), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China («Reglamento antidumping provisional»).

(6)

Los análisis relativos al perjuicio que se llevan a cabo en la presente investigación antisubvenciones y en la investigación antidumping paralela se basan en la misma definición de la industria de la Unión, los mismos productores representativos de la Unión y el mismo período de investigación y, salvo si se indica lo contrario, conducen a conclusiones idénticas Este procedimiento se consideró adecuado para racionalizar el análisis del perjuicio, así como para obtener unos resultados coherentes en ambos procedimientos. Por este motivo, las observaciones sobre el perjuicio expuestas en uno de los procedimientos se han tenido también en cuenta en el otro.

(7)

A raíz de una solicitud del denunciante respaldada por las pruebas necesarias, la Comisión adoptó, el 1 de marzo de 2013, el Reglamento (UE) no 182/2013 de la Comisión (5), por el que, desde el 6 de marzo de 2013, se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China.

(8)

Algunas partes interesadas alegaron que la decisión de registrar las importaciones era infundada, ya que no se cumplían las condiciones con arreglo al artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base. Sin embargo, estas alegaciones no se apoyaron con pruebas, ni se basaron en ellas. En el momento de adoptar la decisión de registrar las importaciones, la Comisión disponía de suficientes indicios razonables para justificar la necesidad de registrarlas, en particular un fuerte incremento, tanto en términos de importaciones absolutas como en términos de cuota de mercado. Por lo tanto, se desestimaron estas alegaciones.

(9)

La Comisión informó oficialmente de la apertura de la investigación a los denunciantes, a otros productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos de China, a las autoridades de China y a los importadores conocidos. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo establecido en el anuncio de inicio.

(10)

Teniendo en cuenta el gran número aparente de productores exportadores, productores de la Unión e importadores no vinculados, se solicitó a todos los productores exportadores conocidos y a los importadores no vinculados que se dieran a conocer a la Comisión y que facilitasen, tal como se indicaba en el anuncio de inicio, información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto afectado durante el período de investigación, definido más adelante en el considerando 38. Dicha información se solicitó en virtud del artículo 27 del Reglamento de base para que la Comisión pudiera decidir si era necesario un muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar las muestras. También se consultó a las autoridades chinas.

(11)

Inicialmente, ciento veintiún productores exportadores/grupos de productores chinos facilitaron la información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. Las empresas que cooperaron representan más del 80 % del volumen total de las exportaciones chinas. Sobre la base de la información proporcionada por los productores exportadores y de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base, la Comisión propuso en principio una muestra de siete productores exportadores/grupos de productores.

(12)

La muestra seleccionada de siete grupos de empresas quedó formada por los tres exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de módulos, los dos exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de células y los dos exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de obleas («wafers»). La muestra de estos siete grupos de productores exportadores sirvió como base para determinar el nivel de las subvenciones para estos grupos, así como el nivel de las subvenciones para todos los productores exportadores que cooperaron y no estaban incluidos en la muestra, tal como se exige en el artículo 15, apartados 2 y 3, del Reglamento de base. Como se explica en el considerando 46, la Comisión excluyó las obleas de la definición del producto en la fase definitiva de la investigación. Algunas empresas se habían incluido en la muestra sobre la base de un mayor volumen de exportación de obleas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Comisión ya había investigado estas empresas y verificado los datos que estas habían proporcionado, así como el hecho de que todas estas empresas exportaban un volumen significativo de módulos y/o células, no se consideró necesario modificar la muestra.

(13)

Finalmente, se consideró que la muestra estaría formada por ocho empresas o grupos de empresas. Esto se debe a que, si bien inicialmente se había comunicado que Jinko Solar Co. Ltd y Renesola Jiangsu Ltd estaban vinculadas, luego se estableció que no lo estaban.

(14)

En el anuncio de inicio, la Comisión comunicó que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. Se informó de esa muestra provisional a todos los productores de la Unión conocidos y a las asociaciones de productores conocidas. Dicha muestra provisional estaba formada por nueve productores de la Unión, de los aproximadamente doscientos quince de los que se sabía, antes del inicio de la investigación, que producían el producto similar, seleccionados sobre la base de los mayores volúmenes de producción representativos, habida cuenta del volumen de ventas y la ubicación geográfica, que pudieran investigarse razonablemente en el plazo disponible. Se veló por que la muestra incluyera productores de la Unión integrados y no integrados verticalmente. Se invitó asimismo a las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre la muestra provisional.

(15)

Varias partes interesadas formularon las siguientes objeciones en relación con la muestra provisional de productores de la Unión:

(16)

Los argumentos esgrimidos por dichas partes fueron objeto de las observaciones siguientes: los productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalia. De hecho, varios productores de la Unión habían recibido amenazas reales contra su negocio tanto en la Unión como fuera de ella. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La revelación de la ubicación o la parte de producción y ventas de cada uno de los productores de la Unión seleccionados en la muestra podría conducir fácilmente a su identificación, por lo que se rechazaron las solicitudes en tal sentido.

(17)

La Comisión no había «confundido» la determinación del apoyo al inicio de la investigación, la determinación de la industria de la Unión y la selección de la muestra provisional, ya que esas fases se llevaron a cabo con independencia una de la otra y las decisiones al respecto se tomaron por separado. No se demostró hasta qué punto había afectado a la representatividad de la muestra el uso de los datos de producción y ventas proporcionados por los productores de la Unión en el contexto del examen del apoyo al inicio de la investigación. De hecho, en la fase inicial se había definido provisionalmente la industria de la Unión. Para establecer con carácter provisional la producción total de la Unión en el período de investigación, tal como se define en el considerando 38, se utilizó toda la información disponible sobre los productores de la Unión, incluida la aportada en la denuncia y los datos recabados de los productores de la Unión y otras partes antes del inicio de la investigación.

(18)

Para la muestra se consideró a todos los productores de la Unión que habían respondido a las preguntas relacionadas con el apoyo al inicio de la investigación, independientemente de su apoyo, oposición o ausencia de opinión en relación con la investigación. Por consiguiente, se desestimó dicha alegación.

(19)

La cuestión de la doble o triple contabilización se consideró al seleccionar la muestra provisional. Se estimó que, si se excluían la producción y las ventas de células de los productores de la Unión integrados verticalmente, no se tendría en cuenta la parte de la producción de células vendida en el mercado libre. Por consiguiente, se consideró que la exclusión de las ventas de células del volumen de producción total no conduciría necesariamente a obtener una muestra más representativa. Además, la representatividad de la muestra no solo se había establecido sobre la base del volumen de producción, sino también sobre la base de la distribución geográfica y de una representación equilibrada de productores integrados y no integrados verticalmente. Se calculó la representatividad relativa del volumen de producción para cada tipo del producto similar. Sobre esta base, se consideró que la metodología utilizada para seleccionar la muestra provisional era razonable y, por consiguiente, la muestra es representativa de la industria de la Unión del producto investigado en su conjunto. En consecuencia, se rechazó esta alegación. En cuanto a la fiabilidad de los datos, la muestra se seleccionó a partir de la información disponible en el momento de la selección, tal como establece el artículo 27 del Reglamento de base. Por lo que respecta a la fiabilidad de los datos utilizados en el apoyo al inicio de la investigación, en el marco de la misma no se encontraron pruebas de que los datos recogidos antes del inicio presentaran deficiencias significativas. Por tanto, es razonable asumir que la base sobre la que se seleccionó la muestra provisional era suficientemente fiable. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(20)

En relación con la lista de alrededor de ciento cincuenta productores de la Unión adicionales, debe señalarse que esta información se presentó bastante después de que venciera el plazo concedido a las partes interesadas para presentar observaciones sobre la selección de la muestra provisional y a los productores de la Unión para comparecer y solicitar su inclusión en ella. Además, la Comisión conocía a unos treinta productores de la Unión incluidos en esa lista cuando seleccionó la muestra. Es más, en esa selección se tuvo en cuenta a todos los productores de la Unión que se habían dado a conocer tras la publicación del anuncio de inicio. Por tanto, la representatividad de la muestra no ha resultado afectada. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(21)

A raíz de los comentarios recibidos, se revisó la composición de la muestra, ya que había indicios de que una de las empresas seleccionadas no habría estado en condiciones de colaborar plenamente. Para mantener el nivel de representatividad de la muestra, se seleccionó un productor de la Unión adicional. Así pues, la muestra revisada quedó formada por diez empresas, seleccionadas sobre la base de los mayores volúmenes de producción representativos de cada nivel de producción –habida cuenta del volumen de ventas en el mercado de la Unión y de la ubicación geográfica– que pudieran investigarse razonablemente en el plazo disponible. Tras la exclusión de las obleas de la definición del producto afectado y, por tanto, del ámbito de la presente investigación (véanse los considerandos 42 a 46 y 349), la muestra quedó constituida por ocho empresas. Así, la muestra revisada de productores de la Unión, expresada como porcentaje del total de la producción de la Unión, representaba entre el 18 % y el 21 % en relación con los módulos y entre el 17 % y el 24 % en relación con las células, y abarcaba productores integrados y no integrados verticalmente. Dado que un porcentaje preciso permitiría calcular el volumen de producción del productor de la Unión adicional antes mencionado y, por tanto, determinar su identidad, no era posible revelar porcentajes precisos.

(22)

Los productores de la Unión que facilitaron a la Comisión información para la selección de una muestra en el presente procedimiento antisubvenciones, coinciden con los productores de la Unión que facilitaron la información pertinente en la investigación antidumping paralela en curso. Además, todos los productores de la Unión seleccionados en la muestra final en la investigación antidumping suministraron la información pertinente en la actual investigación antisubvenciones que permitió a la Comisión seleccionar la muestra. Por lo tanto, se consideró adecuado que las muestras finales de los productores de la Unión fueran idénticas en ambos procedimientos.

(23)

Las autoridades chinas reiteraron su alegación de que el uso de la confidencialidad en relación con el nombre de los denunciantes y los productores de la Unión incluidos en la muestra no está justificada. Como ya se indica en el considerando 9 del Reglamento provisional, los productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalias. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La información facilitada a la Comisión para fundamentar el riesgo de represalias no puede revelarse a terceros, ya que tal divulgación sería contraria a la finalidad de la solicitud de confidencialidad. Además, en un caso, en el que, a partir de los datos facilitados por las autoridades chinas, un productor de la Unión evaluó de nuevo su posición y reveló su identidad presentando una petición de proceso judicial contra el Reglamento provisional, ya no existen motivos para divulgar la información sobre cuya base se concedió el anonimato, puesto que la identidad ya se ha revelado.

(24)

Tras la divulgación final, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, «CCCME») reiteró los argumentos sobre el método utilizado para la selección de la muestra provisional de productores de la Unión. Alega, en particular, que las instituciones no han tenido en cuenta a ciento veinte productores. La Comisión ya abordó este asunto en el considerando 9 del Reglamento provisional. Por otra parte, las instituciones han verificado las actividades de las empresas enumeradas en dicha lista. Resultó que la lista incluía, sobre todo, instaladores, distribuidores, importadores vinculados y productores exportadores de China, Taiwán y la India. Por tanto, el argumento no resultaba adecuado para demostrar que las instituciones habían pasado por alto un número significativo de productores de la Unión. Además, la CCCME no ha impugnado la producción total de la Unión mediante cifras alternativas, ni ha presentado ninguna prueba de que la representatividad de la muestra hubiera podido verse afectada, puesto que, aun suponiendo que la Comisión hubiera sabido de su existencia, ninguno de los supuestos productores adicionales de la Unión habrían sido incluidos en la muestra.

(25)

De los aproximadamente doscientos cincuenta importadores no vinculados presentados por el denunciante con los que se puso en contacto la Comisión, veinte respondieron al formulario de muestreo adjunto al anuncio de inicio: doce en relación con los módulos y uno en relación con las células. Además, otras siete partes se dieron a conocer, pero no comunicaron ni importaciones ni reventas del producto afectado. La muestra se seleccionó de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base para cubrir el mayor volumen de importaciones que fuera representativo y pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible. Sobre esta base, se seleccionó una muestra de importadores no vinculados formada por dos importadores para los módulos y un importador para las células, que representaban entre el 2 % y 5 % del total de importaciones del país afectado. No obstante, tras la recepción de la respuesta al cuestionario, resultó evidente que la actividad principal de uno de los tres importadores residía, de hecho, en las instalaciones solares y no en el comercio del producto afectado. En cuanto a la actividad de un segundo importador, se trataba de un importador de módulos y no de un importador de células. No obstante, la calidad de la información proporcionada en su respuesta al cuestionario no era suficiente para poder incluir dicha información en el análisis de los importadores no vinculados. Además, la investigación reveló que la mayoría de las importaciones del producto afectado entraron en el mercado de la Unión a través de empresas vinculadas con productores exportadores de China o a través de instaladores o promotores de proyectos.

(26)

Tras la imposición de medidas antidumping provisionales en la investigación antidumping paralela, la Comisión se puso en contacto con importadores adicionales que ya habían cooperado en la fase inicial de la investigación facilitando información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto investigado durante el período de investigación, tal como se especifica en el anuncio de inicio. El objetivo era determinar si se podía aumentar el tamaño de la muestra de importadores no vinculados. Seis empresas calificadas como importadores no vinculados que comerciaban con el producto afectado (es decir, lo compraban y lo revendían) se presentaron y mostraron su disposición a seguir cooperando en la investigación. De estas seis, cinco respondieron dentro del plazo establecido. De las cinco respuestas recibidas, solo tres eran lo suficientemente completas y permitían una evaluación significativa. Sobre esta base, se extendió la muestra de importadores no vinculados, formada ahora por cuatro importadores para los módulos, que representaban entre un 2 % y 5 % del total de importaciones del país afectado. Habida cuenta de la estructura de los importadores no vinculados, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, no se pudo elaborar una muestra que representase un porcentaje mayor, habida cuenta de la escasez de recursos a disposición de las instituciones.

(27)

La Comisión envió cuestionarios a los representantes de China (incluido cuestionarios específicos para el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank), el Banco de Exportación e Importación de China (Export-Import Bank of China), el Banco de China (Bank of China), el Banco de Shanghai (Bank of Shanghai) y el Sinosure, a otras instituciones financieras pertinentes y productores estatales de polisilicio, vidrio y aluminio que hayan suministrado estas materias primas a la industria afectada durante el período de investigación, a los ocho productores exportadores chinos incluidos en la muestra y a los demás productores exportadores chinos que lo solicitaron, así como a los productores de la Unión incluidos en la muestra, a los importadores no vinculados incluidos en la muestra y a los operadores en segmentos anteriores y posteriores de la cadena de producción («operadores en sentido ascendente y descendente») y sus asociaciones que se dieron a conocer en los plazos establecidos en el anuncio de inicio. La Comisión también se puso en contacto con una asociación de consumidores representativa.

(28)

Se recibieron respuestas de las autoridades chinas, de todos los productores exportadores incluidos en la muestra y de sus empresas vinculadas en China, de cinco productores exportadores que solicitaron un examen individual, de todos los productores de la Unión incluidos en la muestra, de todos los importadores de la Unión no vinculados y de veintiún operadores en sentido ascendente y descendente y tres de sus asociaciones.

(29)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar las subvenciones, el perjuicio resultante y el interés de la Unión. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de los poderes públicos y las instituciones financieras, las empresas incluidas en la muestra, un importador no vinculado, dos operadores en sentido ascendente y cuatro operadores en sentido descendente, asociaciones y consultores independientes que figuran a continuación:

(30)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

(31)

La Alianza para la energía solar asequible («AFASE»), que representa a los importadores y a los operadores en sentido ascendente y descendente, puso en duda la base jurídica de la visita realizada en los locales de Europressedienst, alegando que una consultora independiente no es una parte interesada con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base. No obstante, en la medida de lo posible, las conclusiones deben basarse en datos fiables y verificables. Europressedienst ha facilitado información relativa a los indicadores macroeconómicos sobre la base de un contrato. La Comisión realizó una inspección en sus locales en aras del principio de buena administración, a fin de verificar la fiabilidad y exactitud de los datos en los que la Comisión ha basado sus conclusiones.

(32)

Las autoridades chinas alegaron que se violaron sus derechos de defensa en lo que se refiere al acceso al expediente disponible para inspección por las partes interesadas, debido a i) que faltaba información en los expedientes no confidenciales sin que se mostrara ninguna «justificación suficiente» ni se facilitaran resúmenes suficientemente detallados, o sin que, excepcionalmente, se indicaran motivos de la imposibilidad de facilitar el resumen no confidencial; ii) que faltaba la versión no confidencial de una respuesta al cuestionario completa de un productor de la Unión; y iii) el carácter excesivo de los plazos para poner a disposición de las partes interesadas las versiones no confidenciales de las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión.

(33)

i) Por lo que se refiere a la alegación sobre la falta de información en el expediente público, la parte interesada no especificó a qué información se refería. ii) Su alegación de que no se había divulgado la versión no confidencial de una respuesta completa al cuestionario era incorrecta. iii) En cuanto a los plazos para divulgar las respuestas no confidenciales a los cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra, se explicó al interesado que los cuestionarios solo se incorporaron al expediente no confidencial después de haber comprobado su exhaustividad y el fundamento de los resúmenes. A fin de garantizar el derecho de los productores de la Unión al anonimato, también se estableció que las versiones no confidenciales de los cuestionarios no revelarían la identidad del productor de la Unión en cuestión. En algunos casos, las versiones no confidenciales debían ser corregidas en consecuencia por la parte que las presentaba antes de que se pudieran poder poner a disposición de otras partes interesadas.

(34)

En cualquier caso, se considera que este hecho no afecta en modo alguno los derechos de defensa de las partes interesadas. La Comisión ha dado a todas las partes interesadas la oportunidad de responder a su debido tiempo a la información incluida en el expediente abierto a la inspección, a fin de que sus observaciones, siempre que estuvieran motivadas y justificadas, pudieran tenerse en consideración antes de llegar a ninguna conclusión en la investigación. La parte interesada tuvo muchas oportunidades para presentar sus observaciones en relación con los cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra, también tras la divulgación provisional y la final. Por lo tanto, aunque la comunicación de información y el acceso al expediente accesible para inspección por las partes interesadas se basan en diferentes disposiciones jurídicas, debe tenerse en cuenta que las partes interesadas tuvieron numerosas oportunidades para presentar sus observaciones sobre toda la información facilitada por cualquier parte en la investigación. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(35)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China («divulgación final»). Se concedió a todas las partes un plazo dentro del cual podían formular observaciones en relación con la divulgación final.

(36)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

(37)

Tras la divulgación final, la Comisión recibió una oferta modificada de un compromiso ofrecido por los productores exportadores junto con la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, que abarca también la investigación antidumping paralela. La Comisión aceptó dicho compromiso mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas (6).

(38)

La investigación sobre la subvención y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde el 1 de enero de 2009 hasta el final del período de investigación («período considerado»).

(39)

En una primera etapa, el producto afectado se definió como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células y obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China. Las células y obleas tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Actualmente, este producto está clasificado en los códigos NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.

(40)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

(41)

La investigación ha puesto de manifiesto que el producto afectado y el producto producido y vendido en la Unión por la industria de la Unión tienen unas características físicas, químicas y técnicas básicas similares, así como los mismos usos finales básicos. Por lo tanto, se consideraron similares a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(42)

Varias partes interesadas alegaron que las obleas deberían excluirse de la definición del producto, ya que no comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas que las células y los módulos. A los argumentos presentados antes de la publicación del Reglamento antidumping provisional se sumaron otros dos al respecto tras dicha publicación.

(43)

En primer lugar, las partes interesadas alegaron que las obleas pueden emplearse para otros fines que la fabricación de células, concretamente para la producción de circuitos integrados y otros microdispositivos. A este respecto cabe señalar que en el ámbito de la presente investigación no se incluyen todas las obleas, sino únicamente las obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y las obleas cuyo grosor no es superior a 400 micrómetros. Si bien es cierto que existen obleas en otras aplicaciones, la investigación nunca abarcó las que se utilizan en la fabricación de otros productos, como circuitos integrados. Además, no se presentó ningún productor, importador o usuario participante en el mercado de estos otros tipos de obleas alegando que sus obleas serían sometidas a registro o derechos antidumping provisionales. Por tanto, se confirma que estos otros tipos de obleas no entran en la definición del producto investigado. Al mismo tiempo, esto demuestra que las obleas no tienen necesariamente el mismo uso final que las células y los módulos.

(44)

En segundo lugar, se ha alegado que las obleas no transformadas no poseen ninguna de las propiedades eléctricas esenciales que distinguen a las células y los módulos solares de otros productos. En particular, las obleas no tienen la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, que es la función fundamental de las células y los módulos fotovoltaicos cristalinos.

(45)

De hecho, la investigación puso de manifiesto que la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar solo aparece después de que la oblea se transforme en célula. La conversión es efectuada por células que absorben la luz y la transforman en electricidad mediante el silicio cristalino. Las células tienen un contacto positivo-negativo para captar y reenviar la electricidad que generan. Para ensamblar los módulos, se sueldan las células con alambre plano o cinta metálica formando cintas y laminándolas entre dos capas. Por lo general, en la parte superior se utiliza vidrio y en la parte inferior una lámina polimérica de soporte. Normalmente, se crean marcos para permitir el montaje sobre el terreno (por ejemplo, en los tejados). El módulo puede disponer o no de un inversor.

(46)

Debido a las diferentes características físicas y técnicas básicas definidas durante la investigación, como, entre otras cosas, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, y sopesados todos los factores, se llegó a la conclusión de que las obleas debían excluirse de la definición del producto afectado y, por ende, del ámbito de la presente investigación.

(47)

Varias partes interesadas alegaron que la investigación no podía abarcar dos productos con distintas características físicas, químicas y técnicas, por lo que módulos y células debían ser objeto de dos investigaciones independientes entre sí. Además, adujeron que no estaba claro si la investigación abarcaba un solo producto o dos productos separados, por lo que no les es posible defender plenamente sus intereses.

(48)

La producción de células y módulos constituye un solo proceso de producción con distintas etapas. Las células determinan las características del producto acabado (es decir, los módulos). La investigación demostró que la producción de células se dedica directa y exclusivamente a producir módulos; módulos y células comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas (determinadas por la materia prima utilizada) y tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se venden para su integración en sistemas solares fotovoltaicos. El rendimiento de los módulos depende directamente del rendimiento de las células.

(49)

En el anuncio de inicio se indicaba claramente que módulos y células constituyen el producto investigado. Por consiguiente, las partes interesadas tuvieron todas las oportunidades de defender sus intereses sobre la base del producto afectado, tal como estaba definido. Por las razones expuestas, se rechazaron estos argumentos.

(50)

También se alegó que los módulos y las células no podían considerarse un solo producto porque tienen códigos NC de ocho dígitos, subpartidas de seis dígitos y partidas SA de cuatro dígitos. A este respecto, hay que señalar que tanto las células como los módulos se pueden declarar en la partida arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 son para los generadores eléctricos en general, no para productos solares en particular. Por estos motivos, la alegación fue rechazada.

(51)

Varias partes alegaron que el valor añadido en el proceso de transformación de las células representa la mayor parte del valor de un módulo, por lo que las células debían considerarse un producto separado.

(52)

La investigación reveló que la producción de células es la parte del proceso de producción más compleja desde el punto de vista tecnológico. No obstante, también demostró que las dos etapas del proceso están vinculadas entre sí y que el valor añadido no se concentra en una etapa concreta del proceso de producción, sino que se distribuye a lo largo del mismo. Por las razones expuestas, se rechazó este argumento.

(53)

Algunas partes interesadas alegaron que los módulos y las células tienen mercados comerciales separados y, por tanto, deben tratarse como productos diferentes, lo que también se deriva del hecho de que muchos productores no están integrados verticalmente.

(54)

Módulos y células no pueden considerarse productos separados cuyos precios fluctúan dependiendo solo de factores del mercado. De hecho, sus precios están estrictamente interconectados y dependen del precio del polisilicio. Asimismo, como se explica en el considerando 49, el producto afectado se produce en un único proceso de producción con varias etapas. El hecho de que algunos productores no estén integrados verticalmente solo obedece a una decisión empresarial y a economías de escala, y no invalida tal conclusión. Por las razones expuestas, hubo que rechazar este argumento.

(55)

Varias partes interesadas adujeron que módulos y células deben tratarse como productos diferentes, porque tienen distintos usos finales y no son intercambiables.

(56)

Como se ha indicado antes, la investigación demostró que el proceso de producción de células-módulos constituye un único proceso de producción, por lo que no es aplicable la cuestión de la intercambiabilidad entre distintas etapas de un único proceso de producción. Además, módulos y células tienen el mismo uso final, convertir la luz solar en energía eléctrica y, por tanto, no pueden utilizarse para otras aplicaciones.

(57)

Una parte interesada alegó que módulos y células no comparten los mismos canales de distribución, por lo que no deben considerarse un solo producto. La investigación demostró que módulos y células pueden distribuirse a través de canales de distribución similares o diferentes. No obstante, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es que tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que la existencia de canales de distribución diferentes no debía considerarse un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

(58)

Se alegó que módulos y células son sustancialmente distintos en términos de percepción del consumidor, por lo que no deben considerarse un solo producto.

(59)

Al igual que antes, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es que tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que las diferencias de percepción del consumidor no debían considerarse un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

(60)

Algunas partes interesadas reiteraron que células y módulos no son un mismo producto y que, por tanto, deben evaluarse por separado. No obstante, a diferencia de las obleas, las células y los módulos comparten la misma propiedad básica, es decir, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar. Por tanto, se rechazaron estos argumentos.

(61)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que, por sí solas, las células no pueden generar electricidad. Se supone que es necesario integrarlas en módulos para que sean capaces de hacerlo. Sin embargo, cada célula tiene capacidad, por sí sola, de generar una energía eléctrica de alrededor de 4 W a partir de la luz solar. Aunque esa potencia pueda ser insuficiente para la mayoría de las aplicaciones que requieren el montaje de muchas células en módulos, ello no significa que una célula no tenga en sí misma la capacidad para generar electricidad.

(62)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que las células son no solo un tipo de módulo, sino que son un producto completamente diferente. En efecto, una célula es el componente clave de un módulo. Como componente clave, es evidente que una célula no es un «producto completamente distinto» pues comparte con los módulos la misma característica básica de generar electricidad a partir de la luz solar, como se indica en el considerando 60.

(63)

La misma parte argumentó, además, que al seleccionar las muestras de los productores de la Unión y de los exportadores chinos se tuvo en cuenta la diferencia entre células y módulos. Por consiguiente, se deberían haber establecido tipos de derecho distintos para módulos y células. A este respecto, se confirma que efectivamente se tuvo en cuenta la diferencia entre módulos y células al seleccionar la muestra de productores de la Unión y exportadores chinos, como se indica en los considerandos 10 y 14 del Reglamento antidumping provisional. Sin embargo, esto solo se hizo para garantizar que las muestras fueran representativas y, por tanto, no implica que células y módulos no deban considerarse como un único producto afectado, ni que hubieran debido establecerse tipos de derecho independientes para células y módulos. De hecho, a la hora de seleccionar la muestra era conveniente distinguir entre células y módulos a fin de garantizar que la muestra fuera representativa de todos los tipos de producto. Además, puesto que existía cierto grado de incertidumbre en relación con la cuestión de si células y módulos debían considerarse como un único producto o como dos productos separados, era necesario garantizar la representatividad para los dos resultados posibles.

(64)

Varios productores exportadores alegaron que el hecho de que el compromiso suponga la imposición de volúmenes y precios mínimos de importación diferentes para células y módulos parece confirmar que módulos y células son productos distintos que requieren dos investigaciones diferentes. Sin embargo, unos precios mínimos de importación distintos solo indican que las células y los módulos pertenecen a grupos de tipo de producto distintos, que se comercializan a precios diferentes. Por tanto, es necesario definir precios diferentes a fin de que los precios mínimos de importación sean significativos.

(65)

Además, el hecho de que las células y los módulos formen grupos diferentes de tipo de producto no es, en sí mismo, pertinente para la definición del producto afectado. Para la definición del producto afectado basta con que los productos compartan las mismas características básicas y usos finales básicos, como ocurre con los módulos y las células según se expone en los considerandos 46 y 71, respectivamente.

(66)

Las autoridades chinas alegaron que en la evaluación de si células y módulos son un solo producto afectado no se abordan una serie de criterios definidos por el Órgano de Apelación en su informe CE — amianto  (7). Estos criterios se utilizan para la definición del «producto similar», no del producto afectado. En otras palabras, estos criterios deben utilizarse para definir el producto similar, por ejemplo el producto similar producido por la industria de la Unión, que luego se compara con el producto afectado exportado por los productores exportadores chinos. Estos criterios, por lo tanto, no son pertinentes a la hora de definir el producto afectado. De cualquier modo, las instituciones observan que la aplicación de los criterios utilizados en el Informe CE — Amianto a la definición del producto afectado en el presente caso no daría un resultado diferente. Los criterios primero y segundo (propiedades, naturaleza y calidad y usos finales) son idénticos a los criterios relativos a las propiedades físicas, químicas y técnicas y a los usos finales utilizados en los anteriores considerandos. El tercer criterio (gustos y hábitos de los consumidores) no es realmente útil en el presente caso, pues las células son el componente clave de los módulos; por lo que respecta al cuarto criterio, la clasificación arancelaria, cabe señalar que tanto las células como los módulos pueden declararse en la partida arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 se destinan a los generadores eléctricos en general, y no a los productos solares en particular.

(67)

Otras partes interesadas argumentaron que la aplicación objetiva de los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en asuntos anteriores (8) parece conducir a la conclusión de que los módulos y las células son productos diferentes. A este respecto hay que señalar que el Tribunal no ha hecho más que indicar una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta-, pero que no es obligatorio utilizarlos en todos en todos los casos, ya que posiblemente, no todos sean pertinentes. Estos criterios se evaluaron en los considerandos 27 a 39 del Reglamento antidumping provisional, donde se determinó que varios de ellos no eran pertinentes en el presente caso. En el asunto Brosmann se utilizaron únicamente los tres criterios que se consideraron pertinentes para evaluar si diferentes tipos de calzado pertenecían al «producto afectado» Puesto que las partes interesadas no facilitaron ningún argumento para defender que una aplicación objetiva de los criterios conduce a la conclusión de que los módulos y las células son productos distintos, este argumento no puede ser aceptado.

(68)

Además, cabe recordar que las células y los módulos tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se venden para ser integrados en sistemas solares fotovoltaicos. El funcionamiento de los módulos está directamente relacionado con el de las células, como se indica en el considerando 28 del Reglamento antidumping provisional.

(69)

Una parte interesada afirmó que, al excluir las obleas de la definición del producto, y debido al intensivo proceso de transformación necesario para fabricar módulos a partir de células, el argumento de que las células y los módulos tienen los mismos usos finales tampoco está fundamentado. También se ha argumentado que la consideración de que los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en la presunción de que las obleas, las células y los módulos tienen un mismo proceso de producción.

(70)

En primer lugar, que la evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en el proceso de producción es una conclusión errónea. Aunque ambos enunciados figuran efectivamente en el considerando 36 del Reglamento antidumping provisional, ello no significa que una conclusión se base en el otro supuesto. La palabra «además» que separa las dos declaraciones deja claro que la segunda afirmación no se basa en la primera. Por otro lado, las dos afirmaciones abordan cuestiones diferentes en el apartado «Uso final e intercambiabilidad». La primera afirmación relacionada con el proceso de producción aborda la intercambiabilidad, mientras que la segunda aborda el uso final. La hipótesis subyacente, con arreglo a la cual se considera que el hecho de que los módulos y las células tengan los mismos usos finales se basa en la presunción de que las obleas, las células y los módulos tienen un mismo proceso de producción, es, por tanto, errónea.

(71)

En cuanto al verdadero uso final de células y módulos, ninguna de las partes interesadas ha contestado que los módulos y las células se vendan para su integración en sistemas solares fotovoltaicos. Por lo tanto, queda confirmada la conclusión de que los módulos y las células tienen un mismo uso final.

(72)

Una parte interesada alegó que debían incluirse en la definición del producto afectado los productos fotovoltaicos de capa fina, ya que comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas y los mismos usos finales básicos.

(73)

Los productos fotovoltaicos de capa fina están claramente excluidos de la definición del producto (véase el considerando 40). En efecto, estos productos presentan características físicas, químicas y técnicas distintas de las del producto afectado. Se obtienen por un proceso de producción diferente y no a partir de silicio cristalino, que es la principal materia prima para la producción de módulos y células. Presentan una eficiencia de conversión más baja y una potencia de salida menor, por lo que no son adecuados para el mismo tipo de aplicaciones que el producto afectado. Por las razones expuestas, hubo que rechazar estos argumentos.

(74)

Se alegó asimismo que las células son productos intermedios, mientras que los módulos son productos acabados, por lo que no deben considerarse un solo producto.

(75)

Como se ha indicado antes, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es el hecho de tener las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que la diferencia entre productos intermedios o acabados no se considera un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

(76)

Una parte interesada solicitó que se excluyeran los paneles solares que se dedican exclusivamente a cargar baterías de 12V, argumentando que tienen un uso final diferente al de los módulos de conexión a la red, puesto que, al tener una tensión mucho más baja, son inadecuados para la conexión en red.

(77)

De acuerdo con el anuncio de inicio, no están incluidos en el producto investigado los cargadores solares que constan de menos de seis células, son portátiles y suministran electricidad a aparatos o cargan baterías. Los módulos que constan de más de seis células y se utilizan exclusivamente para cargar baterías tienen las mismas características básicas y el mismo rendimiento que los módulos de conexión a la red. Utilizan una tensión de circuito abierto menor que la que emplean los módulos de conexión a la red. A pesar de esta diferencia, la investigación demostró que este tipo de módulos pueden conectarse a la red. La menor tensión puede compensarse fácilmente aumentando el tamaño y/o el número de las células. Por tanto, los módulos dedicados a la carga de baterías que constan de más de seis células entran en la definición del producto afectado.

(78)

Varias partes interesadas alegaron, además, que la definición de «cargadores solares que constan de menos de seis células» es demasiado restringida y debería ampliarse a productos de función similar como los que, siendo de tamaño similar, cuentan con un número mayor de células más pequeñas.

(79)

También alegaron que es demasiado restringida la definición de «productos fotovoltaicos de silicio cristalino que forman parte integrante de aparatos eléctricos», pues solo se excluye el aparato eléctrico completo, mientras que no quedan necesariamente excluidos los componentes solares que van a integrarse en los aparatos eléctricos.

(80)

En efecto, un análisis de las alegaciones presentadas por las diversas partes interesadas han puesto de manifiesto que es más adecuado definir la exclusión de dichos productos sobre la base de las normas técnicas que sobre la base del número de células. En particular, se determinó que las definiciones de la norma «IEC 61730-1 Aplicación clase C» definen más adecuadamente los productos que deberían quedar excluidos del ámbito de aplicación de las medidas.

(81)

Tras la divulgación definitiva, se recibieron observaciones relativas a la exclusión basadas en la norma internacional mencionada anteriormente. Se alegó que, en vez de hacer referencia a la norma, sería más adecuado definir la exclusión en términos de potencia y tensión de salida como «módulos o paneles con una tensión de salida no superior a los 50 V CC y una potencia igual o inferior a 50 W, únicamente para un uso directo como cargadores de batería en sistemas con las mismas características por lo que se refiere a la tensión y a la potencia». Esta alegación se pudo aceptar, y la exclusión se ha establecido finalmente con arreglo a esta definición.

(82)

Otra parte interesada alegó que debían excluirse del ámbito de la investigación los módulos solares integrados en tejados, pues combinan la funcionalidad de un módulo solar con la de una teja o pizarra. Por tanto, no son directamente intercambiables con un módulo solar estándar.

(83)

No obstante, la investigación ha puesto de manifiesto que tanto los módulos estándar como los módulos solares integrados en el tejado han de cumplir las mismas normas eléctricas. Además, si bien un módulo solar integrado en el tejado no puede reemplazarse simplemente con un módulo estándar, sí puede sustituirse por un módulo estándar más tejas o pizarra. Así pues, estos productos poseen la misma propiedad técnica básica de generar electricidad a partir de la luz solar. La funcionalidad añadida (que de lo contrario ofrece el material del tejado) no se consideró fundamental y no justifica que se excluya de la definición del producto a los módulos solares integrados en el tejado.

(84)

Tras la divulgación definitiva, la misma parte interesada argumentó que la ausencia de intercambiabilidad dual entre los módulos solares integrados en el tejado y los módulos solares estándar es indicativa de que aquellos deberían excluirse del ámbito de las medidas, y remite al caso del calzado en general y el calzado deportivo de tecnología especial («STAF») en particular (9). No obstante, los motivos de la exclusión del «STAF» eran numerosos, y la ausencia de doble intercambiabilidad, por sí misma, no fue considerada una razón suficiente por el Tribunal General en el asunto Brosmann  (10), que confirmó que productos tan distintos como el calzado de ciudad y las botas de senderismo pueden considerarse como un solo producto afectado en una única investigación antidumping a pesar de sus diferencias.

(85)

Puesto que la parte interesada sostuvo que el hecho de que en la UE no haya producción y el hecho de que la parte interesada posea los derechos de propiedad intelectual parecen confirmar que los módulos solares integrados en el tejado son un producto innovador y distinto de cualquier otro producto. No obstante, haciendo referencia de nuevo al asunto sobre el calzado mencionado por la parte interesada, el Tribunal General declaró en la sentencia Brosmann que ni la ausencia de la producción de dicho tipo de calzado en la Comunidad ni la existencia de una patente eran determinantes. (11) En consecuencia, en este asunto, el calzado de tecnología patentada se consideró como producto afectado.

(86)

La parte interesada también alegó que los módulos solares integrados en el tejado deben excluirse de la definición del producto afectado porque se venden a precios considerablemente más altos que los módulos estándar. Además, en el asunto del calzado, el calzado deportivo de tecnología especial que superaba un determinado precio se excluyó de la definición de producto afectado. A este respecto hay que señalar que un módulo solar integrado en el tejado combina la funcionalidad de un módulo solar con la de una teja o pizarra, como se ha indicado en considerando 83. Por tanto, una comparación directa de los precios no es pertinente, ya que el incremento de precio se deriva lógicamente de una funcionalidad añadida.

(87)

Para responder a este argumento, la parte interesada sostuvo que, sobre la base del mismo, nunca sería posible alegar las diferencias de precio como indicador adicional que justifique la exclusión de la definición del producto. No obstante, esta interpretación es demasiado amplia. Lo que afirma el considerando anterior es, simplemente, que en el presente caso, en que los módulos integrados en el tejado combinan la funcionalidad del producto afectado con la de otro producto (en este caso, tejas o pizarra), el precio no es directamente significativo. Esto no significa en absoluto que en otros casos las diferencias de precios no puedan ser un indicador útil para determinar si un producto debe excluirse de la definición del producto afectado.

(88)

Por último, la parte interesada sostuvo que a su proveedor de módulos solares integrados en el tejado debería concedérsele el acceso al compromiso de precios mínimos. Sin embargo, parece que el exportador chino no cooperó en la investigación, y, como parte que no cooperó, no puede participar en el compromiso. Por tanto, estas solicitudes no pueden aceptarse.

(89)

Una parte interesada alegó que en la Unión no se producían células monocristalinas y que sus exportaciones de células monocristalinas no competían con la industria de la Unión. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto la existencia de producción de células monocristalinas en la Unión. Por lo tanto, se rechaza esta alegación. En cualquier caso, en el asunto Brosmann el Tribunal General dictaminó que la ausencia de producción en la Comunidad de un tipo concreto de producto no es un factor decisivo.

(90)

Varias partes interesadas argumentaron que no estaba justificada la ampliación del ámbito de la investigación a los productos «procedentes» de China, cuando la investigación se había iniciado únicamente contra los productos originarios de China.

(91)

Sin embargo, los productos procedentes de China ya estaban incluidos en la fase de inicio. En el punto 5 del anuncio de inicio se invita a las empresas que importan el producto afectado desde la República Popular China pero consideran que el origen aduanero de parte de estas exportaciones, o incluso de la totalidad de las mismas, no es la República Popular China, a que se den a conocer y aporten la información pertinente a la presente investigación. Así pues, es evidente que todas las empresas que expiden productos desde China tuvieron la oportunidad de cooperar en la investigación. Por otro lado, dado que el producto investigado incorpora con frecuencia componentes y piezas procedentes de distintos países, también se anunció en el punto 5 del anuncio de inicio que podrían «adoptarse disposiciones especiales» para abordar esta cuestión.

(92)

Por tanto, se considera que todos los agentes económicos afectados fueron debidamente informados de la posibilidad de que, en su caso, se adoptaran disposiciones especiales con respecto a los productos expedidos desde China, y se les invitó a que cooperaran en la investigación. Así pues, el ámbito de la investigación no se amplió a los «productos procedentes de China», ya que estos estaban incluidos desde el principio.

