52009DC0128

[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 18.3.2009

COM(2009) 128 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Una PAC simplificada para Europa: un éxito para todos

ÍNDICE

1. Programa de la comisión para lograr una PAC más sencilla 3

2. Logros desde 2005 3

3. Plan de acción de simplificación de la Política Agrícola Común 7

4. Atención especial 10

5. Perspectivas 12

6. Conclusión 14

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Una PAC simplificada para Europa: un éxito para todos

PROGRAMA DE LA COMISIÓN PARA LOGRAR UNA PAC MÁS SENCILLA

La Comisión se esfuerza por lograr una Política Agrícola Común (PAC) más sencilla desde el inicio de su mandato[1]. Es conveniente eximir a los agricultores y demás agentes económicos del sector agrícola de los trámites y requisitos que no sean necesarios para conseguir objetivos políticos y garantizar una gestión adecuada del dinero de los contribuyentes. La simplificación de la PAC es primordial para conseguir una economía agrícola más competitiva, proteger y crear puestos de trabajo y contribuir a un desarrollo sólido de nuestras zonas rurales. De ahí que una PAC más sencilla sea un éxito para todos.

La Comisión presentó en 2005 la Comunicación «Simplificar y legislar mejor en el marco de la política agrícola común», en la que se expone un ambicioso programa para lograr una considerable simplificación de la PAC. El programa y su aplicación están plenamente integrados en la estrategia global de la Comisión «Legislar mejor»[2] y, en particular, en el Programa de simplificación permanente y el Programa de Acción para reducir las cargas administrativas.

Mientras tanto se ha llevado a término un número ingente de proyectos de simplificación relacionados con la PAC. Resulta oportuno y apropiado en este momento hacer balance y echar un vistazo a la tarea llevada a cabo. La presente Comunicación destaca las actividades realizadas desde 2005 y señala los resultados conseguidos en lo tocante a la reducción de las cargas administrativas que soportan los agricultores y las administraciones[3]. En ella se presta especial atención al Plan de acción de simplificación permanente, a la OCM única, al estudio de 2007 sobre las cargas administrativas de las explotaciones y a los resultados del «chequeo» de la PAC. Por último, la Comunicación explora vías para hallar más medidas de simplificación en el futuro.

LOGROS DESDE 2005

En 2005, la Comisión Europea se comprometió a asumir una serie de actividades que pueden calificarse de simplificación técnica o política[4].

Simplificación técnica

Limpieza de las normas agrícolas

Constantemente se señalan y eliminan actos jurídicos del Consejo y de la Comisión que han caído en desuso, como, por ejemplo, en el sector lechero[5]. Al adoptar actos jurídicos nuevos se derogan otros anteriores. En 2006[6] y a comienzos del presente año[7] se suprimió, mediante una declaración de obsolescencia, un total de casi 300 actos caducos que permanecían vigentes pero sin ninguna finalidad. A finales de este año se adoptará una propuesta para derogar diversos actos del Consejo que resultan caducos.

Reglamento único para las OCM

El 22 de octubre de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 1234/2007[8], conocido también como Reglamento único para las OCM. Este Reglamento agrupa todas las organizaciones comunes de mercado sectoriales y sustituye a 45 actos del Consejo. En el punto 4.1. puede hallarse más información sobre este Reglamento.

Ayudas estatales

En 2006 y 2007, la Comisión modificó y racionalizó su política de ayudas estatales en el sector agrícola. Aparte de la revisión de las directrices sobre ayudas estatales[9] y del Reglamento de exención por categorías en el sector agrícola[10], la Comisión adoptó un nuevo Reglamento de minimis[11] , que aumenta el umbral de la ayuda de minimis que pueden conceder los Estados miembros en el sector agrícola. Cuando una medida cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de minimis , no se considera ayuda estatal y, por lo tanto, no es necesario notificarla. Con estas modificaciones se ha conseguido reducir de seis a tres el número de instrumentos jurídicos pertinentes.

Costes administrativ os

En 2006, la Comisión puso en marcha un estudio para evaluar la carga administrativa a la que deben hacer frente las explotaciones con motivo de la reforma de la PAC de 2003. Los resultados finales del estudio se publicaron en noviembre de 2007. En el punto 4.2. puede hallarse más información sobre este estudio.

