15.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 331/1

(1)

La estabilidad financiera es una condición previa para que la economía real proporcione puestos de trabajo, crédito y crecimiento. La crisis financiera ha puesto de manifiesto importantes carencias en la supervisión financiera, que no ha podido anticipar una evolución macroprudencial adversa ni impedir la acumulación de riesgos excesivos dentro del sistema financiero.

(2)

El Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en el refuerzo de una auténtica igualdad de condiciones para todas las partes interesadas a escala de la Unión, al tiempo que ha señalado fallos importantes en la supervisión de la Unión de unos mercados financieros cada vez más integrados [en sus Resoluciones, de 13 de abril de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción» (4), de 21 de noviembre de 2002, sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión Europea (5), de 11 de julio de 2007, sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) — Libro Blanco (6), de 23 de septiembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión (7) y de 9 de octubre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión (8), y en sus posiciones de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (9), y de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia (10)].

(3)

En noviembre de 2008, la Comisión encargó a un Grupo de Alto Nivel presidido por Jacques De Larosière la elaboración de una serie de recomendaciones sobre cómo reforzar los mecanismos europeos de supervisión, con vistas a mejorar la protección del ciudadano a restaurar la confianza en el sistema financiero.

(4)

En su informe final, presentado el 25 de febrero de 2009 («Informe De Larosière»), el Grupo de Alto Nivel recomendaba, entre otras cosas, la creación de un órgano de la Unión encargado de supervisar los riesgos en el conjunto del sistema financiero.

(5)

En su Comunicación de 4 de marzo de 2009«Gestionar la recuperación europea», la Comisión acogía con interés y respaldaba en general las recomendaciones del Informe De Larosière. En su reunión de los días 19 y 20 de marzo de 2009, el Consejo Europeo coincidió en la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras en la Unión y de tomar el informe De Larosière como punto de partida de las actuaciones.

(6)

En su Comunicación de 27 de mayo de 2009«Supervisión financiera europea», la Comisión preconizaba una serie de reformas de los actuales mecanismos orientadas a preservar la estabilidad financiera a nivel de la Unión, reformas entre las que cabe citar en particular la creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) responsable de la supervisión macroprudencial. El Consejo, el 9 de junio de 2009, y el Consejo Europeo, en su reunión de los días 18 y 19 de junio de 2009, dieron su respaldo a las recomendaciones de la Comisión y se felicitaron de su intención de presentar propuestas legislativas con vistas a la implantación del nuevo marco en el transcurso de 2010. En consonancia con el parecer de la Comisión, el Consejo consideró, entre otras cosas, que el Banco Central Europeo (BCE) debe «proporcionar apoyo analítico, estadístico, administrativo y logístico a la JERS, apoyándose asimismo en el asesoramiento técnico de los bancos centrales y de los supervisores nacionales». Tanto el apoyo del BCE a la JERS como las tareas asignadas a la JERS deben entenderse sin perjuicio del principio de independencia del BCE en la realización de sus tareas con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(7)

Habida cuenta de la integración de los mercados financieros y el riesgo de contagio de las crisis financieras, es necesario un compromiso fuerte por parte de la Unión a nivel mundial. La JERS debe aprovechar la experiencia de un comité de alto nivel científico y asumir todas las responsabilidades mundiales necesarias para asegurar que se escucha la voz de la Unión en asuntos de estabilidad financiera, en particular cooperando estrechamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Junta de Estabilidad Financiera (JEF), que deberían alertar en una fase temprana sobre los riesgos macroprudenciales a escala mundial, y los socios del Grupo de los Veinte (G-20).

(8)

La JERS debe contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de las recomendaciones del FMI, de la JEF y del Banco de Pagos Internacionales (BPI) al G-20.