(93)

Tras la divulgación, las partes interesadas argumentaron que, con independencia de lo dispuesto en el anuncio de inicio al que se refiere el considerando 91, la investigación estaba limitada a mercancías originarias de China y no evaluaba el impacto de las procedentes de ese país.

(94)

A este respecto, se observa que se tomaron las siguientes medidas para garantizar que todas las mercancías procedentes de China, no solo las originarias de este país, habían sido evaluadas durante la investigación.

(95)

Así pues, se concluye que la investigación abarcaba todas las mercancías originarias o procedentes de China y que sus conclusiones, concretamente las relativas a las subvenciones y al perjuicio, se referían a todas las mercancías originarias o procedentes de China.

(96)

Tras la divulgación final, las partes interesadas argumentaron que la denuncia solo contenía indicios razonables en relación con las importaciones de paneles solares originarios de China, no con mercancías procedentes de este país. A este respecto debe aclararse que la denuncia abarcaba las mercancías «procedentes de China» (from the PRC), como puede verse en la página de cobertura sellada, presentada por el solicitante. Antes de esa página hay otra en el expediente en la que sí puede leerse «originarios de la República Popular China» (originating in the People's Republic of China). Sin embargo, esta no formaba parte del documento presentado por el denunciante, sino que la añadieron como página de cobertura los servicios de la Comisión utilizando el nombre dado a la investigación, en vez de utilizar el título de la denuncia. Por tanto, se considera que la denuncia abarcaba todas las mercancías procedentes de China, originarias o no de ese país.

(97)

Los productores exportadores chinos argumentaron además que no podía esperarse razonablemente que los productores exportadores de terceros países supieran que sus productos también podían ser objeto de la investigación. A este respecto debe señalarse que las medidas no se aplican a las mercancías en tránsito en el sentido del artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por consiguiente, las medidas no afectan a los productores exportadores que no realizan operaciones en China. Por otro lado, ningún productor exportador de terceros países ha denunciado que los productos que exporta estén sujetos a las medidas.

(98)

Los mismos productores exportadores argumentaron que no se pidió a los productores exportadores de terceros países que se dieran a conocer, ni se les dio la oportunidad de demostrar que sus productos no están subvencionados. Las instituciones consideran que las medidas no afectan a los productores exportadores que no realizan operaciones en China, pues se considera que si sus mercancías se expiden desde este país es porque estaban en tránsito. Todos los demás productores exportadores fueron informados por medio del anuncio de inicio de que sus operaciones formaban parte de la investigación.

(99)

En vista de lo antedicho, el producto afectado se define definitivamente como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China, a menos que estén en tránsito en el sentido del artículo V del GATT. Las células tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Actualmente, este producto está clasificado en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.

(100)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

(101)

El denunciante alegó que China da importantes subvenciones a su industria fotovoltaica («empresas de energía fotovoltaica») y remite a una serie de documentos estratégicos y de planificación, así como a la legislación, que son la base para el apoyo estatal en el sector. La Comisión revisó y analizó los documentos mencionados en la denuncia, así como la documentación complementaria presentada por las autoridades chinas y los productores exportadores incluidos en la muestra durante la investigación y constató que muchos de ellos ponen de manifiesto que, efectivamente, la industria fotovoltaica en China recibe un trato preferente en muchos ámbitos.

(102)

Las autoridades chinas incluyeron la industria fotovoltaica entre los sectores industriales «estratégicos» en el duodécimo plan quinquenal (12). También elaboraron un plan específico para la energía fotovoltaica (en el marco del mencionado duodécimo plan quinquenal), a saber, el duodécimo plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica. En dicho plan las autoridades chinas expresaron su apoyo a las «empresas de mayor importancia»  (13) y a las «empresas clave»  (14), se comprometieron a «promover la aplicación de diversas políticas de apoyo a la industria fotovoltaica»  (15) y a «definir los preparativos generales de las políticas de apoyo en materia de industria, finanzas, fiscalidad, etc…».  (16).

La Decisión no 40 del Consejo de Estado establece que las autoridades chinas «apoyarán activamente el desarrollo de las nuevas industrias energéticas y acelerarán el desarrollo de la energía solar» (17) y ordena a todas las instituciones financieras que solo proporcionen apoyo crediticio a los proyectos que deben fomentarse (entre los que se encuentran los proyectos relacionados con la energía fotovoltaica) y se compromete a aplicar «otras políticas preferenciales a los proyectos que deben fomentarse  (18). Otra Decisión del Consejo de Estado, de 10 de octubre de 2010, trata de la ampliación de la “intensidad de la ayuda fiscal y financiera a las políticas”, anima a las instituciones financieras a “ampliar el apoyo crediticio” y se compromete a “utilizar las políticas de fiscalidad preferencial, como la de compensación de riesgos” (19) para las nuevas industrias estratégicas, categoría a la que pertenece la industria de la energía solar fotovoltaica. El Esquema nacional para el desarrollo científico y tecnológico (2006–2020) (National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology) Developmentse compromete a poner en primer lugar la financiación estratégica», «animar a las instituciones financieras a que concedan un apoyo crediticio preferencial a los principales proyectos nacionales de industrialización en ámbitos científicos y tecnológicos, animar a las instituciones financieras a que mejoren y refuercen los servicios financieros prestados a las empresas de alta tecnología y aplicar las políticas de fiscalidad preferencial para fomentar el desarrollo de las empresas de alta tecnología»  (20).

La Ley china en materia de progreso científico tecnológico enumera también una serie de medidas de apoyo a las industrias estratégicas, incluidas las empresas de energía solar fotovoltaica. Indica, entre otras cosas, que el Estado animará y asesorará a las instituciones financieras para que apoyen el desarrollo de empresas de alta tecnología y de tecnologías innovadoras mediante la concesión de préstamos (21), obliga a las instituciones financieras de crédito oficial a que, al ofrecer servicios financieros (22), den prioridad al desarrollo de empresas de alta tecnología y de tecnologías innovadoras, prevé bajos tipos de interés y garantía para los préstamos recibidos por determinadas empresas y ayudas especiales de las instituciones financieras de crédito oficial a proyectos fomentados por el Estado (23). Las aplicaciones prácticas de estas medidas se detallan más adelante.

(103)

Tanto las autoridades chinas como los productores exportadores chinos incluidos en la muestra enviaron respuestas al cuestionario y aceptaron visitas in situ  (24) a fin de comprobar dichas respuestas.

(104)

Respecto a las autoridades chinas, tras el análisis de las respuestas al cuestionario, la Comisión envió una carta de deficiencia y una carta previa a la inspección, seguidas de la subsiguiente correspondencia relativa a la agenda para la visita de inspección. La Comisión ofreció a las autoridades chinas un plazo amplio para la preparación y remisión de sus observaciones cuando así se solicitó y se justificó. De hecho, se concedió una ampliación sustancial del plazo -de treinta días- a las autoridades chinas para responder al cuestionario, lo que condujo a un plazo total de 69 días para la presentación de la respuesta al cuestionario, y veinticinco días para la respuesta a la carta de deficiencia. Por lo tanto, las autoridades chinas han tenido, en total, más de tres meses para presentar la información solicitada por la Comisión.

(105)

Durante las visitas de inspección in situ al Ministerio chino de Comercio en Pekín y a cuatro instituciones financieras (China Development Bank, Export Import Bank de China, Huaxia Bank y Sinosure), la Comisión se esforzó en comprobar la información proporcionada sobre la base de los documentos de apoyo utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 11 y 26 del Reglamento de base. Al hacerlo, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la falta de información y de documentos de apoyo puestos a disposición por las autoridades chinas no permitía verificar correctamente la respuesta al cuestionario. Además, faltaba determinada información, pese a que se había solicitado específicamente, y determinadas preguntas sencillamente carecían de respuesta. Por consiguiente, se comunicaron a las autoridades chinas las consecuencias de la falta de cooperación de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 6, del Reglamento de base.

(106)

Las autoridades chinas adujeron también que la Comisión les había impuesto una carga poco razonable, y que había solicitado información irrelevante e innecesaria, tanto en el cuestionario como en la posterior carta de deficiencia.

(107)

Con respecto a la información solicitada, cabe señalar que la Comisión únicamente solicitó la información relativa a las alegaciones contenidas en la denuncia que consideró necesaria para llegar a unas conclusiones representativas y fue coherente en sus solicitudes al pedir los mismos datos y la misma información a lo largo de todo el proceso de investigación y al solicitar a las autoridades chinas que explicaran la información presentada y sus consecuencias para los regímenes investigados. Es decir, la Comisión únicamente solicitó la información necesaria para evaluar la existencia y el nivel de las subvenciones disponibles para el producto afectado con arreglo a los regímenes de subvención alegados en la denuncia.

(108)

Como ya se ha dicho en el anterior considerando 105, tras las visitas de inspección in situ, el 23 de mayo de 2013, la Comisión notificó a las autoridades chinas que estaba considerando aplicar los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. La Comisión envió dicha carta tras haber llegado a la conclusión preliminar de que, debido a la falta de información y de pruebas de las autoridades chinas, no se pudieron verificar adecuadamente las respuestas al cuestionario antisubvenciones, a la carta de deficiencia y a otras observaciones formuladas por las autoridades chinas durante el procedimiento que nos ocupa. Además, se estableció in situ que tanto en la respuesta al cuestionario como en otras observaciones presentadas posteriormente por las autoridades chinas se omitió determinada información solicitada específicamente por la Comisión. Además, determinadas preguntas sencillamente carecían de respuesta. La posible aplicación de los datos disponibles afectaba a los planes y proyectos del Gobierno, así como a diversos documentos legislativos y de otro tipo; créditos a las políticas preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros; circulares del PBC; seguro de créditos a la exportación y verificación de Sinosure; programa de demostración Golden Sun; programas de exenciones y reducciones fiscales directas; programas relativos a la imposición indirecta y a los aranceles aduaneros; suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada: polisilicio, extrusionados de aluminio y vidrio; y la concesión de derechos de uso del suelo.

(109)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas se oponían a la intención preliminar de la Comisión de aplicar las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de base, y argumentaban que, en este caso, no se cumplían las condiciones requeridas para no tener en cuenta la información presentada o incluso «colmar lagunas de información».

(110)

Las autoridades chinas alegaron que las «dudas» relativas a la exactitud de la información, debidas únicamente a que la Comisión no puede verificar de «forma totalmente satisfactoria» la información presentada, no deberían dar lugar a que se ignore dicha información. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación, puesto que no refleja la realidad. Lo cierto es que la Comisión no «ignoró» ninguna información solo porque no la pudo comprobar durante la visita de inspección in situ. No obstante, no pudo tener en cuenta el valor nominal de la información en los casos en los que la información y las explicaciones que facilitaron las autoridades chinas se consideraron contradictorias o incompletas en comparación con el resto de la información de que dispone la Comisión y, además, tampoco se pudieron verificar durante la visita de inspección in situ. El valor que se da a cada pieza informativa depende del grado de no cooperación de las autoridades chinas. Se observa asimismo que la Comisión no presentó objeciones debido al formato en el que se presentó la información, como alegaron las autoridades chinas, sino que el problema era más bien la inexactitud o el carácter incompleto de los datos

(111)

Las autoridades chinas también alegaron que algunos de los datos solicitados por la Comisión suponían una carga que las autoridades chinas eran incapaces de asumir en la práctica. A este respecto, cabe señalar que la Comisión solo solicitó la información (apoyada con indicios razonables) necesaria para comprobar las alegaciones presentadas por el denunciante y que ofreció a las autoridades chinas un plazo amplio y suficientes oportunidades para que presentara dicha información. Por otro lado, la Comisión es plenamente consciente de que, debido al elevado número de alegaciones detalladas del denunciante en este caso, tuvo que solicitar una importante cantidad de información de las autoridades chinas. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente (considerandos 104 a 107), la información solicitada no era excesiva y se concedió tiempo suficiente para proporcionarla.

(112)

Las autoridades chinas también señalaron la distinción entre obviar la información presentada y completar la información recibida con los datos realmente registrados. Aunque la Comisión es plenamente consciente de esta distinción y actúa conforme a las disposiciones pertinentes del artículo 28 del Reglamento de base, debe recordar que, en caso de que la información presentada contradiga otras informaciones de que dispone la Comisión sobre el mismo asunto, dicha información no se puede completar. En estos casos (por ejemplo, información presentada en relación con la propiedad de los bancos), la Comisión tuvo que determinar qué información es más fiable. Para ello, la Comisión se aseguró de que la utilización de los datos disponibles no sea punitiva y se base en datos realmente disponibles.

(113)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no tenía motivos para considerar que no habían cooperado en este caso, porque ignorara o malinterpretara su obligación de considerar la «capacidad práctica» de las autoridades chinas para responder a su solicitud. Según las autoridades chinas, el conjunto de la investigación ha sido excesivamente gravoso, por lo que la cooperación en general ha sido imposible, y la Comisión, como autoridad investigadora, se ha negado repetidamente a colaborar con las autoridades chinas para atenuar tales cargas. Esta alegación es una interpretación claramente incorrecta de los hechos. La Comisión, a fin de cumplir con sus obligaciones legales tras la recepción de la denuncia debidamente documentada y, al mismo tiempo, respetar la jurisprudencia pertinente de la OMC, únicamente solicitó a las autoridades chinas la información necesaria para comprobar y evaluar las alegaciones de la denuncia respaldadas por elementos de prueba suficientes. La Comisión ofreció ayuda a las autoridades chinas, tanto en la carta de presentación del cuestionario como en el propio cuestionario. También en la carta de deficiencia, se invitó a las autoridades chinas a ponerse en contacto con la Comisión en caso de que hubiese cualquier pregunta relativa a la información solicitada. Además, la Comisión amplió excepcionalmente los plazos para la presentación de información (véase el considerando 104). Por otra parte, en la presente investigación, la Comisión pidió información específica sobre las operaciones de las autoridades chinas solo por lo que se refiere a los exportadores incluidos en la muestra, no a todos los productores de paneles solares en China, es decir, redujo al máximo el volumen potencial de información requerida. La Comisión observa que las autoridades chinas parecen mezclar argumentos relativos a su capacidad práctica para proporcionar datos con otras cuestiones.

Por ejemplo, en el asunto del papel fino estucado, cuando ponen en tela de juicio la solicitud de información supuestamente excesiva de la Comisión a los bancos y las instituciones financieras, basa su argumento principalmente en la presunta insuficiencia de la denuncia, alegando que se basa en «determinaciones ilegales». Por lo tanto, la denuncia de las autoridades chinas parece referirse a la calidad de las pruebas para el inicio, no a su capacidad práctica de facilitar información. En efecto, en su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas repitieron el argumento utilizado en presentaciones realizadas anteriormente, de que el inicio de muchos de los programas no cumplía el umbral probatorio establecido en el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo SMC de la OMC y que, al iniciar este programa, la Comisión infringió el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo SMC de la OMC. La Comisión ya respondió a estas alegaciones en una carta y un memorándum a las autoridades chinas, y, puesto que no se plantearon nuevas alegaciones en la carta de 3 de junio de 2013, no es necesario abordar las mismas alegaciones por segunda vez en el presente Reglamento.

(114)

Las autoridades chinas reclamaron asimismo que la Comisión no les concedió tiempo suficiente para rellenar el cuestionario. Esto es, simplemente, incorrecto. Tal como se explica en el considerando 104, la Comisión concedió a las autoridades chinas importantes ampliaciones de los plazos, concediéndoles el máximo de tiempo posible sin que tuviera repercusiones negativas importantes para el cierre oportuno del caso. El plazo para completar el cuestionario y la respuesta a la carta sobre las deficiencias fue sensiblemente superior al plazo previsto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(115)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión había ignorado su solicitud de ayuda para determinar la necesidad relativa de las respuestas al cuestionario con objeto de evitar conclusiones basadas en los datos disponibles. En su presentación, hacían referencia al hecho de que habían pedido a la Comisión que explicara el objetivo de determinada información específica solicitada y las determinaciones a las que podría dar lugar, a fin de «garantizar que podrían cooperar al máximo en su capacidad práctica y, al mismo tiempo, proporcionar la información más esencial». Naturalmente, la Comisión no podía saber las conclusiones a las que podría conducir la información real antes de disponer de la misma. Las autoridades chinas también alegan que la Comisión elaboró el cuestionario de forma que fuera «funcionalmente imposible» completarlo, y luego llevó a cabo «investigaciones aleatorias». La Comisión rechaza rotundamente estas alegaciones. Como se ha explicado anteriormente, en el cuestionario solo se solicitaba la información necesaria para poder llegar a una conclusión.

(116)

Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión insistió en recibir documentos que las autoridades chinas, por ley, no podían presentar, ni podían obligar a que se elaborasen, y, en este contexto, hicieron referencia a la legislación pertinente de la OMC y de la UE, que deja claro que solo debe ignorarse la información falsa o engañosa y que no tenía capacidad práctica para proporcionar cierta información, cuya difusión prohíbe estrictamente su ordenamiento jurídico, por considerarse secreto de Estado u otro tipo de información. Sostuvo además que las disposiciones pertinentes del Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, que contemplan las formas en que se puede proporcionar información confidencial a la autoridad investigadora y concederle un «tratamiento confidencial» no son siempre aplicables si la información la deben facilitar las autoridades de un tercer país, en este caso las autoridades chinas. Las autoridades chinas alegaron asimismo que la Comisión entrará en conflicto con el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias si se niega a reconocer la distinción jurídica entre la capacidad real de un gobierno de facilitar información cuya divulgación está jurídicamente prohibida, por una parte, y otros tipos de información confidencial para las que se puede solicitar trato confidencial en el curso de una investigación, por otra.

(117)

La Comisión no ignoró ninguna información que las autoridades chinas, por el motivo que fuera, no elaboraron, porque, sencillamente, no se puede ignorar algo que no se presentó. Por otra parte, en una situación en la que las autoridades chinas no facilitaron, ni pusieron a disposición de las autoridades de inspección, determinada información, y la Comisión disponía de información de carácter similar procedente de otras fuentes (en su mayoría de dominio público, pero también de productores exportadores que cooperaron o facilitada por algunos bancos durante las investigaciones sobre el terreno); la Comisión incluyó esta información en el expediente del caso y la utilizó en su determinación. La Comisión no está de acuerdo con la alegación de que las disposiciones del Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC que prevén la forma en que se puede facilitar información confidencial a las autoridades investigadoras y conceder «tratamiento confidencial» no es aplicable a las autoridades chinas. A este respecto, las autoridades chinas alegan que los gobiernos deberían estar sujetos a un patrón de cooperación distinto del de los exportadores y que la situación de los gobiernos requiere un «mínimo de cortesía» que no es aplicable a los exportadores. En cuanto a la realización de las investigaciones en materia de derechos compensatorios, la Comisión no está de acuerdo. Las autoridades chinas son una de las partes interesadas en el procedimiento para el cumplimiento del Reglamento de base y, al mismo tiempo, como «miembro interesado», China está vinculada por las disposiciones y la jurisprudencia de la OMC.

El artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base establece lo siguiente: «Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles». El artículo 12.7 del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC») hace referencia explícita a las consecuencias de la no cooperación de los gobiernos («Miembro interesado»): Cuando un Miembro interesado o una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en un plazo razonable, u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Por tanto, si el país investigador, en este caso la UE, ejerce sus derechos de conformidad con la OMC en una investigación sobre derechos compensatorios y solicita información que se considera necesaria para el objetivo de la investigación, los gobiernos y los exportadores están sujetos a la misma obligación de cooperación. Durante la investigación, las autoridades chinas hicieron frecuentemente referencia a las normas sobre confidencialidad como motivo para no facilitar la información solicitada, por ejemplo, las circulares del PBC, con fines de verificación. Cabe señalar que, incluso si los poderes públicos chinos estaban sujetos a impedimentos jurídicos para facilitar la información, tal y como afirman, siguen estando sujetos a sus obligaciones en el marco de la OMC para proporcionar la información que se considere necesaria para la investigación. A este respecto, ni las disposiciones de la legislación local ni las normas internas de un miembro de la OMC eximen a su Gobierno del cumplimiento de las obligaciones contraidas en el marco de la OMC de cooperar con las investigaciones; en estos casos de conflicto, incumbe a las autoridades chinas proponer maneras para poder conceder acceso a la información, de forma que esta pueda verificarse adecuadamente. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades chinas nunca explicaron esta alegación ni presentaron prueba alguna (por ejemplo, una disposición legal por la que quede «legalmente prohibido» facilitar la información) a este respecto.

(118)

Además las autoridades chinas alegaron que la carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013 no era lo suficientemente detallada ni contenía determinadas cuestiones específicas que se abordarían durante la visita de inspección sobre el terreno. A este respecto debe tenerse en cuenta que, si bien no hay ningún requisito que obligue a la Comisión a enviar una lista con todas las preguntas que se plantearán durante la verificación sobre el terreno (y la Comisión no estima oportuno hacerlo), la carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013 contenía una lista muy específica y detallada de las cuestiones y los documentos que se abordarían, con arreglo al artículo 26, apartado 3, del Reglamento de base y a las exigencias de la OMC. No obstante, en la carta se dejaba claro que la lista no era exhaustiva y que, en su caso, se abordarían otros asuntos y otras pruebas. A este respecto, debería también tenerse en cuenta que las autoridades chinas no objetaron el contenido de esta carta previa a la inspección, aunque, por otra parte, se negaron a discutir algunos puntos planteados explícitamente en la carta, como la información sobre los principales bancos chinos, la participación del partido comunista chino en la gestión de determinados bancos o de algunos bancos o el acceso de determinados bancos a la reserva de divisas de la Administración del Estado para las Reservas de Divisas, alegando que no estaban preparados para responder a preguntas sobre estas cuestiones.

(119)

Las autoridades chinas adujeron asimismo que la Comisión no fue flexible durante la visita de inspección sobre el terreno y, de hecho, fijó un plazo preclusivo con respecto a cualquiera de las solicitudes de cambio de las autoridades chinas. En la misma línea, alegaron que la Comisión no aceptó ninguna de las soluciones «viables» propuestas por las autoridades chinas en relación con la verificación en la Oficina Nacional de Estadística y se negaron a ampliar el plazo de verificación hasta el lunes 22 de abril de 2013 para verificar la Oficina Nacional de Estadística. Además, los funcionarios de la Comisión iniciaron las verificaciones con retraso prácticamente cada día hábil porque, según las autoridades chinas, llegaban tarde.

(120)

Por lo que se refiere a las alegaciones anteriormente mencionadas, la Comisión subraya que el grado de flexibilidad demostrado por sus funcionarios sobre el terreno ha sido total e incondicional. Los funcionarios de la Comisión han ofrecido excepcionalmente verificar los documentos y las pruebas que las autoridades chinas pretendían introducir mucho después del cierre de un determinado tema, y, en varias ocasiones, incluso fuera del horario habitual de trabajo. Esto se hizo varias veces, incluso si significaba tener que desplazarse a una hora muy tardía a otros lugares para verificarlos y/o volver a instalaciones en las que los funcionarios de la Comisión ya habían estado y ya habían dado una oportunidad para llevar a cabo la verificación de los documentos. Lamentablemente, las autoridades chinas no aceptaron la ofertas en los casos en cuestión, lo que indica claramente que la no presentación de los documentos solicitados por la Comisión en un horario regular no se debía a limitaciones de tiempo ni a la falta de voluntad de la Comisión para verificarlos. En lo relativo al retraso en el inicio de la visita de inspección, la Comisión observa que los funcionarios se presentaron cada día a la hora adecuada, pero, que, lamentablemente, algunos retrasos se debieron a los procedimientos diarios de registro requeridos por las autoridades chinas para acceder a las distintas instalaciones que debían verificarse o, simplemente, a la falta de representantes de las autoridades chinas para acompañar a los funcionarios a su llegada a las instalaciones para verificar, lo que suponía largos períodos de espera antes de empezar. La Comisión también observa que las visitas de inspección se prolongaron cada día más allá de la jornada normal de trabajo y que fueron las autoridades chinas las que el primer día cancelaron la sesión de tarde de la visita de inspección porque los representantes del Ministerio de Tecnología decidieron no participar en la visita (véase el considerando 122). De hecho, si las autoridades chinas hubieran aceptado las repetidas ofertas de los funcionarios de la Comisión para verificar los documentos fuera de la jornada laboral, las visitas habrían durado más tiempo; que no fuera sí se debió a que las autoridades chinas no cooperaron plenamente.

(121)

Las autoridades chinas también rebatieron la práctica de la Comisión de no aceptar nuevos documentos o pruebas que requieran verificación una vez finalizado el ejercicio de verificación al que pertenecen. A este respecto debe aclararse que la Comisión no tiene, ni ha tenido nunca, intención de ignorar la información facilitada de esta forma directa. La Comisión tuvo en cuenta toda la información presentada, analizó su calidad (por ejemplo, el extracto de los estados financieros auditados recibe un trato distinto del que recibe un simple documento Word o un cuadro Excel con cifras que no cuentan con el respaldo de ninguna fuente oficial) y le atribuyó la importancia adecuada habida cuenta de que no pudo verificar esta información durante la visita de inspección sobre el terreno.

(122)

En cuanto a los seis documentos (25) que presentaron las autoridades chinas en el curso de la investigación y cuyo contenido se negaron a discutir durante la inspección in situ, dichas autoridades alegaron que la Comisión no tiene ninguna base para aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. También alegaron que la Comisión no ayudó a las autoridades chinas a comprender el requisito de presentación de estos documentos ni a demostrar que todos los documentos en cuestión eran pertinentes, a pesar de que las autoridades chinas habían instado específicamente a la Comisión, antes del inicio de la verificación, a que les ayudara a comprender el requisito de presentación de estos documentos y a demostrar que todos estos documentos eran pertinentes. A este respecto cabe señalar, en primer lugar, que todos los documentos tratan directamente de la industria afectada (26) y, por lo tanto, su inclusión en el alcance de la verificación era muy pertinente.

En segundo lugar, que el contenido de la carta que las autoridades chinas enviaron a la Comisión el 11 de abril de 2013 eran distinto del de la carta de 3 de junio de 2013. De hecho las autoridades chinas declararon, en su carta de 11 de abril de 2013, que la verificación de los mencionados documentos queda suspendida a no ser que la Comisión pueda demostrar de forma convincente en qué medida estos documentos se consideran pertinentes para la presente investigación, en particular, las supuestas subvenciones. Puesto que todos estos documentos se refieren directamente a la industria afectada e incluso a regímenes de subvención específicos, como préstamos preferenciales o regímenes fiscales preferenciales, como es obvio de su redacción, la Comisión no vio qué podría añadir para demostrar más su importancia. Fue sorprendente para la Comisión que las autoridades chinas parecieron no tener problemas con la pertinencia de estos documentos cuando estos se presentaron, sino solo cuando la Comisión pidió explicaciones.

(123)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión declaró que no pudo verificar la mayoría de la información presentada en relación con la documentación original ni cotejarla con los datos de origen utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas en lo que respecta a la información sobre el mercado financiero y las instituciones financieras de China. Las autoridades chinas argumentaron que, habida cuenta del pronunciado carácter general y no específico de los cupos, la Comisión no dio a las autoridades chinas la oportunidad de formular observaciones útiles y, por lo tanto, estas no pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Esto no se corresponde con la realidad. En el cuestionario, la Comisión formulaba preguntas muy específicas y, en consonancia con la práctica habitual de muchas autoridades investigadoras, intentó verificar las respuestas de las autoridades chinas durante la visita de inspección sobre el terreno.

(124)

En particular, las autoridades chinas en su respuesta al cuestionario, afirman que los préstamos a la industria en cuestión representan una parte muy pequeña del total de préstamos concedidos. Por ejemplo, algunos bancos han descrito en el correspondiente apéndice al cuestionario que los préstamos concedidos a la industria afectada representaron menos del 1 % del total de los préstamos. Durante la verificación las autoridades chinas no fueron capaces de apoyar esta alegación con pruebas y, simplemente, remitieron a la Comisión a los bancos.

(125)

La Comisión también solicitó estadísticas sobre los préstamos a la industria afectada. Las autoridades chinas alegaron que no guardan este tipo de documentación. Cuando la Comisión preguntó si las autoridades chinas habían intentado elaborar estas estadísticas y solicitó esta información de los bancos, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria en China presente durante la verificación respondió que no sabía nada del asunto, porque el responsable de las estadísticas en su organización era otro departamento. Las autoridades chinas no presentaron ninguna de las estadísticas solicitadas en el cuestionario y de forma reiterada durante el procedimiento de subsanación de deficiencias. En la carta previa a la inspección, la Comisión indicó de nuevo que se abordaría este asunto.

(126)

Con respecto a los bancos, la Comisión también solicitó información durante la visita de inspección sobre los riesgos y la evaluación de la situación crediticia, la situación general de funcionamiento, la situación de la gestión, el nivel del crédito, el uso financiero, la capacidad de reembolso, el modelo de garantía y cooperación empresarial entre los bancos y los prestatarios, puesto que las autoridades chinas presentaron alegaciones relativas a estas cuestiones en su respuesta al cuestionario. Una vez más, a pesar de que en la carta previa a la inspección se mencionaban estos temas, las autoridades chinas no fueron capaces de proporcionar pruebas para apoyar sus propias alegaciones y remitieron a la Comisión a los bancos.

(127)

En su respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades chinas presentaron cierta información relativa al porcentaje de propiedad gubernamental en algunos bancos. Cabe señalar que, en un principio, las autoridades chinas declararon, en su respuesta al cuestionario, que no disponen de dicha información, y solo presentaron información a este respecto después de que la Comisión señalara que, de hecho, el artículo 24 de la Ley de bancos comerciales exige que los bancos comuniquen dicha información a la Comisión de Regulación Bancaria. Cuando la Comisión, durante la visita de inspección, preguntó cuál había sido la fuente de esta información, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria presente respondió que no sabía nada, porque el responsable en su organización de la recopilación de estos datos era otro departamento. De conformidad con el artículo 2 del «Reglamento provisional sobre las juntas de supervisores de las grandes instituciones financieras de propiedad estatal» (Interim Regulations on the Boards of Supervisors in Key State-owned Financial Institutions) presentado por EXIM Bank en su respuesta a la carta de deficiencia, el órgano de administración del Consejo de Estado elaborará la lista de instituciones financieras de propiedad estatal en cuya junta de supervisores estará representado. Puesto que esta disposición jurídica hace referencia al órgano de administración para las juntas de supervisores de las instituciones financieras de propiedad estatal, parece que las autoridades chinas saben cuáles son las instituciones financieras de su propiedad. No obstante, la Comisión no pudo comprobar esta información, ni siquiera identificar la fuente de la información debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas. La información públicamente disponible indica que, además de los notificados por las autoridades chinas en su respuesta a la carta de deficiencia (27), existen también otros bancos de propiedad estatal (que concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra).

(128)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión, ni en su cuestionario ni en la carta de deficiencia, «había solicitado pruebas documentales ni fuentes de datos» y que «ahora, repentinamente, alega falta de pruebas o de fuentes de datos». Para aclarar las cosas, la Comisión, como otras autoridades investigadoras, verifica los datos presentados por todas las partes en el procedimiento y las autoridades chinas eran conscientes de ello, puesto que la Comisión ya había señalado en su cuestionario y en la carta de presentación al cuestionario que las respuestas podrían ser objeto de verificación. Además, en su carta previa a la inspección, la Comisión también incluyó este tema en particular entre los temas a tratar durante la verificación (28). Por tanto, para las autoridades chinas lo sorprendente no fue el hecho de que la Comisión solicitara pruebas de las declaraciones de dichas autoridades, sino el procedimiento estándar seguido por la Comisión en todos y cada uno de los casos.

(129)

Cuando, durante la verificación, la Comisión pidió a las autoridades chinas que presentaran una lista con los diez bancos más grandes de China y la cuota de mercado que representan, la Comisión de Regulación Bancaria respondió que podía presentar dicha información, pero que no podía responder antes de que se solicitara por escrito. La Comisión explicó que una pregunta planteada oralmente durante la visita de inspección tiene la misma validez que las preguntas presentadas por escrito y subrayó que las autoridades chinas no habían solicitado que se presentaran por escrito las demás preguntas formuladas oralmente antes de responderlas. A pesar de esta aclaración, las autoridades no proporcionaron la información.

(130)

En el cuestionario, la Comisión había solicitado los documentos que sirvieron de base para la creación de la Comisión de Regulación Bancaria de China y el establecimiento de su mandato. Las autoridades chinas presentaron un documento del Congreso Nacional del Pueblo en el que únicamente se comunicaba la creación de la Comisión de Regulación Bancaria. Cuando la Comisión preguntó si existen otros documentos en los que se especifique el mandato y la finalidad de la Comisión de Regulación Bancaria, el funcionario de la misma que se encontraba presente indicó que hay muchas otras leyes relativas a la Comisión de Regulación Bancaria, pero que si la Comisión deseaba obtener estos documentos debería haberlos solicitado antes de la inspección. Se recuerda que en el cuestionario, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que presentaran los documentos que sirvieron de base para la creación de la autoridad y el establecimiento de su mandato y que, por lo tanto, había solicitado estos documentos antes de la inspección.

(131)

Cuando la Comisión solicitó estadísticas e informes de los bancos que concedieron préstamos a los exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación, remitió al artículo 33 de la Ley de la República Popular China sobre la Regulación y Supervisión de la Banca  (29), del que se deriva que la Comisión de Regulación Bancaria recoge estas estadísticas. El funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria que se encontraba presente afirmó que primero tenía que solicitar autorización del servicio jurídico, pero no facilitó ninguna información al respecto antes de que finalizara la verificación. Es preciso señalar de nuevo que la Comisión había solicitado esta información en el cuestionario y en la carta de deficiencia y había indicado en su carta previa a la inspección que las estadísticas serían una de las cuestiones que se abordarían durante la verificación.

(132)

Las autoridades chinas observaron también que las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos sean organismos públicos están basadas solamente en simples afirmaciones sobre instituciones financieras, que, a su vez, se basan en determinaciones «ilegales» en el asunto sobre el papel fino estucado. Esta alegación constituye una interpretación errónea de los hechos en la denuncia. En la denuncia, el denunciante, además de a la propiedad estatal, hace referencia, entre otras cosas, a los préstamos proporcionados por los bancos sobre la base de directivas políticas, a las agencias estatales que dirigen instituciones financieras para incrementar los créditos y los préstamos a empresas con vistas a la promoción de nuevas tecnologías y productos innovadores (incluida la industria fotovoltaica). Las conclusiones del asunto sobre el papel fino estucado que establecen el carácter de organismo público de los bancos chinos se basaron también en otros elementos, no solamente en la propiedad (por ejemplo, la intervención gubernamental y sus directrices a los bancos para que concedieran préstamos preferenciales a la industria papelera a través de planes gubernamentales) y estas conclusiones están plenamente en consonancia con la normativa de la UE y las normas de la OMC. La sentencia relativa a determinados productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica también confirmó las conclusiones sobre la situación de los bancos de propiedad estatal como organismos públicos.

(133)

Las autoridades chinas también alegaron que no tenían capacidad práctica para proporcionar información sobre los 3 800 bancos e instituciones financieras que existen en China y que, en cualquier caso, la Comisión de Regulación Bancaria no mantiene registros en relación con el porcentaje de propiedad gubernamental de los bancos. La Comisión no entiende por qué las autoridades chinas se refieren repetidamente a todos los bancos de China en relación con la propiedad estatal en los mismos cuando la información solicitada solo se refería explícitamente a los bancos «con participación directa o indirecta de las autoridades chinas». (30) Tal como se explica en el considerando 127, la alegación de las autoridades chinas de que la Comisión de Regulación Bancaria (o cualquier otro organismo gubernamental) no mantiene documentación en relación con su parte de propiedad en los bancos parece estar en contradicción con varias disposiciones jurídicas chinas.

(134)

En su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas alegaron de nuevo que no tienen autoridad para exigir a los «bancos independientes» que entreguen información confidencial y remitieron a la carta que, supuestamente, se había enviado a los bancos a este respecto. Es cierto que durante la verificación las autoridades chinas mostraron el original de la carta destinada a los bancos, pero cuando la Comisión les pidió que presentaran pruebas que mostraran a qué bancos e instituciones financieras se había remitido la carta, las autoridades chinas no fueron capaces de presentar dichas pruebas. Las autoridades chinas también alegaron que algunas de las instituciones enumeradas en el anexo 7 de la carta de deficiencia no eran bancos. A este respecto, la Comisión observa que los productores exportadores incluidos en la muestra comunicaron a la Comisión que estas instituciones les habían concedido préstamos.

(135)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no abordó la cuestión de las circulares del Banco Popular de China («PBC») YinFa 2003 y 2004, ni en su cuestionario, ni en las cartas de deficiencia. Se señala que en la carta previa a la inspección, la Comisión incluyó «circulares, reglamentos y documentación interna en relación con el reglamento chino sobre los tipos de interés del PBC» entre las cuestiones que se abordarían durante la verificación. Es obvio que ambas circulares entran en esta categoría. En su respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades chinas mencionaron incluso un artículo del sitio web del PBC en el que se hacía referencia a una de las circulares. Sin embargo, las autoridades chinas no facilitaron ninguna circular del PBC, sino que únicamente presentaron información del sitio web del PBC que estaba incompleta en relación con la gobernanza de los tipos de interés de los préstamos y depósitos en China en comparación con las circulares YinFa 2003 y 2004, ambas accesibles en la red. Hay que señalar también que las autoridades chinas no se negaron a presentar estos documentos porque no habían preparado este asunto, sino más bien a causa de la supuesta confidencialidad de las circulares. Es preciso indicar, a este respecto, que las alegaciones de las autoridades chinas sobre la confidencialidad de las circulares PBC es incoherente con sus propias prácticas en este procedimiento. En sus observaciones sobre la divulgación definitiva, las autoridades chinas presentaron una versión completa de otra circular PBC para apoyar su alegación de que los préstamos especiales concedidos por los bancos comerciales de propiedad estatal se habían suspendido; la confidencialidad alegada en otros puntos no parecía ser un obstáculo. Con respecto a los extractos del sitio web del PBC, la Comisión tomó nota de los mismos y no ignoró su contenido. Sin embargo, a fin de disponer de información completa al respecto, se necesitaba también la información en las dos circulares, que completaba la información facilitada por las autoridades chinas.

(136)

Solicitaron el examen individual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base, seis productores exportadores que cooperaron, a saber, CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd.; Jiangsu Runda PV Co., Ltd.; Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan); Phono Solar Technology Co. Ltd.; Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd. y Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. No fue posible aceptar la solicitud de examen individual de estas empresas debido al elevado número de supuestos regímenes de subvención y al tiempo que requiere la investigación, factores que harían el examen extremadamente oneroso y podrían impedir la conclusión de la investigación a su debido tiempo.

(137)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia, la Comisión recabó información relacionada con los siguientes regímenes, que presuntamente incluían la concesión de subvenciones por parte de las autoridades públicas:

(138)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas información sobre la proporción de préstamos concedidos por los bancos en los que los poderes públicos chinos son el único accionista o accionista mayoritario, los bancos en los que tienen una participación pero no son el mayor accionista, los bancos en los que no son accionistas y los bancos de propiedad extranjera, tanto a la industria en su conjunto como a la industria afectada por el presente procedimiento. Las autoridades chinas respondieron que no conservaban registros de las cantidades y los porcentajes de los préstamos concedidos por los bancos de propiedad estatal como tampoco registros de los créditos concedidos a la industria fotovoltaica. Las autoridades chinas no indicaron ninguna fuente alternativa para obtener esta información.

(139)

La Comisión adjuntó al cuestionario antisubvenciones inicial, un cuestionario específico (apéndice A) destinado a los bancos y a las instituciones financieras, y pidió a las autoridades chinas que lo transmitiera a los bancos/las instituciones financieras que concedieron préstamos a la industria afectada. La finalidad del apéndice A era verificar las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos de propiedad estatal sean organismos públicos. Entre otras cosas, la Comisión buscaba información relativa a la estructura del control gubernamental en los mencionados bancos y la consecución de políticas o intereses gubernamentales con respecto a la industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y junta de accionistas, actas de las reuniones de accionistas/directivos, nacionalidad de los accionistas/directivos, políticas de crédito y evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores exportadores que cooperaron). En su respuesta al apéndice A del cuestionario, las autoridades chinas solo incluyeron cinco bancos (Banco de Desarrollo de China, Exim Bank, Banco de Shanghai, Banco de China (31) y Huaxia Bank). En la carta de deficiencia, la Comisión repitió su solicitud de información inicial. Para facilitar la cooperación de las autoridades chinas, facilitó una lista de bancos e instituciones financieras que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra y les volvió a pedir que transmitieran el apéndice A a dichas entidades. No se presentaron respuestas complementarias del apéndice A junto con la respuesta a la carta de deficiencia.

