(1)

El Acuerdo de París (4), adoptado el 12 de diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Las Partes en el Acuerdo de París han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de dichos niveles. Dicho compromiso se ha visto reforzado con la adopción, en el marco de la CMNUCC, del Pacto por el Clima de Glasgow el 13 de noviembre de 2021, en el que la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, reconoce que los efectos del cambio climático serían mucho menores con un aumento de la temperatura de 1,5 °C que con un aumento de 2 °C, y resuelve proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

(2)

La necesidad de emprender acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta cada vez más urgente, y así lo declara el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en sus informes de 7 de agosto de 2021, titulado «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambio climático 2021: bases físicas); de 28 de febrero de 2022, titulado «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambio climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad») y de 4 de abril de 2022, titulado «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambio climático 2022: mitigación del cambio climático). Por tanto, la Unión debe abordar esta urgencia redoblando sus esfuerzos.

(3)

La Unión posee un marco regulador para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % para 2030, el cual fue refrendado, antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París, por el Consejo Europeo en 2014. Dicho marco regulador está compuesto, entre otros elementos, por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión (en lo sucesivo, «RCDE de la UE»), el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que obliga a los Estados miembros a equilibrar las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), y el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que establece objetivos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en los sectores no regulados por la Directiva 2003/87/CE o el Reglamento (UE) 2018/841.

(4)

La Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre «El Pacto Verde Europeo» proporciona un punto de partida para la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050 y el objetivo de lograr unas emisiones negativas a partir de entonces, tal como se establece en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) («Legislación europea sobre el clima»). El Pacto Verde Europeo combina un conjunto completo de medidas e iniciativas que se refuerzan entre ellas, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 y establece una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, que utiliza eficientemente los recursos y competitiva, en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos. El Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esa transición presenta aspectos de igualdad de género y ejerce un efecto concreto sobre algunos colectivos desfavorecidos y vulnerables, como las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas. Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

(5)

El 16 de junio de 2022, el Consejo adoptó una Recomendación para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática (9), en la que destacaba la necesidad de medidas de acompañamiento y de prestar especial atención a apoyar a las regiones, los sectores, las microempresas y pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, los hogares y los consumidores expuestos a los mayores desafíos. Dicha Recomendación anima a los Estados miembros a considerar un conjunto de medidas en los ámbitos del empleo y las transiciones en el mercado laboral, la creación de empleo y el emprendimiento, la salud y la seguridad en el trabajo, la contratación pública, los sistemas fiscales y de protección social, los servicios esenciales y la vivienda, entre otras cosas, con vistas a reforzar la igualdad de género, la educación y la formación.

(6)

Mediante la adopción del Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo vinculante de lograr la neutralidad climática en toda la economía de aquí a 2050, reduciendo así las emisiones netas a cero para esa fecha, y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de entonces. Dicho Reglamento establece también un objetivo vinculante de la Unión de una reducción interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030. Asimismo, establece que la contribución de absorciones netas al objetivo climático de la Unión para 2030 ha de limitarse a 225 millones de toneladas equivalentes de CO2.

(7)

A fin de aplicar los compromisos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119, así como las contribuciones de la Unión en virtud del Acuerdo de París, debe adaptarse el marco regulador de la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

(8)

El Reglamento (UE) 2018/842 establece obligaciones para los Estados miembros respecto de sus contribuciones mínimas en el período de 2021 a 2030 para alcanzar, en 2030, el actual objetivo de la Unión de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 30 % por debajo de los niveles de 2005 en los sectores regulados por el artículo 2 de dicho Reglamento. Establece asimismo las normas relativas a la determinación de las asignaciones anuales de emisiones y a la evaluación de los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus contribuciones mínimas.

(9)

Aunque el comercio de derechos de emisión también se va a aplicar a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera, así como procedentes de los edificios, el transporte marítimo y sectores adicionales, se debe mantener el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842. Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/842 debe seguir aplicándose a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la navegación nacional, pero no a las procedentes de la navegación internacional. La inclusión de las instalaciones para la incineración de residuos municipales en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, a los efectos de los artículos 14 y 15 de dicha Directiva, tampoco debe modificar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842. Las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado miembro incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 que deban tenerse en cuenta para los controles del cumplimiento van a seguir determinándose una vez finalizadas las revisiones de los inventarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(10)

En consonancia con las directrices de 2006 del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 de biomasa para usos energéticos se notifican en las categorías de inventario de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, en virtud del Reglamento (UE) 2018/841. Con el fin de evitar la doble contabilización, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa tienen la calificación de cero a efectos de determinar las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo al Reglamento (UE) 2018/842. Con objeto de tener en cuenta los efectos del cambio indirecto del uso de la tierra y promover la sostenibilidad de dichos combustibles, es importante que todos los Estados miembros apliquen plenamente la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), incluidos sus criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para dichos combustibles.