(9)

El informe del FMI, BPI y JEF de 28 de octubre de 2009 presentado a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del G-20, titulado «Orientación para evaluar la importancia sistémica de las entidades, mercados e instrumentos financieros: consideraciones preliminares» (Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations) sostiene también que la evaluación del riesgo sistémico puede variar en función del entorno económico. Estará también condicionado por la infraestructura financiera y las disposiciones en materia de gestión de crisis, así como por la capacidad de hacer frente a los fallos cuando se produzcan. Las entidades financieras pueden ser de importancia sistémica para las economías y los sistemas financieros locales, nacionales o internacionales. Los principales criterios que contribuyen a determinar la importancia sistémica de los mercados y las entidades son el tamaño (el volumen de los servicios financieros prestados por el componente individual del sistema financiero), la posibilidad de sustitución (la capacidad de otros componentes del sistema para proporcionar los mismos servicios en caso de fallo) y la interconexión (los vínculos con otros componentes del sistema). Una evaluación basada en estos tres criterios debe completarse con una referencia a la vulnerabilidad financiera y a la capacidad del marco institucional para hacer frente a fallos financieros, y debe tener en consideración un amplio abanico de factores adicionales, tales como, entre otros, la complejidad de ciertas estructuras específicas y determinados modelos empresariales, el grado de autonomía financiera, la intensidad y el alcance de la supervisión, la transparencia de las disposiciones financieras y las vinculaciones que pueden afectar al riesgo global de las instituciones.

(10)

El cometido de la JERS debe consistir en controlar y evaluar el riesgo sistémico en períodos de normalidad con miras a atenuar la exposición del sistema a los riesgos de fallo de los componentes sistémicos y a mejorar la resistencia del sistema financiero en caso de crisis. En este sentido, la JERS debe contribuir a garantizar la estabilidad financiera y a mitigar los impactos negativos sobre el mercado interior y la economía real. Para poder cumplir sus objetivos, la JERS debe analizar toda la información pertinente.

(11)

Los actuales mecanismos de la Unión prestan una atención excesivamente limitada a la supervisión macroprudencial y a las interconexiones entre el sistema financiero y la evolución del entorno macroeconómico más amplio. La responsabilidad del análisis macroprudencial sigue estando fragmentada, puesto que incumbe a diversas autoridades, a distintos niveles, sin mecanismo alguno que garantice que se detectan adecuadamente los riesgos macroprudenciales y que se emiten con claridad avisos y recomendaciones al respecto, que tengan un seguimiento y se traduzcan en medidas concretas. El buen funcionamiento de los sistemas financieros de la Unión y mundiales y la mitigación de las amenazas a los mismos requieren una mayor coherencia entre la supervisión macro y microprudencial.

(12)

Un sistema de supervisión macroprudencial de nuevo diseño exige un liderazgo creíble y de alto perfil. Por lo tanto, dados su papel clave y su credibilidad internacional e interna, y en el espíritu de las recomendaciones del Informe De Larosière, el Presidente del BCE debe ser Presidente de la JERS durante un primer mandato de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Además, se deben reforzar los requisitos de rendición de cuentas, y los órganos de la JERS deben poder recurrir a una amplia gama de experiencias, conocimientos y opiniones.

(13)

El Informe De Larosière indica también que la supervisión macroprudencial no es significativa a menos que de alguna manera pueda incidir en la supervisión de micronivel, mientras que la supervisión microprudencial no puede efectivamente garantizar la estabilidad financiera de manera adecuada si no se tiene en cuenta la evolución a nivel macroeconómico.

(14)

Debe establecerse un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) que agrupe a los actores de la supervisión financiera, tanto a escala nacional como de la Unión, para que actúen como una red. En virtud del principio de cooperación leal, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, las partes del SESF deben cooperar con confianza y respeto mutuo, en especial para garantizar los flujos de información adecuada y fiable entre ellas. A escala de la Unión, la red debe estar compuesta por la JERS y tres autoridades de microsupervisión: la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) (denominadas conjuntamente en lo sucesivo «las AES»).

(15)

La Unión necesita un órgano específico que asuma la supervisión macroprudencial de todo su sistema financiero, que detecte los riesgos que pesen sobre la estabilidad financiera y que, en su caso, emita avisos de riesgo y recomendaciones de actuación para hacer frente a tales riesgos. En consecuencia, procede establecer una JERS como nuevo órgano independiente, que atienda a todos los sectores financieros y a los sistemas de garantía. La JERS debe ser responsable de ejercer la supervisión macroprudencial a nivel de la Unión y no tener personalidad jurídica.