(140)

La Comisión también solicitó información sobre la propiedad estatal en los bancos y las instituciones financieras. En su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas declararon que no guardan la documentación sobre los porcentajes de propiedad y no facilitaron ninguna indicación sobre cómo obtener la información. Cuando la Comisión, en su carta de deficiencia, señaló que es obligatorio incluir esta información en los estatutos de los bancos y que las autoridades chinas tienen acceso a ellos en su calidad de accionistas, estas facilitaron información relativa a la participación en dieciséis bancos. Sin embargo, excepto por lo que se refiere a cinco bancos, con respecto a los cuales las autoridades chinas remitieron a los informes anuales como fuente, dichas autoridades no facilitaron ninguna documentación para apoyar esta información ni tampoco revelaron la fuente de la misma. Por lo que respecta a los otros bancos que concedieron préstamos a la industria afectada, las autoridades chinas no facilitaron ninguna información sobre su porcentaje de participación. Por lo tanto, la Comisión no pudo comprobar la exactitud ni la veracidad de los datos presentados en relación con la instituciones financieras en los bancos y otras instituciones financieras.

(141)

Las autoridades chinas alegaron que la calificación BB aplicada a los productores exportadores incluidos en la muestra (a los efectos del préstamo de referencia) es extremadamente desfavorable y que la Comisión a la luz de las circunstancias del caso, no explicó cómo concluyó que esta era la conclusión más exacta o la más razonable. Las autoridades chinas alegaron también que esta metodología conducía a una conclusión desfavorable inadmisible. Si bien esta alegación se había emitido en relación con uno de los asuntos previos (a saber, el asunto sobre el papel fino estucado) y antes de la divulgación de la información relativa a la calificación aplicada a los productores exportadores incluidos en la muestra en el presente procedimiento, es preciso indicar que la Comisión no aplicó «hechos conocidos adversos» en este asunto, ni en ninguno de los otros asuntos a los que las autoridades chinas hacían referencia en la documentación. La Comisión solo extrajo conclusiones apropiadas de los hechos comprobados, que pusieron de manifiesto la falta de una evaluación del riesgo crediticio adecuada (véanse los considerandos 175 a 178). Cabe señalar que durante el período de investigación la industria fotovoltaica china sufrió graves pérdidas y estaba claro que su situación financiera era extremadamente difícil. Varias evaluaciones del riesgo crediticio proporcionadas por las empresas incluidas en la muestra pusieron de manifiesto que la calificación BB para el período de investigación en conjunto era razonable. De hecho, varias evaluaciones del riesgo crediticio demuestran claramente que, de hecho, varios de los grupos eran más o menos insolventes.

(142)

En su carta previa a la inspección, la Comisión preveía verificar los bancos que respondieron al apéndice A del cuestionario y que habían concedido una amplia proporción de préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, como el China Development Bank (Banco de Desarrollo de China), el Export-Import Bank of China (Banco de Importación/Exportación de China), el Bank of Shanghai (Banco de Shanghai) y el Huaxia Bank (Banco Huaxia), e incluyó una lista detallada de las cuestiones que se abordarían durante la verificación. En el cuestionario inicial destinado a las autoridades chinas, la Comisión ya había dejado claro que la información facilitada en las respuestas al cuestionario podría estar sujeta a una verificación in situ. En la carta previa a la inspección, la Comisión también señaló a las autoridades chinas que se les pediría el acceso a todos los documentos de apoyo utilizados para preparar la respuesta fundamentada, incluidos los documentos y las aplicaciones originales de las fuentes. En cuanto a los otros dos grandes proveedores de financiación preferencial a los productores exportadores incluidos en la muestra, o bien no presentaron ninguno de los datos solicitados (Agricultural Bank of China) o bien se presentó la información en su nombre, sin posibilidad de verificarla (Bank of China).

(143)

En su carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013, la Comisión notificó a las autoridades chinas su intención de verificar el Banco de Shanghai y, a fin de facilitar la visita de inspección, y, en caso necesario, ofreció ampliar la visita de inspección hasta el 22 de abril de 2013 (32). En su primera respuesta a la carta previa a la inspección, de 5 de abril, las autoridades chinas no confirmaron si se llevaría a cabo la verificación del Banco de Shanghai, sino que preguntaron si la Comisión estaría dispuesta a verificar el Banco de Shanghai en un emplazamiento distinto que el resto de la verificación (es decir, en Shanghai en vez de en Pekín). Para facilitar la visita de inspección, la Comisión, de forma excepcional, aceptó hacerlo; no obstante, pidió a las autoridades chinas que confirmaran la verificación en Shangai el 9 de abril a más tardar (es decir, tres días hábiles antes del comienzo de la verificación en Pekín) a fin de que el equipo pudiera organizar los aspectos prácticos relacionados con este cambio en la planificación de la verificación. Hasta el 11 de abril (un día hábil antes del inicio de la verificación) las autoridades chinas no confirmaron que la verificación al Banco de Shanghai podría tener lugar el 23 o el 24 de abril. El mismo día, la Comisión comunicó a las autoridades chinas que, debido a la tardanza en la confirmación, no era posible incluir los cambios en el programa. Por otra parte, las fechas propuestas por las autoridades chinas (23 o 24 de abril) eran posteriores al período acordado entre las autoridades chinas y la Comisión para realizar la verificación, y posteriores, incluso, a la ampliación del plazo ofrecida por la Comisión. A consecuencia de ello, la Comisión no pudo verificar la respuesta al apéndice A presentada por el Banco de Shanghai, ni la información relativa a los préstamos concedidos por este banco a los productores exportadores incluidos en la muestra. Por consiguiente, la Comisión, en su carta de 23 de mayo de 2013, comunicó a las autoridades chinas que tiene intención de considerar la aplicación del artículo 28 del Reglamento (CE) no 597/2009 en lo relativo a la información no verificada presentada por el Banco de Shanghai.

(144)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas alegaron que la verificación del Banco de Shanghai no se llevó a cabo debido a la poca flexibilidad de la Comisión, que no propuso fechas alternativas para la verificación y simplemente rechazó considerar la verificación del Banco de Shanghai. Estas alegaciones son incorrectas. La Comisión indicó claramente en su carta previa a la inspección que la propuesta inicial era verificar los bancos el 17 y el 18 de abril de 2013, con un posible día adicional el 22 de abril, dejando a elección de las autoridades chinas las fechas adecuadas para visitar los bancos a lo largo de todo el período de verificación (es decir, una semana laboral completa más un día adicional). Las autoridades chinas propusieron fechas para la verificación del Banco de Shanghai fuera de este plazo, y, además, no lo hicieron hasta un día antes del inicio de la visita de inspección. En opinión de la Comisión, la flexibilidad ofrecida era más que suficiente y, contrariamente a la alegación de las autoridades chinas, se ofrecieron seis días alternativos en total para la verificación dl Banco de Shanghai.

(145)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión explicó a las autoridades chinas que no podía verificar determinadas partes de la respuesta del Huaxia Bank («Huaxia») al apéndice A, en concreto, la estructura de participación, la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y el riesgo de las primas cobradas a distintas industrias, en particular, a la industria afectada.

(146)

En su respuesta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas alegaron que Huaxia había explicado la estructura de participación y proporcionado otros detalles y explicaciones a la Comisión sobre sus accionistas; explicaron que la evaluación de la solvencia crediticia de los clientes está protegida por el secreto bancario y por los acuerdos contractuales entre los bancos y sus clientes.

(147)

Por lo que se refiere a la estructura de participación, Huaxia indica, en su respuesta al apéndice A, que no tenía acciones estatales y no comunicó ninguna información sobre la instituciones financieras, aunque la Comisión la había solicitado de forma específica en el apéndice A. La Comisión indicó que esto se contradice con otra información proporcionada por las autoridades chinas y que Huaxia había admitido que algunos de los accionistas eran de propiedad estatal y proporcionó un documento redactado en chino con información al respecto. La información presentada por Huaxia no ha dejado claro cuál es el porcentaje de propiedad estatal del banco.

(148)

En cuanto a la evaluación de la solvencia crediticia, la Comisión toma nota de que el banco pudo presentar este documento en relación con una de las empresas (después de proteger la identidad de la empresa con algunas modificaciones en el documento), mientras que en relación con los demás documentos solicitados alegó que estaban protegidos por el secreto bancario y por los acuerdos contractuales entre los bancos y sus clientes. Esta discrepancia en los tratamientos es difícil de comprender.

(149)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión informó a las autoridades chinas de que las respuestas del Banco de Importación y Exportación de China («EXIM») al apéndice A y a las cartas de deficiencia no estaban completas y que EXIM no había sido capaz de presentar determinados documentos solicitados específicamente, como los estatutos, la Notice of Establishing Export-Import bank of China Issued by the State Council or Measures for the management of Export Sellers's Credit for Hi-Tech products of the Export –Import Bank of China. (Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China del Consejo de Estado o Medidas para la gestión del crédito a los exportadores con vistas a la exportación de productos de alta tecnología del Banco de Importación y Exportación de China). En relación con los estatutos, las autoridades chinas alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que EXIM, debido a su política interna, no pudo presentar los estatutos (un documento de gestión interna), pero remitió a la versión en línea que supuestamente se podría consultar en el ordenador portátil facilitado por EXIM durante la verificación. La Comisión tiene sus dudas con respecto a esta explicación, que no parece tener ningún sentido. Si el documento estaba disponible en línea durante la verificación, la Comisión no ve ninguna razón por la que no pudo haber sido presentado, como ya se había solicitado varias veces en el cuestionario, en la carta de deficiencia y, de nuevo, durante la inspección. De hecho, la afirmación de que EXIM facilitó el acceso al documento en el ordenador portátil durante la verificación es incorrecta. EXIM señaló que la Comisión debería revisar el documento en línea, pero el funcionario de la Comisión explicó que no tenían acceso a Internet desde los locales en que tenía lugar la verificación. Además, EXIM ni siquiera proporcionó un enlace a la versión en línea de los estatutos.

(150)

En cuanto a los otros dos documentos, EXIM argumentó que no los podían proporcionar debido a su carácter confidencial y a las normas internas. Fue el propio EXIM que indicó en su respuesta a la carta de deficiencia que EXIM estaba formado y operaba de conformidad con la Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China del Consejo de Estado y los estatutos del Banco de Exportación-Importación de China. Por lo tanto, aunque este documento se consideró esencial para la verificación de las alegaciones en la denuncia que afirman que EXIM es un organismo público, la Comisión no tuvo acceso al mismo. En este contexto, se observa que otra entidad de crédito oficial, a saber, el Banco de Desarrollo de China, proporcionó un documento similar en relación con su creación, y que durante la investigación se presentaron también otras notificaciones del Consejo de Estado. EXIM tampoco respaldó sus alegaciones sobre confidencialidad con prueba alguna. Además, como se explica en el considerando 117, los gobiernos no pueden simplemente invocar normas internas a fin de evitar cumplir sus obligaciones con arreglo al Acuerdo SMC y al Reglamento de base. Lo mismo se aplica a las Measures for the management of Export Sellers's Credit for Hi-Tech products of the Export–Import Bank of China (Medidas para la gestión del crédito a las ventas de exportación de productos de alta tecnología del Banco de Importación–Exportación de China) con respecto a las que EXIM también alegó confidencialidad sin aportar ninguna prueba, negándose incluso a discutir la finalidad del citado documento.

(151)

EXIM tampoco fue capaz de facilitar información sobre la composición del Consejo de Administración y la Junta de Supervisores, repetidamente solicitada, y argumentó que la composición del Consejo de Administración está cambiando y que las preguntas de la Comisión en relación con la afiliación al partido comunista chino de los miembros de la Junta Directiva son preguntas invasivas e inadecuadas en el contexto de una investigación antisubvenciones. El hecho de que la composición del Consejo de Administración esté cambiando no es pertinente a efectos de la presente investigación. Lo que sí es pertinente es la forma en que el Estado está representado en las juntas directivas del EXIM; sin embargo, tanto las autoridades chinas como EXIM se negaron a proporcionar esta información. La Comisión considera además que la afiliación al partido comunista chino de los altos directivos de EXIM (y de todos los demás bancos afectados) es esencial para establecer el alcance de la influencia del Estado en la gestión de los bancos. Con arreglo al acta constitutiva del partido comunista chino, El Partido debe mantener y mejorar el sistema económico básico, en el que la participación oficial desempeñe un papel dominante y diferentes sectores económicos se desarrollen paralelamente […]  (33); por tanto, el examen de la influencia del partido comunista chino en el EXIM se consideró necesaria e efectos de la presente investigación, y, en particular, para evaluar el nivel de control estatal en los bancos.

(152)

En relación con las estadísticas sobre la exportación de diversas categorías de productos que ya se solicitaban en el cuestionario y que EXIM tiene la obligación legal de comunicar a la Comisión de Regulación Bancaria de China, las autoridades chinas alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que necesitaban más tiempo para preparar esta información. A este respecto, cabe señalar que, puesto que la Comisión ya solicitó esta información en el cuestionario inicial, las autoridades chinas tuvieron más de tres meses y medio para prepararla, pero no fueron capaces de hacerlo. EXIM alegó que este tipo de información podía encontrarse en los informes anuales; esto, sin embargo, no es correcto. La información recogida en los informes anuales a que se referían las autoridades chinas abarca períodos distintos de los correspondientes a la información solicitada por la Comisión en el cuestionario y durante la visita de inspección.

(153)

Las autoridades chinas alegaron con razón que en la respuesta al cuestionario, habían presentado, entre otras cosas, los importes de los créditos a la exportación para las exportaciones de productos mecánicos y eléctricos y nuevos productos de alta tecnología. Cabe señalar que la Comisión nunca ha cuestionado la presentación de estas cifras. La Comisión cuestionó el hecho de que, cuando intentó verificar estas cifras durante la visita de inspección, EXIM no fue capaz de proporcionar ninguna prueba, ni siquiera de explicar la procedencia de las mismas. Del mismo modo, la Comisión tampoco obtuvo permiso para verificar los datos sobre la proporción de créditos a la exportación concedidos a la industria fotovoltaica que las autoridades chinas habían presentado en la respuesta al cuestionario. Resulta interesante que EXIM no considerara confidenciales ninguna de estas cifras, pero cuando la Comisión solicitó los datos de origen para verificarlos, EXIM denegó el acceso a los mismos, alegando razones de confidencialidad. EXIM aplicó el mismo razonamiento a los importes de los créditos a la exportación concedidos a los productores incluidos en la muestra y a productores que cooperaron. Comunicó cifras en su respuesta a la carta de deficiencia, pero no permitió que la Comisión las verificara, alegando motivos de confidencialidad. De hecho, no se pudo verificar la gran mayoría de las estadísticas presentadas por EXIM.

(154)

EXIM también se negó a explicar y apoyar con pruebas pertinentes las calificaciones de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y el análisis que dio lugar a estas calificaciones.

(155)

En su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas indicaron que les preocupaba que la Comisión hiciera preguntas personales sobre las afiliaciones a un partido político de los miembros de los Consejos de administración y los altos directivos. Esto no es correcto. Las preguntas relativas a los vínculos de los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos con el partido comunista chino eran de carácter puramente técnico y, como se explica en el considerando 151, se solicitaron como una ayuda para determinar el papel del partido comunista chino en la economía china.

(156)

Durante la verificación, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra. El CDB proporcionó cierta información de carácter general, pero se negó a revelar cualquier información relativa a la evaluación de solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra, incluido el informe de evaluación y valoración del riesgo de la industria fotovoltaica.

(157)

En la respuesta a la carta de deficiencia, el CDB presentó una cifra relativa a la prima de riesgo aplicada a la industria en cuestión. Durante la verificación, el CDB corrigió su respuesta al respecto, pero no facilitó ninguna documentación que apoyara esta cifra, ni explicación alguna sobre los fundamentos de la misma, pese a las reiteradas peticiones de la Comisión durante la visita de inspección.

(158)

El denunciante alega que los bancos comerciales de propiedad estatal de China son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base.

(159)

En su informe «Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China (informe OA)» (34), el Órgano de Apelación de la OMC (OA) definió un organismo público como una entidad que «posee o ejerce facultades gubernamentales, o que está dotado de ellas». Con arreglo al informe OA, las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden servir de prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para desempeñar funciones gubernamentales. Si las pruebas muestran que los indicios de control gubernamental son múltiples, y si también hay pruebas de que dicho control se ha ejercido de manera significativa, es lícito inferir que la entidad en cuestión ejerce una autoridad gubernamental (35). El OA consideró asimismo que los organismos públicos también se caracterizan por el «desempeño de funciones gubernamentales» (36) que «habitualmente se considerarían parte de la práctica gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro de que se trate» (37).

(160)

El siguiente análisis se centra en si los bancos comerciales estatales en cuestión desempeñan funciones que habitualmente se consideran parte de las funciones gubernamentales en China y, en caso afirmativo, si ejercen la autoridad pública al hacerlo. La investigación ha establecido que el mercado financiero chino se caracteriza por la intervención de las autoridades porque la mayoría de los bancos son de propiedad estatal. Las autoridades chinas solamente han facilitado una información muy limitada respecto a la estructura de participación/propiedad de los bancos de China. Sin embargo, tal como se señala más adelante, la Comisión reunió la información disponible a fin de llegar a una conclusión representativa. Al llevar a cabo su análisis sobre si los bancos son entidades que poseen o están dotadas de autoridad pública o que la ejercen (organismos públicos), la Comisión también solicitó información relativa no solamente a la propiedad estatal de los bancos sino también a otras características como la presencia del Gobierno en la junta directiva, el control estatal sobre sus actividades, la consecución de políticas o intereses públicos y sobre si las entidades fueron creadas o no mediante un estatuto.

(161)

De la información disponible cabe concluir que los bancos de propiedad estatal en China poseen la mayor parte de la cuota de mercado y son agentes de primer orden en el mercado financiero chino. De conformidad con la investigación del Deutsche Bank sobre el sector bancario chino (38), realizada en 2006, la cuota de los bancos de propiedad estatal puede alcanzar más de 2/3 del mercado chino. Con respecto al mismo tema, el Examen de las políticas comerciales de China elaborado por la OMC señala que «el elevado nivel de propiedad estatal es otra característica notable del sector financiero en China» (39) y «apenas ha habido cambios en la estructura de mercado del sector bancario de China, que está dominado por los bancos de propiedad estatal» (40). Es oportuno señalar que los cinco grandes bancos comerciales de propiedad estatal —el Agricultural Bank, el Bank of China, el Construction Bank of China, el Bank of Communications y el Industrial and Commercial Bank— representan más de la mitad del sector bancario chino (41). Las autoridades chinas confirmaron la participación del Estado en los cinco mayores de propiedad estatal en su respuesta a la carta de deficiencia.

(162)

La Comisión también solicitó información relativa a la estructura del control estatal en los mencionados bancos y la realización de políticas o intereses públicos con respecto a la industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y junta de accionistas, actas de las reuniones de accionistas/directivos, nacionalidad de los accionistas/directivos, políticas de crédito y evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores exportadores que cooperaron). No obstante, como se ha señalado en el considerando 139, las autoridades chinas solo facilitaron información muy limitada a este respecto y no permitieron verificar gran parte de la información presentada. Por consiguiente, la Comisión tuvo que utilizar los datos disponibles y concluyó que los bancos en cuestión están controlados por el Gobierno a través de la participación, el control administrativo de su comportamiento «comercial» incluidos los límites impuestos a los tipos de interés de depósitos y préstamos (véanse los considerandos 164 a 167) y, en algunos casos, incluso mediante documentos estatutarios (42).

Los datos pertinentes utilizados para llegar a las mencionadas conclusiones derivan de la información presentada por las autoridades chinas, los informes anuales de los bancos chinos que fueron presentados por las autoridades chinas o eran accesibles al público, la información obtenida de la investigación de 2006 del Deutsche Bank sobre el sector bancario chino (43), el Examen de las políticas comerciales de China de la OMC (2012) (44), el Informe del Banco Mundial «China 2030» (45)o el análisis económico sobre China de la OCDE (2010) (46), la información presentada por los productores exportadores que cooperaron y la información existente en la denuncia. Por lo que se refiere a los bancos extranjeros, según fuentes independientes se estima que representan una parte mínima del sector bancario chino, y, en consecuencia, desempeñan un papel insignificante en la política de préstamos; de acuerdo con la información pertinente al respecto, podrían representar tan solo el 2 % del mercado chino (47). Otras fuentes públicas de información en este ámbito también confirman que los bancos chinos, en particular los grandes bancos comerciales, siguen dependiendo de los accionistas de propiedad estatal y del gobierno para el reaprovisionamiento de capital cuando existe inadecuación del capital a resultas de la expansión del crédito (48).

(163)

Con respecto a los bancos que concedieron préstamos a los productores exportadores que cooperaron, la mayoría son bancos de propiedad estatal. De hecho, sobre la base de la información disponible (49) se constató que los bancos de propiedad estatal y otras entidades de propiedad estatal concedieron la inmensa mayoría de préstamos a los productores exportadores que cooperaron. Entre ellos figuran los principales bancos comerciales y entidades de crédito oficial de China, como el China Development Bank, el EXIM Bank, el Agricultural Bank of China, el Bank of China, el China Construction Bank y el Industrial and Commercial Bank of China. Respecto a los restantes bancos de propiedad estatal afectados, la Comisión solicitó la misma información mencionada anteriormente acerca del control público y la realización de políticas o intereses públicos en lo relativo a la industria fotovoltaica. No se facilitó esa información detallada. Por lo tanto, se concluye que los bancos están controlados por el Gobierno. Este significativo control se pone de manifiesto, entre otras cosas, por la política del Gobierno de apoyar a la industria en cuestión, que obliga a los bancos a prestarle un particular apoyo (véase el considerando 102). Por este motivo, los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas de China deben considerarse organismos públicos.

(164)

Otra señal de participación de las autoridades chinas en el mercado financiero chino es el papel desempeñado por el PBC a la hora de establecer los límites específicos sobre la manera en que se establecen y fluctúan los tipos de interés. En efecto, de la investigación se desprende que el PBC dispone de normas específicas que regulan el modo en que fluctúan los tipos de interés en China. De conformidad con la información disponible, estas normas están establecidas en la Circular del PBC sobre las cuestiones relativas al ajuste de los tipos de interés sobre los depósitos y los préstamos-Yinfa (2004) no 251 («Circular 251»). Las instituciones financieras han de ofrecer préstamos a tipos que respeten el margen respecto al tipo de interés de referencia establecido por el PBC. En el caso de préstamos de bancos comerciales y de préstamos de entidades de crédito oficial gestionadas comercialmente no existe un límite superior, sino solamente un límite inferior. En los casos de cooperativas urbanas de crédito y cooperativas rurales de crédito existen tanto los límites superiores como los inferiores. En el caso de créditos preferenciales y créditos respecto a los que el Consejo de Estado tiene normas específicas, los tipos de interés no fluctúan al alza. La Comisión pidió aclaraciones a las autoridades chinas sobre la definición y la redacción de la Circular 251, así como sobre la legislación precedente (Circular del PBC relativa a la ampliación del margen de fluctuación del tipo de interés de las instituciones financieras — YinFa [2003] no 250). No obstante, como se describe en el considerando 135, las autoridades chinas se negaron a proporcionar esas circulares, lo que impidió que la Comisión comprobara su contenido y obtuviera explicaciones. Dado que las autoridades chinas no facilitaron ninguna información pertinente al respecto que pudiera indicar que la situación había cambiado desde marzo de 2013, cuando la Comisión concluyó su investigación antisubvenciones sobre los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica (50), se concluyó que el PBC participa e influye en la fijación de los tipos de interés de los bancos comerciales de propiedad estatal. Las autoridades chinas no facilitaron ninguna prueba de que hubiera cambiado la situación constatada ya durante las investigaciones relativas al papel fino estucado y al acero revestido de materia orgánica. Por consiguiente, sobre la base de los datos disponibles y de las demás pruebas citadas anteriormente, se llegó a la conclusión de que la situación relativa a la metodología para la determinación de los tipos de interés fue la misma durante todo el período de investigación.

(165)

Los límites de los tipos de interés sobre los préstamos junto con los límites impuestos a los tipos de depósito crean una situación en la que los bancos tienen garantizado el acceso a capital barato (debido al Reglamento sobre los tipos de depósito) y tienen capacidad para prestar dinero a determinadas industrias a precios favorables.

(166)

Los bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las necesidades de la economía nacional (51), proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos (52) o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología de tecnologías innovadoras (53). Los bancos están obligados a respetar estas normas. Los productores exportadores incluidos en la muestra pertenecen a las categorías de proyectos que deben fomentarse así como a la categoría de industrias de alta y nueva tecnología.

(167)

Diversas fuentes de información independientes sugieren que la intervención del Estado en el sector financiero chino es sustancial y tiene lugar en la actualidad. Por ejemplo, en las conclusiones de i) el documento de trabajo de 2006 del FMI se señalaba que la liberalización del sector bancario en China no está completa y no refleja adecuadamente el riesgo crediticio (54); ii) el Informe de 2009 del FMI subrayaba la falta de liberalización de los tipos de interés en China (55); iii) el Informe de 2010 del FMI sobre China señalaba que el coste del capital en China es relativamente bajo, la concesión de créditos está determinada en ocasiones por factores no relacionados con los precios y la elevada tasa de ahorro de las empresas se debe en parte al bajo coste de diversos factores de producción (incluidos el capital y el suelo) (56) y iv) el análisis económico de la OCDE de 2010 dedicado a China (57) y el documento de trabajo no 747 del Departamento de economía de la OCDE sobre la reforma del sector financiero en China (58) afirmaban que la propiedad de las instituciones financieras sigue estando dominada por el Estado, lo que plantea en qué medida las decisiones crediticias de los bancos se basan en consideraciones puramente comerciales, mientras que la función tradicional de los bancos parece ser la de organismos públicos vinculados al Gobierno.

(168)

Sobre la base de las pruebas mencionadas, se ha llegado a la conclusión de que los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas llevan a cabo funciones gubernamentales en nombre de las autoridades chinas, a saber, la promoción obligatoria de determinados sectores de la economía en línea con los documentos políticos y estratégicos del Estado. El amplio control del Gobierno en los bancos de propiedad estatal, así como otra información sobre las relaciones entre los bancos de propiedad estatal y el Gobierno (incluida la falta de cooperación de las autoridades chinas a este respecto) confirma que los bancos están controlados por el Gobierno en el ejercicio de sus funciones públicas. Las autoridades chinas ejercen un control significativo sobre los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas mediante la persistente participación del Gobierno en el sector financiero y la obligación de los bancos de propiedad estatal de seguir las políticas públicas. Por tanto, los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas se consideran organismos públicos, ya que están dotados de autoridad gubernamental y desempeñan funciones públicas.

(169)

La Comisión también analizó si los bancos comerciales privados en China recibían de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos preferenciales (subvencionados) a los productores de productos fotovoltaicos en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(170)

De la sección anterior sobre la intervención estatal en el sector fotovoltaico (considerando 101) y de las conclusiones descritas a continuación se deriva claramente que las autoridades chinas aplican una política de concesión de préstamos preferenciales al sector fotovoltaico, ya que los organismos públicos (bancos comerciales de propiedad estatal) (59) participan en dicha concesión y ocupan un lugar preponderante en el mercado, lo que les permite ofrecer tipos de interés inferiores a los del mercado.

(171)

La Ley de bancos comerciales [2003] se aplica del mismo modo a los bancos comerciales de propiedad estatal y a los bancos comerciales privados. Por ejemplo, el artículo 38 de la citada Ley ordena a todos los bancos comerciales (es decir, también a los privados) establecer los tipos de interés de conformidad con los límites superior e inferior de tipos de interés fijados por el PBC, y el artículo 34 de la misma Ley ordena a los bancos comerciales que lleven a cabo sus actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales del Estado.

(172)

Varios documentos de planificación, documentos sobre políticas y normas del Gobierno se refieren a los préstamos preferenciales concedidos a la industria fotovoltaica. Por ejemplo, la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2010 para fomentar el desarrollo de siete nuevos sectores industriales estratégicos promete ampliar la intensidad de las políticas de apoyo fiscal y financiero a los sectores industriales estratégicos (60) (entre los que figura la industria fotovoltaica) y anima a las instituciones financieras a aumentar las ayudas crediticias a estas industrias y a hacer uso de políticas fiscales preferenciales, como la compensación de riesgos. También el Esquema nacional para el desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020), que considera la energía solar y las células fotovoltaicas como ámbitos clave y temas de prioridad (61) se compromete a alentar a las instituciones financieras a que apoyen con créditos preferenciales los grandes proyectos nacionales de industrialización científica y tecnológica y encarga a las autoridades que insten a diversas instituciones financieras y al capital privado a participar en el desarrollo científico y tecnológico. La Ley china relativa al progreso científico y tecnológico (Orden n o 82 del Presidente de China) establece que el Estado animará y asesorará a las instituciones financieras en el apoyo al desarrollo de industrias de alta y nueva tecnología mediante la concesión de préstamos y que las instituciones financieras de crédito oficial deberán dar prioridad al desarrollo de las industrias de alta y nueva tecnología (62). Con arreglo a la misma Ley, las instituciones financieras de crédito oficial, en el ámbito de su actividad empresarial, ofrecen ayuda especial a las empresas independientes que inician proyectos de innovación alentada por el Estado (63).

(173)

Además, los bancos comerciales de propiedad privada también están obligados a respetar la mencionada limitación de los tipos de interés establecida por el PBC (considerandos 164 y 165).

(174)

Los extractos anteriores de leyes y reglamentos pertinentes para el sector bancario indican que la política de las autoridades chinas de conceder préstamos preferenciales a la industria fotovoltaica se extiende también a los bancos comerciales privados y, de hecho, las autoridades chinas les ordenan que lleven a cabo sus actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales del Estado  (64).

(175)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas información pertinente para valorar cómo llevan a cabo los bancos chinos la evaluación del riesgo crediticio de las empresas fotovoltaicas antes de decidir si les conceden o no créditos y determinar las condiciones de los créditos concedidos. En el apéndice A del cuestionario, la Comisión solicitaba información sobre la consideración del riesgo por parte de los bancos en las operaciones de préstamo, la evaluación de la solvencia crediticia del solicitante, las primas de riesgo que pide el banco a distintas empresas/industrias de China, los factores que tiene en cuenta el banco a la hora de evaluar las solicitudes de crédito, la descripción de las solicitudes de crédito y el proceso de aprobación, etc. Sin embargo, ni las autoridades chinas ni los bancos individuales identificados en el cuestionario proporcionaron pruebas al respecto (con una excepción a la que se hace referencia en el considerando 176). Las autoridades chinas solo dieron respuestas de carácter general, que no estaban respaldadas por ningún tipo de prueba de que se llevase a cabo realmente alguna evaluación del riesgo crediticio.

(176)

Durante las verificaciones de uno de los bancos, la Comisión pudo examinar una evaluación del riesgo. Parte de esa evaluación del riesgo crediticio hacía referencia al apoyo público para las empresas de energía solar así como a los planes estatales para fomentar la industria fotovoltaica en general y este hecho se reflejaba positivamente en la calificación crediticia concedida a esta empresa. Éste es un ejemplo de cómo las políticas públicas (y las subvenciones dirigidas a un determinado sector) influyen en el proceso de toma de decisiones de los bancos a la hora de tomar decisiones respecto de las condiciones de financiación para empresas de energía solar.

(177)

La Comisión también solicitó información similar a los productores exportadores que cooperaron, e intentó confirmarla durante las visitas de inspección in situ a los productores exportadores incluidos en la muestra. La mayoría de productores exportadores incluidos en la muestra respondieron que los bancos solicitan determinados documentos y realizan algún tipo de análisis del riesgo crediticio antes de aprobar los préstamos. Sin embargo, no pudieron respaldar sus alegaciones con ninguna prueba. Durante la inspección in situ la Comisión solicitó pruebas de que los bancos habían pedido tales documentos o de que las empresas los hubieran proporcionado a los bancos, o cualquier otro tipo de informe elaborado por los bancos que acreditara que se había llevado a cabo un análisis del riesgo crediticio. No obstante, los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra no fueron capaces de aportar dichas pruebas, ni ninguna otra prueba en apoyo de sus alegaciones.

(178)

La información relativa a la evaluación del riesgo crediticio se solicitó repetidamente a las partes interesadas, ya que se considera crucial debido a, entre otras cosas, la información a que se hace referencia en el considerando 167.

(179)

En vista de lo anterior, las conclusiones sobre la evaluación del riesgo crediticio en China son aplicables a los bancos comerciales de propiedad estatal, a los bancos comerciales privados y a las instituciones de crédito oficial. En efecto las pruebas citadas llevan a la conclusión de que, en China, los bancos privados tienen que seguir las políticas públicas en lo relativo a la concesión de préstamos, en particular al sector de la energía fotovoltaica, y actuar de la misma manera que los bancos de propiedad estatal, considerados organismos públicos en el considerando 168. Por lo tanto, se concluye que los bancos privados reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones normalmente propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(180)

Además, de las pruebas mencionadas se deriva que, incluso en el caso de que los bancos de propiedad estatal no se considerasen organismos públicos, se seguiría considerando que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones normalmente propias de las autoridades públicas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(181)

De la información recogida durante la presente investigación se puede concluir que la cuota de mercado de los bancos de propiedad estatal asciende a más de dos tercios del mercado chino. Los cinco grandes bancos de propiedad estatal —el Banco Agrícola (Agricultural Bank), el Banco de China (Bank of China), el Banco de la Construcción de China (Construction Bank of China), el Banco de las Comunicaciones (Bank of Communications)y el Banco Industrial y Comercial (Industrial and Commercial Bank)— representan a más de la mitad del sector bancario chino (65). Además, la participación pública en el Banco de Desarrollo de China y el Banco de exportación e importación de China es del 100 %. Estos siete bancos conceden la gran mayoría de préstamos a los ocho productores exportadores incluidos en la muestra en la investigación sobre los paneles solares. Esta omnipresente propiedad estatal, combinada con las distorsiones del mercado financiero chino y con la política de los poderes públicos chinos de dirigir recursos financieros baratos a determinados sectores industriales socava la igualdad de condiciones en el comercio internacional y proporciona una ventaja indebida a los productores chinos.

(182)

Los bancos de la República Popular China no gozan de total libertad para decidir las condiciones de los préstamos. Por lo que se refiere a los tipos de interés, están obligados a mantenerse dentro de los límites establecidos por el Banco Popular de China. Estos límites, junto con los límites impuestos a los tipos de depósito crean una situación en la que los bancos tienen garantizado el acceso a capital barato (debido a la normativa sobre los tipos de depósito) y tienen capacidad para prestarlo a precios favorables a determinadas industrias.

(183)

Los bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las necesidades de la economía nacional (66), proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos (67) o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología o de tecnologías innovadoras (68). Los bancos están obligados a respetar estas normas.

(184)

Según recientes constataciones, determinados grandes bancos comerciales en China tenían acceso a las reservas de divisas del Estado (69). Esto hace que disminuyan significativamente sus costes de capital y este «dinero barato» se utiliza para conceder préstamos en USD y EUR a las empresas y los proyectos seleccionados de acuerdo con la política de globalización. Por lo tanto, estos mercados pueden ofrecer condiciones con las que los bancos comerciales normales no pueden competir.

(185)

Otra importante distorsión en la financiación de la industria fotovoltaica es la especial posición privilegiada del Banco de Desarrollo de China («CDB»), que es el mayor prestamista de esta industria y facilita la mayor parte de los préstamos y líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra. El CDB se financia casi exclusivamente mediante la venta de bonos más que mediante depósitos y es, tras el Ministerio de Hacienda, el segundo mayor emisor de obligaciones en el país. Este mecanismo especial permite al CDB tener una autofinanciación económicamente favorable, y, por tanto, es capaz de ofrecer préstamos en condiciones preferenciales a determinadas industrias (70).

(186)

El denunciante alegó que las autoridades chinas subvencionan a su industria fotovoltaica a través de préstamos preferenciales y crédito dirigido.

(187)

Las siguientes disposiciones jurídicas prevén préstamos preferenciales en China: Ley de la República Popular China sobre bancos comerciales (Law of the PRC on Commercial Banks), Normas generales sobre préstamos, ejecutadas por el Banco Popular de China (General Rules on Loans, implemented by the People's Bank of China) y Decisión no 40 del Consejo de Estado sobre la promulgación y ejecución de las disposiciones temporales para la promoción del ajuste de las estructuras industriales (Decision No 40 of the of the State Council on Promulgating and Implementing the Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment)

(188)

Vista la totalidad de las pruebas, se ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría de los préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra fueron concedidos por bancos de propiedad estatal, considerados organismos públicos en el considerando 168 porque están investidos de poder público y desempeñan funciones del Gobierno. Hay una prueba más de que esos bancos actúan, en efecto, como una autoridad pública, ya que, tal como se explica en el considerando 164, el Estado (es decir, el PBC) interviene claramente en el modo en que los bancos comerciales toman decisiones sobre los tipos de interés de los préstamos que conceden a las empresas chinas. En tales circunstancias, las prácticas crediticias de dichas entidades son directamente atribuibles al gobierno. El que los bancos ejercen la autoridad pública se ve confirmado asimismo por la forma en que los artículos 7 y 15 de las Normas Generales sobre préstamos ejecutadas por el PBC, la Decisión n o 40 y el artículo 34 de la Ley de bancos comerciales se aplican en relación con el cumplimiento las políticas industriales del Gobierno. También existe un gran número de indicios, apoyados por estudios e informes objetivos, de que sigue habiendo un gran porcentaje de intervención del Gobierno en el sistema financiero chino, como ya se explicó en los anteriores considerandos 172 y 178. Por último, las autoridades chinas no proporcionaron información que permitiera comprender mejor la relación de los bancos de propiedad estatal con el Gobierno, como se explica en los considerandos 139 y 140. Por tanto, en el caso de los préstamos concedidos por bancos comerciales en China, la Comisión concluye que existe una ayuda financiera para los productores de productos fotovoltaicos en forma de transferencia directa de fondos del gobierno en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Además, los mismos datos indican que los bancos de propiedad estatal (al igual que los privados) reciben una encomienda u orden del Gobierno, lo que significa que existe una contribución financiera en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(189)

A la vista del análisis de los considerandos 169 a 178, también se ha determinado que los bancos privados reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos a los productores de la industria fotovoltaica y que existe una contribución financiera en el sentido del artículo 3, punto 1), letra a), incisos i) y (iv), del Reglamento de base.

(190)

Existe un beneficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, punto 2, y el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, en la medida en que los préstamos oficiales, o los préstamos concedidos por entidades privadas que reciben consignas o directrices del Gobierno, se conceden en condiciones más favorables de las que podría obtener realmente el prestatario en el mercado. Los préstamos no gubernamentales en China no ofrecen una referencia de mercado adecuada, ya que se ha constatado que los bancos privados reciben consignas o directrices de las autoridades chinas y, por lo tanto, se considera que siguen las prácticas de concesión de préstamos de los bancos de propiedad estatal. Por lo tanto, los niveles de referencia se han elaborado con el método descrito en los considerandos 198 a 200. El uso de esta referencia demuestra que se conceden préstamos al sector de la energía fotovoltaica en términos y condiciones inferiores a los del mercado.

(191)

La industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la Decisión no 40. La Decisión no 40 es una Orden del Consejo de Estado, que es el más alto órgano administrativo de China y en este sentido la decisión es jurídicamente vinculante para los demás organismos públicos y para los operadores económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en «proyectos fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye una directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra que las autoridades chinas mantienen una política de fomento y apoyo a grupos de empresas e industrias como la industria fotovoltaica/nueva industria energética, clasificada en el Repertorio como una «industria fomentada». Con respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas» cabe observar que representan únicamente una parte de la economía china. Además, solamente se otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas actividades dentro de esos sectores fomentados. La Decisión no 40 también establece en su artículo 17 que los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán de privilegios e incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda financiera. Por otra parte, en lo referente a los «proyectos restringidos y eliminados», la Decisión no 40 faculta a las autoridades estatales a intervenir directamente para regular el mercado. De hecho, los artículos 18 y 19 establecen que las autoridades pertinentes deben evitar que las instituciones financieras concedan préstamos a estos proyectos. De cuanto precede se desprende que la Decisión no 40 prevé normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, una de las cuales es la industria fotovoltaica.

(192)

Como se explica en el considerando 172, las autoridades chinas ordenan la concesión de préstamos preferenciales a un número limitado de industrias y las empresas de energía fotovoltaica constituyen una de estas industrias. Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder préstamos preferenciales a un número limitado de industrias/empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de los poderes públicos chinos. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no son de disposición general y, por tanto, son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2), letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(193)

La investigación demostró que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferenciales en el período de investigación.

(194)

Por tanto, la financiación de la industria fotovoltaica debe considerarse como una subvención.

(195)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(196)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio en favor de los receptores se considerará como la diferencia entre la cantidad que paga por el préstamo de los poderes públicos la empresa que lo recibe y la que esta pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(197)

Tal como se explica anteriormente (considerando 190), dado que los préstamos concedidos por los bancos chinos reflejan una sustancial intervención del gobierno en el sector bancario, y no los tipos que cabría encontrar en un auténtico mercado, se ha elaborado una referencia de mercado utilizando el método descrito más adelante. Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión también se ha basado en los datos disponibles a fin de establecer un tipo de interés de referencia adecuado.