(11)

En algunos sectores, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado o se han mantenido estables. En su Comunicación, de 17 de septiembre de 2020, sobre «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», la Comisión indicó que el aumento del objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 únicamente puede alcanzarse con la contribución de todos los sectores.

(12)

En sus Conclusiones de 11 de diciembre de 2020, el Consejo Europeo declaró que la Unión alcanzará colectivamente el nuevo objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 con la máxima eficiencia en términos de coste, que todos los Estados miembros participarán en este esfuerzo, teniendo en cuenta consideraciones de equidad y solidaridad, sin dejar a nadie atrás, y que el nuevo objetivo para 2030 debe alcanzarse preservando la competitividad de la UE y tomando en consideración los diferentes puntos de partida de los Estados miembros y las circunstancias nacionales y el potencial específico de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada país, incluidos los de los Estados miembros insulares y de las islas, así como los esfuerzos realizados.

(13)

Para alcanzar el nuevo objetivo de la Unión para 2030 de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990, los sectores regulados por el Reglamento (UE) 2018/842 deberán reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar el -40 % en 2030, en comparación con los niveles de 2005. El Reglamento (UE) 2018/842 también contribuye a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, así como del objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050 en el marco del Reglamento (UE) 2021/1119, para lo cual es necesaria la convergencia de los esfuerzos de todos los Estados miembros en el tiempo, al tiempo que se tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas.

(14)

Debe revisarse el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, establecido en el Reglamento (UE) 2018/842, con respecto a cada Estado miembro. La metodología utilizada para la revisión de los objetivos nacionales para 2030 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la misma que la que se siguió cuando se adoptó el Reglamento (UE) 2018/842, según la cual las contribuciones nacionales se determinaron teniendo en cuenta las diferentes capacidades y oportunidades de rentabilidad de los Estados miembros, a fin de garantizar un reparto justo y equilibrado del esfuerzo. Por tanto, el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro para 2030 debe determinarse en relación con su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de 2005 objeto de dicho Reglamento, en su versión revisada con arreglo a su artículo 4, apartado 3, con excepción de las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas de las instalaciones que estaban en funcionamiento en 2005 y que no se incluyeron en el RCDE de la UE hasta después de ese año.

(15)

En consecuencia, a partir del año de entrada en vigor del presente Reglamento, se requieren nuevos límites nacionales vinculantes, expresados en asignaciones anuales de emisiones. Dichos límites van a conducir progresivamente al objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 de cada Estado miembro. Los límites anuales para los años anteriores al año de entrada en vigor del presente Reglamento establecidos por la Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión (12) se mantienen.

(16)

La pandemia de COVID-19 y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania están afectando a la economía de la Unión y al nivel de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un grado que todavía no puede cuantificarse plenamente. Por otra parte, la Unión está implementando su mayor paquete de estímulo hasta la fecha y acelerando su proceso de abandono de los combustibles fósiles, lo que también tiene posibles repercusiones en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a estas incertidumbres y a otros acontecimientos imprevistos que puedan repercutir en las emisiones de gases de efecto invernadero, procede revisar los datos de emisiones en 2025 y, en caso necesario, actualizar las asignaciones anuales de emisiones para los años 2026 a 2030. Dicha actualización debe basarse en una revisión exhaustiva de los datos de los inventarios nacionales realizada por la Comisión con el fin de determinar la media de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro en los años 2021, 2022 y 2023.

(17)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1119, debe darse prioridad a la reducción de las emisiones directas de gases de efecto invernadero, lo que va a tener que complementarse con un aumento de las absorciones de carbono para lograr la neutralidad climática. El Reglamento (UE) 2021/1119 reconoce que los sumideros de carbono incluyen soluciones naturales y tecnológicas. Es importante que se establezca un régimen de la Unión para la certificación de las absorciones de carbono almacenadas de forma segura y permanente obtenidas mediante soluciones tecnológicas, que ofrezca claridad a los Estados miembros y a los operadores del mercado para mejorar dichas absorciones de carbono. Cuando entre en vigor dicho régimen de certificación, se va a poder llevar a cabo un análisis sobre la contabilización de dichas absorciones de carbono con arreglo al Derecho de la Unión.