(16)

La JERS debe estar compuesta por una Junta General, un Comité Director, una Secretaría, un Comité Científico Consultivo y un Comité Técnico Consultivo. La composición del Comité Científico Consultivo debe tener en cuenta las normas pertinentes en materia de conflicto de intereses adoptadas por la Junta General. El establecimiento del Comité Técnico Consultivo debe tener en cuenta las estructuras existentes con el fin de evitar toda duplicación.

(17)

La JERS debe emitir avisos y, cuando lo considere necesario, recomendaciones de carácter general o específico, que deben dirigirse en particular a la Unión Europea en su conjunto, a uno o varios Estados miembros o a una o varias AES o autoridades nacionales de supervisión, con un plazo determinado para responder a los mismos a través de la oportuna actuación.

(18)

La JERS debe elaborar un código de colores a fin de que los interesados puedan evaluar mejor la naturaleza del riesgo.

(19)

A fin de incrementar su influencia y legitimidad, resulta oportuno que los citados avisos y recomendaciones se transmitan asimismo, respetando normas estrictas de confidencialidad, al Consejo, a la Comisión y, cuando estén dirigidas a una o varias autoridades nacionales de supervisión, a las AES. De acuerdo con el cometido que le asigna el TFUE, el Comité Económico y Financiero (CEF) preparará las deliberaciones del Consejo. Con este fin y para proporcionar un asesoramiento político oportuno al Consejo sobre las medidas que deban adoptarse, la JERS debe mantener regularmente informado al CEF y debe remitir los textos de todos los avisos y recomendaciones tan pronto como se hayan adoptado.

(20)

La JERS debe asimismo comprobar el cumplimiento de sus avisos y recomendaciones, basándose en informes presentados por los destinatarios, a fin de cerciorarse de que se atienda eficazmente a sus avisos y recomendaciones. Es preciso que los destinatarios de las recomendaciones tomen medidas al respecto y proporcionen una justificación adecuada en caso de inacción (obligación de «actuar o dar explicaciones»). Si la JERS considera que la respuesta no es la apropiada, debe informar de ello, respetando normas estrictas de confidencialidad, a los destinatarios, al Consejo y, si procede, a la Autoridad Europea de Supervisión interesada.

(21)

La JERS debe decidir, caso por caso y tras haber informado al Consejo con antelación suficiente para que este pueda reaccionar, la conveniencia de que una recomendación se mantenga confidencial o se haga pública, teniendo en cuenta que la publicación puede contribuir a fomentar el cumplimiento de las recomendaciones en determinadas circunstancias.

(22)

Si la JERS detecta un riesgo que pueda poner gravemente en peligro el buen funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión, debe informar al Consejo sin demora de la situación. Si la JERS determina que puede presentarse una situación de emergencia, debe ponerse en contacto con el Consejo y proporcionarle una evaluación de la situación. El Consejo debe evaluar entonces la necesidad de adoptar una decisión dirigida a las AES en la que se determine la existencia de una situación de emergencia. Durante dicho proceso, es de capital importancia que se preste la debida protección a la confidencialidad.

(23)

Resulta oportuno que la JERS rinda cuentas al Parlamento Europeo y al Consejo una vez al año, como mínimo, y con mayor frecuencia en caso de perturbaciones financieras generalizadas. Cuando proceda, el Parlamento Europeo y el Consejo deben poder invitar a la JERS a que examine cuestiones concretas relacionadas con la estabilidad financiera.

(24)

El BCE y los bancos centrales nacionales deben desempeñar un papel protagonista en la supervisión macroprudencial, habida cuenta de su pericia y de sus actuales responsabilidades en materia de estabilidad financiera. Es importante que los supervisores nacionales participen en este proceso aportando su pericia específica. Resulta indispensable la participación de los supervisores microprudenciales en los trabajos de la JERS a fin de garantizar que la evaluación del riesgo macroprudencial esté basada en información completa y exacta sobre la evolución del sistema financiero. En consecuencia, los presidentes de las AES deben tener la condición de miembros con derecho de voto. Un representante de las autoridades de supervisión nacionales competentes de cada Estado miembro debe poder asistir a las reuniones de la Junta General sin derecho de voto. En un espíritu de apertura, quince personas independientes deben facilitar a la JERS conocimiento experto externo a través del Comité Científico Consultivo.