Compartir las buenas prácticas

Se han creado varias plataformas con el fin de intercambiar opiniones sobre la simplificación y de compartir ideas y experiencias. En primer lugar, se creó un grupo de especialistas sobre simplificación a escala nacional, que se reúne tres veces al año por término medio. Varios Estados miembros han utilizado esta plataforma para presentar y examinar iniciativas de simplificación nacionales.

Partes interesadas y representantes del sector agrícola y de la industria han participado en varias reuniones del grupo consultivos sobre simplificación.

La conferencia sobre simplificación de la Política Agrícola Común, celebrada en octubre de 2006, y el seminario sobre simplificación organizado en octubre de 2007 han ofrecido una amplia plataforma para el debate y el intercambio de experiencias entre todas las partes que intervienen en la aplicación de la PAC.

Actuaciones relacionadas con la política

Reforma de la OCM del azúcar

La reforma del sector del azúcar, adoptada oficialmente a comienzos de 2006, se tradujo en una simplificación palpable del sistema. Gracias a ella se unieron los diversos tipos de cuotas en un régimen de cuota único, se incluyó el presupuesto de las ayudas al azúcar en la dotación del régimen de pago único y se sustituyó el régimen de intervención por el almacenamiento privado.

Régimen de pago único

En sus primero años de existencia, el régimen de pago único se ha adaptado varias veces para simplificar su funcionamiento y para que su utilización resulte más fácil a los agricultores. Ello se ha logrado mediante la inclusión de algunos elementos del paisaje, como los setos y los muros, en la superficie con derecho a ayudas directas, así como con varias modificaciones tras la adopción del informe sobre la aplicación del sistema de condicionalidad[12].

Sectores de las frutas y hortalizas y vitivinícola

Las reformas del sector de las frutas y hortalizas y del sector vitivinícola han hecho posible la simplificación de las normas. De manera más concreta, gracias a la inclusión de estos sectores en el régimen de pago único, el régimen de ayudas directas a la renta es más homogéneo.

La integración del sector de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único puede dar lugar a una reducción de la carga administrativa de las explotaciones del orden de 2,2 millones de euros.

Por otro lado, estas reformas han permitido aplicar la normativa con mayor flexibilidad gracias a la programación, que, en el caso del sector de las frutas y hortalizas, gestionan las organizaciones de productores y, en el del sector vitivinícola, los Estados miembros.

Evaluación de impacto

En los últimos años, la evaluación de impacto, que lleva aparejada una intervención significativa de los interesados en una etapa temprana, se ha convertido en un instrumento indispensable para la preparación de reformas importantes en el sector agrícola. La evaluación de impacto posibilita una evaluación previa de los costes administrativos, el reconocimiento y la evaluación de los problemas, la propuesta de soluciones y la comparación de las repercusiones de esas soluciones. Todo ello hace que el proceso legislativo sea más transparente. Asimismo, la evaluación de impacto mejora la calidad de la propuesta y la calidad del debate sobre la propuesta.

Desde 2005, se han realizado ocho evaluaciones de impacto para otras tantas reformas importantes de la PAC, como en el caso de los sectores vitivinícola y de las frutas y hortalizas, o en el del chequeo de la PAC[13].

Procesos

Consulta de los interesados , examen y plan de acción

Las propuestas recibidas de las autoridades de los Estados miembros y los interesados que podían clasificarse como simplificación técnica se incluyeron en el plan de acción sobre simplificación permanente, de nueva creación. Este plan contempla la programación y seguimiento de las actividades de simplificación de la PAC y en la actualidad comprende en torno a cincuenta proyectos.

Desde 2005, se han recibido más de 200 propuesta de simplificación de la PAC.

Conferencia

Los días 3 y 4 de octubre de 2006, la Comisión organizó una conferencia internacional sobre la simplificación de la Política Agrícola Común.

Representantes de distintas procedencias e intereses, agricultores, agentes económicos, el sector de la transformación, profesores universitarios y autoridades de los Estados miembros participaron y contribuyeron al debate sobre la simplificación y pusieron de manifiesto la existencia de una voluntad de simplificar la PAC, proceso que requiere la participación de todas las partes para garantizar el éxito.