(198)

Para elaborar una referencia adecuada de los préstamos concedidos en RMB, parece razonable aplicar los tipos de interés chinos ajustados para reflejar el riesgo normal del mercado. En efecto, en un contexto en que la situación financiera actual de los exportadores se ha establecido sobre un mercado distorsionado y no existe información fiable de los bancos chinos sobre la medida del riesgo y la determinación de calificaciones de solvencia, es preciso no aceptar sin más la solvencia crediticia de los exportadores chinos, sino que debe aplicarse un recargo para tener en cuenta las potenciales repercusiones de las distorsiones del mercado chino sobre su situación financiera.

(199)

Lo mismo sucede para los préstamos denominados en moneda extranjera. Los bonos empresariales con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidos durante el período de investigación se utilizaron como valor de referencia.

(200)

Respecto a lo anterior, tal como se explica en los considerandos 138 a 140 se pidió tanto a las autoridades chinas como a los productores exportadores que cooperaron que facilitaran información sobre las políticas de préstamo de los bancos chinos y sobre la manera en que se atribuían los préstamos a los productores exportadores. Aunque se solicitó en repetidas ocasiones, no se pudo obtener dicha información. Por consiguiente, vista la falta de cooperación y la totalidad de los datos disponibles, y de conformidad con las disposiciones del artículo 28, apartado 6, del Reglamento de base, resulta apropiado considerar que todas las empresas de China solo podrían recibir el grado más elevado de bonos que no pertenecen a la categoría de inversión (que es el grado BB en Bloomberg) y aplicar la prima adecuada que puede esperarse sobre los bonos emitidos por las empresas que tienen esta calificación al tipo de préstamo estándar del Banco Popular de China. El beneficio de los productores exportadores se ha calculado teniendo en cuenta el diferencial de tipo de interés, expresado como un porcentaje, multiplicado por el saldo vivo del préstamo, es decir, el interés no pagado durante el período de investigación. A continuación, esta cuantía se ha repartido sobre el volumen de negocios total de los productores exportadores que cooperaron.

(201)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(202)

El denunciante había alegado que los bancos chinos concedían líneas de crédito desproporcionadas a los exportadores chinos del producto afectado. La investigación confirmó que, en efecto, todas las empresas investigadas recibieron importantes líneas de crédito de los bancos chinos, en la mayor parte de los casos, de forma gratuita o sujetas a unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y riesgos.

(203)

El informe del grupo especial «CE-Aeronaves» confirmó que estas líneas de crédito, más allá de las repercusiones de los préstamos individuales, pueden ser posibles transferencias directas de fondos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y, por lo tanto, contribuciones financieras. El grupo constató que el beneficio de una posible transferencia de fondos se deriva de la simple existencia de una obligación de hacer una transferencia directa de fondos. El grupo también constató que una línea de crédito podría, en sí misma o por sí misma, suponer una ventaja para la empresa beneficiaria y, por tanto, podría ser una posible transferencia de fondos independiente de las transferencias directas de fondos en forma de préstamos individuales (71).

(204)

Concedieron las líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra los mismos bancos que habían concedido los préstamos preferenciales descritos. Como se ha establecido anteriormente, estos bancos son organismos públicos (considerandos 158 a 166) o reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder financiación en condiciones preferenciales a la industria fotovoltaica (considerandos 169 a 178).

(205)

Como se ha explicado anteriormente (considerandos 158 a 185) el mercado chino está distorsionado por las legislaciones y prácticas de los bancos de propiedad estatal y se constató que en la mayoría de los casos, las líneas de crédito fueron proporcionadas libres de cargas o a cambio de unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y riesgos.

(206)

El importe del beneficio está representado por las tasas normalmente aplicables a las líneas de crédito comerciales concedidas a las empresas de las que los productores exportadores incluidos en la muestra estaban exentos en la mayoría de los casos. La Comisión utilizó las tasas aplicadas a la línea de crédito concedida a uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por un banco comercial extranjero.

(207)

La industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la Decisión no 40. La Decisión no 40 es una Orden del Consejo de Estado, que es el más alto órgano administrativo chino y en este sentido la decisión es jurídicamente vinculante para los organismos públicos y los operadores económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en «proyectos fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye una directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra que los poderes públicos chinos mantienen una política para fomentar y apoyar a grupos de empresas e industrias como la industria fotovoltaica/nueva industria energética, clasificada en el Repertorio como una «industria fomentada». Con respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas» cabe observar que representan únicamente una parte de la economía china. Además, solamente se otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas actividades dentro de esos sectores fomentados. La Decisión no 40 también establece en su artículo 17 que los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán de privilegios e incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda financiera. Por otra parte, en lo referente a los «proyectos restringidos y eliminados», la Decisión no 40 faculta a las autoridades estatales a intervenir directamente para regular el mercado. De hecho, los artículos 18 y 19 establecen que las autoridades pertinentes deben evitar que las instituciones financieras concedan préstamos a estos proyectos. De cuanto precede se desprende que la Decisión no 40 prevé normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, una de las cuales es la industria fotovoltaica.

(208)

Como se explica en los considerandos 172 y 192, las autoridades chinas ordenan la concesión de los préstamos preferenciales cuyo suministro de líneas de crédito es una parte esencial para un limitado número de industrias. Las empresas de energía fotovoltaica pertenecen a este grupo de industrias y se benefician de préstamos preferenciales discriminatorios.

(209)

Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder líneas de crédito preferenciales a un número limitado de industrias/empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de los poderes públicos chinos. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de líneas de crédito desproporcionadas no son de disposición general y, por tanto, son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2), letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(210)

El ejercicio puso de manifiesto que, en el período de investigación, todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de líneas de crédito proporcionadas gratuitamente o a tasas que están por debajo de los valores de mercado.

(211)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la extensión de dichas líneas de crédito a la industria fotovoltaica debe considerarse como una subvención.

(212)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(213)

El suministro de líneas de crédito libres de cargas o a tasas por debajo de los valores del mercado se considera una prestación de servicios financieros [artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base] a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Debido a las distorsiones del mercado descritas en los considerandos 158 a 185, no se pudo determinar la adecuación de la remuneración por los servicios financieros (en este caso, la concesión de líneas de crédito) en relación con las condiciones imperantes en el mercado de China. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, el beneficio en favor de los prestatarios se considerará como la diferencia entre la cantidad que la empresa paga por el suministro de líneas de crédito por los bancos chinos y la que esta empresa pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera obtener en el mercado. Las líneas de crédito también podrían considerarse como una posible transferencia de fondos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(214)

Uno de los productores exportadores incluidos en la muestra obtuvo una línea de crédito del banco cuya sede está establecida en territorio ajeno a la jurisdicción de China y esta línea de crédito fue objeto de compromiso y comisiones de acuerdo con la práctica habitual en los mercados financieros mundiales. Aunque fue la filial china del banco en cuestión la que concedió la línea de crédito, esta se considera un indicador razonable para un valor de referencia. Se consideró apropiado utilizar las tasas aplicadas a esta línea de crédito como referencia de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base.

(215)

El nivel de las tasas utilizadas como valor de referencia se aplicó a prorrata al importe de cada línea de crédito en cuestión para obtener el importe de la subvención (previa deducción de las tasas realmente pagadas). En caso de que la línea de crédito tuviera una duración superior a un año, se repartió el importe total de la subvención durante el período de duración de la línea de crédito y se atribuyó el importe adecuado al período de investigación.

(216)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(217)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(218)

La denuncia alegaba que la corporación china de seguros de crédito a la exportación (China Export & Credit Insurance Corporation), el Sinosure, facilita seguros de crédito a la exportación en condiciones preferenciales a los productores del producto afectado, entre otros, mediante un programa denominado Green Express. Según la denuncia, el seguro de crédito a la exportación de Sinosure ni siquiera es adecuado para cubrir los costes de funcionamiento y las pérdidas a largo plazo de este programa.

(219)

Como se indica en los considerandos 104 y 105, la Comisión solicitó información a las autoridades chinas y a Sinosure en el cuestionario, en la carta de deficiencia y durante la visita de inspección sobre el terreno, información que ni las autoridades chinas ni Sinosure facilitaron.

(220)

La Comisión solicitó el marco institucional y los documentos pertinentes que regulan la actividad de Sinosure como el asegurador de crédito a la exportación oficial del Estado. Las autoridades chinas presentaron solo una nota publicada conjuntamente con el Ministerio de Comercio y Sinosure en 2004, pero no presentaron ningún otro documento pertinente, incluido, por ejemplo, el denominado Plan 840 incluido en la nota del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009 (72).

(221)

Por lo que se refiere a la verificación de las respuestas al cuestionario y el anexo 1 en relación con Sinosure, la Comisión no pudo obtener varios de los documentos solicitados in situ, ni pudo verificar una serie de elementos sobre el terreno. En particular, Sinosure no presentó la información ni las pruebas solicitadas por la Comisión que figuran a continuación: a) los estados financieros de 2012, que, al parecer, todavía no están disponibles en el sitio web de Sinosure; b) la documentación pertinente relativa al seguro de crédito a la exportación con dos exportadores que cooperaron, incluidos los contratos, las evaluaciones del riesgo, la correspondencia y pruebas del pago de las primas; c) información específica sobre los altos directivos designados por el Consejo de Estado; d) pruebas relativas a los elementos y las ventajas que se enumeran en la nota conjunta del Ministerio de Comercio y Sinosure de 2004, incluidos datos sobre la aprobación de la limitación, la flexibilidad tarifaria y el descuento dentro del intervalo flotante de la prima; e) pruebas relativas a los costes de funcionamiento y los beneficios a largo plazo de la actividad consistente en seguros de crédito a la exportación; f) pruebas relativas a la evaluación de la situación del mercado en el sector fotovoltaico.

(222)

La Comisión tampoco pudo verificar una serie de elementos incluidos en la respuesta al cuestionario en relación con las actividades de Sinosure, en particular, sus respuestas en relación con la evaluación del riesgo, el establecimiento real de la prima y el proceso de aplicación y aprobación, habida cuenta de la negativa de Sinosure a debatir los contratos específicos con los exportadores que cooperaron incluidos en la muestra. Sinosure también fue incapaz de presentar aclaraciones o documentos justificativos en relación con algunas incoherencias que había detectado la Comisión en las cifras u otros elementos recogidos en su cuestionario y en sus respuestas a la carta de deficiencia.

(223)

Las autoridades chinas y Sinosure intentaron justificar esta falta de cooperación sobre la base de los problemas de confidencialidad durante la visita de inspección y en la carta de las autoridades chinas de 3 de junio de 2013. A este respecto, la carta previa a la inspección y la posterior correspondencia electrónica dejó claro que la Comisión exigía que la verificación fuera significativa y que, obviamente, tomaría todas las precauciones necesarias para proteger la información confidencial presentada o facilitada simplemente para su inspección, de acuerdo con la obligación legal de preservar esta información que garantizan las estrictas normas de la UE correspondientes. Con respecto a los documentos que Sinosure intentó presentar mucho después de que finalizara la visita de inspección, cuya adecuada verificación por la Comisión no permitió, estos no pueden tenerse en cuenta ya que fueron especialmente preparados para la investigación y la Comisión no pudo verificar la documentación en que se basaron dichos documentos.

(224)

Debido a esta falta de cooperación de las autoridades chinas y de Sinosure, la Comisión no pudo verificar una serie de aspectos relacionados con la concesión de seguros de crédito a la exportación, por parte de Sinosure, a los productores exportadores del producto afectado incluidos en la muestra. Por tanto, algunas de las conclusiones de la Comisión se basan en la información disponible en el expediente de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(225)

La investigación puso de manifiesto que Sinosure es un organismo público a tenor del artículo 2, letra b), del Reglamento de base y de la jurisprudencia pertinente de la OMC (73), pues posee o ejerce poder público o está investida del mismo. En particular, las autoridades chinas ejercen un control significativo sobre Sinosure (74) y esta ejerce el poder público en el desempeño de sus funciones públicas.

(226)

La Comisión señala que la actividad de seguros de crédito a la exportación que realiza Sinosure está integrada en el sector financiero general, donde está establecido que la intervención de los poderes públicos interfiere directamente y distorsiona el normal funcionamiento del mercado financiero en China (véanse los considerandos 185 y siguientes).

(227)

Sinosure desempeña funciones públicas en su papel como única institución oficial de seguros de crédito a la exportación de China. Por consiguiente, se encuentra en una posición monopolística en el mercado de seguros de crédito a la exportación. La empresa confirmó que dicho mercado no es un mercado abierto, aunque hay algunos competidores internacionales que realizan negocios indirectamente en China.

(228)

Los poderes públicos tienen la plena propiedad de Sinosure, sobre la que ejercen pleno control financiero. Sinosure es de propiedad enteramente estatal: el Consejo de Estado es su propietario al 100 %. El capital registrado de 4 000 000 000 RMB proviene del fondo de riesgo del seguro de crédito a la exportación, en consonancia con el presupuesto financiero estatal. Por otro lado, el Estado inyectó 20 000 000 000 RMB en 2011 a través de China Investment Corporation, el fondo soberano de inversión de China. (75) En sus estatutos se establece que el departamento competente en materia de negocio es el Ministerio de Hacienda y que a su examen y aprobación debe presentar la empresa los informes financieros y contables, así como el informe presupuestario.

(229)

Con respecto al control de los poderes públicos, Sinosure, siendo de propiedad enteramente estatal, carece de consejo de administración. En cuanto a la junta de supervisores, todos sus miembros son nombrados por el Consejo de Estado y desempeñan sus funciones conforme al reglamento provisional sobre las juntas de supervisores de las grandes instituciones financieras de propiedad estatal. En el informe anual de la empresa de 2011 figura como presidente de Sinosure el secretario del Comité del Partido, y la mayoría de los altos directivos son también miembros del Comité del Partido. Dado que Sinosure se negó a presentar más información sobre los altos directivos, cabe concluir que la dirección emana directamente de los poderes públicos, que nombran directamente a los miembros de la junta de supervisores y a los altos directivos. Sobre esta base, Sinosure está manifiestamente bajo el control de las autoridades chinas.

(230)

El desempeño de funciones y políticas estatales por parte de Sinosure es tan manifiesto y explícito que puede concluirse que la empresa es una expresión directa del propio gobierno. El informe anual de 2011 de Sinosure contiene varias declaraciones a este respecto: en él (p. 4) se dice que Sinosure desempeñó de forma proactiva la función de una agencia de crédito a la exportación, con un buen comienzo en el primer año del período del duodécimo plan quinquenal, y que el avance de la reforma de la empresa reforzó su función como agencia de crédito a la exportación; también se expone (p. 5) que en la conferencia del Comité Central del Partido Comunista de China sobre economía se hizo hincapié en esa función y se hicieron exigencias claras en cuanto a seguros de crédito que demarcaron la vía de crecimiento de la empresa; que en 2011 Sinosure implementó las estrategias, decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado, así como las políticas estatales sobre diplomacia, comercio exterior, industria y finanzas, desarrolló plenamente su función estratégica y consiguió un rápido crecimiento (p. 11); además, el informe señala que Sinosure ejecutó plenamente la política estatal de disposiciones especiales para el seguro de financiación de la exportación de grandes equipos completos y cumplió las obligaciones que le impuso el Estado (p. 11).

(231)

El marco institucional y otros documentos emitidos por las autoridades chinas conforme a los cuales opera Sinosure demuestran igualmente que funciona como un organismo público y que está investida de poder para ejecutar políticas estatales. La «Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación» (Notice on the Implementation of the Strategy of Promoting Trade through Science and Technology by Utilising Export Credit Insurance, Shang Ji Fa [2004] no 368 de 26 de julio de 2004) fue emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure en 2004 y sigue rigiendo las actividades de esta última. Entre los objetivos de la citada Comunicación está el de promover la exportación de alta y nueva tecnología y de productos de gran valor añadido haciendo un mayor uso del seguro de crédito a la exportación. En la Comunicación se ordena explícitamente a Sinosure que apoye a las industrias exportadoras clave que se especifican en el directorio de productos chinos de alta y nueva tecnología de 2006. En ese directorio se incluyen entre los productos elegibles las células y los módulos de energía solar, por lo que puede considerarse que reciben apoyo directo de Sinosure. En la Comunicación se establecen las siguientes ventajas: un «canal verde», es decir, un apoyo específico para los productos incluidos en el repertorio, que han de obtener la aprobación en un plazo de cinco días si se cumplen las condiciones de aseguramiento, así como los límites de aprobación para el seguro con prioridad; velocidad en la tramitación de las solicitudes, que debe concluirse en los tres meses siguientes a la recepción de los documentos de solicitud; y flexibilidad de tasas, consistente en el descuento máximo para la tasa de prima dentro del intervalo flotante de Sinosure. La Comunicación prevé asimismo que las autoridades de comercio locales y regionales adopten medidas adicionales para apoyar a los productos incluidos en el directorio. Además, exige a Sinosure que confeccione el modelo de suscripción basándose en la política industrial nacional y en las características de las exportaciones de productos de alta y nueva tecnología y que apoye a la innovación y a las industrias de I+D que reciben un apoyo especial del Estado.

(232)

La Comisión tiene conocimiento de otros documentos que demuestran que Sinosure aplica directamente políticas estatales que benefician, entre otros, a los productores exportadores. El denominado Plan 840 se detalla en la Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009 (76). Ese nombre hace referencia a la utilización de 84 000 000 000 USD como seguro a la exportación, una de las seis medidas iniciadas en 2009 por el Consejo de Estado para estabilizar la demanda de exportaciones en respuesta a la crisis mundial y al consiguiente aumento en la demanda de seguros de crédito a la exportación. Entre esas seis medidas se incluyen una mejor cobertura de los seguros de crédito a la exportación, la provisión a corto plazo de este tipo de seguros por un valor de 84 000 000 000 USD en 2009 y una reducción de la tasa de la prima. Como única institución suscriptora de seguros de crédito a la exportación, Sinosure figura como ejecutora del plan. En cuanto a la reducción de la tasa de la prima, se exigió a Sinosure que hiciera que la tasa media del seguro de crédito a la exportación a corto plazo se redujera un 30 % sobre la base de la tasa media global de 2008.

(233)

El llamado Plan 421 se incluyó en la «Comunicación sobre las cuestiones relativas a la implementación de disposiciones especiales para la financiación de seguros a la exportación de grandes equipos completos» (Notice on the issues to implement special arrangements for financing of insurance on the export of large complete sets of equipment), emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda el 22 de junio de 2009. Fue también una medida importante en apoyo de la política de «globalización» china en respuesta a la crisis financiera mundial de 2009, con 42 100 000 000 USD de seguros de financiación en apoyo a la exportación de grandes equipos completos. Sinosure y algunas otras instituciones financieras gestionarían y aportarían los fondos. Las empresas contempladas por ese documento podrían disfrutar de medidas financieras preferenciales, incluido el seguro de crédito a la exportación. Debido a la falta de cooperación de los poderes públicos chinos, la Comisión no ha podido recabar más detalles sobre la aplicación de esta Comunicación. En ausencia de pruebas que lo refuten, la Comisión tiene razones para creer que los equipos fotovoltaicos y el sector fotovoltaico también se incluyen en ese documento.

(234)

Entre otros documentos que demuestran el apoyo estatal a la provisión de seguros de créditos a la exportación a corto plazo están dos relativos al aumento del apoyo financiero a las industrias estratégicas emergentes. Así, la Decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes, Guo Fa [2010] no 32 de 18 de octubre de 2010, en su apartado 7(C), anima a las instituciones financieras a que incrementen su apoyo financiero. En las directrices de ejecución para el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes, emitidas conjuntamente por todas las entidades responsables (a saber, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Industria y Tecnología de Información, el Ministerio de Protección Medioambiental, el Ministerio de Hacienda, la Administración Fiscal del Estado, la Administración General de Aduanas, la Administración General de Supervisión de la Calidad y la Oficina de Inspección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual), Guo Fa [2011] no 310 de 21 de octubre de 2011, se habla explícitamente del apoyo activo a estas industrias por medio, entre otras cosas, del seguro de crédito a la exportación. Estas industrias estratégicas emergentes se centran en productos, tecnologías y servicios para el desarrollo del mercado internacional en el ámbito aeroespacial y de la fabricación de productos de alta tecnología, o para fomentar la tecnología patentada nacional y los productos estándar de estas industrias destinados a la exportación. Por consiguiente, en ausencia de pruebas en contrario, hay razones para creer que también el producto afectado y los exportadores incluidos en la muestra se consideran parte de las industrias emergentes y tienen derecho a los correspondientes beneficios.

(235)

Sobre la base de estos elementos, la Comisión concluye que Sinosure es un organismo público, pues está investida de poder público para ejecutar políticas estatales, está manifiestamente bajo el control del gobierno y ejerce funciones públicas.

(236)

Las bases jurídicas de este programa son las siguientes: la «Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación» (Notice on the Implementation of the Strategy of Promoting Trade through Science and Technology by Utilising Export Credit Insurance, Shang Ji Fa [2004] no 368 de 26 de julio de 2004), emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure; el «Directorio de exportación de productos chinos de alta y nueva tecnología de 2006» (Export Directory of Chinese High and New Technology Products of 2006); el denominado Plan 840, detallado en la Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009; el llamado Plan 421, incluido en la «Comunicación sobre las cuestiones relativas a la implementación de disposiciones especiales para la financiación de seguros a la exportación de grandes equipos completos» (Notice on the issues to implement special arrangements for financing of insurance on the export of large complete sets of equipment), emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda el 22 de junio de 2009; y la «Decisión sobre la aceleración del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes» (Cultivation and development of the State Council on Accelerating Emerging industries of strategic decision, Guo Fa [2010] no 32 de 18 de octubre de 2010), emitida por el Consejo de Estado, con sus directrices de ejecución (Guo Fa [2011] no 310 de 21 de octubre de 2011).

(237)

Puesto que Sinosure es un organismo público investido de poder público que ejecuta leyes y planes estatales, la provisión de seguros de crédito a la exportación a productores del producto afectado constituye una contribución financiera en forma de posible transferencia directa de fondos de los poderes públicos a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(238)

También la rebaja practicada por las autoridades locales de parte de la prima abonada por los productores exportadores constituye una transferencia directa de fondos en forma de subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(239)

Existe un beneficio a tenor del artículo 3, punto 2, y del artículo 6, letra c), del Reglamento de base en la medida en que Sinosure ofrece una cobertura de seguro de crédito a la exportación en términos más favorables de los que se podrían obtener en el mercado, o bien una cobertura de seguro que de otro modo no estaría disponible en el mercado. El beneficio adicional a tenor del artículo 3, punto 2, que recibe el productor exportador es la rebaja en metálico de parte de la prima del seguro que se abona a Sinosure practicada por algunas autoridades locales de los lugares donde están establecidos algunos productores exportadores.

(240)

En la Comunicación de 2004 se enumera toda la gama de beneficios conferidos por Sinosure o las autoridades locales a las empresas incluidas en el directorio de 2006 y que cumplen las políticas nacionales. La investigación puso de manifiesto que los acuerdos de seguro celebrados entre Sinosure y los productores exportadores incluidos en la muestra, junto con las rebajas de parte de la prima concedidas por las autoridades locales, son un claro reflejo de estos beneficios. El tratamiento rápido (green express) consiste en la simplificación y aceleración del proceso para establecer la cobertura y tramitar los siniestros, evaluando rápidamente las pérdidas y efectuando con celeridad los pagos.

(241)

La investigación demostró asimismo que las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera de 2009 y detalladas en el Plan 840 y el Plan 421, y más adelante en las medidas de 2011 a favor de las industrias estratégicas emergentes, proporcionaron beneficios sustanciales a los productores exportadores. Estas medidas aumentaron la cobertura de seguro disponible y redujeron aún más la prima cobrada por Sinosure, a pesar de la difícil situación económica y de los riesgos mucho más elevados que corría Sinosure al ofrecer su seguro, como queda plenamente plasmado en la cobertura ofrecida por Sinosure a los productores exportadores. En particular, la investigación demostró que las condiciones y la prima cobrada en los años pertinentes del período de investigación permanecieron sustancialmente invariables o se mejoraron, a pesar del aumento de las reclamaciones por impago abonadas por Sinosure y de la situación de marcado deterioro en el sector fotovoltaico.

(242)

Con respecto a la existencia de un beneficio, la Comisión examinó en primer lugar hasta qué punto las primas de Sinosure cubrían el coste del seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Sinosure basó sus argumentos en la letra j) del anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («SMC») de la OMC, según la cual se considera una subvención a la exportación «prohibida», a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo, la creación de sistemas de seguro de crédito a la exportación a tipos de primas insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento de esos sistemas. En su respuesta al cuestionario, Sinosure hacía simplemente referencia a las ganancias y las pérdidas de los últimos cinco años y concluía que, puesto que en general tuvo beneficios durante ese período, la provisión de seguro de crédito a la exportación a corto plazo a los productores exportadores no constituyó una subvención a tenor del Acuerdo SMC de la OMC. Como se ha explicado anteriormente (véanse los considerandos 221 y 222), la Comisión pidió a Sinosure que le suministrara información y pruebas concretas sobre la rentabilidad a largo plazo de sus actividades de seguro de crédito a la exportación, incluidos los ingresos por primas y los costes y pérdidas de funcionamiento del sistema conforme al Acuerdo SMC de la OMC. Sin embargo, Sinosure no aportó los documentos y las pruebas solicitados durante la inspección, e insistió en los datos sobre la rentabilidad global mostrados en sus informes anuales auditados.

(243)

La Comisión señala que, aun basándose simplemente en los informes anuales de Sinosure sin poder verificar las cifras y los elementos que contienen, no podría concluir que Sinosure haya obtenido beneficios a largo plazo en su división de seguros de crédito a la exportación, que corresponde a los sistemas a los que se refiere la citada letra j). Sinosure realiza una serie de actividades aparte del seguro de crédito a la exportación y las cifras y los datos incluidos en el informe anual están consolidados y corresponden a todas estas actividades, sin un desglose preciso de cada una de ellas. De algunos de los informes anuales (pero no del último) se desprende que el seguro de crédito a la exportación a corto plazo es con mucho la actividad más importante de Sinosure, aunque no están disponibles porcentajes concretos. Dado que Sinosure se negó a proporcionar la información y las pruebas solicitadas con respecto únicamente a esta última actividad, lo cual es necesario para efectuar el análisis del «sistema» conforme a la letra j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC, la Comisión ha tenido que basar sus conclusiones en las pruebas disponibles en el expediente.

(244)

Primeramente, la Comisión señala que, de acuerdo con el artículo 11 de los estatutos de Sinosure, la empresa funciona en equilibrio. Esto significa que, según sus estatutos, Sinosure no pretende maximizar sus beneficios, sino que ha de tender meramente al equilibrio conforme a su función como única aseguradora oficial del crédito a la exportación en China. Como se ha explicado más arriba, el contenido del expediente ha demostrado que el entorno jurídico y estratégico en el que funciona Sinosure exige que la empresa ejecute las políticas y los planes estatales, en cumplimiento de su mandato de función pública. Entre las industrias y empresas seleccionadas con apoyo específico del Estado, los productores exportadores tuvieron pleno acceso al seguro de crédito a la exportación ofrecido por Sinosure a primas preferenciales incluso después de la crisis mundial de 2009, y aun cuando el sector fotovoltaico experimentó una crisis sin precedentes también durante el período de investigación. Así pues, Sinosure proporciona una cobertura de seguro de disponibilidad ilimitada para el sector fotovoltaico y la prima extremadamente baja que ofrece no refleja los riesgos reales que se corren al asegurar las exportaciones en este sector. Sobre la base de todos estos elementos del expediente, podría ya concluirse que no puede descartarse que las tasas de prima cobradas por Sinosure sean probablemente inadecuadas para cubrir sus operaciones a largo plazo y, de hecho, probablemente lo sean.

(245)

A falta de cooperación por parte de Sinosure, la Comisión tuvo incluso en cuenta elementos adicionales que fundamentaran esta conclusión. Las pruebas públicamente disponibles ya muestran de manera explícita que Sinosure funciona, de hecho, en situación de pérdidas de explotación a largo plazo (77). La Comisión analizó también las cifras pertinentes de la cuenta de resultados contenida en los informes anuales de Sinosure correspondientes a los años 2006 a 2011 y presentados por la empresa para justificar las cifras de rentabilidad indicadas en su respuesta al cuestionario. Estas cifras muestran que Sinosure incluyó una pérdida significativa de explotación a largo plazo en sus actividades aseguradoras combinadas, que excluyen los ingresos de inversiones y otros. Más concretamente, cada año desde 2006 a 2011 (con la única excepción de 2010) las indemnizaciones abonadas son ya (casi) iguales o (muy) superiores a las primas netas cobradas por Sinosure. Si también se restan de las primas netas los gastos de explotación y los gastos por comisiones, el resultado es una pérdida aún mayor. Las cifras ponen de manifiesto que, a pesar de una modesta ganancia en 2010, la pérdida de explotación de las operaciones de seguros en ese período en general es significativa. De los informes anuales se desprende que las principales fuentes de ingresos globales de Sinosure son los ingresos de inversiones y otros, que no son pertinentes para evaluar la viabilidad de su sistema de seguros de crédito a la exportación. Puesto que el seguro de crédito a la exportación a corto plazo constituye la principal actividad empresarial de Sinosure, en ausencia de pruebas que indiquen lo contrario se concluye que Sinosure ha sufrido una pérdida a largo plazo significativa a causa de su sistema de seguro de crédito a la exportación.

En vista de que Sinosure genera pérdidas con su sistema de seguro de crédito a la exportación, la existencia de beneficio se determina comparando las primas abonadas por los productores exportadores con las que están disponibles en el mercado. Sinosure es la única aseguradora oficial de crédito a la exportación y, por tanto, controla por completo el mercado nacional. En ausencia de un punto de referencia comercial para este tipo de instrumentos en China, y dado que el mercado financiero de ese país está distorsionado por la intervención estatal, es razonable utilizar un punto de referencia fuera de China, a saber, las primas cobradas en una situación de mercado normal. Sobre esta base, como se describe en la próxima sección sobre el cálculo del importe de la subvención, las primas están por debajo de las tasas de mercado y se confiere, pues, un beneficio.

(246)

Las subvenciones mencionadas están supeditadas a la cuantía de las exportaciones a tenor del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, pues no pueden obtenerse sin exportar. Además, son también específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que el acceso está limitado a determinadas empresas. Las células y los módulos solares figuran explícitamente en el directorio de productos de alta y nueva tecnología de 2006, lo que constituye la condición para disfrutar del tratamiento preferente establecido en la Comunicación de 2004. Por otro lado, uno de los principales objetivos de Sinosure es implementar las políticas y los planes nacionales, incluido el duodécimo plan quinquenal sobre el sector fotovoltaico. El Plan 840 y el Plan 421 también benefician al sector fotovoltaico, entre algunos otros señalados en esos planes (véanse los considerandos 232 y 233). El sector fotovoltaico se considera asimismo una de las industrias fomentadas conforme a la Decisión no 40 y otros documentos de planificación y actos legislativos (véanse los considerandos 207 y 208). Igualmente, esta industria entra en la categoría de «industrias estratégicas emergentes», que goza de una serie de beneficios de acuerdo con las políticas estatales (véase el considerando 102). La mayoría de los productores exportadores tienen también la categoría de empresas de alta y nueva tecnología, lo que les confiere una serie de ventajas merced a las políticas estatales que las fomentan.

(247)

Por tanto, es evidente que los beneficios concedidos por Sinosure o por las autoridades locales al rebajar parte de la prima del seguro no están disponibles para todos los sectores industriales ni todas las empresas, sino que se restringen a los sectores y las empresas que cumplen específicamente las políticas estatales de apoyo pertinentes y los documentos en que estas se basan. La Comisión concluye que los beneficios concedidos por Sinosure o por las autoridades locales a los productores del producto afectado son específicos a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, dado que no hay pruebas que apunten a que la subvención se base en criterios o condiciones objetivos según el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, el beneficio también es específico en este sentido.

(248)

La investigación demostró que seis grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron del seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure durante el período de investigación.

(249)

La provisión del seguro de crédito a la exportación por parte de Sinosure a la industria fotovoltaica debe considerarse una subvención, en la medida en que las tasas de las primas están por debajo de los valores de mercado.

(250)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(251)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. El cálculo del beneficio es similar a la situación relativa a las garantías de préstamo. De conformidad con el artículo 6, letra c), del Reglamento de base, el beneficio conferido a la empresa receptora se considera igual a la diferencia entre el importe de la prima que paga por el seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure y el importe de la prima que abonaría por un seguro de crédito a la exportación comparable que pudiera obtener en el mercado.

(252)

Puesto que el seguro de crédito a la exportación a corto plazo que ofrece Sinosure es el resultado de objetivos estratégicos públicos, y dado que Sinosure se encuentra en una situación de monopolio en el mercado nacional debido a su función como única agencia oficial de crédito a la exportación, se ha deducido una referencia de mercado apropiada siguiendo el método que se describe más adelante. Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas y Sinosure, la Comisión también ha recurrido a los datos disponibles a fin de establecer una prima de mercado adecuada para el seguro que se proporciona a los productores del sector fotovoltaico.

(253)

La Comisión cree que la referencia más adecuada con respecto a la cual se dispone de información son las tasas de prima aplicadas por el Export-Import Bank («Banco de Exportación e Importación») de los Estados Unidos de América. Según información públicamente disponible (78), el Banco de Exportación e Importación es la agencia oficial de crédito a la exportación de la administración federal de los EE. UU., y es autárquico. Entre las actividades del Banco de Exportación e Importación están el seguro de crédito a la exportación, las garantías de capital de explotación y las garantías de préstamo (financiación de compradores). Su misión es crear puestos de trabajo y fomentar el empleo en los EE. UU. apoyando las exportaciones del país a compradores internacionales. El Banco de Exportación e Importación actúa como corporación pública del Congreso de los Estados Unidos. Existen, por tanto, similitudes con Sinosure, por lo que se considera que el Banco de Exportación e Importación es una institución de referencia adecuada.

(254)

La prima de referencia se ha calculado en relación con las tarifas reales aplicadas a las exportaciones a países de la OCDE por pólizas globales con una cobertura del 90 % del importe asegurado y una duración de ciento veinte días. La prima real es el promedio mediano correspondiente a las cinco categorías de compradores extranjeros, en función de su solvencia y riesgo de impago. Esto representa la referencia más próxima disponible para calcular la prima que los fabricantes del producto afectado tendrían que pagar en el mercado.

(255)

El importe del beneficio se ha calculado utilizando la información suministrada por las autoridades chinas y se refiere a los importes de Sinosure cubiertos por el seguro de crédito a la exportación y las tarifas abonadas en el período de investigación por ese seguro. No se ha utilizado la información aportada por las empresas cooperantes en relación con Sinosure porque era evidente que la de las autoridades chinas era más completa (por ejemplo, no todas las empresas informaron de su póliza con Sinosure en el cuestionario ni la declararon durante la inspección in situ).

(256)

Con respecto al pago de parte de la prima de seguro por parte de las autoridades locales, el beneficio se calcula como el nivel de rebajas y subvenciones en favor de las empresas incluidas en la muestra durante el período de investigación.

(257)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(258)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(259)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(260)

La Comisión descubrió que algunos productores exportadores incluidos en la muestra se habían beneficiado de estos regímenes durante el período de investigación. Sin embargo, dada la poca cuantía de los beneficios recibidos y su efecto insignificante en el margen de subvención, la Comisión no consideró necesario analizar la sujeción de tales regímenes a medidas compensatorias.

(261)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(262)

En la denuncia se alegaba que los fabricantes del producto afectado recibieron subvenciones en el marco del programa de demostración Golden Sun aplicado por los poderes públicos de China en julio de 2009. Contenía indicios razonables de que cuatro de los exportadores incluidos en la muestra habían recibido subvenciones directas por el producto afectado en el marco de este programa. Además, mostraba que uno de los exportadores incluidos en la muestra había sido seleccionado como proveedor del producto afectado para el 70 % de la capacidad total instalada por los explotadores de proyectos (es decir, empresas que producen y venden la electricidad generada con los sistemas fotovoltaicos) en 2011. La denuncia contenía también información que apuntaba a que la financiación en el marco del programa Golden Sun no se asignaba de manera transparente y competitiva a los explotadores de proyectos.

(263)

La Comisión pidió a las autoridades chinas información sobre el programa Golden Sun en el cuestionario, en la carta de deficiencias y durante la inspección in situ, pero las autoridades chinas no la proporcionaron, como se indica con más detalle en los considerandos 104 y 105.

(264)

Por lo que respecta a la información solicitada en el cuestionario y en la carta de deficiencias, las autoridades chinas mantuvieron con persistencia que este programa de subvenciones no iba dirigido a los fabricantes del producto afectado. En consecuencia, dejaron sin respuesta varias de las preguntas relativas al programa y a los beneficios para los fabricantes del producto afectado, contestando «no aplicable». Tampoco presentaron todos los actos legislativos, reglamentos, directrices administrativas y demás documentos solicitados en el cuestionario, sino que se limitaron a proporcionar únicamente la base jurídica principal.

(265)

Al comienzo de la sesión de verificación del programa Golden Sun, la Comisión pidió a las autoridades chinas que presentaran todos los anexos de la base jurídica principal ya aportada y que indicaran si tenían intención de proporcionar documentos oficiales adicionales relativos al programa. Las autoridades chinas suministraron los anexos solicitados, pero contestaron que no tenían intención de presentar ningún documento adicional. La Comisión les mostró entonces un documento presupuestario sobre los proyectos reales financiados y los correspondientes importes concedidos en el marco de este programa, documento emitido por el Ministerio de Hacienda y presentado por los exportadores cooperantes (documento del Ministerio de Hacienda no 965 [2010], de 2 de diciembre de 2010). Los apéndices de ese documento muestran que uno de los exportadores incluidos en la muestra recibió una financiación sustancial del programa para sus propios proyectos y como proveedor de los equipos elegibles para varios proyectos financiados por el programa Golden Sun. Los representantes del Ministerio de Hacienda presentes en la inspección conocían el documento mostrado, y la Comisión les pidió que presentaran todos los documentos presupuestarios similares publicados por el Ministerio de Hacienda que correspondieran a los años de implementación del programa Golden Sun. Aunque los citados representantes se manifestaron de acuerdo con presentar esos documentos a la Comisión, nunca lo hicieron.

(266)

La Comisión mostró también al Ministerio de Comercio los documentos presupuestarios relativos al programa Golden Sun publicados por el departamento local de hacienda de una provincia y un municipio y que suministró otro de los exportadores cooperantes, y pidió a las autoridades chinas que aportaran documentos similares pertinentes (es decir, publicados por las provincias o los municipios) en relación con el programa. Las autoridades chinas respondieron que no tenían esos documentos, ya que concernían a provincias o municipios, y que por tanto no podían presentarlos.

(267)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas reiteraron su postura de que el programa Golden Sun no va dirigido a los fabricantes del producto afectado, y aclararon que si tales fabricantes se beneficiaron de este programa, lo hicieron en su calidad de explotadores de proyectos de centrales eléctricas, y no como fabricantes de paneles solares, pues únicamente los explotadores de proyectos pueden recibir subvenciones en el marco del programa. En esa carta se alega también que la Comisión solo pidió tres documentos explícitamente nombrados, que las autoridades chinas le facilitaron. Esa alegación es incorrecta, pues la Comisión solicitó en la inspección documentos presupuestarios específicos emitidos por el Ministerio de Hacienda (mencionados también expresamente en la carta de la Comisión de 23 de mayo de 2013) y por los departamentos locales en los que estaban ubicados los productores exportadores (en referencia a documentos concretos presentados por los productores exportadores), documentos que las autoridades chinas decidieron no suministrar.

(268)

La Comisión pidió también información específica sobre los desembolsos del programa Golden Sun recibidos por un exportador cooperante incluido en la muestra, habiendo este suministrado el producto afectado y recibido directamente los fondos de los poderes públicos. Una vez más, las autoridades chinas no fueron capaces de aclarar la situación ni de dar detalle alguno durante la inspección, limitándose a ponerse en contacto con el asesor jurídico de la empresa, quien supuestamente explicó que se había aclarado la situación con los funcionarios de la Comisión en el transcurso de la inspección, lo cual no era del todo cierto. En los considerandos 276 y 278 se dan más detalles sobre la situación. Como se especifica más en profundidad en los considerandos 275 a 278, la investigación determinó que, de hecho, los productores cooperantes incluidos en la muestra se beneficiaron de subvenciones en el marco del programa Golden Sun, y también concretamente en relación con el suministro del producto afectado. La posición de las autoridades chinas según la cual este programa no fomenta la producción del producto afectado fue refutada indiscutiblemente por las pruebas y los hechos verificados en la investigación.