(25)

La participación de un miembro de la Comisión en la JERS permitirá establecer un nexo con la supervisión macroeconómica y financiera de la Unión, al tiempo que la asistencia del presidente del CEF reflejará el papel de los Ministerios responsables en el ámbito financiero de los Estados miembros y del Consejo en la salvaguardia de la estabilidad financiera y en la supervisión económica y financiera.

(26)

Es indispensable que los miembros de la JERS ejerzan sus funciones de manera imparcial, atendiendo únicamente a la estabilidad financiera de la Unión en su conjunto. Cuando no pueda alcanzarse un consenso, las votaciones sobre los avisos y las recomendaciones en el seno de la JERS no deben estar sujetas a ponderación y las decisiones deben, por regla general, adoptarse por mayoría simple.

(27)

La interconexión de las entidades y los mercados financieros implica que el control y la evaluación de los riesgos sistémicos potenciales se basen en un conjunto amplio de datos e indicadores macroeconómicos y microfinancieros pertinentes. Esos riesgos sistémicos incluyen un riesgo de perturbación de los servicios financieros causado por un trastorno en la totalidad o en parte del sistema financiero de la Unión, que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real. Todo tipo de institución e intermediario, mercado, infraestructura e instrumento financieros puede tener una importancia sistémica. La JERS debe, por tanto, tener acceso a cuanta información resulte necesaria para el desempeño de sus funciones, preservando, si procede, la confidencialidad de dicha información.

(28)

Las medidas sobre recopilación de información establecidas en el presente Reglamento resultan necesarias para la ejecución de las funciones de la JERS y han de entenderse sin perjuicio del marco jurídico del Sistema Estadístico Europeo en el ámbito de las estadísticas. Por tanto, el presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (14), así como del Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (15).

(29)

Los participantes en el mercado pueden contribuir valiosamente a la comprensión de los fenómenos que afectan al sistema financiero. En su caso, la JERS debe, por tanto, consultar a los interesados del sector privado (por ejemplo, representantes del sector financiero, asociaciones de consumidores, agrupaciones de usuarios del ámbito de los servicios financieros establecidas por la Comisión o en virtud de la normativa de la Unión) y brindarles la oportunidad de manifestar sus observaciones.

(30)

La creación de la JERS debe contribuir directamente a la consecución de los objetivos del mercado interior. La supervisión macroprudencial en la Unión del sistema financiero forma parte integral de los nuevos mecanismos globales de supervisión de la Unión Europea, dada la estrecha relación existente entre el aspecto macroprudencial y las funciones de supervisión microprudencial atribuidas a las AES. Únicamente si se establece un dispositivo que reconozca adecuadamente la interdependencia de los riesgos microprudenciales y los macroprudenciales podrá lograrse un grado de confianza suficiente de todos los interesados para llevar a cabo actividades financieras transfronterizas. Es preciso que la JERS controle y evalúe los riesgos que supongan para la estabilidad financiera hechos que puedan tener una incidencia sectorial o repercutir en el sistema financiero en su conjunto. Al atender a tales riesgos, la JERS contribuirá directamente a vertebrar una estructura de supervisión de la Unión integrada, necesaria para promover reacciones oportunas y coherentes entre los Estados miembros, evitando así planteamientos divergentes y mejorando el funcionamiento del mercado interior.

(31)

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 2 de mayo de 2006 en el asunto C-217/04 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea), mantuvo que «nada en la redacción del artículo 95 CE [actual artículo 114 TFUE] permite concluir que las medidas adoptadas por el legislador comunitario sobre la base de esta disposición deban limitarse, en lo que se refiere a sus destinatarios, exclusivamente a los Estados miembros. En efecto, puede resultar necesario, de acuerdo con una valoración efectuada por dicho legislador, instituir un organismo comunitario encargado de contribuir a alcanzar una armonización en situaciones en las que, para facilitar la ejecución y aplicación uniformes de actos basados en dicha disposición, se considera que es adecuado adoptar medidas no vinculantes de acompañamiento y encuadramiento» (16). La JERS debe contribuir a la estabilidad financiera necesaria para una mayor integración financiera del mercado interior supervisando los riesgos sistémicos y formulando avisos y recomendaciones de ser necesario. Dichos cometidos están estrechamente ligados a los objetivos de la legislación de la Unión relativa al mercado interior de los servicios financieros. Conviene, pues, que la creación de la JERS se realice sobre la base jurídica del artículo 114 TFUE.

