30.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 94/22

(1)

La creación de un mercado integrado de pagos electrónicos en euros, sin distinción entre pagos nacionales y transfronterizos, es necesaria para un adecuado funcionamiento del mercado interior. Para ello, el proyecto de zona única de pagos en euros («SEPA») persigue la implantación de servicios de pago comunes a toda la Unión que sustituyan a los actuales servicios de pago nacionales. Gracias a la introducción de normas, disposiciones y prácticas de pago abiertas y comunes, y mediante el procesamiento integrado de los pagos, la SEPA debe aportar a los ciudadanos y las empresas de la UE servicios de pago en euros seguros, a precios competitivos, de fácil uso y fiables. Ello debe aplicarse a los pagos SEPA, a escala nacional y transfronteriza, en las mismas condiciones básicas y con arreglo a los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la ubicación en la Unión. La SEPA debe acometerse de manera que facilite el acceso de nuevos operadores al mercado y el desarrollo de nuevos productos, y cree condiciones favorables para una mayor competencia en los servicios de pago y el desarrollo sin obstáculos de innovaciones en el ámbito de los pagos, así como su rápida aplicación en toda la Unión. En consecuencia, el aumento de las economías de escala, una mayor eficiencia de funcionamiento y un incremento de la competencia deben generar una presión a la baja de los precios de los servicios de pagos electrónicos en euros, sobre la base de una selección óptima. Los efectos de ello deben dejarse sentir significativamente, sobre todo en los Estados miembros en los que los pagos son relativamente caros en comparación con otros Estados miembros. De este modo, la transición a la SEPA no debe ir acompañada de un aumento general de los precios para los usuarios de los servicios de pago en general y, más en concreto, para los consumidores. Por el contrario, cuando el usuario de servicios de pago sea un consumidor, debe fomentarse el principio de no cobrar comisiones más elevadas. La Comisión debe seguir supervisando la evolución de los precios en el sector de pagos y presentar un análisis anual de la misma.

(2)

El éxito de la SEPA reviste gran importancia económica y política. La SEPA se encuadra perfectamente en la estrategia «Europa 2020», que persigue el objetivo de una economía más basada en la inteligencia, en la que la prosperidad sea consecuencia de la innovación y de un uso más eficiente de los recursos disponibles. Tanto el Parlamento Europeo, mediante sus resoluciones de 12 de marzo de 2009 (4) y 10 de marzo de 2010 (5), como el Consejo, en sus conclusiones adoptadas el 2 de diciembre de 2009, han subrayado la importancia de lograr una rápida migración a la SEPA.

(3)

La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (6), proporciona una base jurídica moderna para la creación de un mercado interior de pagos, del que la SEPA constituye un elemento esencial.

(4)

El Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad (7), establece también una serie de medidas destinadas a favorecer el éxito de la SEPA, tales como hacer extensivo el principio de igualdad de gastos a los adeudos domiciliados transfronterizos, y la accesibilidad de los adeudos domiciliados.

(5)

Las medidas autorreguladoras adoptadas por el sector bancario europeo a través de la iniciativa SEPA no han bastado para impulsar la migración concertada a regímenes de transferencias y de adeudos domiciliados del ámbito de la Unión, ya sea por el lado de la oferta o por el de la demanda. Concretamente, no se han tenido en cuenta lo suficiente ni de manera transparente los intereses de los consumidores y de otros usuarios. Debe escucharse la voz de todas las partes interesadas. Al mismo tiempo, este proceso autorregulador no ha estado sujeto a los oportunos mecanismos de gobernanza, lo que puede explicar, en parte, la lenta adopción por el lado de la demanda. Si bien la reciente constitución del Consejo de la SEPA representa una mejora significativa para la gobernanza del proyecto SEPA, la gobernanza sigue estando, fundamental y formalmente, en gran medida en manos del Consejo Europeo de Pagos (CEP). Por ello, la Comisión debe revisar las disposiciones de gobernanza de todo el proyecto SEPA antes de finales de 2012 y, en su caso, presentar una propuesta. En dicha revisión deben examinarse, entre otros aspectos, la composición del CEP, la interacción entre el CEP y una estructura de gobernanza general como el Consejo de la SEPA, y la función de esa estructura general.

(6)

Solo una migración rápida y completa a transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión arrojará todos los beneficios de un mercado de pagos integrado, de tal manera que puedan eliminarse los elevados costes que conlleva gestionar, a la vez, los productos «tradicionales» y los productos SEPA. Resulta oportuno, por tanto, establecer disposiciones aplicables a la ejecución de todas las transferencias y adeudos domiciliados denominados en euros en la Unión. No obstante, las operaciones con tarjeta no deben incluirse en esta fase, pues aún se está en proceso de establecer normas comunes para los pagos con tarjeta en la Unión. Los giros monetarios, los pagos procesados internamente, las operaciones de pago de elevado importe, los pagos entre proveedores de servicios de pago para su propia cuenta y los pagos a través de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de telecomunicación, digital o informático no deben quedar englobados en las citadas disposiciones, pues se trata de servicios de pago no asimilables a transferencias o adeudos domiciliados. Cuando una tarjeta de pago en el punto de venta o cualquier otro dispositivo, como un teléfono móvil, se utilice para iniciar una operación de pago, ya sea en el punto de venta ya sea de forma remota, que dé lugar a una transferencia o a un adeudo domiciliario con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante el número básico nacional de cuenta bancaria (BBAN) actual o el número internacional de cuenta bancaria (IBAN), esa operación de pago debe, no obstante, incluirse. Además, dadas las características específicas de los pagos procesados a través de sistemas de pago para grandes importes, en particular su alta prioridad, urgencia e importe fundamentalmente elevado, no es oportuno incluir tales pagos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Esa exclusión no debe incluir los adeudos domiciliados, excepto si el ordenante ha solicitado explícitamente que el pago transite por un sistema de pago para grandes importes.

(7)

Actualmente, existen diversos servicios de pago, en su mayor parte en relación con los pagos a través de internet, que utilizan también el número IBAN y el código identificador de la entidad (BIC), y que se basan en transferencias o adeudos domiciliados, pero que poseen rasgos adicionales. Se prevé que estos servicios se expandirán más allá de sus actuales fronteras nacionales y podrían satisfacer la demanda del consumidor de disfrutar de unos servicios de pago innovadores, seguros y baratos. A fin de no excluir dichos servicios del mercado, la regulación de las fechas límite aplicable a las transferencias y a los adeudos domiciliados establecida en el presente Reglamento debe aplicarse únicamente a las transferencias o los adeudos domiciliados que subyacen a estas operaciones.

(8)

En la inmensa mayoría de las operaciones de pago que se efectúan en la Unión, se puede identificar una cuenta de pago única utilizando tan solo el número IBAN, sin necesidad de especificar también el código BIC. Como reflejo de esta realidad, los bancos de varios Estados miembros ya han creado una guía, una base de datos u otros dispositivos técnicos para identificar el código BIC que corresponde a un número IBAN específico. El código BIC solo se necesita en muy pocos casos de carácter residual. No parece que esté justificado, y sería demasiado gravoso, obligar a todos los ordenantes y beneficiarios de toda de la Unión a facilitar siempre el código BIC además del número IBAN, si se tiene en cuenta los pocos casos en los que es necesario actualmente. Un enfoque mucho más sencillo consistiría en que los proveedores de servicios de pago y otras partes solucionen y eliminen los casos en los que una cuenta de pago no se puede identificar inequívocamente mediante un número IBAN determinado. Por consiguiente, deben desarrollarse los medios técnicos necesarios para que todos los usuarios puedan identificar una cuenta de pago inequívocamente mediante su número IBAN.

(9)

Para poder ejecutar una transferencia, la cuenta de pago del beneficiario debe ser accesible. Así pues, a fin de favorecer la adopción con éxito de servicios de transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión, debe establecerse una obligación de accesibilidad en toda la Unión. En aras de una mayor transparencia, resulta además oportuno integrar en un solo acto esa obligación y la obligación de accesibilidad que con respecto a los adeudos domiciliados establece el Reglamento (CE) no 924/2009. Todas las cuentas de pago de un beneficiario que sean accesibles para la realización de transferencias de ámbito nacional también deben ser accesibles a través de un régimen de transferencias de la Unión. Todas las cuentas de pago de un ordenante que sean accesibles para la realización de adeudos domiciliados de ámbito nacional también deben ser accesibles a través de un régimen de adeudos domiciliados de la Unión. Lo anterior debe poder aplicarse independientemente de si el proveedor de servicios de pago decide participar en un régimen concreto de transferencias o de adeudos domiciliados.

(10)

La interoperabilidad técnica es una condición previa para la existencia de competencia. La creación de un mercado integrado de sistemas de pagos electrónicos en euros exige que el procesamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados no tropiece con normas empresariales ni obstáculos técnicos, como la adhesión obligatoria a más de un sistema para la realización de pagos transfronterizos. Las transferencias y los adeudos domiciliados deben realizarse al amparo de un régimen a cuyas disposiciones básicas se adhieran una serie de proveedores de servicios de pago que representen a la mayoría de los proveedores de servicios de pago en la mayoría de Estados miembros y constituyan una mayoría global de los proveedores de servicios de pago en la Unión, y que sean las mismas ya se trate de transferencias y adeudos domiciliados de carácter nacional o transfronterizo. Si existe más de un sistema de pago para el procesamiento de dichos pagos, esos sistemas de pago deben ser interoperables gracias al recurso a normas internacionales y comunes a la Unión, a fin de que todos los usuarios de servicios de pago y todos los proveedores de servicios de pago puedan gozar de los beneficios de pagos minoristas en euros realizados con absoluta fluidez en toda la Unión.

(11)

Dadas las características específicas del mercado empresarial, mientras que los regímenes de transferencias o adeudos domiciliados entre empresas deben respetar todas las disposiciones del presente Reglamento, incluida la de contar con las mismas normas para las operaciones transfronterizas y nacionales, el requisito de que sus adherentes representen a la mayoría de los proveedores de servicios de pago en la mayoría de los Estados miembros solo debe aplicarse en la medida en que los proveedores de servicios de pago que prestan servicios de transferencias o adeudos domiciliados entre empresas representen a la mayoría de los proveedores de servicios de pago en la mayoría de los Estados miembros en los que existen tales servicios y constituyan la mayoría de proveedores de servicios de pago que prestan tales servicios en la Unión.

(12)

Es esencial determinar requisitos técnicos que definan inequívocamente las características que deben poseer los sistemas de pago comunes a toda la Unión, que habrán de desarrollarse conforme a disposiciones adecuadas de gobernanza, para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de pago. Esos requisitos técnicos no deben limitar la flexibilidad e innovación, sino que deben ser abiertos y neutros frente a posibles innovaciones y mejoras del mercado de pagos. Los requisitos técnicos han de determinarse atendiendo a las características especiales de las transferencias y los adeudos domiciliados, en particular por lo que atañe a los datos contenidos en el mensaje de pago.

(13)

Es importante adoptar medidas que refuercen la confianza de los usuarios de servicios de pago en el uso de estos servicios, en particular en el caso de los adeudos domiciliados. Esas medidas deben permitir que los ordenantes den instrucciones a sus proveedores de servicios de pago en el sentido de limitar el cobro de un adeudo domiciliado a un determinado importe o periodicidad y de elaborar listas positivas o negativas concretas de beneficiarios. En el marco de la creación de sistemas de adeudos domiciliados comunes a la Unión, es oportuno que los consumidores puedan beneficiarse de este tipo de controles. No obstante, a efectos de la aplicación práctica de esos controles sobre los beneficiarios, es importante que los proveedores de servicios de pago puedan efectuar los controles sobre la base del número IBAN y, durante un período transitorio y solo cuando resulte necesario, del código BIC o de otro identificador único de beneficiarios específicos. Otros derechos pertinentes de los usuarios ya se recogen en la Directiva 2007/64/CE y deben garantizarse plenamente.

(14)

La normalización técnica es piedra angular de la integración de redes, tales como el mercado de pagos de la Unión. El recurso a normas elaboradas por organismos de normalización internacionales o europeos debe ser obligatorio, a partir de una determinada fecha, en todas las operaciones pertinentes. En los servicios de pago, tales normas obligatorias son el número IBAN, el código BIC y la norma de envío de mensajes en el ámbito de los servicios financieros «ISO 20022 XML». El empleo de estas normas por todos los proveedores de servicios de pago es, por tanto, imprescindible para que exista plena interoperabilidad en toda la Unión. En particular, el uso obligatorio del número IBAN y del código BIC, cuando resulte necesario, ha de promoverse en los Estados miembros mediante una amplia comunicación y medidas que faciliten la transición fácil y fluida hacia regímenes de transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión, especialmente por lo que atañe a los consumidores. Los proveedores de servicios de pago deben poder celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la ampliación del conjunto básico de caracteres latinos con objeto de respaldar las variantes regionales de los mensajes estándar de la SEPA.

(15)

Es imprescindible que se informe debidamente y en el momento oportuno a todas las partes, y especialmente a los ciudadanos de la Unión, a fin de que estén bien preparados para los cambios que traerá consigo la SEPA. Por consiguiente, las principales partes interesadas, como los proveedores de servicios de pago, las administraciones públicas y los bancos centrales nacionales, así como otros usuarios muy habituales de pagos regulares, deben realizar campañas de información específicas y amplias, proporcionales a la necesidad y adaptadas, como proceda, a su público, con el fin de sensibilizar y preparar a los ciudadanos para la migración a la SEPA. En particular, será necesario familiarizar a los ciudadanos con la migración del BBAN al IBAN. Los comités de coordinación de la SEPA nacionales serán los más indicados para coordinar esas campañas de información.

(16)

A fin de lograr un proceso de transición concertado, y en aras de la claridad y la simplicidad para los consumidores, resulta oportuno fijar una sola fecha límite de migración a partir de la cual todas las operaciones de transferencia y de adeudo domiciliado deban cumplir esos requisitos técnicos, dejando, al tiempo, el mercado abierto a la evolución y la innovación.

(17)

Durante un período transitorio, los Estados miembros deben poder autorizar que los proveedores de servicios de pago permitan a los consumidores seguir utilizando el número BBAN para las operaciones de pago nacionales, a condición de que se garantice la interoperabilidad mediante la conversión del número BBAN, por medios técnicos y seguros, en el identificador de cuenta de pago único correspondiente por parte del proveedor de servicios de pago de que se trate. El proveedor de servicios de pago no debe cobrar comisiones directas ni indirectas, ni otras tasas relacionadas con ese servicio.

(18)

Aunque el nivel de desarrollo de los servicios de transferencias y adeudos domiciliados difiera entre los Estados miembros, el establecimiento de un plazo común al término de un período de aplicación adecuado que permita que se desarrollen todos los procesos necesarios contribuiría a una migración coordinada, coherente e integrada a la SEPA, así como a evitar una SEPA de dos velocidades que podría crear una confusión aún mayor entre los consumidores.

(19)

Los proveedores de servicios de pago y los usuarios de servicios de pago deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos técnicos. No obstante, el período de adaptación no debe retrasar innecesariamente las ventajas para los consumidores ni penalizar los esfuerzos de los operadores proactivos que ya hayan adoptado la SEPA. Para las operaciones de pago nacionales y transfronterizas, los proveedores de servicios de pago deben prestar a sus clientes minoristas los servicios técnicos necesarios para garantizar una conversión correcta y segura a los requisitos técnicos establecidos en el presente Reglamento.

(20)

Es importante aportar seguridad jurídica al sector de los pagos por lo que respecta a los modelos empresariales para los adeudos domiciliados. Regular las tasas de intercambio multilaterales aplicables en los adeudos domiciliados es esencial para crear condiciones de competencia equitativas entre proveedores de servicios de pago y posibilitar así el desarrollo de un mercado único de adeudos domiciliados. La aplicación de tasas de intercambio multilaterales por operaciones rechazadas, denegadas, devueltas o retrocedidas debido a que no pueden ejecutarse adecuadamente o dan lugar a un procesamiento excepcional (las denominadas «operaciones-R», pudiendo significar la letra R rechazos, denegaciones, devoluciones, retrocesiones, revocaciones o solicitudes de cancelación) podría contribuir, sin embargo, a una asignación eficiente de los costes en el mercado interior. Por tanto, se considera que, para la creación de un mercado europeo de adeudos domiciliados efectivo, sería beneficioso prohibir legalmente la aplicación de tasas de intercambio multilaterales por operación. No obstante, debe autorizarse la aplicación de tasas por operaciones-R, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Los proveedores de servicios de pago deben suministrar a los consumidores información clara y comprensible sobre las tasas por operaciones-R, en aras de la transparencia y la protección de los consumidores. En todo caso, la regulación sobre las operaciones-R debe establecerse sin perjuicio de la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por otra parte, cabe señalar que, en general, los adeudos domiciliados y los pagos con tarjeta tienen características diferentes, especialmente por lo que se refiere al mayor potencial de los beneficiarios de incentivar el uso del adeudo domiciliado por parte de los ordenantes mediante un contrato previo entre el beneficiario y el ordenante, mientras que en el caso de los pagos con tarjeta no existe tal contrato previo y la operación de pago es, con frecuencia, un hecho aislado e irregular. Por consiguiente, las disposiciones en materia de tasas de intercambio multilaterales para los adeudos domiciliados deben establecerse sin perjuicio del análisis, en el marco de las normas de competencia de la Unión, de las tasas de intercambio multilaterales para las operaciones de pago efectuadas con tarjeta. La prohibición que establece el presente Reglamento no cubre aquellos servicios opcionales adicionales que sean clara e inequívocamente diferentes de los servicios de adeudo domiciliado centrales ni cuando los proveedores de servicios de pago y los usuarios de servicios de pago puedan decidir con total libertad si ofrecen o utilizan tales servicios. No obstante, dichos servicios seguirán estando sujetos a las normas de competencia nacionales y de la Unión.

(21)

Por tanto, la posibilidad de aplicar tasas de intercambio multilaterales por operación de adeudo domiciliado nacional o transfronterizo debe limitarse en el tiempo y deben establecerse condiciones generales para la aplicación de tasas de intercambio por operaciones-R.

(22)

La Comisión debe supervisar el nivel de las tasas por operaciones-R en toda la Unión. Las tasas por operaciones-R en el mercado interior deben converger con el tiempo, de manera que no varíen de un Estado miembro a otro hasta tal punto que pongan en riesgo la igualdad de condiciones.

(23)

En algunos Estados miembros, existen ciertos servicios de pago tradicionales que constituyen transferencias o adeudos domiciliados, pero que poseen características muy específicas, a menudo por razones históricas o jurídicas. El volumen de operaciones de estos servicios es normalmente insignificante. Tales servicios pueden considerarse, por tanto, productos nicho. Un período de transición para estos productos nicho, suficientemente prolongado como para minimizar los efectos de la migración sobre los usuarios de servicios de pago, ayudaría a que ambos lados del mercado se focalizaran, en primer lugar, en la migración de las transferencias y adeudos domiciliados de naturaleza general, de modo que la mayoría de los beneficios potenciales de un mercado de pagos integrado en la UE puedan obtenerse antes. En algunos Estados miembros existen instrumentos específicos de adeudo domiciliado muy similares a las operaciones de pago efectuadas con tarjeta, ya que el ordenante utiliza una tarjeta en el punto de venta para iniciar la operación de pago, pero la operación de pago subyacente es un sistema de adeudo domiciliado. En tales operaciones de pago, la tarjeta solo se utiliza como medio de lectura para la generación electrónica de la orden, que debe ser firmada por el ordenante en el punto de venta. Aunque esos servicios de pago no puedan catalogarse como producto nicho, es necesario prever un período transitorio en relación con dichos servicios de pago debido al gran volumen de operaciones que implican. A fin de permitir a las partes interesadas aplicar un sistema adecuado de sustitución en el marco de la SEPA, ese período de transición debe tener una duración suficiente.

(24)

Para que el mercado interior de pagos funcione correctamente, es esencial garantizar que ordenantes tales como los consumidores, las empresas o las autoridades públicas puedan enviar transferencias a cuentas de pago mantenidas por los beneficiarios con proveedores de servicios de pago ubicados en otros Estados miembros y accesibles conforme al presente Reglamento.

(25)

A fin de garantizar una transición fluida a la SEPA, una autorización válida para que un beneficiario cobre adeudos domiciliados periódicos en un régimen tradicional debe seguir siendo válida tras la fecha de migración establecida en el presente Reglamento. Tal autorización debe considerarse representativa del consentimiento para que el proveedor de servicios de pago del ordenante ejecute los adeudos domiciliados periódicos cobrados por el beneficiario con arreglo al presente Reglamento, de no existir una normativa nacional en materia de continuidad de la validez de la orden o acuerdos de los clientes por los que se modifiquen las órdenes relativas a los adeudos domiciliados con objeto de permitir su continuación. No obstante, deben protegerse los derechos de los consumidores y, cuando las órdenes existentes de adeudo domiciliado prevean derecho a reembolso incondicional, tales derechos deben mantenerse.

(26)

Las autoridades competentes deben poseer atribuciones que les permitan desempeñar sus tareas de vigilancia eficazmente y adoptar cuantas medidas resulten necesarias, incluido el examen de las reclamaciones, para garantizar que los proveedores de servicios de pago cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento. Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que se puedan presentar reclamaciones contra los usuarios de servicios de pago que incumplan el presente Reglamento y que este pueda hacerse cumplir de manera eficaz y efectiva por vía administrativa o judicial. Para fomentar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades competentes de los distintos Estados miembros deben cooperar entre sí y, cuando corresponda, con el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales de los Estados miembros y otras autoridades competentes, como la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) creada en virtud del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (ABE), designadas en virtud de la legislación de la UE o nacional aplicable a los proveedores de servicios de pago.

(27)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar que dichas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias y que se apliquen. Esas sanciones no deben aplicarse a los consumidores.

(28)

A fin de garantizar la posibilidad de obtener reparación en los casos de incorrecta aplicación del presente Reglamento, o cuando surjan entre los usuarios de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago litigios en relación con los derechos y las obligaciones derivados del presente Reglamento, los Estados miembros deben establecer procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso que sean adecuados y eficaces. Los Estados miembros deben poder decidir que estos procedimientos se apliquen solo a los consumidores o solo a los consumidores y las microempresas.

(29)

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, a la ABE y al BCE un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Dicho informe debe ir acompañado, si procede, de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

(30)

A fin de garantizar la actualización de los requisitos técnicos aplicables a las transferencias y los adeudos domiciliarios en euros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a dichos requisitos técnicos. En la Declaración no 39 relativa al artículo 290 del TFUE, aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, la Conferencia toma nota de la intención de la Comisión de seguir consultando a expertos nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus proyectos de actos delegados en el ámbito de los servicios financieros, conforme a su práctica establecida. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo consultas oportunas y transparentes durante la fase preparatoria, también con el BCE y todas las partes interesadas. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(31)

Dado que los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros cuya moneda no es el euro tendrán que realizar un trabajo preparatorio especial fuera del mercado de pagos de su moneda nacional, se les debe autorizar a no aplicar los mencionados requisitos técnicos durante un cierto período de tiempo. No obstante, los Estados miembros cuya moneda no es el euro deben cumplir los requisitos técnicos para crear una verdadera zona de pagos europea, que fortalecerá el mercado interior.

(32)

Para garantizar un gran apoyo público a la SEPA resulta fundamental prever un alto nivel de protección de los ordenantes, especialmente para las operaciones de adeudo domiciliado. El régimen actual, y el único paneuropeo, de adeudo domiciliado para los consumidores desarrollado por el CEP prevé un derecho a reembolso, sin necesidad de explicaciones e incondicional, de pagos autorizados durante un período de ocho semanas a partir de la fecha de adeudo de los fondos, si bien este derecho a reembolso está sujeto a varias condiciones en virtud de los artículos 62 y 63 de la Directiva 2007/64/CE. Habida cuenta de la situación actual del mercado y de la necesidad de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, el impacto de estas disposiciones debe evaluarse en el informe que, de conformidad con el artículo 87 de la Directiva 2007/64/CE, la Comisión presentará, a más tardar el 1 de noviembre de 2012, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al BCE, acompañado, si procede, de una propuesta de revisión.

(33)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (9), regula el tratamiento de los datos personales efectuado en aplicación del presente Reglamento. La migración a la SEPA y la introducción de normas y disposiciones de pago comunes deben basarse en el cumplimiento del Derecho nacional en materia de protección de datos personales sensibles en los Estados miembros y deben salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la Unión.

(34)

Los mensajes financieros conexos a los pagos y las transferencias realizados en el marco de la SEPA quedan fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 28 de junio de 2010, relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos de América a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (10).

(35)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión o a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(36)

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 924/2009, los Estados miembros deben suprimir toda obligación nacional de información sobre los pagos impuesta a los proveedores de servicios de pago a efectos de las estadísticas de la balanza de pagos relativas a las operaciones de pago de sus clientes hasta 50 000 EUR. La recopilación de estadísticas de la balanza de pagos basadas en las operaciones de pago realizadas entre el final de los controles del mercado de cambio y el momento actual constituye una importante fuente de datos junto con otras como las encuestas directas, y contribuye a obtener estadísticas de calidad. Al principio de la década de los noventa, algunos Estados miembros optaron por fiarse más de la información comunicada directamente por las empresas y los hogares que de los datos aportados por los bancos en nombre de sus clientes. Aunque la obligación de información sobre los pagos constituye una solución que, hablando de la sociedad en general, reduce el coste de la compilación de las balanzas de pagos, al tiempo que garantiza estadísticas de calidad, en el caso estricto de los pagos transfronterizos el mantenimiento de este tipo de información en algunos Estados miembros podría disminuir la eficiencia e incrementar los costes. Dado que uno de los objetivos de la SEPA es reducir los costes de los pagos transfronterizos, debe suprimirse en su totalidad la obligación de información sobre los pagos a efectos de las balanzas de pagos.

(37)

En aras de una mayor seguridad jurídica, procede que los plazos que, en relación con las tasas de intercambio, establece el artículo 7 del Reglamento (CE) no 924/2009 se armonicen con lo dispuesto en el presente Reglamento.

(38)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 924/2009 en consecuencia.

a)

las operaciones de pago efectuadas por cuenta propia entre proveedores de servicios de pago y en su seno, incluidos sus agentes o sucursales;

b)

las operaciones de pago procesadas y liquidadas a través de sistemas de pago para grandes importes, con exclusión de las operaciones de adeudo domiciliado para las que el ordenante no haya solicitado de forma explícita que transiten a través de sistemas de pago para grandes importes;

c)

las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta de pago o dispositivo similar, incluidas las retiradas de efectivo, a menos que la tarjeta de pago o el dispositivo similar solo se utilicen para generar la información necesaria para efectuar directamente una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante el número BBAN o el número IBAN;

d)

las operaciones de pago efectuadas mediante cualquier tipo de dispositivo de telecomunicación, digital o informático, siempre que dichas operaciones de pago no originen una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante un número BBAN o IBAN;

e)

las operaciones de giro monetario, tal como se definen en el artículo 4, punto 13, de la Directiva 2007/64/CE;

f)

las operaciones de pago por las que se transfiera dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades (11), a menos que dichas operaciones den lugar a una transferencia o un adeudo domiciliado con origen y destino en una cuenta de pago identificada mediante un número BBAN o IBAN.

a)

sus disposiciones serán las mismas para transferencias nacionales y transfronterizas en la Unión y similares para adeudos domiciliados nacionales y transfronterizos en la Unión, y

b)

sus adherentes representarán a la mayoría de los proveedores de servicios de pago de la mayoría de Estados miembros y constituirán la mayoría de los proveedores de servicios de pago en la Unión, teniendo en cuenta únicamente los proveedores de servicios de pago que prestan, respectivamente, servicios de transferencias o de adeudos domiciliados.

a)

deberán utilizar el identificador de cuenta de pago que se especifica en el punto 1, letra a), del anexo para la identificación de las cuentas de pago, independientemente de la ubicación del proveedor de servicios de pago de que se trate;

b)

deberán utilizar los formatos de mensaje que se especifican en el punto 1, letra b), del anexo siempre que transmitan operaciones de pago a otro proveedor de servicios de pago o a través de un sistema de pagos minoristas;

c)

deberán garantizar que los usuarios de servicios de pago utilicen el identificador de cuenta de pago que se especifica en el punto 1, letra a), del anexo para la identificación de las cuentas de pago, si el proveedor de servicios de pago del ordenante y el del beneficiario, o el único proveedor de servicios de pago que intervenga en la operación de pago, están radicados en el mismo Estado miembro o en diferentes Estados miembros;

d)

deberán garantizar que cuando un usuario de servicios de pago que no sea un consumidor ni una microempresa inicie o reciba transferencias individuales o adeudos domiciliados individuales que no se transmitan de forma individual, sino agrupados para su transmisión, se utilicen los formatos de mensaje que se especifican en el punto 1, letra b), del anexo.

a)

el proveedor de servicios de pago del ordenante deberá garantizar que este facilita los datos que se especifican en el punto 2, letra a), del anexo;

b)

el proveedor de servicios de pago del ordenante deberá facilitar al proveedor de servicios de pago del beneficiario los datos que se especifican en el punto 2, letra b), del anexo;

c)

el proveedor de servicios de pago del beneficiario deberá facilitar o poner a disposición de este los datos que se especifican en el punto 2, letra d), del anexo.

a)

el proveedor de servicios de pago del beneficiario deberá garantizar:

b)

el proveedor de servicios de pago del beneficiario deberá facilitar al proveedor de servicios de pago del ordenante los datos que se especifican en el punto 3, letra b), del anexo;

c)

el proveedor de servicios de pago del ordenante deberá facilitar al ordenante o pondrá a su disposición los datos que se especifican en el punto 3, letra c), del anexo;

d)

el ordenante deberá tener derecho a cursar instrucciones a su proveedor de servicios de pago para que:

a)

el mecanismo tendrá por objeto la asignación eficiente de los costes al proveedor de servicios de pago que originó la operación-R, o al usuario de servicios de pago del cual se originó, según proceda, teniendo en cuenta al mismo tiempo la existencia de costes de operación, y garantizará que no se cobre automáticamente al ordenador y que se prohíba a los proveedores de servicios de pago cobrar a los usuarios de servicios de pago por un tipo determinado de tasas por operaciones-R que excedan de los costes a cargo de los proveedores de servicios de pago por tales operaciones;

b)

las tasas se basarán estrictamente en el coste;

c)

el nivel de las tasas no excederá de los costes reales que la tramitación de una operación-R acarree al proveedor de servicios de pago comparable que sea parte representativa en el mecanismo multilateral en términos de volumen de operaciones y naturaleza de los servicios;

d)

en caso de aplicación de tasas conforme a lo dispuesto en las letras a), b) y c), los proveedores de servicios de pago no podrán imponer a sus respectivos usuarios de servicios de pago gastos adicionales en relación con los costes cubiertos por dichas tasas de intercambio;

e)

no deberá existir ninguna alternativa práctica y económicamente viable, frente al acuerdo, que tenga como resultado una tramitación de las operaciones-R igual o más eficiente a igual o menor coste para el consumidor.

1)

En el artículo 2, el punto 10 se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a un usuario de dichos servicios en relación con pagos transfronterizos serán iguales a las comisiones cobradas por dicho proveedor a los usuarios de servicios de pago en relación con pagos nacionales equivalentes de igual cuantía en la misma moneda.».

3)

El artículo 4 se modifica como sigue:

4)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Con efectos a partir del 1 de febrero de 2016, los Estados miembros suprimirán toda obligación nacional de información sobre los pagos impuesta a los proveedores de servicios de pago a efectos de las estadísticas de la balanza de pagos relativas a las operaciones de pago de sus clientes.».

5)

El artículo 7 se modifica como sigue:

6)

Se suprime el artículo 8.