(269)

Ante esta falta de cooperación por parte de las autoridades chinas, la Comisión no pudo verificar varios aspectos cruciales del programa Golden Sun y de los beneficios reales conferidos a los fabricantes del producto afectado. Ello también se debió a que las autoridades chinas no presentaron todos los documentos pertinentes solicitados, concretamente los documentos presupuestarios sobre los créditos Golden Sun emitidos por el Ministerio de Hacienda para los años de implementación del programa. Por consiguiente, algunas conclusiones de la investigación se basan en los mejores datos disponibles en el expediente, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(270)

La principal base jurídica la constituyen los documentos siguientes: «Comunicación sobre la implementación del programa de demostración Golden Sun» (Notice concerning the Implementation of the Golden Sun Demonstration Programme) de 16 de julio de 2009, y su documento adjunto de «Medidas provisionales para la gestión del fondo de asistencia financiera del programa de demostración Golden Sun» (Golden Sun Demonstration programme Interim Measures for Financial Assistance Fund Management), expediente CaiJian no 397 [2009], publicados por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencias y el Consejo Nacional de la Energía; «Circular relativa a la implementación eficaz de las asignaciones del programa de demostración Golden Sun» (Circular regarding the Successful implementation to Assignments to The Golden Sun Demonstration Programme), expediente no 718 [2009]; «Circular relativa a la realización eficaz del programa de demostración Golden Sun 2010» (Circular regarding the Successful Fulfilment of the Golden Sun Demonstration Programme 2010), expediente no 622 [2010]; «Circular sobre instrucciones relativas a los índices presupuestarios de las subvenciones financieras para los costes de construcción del programa de demostración Golden Sun 2010» (Circular on Instructions on Finance Subsidy Budget Indexes for Construction Costs to The Golden Sun Demonstration Programmes), expediente no 965 [2010] de 2 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Hacienda; «Circular relativa a la distribución del objetivo presupuestario para las subvenciones fiscales asignadas a los programas Golden Sun 2011» (Circular with respect to Distribution of the Budgetary Target for the Fiscal Subsidy Appropriated for The Golden Sun Programmes), expediente JCJ no 336 de 1 de septiembre de 2011, emitida por el Departamento de Hacienda de Hebei; y «Circular relativa a la distribución del objetivo presupuestario para las subvenciones fiscales asignadas a los programas Golden Sun 2011» (Circular with respect to Distribution of the Budgetary Target for the Fiscal Subsidy Appropriated for The Golden Sun Programmes), expediente HCJ no 135 de 8 de noviembre de 2011, emitida por la Oficina Municipal de Hacienda de Hengshui.

(271)

El programa Golden Sun se creó en 2009 para promover el progreso tecnológico y el desarrollo a escala de la industria de sistemas solares fotovoltaicos descentralizados. Las autoridades responsables del programa a nivel central son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencias y el Consejo Nacional de la Energía. En la «Comunicación sobre la implementación del programa de demostración Golden Sun» se enumeran una serie de criterios para poder optar a los fondos en el marco del programa, como son: a) que las empresas estén incluidas en el plan local de implementación de proyectos de demostración Golden Sun; b) que tengan una capacidad instalada no inferior a 300 kWh; c) que tengan un período de construcción no superior a un año y un período de funcionamiento no inferior a veinte años; d) que los propietarios de los proyectos fotovoltaicos tengan un activo total de 100 000 000 RMB como mínimo y un capital de por lo menos el 30 % de los costes de inversión; e) que los fabricantes de los sistemas integrados y equipos clave empleados en los proyectos de generación fotovoltaica se seleccionen mediante procedimientos de licitación. Los proyectos subvencionables pueden recibir de los poderes públicos hasta el 50 % de los costes totales de inversión, tope que se incrementa al 70 % para propietarios de proyectos situados en zonas remotas sin una red eléctrica establecida.

(272)

En cuanto al procedimiento, las empresas que desean recibir financiación en el marco del programa deben presentar su solicitud y los documentos de apoyo a la autoridad pública correspondiente. Los departamentos de hacienda, tecnología y energía a nivel provincial responsables de la organización del programa transmiten un informe de síntesis conjunto al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ciencias y al Consejo Nacional de la Energía, que son los encargados de examinar los proyectos provinciales con respecto a los programas técnicos y las condiciones de construcción, así como lo relacionado con la financiación y otros aspectos. Tras la aprobación final por los poderes públicos, el Ministerio de Hacienda asigna los fondos directamente al propietario del proyecto, conservando los documentos pertinentes de aprobación y desembolso.

(273)

En la práctica, los explotadores de proyectos presentan una solicitud de financiación a los poderes públicos después de haber celebrado un contrato con los proveedores del equipo fotovoltaico elegible (concretamente el producto afectado). Según la legislación pertinente, los proveedores del equipo fotovoltaico elegible se seleccionan mediante procedimientos de licitación. Sin embargo, las autoridades chinas no aclararon cómo ejercen su poder discrecional a la hora de seleccionar a los explotadores de proyectos para los planes locales de implementación de los proyectos de demostración Golden Sun, ni cómo estos explotadores de proyectos seleccionan a su vez al proveedor del equipo fotovoltaico elegible. Ni las autoridades chinas ni las partes interesadas demostraron que el proceso de selección fuera abierto, transparente y no discriminatorio, pues no aportaron la documentación pertinente. No hay indicio alguno de que se adquirieran equipos fotovoltaicos extranjeros. Una parte sustancial del equipo fotovoltaico elegible fue suministrado por un solo productor cooperante incluido en la muestra. Sobre la base de los datos fácticos disponibles, las instituciones concluyen, por tanto, que el programa Golden Sun se utilizó para crear una demanda artificial de los productos de los productores chinos seleccionados que fabrican el producto afectado. Si los poderes públicos consideran que el proyecto es elegible, se supone que han de concederle la financiación.

(274)

El programa Golden Sun confiere una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), y punto 2, del Reglamento de base en forma de transferencia de fondos de las autoridades chinas mediante subvenciones a los productores del producto afectado.

(275)

En particular, la investigación determinó que varios productores cooperantes incluidos en la muestra recibieron directamente subvenciones en el marco del programa Golden Sun para la instalación en sus locales de generadores solares. Estas subvenciones abonadas a los productores cooperantes incluidos en la muestra compensan parte de los costes en los que de otro modo tendrían que incurrir, por lo que están directamente relacionadas con el producto afectado.

(276)

Además, la investigación determinó asimismo que los productores cooperantes incluidos en la muestra se beneficiaron de la financiación en el marco de este programa para suministrar el producto afectado a explotadores de proyectos no vinculados. En particular, durante la inspección in situ se descubrió que un productor exportador cooperante incluido en la muestra había recibido directamente de las autoridades chinas una suma única sustancial por los cuarenta proyectos financiados en el marco del programa Golden Sun a los que había suministrado el producto afectado. Dicho productor exportador cooperante incluido en la muestra no había informado de ese importe en su respuesta al cuestionario. La Circular del Ministerio de Hacienda de 2010 muestra que este exportador cooperante fue seleccionado para suministrar el producto afectado a varios explotadores de proyectos no vinculados del sector tanto privado como público. La Comisión trató de obtener información de las autoridades chinas con respecto a este pago directo al exportador cooperante incluido en la muestra, pues el artículo 13 de las medidas provisionales sobre el programa Golden Sun incluidas en la Comunicación de 2009 exige específicamente que las subvenciones se abonen directamente al explotador del proyecto (es decir, no al proveedor del equipo fotovoltaico), aspecto este que las autoridades chinas confirmaron explícitamente en la inspección. Como se ha indicado antes, las autoridades chinas no supieron dar ninguna explicación durante la inspección de por qué un exportador incluido en la muestra había recibido financiación directa. En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas limitan sus observaciones a uno solo de los cuarenta proyectos, exponiendo simplemente que existía un acuerdo financiero entre el explotador del proyecto y el productor exportador cooperante incluido en la muestra, dado que aquel no disponía de fondos suficientes para pagar a este y, por tanto, acordaron que la subvención se abonara directamente al productor exportador cooperante incluido en la muestra. Dado que esta explicación sin fundamento y en exceso concisa solo se refiere a un proyecto en el que participa el exportador cooperante incluido en la muestra, de los cuarenta proyectos que se enumeran en el documento del Ministerio de Hacienda, no basta en absoluto para que la Comisión pueda aclarar la situación.

(277)

El exportador cooperante incluido en la muestra intentó justificar en su carta de 24 de junio de 2013 el no haber incluido el pago directo relacionado con los cuarenta proyectos en cuestión aduciendo que se trataba de una subvención de «usuario» para el explotador del proyecto, y no para el proveedor. Este exportador confirmó que había recibido la suma única directa en relación con los suministros a los cuarenta proyectos enumerados en la Circular del Ministerio de Hacienda y añadió que los poderes públicos pueden transferir fondos directamente al proveedor con el fin de garantizar que estas subvenciones se utilicen exclusivamente para los sistemas fotovoltaicos autorizados y de facilitar el control. Sin embargo, el exportador centró su respuesta en un solo proyecto sobre el que se había recogido documentación in situ e ignoró los otros treinta y nueve por los que recibió financiación directa del programa Golden Sun. Aunque el exportador demostró que los fondos destinados a este proyecto concreto se habían anotado como cuenta por cobrar y no como prepago de una subvención pública, no se aportó ninguna prueba más de que ni este ni ningún otro proyecto se llevaran realmente a cabo, en especial de que se hubiera realizado el suministro del producto afectado por el que se habían recibido los fondos. Su explicación tampoco arrojó luz sobre la incongruencia de los pagos públicos directos con las normas de desarrollo pertinentes citadas más arriba, según las cuales las autoridades chinas transfieren normalmente los fondos al explotador del proyecto, no al proveedor del equipo.

(278)

La Comisión considera que la explicación de las autoridades chinas con respecto al acuerdo financiero entre el exportador cooperante incluido en la muestra y el explotador del proyecto no es convincente, pues resulta extraño que dos partes privadas puedan decidir por sí solas llegar a un acuerdo que implica una actuación de los poderes públicos (a saber, un pago directo de estos al proveedor no obstante lo dispuesto en el artículo 13 de la Comunicación de 2009), sin que dichos poderes hayan participado en él o siquiera estén al corriente. Las autoridades chinas no aportaron pruebas ni observaciones sustanciales sobre este aspecto de los pagos directos a proveedores y decidieron limitar su respuesta a un único proyecto anónimo de los cuarenta realizados por los exportadores cooperantes incluidos en la muestra. Las explicaciones de este exportador tampoco dicen nada acerca de las observaciones de las autoridades chinas, sobre la difícil situación financiera del explotador de un proyecto que las autoridades chinas no especifican. Por otro lado, lo que el exportador señala respecto a la posibilidad de un pago directo y el razonamiento en que se basa no encuentra confirmación en otras fuentes ni en lo declarado por las autoridades chinas.

(279)

A la vista de las observaciones limitadas y contradictorias presentadas por las autoridades chinas y el exportador cooperante incluido en la muestra, el único punto en común y la conclusión que puede extraerse es que el pago directo de la suma única por parte de las autoridades chinas al exportador cooperante incluido en la muestra fue necesario para asegurarse de que dicho exportador recibiera los fondos, pues habría un riesgo de impago debido a las dificultades financieras del explotador del proyecto. El hecho es que el exportador cooperante incluido en la muestra no supo explicar cómo había utilizado la suma única pagada por los poderes públicos, si finalmente se suministró el equipo fotovoltaico a los explotadores de proyectos y cuál fue el precio, de haberlo, que estos pagaron. Ante la ausencia de otras pruebas disponibles en el expediente o razonablemente a disposición de la Comisión de otra manera, se concluye, conforme al artículo 28 del Reglamento de base, que el pago de una suma única al exportador cooperante constituye una subvención directa a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(280)

La Comisión concluye, además, que las subvenciones abonadas a los proveedores del producto afectado, bien como explotadores de proyectos, bien como proveedores de equipos fotovoltaicos a explotadores de proyectos no vinculados, confieren un beneficio a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. Como explotadores de proyectos, la financiación en el marco del programa Golden Sun permite a los productores del producto afectado ahorrar costes de instalación de generadores solares en sus locales. Como proveedores de equipos fotovoltaicos a explotadores de proyectos no vinculados, los productores del producto afectado se quedan directamente con la financiación concedida en el marco del programa Golden Sun, sin necesidad de que suministren efectivamente los equipos, o bien quedan con ella protegidos del riesgo de impago de los explotadores de proyectos no vinculados. En este último caso, los productores del producto afectado obtienen un pago que de otro modo no habrían recibido del explotador del proyecto no vinculado.

(281)

Este régimen de subvención es también específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, dado que la propia legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita el acceso a este régimen a determinados explotadores de proyectos que cumplen los diversos criterios establecidos en la legislación y, de modo más general, a los que operan en el sector de la energía solar. Por otro lado, dado que ni la selección del proveedor de equipos fotovoltaicos ni la selección de los explotadores de proyectos se basan en un proceso competitivo abierto, transparente y no discriminatorio, y que las autoridades chinas realizan pagos directos a los proveedores de equipos fotovoltaicos, el sistema es también específico por ser solo determinados proveedores de equipos fotovoltaicos los que de facto pueden beneficiarse de él. El programa no cumple el requisito de no especificidad del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, dado que las condiciones de subvencionabilidad y los criterios de selección reales para que las empresas sean incluidas en los planes locales de implementación de proyectos y para que se seleccionen los proyectos finales en función de los distintos aspectos técnicos y financieros no son objetivos y no se aplican de manera automática.

(282)

El programa Golden Sun constituye una subvención específica en forma de transferencia directa de fondos. La investigación determinó que algunos de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra se habían beneficiado de esta subvención.

(283)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(284)

El denunciante alegó la existencia de legislación concreta que data de 1991 y que fomenta la inversión extranjera en China, a saber, la «Ley del impuesto sobre sociedades con inversión extranjera y sociedades extranjeras»(Foreign Invested Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law). Entre los beneficios para las empresas con inversión extranjera existe un programa de subvención denominado «dos gratis, tres la mitad», que ofrece una exención fiscal directa completa para los dos primeros años de rentabilidad de ese tipo de empresas y la mitad del tipo impositivo sobre la renta aplicable para los tres años siguientes.

(285)

El programa «dos gratis, tres la mitad» existe también, con una variante diferente, para las empresas reconocidas como empresas de nueva y alta tecnología situadas en determinadas zonas designadas. Los beneficios dentro de esta variante del programa pueden también aplicarse después de 2013. La investigación determinó que uno de los exportadores cooperantes (Yingli Hainan) gozó de estos beneficios en el marco del programa desde 2011, con una exención fiscal total en 2011 y 2012 y una reducción del 50 % del tipo impositivo en los tres años siguientes.

(286)

La Comisión trató de verificar este programa durante la inspección realizada con las autoridades chinas. Sin embargo, estas no aportaron información sobre esta variante del programa «dos gratis, tres la mitad». En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas argumentaron que en la denuncia no había alegaciones sobre este programa y que este no es sustitutivo de la variante del programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera que se alega en la denuncia y que se aplica sin limitaciones geográficas. La Comisión toma nota de las explicaciones dadas por las autoridades chinas y entiende que este programa fiscal es formalmente distinto al programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera. No obstante, dado que sus beneficios continúan tras la expiración alegada del régimen para las empresas con inversión extranjera, la mecánica, la naturaleza y los efectos de sus beneficios son los mismos que los que ofrece el programa para las empresas con inversión extranjera y que ha comunicado uno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, considera que guarda una estrecha relación con el programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera, como continuación del mismo programa, y que debe someterse a medidas compensatorias. A este respecto, la Comisión señala que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base permite investigar cualquier «supuesta subvención» indicada por el denunciante y no hace referencia a cualquier «supuesto programa de subvención». Puesto que, en este caso, ambos programas implican la misma subvención, a saber, condonación de los ingresos del impuesto sobre sociedades, la Comisión está autorizada a investigarlos como una única subvención.

(287)

La base jurídica de este programa es el artículo 8 de la Ley del impuesto sobre sociedades con inversión extranjera y el artículo 72 de las «Normas de desarrollo de la Ley del impuesto sobre sociedades con inversión extranjera y sociedades extranjeras de la República Popular China» (Implementation Rules of the Income tax Law of the People's Republic of China of Foreign-Invested Enterprises and Foreign Enterprises). Según las autoridades chinas, se puso término al programa con la adopción, el 16 de marzo de 2007, de la «Ley del impuesto sobre sociedades» (Enterprise Income Tax Law) de 2008 en la 5a Sesión del Décimo Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China, en particular su artículo 57, con una eliminación gradual de sus beneficios hasta el final de 2012.

(288)

La base jurídica del programa especial «dos gratis, tres la mitad» es el Decreto no 40 [2007], es decir, la «Comunicación del Consejo de Estado sobre la aplicación de regímenes preferenciales provisionales al impuesto sobre sociedades en favor de empresas de alta tecnología establecidas en zonas económicas especiales y en el nuevo distrito de Shanghai Pudong» (Notice of the State Council on the Implementation of Transitional Preferential Policies on Income Tax for High-tech Enterprise Set up in Special Economic Zone and Shanghai Pudong New District), sobre la base del artículo 57, apartado 3, de la Ley del impuesto sobre sociedades de la República Popular China, junto con las «Medidas administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología» (Administrative Measures for the determination of High and New Technology Enterprises).

(289)

Solo están exentas del impuesto sobre sociedades las empresas de producción con inversión extranjera que tienen programado funcionar durante un período no inferior a diez años. La exención comienza a partir del año en que la empresa empieza a obtener beneficios y se mantiene los dos primeros años, siguiéndole una reducción del 50 % de los tipos impositivos aplicables durante los tres años siguientes.

(290)

En la variante especial, las empresas subvencionables deben además estar reconocidas como empresas de nueva y alta tecnología, con la correspondiente certificación administrativa, es decir, deben ser empresas con un núcleo de propiedad industrial e intelectual que también cumplan las condiciones del artículo 93 de las Normas de desarrollo de la Ley del impuesto sobre sociedades de la República Popular China.

(291)

Toda empresa que desee beneficiarse de este régimen debe presentar a la Administración Fiscal del Estado el formulario de declaración del impuesto sobre sociedades anual, junto con sus apéndices y estados financieros. Estas prácticas se aplican igualmente a la variante especial.

(292)

Las autoridades chinas argumentaron que este programa se ha ido eliminando progresivamente desde la entrada en vigor de la Ley del impuesto sobre sociedades de 2008 y que sus beneficios estuvieron disponibles hasta el final de 2012. Las autoridades chinas también afirmaron que no existe ningún programa de sustitución para las empresas con inversión extranjera, y que el trato fiscal a las mismas es ahora idéntico al de otros sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. La Comisión señala que este programa tributario ha conferido beneficios durante el período de investigación, pues varios productores del sector fotovoltaico se han beneficiado de él durante dicho período. Por otro lado, no puede descartarse que siga siendo posible recibir beneficios conforme a este programa, o que se disponga de un programa sustitutivo similar o se promulgue uno en el futuro. De hecho, como se ha explicado anteriormente, la investigación demostró que existen otras variantes del programa «dos gratis, tres la mitad» de las que siguen beneficiándose los fabricantes de paneles solares. Por tanto, se considera que este programa debe continuar estando sujeto a medidas compensatorias.

(293)

La variante especial fue utilizada por un exportador cooperante, a saber, Yingli Green Energy.

(294)

Este programa constituye una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, en forma de una condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas receptoras.

(295)

Este régimen de subvención es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, dado que la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita el acceso a este régimen a determinadas empresas que se consideran empresas con inversión extranjera y que cumplen los criterios específicos establecidos en la legislación pertinente.

(296)

Por consiguiente, debe considerarse que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(297)

Con respecto a la variante, debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto, letra a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, en forma de condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas receptoras.

(298)

El régimen de subvención es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, dado que la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita el acceso a este régimen a determinadas empresas e industrias clasificadas como fomentadas, como las pertenecientes a la industria fotovoltaica. El régimen es también específico a tenor del artículo 4, apartado 3, del Reglamento de base, pues la subvencionabilidad se limita a determinadas regiones.

(299)

Por consiguiente, debe considerarse que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(300)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por el receptor es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal, tras deducir lo pagado con el tipo impositivo preferencial reducido. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2011. Como la declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no estaba disponible en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, se tomaron las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio imponible 2011.

(301)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el mencionado importe de la subvención (numerador) se asignó al volumen de negocios total de los productores exportadores cooperantes durante el período de investigación, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(302)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(303)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(304)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(305)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(306)

El denunciante alegó que las empresas con inversión extranjera tienen derecho a regímenes fiscales preferenciales para sus actividades de I+D, con una compensación de impuestos del 150 % aplicable a sus gastos si estos se han incrementado como mínimo un 10 % con respecto al año anterior.

(307)

Las autoridades chinas refutaron que este régimen había concluido con la promulgación de la Ley del impuesto sobre sociedades de 2008 y que no había un período de eliminación gradual. Sin embargo, varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra informaron de que se habían beneficiado de un programa similar conforme a la Ley del impuesto sobre sociedades de 2008, lo que demuestra que el programa de compensación preferencial de los costes de I+D para las empresas con inversión extranjera fue sustituido por un programa específico en 2008. Las autoridades chinas no aportaron más información sobre la compensación de impuestos del 150 % ni en sus respuestas al cuestionario ni en la respuesta a la carta de deficiencias.

(308)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 30, apartado 1, de la Ley del impuesto sobre sociedades y el artículo 95 de las «Normas de desarrollo de la Ley del impuesto sobre sociedades de la República Popular China» («Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades», Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law), junto con las «Medidas administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología» (Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises, Guo Ke Fa Huo [2008] no 172), y el artículo 93 de las Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades, junto con la «Comunicación de la Administración Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre sociedades de las empresas de alta y nueva tecnología» (Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises, Guo Shui Han [2008] no 985).

(309)

De acuerdo con dicho artículo 95, se concederá una desgravación adicional del 50 % de los gastos en I+D según el punto 1 del artículo 30 en relación con los gastos de productos de alta y nueva tecnología, de manera que estén sujetos a una amortización basada en el 150 % de los costes de activos intangibles.

(310)

Como se ha indicado anteriormente, las autoridades chinas no proporcionaron ninguna información relevante sobre este régimen en sus respuestas al cuestionario ni a la carta de deficiencias. Este régimen fue ya sometido a medidas compensatorias en la investigación sobre el papel fino estucado  (79) y en la investigación sobre productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica  (80). De hecho, las disposiciones jurídicas pertinentes demuestran que este régimen proporciona un beneficio que se limita a las empresas reconocidas formalmente como empresas de alta y nueva tecnología. Estas empresas han de incurrir en gastos de I+D para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas artes. Las empresas elegibles pueden compensar un 50 % adicional de sus gastos en I+D respecto del impuesto sobre sociedades. También los gastos de los activos intangibles de I+D dan a las empresas elegibles el derecho a una deducción del 150 % de los costes reales que afronten.

(311)

La investigación determinó que las empresas que se benefician de este régimen deben presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna tanto en la declaración de impuestos como en el anexo V. Solo las empresas que han obtenido el certificado oficial que las reconoce como empresas de alta y nueva tecnología tienen derecho a beneficiarse de este régimen.

(312)

Este régimen constituye una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, en forma de una condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas receptoras.

(313)

Esta subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la propia legislación limita la aplicación del régimen a determinadas empresas que han sido reconocidas formalmente como empresas de alta y nueva tecnología e incurren en gastos de I+D para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos oficios.

(314)

Por consiguiente, debe considerarse que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(315)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por los receptores es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal, tras restar lo ya pagado con la deducción adicional del 50 % de los gastos reales en I+D para los proyectos aprobados. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2011. Como la declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no estaba disponible en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, se tomaron las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio imponible 2011.

(316)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el mencionado importe de la subvención (numerador) se asignó al volumen de negocios total de los productores exportadores cooperantes durante el período de investigación, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(317)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(318)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(319)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa, pues se beneficiaron del nuevo programa que reemplazó este tratamiento preferencial. Los detalles se discuten en el punto 3.4.4.8.

(320)

Este programa permite a una empresa reconocida como empresa de alta y nueva tecnología disfrutar de un tipo impositivo reducido del 15 %, frente al tipo normal del 25 %. La UE ha considerado que este programa está sujeto a medidas compensatorias en la investigación sobre el papel fino estucado y en la investigación sobre productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica, y así lo han considerado también las autoridades de los Estados Unidos.

(321)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28, apartado 2, de la Ley del impuesto sobre sociedades, junto con las Medidas administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología (Guo Ke Fa Huo [2008] no 172), y el artículo 93 de las Normas de desarrollo del impuesto sobre sociedades, junto con la «Comunicación de la Administración Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre sociedades de las empresas de alta y nueva tecnología» (Notice of the State Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises, Guo Shui Han [2008] no 985).

(322)

Este régimen se aplica a las empresas de alta y nueva tecnología, que necesitan el apoyo fundamental del Estado. Estas empresas han de tener derechos de propiedad industrial e intelectual básicos independientes y deben cumplir una serie de requisitos: i) sus fabricantes han de estar incluidos en los ámbitos de productos de alta tecnología con apoyo estatal clave; ii) los gastos totales en I+D deben corresponder a una determinada proporción de los ingresos totales por ventas; iii) los ingresos procedentes de los productos de alta y nueva tecnología deben corresponder a una determinada proporción de los ingresos totales por ventas; iv) el personal de I+D debe corresponder a una determinada proporción de la plantilla total; v) deben cumplir los demás requisitos de las Medidas administrativas de 2008 para la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología.

(323)

Las empresas que se benefician de este régimen deben presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna tanto en la declaración de impuestos como en el anexo V.

(324)

Por consiguiente, este régimen debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, ya que existe una contribución financiera en forma de condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas receptoras. El beneficio para el receptor es igual al ahorro fiscal obtenido en virtud del programa con arreglo al artículo 3, punto 2, del Reglamento de base.

(325)

La subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que se limita a las empresas que reciben la certificación de empresas de nueva y alta tecnología y que cumplen todos los requisitos de las Medidas administrativas de 2008. Por otro lado, ni la legislación ni la autoridad otorgante han establecido ningún criterio objetivo de elegibilidad para este régimen, que además no es automático, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(326)

Por consiguiente, debe considerarse que este régimen está sujeto a medidas compensatorias.

(327)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por el receptor es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal, tras deducir lo pagado con el tipo impositivo preferencial reducido. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2011. Como la declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no estaba disponible en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, se tomaron las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio imponible 2011.

(328)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(329)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(330)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(331)

Este programa establece una exención del IVA y de los aranceles de importación sobre las importaciones de bienes de equipo utilizados en la producción, en favor de empresas con inversión extranjera o empresas nacionales. Para beneficiarse de la exención, el equipo no debe estar incluido en una lista de equipos no subvencionables y la empresa solicitante ha de obtener un certificado de proyecto fomentado por el Estado expedido por las autoridades chinas o por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de conformidad con la legislación pertinente en materia de inversión, fiscalidad y aduanas. Este programa se sometió a medidas compensatorias en los procedimientos antisubvención relativos al papel fino estucado y a los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica.

(332)

La base jurídica de este programa la constituyen la «Circular del Consejo de Estado sobre la adaptación de los regímenes fiscales relativos a las importaciones de bienes de equipo» (Circular of the State Council on Adjusting Tax Policies on Imported Equipment), Guo Fa no 37/1997; la «Comunicación del Ministerio de Hacienda, de la Administración General de Aduanas y de la Administración Fiscal del Estado sobre la adaptación de determinados regímenes preferenciales de derechos de importación» (Notice of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation on the Adjustment of Certain Preferential Import Duty Policies); el «Anuncio no 43 del Ministerio de Hacienda, de la Administración General de Aduanas y de la Administración Fiscal del Estado (2008)» (Announcement of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation [2008] No. 43); la «Comunicación no 316 2006 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, de 22 de febrero de 2006, sobre los asuntos pertinentes relativos a la gestión de la carta de confirmación sobre los proyectos realizados con financiación nacional o extranjera cuyo desarrollo fomenta el Estado» (Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded Projects encouraged to develop by the State, No. 316 2006 of 22 February 2006); y el «Repertorio de artículos de importación respecto de los que ni las empresas con inversión extranjera ni las empresas nacionales pueden disfrutar de una exención de derechos» (Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic enterprises), de 2008.

(333)

Se considera que este programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base, ya que las empresas con inversión extranjera y otras empresas nacionales subvencionables están exentas del pago del IVA u otras tarifas que de otro modo tendrían que abonar. Por consiguiente, otorga un beneficio a las empresas receptoras a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. El programa es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita su acceso a empresas que invierten dentro de determinadas categorías de negocio definidas exhaustivamente por la legislación y pertenecientes a la categoría fomentada o a la categoría restringida B del «Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera y transferencia de tecnología» (Catalogue for the guidance of industries for foreign investment and technology transfer), o bien a aquellas que se ajustan al «Repertorio de industrias, productos y tecnologías clave cuyo desarrollo fomenta el Estado» (Catalogue of key industries, products and technologies the development of which is encouraged by the State). Además, no existen criterios objetivos para limitar la subvencionabilidad en el marco de este programa ni pruebas concluyentes para establecer que la subvencionabilidad es automática de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(334)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Se considera que el beneficio concedido a los receptores es la exención del IVA y los derechos sobre los bienes de equipo importados. Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo cubriera el período de investigación, el beneficio recibido se amortizó según la vida útil del equipo de acuerdo con los procedimientos contables ordinarios de la empresa.

(335)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(336)

Este programa establece una exención del IVA por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera. Para poder beneficiarse de esta exención, el equipo no debe estar incluido en la lista de equipos no subvencionables y su valor no debe superar un determinado umbral. Este programa se examinó en los procedimientos antisubvención relativos al papel fino estucado y a los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica.

(337)

La base jurídica la constituyen las «Medidas provisionales para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera» (Provisional Measures for the Administration of Tax Refunds for Purchases of Domestically-manufactured Equipment by FIEs); las «Medidas de prueba para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos fabricados en China para proyectos con inversión extranjera» (Trial Measures for Administration of Tax Rebate from the Purchase of Chinese-made Equipment for Foreign-invested Projects); y la «Comunicación del Ministerio de Hacienda y de la Administración Fiscal del Estado sobre la cancelación del régimen de desgravaciones por los equipos de fabricación nacional adquiridos por empresas con inversión extranjera» (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the Cancellation of the Rebate Policy for Domestic Equipment Purchased by Foreign-invested Enterprises).

(338)

Las autoridades chinas alegaron en su respuesta al cuestionario antisubvención que este programa se había suspendido con efectos a partir del 1 de enero de 2009 y se remitían a la Circular del Ministerio de Hacienda y de la Administración Fiscal del Estado sobre la suspensión del régimen de desgravaciones por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera (Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the Discontinuation of the Rebate Policy on the Purchase of Domestically Manufactured Equipment by Foreign Investment Enterprises, CAISHUI{2008} no 176). Sin embargo, la investigación demostró que varios productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de este régimen durante el periodo de investigación. Esos exportadores incluidos en la muestra presentaron información detallada sobre este régimen, indicando incluso el importe del beneficio recibido. Teniendo esto en cuenta, se concluyó que las autoridades chinas no habían proporcionado información exacta sobre este programa y que, como demuestra la situación de algunos productores exportadores, dicho programa continúa.

(339)

Puesto que las autoridades chinas no aportaron ninguno de los datos solicitados, la Comisión se basó en la información suministrada por los productores exportadores incluidos en la muestra.

(340)

Se considera que este programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base, ya que las empresas con inversión extranjera están exentas del pago del IVA, que de otro modo tendrían que abonar. Por consiguiente, otorga un beneficio a las empresas receptoras a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. El programa es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita su acceso a las empresas con inversión extranjera que adquieren equipos de fabricación nacional y pertenecen a la categoría fomentada o a la categoría restringida B del «Repertorio de industrias con financiación extranjera» (Catalogue of Foreign-funded Industries), figurando el equipo adquirido en el mercado nacional en el «Repertorio de industrias, productos y tecnologías clave cuyo desarrollo fomenta el Estado». Además, las «Medidas de prueba para la administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos fabricados en China para proyectos con inversión extranjera» y la Comunicación del Ministerio de Hacienda limitan el beneficio a las empresas con inversión extranjera que pertenecen a la categoría fomentada según el «Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera» (Guiding Catalogue of foreign invested industries) o el «Repertorio de industrias con inversión extranjera ventajosas en las regiones central y occidental de China» (Catalogue of advantageous foreign-invested industries in the Central and Western regions in China.). Además, no existen criterios objetivos para limitar la subvencionabilidad en el marco de este programa ni pruebas concluyentes para establecer que la subvencionabilidad es automática de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. Este programa es además específico de conformidad con el artículo 4, apartado 4, letra b), del Reglamento de base, ya que está condicionado a la utilización de productos nacionales con preferencia a los importados.

(341)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Se considera que el beneficio concedido a los receptores es el importe del IVA exento sobre los bienes de equipo nacionales. Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo cubriera el período de investigación, el beneficio recibido se amortizó según la vida del equipo de acuerdo con la práctica habitual de la industria.

(342)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(343)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(344)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(345)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(346)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

(347)

El denunciante alegó que algunos productores chinos de polisilicio se habían beneficiado de un suministro eléctrico abaratado por debajo de una remuneración adecuada.

(348)

La investigación determinó que muchos de los productores exportadores incluidos en la muestra tenían un productor de polisilicio vinculado dentro de su grupo empresarial. Se descubrió que uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, a saber, LDK Solar, recibía con regularidad subvenciones significativas de las tarifas eléctricas por parte de la Oficina Financiera de la zona económica de Xin Yu. Aunque, en este caso, la empresa no se benefició directamente de una tarifa eléctrica inferior a la normal del mercado, las reducciones significativas ofrecidas por la Oficina Financiera de la zona económica de Xin Yu acabaron generando una situación en la que la empresa recibía los beneficios de un suministro eléctrico barato, lo que funcionalmente equivale a un suministro de los poderes públicos a precios inferiores a los de mercado. En cualquier caso, aun considerando esa rebaja como una subvención, la medida está estrechamente relacionada con la alegación del denunciante y entra en el ámbito de la investigación. De hecho, la empresa en cuestión del grupo LDK recibió un reembolso casi total de las tarifas de electricidad pagaderas en el período de investigación.

(349)

El grupo LDK Solar recibió, a través de su productor de polisilicio vinculado, una contribución financiera a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base, pues los poderes públicos locales le proporcionaron subvenciones de las tarifas eléctricas, o a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i). Ello constituye una contribución financiera de los poderes públicos en forma de suministro de bienes distintos de la infraestructura general, a tenor del Reglamento de base. Alternativamente, constituye una transferencia directa de fondos.

(350)

LDK Solar recibió un beneficio a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base en la medida en que los poderes públicos le suministraron electricidad a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Se ha determinado que, merced a las subvenciones de las tarifas eléctricas, este exportador estaba efectivamente sujeto a una tasa inferior a la disponible de un modo general. La transferencia directa de fondos confiere un beneficio, ya que constituye una subvención no reembolsable que no está disponible en el mercado.

(351)

La subvención en forma de suministro barato de electricidad por medio de una rebaja a uno de los productores incluidos en la muestra es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que las subvenciones de las tarifas eléctricas solo se han abonado a LDK. La subvención es además regionalmente específica para determinadas empresas de la zona económica de Xin Yu. Ni LDK ni las autoridades chinas cooperaron facilitando información sobre esta subvención, de modo que las conclusiones expuestas se extrajeron sobre la base de los datos disponibles.

(352)

El importe de la subvención equivale al importe de la rebaja durante el período de investigación.

(353)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(354)

El denunciante alegó que los productores chinos del producto afectado obtienen derechos de uso del suelo de las autoridades chinas por una remuneración inferior a la adecuada, ya que los poderes públicos nacionales o locales no conceden esos derechos conforme a los principios de mercado.

(355)

Las autoridades chinas alegaron que existe un mercado del suelo normalizado y debidamente competitivo en el que los derechos de uso del suelo deben comercializarse públicamente de acuerdo con la legislación aplicable. Asimismo, las autoridades chinas declararon que los terrenos industriales y comerciales deben obtenerse por compensación del uso en un mercado abierto mediante licitación, subasta y competencia y que, sea cual sea el número de ofertas o el precio inicial, el precio que finalmente se paga es representativo del precio de mercado que se determina en función de la oferta y la demanda en el mercado libre. Las autoridades chinas alegaron también que la transferencia de los derechos de uso del suelo no implicará que en el anuncio de la misma mediante licitación, subasta y oferta de precios se incluyan restricciones que puedan afectar a la competencia leal.

(356)

Las autoridades chinas no proporcionaron datos sobre los precios reales de los derechos de uso del suelo ni sobre los precios iniciales del suelo fijados por los poderes públicos. La información que aportaron con respecto a las transferencias de derechos de uso del suelo, según se les solicitó en el cuestionario, era incompleta. Cuando corrigieron su respuesta inicial al cuestionario durante la inspección, confirmaron que algunas de las transferencias indicadas estuvieron sujetas a un procedimiento de licitación. Sin embargo, no dieron dato alguno sobre el número de ofertas ni sobre la diferencia entre el precio inicial y el precio final, como se pedía en el cuestionario.

(357)

Durante la inspección, la Comisión pidió a las autoridades chinas pruebas que respaldaran su afirmación de que las transferencias de derechos de uso del suelo en China se realizan mediante licitación, oferta de precios o subasta. Se observa que, de conformidad con el artículo 11 de las «Disposiciones sobre la asignación de derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación, subasta y oferta de precios» (Provisions on Assignment of the State-owned Construction Land Use Right through Bid Invitation, Auction and Quotation), la autoridad pública responsable emite un anuncio público siempre que tiene lugar un procedimiento de licitación, subasta u oferta de precios. Sobre esa base, la Comisión pidió todos los anuncios públicos de las transferencias sujetas a tales procedimientos, a fin de recabar y verificar la información solicitada en el cuestionario. Las autoridades chinas no proporcionaron dichos anuncios, alegando que ya no existían. En consecuencia, la Comisión no pudo verificar la información sobre las transferencias de derechos de uso del suelo de los productores exportadores incluidos en la muestra.

(358)

La Comisión informó a las autoridades chinas de su intención de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 597/2009 con respecto a este régimen de subvención, y dado que las autoridades chinas, en su respuesta a la carta de la Comisión de 23 de mayo de 2013, no dieron una explicación satisfactoria ni aportaron ninguna prueba nueva al respecto, la Comisión tuvo que basarse en los mejores datos disponibles, en este caso la información presentada por los productores exportadores incluidos en la muestra y otros datos públicamente accesibles.

(359)

La Comisión también solicitó a las autoridades chinas su opinión sobre posibles referencias, dando por supuesto que no existe un precio de mercado del suelo en China. Aunque solo era un supuesto y en modo alguno un resultado o conclusión en el momento en que se remitió el cuestionario a las autoridades chinas, estas expresaron la opinión de que esta suposición era falsa y no aportaron ningún dato concreto sobre posibles referencias. Las autoridades chinas se limitaron a declarar que, en la medida en que debiera emplearse una referencia, esta la constituirían los precios que las industrias chinas no favorecidas tendrían que pagar por un suelo similar. Puesto que no revelaron qué industrias no son «favorecidas» ni informaron de los precios que estas pagan por el suelo industrial en China, la Comisión no pudo evaluar si estos constituían una referencia adecuada. A este respecto se señala que, en las investigaciones anteriores sobre el papel fino estucado y los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica, la Comisión determinó que la provisión de derechos de uso del suelo a estas industrias tampoco respeta los principios de mercado.

(360)

La provisión de derechos de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la «Ley de gestión del suelo de la República Popular China» (Land Administration Law of the People's Republic of China).

(361)

Con arreglo al artículo 2 de la Ley de gestión del suelo, todo el suelo es propiedad del Estado, puesto que la Constitución china y las disposiciones jurídicas pertinentes establecen que pertenece colectivamente al pueblo chino. No se autoriza la venta de tierras, aunque, con arreglo a la legislación, pueden asignarse derechos de uso del suelo. Las autoridades estatales pueden asignar esos derechos mediante licitación, oferta de precios o subasta pública.

(362)

Los productores exportadores cooperantes facilitaron información relativa a los terrenos que ocupan, así como a la mayoría de los contratos o certificados correspondientes a los derechos de uso del suelo, mientras que las autoridades chinas proporcionaron muy poca información sobre los precios de esos derechos.

(363)

Como se ha indicado antes, las autoridades chinas alegaron que los derechos de uso del suelo en China se asignan mediante licitación, subasta y competencia. También se recoge así en el artículo 137 de la «Ley de derechos reales de la República Popular China» (Real Right Law of the People's Republic of China).

