Convenio de Helsinki: prevención de la contaminación en cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales

PUNTOS CLAVE

• El Convenio establece un marco jurídico en el que dos o más partes pueden cooperar para:
  • prevenir y controlar la contaminación del agua que atraviesa fronteras nacionales;
  • garantizar el uso razonable e imparcial de las aguas transfronterizas.
• Las partes deben adoptar todas las medidas adecuadas relativas a las aguas transfronterizas para:
  • prevenir, controlar y reducir la contaminación real o potencial;
  • asegurar una gestión del agua racional y respetuosa con el entorno, la conservación de los recursos y la protección medioambiental, incluida la recuperación de los ecosistemas, cuando corresponda;
  • garantizar el uso razonable e imparcial de los recursos.
• Las partes deben:
  • aplicar el principio de precaución, es decir, no dejar de actuar porque la ciencia no haya demostrado aún la existencia de una relación causal entre determinadas sustancias y la contaminación;
  • aplicar el principio de que quien contamina paga, es decir, la parte responsable de la contaminación soporta los costes de su prevención, control y reducción;
  • gestionar los recursos hídricos sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras;
  • establecer programas para vigilar las aguas transfronterizas;
  • cooperar entre ellas, especialmente en lo relativo al intercambio de información y a la investigación para desarrollar técnicas eficaces de prevención, control y reducción de la contaminación transfronteriza;
  • apoyar los esfuerzos internacionales por definir normas, criterios y procedimientos para determinar la responsabilidad por cualquier contaminación.
• Las medidas deben:
  • ser tomadas en el origen, cuando sea posible;
  • evitar transferir directa o indirectamente la contaminación a otros medios.
• Los acuerdos entre dos o más partes pueden abarcar cuestiones como:
  • la recopilación de datos y la elaboración de inventarios;
  • la creación de programas conjuntos de vigilancia;
  • la fijación de límites de emisión para las aguas residuales, así como de objetivos conjuntos de calidad del agua;
  • el establecimiento de procedimientos de alerta;
  • el uso de estudios de impacto ambiental.
• Las partes de un acuerdo deben:
  • ofrecerse ayuda mutua cuando se les solicite;
  • garantizar que la información sobre el estado de las aguas transfronterizas y sobre cualquier medida adoptada sean de conocimiento público.
• En 2003, se enmendó el Convenio para permitir la adhesión de países no europeos. La enmienda entró en vigor el 6 de febrero de 2013 y la Decisión 2013/790/UE marcó su aceptación. Desde marzo de 2016, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas pueden adherirse al Convenio.