(18)

Con el fin de incentivar la adopción de medidas tempranas y seguir garantizando la integridad medioambiental, resulta necesario y adecuado reducir los límites máximos de préstamo y acumulación de asignaciones anuales de emisiones para todo el período de 2021 a 2030. Por otro lado, los Estados miembros deben poder reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar sus objetivos nacionales más elevados de reducción de dichas emisiones para 2030 de manera rentable. Habida cuenta de las nuevas y más estrictas asignaciones anuales de emisiones exigidas por el presente Reglamento, conviene aumentar los actuales límites máximos de las transferencias de asignaciones anuales de emisiones entre Estados miembros. La posibilidad de transferir asignaciones anuales de emisiones promueve la cooperación entre los Estados miembros, lo que les permite alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable y preservar al mismo tiempo la integridad medioambiental. Debe garantizarse la transparencia de dichas transferencias, de modo que se lleven a cabo de manera que resulte conveniente para ambas partes, incluso mediante subasta, mediante el recurso a intermediarios del mercado que actúen como agencias, mediante acuerdos bilaterales o mediante el uso de una interfaz electrónica destinada a facilitar el intercambio de información sobre las transferencias previstas y a reducir los costes de transacción.

Los Estados miembros ya están obligados a comunicar la información resumida sobre las transferencias realizadas de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1208 de la Comisión (13). Después de recopilar toda la información, la Comisión facilita un resumen en formato electrónico en un plazo de tres meses a partir de la recepción de los informes de los Estados miembros, y en él indica la gama de precios pagados por cada transacción relativa a la asignación anual de emisiones. Además, en los dos períodos transcurridos entre la publicación de los actos de ejecución a que se refiere el artículo 38, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1999 y el inicio del procedimiento de control de la conformidad, los Estados miembros pueden informar a la Comisión el día 15 de cada mes sobre las transferencias realizadas. Asimismo, a fin de facilitar el intercambio de información sobre las transferencias previstas, se invita a los Estados miembros a actualizar continuamente la información pertinente. La Comisión elaborará un resumen con la información recibida, que estará disponible en tiempo oportuno y en formato electrónico. Para mejorar la transparencia, antes de cualquier transferencia efectiva, los Estados miembros deben informar al Comité del Cambio Climático, establecido por el Reglamento (UE) 2018/1999, de su intención de proceder a la transferencia de parte de su asignación anual de emisiones para un año determinado. Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2018/1999.

(19)

Para determinados Estados miembros, puede tenerse en cuenta la cancelación de una cantidad limitada de derechos de emisión en el RCDE de la UE a efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/842 (en lo sucesivo, «mecanismo de flexibilidad del RCDE de la UE»). De aquellos Estados miembros que pueden optar a ello, dos no han hecho uso del mecanismo de flexibilidad del RCDE de la UE y uno no ha hecho pleno uso de él. Habida cuenta del mayor nivel de ambición fijado por el presente Reglamento, debe concederse a dichos Estados miembros una nueva oportunidad para hacer uso o hacer un mayor uso de ese mecanismo de flexibilidad. Procede, por tanto, fijar un nuevo plazo antes del cual dichos Estados miembros pueden notificar a la Comisión su intención de hacer uso o hacer un mayor uso de dicho mecanismo de flexibilidad. Además, dada la particular estructura de la economía maltesa, el objetivo nacional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de dicho Estado miembro basado en el producto interior bruto per cápita está muy por encima de su potencial de reducción rentable. Por lo tanto, resulta conveniente reforzar el acceso de Malta a ese mecanismo de flexibilidad, sin poner en riesgo el objetivo de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

(20)

Además del mecanismo de flexibilidad del RCDE de la UE, es posible tener en cuenta una cantidad limitada de absorciones netas y emisiones netas resultantes del UTCUTS a efectos del cumplimiento por parte de los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2018/842 (en lo sucesivo, «mecanismo de flexibilidad del UTCUTS»). A fin de garantizar que se realicen suficientes esfuerzos de mitigación hasta 2030, procede limitar el uso del mecanismo de flexibilidad del UTCUTS separando el uso del mecanismo de flexibilidad del UTCUTS en dos períodos distintos, a cada uno de los cuales se le impondrá un límite correspondiente a la mitad del importe máximo de las absorciones netas totales establecido en el anexo III del Reglamento (UE) 2018/842. También conviene adaptar el título de dicho anexo al Reglamento (UE) 2018/841 tras su modificación por el Reglamento Delegado (UE) 2021/268 de la Comisión (14). Como consecuencia, ya no es necesario que el Reglamento (UE) 2018/842 faculte a la Comisión para adoptar actos delegados con el fin de modificar el título de su anexo III. Por lo tanto, procede suprimir el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842.