(364)

Sin embargo, se observó que el sistema descrito por las autoridades chinas no siempre funciona igual en la práctica. Durante las inspecciones realizadas en los productores exportadores incluidos en la muestra, se presentaron a la Comisión algunas de las comunicaciones emitidas por las autoridades pertinentes en relación con los derechos de uso del suelo transferibles. Mientras que en una de esas comunicaciones se establece específicamente que los compradores potenciales de esos derechos deben pertenecer a la industria fotovoltaica (81), en otra se limita el precio fijado inicialmente por las autoridades y no se permite que sea el mercado el que determine el precio. (82) Las propias subastas no parecían ofrecer una competencia real, pues en muchos de los ejemplos examinados en las inspecciones in situ de los productores exportadores solo una empresa presentaba su oferta (únicamente el fabricante de productos fotovoltaicos incluido en la muestra) y, por tanto, su oferta de apertura (el valor fijado por la oficina de gestión de fincas local) constituía el precio final por metro cuadrado.

(365)

Las pruebas citadas contradicen la alegación de las autoridades chinas de que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China son representativos del precio de mercado determinado por la libre oferta y la libre demanda, y de que la transferencia de esos derechos no implicará que en el anuncio de la misma mediante licitación, subasta y oferta de precios se incluyan restricciones que puedan afectar a la competencia leal. También se descubrió que algunos productores exportadores incluidos en la muestra recibieron reembolsos de las autoridades locales para compensar los precios (ya bajos) que pagaron por los derechos de uso del suelo.

(366)

Además de los precios reducidos, algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra recibieron otros fondos relacionados con la adquisición de los derechos de uso del suelo que redujeron aún más el precio real pagado por ellos.

(367)

Las conclusiones del procedimiento confirman que la situación en relación con el suministro y la adquisición de suelo en China no está clara y es poco transparente y que a menudo los precios son fijados de manera arbitraria por las autoridades. Las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de evaluación del suelo urbano, según el cual, al fijar el precio de terrenos industriales, se debe tener en cuenta, entre otros criterios, la política industrial (83).

(368)

También la información independiente públicamente accesible sugiere que en China los terrenos se suministran por debajo de los precios normales del mercado. (84)

(369)

Conforme a lo anteriormente expuesto, la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), y punto 2, del Reglamento de base, en forma de provisión de bienes que confiere un beneficio a las empresas receptoras. Como se explica en los considerandos 364 a 367, no existe un mercado operativo del suelo en China y con el recurso a una referencia externa (véase el considerando 372) se demuestra que el importe abonado por los exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo está muy por debajo del tipo normal del mercado. Además, los reembolsos efectuados por las autoridades locales constituyen transferencias directas de fondos que confieren un beneficio, pues no son subvenciones reembolsables y no están disponibles en el mercado. La subvención es específica con arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del Reglamento de base, ya que el acceso a los terrenos industriales está limitado a las empresas pertenecientes a determinados sectores, en este caso el sector fotovoltaico, solamente algunas transacciones se sometieron a procedimientos de licitación, los precios eran a menudo fijados por las autoridades y las prácticas de los poderes públicos en este ámbito no son claras ni transparentes. La situación relativa al suelo en China se examina también en el documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional, que confirma que la concesión de derechos de uso del suelo a las industrias chinas no respeta las condiciones de mercado (85).

(370)

Por consiguiente, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(371)

Dado que se concluyó que la situación en China con respecto a los derechos de uso del suelo no está sujeta a las leyes del mercado, no parece que exista ninguna referencia privada en China. Así pues, no es posible proceder a un ajuste de los costes o de los precios. en este país. En tales circunstancias se considera que no existe un mercado en China y, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se recurre a una referencia externa para medir la cuantía del beneficio. Puesto que las autoridades chinas no cooperaron ni presentaron ninguna propuesta de referencia externa, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles a fin de establecer una referencia externa adecuada. A este respecto, se consideró apropiado utilizar información del territorio aduanero diferenciado de Taiwán como referencia adecuada. Esta información se utilizó también en las anteriores investigaciones relativas al papel fino estucado y a los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica.

(372)

La Comisión considera que los precios del suelo en Taiwán ofrecen la mejor variable de sustitución con respecto a las zonas de China en las que están establecidos los productores exportadores cooperantes. La mayoría de los productores exportadores están establecidos en las zonas desarrolladas con un PIB elevado de provincias con alta densidad de población.

(373)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Dicho beneficio se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el importe realmente abonado por cada empresa por los derechos de uso del suelo (deducidos los reembolsos efectuados por las autoridades locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del valor de referencia de Taiwán.

(374)

Para efectuar este cálculo, la Comisión utilizó el precio medio del suelo por metro cuadrado fijado en Taiwán, corregido para tener en cuenta la depreciación de la moneda y la evolución del PIB a partir de las fechas de los respectivos contratos de cesión de los derechos de uso del suelo. La información sobre los precios de los terrenos industriales se consultó en el sitio web del Departamento de Industria del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. La depreciación monetaria y la evolución del PIB de Taiwán se calcularon sobre la base de las tasas de inflación y la evolución del PIB per cápita a precios actuales en USD en Taiwán publicadas por el Fondo Monetario Internacional en sus Perspectivas de la Economía Mundial, 2011. De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, este importe de la subvención (numerador) se asignó al período de investigación, tomando en consideración la duración normal del derecho de uso del suelo industrial, es decir, cincuenta años. Este importe se asignó a continuación al volumen de negocios total de las ventas realizadas durante el período de investigación por los productores exportadores cooperantes, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(375)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(376)

Las autoridades chinas objetaron que parte de la información contenida en el documento de divulgación definitiva fue citada por algunos medios y partes interesadas tras la divulgación. A este respecto hay que señalar que la Comisión no hizo público el documento. Sin embargo, no está en su poder controlar la actuación de varios cientos de partes interesadas que recibieron el documento de divulgación. Si algunas partes decidieron hacer público el documento de divulgación o manifestar su opinión al respecto, la Comisión no tuvo manera de impedírselo.

(377)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había cumplido el requisito de «amplia oportunidad» del artículo 12.1 del Acuerdo SMC. Según ellas, las extensas ampliaciones de plazos concedidas por la Comisión para responder al cuestionario (como se detalla en el considerando 104) no bastaban para ese propósito. Las autoridades chinas alegaron además que el «plazo prudencial» según el artículo 12.7 del Acuerdo SMC constituiría también esa «amplia oportunidad» conforme al artículo 12.1 del Acuerdo SMC para todos los demás documentos de tipo cuestionario. También alegaron que solo pudieron contactar con los productores exportadores incluidos en la muestra una vez que esta se había finalizado y que, por tanto, el tiempo concedido para responder entre la recepción del cuestionario y la decisión sobre la constitución de la muestra no fue válido. Alegaron que el deseo de la Comisión de terminar la investigación rápidamente imperó sobre el requisito no negociable de conceder una amplia oportunidad conforme al citado artículo 12.1. La Comisión está en desacuerdo con estas alegaciones, pues hizo todo lo que pudo por conceder el máximo plazo posible a las autoridades chinas para que presentaran las respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencias. Asimismo, se les advirtió de que podrían presentar los documentos solicitados hasta la fecha de la inspección.

La Comisión no impidió a las autoridades chinas que presentaran información a lo largo del procedimiento y les recordó en varias ocasiones la posibilidad de solicitar audiencias en las que podrían presentar su información y sus puntos de vista. Debe señalarse que ninguna información presentada por las autoridades chinas durante el procedimiento se rechazó por razones de plazo. La alegación de las autoridades chinas de que el tiempo concedido para responder entre la recepción del cuestionario y la decisión de constitución de la muestra fue inútil no es correcta. Una gran parte del cuestionario se refería al nivel general de subvención de la industria o el producto afectado y en modo alguno estuvieron las autoridades chinas limitadas por la decisión de constitución de la muestra para recabar información de carácter general. Lo que es más importante, tras la selección de la muestra las autoridades chinas dispusieron aún de cuarenta y tres días para recoger información específica sobre los productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión actuó de conformidad con el artículo 12.1 del Acuerdo SMC y dio a las autoridades chinas amplia oportunidad para presentar todas las pruebas que consideraran pertinentes, teniendo presente que tal obligación no puede ser de carácter indefinido, a fin de garantizar la compleción a tiempo de la investigación.

(378)

Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión solicitó inicialmente información detallada sobre productores exportadores no incluidos en la muestra, información que no era «necesaria» a efectos de la investigación, que se basa en el muestreo. A este respecto cabe señalar que, en el momento de enviar el cuestionario destinado a las autoridades chinas, la decisión sobre si se aplicaría el muestreo en este procedimiento no era definitiva. Después de que la Comisión recibiera las respuestas de muestreo de los productores exportadores chinos y se hiciera evidente el alto grado de cooperación por parte de los exportadores, y una vez que quedó claro que los exportadores incluidos en la muestra cooperarían respondiendo adecuadamente a sus cuestionarios, la Comisión no insistió en que los productores exportadores no incluidos en la muestra aportaran información específica de sus empresas acerca de la subvención. La Comisión no está de acuerdo, pues, con este argumento.

(379)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión afirmaba erróneamente en el documento de divulgación definitiva que las autoridades chinas habían omitido cierta información en la respuesta al cuestionario y en escritos ulteriores. Esto no es correcto. Como ya señaló la Comisión en su carta de 23 de mayo de 2013 dirigida a las autoridades chinas, estas no aportaron la información solicitada con respecto a las instituciones financieras de propiedad estatal, los documentos relativos a Sinosure y a la provisión de seguros de crédito a la exportación, los documentos relativos al programa de demostración Golden Sun y la información sobre la concesión de derechos de uso del suelo.

(380)

Según las autoridades chinas, la Comisión no aplicó los datos disponibles como mecanismo para completar la información ausente, tal como prescriben los grupos especiales y el sistema de solución de diferencias de la OMC (86), y, en lugar de eso, hizo deducciones desfavorables de un modo punitivo y siguió infringiendo las disposiciones del Acuerdo SMC. Las autoridades chinas alegaron además que la Comisión no hizo uso de los datos disponibles únicamente para reemplazar la información que pudiera faltar, sino como base específica de todas sus conclusiones sobre la subvención, haciendo caso omiso de la importante cantidad de información facilitada por ellas y por las instituciones financieras en cuestión, casi siempre argumentando esa supuesta falta de respuestas perfectas o de demostración de cada cifra. No es esto lo que hizo la Comisión. Se tuvo en cuenta y analizó toda la información, en especial los planes y la legislación que aportaron las autoridades chinas, y las conclusiones se basaron en estos documentos tal como ellas los facilitaron, siempre que se pusieron a disposición de la Comisión y que se comprobó su exactitud. Las frecuentes citas a estos documentos en apoyo de las conclusiones son un ejemplo del tratamiento dado por la Comisión a la información presentada por las autoridades chinas. La Comisión explica claramente en el considerando 110 las únicas situaciones en las que no tomó en consideración la información presentada tal cual.

(381)

Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión se contradecía a sí misma cuando en el documento de divulgación definitiva afirmaba que en esta investigación pedía información específica de transacciones únicamente en relación con los exportadores incluidos en la muestra, mientras que en otra parte del mismo documento decía que el cuestionario dirigido a los poderes públicos no se limita a los exportadores incluidos en la muestra. No es cierto. La Comisión no hizo declaraciones contradictorias. Como ya se ha explicado en el considerando 378, la Comisión limitó su petición inicial de información específica de las empresas a los productores exportadores incluidos en la muestra una vez tomada la decisión de aplicar el muestreo. Sin embargo, para determinar la sujeción a medidas compensatorias de los supuestos sistemas de subvención, pidió también otra información distinta de la relativa a los productores exportadores incluidos en la muestra, por ejemplo relacionada con los mercados financieros en China o el mercado de derechos de uso del suelo. Por eso se menciona que el cuestionario destinado a los poderes públicos no se limita a los exportadores incluidos en la muestra.

(382)

Las autoridades chinas alegaron asimismo que la Comisión parece pasar por alto el hecho de que la información no puede rechazarse simplemente por no ponerse a su disposición para inspección. No es así como la Comisión ha tratado la información en este procedimiento. La no disponibilidad para inspección no fue en ninguna ocasión la única razón para no aceptar esa información íntegramente. Sin embargo, esa información no pudo aceptarse tal cual cuando la información contenida en el expediente la contradecía y las autoridades chinas no aportaban ningún tipo de prueba en su apoyo.

(383)

Según las autoridades chinas, en el apartado 85 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 117) la Comisión «reconocía» que no controlan a las instituciones bancarias y financieras ni pueden obligarlas a facilitar información. Debe señalarse que la Comisión no tiene conocimiento de tal afirmación y, tras examinar el texto del considerando, no parece que así sea.

(384)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión parecía coincidir con ellas en que las leyes nacionales no pueden ser suplantadas en el caso de una investigación por los requisitos del Reglamento de base de la UE ni el Acuerdo SMC. El nexo que establecen las autoridades chinas con el hecho de no facilitar información supuestamente confidencial no es correcto. La Comisión argumentó (considerando 117) que las disposiciones de la legislación local o las normas internas de un miembro de la OMC no la eximen del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco de la OMC de cooperar con las investigaciones y, en casos de conflicto, incumbe a las autoridades chinas proponer maneras para poder conceder acceso a la información, de forma que esta pueda verificarse adecuadamente. Las autoridades chinas se refirieron a la situación en la que un funcionario bancario proporcionó una evaluación de riesgo crediticio a una empresa incluida en la muestra como ejemplo para sugerir una forma de verificar información supuestamente limitada y declararon que la Comisión no se dio aún por satisfecha. Por el contrario, como queda claro en el texto del considerando 148, la Comisión no discrepó de la verificación de este documento en concreto y tuvo plenamente en cuenta esta información en sus conclusiones. No obstante, se trató de una situación excepcional que, desgraciadamente, no se reprodujo en relación con la mayor parte de la información de carácter similar solicitada en este procedimiento.

(385)

A este respecto, las autoridades chinas siguieron alegando que estaba previsto que los documentos internos confidenciales de los bancos fueran información pertinente conforme al Acuerdo SMC, y que su no presentación no podía llevar a la aplicación de los datos disponibles. La Comisión considera que este argumento es demasiado generalizador y no ve cómo puede realizarse una inspección apropiada (siguiendo los debidos procedimientos de confidencialidad aplicables) en todos los casos si sencillamente se ocultan esos documentos (incluidos los relativos a transacciones con los clientes). En ausencia de inspecciones, es posible que haya que utilizar los datos disponibles para llenar las lagunas en la recogida de datos.

(386)

Las autoridades chinas alegaron repetidamente que la carta previa a la inspección no contenía cuestiones específicamente relacionadas con la inspección y se remitían a la carta de la Comisión de 23 de mayo de 2013. Sin embargo, la Comisión, en el apartado 86 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 118), afirmaba que la carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013 contenía una lista muy específica y detallada de las cuestiones y los documentos que se tratarían durante la inspección, en plena consonancia con el artículo 26, apartado 3, del Reglamento de base y con los requisitos de la OMC. La ausencia de una lista de cuestiones específicas, cuya inclusión no tiene fundamento ni en el Reglamento de base ni en las normas de la OMC, no es excusa para que las autoridades chinas no puedan cooperar plenamente durante la inspección.

(387)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión mostró una falta absoluta de flexibilidad durante la inspección. Esto es malinterpretar los hechos y la situación antes y durante la inspección. Como ya se explicó en los apartados 88 a 90 del documento de divulgación definitiva (considerandos 120 a 122), el grado de flexibilidad mostrado por la Comisión fue total e incondicional. Desgraciadamente, los intentos de las autoridades chinas de aportar información que no pudo verificarse en el marco de las inspecciones in situ supusieron que esa información no pudiera cotejarse y recibir el peso de un documento verificado. Las autoridades chinas recordaron también a la Comisión el asunto de la OMC del grupo especial CE-Salmón, según el cual la determinación de si un documento es «verificable» no siempre depende solo de la posibilidad de realizar exámenes in situ, y alegaron que la Comisión no puede rechazar información simplemente porque no esté disponible en las inspecciones. La Comisión señala que a la información que no puede verificarse in situ para comprobar su fiabilidad y exactitud puede dársele menos peso del que se le habría dado si se hubiera verificado adecuadamente, y que eso es lo que pasó algunas veces en este caso.

(388)

Las autoridades chinas rebatieron la supuesta práctica de la Comisión de no aceptar nuevos documentos o pruebas que requieran verificación una vez finalizado el ejercicio de verificación al que pertenecen. Como ya se explicó en el apartado 89 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 121), esto no es ni ha sido nunca así. Es verdad que la Comisión normalmente no puede aceptar como documentos probatorios de verificación aquellos que se presentan cuando ha terminado el ejercicio de verificación y es prácticamente imposible verificarlos, pero nada impide a las autoridades chinas presentarlos por escrito, algo que de hecho hicieron también en este caso.

(389)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no explicó la razón por la que solicitaba los seis documentos a los que se refiere el considerando 122, por lo que no se permitió su inspección. Las autoridades chinas ya hicieron esta alegación en su carta de 3 de junio de 2013 y a ella respondió enteramente la Comisión en el considerando 122. Debe señalarse una vez más que todos estos documentos se referían a la industria afectada e incluso a regímenes de subvención particulares, como regímenes de préstamos preferenciales o regímenes fiscales preferenciales. Por tanto, sus nombres y su contenido evidenciaban su pertinencia con respecto a la investigación. Sin embargo, las autoridades chinas sencillamente se negaron a responder a ninguna pregunta a este respecto durante la inspección, aduciendo como única razón la presunta irrelevancia del documento para el procedimiento.

(390)

Las autoridades chinas alegaron que no podían facilitar justificantes de la información proporcionada en la respuesta al cuestionario acerca de los porcentajes de los préstamos concedidos a la industria afectada, pues esa información está en poder de los bancos, que son entidades independientes y no departamentos de las autoridades chinas, de modo que la Comisión tendría que acudir a ellos para verificar las cifras. Las autoridades chinas se remitieron a lo dispuesto en la Ley de bancos comerciales, según la cual los bancos han de funcionar de conformidad con la ley (artículo 4) y ni las administraciones locales, ni los departamentos públicos de ningún nivel, ni las organizaciones públicas ni los particulares pueden interferir en su funcionamiento (artículo 5). El hecho es que las autoridades chinas hicieron una afirmación en su respuesta al cuestionario que no pudieron en absoluto fundamentar. Tampoco los bancos que la Comisión intentó inspeccionar supieron apoyar esta información con ningún tipo de dato. Si esto hubiera de considerarse una práctica aceptable, la parte investigada no tendría más que hacer una afirmación en favor de su causa que la autoridad investigadora tendría que aceptar sin posibilidad de verificar si se corresponde con la realidad. Esto reviste aún más importancia si se tiene en cuenta que esta información concreta contradice otros datos del expediente. La Ley de bancos comerciales contiene otros artículos que obligan a los bancos a realizar sus préstamos en función de las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y conforme al espíritu de las políticas industriales del Estado (artículo 34). Como bien señalan las autoridades chinas, los bancos deben realizar sus actividades de negocios de conformidad con la ley, es decir, que han de cumplir también lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de bancos comerciales. Por tanto, esta supuesta línea de separación entre los poderes públicos y los bancos no se fundamentaba en los hechos.

(391)

Las autoridades chinas alegaron que proporcionaron toda la información en su poder acerca de la propiedad de los bancos. Igualmente alegaron que las cifras aportadas sobre la propiedad de los bancos son las cifras oficiales de la Comisión de Regulación Bancaria de China y, por consiguiente, no hay razón para creer que la información por ellas aportada sea falsa o engañosa ni que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de base. Además, las autoridades chinas declararon desconocer en qué basaba la Comisión la afirmación contenida en el apartado 95 (reproducida en el considerando 127) del documento de divulgación definitiva, según la cual la información públicamente accesible sugiere la existencia de otros bancos de propiedad estatal que ofrecen préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, es decir, otros distintos de los indicados por las autoridades chinas en su respuesta a la carta de deficiencias. Estas alegaciones no pudieron aceptarse. Debe señalarse que las autoridades chinas alegaron inicialmente en su respuesta al cuestionario que carecían de información sobre su propiedad de los bancos. Solo proporcionaron cierta información a este respecto después de que la Comisión expusiera en su carta de deficiencias que, de conformidad con la legislación china, están obligadas a recabar esa información. Durante la inspección, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria de China se negó a proporcionar pruebas que fundamentaran las cifras sobre la propiedad de los bancos y a facilitar la fuente de información, cuya procedencia no explicó. Debe tenerse en cuenta también que las autoridades chinas no cuestionaron el hecho de que por lo menos otros cinco bancos nombrados por la Comisión en el documento de divulgación definitiva (véase la nota del considerando 127) son de propiedad estatal.

(392)

Las autoridades chinas discreparon de lo afirmado en el apartado 97 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 129), a saber, que la Comisión de Regulación Bancaria de China se negó a responder a la pregunta sobre los diez mayores bancos de China porque no se formuló por escrito, y alegaron que la Comisión malinterpretó los hechos, ya que la principal razón por la que no se respondió a esa pregunta fue que, al no estar en la carta previa a la inspección, necesitaban tiempo para preparar una respuesta. En realidad son las autoridades chinas las que malinterpretan los hechos sobre esta cuestión. La Comisión no insistió en obtener una respuesta inmediata, pero la Comisión de Regulación Bancaria de China se negó incluso a considerar la cuestión, con el pretexto de que la pregunta no se había formulado por escrito con antelación. Si la razón era la falta de tiempo para preparar la respuesta, las autoridades chinas podían haberla presentado más adelante durante la inspección o por correo electrónico (en cuyo caso la Comisión no habría podido verificarla), como hizo con otros documentos. Pero no lo hicieron.

(393)

Las autoridades chinas alegaron que proporcionaron todos los documentos relativos al establecimiento y al mandato de la Comisión de Regulación Bancaria de China que la Comisión solicitaba en el cuestionario y que, puesto que la Comisión no planteó ninguna cuestión a este respecto en la carta de deficiencias, ni incluyó estos documentos en la lista de documentos que deben presentarse antes de que comience la inspección, que figura en el anexo 2 de dicha carta, no se sintieron obligadas a proporcionar ningún documento más. No es cierto. La Comisión pidió todos los documentos que constituyeron la base del establecimiento y del mandato de la Comisión de Regulación Bancaria de China, pero las autoridades chinas solo aportaron algunos. La Comisión supo por lo declarado por el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria de China que existían otros documentos relacionados. De hecho, la respuesta de las autoridades chinas a este respecto contenida en el cuestionario fue incompleta y engañosa, pues las autoridades chinas (la Comisión de Regulación Bancaria de China) conocían obviamente la existencia de esos otros documentos, como admitió la Comisión de Regulación Bancaria de China durante la inspección in situ.

(394)

Las autoridades chinas alegaron que, en el transcurso de la inspección, la Comisión no pidió realmente estadísticas e informes de los bancos que concedieron préstamos a los exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación. Alegaron que la Comisión solo pidió el informe estadístico de 2012 presentado a la Comisión de Regulación Bancaria de China por el Banco de China y, para atender a esta petición, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria de China tuvo que consultar a los servicios jurídicos pertinentes debido a las obligaciones de confidencialidad. Esto no es correcto. Durante la inspección, la Comisión reiteró la petición contenida en el cuestionario y en la carta de deficiencias de que se aportaran las estadísticas de todos los bancos que concedieron préstamos a los exportadores incluidos en la muestra (87).

(395)

Las autoridades chinas alegaron también que la referencia que hace el denunciante en la denuncia al asunto del papel fino estucado, en el que la Comisión, basándose en deducciones desfavorables, determinó que los bancos comerciales de propiedad estatal actuaban como organismos públicos, es una aseveración sin fundamento que carece de contexto con respecto a la naturaleza y la existencia de una subvención concedida a los productores exportadores del producto afectado y no puede considerarse prueba suficiente de la existencia de una contribución financiera de los poderes públicos o un organismo público a tenor del artículo 11.2 del Acuerdo SMC. En primer lugar, debe señalarse que las conclusiones del asunto del papel fino estucado no se basaron en deducciones desfavorables sino en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, y no hay ninguna sentencia posterior que confirme la alegación de las autoridades chinas según la cual la conclusión de la Comisión a este respecto se basa en un uso incorrecto de los datos disponibles. Por el contrario, la Comisión llegó a conclusiones similares con respecto a los bancos comerciales de propiedad estatal en otro asunto antisubvención relacionado con importaciones procedentes de China de productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica, y también otras autoridades investigadoras, concretamente los Estados Unidos, en una conclusión apoyada por el Órgano de Apelación de la OMC, han llegado a la conclusión de que los bancos comerciales chinos de propiedad estatal son organismos públicos. (88)

(396)

Las autoridades chinas siguieron alegando que la Comisión había pedido información de todos los bancos establecidos en China y que no tenían capacidad práctica para proporcionar información sobre más de tres mil ochocientos bancos. La Comisión discrepa de esta alegación y vuelve a remitirse a la carta de deficiencias, en la que, a raíz de la respuesta de las autoridades chinas al cuestionario, se limitaba el alcance de la información solicitada únicamente a los bancos en los que las autoridades chinas son partícipes directas o indirectas (89).

(397)

Las autoridades chinas alegaron asimismo que la afirmación de la Comisión de que tuvo en cuenta el resumen de las circulares del PBC del sitio web presentado durante la inspección es incorrecta, como demuestra el apartado 133 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 164). Esto no es correcto. El considerando 164 no contradice el contenido de los extractos del sitio web. Lo tiene en cuenta, pero también se basa en el contenido real de la Circular, cuya exactitud, de hecho, nunca ha sido puesta en duda hasta la fecha por las autoridades chinas.

(398)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión había extraído fuera de contexto algunos términos y frases de varios documentos, había malinterpretado otros y había intentado reunirlos todos con el fin de determinar que las autoridades chinas promueven la industria que fabrica el producto afectado o que los bancos comerciales de propiedad estatal son organismos públicos. Argumentan que una lectura íntegra de estos documentos (planes, esbozos y decisiones) demostraría que las conclusiones de la Comisión carecen de base jurídica y no se fundamentan en pruebas. Esto no es correcto. La Comisión analizó y consideró todos los documentos, incluidos los mencionados en el considerando 102 en su totalidad, exactamente de la manera que defienden las autoridades chinas.

(399)

En cuanto a la Decisión no 40, las autoridades chinas alegaron que en el documento de divulgación definitiva la Comisión citaba fragmentos fuera de contexto para distorsionar su significado correcto. Según las autoridades chinas, otras disposiciones de la Decisión no 40 dejan claro que su finalidad es fomentar el uso de fuentes de energía renovables, y no clasificar a los módulos y las células solares como objetivo de una política de fomento prevista, tal como sugiere la Comisión. No es cierto que la referencia de la Comisión al texto del artículo V de la Decisión no 40 se hiciera fuera de contexto. La Comisión no discute si una de las finalidades era o no fomentar el uso de fuentes de energía renovables. El hecho es que el Consejo de Estado identificaba en la Decisión no 40 la industria de energías nuevas y la energía solar como sectores prioritarios y, por tanto, incluidos en la categoría de proyectos fomentados del Repertorio de orientación para la reestructuración industrial. Atendiendo a los artículos 17, 18 y 19 de la Decisión no 40, las instituciones financieras solo pueden conceder préstamos a las industrias o empresas pertenecientes a esta categoría. Esto es un indicio claro de que la industria fotovoltaica que fabrica, entre otras cosas, módulos y células se considera prioritaria.

(400)

Las autoridades chinas alegaron que en el texto de la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre no se hace mención alguna a los módulos o las células solares ni a la industria fotovoltaica y que, si se ha estimulado el apoyo presupuestario, ha sido en relación con los objetivos centrados en el uso de energías alternativas, que no afectan al desarrollo de la producción de módulos y células en general. La Comisión discrepa. Debe señalarse que esta Decisión del Consejo de Estado no parece tener como único objetivo el fomento del uso de fuentes de energía alternativas. De su título (Decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes) y de su contenido (entre otros el artículo 1, apartados 1 y 2, y el artículo 2, apartado 2) se desprende claramente que el propósito es apoyar el desarrollo de industrias escogidas (en este caso, las industrias estratégicas emergentes). Lo confirma el hecho de que los objetivos fijados en esta Decisión se refieren directamente a los resultados y el rendimiento de las industrias estratégicas emergentes (artículo 2, apartado 3). Asimismo existe un nexo claro en la Decisión entre las industrias estratégicas emergentes y la industria fotovoltaica que produce, entre otras cosas, módulos y células solares. En primer lugar, no cabe duda de que la industria fotovoltaica constituye un segmento de la industria de energías alternativas a la que se refiere el artículo 2 de la Decisión, que el Estado debe por tanto fomentar y desarrollar. En segundo lugar, los productores exportadores incluidos en la muestra pertenecen a la categoría de industrias de alta tecnología que menciona el artículo 2, apartado 2, de la Decisión. Del mismo modo, el duodécimo plan quinquenal incluye a la industria de la energía solar entre las industrias estratégicas, al igual que el duodécimo plan quinquenal sobre el sector fotovoltaico confirma que la Decisión del Consejo de Estado ha incluido a la industria fotovoltaica en el importante campo de las industrias estratégicas emergentes que el país desarrollará en el futuro. (90)

(401)

De acuerdo con las autoridades chinas, la Comisión citó el plan científico y tecnológico a medio y largo plazo, pero no se remitió a puntos concretos en los que este documento establezca que las empresas de alta tecnología incluyen a aquellas que producen módulos y células o a la industria fotovoltaica en general. Según las autoridades chinas, los objetivos del esbozo se centran en el desarrollo de fuentes de energía alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La Comisión discrepa. La mayoría de los productores exportadores incluidos en la muestra investigados habían obtenido certificados de empresas de alta y nueva tecnología y, sobre esta base, se beneficiaron de las subvenciones cuya concesión se limitaba a ese tipo de empresas (por ejemplo, exenciones fiscales). Los exportadores incluidos en la muestra utilizaron los mismos programas de apoyo individual que se mencionan en este plan.

(402)

Las autoridades chinas alegaron que la afirmación de la Comisión según la cual la Ley china relativa al progreso científico y tecnológico enumera una serie de medidas para apoyar a las industrias estratégicas, incluida la industria solar fotovoltaica, no se basa en los hechos y que la citada ley no menciona a la industria fotovoltaica ni a las industrias estratégicas, por lo que no existe base para afirmar que el producto afectado se incluye en el ámbito de aplicación de dicha ley. Esto no es correcto. Esa afirmación se basa en los artículos 18 y 34 de la citada ley. Según su artículo 18, el Estado deberá animar y orientar a las instituciones financieras para que apoyen el desarrollo de las industrias de alta y nueva tecnología. De conformidad con su artículo 34, las instituciones financieras orientadas a las políticas deberán ofrecer una ayuda especial a los proyectos de empresas fomentados por el Estado. La industria fotovoltaica entra en la categoría de industrias de alta y nueva tecnología y en la de empresas cuyos proyectos son fomentados por el Estado. Además, el artículo 17 de esa ley contempla políticas fiscales preferenciales para, entre otras, las entidades participantes en proyectos incluidos en planes científicos y tecnológicos nacionales. Del considerando 401 se desprende que los proyectos de empresas de la industria fotovoltaica entran en ese ámbito. En conclusión, hay por lo menos tres indicios claros de que la industria fotovoltaica y las empresas que fabrican y exportan el producto afectado se incluyen en el ámbito de aplicación de esa ley.

(403)

Las autoridades chinas alegaron además que la Comisión había otorgado a los planes, las decisiones y las leyes de China un efecto y un valor jurídicos idénticos, lo cual es contrario a los principios de interpretación jurídica, a la Ley china sobre legislación y a los argumentos reiterados de las autoridades chinas. De acuerdo con las autoridades chinas, la referencia al plan quinquenal general y al plan quinquenal específico del sector fotovoltaico no tiene base jurídica, pues no se aportó prueba material alguna de que los planes fueran jurídicamente vinculantes. Esto no es correcto, ya que la alegación de las autoridades chinas de que los planes no son vinculantes no se apoya en ninguna otra prueba del expediente. Al contrario, el texto del plan, tal como lo presentaron las autoridades chinas en la respuesta al cuestionario, dice claramente que fue deliberado y aprobado por el Congreso Nacional del Pueblo y que tiene fuerza de ley. (91) En sus observaciones a la divulgación definitiva, las autoridades chinas declararon que, según la Ley china sobre legislación (Legislation Law of China), la Constitución, las leyes, la legislación administrativa, los reglamentos locales y las normas constituyen la legislación del país. Dado que el plan tiene fuerza de ley y que las autoridades chinas confirmaron que las leyes constituyen la legislación de China, la Comisión llegó a la conclusión de que el plan es, de hecho, vinculante. Según la explicación dada por las autoridades chinas durante la inspección, los planes quinquenales sectoriales y regionales se derivan del plan quinquenal general, por lo que la Comisión no tenía razón para abordar el plan quinquenal sobre el sector fotovoltaico (2011-2015) de modo diferente al plan quinquenal general.

(404)

Las autoridades chinas citaron las directrices publicadas por la Comisión sobre reembolsos/devoluciones como ejemplo de documento no vinculante similar en el contexto de la UE. La Comisión supone que las autoridades chinas se refieren a la Comunicación de la Comisión relativa a la devolución de derechos antidumping (DO C 127 de 29.5.2002, p. 10). De hecho, no es exacto calificar a estas directrices de no vinculantes, ya que obligan a la Comisión en la medida en que no infrinjan normas superiores. La Comisión determinó que los planes chinos eran jurídicamente vinculantes. Sin embargo, aun asumiendo hipotéticamente que no fuera así, es evidente que los planes nacionales, sectoriales y regionales, emanando como emanan de los niveles más altos de los poderes públicos y exponiendo la política de estos con respecto al desarrollo económico e industrial, tendrían un valor probatorio elevado en cuanto a la naturaleza vinculante de facto de sus objetivos declarados. Asimismo, es obvio que los poderes públicos podrían invocarlos para recriminar a las entidades que no los estuvieran poniendo correctamente en ejecución. Por consiguiente, seguirían siendo muy pertinentes para determinar la intervención estatal en la economía y la dirección y el control de determinadas industrias.

(405)

Las autoridades chinas alegaron que el hecho de que no respondieran al apéndice A no debería significar que se recurriera a los datos disponibles conforme al artículo 28 del Reglamento de base. En su opinión, si la Comisión hubiera querido realmente verificar las alegaciones contenidas en la denuncia según las cuales los bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos, no habría necesitado cargar los cuestionarios con preguntas relativas a datos internos, confidenciales y sobre transacciones concretas de los bancos, muchos de los cuales no son en absoluto de propiedad estatal. A este respecto, las autoridades chinas se remitían a la información sobre préstamos individuales concedidos por el banco a los productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. El propósito de la información solicitada en el apéndice A era verificar si los bancos chinos son organismos públicos y si reciben consignas y directrices de los poderes públicos. Con excepción de la información sobre préstamos individuales, las autoridades chinas no especificaron qué otra información solicitada consideran que no es pertinente a esos efectos.

(406)

Debe recordarse que con las preguntas del apéndice A se buscaba información sobre la propiedad de los bancos, la composición de la junta directiva y la junta de accionistas, las actas de las reuniones de accionistas/directivos, los lazos entre la alta dirección y las autoridades estatales, el desglose sectorial de los préstamos, las políticas de préstamo y la evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores exportadores cooperantes. Las autoridades chinas alegaron que, para extraer conclusiones sobre el carácter de organismos públicos, esa petición era manifiestamente irrazonable y la información solicitada excesivamente amplia. También alegaron que el umbral para determinar si una entidad es o no un organismo público debe fijarse antes incluso de solicitar esa información. La Comisión no está de acuerdo. A la vista de los elevados niveles establecidos por el Órgano de Apelación de la OMC en DS 379 (92), es precisa toda la información solicitada, incluidas las conclusiones sobre el alcance de la participación estatal en el sistema financiero. Por ejemplo, puede probarse que las entidades no actúan de manera comercial si se demuestra que reciben consignas y directrices, combinado con indicios de injerencia estatal. En cualquier caso, debe señalarse que, una vez que se contó con la cooperación de los productores exportadores incluidos en la muestra, la Comisión decidió limitar la información solicitada sobre los préstamos a estas empresas y no hizo inferencia alguna de que las autoridades chinas no proporcionaran la información solicitada inicialmente sobre los préstamos individuales. Sin embargo, el resto de la información solicitada seguía siendo pertinente para la investigación. En cuanto a la alegación de las autoridades chinas de que no habían podido aportar parte de la información del apéndice A, debe señalarse que se negaron a proporcionar los apéndices A en su totalidad, con la excepción de algunos bancos. Teniendo en cuenta lo antedicho, se concluyó que las autoridades chinas no habían aportado en un plazo razonable el resto de la información solicitada.

(407)

Las autoridades chinas, invocando el informe del Órgano de Apelación de la OMC Estados Unidos — Acero laminado en caliente (apartado 99) (93), argumentaron que no tenían capacidad en la práctica para satisfacer las peticiones de información irrazonables de la Comisión y que el hecho de que esta no hubiera abordado esta cuestión ni puesto en relación las diversas peticiones con las determinaciones fácticas a las que se referían significaba que la Comisión no había actuado de buena fe. Aunque el asunto mencionado se refiere a la cooperación de los exportadores en un caso de antidumping, la Comisión acepta que, en el caso de los cuestionarios dirigidos a los poderes públicos en relación con derechos compensatorios, es necesario encontrar un equilibrio entre la información solicitada y la capacidad de responder en la práctica. Sin embargo, este equilibrio debe encontrarse teniendo en cuenta todos los hechos. Las determinaciones relativas a la condición de organismo público de los bancos de propiedad estatal chinos ya se hicieron en los asuntos del papel fino estucado y los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica y en este caso el denunciante aportó indicios razonables suficientes para demostrar que los bancos de propiedad estatal seguían siendo organismos públicos. Por consiguiente, las autoridades chinas tendrían que haber contado con una investigación llena de datos si hubieran deseado rebatir esta alegación. Lamentablemente, las autoridades chinas siguieron haciendo alegaciones, por ejemplo que tenían poca o ninguna información sobre la propiedad estatal de los bancos (un factor muy pertinente en la determinación del carácter de organismo público), que sugerían que no estaban haciendo todo lo que estaba en su mano y que estaban negando el acceso a la información necesaria. Esta es una de las circunstancias limitadas en las que se puede aplicar el artículo 12.7 del Acuerdo SMC (según el informe de grupo especial de la OMC (94)). Además, si bien la Comisión era consciente de que sus peticiones de información eran, por necesidad, bastante extensas, la cooperación es un proceso recíproco y la reacción inicial de las autoridades chinas consistió simplemente en pedir explicaciones sobre las determinaciones fácticas con las que guardaban relación las peticiones de información (algo que no puede determinarse con antelación), en lugar de proponer formas de satisfacerlas de una manera razonable.

(408)

Por lo que respecta a la inspección del Banco de Shanghai, las autoridades chinas alegaron que el hecho de que no se llevara a cabo no es razón suficiente para recurrir a los datos disponibles y que, en cualquier caso, fue por culpa de la propia Comisión por lo que no se realizó. En respuesta a esto, la Comisión señala que los hechos con respecto a la organización de la inspección del Banco de Shanghai se describen en los apartados 111 y 112 del documento de divulgación definitiva (reproducidos en los considerandos 143 y 144). No se produjeron cambios en los hechos relativos a esa inspección y la Comisión no comparte la interpretación que hacen las autoridades chinas de estos hechos, de modo que mantiene que hizo todo lo que pudo para que se efectuara la inspección, pero que no fue posible debido a las obstrucciones por parte de las autoridades chinas. Estas invocan el informe de grupo especial de la OMC (95) en el que se concluye que la ausencia de una inspección in situ no agota las posibilidades de verificación de documentos. Sin embargo, en la presente investigación, las autoridades chinas informaron a la Comisión de la disponibilidad del banco para la inspección solo un día laborable antes de que comenzara la inspección de las autoridades chinas (tras haberse ya ampliado el plazo para esta confirmación), cerrando así toda posibilidad de inspección in situ, pues ya se habían hecho planes que no podían modificarse. En estas circunstancias, se concluye que las autoridades chinas no hicieron todo lo que estaba en su mano y la Comisión no ve de qué manera las comprobaciones que permite una inspección in situ podrían haberse reproducido por otros medios.

(409)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no puede desechar la información proporcionada por el HuaXia Bank con respecto a su estructura de propiedad porque no sea ideal en todos los aspectos. La Comisión señala que la razón de que no aceptara esta información no fue que no fuera ideal en todos los aspectos. Como ya se ha explicado en el considerando 147, el HuaXia Bank no reveló información alguna sobre la propiedad estatal hasta la inspección, aunque la Comisión ya le solicitó esa información en el cuestionario inicial. Después de que la Comisión apuntara que el HuaXia Bank tenía partícipes de propiedad estatal, el banco presentó una hoja con información de una fuente desconocida y además contradictoria con otros datos del expediente. No fue posible aceptar esa información.

(410)

Con respecto a la decisión del HuaXia Bank de proporcionar únicamente algunas de las evaluaciones de solvencia crediticia indicadas en el considerando 148, las autoridades chinas alegaron que la Comisión había recibido una explicación razonable de por qué no pudieron aportarse las demás evaluaciones. La Comisión no está de acuerdo. Puesto que la carta previa a la inspección decía claramente que esos documentos iban a ser objeto de la inspección, no resultó satisfactoria la explicación de que los dos informes de evaluación del riesgo eran competencia de otras ramas del Banco y los empleados responsables no estaban disponibles en ese momento. Además, las autoridades chinas esgrimen el argumento, reiterado en otras partes de sus observaciones, de que la información no podía aportarse atendiendo a la confidencialidad de los clientes. La Comisión señala que, en el marco de sus investigaciones sobre derechos compensatorios, existen disposiciones para el tratamiento de la información confidencial (96) y que, en cualquier caso, la mayoría de sus peticiones, sobre esta y otras cuestiones, consistían en inspeccionar, no en copiar la información. Por lo demás, la Comisión señala que una aplicación estricta del principio de «confidencialidad del cliente» podría hacer imposible la verificación de mucha información pertinente en las investigaciones sobre derechos compensatorios. En tales situaciones, no resultaría posible cotejar las respuestas de los exportadores acerca de muchas cuestiones ni realizar inspecciones aleatorias de los beneficiarios de determinados sistemas en los casos en que los exportadores no cooperaran o en que la investigación se llevara a cabo por agregación.

(411)

Las autoridades chinas alegaron que el Banco EXIM cooperó plenamente en la investigación y que algunos de los documentos solicitados por la Comisión no pudieron aportarse por razón de normas internas, secreto de Estado, confidencialidad u otras leyes. Por tanto, el hecho de que no se aporten estos documentos no puede hacer que se recurra a los datos disponibles. De conformidad con la Ley de bancos comerciales, los funcionarios del Banco EXIM no pudieron presentar estos documentos durante la inspección. A este respecto, y en contra de lo supuesto por la Comisión, el Reglamento de base y el Acuerdo SMC no pueden suplantar a las leyes soberanas de China. Las autoridades chinas también alegaron que las cuestiones relacionadas con la afiliación de los altos funcionarios a partidos políticos son irrelevantes y preocupantes para ellas. La Comisión discrepa. Si bien las normas de la OMC (en las que se basa en gran medida el Reglamento de base) no pueden suplantar a las leyes nacionales, ello no impide que la Comisión haga sus deducciones cuando esas leyes nacionales parecen oponerse a peticiones razonables de información. Además, el hecho es que, aunque el Banco EXIM dio algunas respuestas al apéndice A, se negó a aportar datos o pruebas que fundamentaran esa información. Por tanto, tal información tiene un carácter meramente de declaración oral, sin el apoyo de documentos por escrito verificados. Si hubiera que aceptar esta práctica, el Banco EXIM podría haber aportado prácticamente cualquier información y la autoridad investigadora habría tenido que aceptarla sin poder evaluar su exactitud.

Las preguntas sobre las afiliaciones a partidos políticos y la presencia de unidades del partido comunista chino dentro del Banco EXIM (o cualquier otro banco relacionado con este asunto) son muy pertinentes para determinar el grado de influencia estatal en la gestión de los bancos, visto el papel particular que desempeña el partido comunista chino dentro de la Constitución china. Además de la justificación de esas preguntas que la Comisión ya ofrece en el considerando 151, debe señalarse también que, según el acta de constitución del partido comunista chino, toda organización, incluidas las empresas comerciales privadas, debe establecer organizaciones primarias del partido si en ella hay un mínimo de tres empleados afiliados. Esas organizaciones del partido garantizan y supervisan la implementación de los principios y las políticas del partido y del Estado y apoyan a los accionistas, la junta directiva, la junta de supervisores y los directivos en el ejercicio de sus funciones y sus competencias de conformidad con la ley (97). La Ley de empresas de la República Popular China (Company Law of the PRC) obliga a todas las empresas del país a establecer una organización del partido comunista chino dentro de su estructura organizativa para que lleve a cabo actividades del partido (98). Puesto que puede demostrarse que el partido comunista chino está relacionado con las autoridades chinas y con el funcionamiento de todo tipo de empresas e instituciones de China, es legítimo hacer preguntas sobre las afiliaciones a partidos políticos.

(412)

En cuanto a la inspección del CDB, las autoridades chinas hicieron la misma alegación relacionada con las preguntas sobre las afiliaciones políticas de la dirección y sobre el papel del partido comunista chino en el Banco. A este respecto, la Comisión se remite a las justificaciones expuestas en los considerandos 151 y 411. Las autoridades chinas alegaron que el CDB no pudo presentar los informes de evaluación del riesgo crediticio solicitados por razones de confidencialidad y que aportó una plantilla de calificación crediticia y un ejemplo concreto de evaluación del riesgo crediticio con el nombre de la empresa concreta tachado. Debe señalarse que la plantilla de calificación crediticia y la calificación crediticia de una empresa anónima de un sector desconocido no son prueba de la evaluación del riesgo crediticio de uno de los exportadores incluidos en la muestra, que es lo que pidió la Comisión. Por lo que respecta a las cuestiones de confidencialidad, la Comisión se remite a la explicación dada en el considerando 410.

(413)

Las autoridades chinas alegaron que la conclusión de la Comisión según la cual los bancos comerciales de propiedad estatal son organismos públicos no es coherente con el artículo 1.1 del Acuerdo SMC, ya que la Comisión no basó su determinación en ningún tipo de prueba ni aportó un análisis razonado y adecuado para determinar que la participación de los poderes públicos en el sector financiero chino es tan marcada que obliga a los bancos a seguir políticas preferenciales. La Comisión no está de acuerdo en lo fundamental con esta alegación. La información independiente mencionada en los considerandos 162 a 168 pone de manifiesto que los bancos aplican las políticas preferenciales, algo que también evidencian diversos planes, leyes y documentos estratégicos chinos a los que se refiere el considerando 102. La Comisión examinó, analizó y citó una serie de documentos publicados por organizaciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, en todos los cuales se concluye que el sector bancario chino está sujeto a intervenciones significativas del Estado, sobre todo en lo que respecta a receptores privilegiados de préstamos y fijación de tipos de interés.

(414)

Las autoridades chinas cuestionan la pertinencia de varios de los documentos utilizados por la Comisión como los mejores datos disponibles para determinar la condición de organismo público de los bancos comerciales de propiedad estatal. Como observación preliminar hay que destacar que la Comisión tuvo que recurrir a los mejores datos disponibles debido únicamente a la falta de cooperación de las autoridades chinas y a su negativa a proporcionar la información solicitada.

(415)

Las autoridades chinas alegaron que el informe de investigación del Deutsche Bank que la Comisión cita en el considerando 161 describe una situación histórica en China y no sirve como base positiva para evaluar el sector bancario chino siete años después. En primer lugar, las autoridades chinas se equivocan al alegar que el informe sirve de base para evaluar la situación «siete años después». El informe es de 2007 y el período de investigación, que es el período pertinente para la evaluación del sector bancario chino a efectos del presente procedimiento, comienza en 2011. Por tanto, el informe se refiere a la situación cuatro años antes del período pertinente. En segundo lugar, el informe del Deutsche Bank no es el único documento en el que la Comisión basa sus conclusiones, sino que constituye únicamente un punto de partida de su análisis del sector bancario chino y de su estructura de propiedad en particular. En tercer lugar, el resto de la información a la que recurrió la Comisión para determinar la estructura de propiedad del sector bancario chino (informes y documentos de trabajo de la OMC, el FMI y la OCDE) está en consonancia con las conclusiones del informe del Deutsche Bank. En este contexto debe señalarse que las propias autoridades chinas proporcionaron un mínimo de la información solicitada repetidas veces a este respecto y que en realidad nunca cuestionaron las conclusiones sobre el grado de propiedad estatal en el sector bancario y de injerencia del Estado en el sistema bancario sobre una base fáctica.

(416)

Las autoridades chinas cuestionan asimismo la referencia de la Comisión al informe del examen de la política comercial de la OMC correspondiente a 2012, alegando que la afirmación de que, en general, hubo pocos cambios en la estructura de mercado del sector bancario chino se hizo en comparación con el anterior período de examen en 2010. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. De hecho, en su documento de divulgación definitiva, la Comisión citó en el mismo considerando los informes de los exámenes de la política comercial de la OMC correspondientes a 2010 y 2012 para demostrar que poco había cambiado en dos años. En el informe de 2010 se decía que el alto grado de propiedad estatal era otra característica del sector financiero en China, y el informe de 2012 confirmaba que poco había cambiado a este respecto. Las autoridades chinas citaron también fragmentos del informe de 2012, en los que se basaron para alegar que el informe contradecía la evaluación de la Comisión expuesta en el considerando 161. Esta alegación no pudo aceptarse. Ninguno de los fragmentos del informe reproducidos por las autoridades chinas en sus observaciones a la divulgación definitiva contradice o siquiera pone en duda la evaluación de la Comisión contenida en el considerando 161.

(417)

Las autoridades chinas alegaron también que las conclusiones expuestas por la Comisión en el considerando 162 carecen de pruebas reales, ya que la Comisión (además del informe del Deutsche Bank y los informes de los exámenes de la política comercial de la OMC) se refería simplemente al informe del Banco Mundial y al estudio económico, etc., sin aportar ninguna explicación razonada y adecuada para fundamentar sus conclusiones. Esta alegación no pudo aceptarse. A este respecto cabe señalar que en el informe del Banco Mundial se expone, entre otras cosas, lo siguiente: a pesar de los impresionantes avances en la reforma y perfeccionamiento del sector financiero logrados en las últimas tres décadas, el sistema financiero chino sigue estando reprimido y sufriendo desequilibrios estructurales fundamentales; el sistema actual, caracterizado por el dominio de los bancos de propiedad estatal, una acentuada intervención del Estado y un control de los tipos de interés, ha resultado notablemente eficaz para movilizar el ahorro y asignar capital a sectores estratégicos durante el despegue económico de China; paralelamente, el control directo o indirecto de las instituciones financieras debe dejar paso a una organización basada estrictamente en los valores del mercado; esto supondría un banco central autónomo que adoptaría operaciones del mercado abierto y aplicaría tipos de interés, más que límites de crédito, para gestionar la liquidez; para guiar su actividad de préstamo, los bancos comerciales seguirían principios comerciales y harían análisis de solvencia crediticia, en lugar de obedecer a las señales de los poderes públicos; estos han participado intensamente en las operaciones comerciales de las instituciones financieras, bien como propietarios de participaciones, bien por influencia indirecta, debido principalmente a su fuerte dependencia de los créditos de los bancos comerciales para alcanzar los objetivos de sus políticas. En el estudio económico de la OCDE de 2012 sobre China se describen las políticas del PBC sobre el tipo de interés mínimo en los préstamos y el tipo de interés máximo en los depósitos como elementos que desincentivan a los bancos para poner un precio adecuado al riesgo y que son contraproducentes para la competencia en el sector bancario, y ello con la finalidad de salvaguardar la rentabilidad del sector bancario de propiedad predominantemente estatal.

(418)

Las autoridades chinas alegaron además que la determinación de la Comisión según la cual el PBC participa e influye en la fijación de los tipos de interés por parte de los bancos comerciales de propiedad estatal carece de un razonamiento adecuado y de base fáctica. A este respecto, las autoridades chinas declararon que la Comisión debería haber sabido que en julio de 2013 se abolieron los tipos de interés mínimos en los préstamos. En primer lugar debe señalarse que la Comisión no analizó la situación del mercado bancario en China en julio de 2013, pues no era pertinente para la investigación. En segundo lugar, es incorrecto alegar que la determinación de la Comisión carece de un razonamiento adecuado y de una base fáctica. En las circulares pertinentes se dice con claridad que el PBC fija límites a los tipos de interés en los préstamos y en los depósitos. En tercer lugar, el estudio económico de la OCDE de 2010 sobre China que se cita en el considerando 162 también confirma la existencia de esos límites.

(419)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión sabía que las circulares, en especial las del 8 de junio y el 8 de julio de 2012, emitidas tras las conclusiones sobre el papel fino estucado, habían modificado de manera significativa la práctica del PBC en relación con los tipos de interés. Esto es incorrecto. La Comisión no podía saber si la práctica había cambiado o en qué medida lo había hecho, ya que las autoridades chinas se negaron a aportar esas circulares. Incluso los resúmenes procedentes de los sitios web del PBC presentados durante la inspección y que, según alegan erróneamente las autoridades chinas, la Comisión ignoró por completo, confirman que siguen existiendo esos límites.

(420)

Las autoridades chinas alegaron igualmente que no parecía que la Comisión hubiera basado su conclusión en los datos disponibles reales, que contradicen la información histórica que posee, y que en su lugar puso en las autoridades chinas la carga de la prueba de que las circunstancias examinadas durante el asunto de los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica habían cambiado. Vista la explicación dada en los considerandos 415 a 419, es evidente que esta alegación es incorrecta. No hay datos en el expediente que contradigan las conclusiones de la Comisión y estas no se basaron únicamente en información histórica, sino en pruebas reales derivadas de toda la información pertinente para el período de investigación.

(421)

Las autoridades chinas alegaron que los cuatro puntos esgrimidos por la Comisión en el considerando 166 son incorrectos y carecen de una evaluación jurídica apropiada. Argumentaron que la referencia al artículo 34 de la Ley de bancos comerciales, según el cual los bancos deben realizar sus actividades de préstamo conforme a las necesidades de la economía nacional, es completamente neutra. No está muy claro qué quieren decir las autoridades chinas con el término «neutra», pero, según los planes, los documentos estratégicos y las leyes que se citan en el considerando 102, el desarrollo de la industria fotovoltaica y el apoyo financiero y de otro tipo a dicha industria parecen formar parte de las necesidades de la economía nacional china. Atendiendo al apoyo financiero fomentado y expresado en esos documentos, es evidente que los bancos apoyarán a las empresas pertenecientes a la industria fotovoltaica. En relación con la conclusión de que los bancos están sujetos a normas legales que les exigen ofrecer apoyo crediticio a proyectos fomentados, para la cual la Comisión se basó en el texto de la Decisión no 40 del Consejo de Estado, las autoridades chinas alegaron que está totalmente fuera de lugar, pues la Decisión no afirma ni indica que la industria solar constituya un proyecto fomentado. También esta alegación es incorrecta. El considerando 399 deja claro que la industria solar pertenece a la categoría de industrias o proyectos fomentados. Las autoridades chinas hicieron una alegación similar con respecto a la Ley china relativa al progreso científico y tecnológico y a la conclusión de la Comisión de que dicha ley exige a los bancos que den prioridad al desarrollo de industrias de alta y nueva tecnología y de que los productores incluidos en la muestra entran dentro de esa categoría de alta tecnología. Según las autoridades chinas, la Comisión no hizo un análisis jurídico acerca de si la industria solar de producción de módulos y células, descrita como industria de alta tecnología, entra en el ámbito de aplicación de esa ley. Esto no es correcto. La Comisión estableció un nexo claro entre la categoría de industrias de alta tecnología y la industria solar productora de módulos y células. Esto se explica con detalle en el considerando 402.

(422)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no se apoyaba en pruebas reales al afirmar que la participación estatal en el sector financiero chino es sustancial y continua. Cuestionaron las pruebas citadas por la Comisión y alegaron que el informe del FMI de 2009, en el que se destaca la falta de liberalización de los tipos de interés, no es pertinente, pues los tipos de interés se han liberado por completo en China. Esto no es correcto. Las pruebas contenidas en el expediente confirman que la liberalización de los tipos de interés en China no se ha terminado, como confirmaron también los funcionarios del PBC presentes durante la inspección. Con respecto al informe por país del FMI correspondiente a 2010 al que se remite la Comisión, las autoridades chinas alegaron que la Comisión había ignorado por completo las conclusiones del FMI sobre la liberalización del sector financiero. No es cierto. La Comisión no ignoró ninguna conclusión del informe del FMI que fuera pertinente. Las conclusiones del FMI a las que se refieren las autoridades chinas en sus observaciones no contradicen ninguna de las conclusiones de la Comisión acerca de la participación estatal en el sector financiero chino y en absoluto las relativas a la propiedad estatal o a la política de tipos de interés en los préstamos y los depósitos. El hecho de que el informe dijera que en los últimos años se habían hecho en China avances en el desarrollo de un sistema financiero más basado en el mercado no significa que dijera que en China existe realmente un sistema financiero basado en el mercado. En relación con los estudios de la OCDE citados por la Comisión, las autoridades chinas alegaron que no puede concluirse que los bancos no funcionan con independencia en China basándose en una frase sobre la ausencia de un avance significativo en la liberalización del sector bancario. A este respecto debe señalarse que la Comisión nunca extrajo ninguna conclusión basándose en «una frase», sino, como se ha demostrado en el texto que antecede, en varios documentos elaborados por organizaciones internacionales independientes.

(423)

Las autoridades chinas alegaron que el análisis de la Comisión sobre la determinación de la condición de organismo público es completamente erróneo y que la conclusión expuesta en el considerando 168 no es coherente con la interpretación que el Órgano de Apelación de la OMC hace del término «organismo público» en el informe Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China. Un productor exportador alegó también que el razonamiento de la Comisión para determinar la condición de organismo público es «jurídicamente erróneo». Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había establecido que los bancos comerciales de propiedad estatal estuvieran investidos de poder público y lo ejercieran, como tampoco habían establecido: i) que las funciones en cuestión que supuestamente realizan los bancos comerciales de propiedad estatal sean las que desempeñan los poderes públicos en general, es decir, funciones públicas en primera instancia; ii) las características que los bancos comerciales de propiedad estatal tienen en común con los poderes públicos, aparte de la de tener participaciones, algo que tampoco quedó establecido con respecto a todos los bancos comerciales de propiedad estatal; y iii) que todos los bancos comerciales de propiedad estatal tengan la necesaria autoridad pública y la ejerzan o estén investidos del poder para desempeñar las funciones públicas en cuestión. Estas alegaciones tuvieron que desestimarse. La Comisión se remite a su análisis de esta cuestión contenido en los considerandos 158 a 167. Los préstamos se mencionan en la definición de subvención conforme al artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base como una función de los poderes públicos. En la presente investigación, los bancos comerciales de propiedad estatal reciben instrucciones, a través de planes y otros documentos estratégicos, para que promuevan determinados sectores, entre ellos el fotovoltaico. Sobre la base de los datos disponibles, se concluyó también que en China existe una sustancial propiedad estatal de los bancos y que los poderes públicos ejercen un control considerable sobre los bancos comerciales de propiedad estatal. Dado que las autoridades chinas no proporcionaron la información solicitada sobre la propiedad estatal de los bancos comerciales de propiedad estatal, la Comisión basó sus conclusiones en los hechos disponibles. Así pues, la Comisión concluye que los bancos comerciales de propiedad estatal actúan como instrumento de los poderes públicos desempeñando una función pública al aplicar a determinados sectores las políticas de préstamo preferencial de las autoridades chinas.

(424)

Las autoridades chinas alegaron asimismo que la Comisión no había establecido que los bancos privados en China recibieran consignas o directrices ni, en particular, que las autoridades chinas dieran de forma explícita y afirmativa delegaciones, órdenes, responsabilidades o poderes a los bancos privados y a los bancos comerciales de propiedad estatal para que concedieran préstamos preferenciales. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. Como se explica en los considerandos 170 a 173, existe en China una política estatal que ofrece préstamos preferenciales a la industria fotovoltaica. Los bancos privados están obligados a aplicar esa política estatal. Las autoridades chinas, a través de la Ley de bancos comerciales, instruyó a todos los bancos chinos para que realizaran sus actividades de préstamo en función de las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y conforme al espíritu de las políticas industriales del Estado. Estas necesidades y estas políticas industriales del Estado se establecen, entre otros, en diversos planes y documentos estratégicos, y la concesión de préstamos preferenciales a determinadas industrias, como la industria fotovoltaica, forma parte de ellos. Las autoridades chinas alegaron también que el artículo pertinente de la Ley de bancos comerciales se había sacado de contexto y que dicho artículo no demuestra explícitamente que las autoridades chinas hayan dado a ningún banco comercial delegación, orden, responsabilidades ni autoridad alguna. La Comisión no está de acuerdo con que se haya sacado de contexto el artículo 34, como ya se ha explicado en el considerando 390, y considera que dicha disposición da a todos los bancos de China una instrucción clara y jurídicamente vinculante. Tampoco está de acuerdo con la alegación de las autoridades chinas de que los documentos que se citan en el considerando 102 como prueba de los préstamos preferenciales a la industria fotovoltaica constituyen una base jurídica inadecuada. Esto se explica con detalle en los considerandos 399 a 403.

(425)

Un productor exportador alegó que la Comisión no había demostrado que los bancos de propiedad extranjera en China recibieran consignas y directrices de las autoridades chinas. Hubo que rechazar esta alegación. La Comisión demostró que todos los bancos de propiedad privada en China reciben consignas y directrices (véanse, entre otros, los considerandos 169 a 172 y 424), y los bancos de propiedad extranjera pertenecen a esta categoría.

(426)

Con respecto a la determinación relativa a las consignas y las directrices, las autoridades chinas alegaron también que la Comisión había sacado conclusiones basadas en la evaluación del riesgo crediticio de un exportador incluido en la muestra aportada por un banco y que las había aplicado a todos los bancos de China, haciendo así deducciones desfavorables a este respecto. Debe señalarse que tanto las autoridades chinas como los bancos se negaron a proporcionar ninguna otra evaluación del riesgo crediticio de otros productores exportadores incluidos en la muestra. Puesto que se vio obligada a este respecto a recurrir a los datos disponibles y la evaluación del riesgo crediticio mencionada anteriormente constituye los mejores datos disponibles, la Comisión basó parcialmente sus conclusiones en dicha evaluación. Sin embargo, hay que insistir en que las conclusiones se basaron en los datos disponibles, y no en deducciones desfavorables.

(427)

Las autoridades chinas refutaron la evaluación de la Comisión sobre la distorsión del mercado financiero chino aduciendo que era «jurídicamente errónea». Alegaron que no hay ninguna prueba correspondiente al período de investigación que indique que los bancos comerciales de propiedad estatal constituyen dos tercios del mercado financiero chino. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. En ausencia de la información sobre la propiedad en el sector bancario que se pidió repetidas veces a las autoridades chinas, sin éxito, la Comisión recurrió a los datos disponibles. La Comisión se remitió a este respecto al informe del Deutsche Bank, según el cual los bancos comerciales de propiedad estatal representan más de dos tercios del mercado financiero chino. Así lo corroboran también las pruebas de los documentos de la OMC, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, que confirman que la presencia estatal en el sector bancario chino no cambió de manera significativa en el período de investigación. Las autoridades chinas alegaron también que la afirmación de la Comisión acerca de los tipos de interés (a saber, que los bancos están obligados a mantenerse dentro de los límites fijados por el PBC) es incorrecta, ya que el tipo de interés mínimo en los préstamos fue completamente abolido. Esto no es correcto. Es cierto que las autoridades chinas alegaron en sus observaciones que los tipos de interés mínimos en los préstamos se habían abolido en julio de 2013, pero esto ocurrió más de un año después del período de investigación. También es correcto decir que los topes sobre los tipos de interés en los depósitos siguen aplicándose. Por consiguiente, la conclusión de la Comisión de que los bancos no son totalmente libres para decidir las condiciones de préstamo (por lo menos en lo que al período de investigación se refiere) es correcta y se apoya en las pruebas contenidas en el expediente. Las autoridades chinas también discutieron las conclusiones de la Comisión expuestas en los considerandos 183 a 188 basándose en la supuesta falta de pertinencia de varios planes, documentos estratégicos y leyes que citaba la Comisión. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación y se remite a los considerandos 399 a 403, donde explica por qué son pertinentes estos documentos en relación con esas conclusiones.

Las autoridades chinas afirmaron también que la conclusión de la Comisión de que se concedía a algunos bancos acceso a las reservas de divisas de la Administración Estatal de Divisas está fuera de lugar, ya que las pruebas a las que se remitía la Comisión solo mencionaban al Banco EXIM y al CDB, y explicaron que los préstamos alimentados por estas reservas se conceden únicamente a empresas de propiedad estatal. La Comisión no está de acuerdo. Las pruebas solo ponen de manifiesto que, al comienzo del programa, estaba únicamente disponible para las entidades bancarias de fomento de las políticas CDB y EXIM, pero también mencionan un gran préstamo del Banco de China, lo que indica que la restricción inicial se había eliminado. Tampoco es exacta la alegación de que las pruebas ponen claramente de manifiesto que los préstamos solo se conceden a empresas de propiedad estatal como Sinopec. En realidad, en ellas se constata la preferencia por las grandes empresas de propiedad estatal, pero no se indica que la concesión de los préstamos se limitara a ellas. En cualquier caso, vista la envergadura del Banco EXIM y el CDB y su influencia en el mercado financiero chino, aunque el programa se limitara a ellos, esto supondría una distorsión importante del mercado financiero en su conjunto.

(428)

También alegaron las autoridades chinas que la Comisión no había establecido la especificidad con respecto a los préstamos preferenciales y que su análisis de la especificidad es jurídicamente incoherente, pues no establecía si la Decisión no 40 se refería a proyectos o a empresas. Según las autoridades chinas, debido a la gama extremadamente amplia de sectores económicos e industrias que abarca la Decisión no 40, este documento no limita explícitamente el acceso a la supuesta subvención a determinadas empresas, como exige que se establezca la jurisprudencia de la OMC. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. En lo que atañe a los proyectos fomentados, debe recordarse que abarcan únicamente determinadas actividades en un número limitado de sectores industriales y que esta categorización, que se aplica solamente a un subgrupo de empresas en China, no puede considerarse de naturaleza general y no específica. La Comisión consideró que esta era la interpretación más razonable a falta de cualquier otra explicación (y documentos justificativos) de cómo aplicaban las autoridades chinas la noción de «industria fotovoltaica», por ejemplo a efectos de la Decisión no 40 y del Repertorio de orientación para la reestructuración industrial relacionado. Además, como se explica en el considerando 102, la industria solar fotovoltaica también pertenece a la categoría de industrias estratégicas definida en el duodécimo plan quinquenal, merced a lo cual disfruta del acceso a una financiación preferencial, como queda patente en las referencias a leyes y a varios documentos estratégicos y de planificación contenidas en ese considerando.

(429)

Las autoridades chinas alegaron también que Comisión no había establecido la existencia de un beneficio en relación con los préstamos preferenciales, ya que el recurso a una referencia externa para establecer la existencia de beneficio no encontraba apoyo en las conclusiones de la Comisión. Según las autoridades chinas, la Comisión no tenía base alguna para aplicar la calificación BB, pues no aportó ninguna prueba de que esta fuera una calificación crediticia que, con mayor probabilidad que cualquier otra, no estuviera distorsionada, y cuya aplicación refleja las ilícitas deducciones desfavorables hechas en contra del artículo 12.7 del Acuerdo SMC. Hubo que rechazar esta alegación. Dadas las distorsiones y la ausencia de una evaluación adecuada de la solvencia crediticia o del riesgo de los productores exportadores incluidos en la muestra por parte de los bancos prestamistas, la Comisión no podía tomar la calificación crediticia (de tener alguna) de los productores exportadores individuales tal cual. En este caso, la calificación BB no es una deducción desfavorable, ni es desfavorable para los productores exportadores, pues es la mejor calificación del grado de no inversión del mercado.

(430)

El denunciante alegó que la Comisión debería haber utilizado una calificación crediticia menos favorable que la BB para establecer la referencia respecto de algunos productores exportadores que se encontraban en una situación financiera especialmente mala. Por las razones explicadas en el considerando 429, la Comisión consideró que la calificación BB (grado de no inversión) reflejaba adecuadamente la situación financiera de los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación.

(431)

El denunciante pidió también que la Comisión revelara el cálculo del recargo de los préstamos en moneda china. La Comisión explicó la metodología en el apartado 169 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 198). En consonancia con la metodología aplicada en los procedimientos del papel fino estucado y los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica, la Comisión ajustó los tipos de interés chinos sumando la diferencia entre los intereses de los bonos de mejor calificación y de los bonos BB negociados en los mercados durante el período de investigación.

(432)

Un productor exportador alegó que la Comisión, para establecer el beneficio derivado de los préstamos preferenciales, debería comparar los tipos de interés de los préstamos concedidos a industrias «favorecidas» con los de los préstamos concedidos a industrias «no favorecidas». Visto el análisis del mercado financiero realizado por la Comisión (considerandos 181 a 185), hubo que rechazar esta alegación. Teniendo en cuenta las distorsiones establecidas, los tipos de interés del mercado financiero chino no se consideran fiables.

(433)

Las autoridades chinas alegaron también que, en relación con los préstamos en euros y en dólares estadounidenses, la Comisión no debería recurrir a la referencia externa, ya que uno de los elementos fundamentales en los que basaba su análisis de las distorsiones, a saber, las limitaciones de los tipos de interés aplicadas por el PBC, no existe para esos préstamos. Hubo que rechazar esta alegación. Las limitaciones aplicadas por el PBC a los tipos de interés son solo uno de los elementos fundamentales que la Comisión utilizó en su análisis del mercado financiero chino. Como se explica en los considerandos 180 a 185, había varias distorsiones más que justificaban por sí solas el uso de una referencia externa también en relación con los préstamos en euros y en dólares estadounidenses.

(434)

Varios exportadores y las autoridades chinas alegaron que los acuerdos entre exportadores y determinados bancos de propiedad estatal (denominados en esta sección «acuerdos») no son equivalentes a líneas de crédito ni constituyen una contribución financiera, pues el banco no se obliga ni compromete a conceder financiación en el futuro conforme a términos y condiciones concretos. También se refieren a las conclusiones del grupo especial CE-Aeronaves, según las cuales la «mera posibilidad» de que los poderes públicos puedan transferir fondos si se cumple una condición predefinida no ha de bastar para demostrar la existencia de una contribución financiera. Asimismo, citan la declaración del grupo especial según la cual el acuerdo contractual debe en y por sí mismo invocarse y ser capaz de conferir un beneficio al receptor que esté separado y sea independiente del beneficio que pueda conferirse con una futura transferencia de fondos.

(435)

Con respecto a las conclusiones del grupo especial CE-Aeronaves, la Comisión señala que no son exhaustivas en lo que se refiere al alcance de las líneas de crédito o acuerdos similares y no son determinantes de la interpretación que haga la Comisión del Reglamento de base en este caso. No obstante, la Comisión no discrepa de las conclusiones del grupo especial, sino de su aplicación a la presente investigación por parte de las autoridades chinas. Los acuerdos normalmente establecen que el banco de propiedad estatal preste hasta la cantidad máxima de dinero fijada, a veces en combinación con posibles mejoras en el rendimiento de la empresa en cuestión. Así, por un lado, el texto de los acuerdos puede contener obligaciones textualmente menos explícitas o automáticas sobre los términos y las condiciones del futuro préstamo que algunos tipos de acuerdos de línea de crédito. En ocasiones se complementan con acuerdos de préstamo o crédito aparte. Sin embargo, se ha observado que los préstamos conforme a estos acuerdos se realizan normalmente en términos muy similares, por no decir idénticos. Por otro lado, los acuerdos contienen una serie de cláusulas que van mucho más allá del lenguaje normal de los acuerdos de crédito y que suponen la creación por el banco en cuestión de un mecanismo de apoyo garantizado. La Comisión considera que, en estos casos, las cláusulas por escrito de los acuerdos no son necesariamente concluyentes, ya que las «obligaciones» o los «compromisos» de transferir fondos pueden expresarse por escrito o de otra forma y su existencia debe determinarse atendiendo a todos los datos del expediente.

(436)

Sobre esta base, la naturaleza exacta de los compromisos o las obligaciones de los bancos de propiedad estatal conforme a los acuerdos dependen de cuanto se expone a continuación.

(437)

Sobre la base de todas las pruebas, se concluye que los bancos ofrecen los acuerdos como parte de una estrategia de los poderes públicos para promover la industria fotovoltaica y que los exportadores en cuestión tienen estos acuerdos en gran valor, con independencia de que realmente se transfieran fondos o no. Ello contradice los argumentos de las partes según los cuales no tienen un valor efectivo. Aunque los acuerdos tienen las características de líneas de crédito normales, van más allá de los términos y las condiciones de estas y constituyen asociaciones estratégicas efectivas entre organismos públicos y empresas para aplicar la política de los poderes públicos. A este respecto, funcionan como un mecanismo de apoyo o garantía del Estado que mejora la posición de mercado de los exportadores en cuestión y les permite expandir su capacidad y sus resultados con la certeza de que recibirán la financiación necesaria. En ausencia de ese apoyo o esa garantía, es evidente que los mercados percibirían que los exportadores se encuentran en una posición más débil. En consecuencia, podrían considerarse una posible transferencia de fondos o una prestación de servicios financieros. Una «garantía» tan valiosa tendría algún valor en el mercado y, como mínimo, implicaría el pago de una tasa sustancial. En vista de lo antedicho, los acuerdos confieren también un beneficio que, como dice el grupo especial CE-Aeronaves, está separado y es independiente del beneficio que pueda conferirse con una futura transferencia de fondos, debido, entre otras cosas, a la potencial obligación de pago de los poderes públicos. Son algo más que una simple «promesa de proporcionar» financiación «barata» (99) y colocan a sus receptores en una situación claramente mejor de la que tendrían en ausencia de un acuerdo.

(438)

El importe del beneficio se estableció sobre la base de las comisiones cobradas por la línea de crédito obtenida por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra. Esta línea de crédito fue concedida por un banco cuya sede se encuentra en una jurisdicción financiera distinta de China y presenta todos los elementos de las líneas de crédito comerciales disponibles en los mercados financieros mundiales y de otros acuerdos existentes en el sector comercial. Debe apuntarse también que esta línea de crédito no se diferencia básicamente en sus condiciones de las demás líneas de crédito comerciales obtenidas por los productores exportadores incluidos en la muestra en las que se cobran comisiones, en especial las de bancos extranjeros. En vista de este análisis, se trata de una referencia conservadora, pues las pruebas indican que los acuerdos son en realidad más valiosos para las empresas como medida autónoma que una línea de crédito estándar. Sin embargo, la Comisión consideró que las comisiones exigidas servían de variable de sustitución razonable para las que serían pagaderas conforme a los acuerdos.

(439)

Las autoridades chinas alegaron también que los bancos que celebraron los acuerdos con los exportadores incluidos en la muestra no eran organismos públicos ni recibían consignas de los poderes públicos para actuar como tales. Hubo que rechazar esta alegación. Los bancos de que se trata son los mismos que daban financiación preferencial y en los considerandos 159 a 168 y 169 a 180 la Comisión explica con detalle por qué se considera que son organismos públicos y que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas.

(440)

Las autoridades chinas alegaron que la afirmación de la Comisión según la cual las líneas de crédito, en circunstancias de mercado normales, están sujetas a importantes comisiones de compromiso y administración no tiene fundamento, pues esas comisiones solo se aplican a las «líneas de crédito comprometidas». Hubo que rechazar esta alegación. Como se expone en el considerando anterior, la línea de crédito utilizada como referencia no se diferencia básicamente en sus condiciones de las demás líneas de crédito comerciales obtenidas por los productores exportadores incluidos en la muestra, también de bancos situados fuera de China. Además, uno de los bancos que celebró varios acuerdos de ese tipo con productores exportadores incluidos en la muestra parece cobrar comisiones similares a sus clientes extranjeros (100).

(441)

Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión no había aportado pruebas que apoyaran su afirmación de que la provisión de líneas de crédito por parte de los poderes públicos (es decir, los acuerdos) formaba parte de los préstamos preferenciales. Esto no es correcto. La provisión de líneas de crédito es la parte estándar de la financiación proporcionada por los bancos a las empresas, mientras que los acuerdos constituyen medidas aparte y distintas que entran en el ámbito de los préstamos preferenciales. Como se expone en el considerando 102, las autoridades chinas establecen en una serie de leyes y documentos estratégicos y de planificación la financiación preferencial de la industria fotovoltaica. Además, se concedieron muchos préstamos conforme a estos acuerdos, lo que muestra claramente que forman parte integrante de la financiación preferencial de la industria fotovoltaica.

(442)

Un productor exportador alegó que la provisión de líneas de crédito no es una subvención específica. Hubo que rechazar esta alegación. Como se explica en el considerando 441, la provisión de líneas de crédito forma parte integrante de los préstamos preferenciales y, por tanto, se le aplica igualmente el análisis de la especificidad contenido en los considerandos 191, 192, 209 y 428.

(443)

Según el denunciante, la Comisión debería haber establecido un margen de subvención por la utilización de créditos de compradores de exportaciones, dado que el Banco EXIM se negó a cooperar. La Comisión debería haber utilizado la información que figura en la denuncia y en las conclusiones del Ministerio de Comercio de los EE. UU. sobre un caso del sector fotovoltaico similar. Esta alegación no pudo aceptarse. La Comisión estudió las alegaciones de la denuncia, pero no encontró prueba alguna de que los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaran de esas medidas durante el período de investigación. Debe tenerse presente que los períodos de investigación del asunto de los EE. UU. y del asunto que nos ocupa fueron diferentes.

(444)

Con respecto a los documentos solicitados por la Comisión en la inspección, mencionados en los considerandos 220 y 221, las autoridades chinas alegaron que no se había aclarado cuándo se solicitó el Plan 840, que los estados financieros de 2012 de Sinosure no estaban disponibles en el momento de la inspección y que la información sobre las empresas incluidas en la muestra era confidencial y, en cualquier caso, los contratos pertinentes no se encontraban en la sede de Sinosure. La Comisión se remite a las explicaciones dadas en los considerandos 219, 220 y 223, que abordan todos estos argumentos. En cuanto al Plan 840, la Comisión añade que solicitó todos los documentos pertinentes relativos a la actividad de Sinosure y el supuesto programa de subvención que beneficiaba a los exportadores incluidos en la muestra y que este Plan 840 es ciertamente pertinente para sus conclusiones, junto con los demás documentos especificados en el considerando 236, según fundamentan las explicaciones dadas en el considerando 232. Por lo que se refiere a los estados financieros de 2012 de Sinosure, la Comisión pidió las cuentas de prueba de 2012 si no estaban terminados los estados financieros correspondientes, pero Sinosure también se negó a facilitarlas.

(445)

Las autoridades chinas alegaron también que no existen pruebas jurídicas ni fácticas que fundamenten la conclusión de que la industria fotovoltaica es una «industria estratégica», y que esto sería fruto de una presunción. La Comisión se remite a la explicación del considerando 231 y recuerda que este punto fue verificado específicamente por las autoridades chinas durante la inspección. Con respecto a la alegación similar relativa al Plan 840, al Plan 421 y a las medidas de apoyo a las industrias estratégicas emergentes, así como a la alegación de que estos planes no son vinculantes, la Comisión se remite a las explicaciones dadas en los considerandos 232 y 234 respectivamente. Además, señala que las autoridades chinas no presentaron estos documentos ni los discutieron con ella y que no hay pruebas en el expediente que demuestren que las conclusiones de la Comisión no son correctas.

(446)

Las autoridades chinas y un exportador incluido en la muestra alegaron que las rebajas y subvenciones para el pago de las primas del seguro de crédito a la exportación concedidas por las autoridades locales se habían sometido a medidas compensatorias de manera ilícita, pues no se había establecido que constituyeran subsidios a tenor del Acuerdo SMC de la OMC. La Comisión se remite a su análisis de las conclusiones de la investigación, y en particular a los considerandos 239 y 247. La Comisión señala, además, que esas rebajas y subvenciones están interrelacionadas de manera inextricable con el sistema de seguro de crédito a la exportación, ya que su reembolso es consecuencia del pago de la prima a Sinosure conforme a la política principal de seguro de crédito a la exportación. En fin, estas rebajas entran también en el ámbito de aplicación de la Comunicación [2004] no 368 emitida por el Ministerio de Comercio y Sinosure, que establece que las autoridades públicas regionales y locales deberán seguir haciendo esfuerzos conjuntos para aplicar medidas de apoyo adicionales a los productos incluidos en el Repertorio y a las empresas de alta y nueva tecnología de cara al seguro de crédito a la exportación.

(447)

Las autoridades chinas cuestionaron también la conclusión relativa a la letra j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC según la cual el sistema de seguro de crédito a la exportación a corto plazo de Sinosure funcionaba con tipos de prima inadecuados para cubrir las pérdidas y los costes de funcionamiento a largo plazo del sistema. Para ello citaban la jurisprudencia del grupo especial de la OMC Estados Unidos — Algodón americano (Upland) y daban explicaciones sobre diversos conjuntos de cifras y argumentos contenidos en los informes anuales de Sinosure. También cuestionaron la referencia que hace la Comisión al artículo 11 de los estatutos de Sinosure y al artículo del bufete Stewart and Stewart. La Comisión reitera todos los argumentos esgrimidos en los considerandos 242 a 245 y recuerda que sus conclusiones se basan en los mejores datos disponibles en el expediente debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, que le impidieron obtener la información pertinente que había solicitado. Para extraer sus conclusiones, la Comisión tuvo en cuenta una serie de elementos y de pruebas contenidos en el expediente, entre ellos los estatutos de Sinosure y el artículo del bufete Stewart and Stewart. La Comisión considera que, si bien ninguno de estos elementos es determinante por sí mismo, junto con todos los demás sí son pertinentes para hacer su determinación. En cuanto a la jurisprudencia Estados Unidos — Algodón americano (Upland), la Comisión la ha tenido plenamente en cuenta en sus conclusiones y las citas que de ella hacen las autoridades chinas son, en efecto, muy pertinentes.