Un proyecto concreto que surgió de la conferencia, y del que se hizo cargo la Comisión, es el empleo de los certificados de exportación. El capítulo 3 ofrece más información al respecto.

Formación interna

Preven ir es mejor que curar, también tratándose de actos jurídicos. El personal encargado de redactar propuestas legislativas recibe y seguirá recibiendo formación interna sobre este particular. Con ello se pretende garantizar la elaboración de textos claros y sencillos desde el comienzo del proceso legislativo.

Sistemas informáticos

La tecnología de la información es un elemento importante para simplificar y reducir la carga administrativa. En este contexto se ha avanzado mucho. En concreto, el ISAMM (Sistema de información para el control y la gestión del mercado agrícola), esto es, un sistema destinado a facilitar el intercambio electrónico de información entre los servicios de la Comisión y los Estados miembros, se halla en su fase final de concepción. Actualmente se está probando un proyecto piloto y el módulo uno de este sistema debería entrar en funcionamiento en el verano de 2009.

PLAN DE ACCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

La primera versión del Plan de acción de simplificación permanente se presentó durante la conferencia de 2006. En él se recogían 20 proyectos sobre la simplificación técnica de la PAC. El plan se ha ampliado hasta abarcar unos 50 proyectos en enero de 2009[14], de los que se han aplicado 43. Los proyectos incorporados al plan de acción se basaban en propuestas de los Estados miembros, interesados, organizaciones agrícolas y transformadores, y en ideas procedentes de los servicios de la Comisión.

Los proyectos que se presentan a continuación merecen una explicación más detenida ya que son buenos ejemplos de los efectos positivos que puede tener la simplificación en los agentes económicos y los agricultores.

Certificados de exportación de carne de vacuno

En 2007, la Comisión adoptó una medida específica de simplificación en el sector de la carne de vacuno. En este sector, las exportaciones, con o sin restitución, iban acompañadas de un certificado. Es fundamental seguir manteniendo un seguimiento del comercio de productos exportados con restitución, aunque no parece que ello sea necesario si las exportaciones se hacen sin restitución. Así pues, la Comisión ha suprimido la obligación de presentar un certificado en el caso de tales exportaciones.

Tanto las empresas exportadoras como las autoridades nacionales salen ganando con esta medida, por cuanto se reducen el papeleo y las tareas administrativas y de control.

A modo de ejemplo, con esta medida los costes de exportación de carne de vacuno se reducen por término medio unos 16 euros por tonelada. Y lo que es más, se suprimen trámites y mejora el entorno empresarial.

Etiquetado de huevos

En 2007, la Comisión adoptó un conjunto de normas de comercialización de los huevos y, en particular, de etiquetado estos, gracias a las cuales se ha creado un entorno jurídico transparente y moderno, sin que se hayan visto afectadas la información ni la protección de los consumidores.

Por ejemplo, ya no es necesario calibrar los huevos que se vayan a utilizar directamente en la industria. Asimismo, las nuevas normas permiten recoger, calibrar, marcar y envasar los huevos en los diez días siguientes a la puesta, en lugar de tener que recogerlos cada tercer día hábil. Ello ayuda al sector a organizarse mejor, lo que es especialmente útil en los momentos del año en que hay una gran actividad.

Gracias a esta nueva flexibilidad, se reducen tanto los costes de los productores y de los demás sectores, como los costes de control de los Estados miembros.

Regla de los diez meses

El artículo 44, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo dispone que las parcelas declaradas por un agricultor con vistas a la obtención de una ayuda directa estarán a disposición del agricultor durante un periodo de al menos diez meses.

Se ha derogado esta disposición y el periodo de diez meses ha sido sustituido por una fecha única, que puede determinar el Estado miembro. Ello implica que los agricultores ya no están obligados a mantener tierra a su disposición durante diez meses para poder recibir una ayuda. De este modo tienen más flexibilidad para gestionar sus explotaciones y responder a la evolución del mercado.

La supresión de la regla de los diez meses puede suponer una reducción de la carga administrativa de las explotaciones próxima a los 19 millones de euros.

Certificados de importación y exportación

En junio de 2008, la Comisión eliminó la gran mayoría de los requisitos sobre certificados en el sector agrícola. En el caso de las importaciones, dichos requisitos se redujeron de 500 a 65 y, en el de las exportaciones, solo se mantienen 43 de ellos[15]. Además, se ha simplificado el marco jurídico aplicable a los restantes requisitos sobre certificados y en la actualidad consta de un único reglamento (excepto para las restituciones por exportación y los contingentes arancelarios). Ese reglamento regula todos los aspectos de los certificados, determina claramente todos los productos para los que se exige un certificado y establece normas sobre el periodo de validez de los certificados y el nivel de seguridad.

Las ventajas para los agentes económicos (importadores y exportadores) son:

- menores costes administrativos derivados del papeleo asociado a las importaciones y exportaciones;

- supresión de los costes que entraña la constitución, y su posterior recuperación, de las garantías asociadas a los certificados.

En el caso de las administraciones nacionales, las ventajas son evidentes ya que se precisan menos tareas administrativas y controles.

Esta medida puede reducir la carga global asociada a los certificados para los agentes económicos en aproximadamente 7,4 millones de euros.

Normas de comercialización de frutas y hortalizas

Como parte de la reforma del sector de las frutas y hortalizas, la Comisión, frente a la reticencia de algunos Estados miembros, redujo de 36 a 10 el número de normas específicas de comercialización (manzanas, cítricos, kiwis, lechugas y escarolas, melocotones y nectarinas, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa y tomates), racionalizó las operaciones de control asociadas y estableció un norma de comercialización general para la mayoría de las frutas y hortalizas.

Las 26 normas derogadas representan el 25 % del comercio de frutas y hortalizas frescas. Como resultado de esta medida, los agentes económicos ya no tienen que asumir los costes derivados del cumplimiento, salvo para garantizar que sus productos son de calidad sana, cabal y comercial, y las autoridades nacionales ya no están obligadas a realizar controles de estas 26 normas específicas.

C ondicionalidad

Aunque el estudio sobre la carga administrativa de las explotaciones llega a la conclusión de que los costes administrativos derivados de la condicionalidad son relativamente bajos —entre el 0,3 % y el 4,3% de la carga total—, los agricultores consideran, sin embargo, que la condicionalidad es una molestia.

Para reducir la incomodidad que sienten los agricultores y aligerar el sistema, la Comisión ha permitido que los controles sobre el terreno se anuncien con antelación. Es más, los agricultores ya no se exponen a que se les reduzcan las ayudas si las infracciones cometidas son de poca importancia o si la reducción es inferior al límite de minimis de 100 euros.

Estas medidas permiten a los agricultores programar mejor sus actividades, exigen menos papeleo para subsanar pequeñas infracciones y disipan la amenaza de ser penalizado por infracciones insignificantes. Las medidas simplifican asimismo la tarea de las administraciones nacionales.

Comunicar por anticipado los controles sobre el terreno puede suponer una disminución de la carga administrativa de las explotaciones de hasta 5,7 millones de euros.

ATENCIÓN ESPECIAL

En la sección siguiente se exponen de manera más pormenorizada tres actividades de simplificación de la PAC de gran importancia. Esos proyectos se refieren a la simplificación legislativa, la carga administrativa y la simplificación política, cuyos efectos son transectoriales: la OCM única, el estudio sobre la carga administrativa y el «chequeo» de la PAC.

OCM única

Un logro importante en el contexto de la simplificación legislativa de la PAC fue la adopción en 2007 del Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas8, conocido comúnmente como Reglamento único para las OCM.

Dado su carácter técnico, la OCM única no perseguía modificar la política subyacente sino armonizar disposiciones, haciendo que las normas de la PAC resulten más fáciles de comprender, más ligeras, más accesibles y menos pesadas de aplicar.

Esta medida supone la sustitución de 21 organizaciones comunes de mercado y su agrupación en un único reglamento, con lo que el número de artículos se ha reducido de unos 920 a aproximadamente 230 y se han derogado en total 78 actos del Consejo[16].

Desde un punto de vista general, la adopción de la OCM única ha supuesto una reducción considerable del número de actos que regulan la PAC y que en la actualidad se reducen principalmente a cuatro, a saber: los reglamentos sobre pagos directos, la OCM única, el desarrollo rural y la financiación de la PAC.

Por último, la OCM única facilita una mayor simplificación y reducción de la carga administrativa que conllevan las disposiciones de ejecución de la Comisión.

Estudio de la carga administrativa

En el contexto del Programa de Acción para reducir las cargas administrativas, a finales de 2007 se publicó[17] el «Estudio de evaluación de las cargas administrativas que conlleva la PAC para las explotaciones agrarias». Este estudio, realizado en Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda e Italia, evalúa los costes administrativos asociados al régimen de pago único en 2006 y presenta una perspectiva de la evolución futura.

El estudio señala varios elementos que influyen en las cargas administrativas de las explotaciones agrarias.

El primer elemento atañe a la transposición por los Estados miembros del reglamento de la PAC sobre los pagos directos y tiene que ver, en concreto, con la preferencia mostrada por aquellos en cuanto al modelo de régimen de pago único (histórico, regional, híbrido) o con la opción escogida con respecto a las ayudas, esto es, si se han decantado por la disociación total o por el mantenimiento de determinados elementos no disociados. Otros factores que entran en juego son el modo de creación del procedimiento de aplicación y el sistema de transferencia de derechos.

De acuerdo con las propuestas presentadas en el contexto del Programa de Acción para reducir las cargas administrativas, los Estados miembros podrían lograr disminuir la carga administrativa de las explotaciones en más de 400 millones de euros utilizando en todos ellos tecnologías de la información.

Otros aspectos que influyen en el nivel de la carga administrativa son la cultura empresarial nacional, por ejemplo, la utilización de consultores externos, y las diferencias estructurales, como el tamaño de las explotaciones y la diferenciación de la producción.

Los resultados del estudio indican que la carga administrativa de las explotaciones disminuirá considerablemente. Un factor es el efecto de la curva de aprendizaje y la desaparición de los costes administrativos asociados a la puesta en marcha del régimen de pago único[18]. Otra razón importante son las modificaciones decididas con motivo del «chequeo».

El «chequeo»

La simplificación era una de las principales fuerzas impulsoras de las propuesta del «chequeo» de la Comisión[19]. El «chequeo» simplifica las disposiciones del régimen de pago único y hace que la reforma de la PAC de 2003 sea más eficaz.

Uno de los principales elementos de simplificación del «chequeo» consiste en ampliar la disociación y suprimir varios regímenes, como los pagos por cultivos energéticos y por trigo duro, y el régimen de eliminación de nata, mantequilla y mantequilla concentrada. Tal como se señala en el estudio sobre la carga administrativa[20], los regímenes de ayuda no disociada acarrean una carga administrativa suplementaria a los agricultores. Una mayor disociación conduce automáticamente, pues, a la reducción de dicha carga.

Asimismo, el «chequeo» ha simplificado tanto las normas sobre la autorización de la modulación, como las disposiciones acerca del funcionamiento de la reserva nacional y los derechos de ayuda procedentes de esa reserva.

Además se han suprimido las normas aplicables a la retirada de tierras y se han simplificado las condiciones relativas a la transferencia de derechos de ayuda.

El «chequeo» puede dar lugar a una reducción de la carga administrativa de las explotaciones del orden de unos 135 millones de euros como consecuencia de la supresión de los regímenes especiales para los cultivos energéticos, pago por superficie de cultivos, trigo duro, frutos de cáscara y patatas para fécula. Además, se calcula que la supresión de la retirada de tierras de la producción reducirá la carga administrativa de las explotaciones en torno a los 146 millones de euros.

PERSPECTIVAS

Los avances conseguidos en los últimos años no entrañan en modo alguno una parada de las actividades de simplificación en el sector agrícola. La simplificación y la reducción de la carga administrativa innecesaria son tareas permanentes que no se resuelven por sí mismas. Para conservar el impulso actual y crear un entorno que propicie las condiciones necesarias para seguir simplificando la PAC, se han programado los elementos y proyectos siguientes para los próximos años.

Fechas de comienzo comunes

El comienzo de la aplicación de las modificaciones legislativas de la PAC se hace generalmente en fechas fijas, como el inicio de una campaña de comercialización. Para facilitar aún más un mayor seguimiento de la política y las modificaciones políticas y anticiparse a ellas, se seguirá examinando la posible implantación de fechas de comienzo comunes[21] para las modificaciones legislativas de la PAC.

Condicionalidad

Actualmente, las normas sobre condicionalidad se recogen en varios actos jurídicos. Se va a seguir evaluando la idea de elaborar una propuesta de acto jurídico único sobre condicionalidad mediante la armonización de las disposiciones vigentes.

Comunicaciones

La Comisión procurará simplificar y armonizar el marco jurídico para la comunicación y la conservación de información y documentos en el contexto de la gestión compartida de la PAC. El nuevo marco podría aplicarse con el tiempo a todas las comunicaciones de la PAC distintas de las comunicaciones de información financiera y, mediante tecnologías de la información, a todos los sistemas existentes en este contexto. Estos sistemas pueden ser gestionados por la Comisión Europea o por las autoridades competentes de los Estados miembros. Es más, el nuevo marco jurídico podría prever que las autoridades de que se trate y el público tengan acceso a la información recopilada.

Experiencia en directo

A partir de 2010 se pondrá en marcha un programa de formación para funcionarios de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural que comprende la estancia en una explotación. Lo que se persigue con él es adquirir un mejor conocimiento de los detalles prácticos y los problemas que se le plantean al sector. Dicho conocimiento puede traducirse en políticas que reflejen aún mejor la situación práctica en la que se hallan los agricultores y contribuyan de ese modo a mejorar la legislación. Actualmente se están estudiando los detalles concretos del programa.

Política de calidad

El 15 de octubre de 2008 se publicó el «Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas». En él se inicia una amplia consulta pública sobre la política de calidad y se aborda la simplificación y la reducción de la carga administrativa, en particular con respecto a las normas de comercialización, los regímenes de certificación y los sistemas de indicaciones geográficas.

Tras la consulta pública, la Comisión publicará una Comunicación en mayo de 2009. Algunas de las opciones de la Comunicación podrían tener unos efectos importantes en cuanto a la simplificación y la reducción de la carga administrativa.

Continuación del Plan de Acción

El Plan de Acción seguirá su curso y se añadirán y ejecutarán nuevos proyectos. Uno de ellos se refiere al sector del lúpulo.

Por el momento, los productores de lúpulo están obligados a registrar los contratos de producción. El registro permite obtener información fundamental sobre el mercado y crea un cierto nivel de transparencia en este último. A su vez, representa una carga para los productores y las administraciones. Con el fin de aliviar esa carga administrativa, se evaluarán medios alternativos que permitan obtener datos sobre el mercado del lúpulo. Dependiendo de los resultados de la evaluación, se presentarán propuestas adecuadas.

Revisión periódica

La Comisión estudiará la posibilidad de efectuar un examen más frecuente de la legislación que permita revisar aquellos actos que tengan una cierta antigüedad. Ello puede requerir un análisis con el fin de determinar si deben mantenerse las disposiciones vigentes y, en caso positivo, con qué características. En consecuencia, los nuevos actos jurídicos se actualizarían y se ajustarían a los principios más recientes de la redacción jurídica.

Utilización del lenguaje y comprensibilidad de los textos jurídicos

El lenguaje utilizado en los actos jurídicos puede limitar su comprensión por los usuarios corrientes. La Comisión seguirá actuando para que los actos jurídicos sean más fáciles de leer; con este fin, evaluará su utilización del lenguaje y la posibilidad de ofrecer formación sobre el modo de mejorar la capacidad de redacción.

Seguir compartiendo las mejores prácticas

La Comisión seguirá organizando reuniones con los Estados miembros y las personas interesadas para examinar y crear más actividades de simplificación de la PAC. Este es asimismo el contexto en el que se pueden propiciar posibilidades para lograr una mayor simplificación de la condicionalidad.