(21)

Cuando la Comisión llegue a la conclusión de que un Estado miembro no está realizando suficientes avances hacia el cumplimiento de sus niveles anuales de emisiones en virtud del Reglamento (UE) 2018/842, deben reforzarse los mecanismos de medidas correctoras con arreglo a dicho Reglamento a fin de permitir una actuación rápida y eficaz. Por lo tanto, conviene revisar los requisitos aplicables a los planes de medidas correctoras que deben presentar los Estados miembros ante la Comisión en caso de que no se realicen avances suficientes.

(22)

La Unión y los Estados miembros son partes en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (15) (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»). El control público y el acceso a la justicia constituyen elementos esenciales de los valores democráticos de la Unión y herramientas para salvaguardar el Estado de Derecho.

(23)

La acción por el clima de la Unión debe hacer uso de los avances científicos más recientes. Por consiguiente, el asesoramiento del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, creado en virtud del artículo 10 bis del Reglamento (CE) n.o 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), debe considerarse en el marco del Reglamento (UE) 2018/842.

(24)

En vista de la introducción de un régimen de observancia reforzado en el Reglamento (UE) 2018/841 a partir de 2026, procede suprimir la deducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por cada Estado miembro en el período comprendido entre 2026 y 2030 en el sector del UTCUTS por encima de sus absorciones. Por lo tanto, procede modificar el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 en consecuencia.

(25)

Conviene que la revisión del Reglamento (UE) 2018/842 en 2024 tenga en cuenta los objetivos de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Reglamento (UE) 2021/1119, el compromiso de la Unión con los objetivos del Acuerdo de París y cualquier otro compromiso pertinente derivado de las Conferencias de las Partes en la CMNUCC. Además, dicha revisión debe incluir una trayectoria de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que sea compatible con el objetivo vinculante de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050 en el marco del Reglamento (UE) 2021/1119.

(26)

Las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2 —como el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados— representan más del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2 están contempladas en el Reglamento (UE) 2018/842 y, por tanto, formarán parte necesariamente de las medidas que los Estados miembros aplicarán a fin de cumplir con sus objetivos de una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en virtud del presente Reglamento. A más tardar el 30 de junio de 2023, los Estados miembros deben presentar a la Comisión un proyecto de actualización de sus planes nacionales integrados de energía y clima. La Comisión va a publicar orientaciones a este respecto, también para alentar a los Estados miembros a establecer objetivos y políticas de reducción de las emisiones de metano. Del mismo modo, los Estados miembros han de evaluar si deben revisarse sus planes estratégicos en el marco de la política agrícola común para que reflejen la mayor ambición introducida en el Reglamento (UE) 2018/842 por las modificaciones del presente Reglamento. En sus informes anuales con arreglo al artículo 29, apartado 5, del Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión va a incluir información sobre los resultados obtenidos gracias a la combinación de los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2. La Comisión también ha de evaluar los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima y puede formular recomendaciones a los Estados miembros que no realicen avances suficientes. En el contexto de la revisión del Reglamento (UE) 2018/841, la Comisión va a evaluar las tendencias actuales y las previsiones futuras de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, así como las opciones normativas para garantizar su coherencia con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo en todos los sectores de la economía, de conformidad con el objetivo de neutralidad climática de la Unión y los objetivos climáticos intermedios de la Unión establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119. Al revisar el Reglamento (UE) 2018/842, la Comisión va a evaluar la manera en que todos los sectores regulados por dicho Reglamento contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo en particular la reducción lograda en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2, también en sectores distintos al de la agricultura.

(27)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, ajustar, a la luz del Reglamento (UE) 2021/1119, las obligaciones de los Estados miembros respecto de su contribución mínima para el período de 2021 a 2030 para cumplir el objetivo de la Unión de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(28)

Por lo tanto, procede modificar los Reglamentos (UE) 2018/842 y (UE) 2018/1999 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

(*1)  Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (“Legislación europea sobre el clima”) (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).»."

2)

En el artículo 2, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

(*2)  Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).»."

3)

El artículo 4 se modifica como sigue:

4)

El artículo 5 se modifica como sigue:

5)

El artículo 6 se modifica como sigue:

6)

El artículo 7 se modifica como sigue:

7)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

8)

En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

9)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

10)

Se añade el artículo siguiente:

(*3)  Reglamento (CE) n.o 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009, p. 13).»."

11)

Los anexos I, II y III quedan modificados de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

1)

En el artículo 26, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el anexo V, parte 1, párrafo primero, la letra n) se sustituye por el texto siguiente: