20.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 131/15

(1)

La Directiva 2014/59/UE exige a los Estados miembros que garanticen la protección de determinados tipos de disposiciones en caso de transmisión parcial de activos, derechos y pasivos de una entidad objeto de resolución. Se exige esa misma protección cuando una autoridad de resolución obligue a que se modifiquen las condiciones de un contrato en el que sea parte la entidad objeto de resolución. Dicha protección tiene por objeto evitar que, a raíz de una transmisión parcial o una modificación contractual, se disgreguen activos, derechos y pasivos que estén vinculados entre sí en virtud de las disposiciones contempladas.

(2)

Para garantizar la correcta aplicación de esta protección, es necesario determinar con precisión las categorías de disposiciones que entran en cada uno de los tipos previstos en la Directiva 2014/59/UE. El método más adecuado para ello consiste en establecer normas y definiciones detalladas, que complementen las establecidas en la Directiva 2014/59/UE. Este método es preferible a confeccionar una lista de las disposiciones específicas que pueden crearse con arreglo a las diferentes legislaciones nacionales de los Estados miembros, ya que dicha lista sería difícil de completar y tendría que actualizarse continuamente. En este contexto, el presente Reglamento debe aclarar y limitar, en su caso, el ámbito de aplicación de las distintas formas de protección previstas por la Directiva 2014/59/UE para cada tipo de disposiciones.

(3)

Los diversos tipos de disposiciones contemplados en el artículo 76, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE se detallan en distinta medida: algunos se especifican plenamente, mientras que otros se definen en términos menos precisos. Además, algunos tipos se refieren a una sola clase de relación y obligación contractual o a un conjunto limitado de relaciones y obligaciones contractuales, en tanto que otros abarcan un mayor número y una gama abierta de obligaciones, operaciones y relaciones contractuales. Potencialmente, estos últimos tipos podrían englobar todas las relaciones jurídicas y contractuales entre una entidad y una o varias de sus contrapartes. En el supuesto de que se otorgara plena protección a estos tipos de disposiciones, podría resultar difícil, o incluso imposible, para las autoridades de resolución efectuar transmisiones parciales. Conviene, por tanto, evitar una excesiva protección que pudiera potencialmente hacerse extensiva a la totalidad de los activos, derechos y pasivos entre una entidad y sus contrapartes.

(4)

Algunos tipos de disposiciones protegidas se definen en términos más amplios en la Directiva 2014/59/UE. En aras de una mayor seguridad en cuanto a su alcance, en concreto en lo que respecta a los acuerdos de garantía, los acuerdos de compensación recíproca y por netting y los acuerdos de financiación estructurada, resulta oportuno especificar más esos tipos de disposiciones. El presente Reglamento Delegado no debe impedir que, en transmisiones parciales, las autoridades de resolución especifiquen más los tipos de acuerdos de compensación recíproca y por netting que deben protegerse en transmisiones parciales concretas, cuando dichos acuerdos se reconozcan a efectos de reducción del riesgo en virtud de las normas prudenciales aplicables y la protección, en particular en términos de no segregabilidad, sea una condición para dicho reconocimiento. Las autoridades de resolución deben poder decidir otorgar esa protección ampliada en casos de resolución concretos.

(5)

Las contrapartes de la entidad pueden celebrar un acuerdo de compensación recíproca genérico que incluya todos y cada uno de los derechos y pasivos entre las partes. A raíz de un acuerdo de estas características, todos los pasivos entre las partes estarían protegidos frente a la posibilidad de ser segregados unos de otros. De este modo, la transmisión parcial con respecto a esta contraparte resultaría inmanejable y, de forma general, comprometería la viabilidad del instrumento en su conjunto, dado que las autoridades de resolución podrían incluso ser incapaces de discernir qué pasivos están o no cubiertos por tales disposiciones. Resulta, pues, oportuno aclarar asimismo que los acuerdos de compensación recíproca y por netting de carácter genérico, que engloben todos y cada uno de los activos, derechos y pasivos entre las partes, no deben considerarse disposiciones protegidas.

(6)

El artículo 80 de la Directiva 2014/59/UE implica que ninguna posible limitación del alcance de las definiciones de las disposiciones protegidas en virtud de su artículo 76, apartado 2, debe afectar al funcionamiento de los sistemas de negociación, compensación y liquidación, en la medida en que estos sistemas entran en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Por consiguiente, las autoridades de resolución deben estar obligadas a proteger las disposiciones de cualquier clase contempladas en el artículo 76, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE que estén vinculadas a la actividad de la contraparte como entidad de contrapartida central (ECC), lo que incluye, sin limitarse necesariamente a ello, la actividad cubierta por un fondo para impagos con arreglo al artículo 42 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(7)

Lo mismo se aplica a los activos, derechos y pasivos conexos a sistemas de pagos o de liquidación de valores. Dado que los acuerdos de compensación por netting que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/26/CE están protegidos en caso de insolvencia, por motivos de coherencia, deben también estar protegidos en virtud del artículo 76 de la Directiva 2014/59/UE. No obstante, conviene ampliar el ámbito de aplicación de la protección en virtud del artículo 76, apartado 2, de esta última Directiva a todas las disposiciones acordadas con sistemas de pagos o de liquidación de valores y sus actividades conexas, cuando proceda.

(8)

La necesidad de precisar el alcance de la disposición a la que se aplican, en determinados casos, las salvaguardas en virtud del artículo 76, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE no debe, por lo general, impedir que las autoridades de resolución protejan todos aquellos tipos de disposiciones que puedan estar comprendidos en una de las categorías de dicho artículo, y que estén protegidos, en el marco de un procedimiento de insolvencia, frente a una segregación de los activos, derechos y pasivos englobados por tales disposiciones con arreglo a sus legislaciones nacionales en materia de insolvencia, incluida la normativa nacional de transposición de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).. Este es el caso si un acreedor puede seguir disfrutando de los derechos derivados de la disposición a menos que la operación en su totalidad quede anulada con arreglo a la legislación nacional en materia de insolvencia. Ello se aplica, en particular, a los acuerdos de garantía y a los acuerdos de compensación recíproca y por netting que están protegidos con arreglo a la legislación nacional de insolvencia.

1)

por «titulización» se entenderá la titulización definida en el artículo 4, apartado 1, punto 61, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);

2)

por «acuerdos de compensación contractual» se entenderán los acuerdos de compensación contractual definidos en el artículo 295 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

1)

las disposiciones que estipulen garantías personales, avales y fianzas;

2)

los contratos de prenda y otros derechos de garantía real;

3)

las operaciones de préstamo de valores que no impliquen la transmisión de la plena propiedad de la garantía real, por las que una parte (el prestador) preste valores a la otra parte (el prestatario) a cambio del pago de una comisión o de intereses y en las que el prestatario ofrezca al prestador una garantía real por la duración del préstamo.

a)

cuando los acuerdos estén vinculados a la actividad de la contraparte como entidad de contrapartida central, en particular en lo que respecta a la actividad cubierta por un fondo para impagos a tenor del artículo 42 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

b)

cuando los acuerdos se refieran a derechos y obligaciones frente a sistemas definidos en el artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE u otros sistemas de pagos o de liquidación de valores y estén vinculados a su actividad como sistemas de pagos o de liquidación de valores.

a)

cuando los acuerdos estén vinculados a la actividad de la contraparte como entidad de contrapartida central, en particular en lo que respecta a la actividad cubierta por un fondo para impagos a tenor del artículo 42 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

b)

cuando los acuerdos se refieran a derechos y obligaciones frente a sistemas definidos en el artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE u otros sistemas de pagos o de liquidación de valores y estén vinculados a su actividad como sistemas de pagos o de liquidación de valores.

a)

proteger cualesquiera clases de disposiciones que puedan estar comprendidas en uno de los tipos previstos en el artículo 76, apartado 2, letras a), c), d) y f), de la Directiva 2014/59/UE, y que estén protegidas, en el marco del procedimiento de insolvencia ordinario, contra una segregación, suspensión o cancelación temporales o indefinidas de los activos, derechos y pasivos a los que se apliquen tales disposiciones, en virtud de su legislación nacional en materia de insolvencia, incluida la normativa nacional de transposición de la Directiva 2001/24/CE;

b)

proteger cualesquiera clases de disposiciones que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 76, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE y que estén protegidas, en el marco del procedimiento de insolvencia ordinario, contra una segregación, suspensión o cancelación temporales o indefinidas de los activos, derechos y pasivos a los que se apliquen tales disposiciones, en virtud de su legislación nacional en materia de insolvencia, incluida la normativa nacional de transposición de la Directiva 2001/24/CE.

a)

las titulizaciones en las que las exposiciones subyacentes hayan sido distribuidas en tramos y transferidas, mediante transmisión de la plena propiedad, del balance del originador, a la entidad o empresa objeto de resolución (titulización de venta verdadera);

b)

las titulizaciones por medio de instrumentos contractuales, en las que los activos subyacentes permanezcan en el balance de la entidad o empresa objeto de resolución (titulización sintética).