CONCLUSIÓN

Los resultados del proceso de simplificación muestran que los esfuerzos de la Comisión por lograr una PAC más sencilla han tenido un éxito notable. La continuación activa de este proceso en el futuro es una señal clara del compromiso asumido por la Comisión en pro de una mayor simplificación. En función de los primeros resultados del ejercicio de evaluación[22], cabe esperar de manera realista que se cumpla el objetivo de reducir un 25 % la carga administrativa en 2012. Lo cual es ciertamente impresionante si se tiene en cuenta que la PAC se desenvuelve en un entorno político en el que coexisten múltiples intereses financieros y políticos, en ocasiones divergentes, cuyo telón de fondo lo compone una gran variedad de cultivos y estructuras agrícolas. Además, dado que la PAC se ocupa de la asignación de recursos financieros, es inevitable recurrir a normas estrictas de gestión y control para proteger la integridad del presupuesto comunitario, o dicho de otro modo, del dinero del contribuyente.

La simplificación de la PAC crea unas condiciones empresariales en las que los agricultores y otros agentes económicos se ven menos lastrados por los costes administrativos y los costes que lleva aparejados el cumplimiento de las normas, y hace posible que la agricultura europea sea más competitiva. De este modo, los agricultores están en mejores condiciones para enfrentarse a sus problemas y satisfacer las demandas de sus clientes. En términos generales, ello redunda en beneficio de todos los ciudadanos de la UE.

Con todo, los agricultores y los agentes económicos del sector agrícola perciben la complejidad de su entorno económico no solo en función de las normas de la PAC, sino también del telón de fondo que conforman los parámetros jurídicos a los que están sometidos. Así pues, la Comisión considera que la simplificación y la reducción de la carga administrativa innecesaria son objetivos generales que es preciso perseguir en todos los ámbitos políticos pertinentes del sector agrícola y a todos los niveles, incluso en los Estados miembros y las regiones. En el futuro, todos los interesados que intervengan en este proceso deberán prestar especial atención a este aspecto.

[1] COM(2005) 509 de 19.10.2005.

[2] Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea. COM(2009) 15 de 28.1.2009.

[3] En términos generales, las cifras que se citan en la presente Comunicación derivan de la evaluación efectuada con motivo del Programa de Acción para reducir las cargas administrativas.

[4] La simplificación técnica (esto es, dentro de un marco político permanente) conlleva la revisión del marco jurídico, los procedimientos administrativos y los mecanismos de gestión para conseguir la racionalización y una mayor rentabilidad, así como para alcanzar de manera más eficaz los objetivos políticos que se hayan fijado, sin modificar las políticas subyacentes.La ‘simplificación política’ reduce la complejidad mediante mejoras de los instrumentos políticos de ayuda agrícola y desarrollo rural. Puede describirse como ‘desarrollo político con repercusiones en la simplificación’.

[5] Reglamento (CE) nº 1081/2008 de la Comisión (DO L 296 de 5.11.2008, p. 4).

[6] DO C 148 de 24.6.2006.

[7] DO C 30 de 6.2.2009.

[8] Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1).

[9] DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.

[10] Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001 (DO L 358 de 16.12.2006, p. 3).

[11] Reglamento (CE) nº 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DO L 337 de 21.12.2007, p. 35).

[12] COM (2007) 147 de 29.3.2007.

[13] Para más información sobre la evaluación de impacto: http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

[14] Para más información: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm.

[15] Reglamento (CE) nº 514/2008 de la Comisión, de 9 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 376/2008 por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (D O L 150 de 10.6.2008, p. 7).

[16] Previa inclusión de las disposiciones aplicables a las frutas y hortalizas mediante el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo (DO L 121 de 7.5.2008, p. 1).

[17] http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/burden/index_en.htm.

[18] Una curva de aprendizaje positiva y la desaparición de los costes de puesta en marcha reducirán la carga administrativa de las explotaciones en más de 900 millones de euros.

[19] COM (2008) 306 de 20.5.2008.

[20] Véase el punto 4.2.

[21] Véase también COM(2009) 15.

[22] Las estimaciones disponibles dejan entrever que la carga en el ámbito de las ayudas directas se reducirá en al menos 1 400 millones de euros.