(448)

Para cuestionar el análisis que hace la Comisión en el considerando 245, las autoridades chinas presentan un cuadro con cifras extraído de la cuenta de resultados de los informes anuales de Sinosure correspondientes al período 2006-2011, públicamente disponibles, y concluyen que es evidente que las primas recibidas fueron más altas que los costes de funcionamiento del sistema. En primer lugar, la Comisión señala que el cuadro facilitado por las autoridades chinas no incluye la fila pertinente sobre los importes de las comisiones pagadas por Sinosure, sino únicamente los gastos de funcionamiento. En segundo lugar, las cifras muestran de manera indiscutible que ningún año, de 2006 a 2011, con excepción de 2010, los importes de la prima neta fueron superiores a los de los siniestros netos más los gastos de funcionamiento, aun ignorando los pagos de comisiones que las autoridades chinas omitieron. Se incluye 2011, que abarca parcialmente el período de investigación, y el importe de la pérdida es bastante considerable en algunos años (por ejemplo, en 2008). En tercer lugar, la Comisión señala que las autoridades chinas han indicado para 2010 un importe desproporcionadamente bajo de siniestros netos liquidados (las primas abonadas son veinte veces superiores a los siniestros liquidados), algo que no queda reflejado en el informe anual de ese año. El importe indicado por las autoridades chinas en relación con 2010 se basa en ajustes masivos a posteriori relativos al recobro de siniestros y a cambios en las reservas de siniestros pendientes, que solo aparecen en el informe anual de 2011 con referencia a 2010. Estos ajustes parecen tener carácter extraordinario y anormal y solo se plasman en el informe del año siguiente. La Comisión señala asimismo que, con respecto a 2011, las autoridades chinas han indicado los importes incluidos en el informe anual de 2011. La Comisión considera que es difícil conciliar los ajustes subsiguientes con la situación real, sobre todo ante la falta de cooperación y de explicaciones adicionales por parte de las autoridades chinas o Sinosure en el transcurso de la investigación.

Según el grupo especial Estados Unidos — Algodón americano (Upland), como lo citan las propias autoridades chinas, «la referencia a “largo plazo”, del punto j), alude a un período de duración suficiente para asegurar un examen objetivo que permita apreciar el programa cabalmente evitando que se atribuya una importancia exagerada a cualquier experiencia única o atípica de determinado día, mes, trimestre, semestre, año u otro período de tiempo específico». La Comisión considera que el período 2006-2011 constituye un plazo suficientemente largo y Sinosure sufrió pérdidas en cada año de ese período. Con respecto a la situación de 2010, o bien debe considerarse única o atípica si se tienen en cuenta las cifras ajustadas del informe anual de 2011 y, por tanto, de importancia limitada, o bien deben tomarse en consideración como pertinentes las cifras ordinarias sin ajustes del informe anual de 2010, que muestran que el resultado está ligeramente por encima del punto de equilibrio. Dadas las pérdidas significativas de otros años, esto confirma la conclusión de la Comisión de que Sinosure se encontró, en general, en una posición de pérdida a largo plazo durante el período 2006-2011. Además, aunque se consideraran representativos los datos de 2010, el hecho sigue siendo que Sinosure registró pérdidas en cinco de los seis años que van de 2006 a 2011. Los demás cuadros y conjuntos de cifras presentados por las autoridades chinas para refutar las conclusiones de la Comisión sobre la letra j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC no son conciliables con otros datos del expediente ni son verificables. En cualquier caso, no demuestran por sí mismos que Sinosure alcanzara un equilibrio en su sistema de seguro de crédito a la exportación a corto plazo durante el período 2006-2011.

(449)

En cuanto a la referencia para el cálculo del beneficio, las autoridades chinas consideran que el establecimiento de una referencia fuera del país no es conforme con el Acuerdo SMC, pero no aportan ningún argumento que justifique su alegación. La Comisión se remite a la explicación dada en el considerando 245.

(450)

Las autoridades chinas y un exportador cooperante incluido en la muestra cuestionaron la referencia utilizada aduciendo que la Comisión no había justificado por qué: i) basó el cálculo de la prima en los datos bancarios del Banco de Exportación e Importación de los EE. UU.; ii) utilizó Italia como país importador en lugar de Alemania, que representa el mayor mercado de exportación del producto afectado; iii) tomó un período de ciento veinte días y no de sesenta o menos días; iv) no utilizó el cálculo de la prima de las exportaciones directas, sino el del seguro de créditos de instituciones financieras a compradores de exportaciones. Con respecto a i), la Comisión se remite al considerando 253. Por lo que se refiere a ii), la Comisión cree que Italia representa un equilibrio correcto entre el país de la UE con el menor riesgo y los países de la UE con riesgos mucho más elevados y, en consecuencia, primas mucho más altas, que también constituyen mercados para el producto afectado. En cuanto a iii), en ausencia de una simulación específica basada en un período de noventa días en el sitio web del Banco de Exportación e Importación, la Comisión considera que un período de ciento veinte días es el más apropiado para representar los términos de las ventas durante el período de investigación. Por lo que respecta a iv), la Comisión no pudo obtener una simulación para calcular la prima de las exportaciones directas y consideró que esta referencia reflejaba la situación general de riesgo en el país de adquisición.

(451)

Un exportador cooperante incluido en la muestra alegó que había contratado un seguro de crédito a la exportación para alguna de sus exportaciones, pero que había pagado primas de seguro normales y no disfrutaba del programa Green Express ni de ningún otro trato beneficioso alegado por el denunciante. En ausencia de pruebas que demuestren esta alegación, la Comisión se remite a sus conclusiones sobre el programa expuestas en la sección 3.4.1.4 del presente Reglamento. En cuanto al programa Green Express, la Comisión se remite a su conclusión del considerando 240 y señala que este programa constituye un aspecto concreto del sistema de seguro de crédito a corto plazo de Sinosure y que sus conclusiones no se limitan a este aspecto, sino que se refieren al sistema en su conjunto.

(452)

Las autoridades chinas argumentan que este programa ofrece subvenciones a «sistemas solares fotovoltaicos descentralizados», no a los productores/exportadores del producto afectado, y que los criterios pertinentes de la legislación no van dirigidos a los productores de módulos y células. A este respecto, alegaron que, para demostrarlo, habían proporcionado la documentación pertinente sobre el programa, incluso en coordinación con las empresas incluidas en la muestra. Tres exportadores cooperantes incluidos en la muestra alegaron que se trata de una «subvención de usuario» y no confiere un beneficio al producto afectado, por lo que no debe someterse a medidas compensatorias a tenor del artículo 1, apartado 1, y el artículo 3, punto 1, del Reglamento de base, del artículo VI:3 del GATT 1994 y del artículo 19.1 del Acuerdo SMC de la OMC. Estos exportadores se referían a la Decisión de la UE en el asunto sobre el biodiésel originario de los Estados Unidos [considerando 97 del Reglamento (CE) no 194/2009 de la Comisión, DO L 67 de 12.3.2009, p. 50] y a la jurisprudencia de la OMC en los asuntos Estados Unidos-Barras de plomo (apartados 6.50, 6.53, 6.56 y 6.57 del informe del grupo especial), Canadá-Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles (apartado 9.112 del informe del grupo especial), Brasil-Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves (apartado 7.24 del informe del grupo especial) y Canadá-Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles (apartados 157 y 159 del informe del Órgano de Apelación).

(453)

La Comisión se remite a las conclusiones de la investigación y, en particular, a los considerandos 243 a 246 del presente Reglamento, donde se dan explicaciones exhaustivas sobre los argumentos mencionados y se confirma que la determinación es coherente con las disposiciones pertinentes y con la jurisprudencia citada por las autoridades chinas y los exportadores cooperantes incluidos en la muestra. La Comisión reitera que las subvenciones en el marco del programa están directamente relacionadas con el producto afectado, pues los «sistemas solares fotovoltaicos descentralizados» elegibles incluyen específicamente el suministro de módulos y células como parte importante de los proyectos y, por tanto, el nexo entre el beneficio conferido por los poderes públicos y el producto afectado es directo e inextricable. Como también se ha especificado particularmente en los considerandos 244 y 245, la investigación confirmó que las autoridades chinas habían realizado pagos directos a varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra (al objeto de instalar paneles solares para generar energía de uso propio, también en el proceso de fabricación del producto afectado) que utilizan, entre otros, módulos y células solares de fabricación propia. También se estableció que los pagos directos a exportadores en su calidad de proveedores del producto afectado a terceros explotadores de proyectos son, de hecho, contrarios a lo dispuesto en la legislación pertinente y que las autoridades chinas no habían aportado pruebas para aclarar la situación (véanse los considerandos 245 y 246).

La explicación limitada que dieron las autoridades chinas y el exportador cooperante incluido en la muestra de que la transferencia directa de fondos, que infringe la legislación china, fue necesaria debido a la difícil situación financiera del explotador del proyecto y para garantizar que las subvenciones solo se emplearían en sistemas fotovoltaicos autorizados indica claramente que, en ausencia de esta transferencia directa de los poderes públicos, el exportador cooperante incluido en la muestra, en su calidad de proveedor, no habría podido recibir pago alguno por el producto afectado suministrado y los poderes públicos no habrían podido garantizar que la subvención se utilizara con el fin previsto. Desde este punto de vista, y a falta de otras pruebas, deben considerarse estos pagos como una subvención directa de las autoridades chinas al fabricante del producto afectado, que de otro modo no habría recibido pago alguno por el suministro del producto afectado (suponiendo que este suministro tuviera realmente lugar, de lo que no hay ninguna prueba en el expediente). Sobre esta base, la Comisión cree que los argumentos esgrimidos por las autoridades chinas y los exportadores cooperantes incluidos en la muestra carecen de fundamento jurídico.

(454)

Las autoridades chinas alegaron también que, con respecto a las situaciones en las que los beneficios del programa guardaban relación con el suministro del producto afectado a explotadores de proyectos vinculados, la Comisión estaba obligada a realizar un análisis de la transferencia para establecer este punto, y citaban la decisión de la OMC en el asunto Estados Unidos-Madera blanda IV (apartados 141 y 142 del informe del Órgano de Apelación). La Comisión se remite a las explicaciones dadas en los considerandos 244 a 246 y en el considerando 352 para desestimar esta alegación. Por otro lado, ante la falta de cooperación de las autoridades chinas y de las partes interesadas, la Comisión no estaba en posición de realizar un análisis de la transferencia. Por tanto, no se trata de una cuestión de transferencia y la jurisprudencia de la OMC citada no es pertinente en esta situación, ya que los fondos se pagaron directamente a los fabricantes del producto afectado y están directamente relacionados con el suministro, entre otras cosas, del producto afectado. Dado que estos pagos eran subvenciones no reembolsables, existe una contribución financiera (una transferencia directa de fondos) y la Comisión tiene derecho a suponer que confieren un beneficio a los receptores (los productores), en ausencia de pruebas de otros usos hechos de las sumas en cuestión. Si los pagos en el marco de este programa hubieran sido hechos por los poderes públicos a terceros explotadores de proyectos y el equipo se hubiera adquirido a un valor de mercado justo, no habría habido un beneficio para los exportadores en cuestión. Sin embargo, en una situación en las que los pagos se hacen a los productores exportadores, los importes utilizados por estas empresas para instalar paneles solares confieren un beneficio, pues las libera de los costes que de otro modo les habría supuesto este proceso. Si el productor exportador no es capaz de demostrar que una parte de la subvención se ha transferido a terceros usuarios, se supone, sobre la base de los datos disponibles, que dicha parte confiere al exportador un beneficio como una subvención general que favorece las actividades de la empresa en su conjunto. Así ocurre en el presente caso.

(455)

Dos exportadores cooperantes incluidos en la muestra alegaron que el programa Golden Sun no es específico, ya que los requisitos pertinentes de la legislación china son objetivos y todas las empresas que los cumplan pueden beneficiarse del programa y a él pueden optar todas las empresas, sean o no fabricantes del producto afectado. La Comisión se remite a su conclusión sobre la especificidad del considerando 247, donde muestra que las condiciones y los criterios de selección no son objetivos ni se aplican de manera automática. Los criterios pertinentes exigidos confirman que el programa se limita exclusivamente al subconjunto de empresas que los cumplen, en concreto aquellas con una importante capacidad instalada de 300 kWh como mínimo y unos activos mínimos de 100 000 000 RMB. Los criterios de selección se refieren también a la necesidad de que las empresas receptoras estén incluidas en el plan local de implementación del proyecto de demostración Golden Sun y la investigación estableció que la inclusión en estos planes locales depende de una decisión discrecional de las autoridades competentes, que ni es transparente ni está basada en criterios objetivos. La Comisión añade que los «sistemas solares descentralizados» elegibles dependen de la fabricación y el suministro de equipos generadores solares que, en su mayor parte, se componen de módulos y células. Por tanto, en contra de lo argumentado por los exportadores incluidos en la muestra, este programa es también específico en la medida en que solo los productores de sistemas solares o, en otras palabras, los fabricantes del producto afectado, pueden optar en la práctica a los beneficios que confiere, bien directamente en su calidad de propietarios de proyectos, bien indirectamente en su supuesta calidad de proveedores del producto afectado a los propietarios de proyectos.

Por consiguiente, teniendo también en cuenta la falta de cooperación de las autoridades chinas, que no facilitaron todos los documentos presupuestarios solicitados por la Comisión (véanse los considerandos 234 a 239), se concluye que este programa es específico también de facto a tenor del artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento de base, ya que son principalmente los fabricantes del producto afectado los que de hecho se benefician directa o indirectamente de él. La subvención también la utilizan un número limitado de empresas (los fabricantes del producto afectado), o es utilizada predominante o desproporcionadamente por ellas, pues, aun formando solo un subconjunto de los supuestos receptores potenciales, parecen recibir toda la financiación.

(456)

Las autoridades chinas insisten en su argumento de que el programa relativo a las empresas con inversión extranjera finalizó en 2013. La Comisión señala que el período de investigación finalizó mucho antes de 2013 y que, por tanto, los beneficios concedidos conforme al programa durante el período de investigación pueden ser objeto de medidas compensatorias. Así lo confirmó la investigación, que descubrió beneficios conferidos durante el período de investigación en el marco de este programa a varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra. Los beneficios conferidos con arreglo al programa, aunque este terminara en 2013, se mantienen en el futuro.

(457)

Las autoridades chinas y un exportador cooperante incluido en la muestra alegaron además que la variante para empresas de alta y nueva tecnología no puede someterse a medidas compensatorias sobre la base del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base, pues no figuraba en la denuncia. La Comisión se remite al considerando 286, donde refuta al detalle este argumento. También recuerda que las autoridades chinas decidieron no cooperar durante la investigación en relación con la variante del programa. Además de estos elementos, la Comisión señala que la denuncia enumera otros sistemas preferenciales de impuestos directos para empresas de alta y nueva tecnología que se suman a la variante «dos gratis, tres la mitad» para empresas con inversión extranjera (sección 4.2.5.1 de la denuncia), bien las desgravaciones fiscales para empresas de alta y nueva tecnología (sección 4.2.5.9 de la denuncia), bien los programas fiscales preferenciales para empresas con inversión extranjera reconocidas como empresas de alta y nueva tecnología (sección 4.2.5.8 de la denuncia). Por consiguiente, puede considerarse que este programa guarda también una relación muy estrecha con uno de estos supuestos programas fiscales o con ambos, en cuanto que concede una reducción del tipo impositivo directo y se dirige específicamente al mismo grupo de empresas de alta y nueva tecnología beneficiarias. Una vez más, si las autoridades chinas hubieran cooperado, la Comisión habría podido evaluar adecuada y exhaustivamente todos los elementos relativos al nexo con los programas que se alega en la denuncia y llenar las lagunas de información que existen en esta, al estar basada en los indicios razonables de que dispone el denunciante. En vista de estos argumentos, la Comisión reitera que la sujeción de este programa a medidas compensatorias está en plena consonancia con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base, pues esta disposición permite que se investigue toda «supuesta subvención» detectada por el denunciante, no solo un programa concreto. En este caso, la supuesta subvención, consistente en la condonación de ingresos fiscales públicos y dirigida al mismo tipo de beneficiarios, es común a todos los programas en cuestión.

(458)

Con respecto al cálculo del importe de la subvención, dos exportadores cooperantes incluidos en la muestra argumentaron que la Comisión había utilizado erróneamente las cifras de todo el año contenidas en la declaración anual del impuesto sobre sociedades de 2011, a pesar de que el período de investigación abarca la mitad de 2011 y la mitad de 2012, y que ello va en contra del método de cálculo indicado en la sección E, letra a), inciso ii), de las Directrices para el cálculo del importe de la subvención en las investigaciones en materia de derechos compensatorios (DO C 394 de 17.12.1998, p. 6) publicadas por la Comisión. Uno de estos exportadores alegó además que, puesto que en el momento de la inspección no estaba disponible la declaración del impuesto de todo el año 2012, la Comisión debería haber basado el cálculo para ese año en las declaraciones trimestrales del impuesto sobre sociedades relativas a la primera mitad de 2012 recopiladas in situ, o en los cuadros de ganancias y pérdidas correspondientes a 2012, que muestran que la empresa se encontraba en situación de pérdida.

(459)

La Comisión se remite al considerando 300 y reitera la importancia de que el cálculo del beneficio se base en declaraciones de impuestos finales auditadas de un determinado ejercicio fiscal. Añade que la liquidación final de la declaración fiscal de 2011 durante el período de investigación hace que todo beneficio reclamado en la declaración sea definitivo, lo que subraya la corrección de su enfoque. La Comisión no puede basar su cálculo en declaraciones de impuestos trimestrales, pues en ellas se refleja la situación corriente provisional en el momento de la presentación y, por definición, no tienen en cuenta la situación consolidada final del ejercicio fiscal anual. El objetivo de estas declaraciones es garantizar liquidez a los poderes públicos en el caso de que se deban provisionalmente impuestos, pero solo reflejan la situación parcial en el momento de la presentación. Puede muy bien darse el caso de que, si la empresa obtiene un beneficio sustancial en los dos últimos trimestres del año que compensen con creces las pérdidas de los trimestres iniciales, declare un beneficio imponible en la declaración de impuestos final. Por tanto, si bien las declaraciones de impuestos provisionales de 2012 ofrecen una indicación parcial de la situación del exportador en el momento de su presentación y explican por qué la Comisión las recopiló, su pertinencia no es absoluta, pues no puede descartarse que la situación al término del ejercicio fiscal, plasmada en la declaración final, sea completamente diferente. En cuanto a los cuadros de ganancias y pérdidas correspondientes a 2012, la Comisión señala que la contabilidad financiera no siempre se corresponde con la contabilidad fiscal y puede ocurrir que la obligación de declarar elementos de ingresos y pérdidas a efectos de impuestos directos difiera sustancialmente de las obligaciones de declaración a efectos contables. También puede haber ajustes a efectos fiscales que no se plasmen por entero en las cuentas financieras. En resumen, el hecho de que una empresa se encuentre en situación de pérdida en sus cuentas financieras no significa necesariamente que esté en la misma situación de pérdida en su declaración de impuestos final. Basándose en estos argumentos, la Comisión confirma que el cálculo de la subvención en relación con sistemas de impuestos directos debe necesariamente basarse en las cifras definitivas que aparecen en la declaración final del impuesto sobre sociedades auditada, y no en declaraciones fiscales periódicas o en estados contables definitivos o de prueba.

(460)

Las autoridades chinas alegaron tener noticia por primera vez de que la Comisión somete a medidas compensatorias un programa de I+D que no es un programa de sustitución del programa de I+D para empresas con inversión extranjera al que se refiere la denuncia. Se basan en argumentos similares a los esgrimidos con respecto al programa anterior según se explica en el considerando 457 y aducen que el sometimiento de este programa a medidas compensatorias infringe los artículos 11 y 13 del Acuerdo SMC de la OMC. Alegan que el programa de I+D para empresas con inversión extranjera finalizó en 2008 y que el nuevo programa de I+D incluido en la nueva Ley china del impuesto sobre sociedades no es un programa sustitutivo, pues no se refiere a las empresas con inversión extranjera ni exige que el gasto en I+D sea un 10 % más elevado que el año anterior.

(461)

La Comisión señala que las autoridades chinas no aportaron información sobre este programa en su respuesta al cuestionario ni a la carta de deficiencias y que este programa ya estuvo sometido a medidas compensatorias en investigaciones anteriores (véase el considerando 310). Sin embargo, la Comisión señala asimismo que este programa se discutió con las autoridades chinas durante la inspección y que se recogieron como documentos probatorios las disposiciones de desarrollo pertinentes (presentadas también por uno de los exportadores incluidos en la muestra). Por consiguiente, la alegación de las autoridades chinas de que era la primera vez que se les informaba del posible sometimiento de este programa a medidas compensatorias es infundada, visto también que varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra, con los que las autoridades chinas coordinaron su respuesta, informaron de este programa en sus respuestas al cuestionario. Las autoridades chinas eran plenamente conscientes de ello, pues examinaron varias veces el expediente no confidencial. Las conclusiones de la investigación demuestran que este programa puede someterse a medidas compensatorias (considerandos 310 a 314). La Comisión añade que este programa es claramente sustitutivo del programa anterior dirigido a las empresas con inversión extranjera, dada la estrecha relación puesta de manifiesto por la forma y el importe idénticos del beneficio fiscal (compensación fiscal adicional deducible de la base imponible), la misma ratio y la misma situación subyacente (costes elegibles por actividades de I+D), con ligeras variaciones. Estas ligeras variaciones se pusieron en consonancia con la reforma de la nueva Ley del impuesto sobre sociedades en 2008, pero la naturaleza y el fondo del programa siguen siendo básicamente iguales. La Comisión se remite también a los argumentos sobre la norma para el inicio de una investigación expuestos en el considerando 457.

(462)

Las autoridades chinas y un exportador cooperante incluido en la muestra alegaron que este programa no es específico, pues la Comisión no ha demostrado que la obtención del certificado de empresa de alta y nueva tecnología esté limitado a determinadas empresas. La Comisión se remite a su explicación del considerando 313 y de los considerandos 321 y 325 en relación con otro programa fiscal para las empresas de alta y nueva tecnología. Añade que las normas de desarrollo para la aplicación de este programa (véase el considerando 321) confirman la conclusión sobre la especificidad basada en que las empresas de alta y nueva tecnología son las únicas en los sectores apoyados por las políticas estatales que pueden obtener el certificado correspondiente conforme a los repertorios y directrices estatales pertinentes. Por ejemplo, solo pueden obtener este certificado las empresas que participan en un proyecto de I+D prescrito en los ámbitos de alta y nueva tecnología con apoyo estatal clave y en las directrices de prioridades actuales de desarrollo en sectores clave de la industria de alta tecnología de 2007 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, o en actividades de I+D incluidas en el ámbito de la Comunicación no 6 [2006] del Consejo de Estado, sobre la aplicación de las diversas políticas de apoyo para el esbozo del desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020). Por tanto, es evidente que este programa fiscal se limita a las empresas concretas de los sectores y las actividades de I+D pertinentes con apoyo de las autoridades chinas, incluidas las del sector fotovoltaico fomentado.

(463)

Con respecto al cálculo del importe de la subvención, dos exportadores cooperantes incluidos en la muestra argumentaron que la Comisión había utilizado erróneamente las cifras de su declaración anual del impuesto sobre sociedades de 2011, cuando el período de investigación abarca la mitad de 2011 y la mitad de 2012, y que ello va en contra del método de cálculo indicado en la sección E, letra a), inciso iii), de las Directrices para el cálculo del importe de la subvención en las investigaciones en materia de derechos compensatorios publicadas por la Comisión en 1998. La Comisión se remite a todos los argumentos expuestos en el considerando 459, que son igualmente pertinentes para desestimar la alegación relativa a este programa. Por otro lado, la Comisión señala que la pretendida anotación de compensación fiscal de pérdidas en el ejercicio fiscal 2012 tiene poca o ninguna relevancia, ya que una desgravación fiscal puede trasladarse otros cinco ejercicios fiscales adicionales y compensarse con cualquier ingreso imponible declarado en los cinco ejercicios siguientes. Por tanto, aunque la Comisión aceptara que estas empresas efectuaron una compensación fiscal de pérdidas en el ejercicio 2012 o estuviera disponible la declaración de impuestos definitiva auditada de 2012 y esta presentara una compensación fiscal de pérdidas (que no es el caso), seguiría teniendo en cuenta los beneficios en el marco de este programa, pues no puede descartarse que los beneficios de la desgravación fiscal acumulados en 2012 se utilizaran tan pronto como la empresa declarara ingresos imponibles en cualquiera de los cinco ejercicios fiscales siguientes.

(464)

Las autoridades chinas y un exportador cooperante argumentaron que este programa no es específico, que el análisis de la especificidad no está basado en los hechos, que los requisitos para obtener el reconocimiento como empresa de alta y nueva tecnología deben considerarse criterios objetivos y que las condiciones que rigen la elegibilidad para conseguir la subvención y para acceder al programa son automáticas. Con respecto a la conclusión de especificidad relativa a la limitación de este programa y de la compensación fiscal para empresas de alta y nueva tecnología que realizan actividades de I+D, la Comisión se remite a la explicación dada en los considerandos 321 y 325, así como al considerando 462, igualmente aplicable a este programa. La Comisión reitera que las medidas de desarrollo y los documentos enumerados anteriormente muestran que la aplicación de este programa y el reconocimiento como empresa de alta y nueva tecnología, lejos de estar abiertos a todas las empresas y basarse en criterios objetivos, se limitan a determinados sectores y empresas que reciben apoyo de las autoridades chinas conforme a criterios que no parecen ni objetivos ni neutros. La elegibilidad para obtener beneficios en el marco de este programa tampoco es automática, sino que depende de la concesión del certificado de empresa de alta y nueva tecnología, que se emite siguiendo el procedimiento discrecional de las autoridades competentes y no es, por tanto, automático.

(465)

Un exportador cooperante alegó que la Comisión hizo un cálculo erróneo del beneficio obtenido con la subvención de este programa, ya que utilizó la declaración tributaria auditada de 2011 estando disponibles las declaraciones del primer y segundo trimestres de 2012, que se facilitaron en la inspección, y que, en cualquier caso, la Comisión podría haber solicitado una copia de la declaración anual del impuesto sobre sociedades definitiva de 2012 tan pronto como esta hubiera estado disponible. Este exportador argumentó también que, si se utiliza la declaración tributaria de 2011 para calcular el beneficio de la subvención, debería emplearse la cifra de negocios de 2011 y no la del período de investigación. La Comisión se remite a la explicación dada en el considerando 459. La Comisión señala además que, en su carta previa a la inspección dirigida a los exportadores incluidos en la muestra, entre ellos el exportador en cuestión, pedía específicamente el original de las declaraciones tributarias completas de los ejercicios fiscales que abarca el período de investigación y los tres ejercicios anteriores. Por consiguiente, este exportador cooperante podría y debería haber presentado la declaración de 2012 tan pronto como hubiera estado disponible, y la Comisión señala que no lo hizo ni siquiera cuando envió sus observaciones al documento de divulgación. Con respecto al argumento de que la Comisión debería utilizar la cifra de negocios de 2011 para calcular el beneficio, la Comisión señala que el importe del beneficio de la declaración tributaria de 2011 se considera un reflejo razonable de la situación en el período de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que los impuestos de 2011 eran pagaderos en el período de investigación (mes) y que en el momento de la inspección no estaban disponibles los datos correspondientes a 2012. En cualquier caso, la Comisión no puede utilizar denominadores diferentes para medir subvenciones diferentes, pues de lo contrario las cifras porcentuales no serían comparables y la coherencia del cálculo no estaría garantizada. Por último, la Comisión añade que carece de cifras verificadas correspondientes a la cifra de negocios de 2011 y solo dispone de las correspondientes al período de investigación.

(466)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no determinó la especificidad con arreglo al artículo 2, apartados 1 y 2, del Acuerdo SMC, ni tampoco fundamentó claramente su determinación de la especificidad en pruebas positivas, como requiere el artículo 2, apartado 4, de dicho Acuerdo. Según las autoridades chinas, la Comisión no aportó ninguna prueba fáctica de cuáles son esas determinadas industrias a las que se conceden derechos de uso del suelo a tipos preferenciales y tampoco la base jurídica para afirmar que la industria productora de módulos y células forma parte de esas industrias. Un productor exportador formuló una alegación similar. Estas alegaciones tuvieron que desestimarse. La Comisión ha citado en el considerando 364 ejemplos de comunicaciones sobre derechos de uso del suelo en los que las autoridades pertinentes limitaban a la industria fotovoltaica el conjunto de compradores potenciales al precio fijado y establecían límites de precios a los derechos de uso del suelo adquiridos por los productores exportadores incluidos en la muestra. En ausencia del resto de la información solicitada a las autoridades chinas, y dado el apoyo estatal a la industria fotovoltaica, junto con la asignación discrecional y sin transparencia de los derechos de uso del suelo, la Comisión consideró que esta información establece la existencia de especificidad.

(467)

Las autoridades chinas y varios productores exportadores alegaron que la referencia para los derechos de uso del suelo elegida por la Comisión no es adecuada. Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión no hizo todo lo que pudo para detectar una referencia que se aproximara a las condiciones del mercado que predominarían en ausencia de la distorsión, como exige la decisión del grupo especial de la OMC Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China  (101). Hubo que rechazar esta alegación. La Comisión, de hecho, revisó en detalle varios indicadores y estableció comparaciones entre Taiwán y China en su conjunto, y cada una de las provincias chinas afectadas. Tras realizar este análisis, la Comisión consideró que Taiwán era una referencia adecuada teniendo en cuenta toda la información que obra en el expediente, a saber: i) el nivel de desarrollo económico y la estructura económica comparables existentes en Taiwán y en la gran mayoría de las provincias y ciudades chinas en las que están establecidos los productores exportadores cooperantes; ii) la proximidad física de China y Taiwán; iii) el alto grado de desarrollo de las infraestructuras industriales en Taiwán y en las provincias chinas; iv) los fuertes lazos económicos y el intenso comercio transfronterizo entre Taiwán y China; v) la densidad de población similar entre las provincias chinas en cuestión y Taiwán; vi) la semejanza entre el tipo de suelo y las transacciones utilizadas para construir la referencia pertinente en Taiwán y en China; y vii) las características demográficas, lingüísticas y culturales comunes entre Taiwán y China. Por otro lado, la mayoría de las provincias de que se trata se consideran de las principales provincias manufactureras de China.

Si bien el PIB per cápita de estas provincias y ciudades no es idéntico al de Taiwán, ha aumentado rápidamente en los últimos años hasta casi alcanzarlo. Además, datos recientes indican que tanto China en su conjunto como las provincias y ciudades en cuestión registran un índice de crecimiento del PIB mucho mayor que Taiwán, lo que significa que se están aproximando muy rápido. No obstante, es importante señalar que la comparación precisa entre el PIB de una economía no de mercado (China) y el PIB de una economía de mercado consolidada (Taiwán) no es un elemento decisivo, puesto que es normal que el PIB sea menos elevado en una economía no de mercado. Por otra parte, otros muchos factores, como las normas de planificación o la política medioambiental, pueden influir en la oferta y la demanda de suelo industrial. La verdadera cuestión es saber cuáles serían las «condiciones reinantes en el mercado» en relación con los derechos de uso del suelo en las provincias chinas de que se trata en presencia de una economía de mercado en funcionamiento y, atendiendo a todas las pruebas, se concluye que serían muy parecidas a las de Taiwán.

(468)

El denunciante alegó que la Comisión debería desvelar los sistemas de subvención adicionales descubiertos en la investigación y establecer también márgenes de subvención para esos sistemas no mencionados en la denuncia. A este respecto debe señalarse que la Comisión investigó todas las subvenciones que cumplían los requisitos legales para el inicio de una investigación.

(469)

El denunciante alegó que la Comisión debería haber establecido un margen de subvención en relación con el suministro de polisilicio a cambio de una remuneración inferior a la adecuada basándose en la información contenida en la denuncia y en las conclusiones del Ministerio de Comercio de los EE. UU. sobre un caso del sector fotovoltaico similar. La Comisión investigó este programa y, basándose en la información recibida de productores exportadores incluidos en la muestra y de las autoridades chinas, concluyó que no hubo beneficios de este programa durante el período de investigación, principalmente porque los precios de importación del polisilicio fueron inferiores a los cobrados por los proveedores chinos. Debe tenerse presente que los períodos de investigación del asunto de los EE. UU. y del asunto que nos ocupa fueron diferentes.

(470)

El denunciante alegó también que la Comisión debería haber establecido un margen de subvención en relación con el abastecimiento de electricidad a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Hubo que rechazar esta alegación. La Comisión no encontró pruebas suficientes de que los productores exportadores incluidos en la muestra, a excepción de LDK, se beneficiaran de una abastecimiento preferencial de electricidad en el período de investigación.

(471)

Las autoridades chinas alegaron que la metodología de cálculo de la Comisión daba lugar a una duplicación en los cálculos de los márgenes antidumping y antisubvención. Según las autoridades chinas, la Comisión debería haber deducido de los márgenes de dumping el margen de subvención calculado para el programa de seguro de crédito a la exportación, pues se trata de una subvención a la exportación. Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión debería haber deducido de los márgenes de dumping los márgenes de subvención calculados sobre la base de referencias fuera del país. Arguyeron que parte del dumping calculado basándose en el valor normal del país análogo es realmente la misma subvención sometida a medidas compensatorias en la investigación antisubvención paralela. Ninguna de estas alegaciones tendría efecto alguno en las medidas resultantes, ya que en el presente caso los derechos combinados están limitados por el margen de perjuicio. Las autoridades chinas confirmaron este aspecto en sus observaciones al documento de divulgación definitiva. Por consiguiente, no se consideró necesario abordar el fondo de estas alegaciones.

(472)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base, los importes de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias, expresados ad valorem, para las empresas investigadas son los que se indican en el siguiente cuadro:

(473)

Con arreglo al artículo 15, apartado 3, del Reglamento de base, el margen total de subvención para las empresas que cooperaron y que no fueron incluidas en la muestra se calcula a partir del margen total medio ponderado de subvención establecido para las empresas cooperantes incluidas en la muestra, es decir, el 6,4 %.

(474)

Dado el alto nivel de cooperación de los productores exportadores chinos, el derecho para «las demás empresas» se fijó al nivel del derecho más elevado impuesto a las empresas que se incluyeron en la muestra o que cooperaron en la investigación, respectivamente. El derecho para «las demás empresas» se impondrá a las empresas que no cooperaron en la investigación.

(475)

El producto similar lo fabricaban doscientos quince productores en la Unión. Estos constituyen la industria de la Unión a tenor de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base, y a ellos se hará referencia en lo sucesivo como «la industria de la Unión». Las instituciones verificaron las alegaciones de las partes interesadas según las cuales ese número es mayor; esta verificación puso de manifiesto que los supuestos productores adicionales eran en su mayor parte productores exportadores, importadores vinculados a ellos, distribuidores e instaladores.

(476)

Para establecer la producción total de la Unión durante el período de investigación se utilizó toda la información disponible sobre la industria de la Unión, en concreto la información incluida en la denuncia, los datos macroeconómicos proporcionados por Europressedienst, una empresa de consultoría independiente («consultora»), y las respuestas al cuestionario verificadas de los productores de la Unión incluidos en la muestra, ya que no se disponía de información pública completa sobre la producción. Dado que los módulos y las células se importan en la Unión bajo partidas arancelarias que abarcan productos no contemplados en la presente investigación y que los volúmenes de importación se indican en toneladas, no se pudo utilizar Eurostat para determinar los volúmenes y valores de importación, que se basaron en los datos proporcionados por la consultora. Siempre que fue posible, los datos de la consultora se cotejaron con las fuentes públicas disponibles y con las respuestas verificadas al cuestionario.

(477)

Sobre esta base, la producción total de la Unión se estimó en unos 4 GW para los módulos y 2 GW para las células durante el período de investigación.

(478)

Como se indica en el considerando 21, se seleccionaron para la muestra nueve productores de la Unión, que representan entre el 18 % y el 21 % de la producción total de módulos y entre el 17 % y el 24 % de la producción total de células en la Unión.

(479)

Varias partes se opusieron al hecho de que se utilizaran los datos proporcionados por la consultora para determinar, entre otras cosas, la producción de la Unión, la capacidad de producción de la Unión y otros indicadores macroeconómicos de perjuicio relativos a la industria de la Unión y los datos de importación. Estas partes pusieron en duda la independencia de la consultora alegando que estaba vinculada al denunciante. También pidieron que se explicara en qué se había basado la Comisión para seleccionar a la consultora y cuestionaron que estuviera capacitada para recabar datos económicos sobre el sector fotovoltaico. A este respecto se alegó que la Comisión debería haber basado sus conclusiones en datos procedentes de otras fuentes disponibles, en particular centros de investigación conocidos. Por último, para refutar la fiabilidad de los datos presentados por la consultora, AFASE hizo referencia al documento Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (Las mejores prácticas para la presentación de pruebas económicas y para la recogida de datos en casos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE] y en casos de fusiones).

(480)

Por lo que respecta a los supuestos vínculos entre la consultora y el denunciante, las partes interesadas no presentaron prueba alguna que mostrara la existencia de tales vínculos. Tampoco la investigación puso de manifiesto ninguna prueba de que las relaciones fueran más allá de lo puramente comercial. Tras la divulgación final, una parte interesada alegó que había indicios de que las pruebas razonables aportadas en la denuncia por la industria de la Unión denunciante se basaban en datos proporcionados por la misma consultora. Aunque se reconoce que las conclusiones sobre algunos indicadores eran en efecto similares a las pruebas aportadas en la denuncia, esto no quiere necesariamente decir que se establecieran sobre la base de una única fuente. A este respecto, la denuncia presenta las diversas fuentes utilizadas. Por lo tanto, se desestimaron estas alegaciones.

(481)

La Comisión consideró apropiado recurrir a una consultora en la presente investigación, al no disponer de otras fuentes públicamente accesibles que aportaran los datos macroeconómicos necesarios que abarcaran todo el mercado de la Unión, así como datos de importación. Antes de seleccionar a Europressedienst, la Comisión evaluó su metodología para la recogida de los datos pertinentes y su capacidad para proporcionar los datos necesarios por separado para cada tipo de producto y con respecto a todo el período considerado.

(482)

Además, los datos proporcionados por la consultora se cotejaron durante la investigación con otras fuentes disponibles siempre que fue posible, y se confirmaron. A este respecto cabe señalar que existen en el mercado varias empresas de investigación especializadas en la elaboración de estadísticas del sector fotovoltaico y que las cifras que presentan casi nunca son idénticas. Esto se debe a que resulta difícil para cualquier centro de investigación calcular cifras precisas y, por tanto, los indicadores del mercado fotovoltaico se basarán siempre en estimaciones, con independencia del centro que proporcione la cifra. En este contexto, el ejercicio de cotejo realizado por la Comisión consistió en comparar las tendencias de los datos recibidos de la consultora con las de los mismos datos publicados por otras empresas de investigación, el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión y la European Photovoltaic Industry Association («EPIA», Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica) sobre los mismos temas, cuando estaban disponibles. El cotejo no arrojó diferencias significativas y las tendencias de los indicadores cotejados fueron similares. Así pues, las conclusiones provisionales antidumping no solo se basaron en los datos proporcionados por la consultora, sino también en el análisis y la evaluación que de estos datos hizo la propia Comisión. Además, como se ha indicado en el considerando 8, tras la imposición de las medidas antidumping provisionales se llevó a cabo una inspección en los locales de la consultora. La Comisión realizó una comprobación in situ en los locales de la consultora para verificar la fiabilidad de la metodología y de los datos suministrados. La comprobación in situ se efectuó como continuación del cotejo de los datos por la Comisión y para obtener garantías adicionales de la fiabilidad y la calidad de los datos y de la metodología relacionada. La inspección in situ se consideró apropiada en aplicación del principio de buena administración, aun cuando esos datos los suministraba una consultora, y no una parte interesada. El resultado fue que la Comisión quedó aún más convencida de la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora.

(483)

Una parte alegó que no se había explicado con suficiente detalle la metodología de cotejo empleada por la Comisión y pidió que se revelaran las otras fuentes utilizadas para el cotejo. Esta parte argumentó además que, en cualquier caso, la metodología no era válida, en la medida en que comparaba tendencias de varias fuentes, y no valores absolutos.

(484)