(32)

Como se sugiere en el Informe De Larosière, es necesario un enfoque gradual, y el Parlamento Europeo y el Consejo deben efectuar una revisión completa del SESF, la JERS y las AES antes del 17 de diciembre de 2013.

(33)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la supervisión macroprudencial eficaz del sistema financiero de la Unión no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a la integración de los mercados financieros de la Unión y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

a)

la JERS;

b)

la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1093/2010;

c)

la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1094/2010;

d)

la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), creada en virtud del Reglamento (UE) no 1095/2010;

e)

el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión (Comité Mixto) previsto en el artículo 54 del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010;

f)

las autoridades competentes o las autoridades de supervisión de los Estados miembros especificadas en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1093/2010, el Reglamento (UE) no 1094/2010 y el Reglamento (UE) no 1095/2010.

a)

«entidad financiera»: toda empresa comprendida en el ámbito de aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010, así como cualquier otra empresa o entidad que opere en la Unión y cuya principal actividad sea de índole similar;

b)

«sistema financiero»: el conjunto de entidades y mercados financieros, los productos y las infraestructuras de mercado;

c)

«riesgo sistémico»: un riesgo de perturbación del sistema financiero, que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real. Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieros pueden ser sistémicamente importantes en cierto grado.

a)

determinar y/o recopilar, y analizar toda la información pertinente y necesaria, a efectos de alcanzar los objetivos descritos en el apartado 1;

b)

identificar y priorizar los riesgos sistémicos;

c)

emitir avisos cuando dichos riesgos sistémicos se consideren significativos, y, en caso necesario, hacer públicos dichos avisos;

d)

formular recomendaciones para la adopción de medidas correctoras en respuesta a los riesgos detectados, y, en su caso, hacer públicas dichas recomendaciones;

e)

emitir un aviso confidencial dirigido al Consejo cuando decida que podría plantearse una situación de emergencia tal como se define en el artículo 18 del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010 y proporcionar al Consejo una evaluación de la situación para que este considere la necesidad de adoptar una decisión dirigida a las AES determinando la existencia de una situación de emergencia;

f)

vigilar que se adopten medidas en respuesta a los avisos y recomendaciones;

g)

colaborar estrechamente con todas las demás partes en el SESF y, en su caso, proporcionar a las AES la información sobre riesgos sistémicos necesaria para el desempeño de su cometido; y, en particular, en cooperación con las AES, desarrollar, un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos (cuadro de riesgos) para determinar y medir el riesgo sistémico;

h)

participar, en caso necesario, en el Comité Mixto;

i)

coordinar sus acciones con las de las organizaciones financieras internacionales, en particular el FMI y el JEF, así como con los organismos pertinentes de terceros países, en cuanto se refiere a la supervisión macroprudencial;

j)

realizar otras tareas conexas, conforme a lo especificado en la legislación de la Unión.

a)

el Presidente y el Vicepresidente del BCE;

b)

los Gobernadores de los bancos centrales nacionales;

c)

un miembro de la Comisión;

d)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea);

e)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);

f)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Mercados y Valores);

g)

el Presidente y los dos Vicepresidentes del Comité Científico Consultivo;

h)

el Presidente del Comité Técnico Consultivo.

a)

un representante de alto nivel por cada autoridad nacional de supervisión competente de los Estados miembros, de conformidad con el apartado 3;

b)

el Presidente del Comité Económico y Financiero (CEF).

a)

el Presidente y el Vicepresidente primero de la JERS;

b)

el Vicepresidente del BCE;

c)

otros cuatro miembros de la Junta General que sean asimismo miembros del Consejo General del BCE, respetando la necesidad de una representación equilibrada de los Estados miembros en general y entre aquellos cuya moneda es el euro y aquellos cuya moneda no es el euro; estos serán elegidos, por un período de tres años, de entre los miembros de la Junta General que sean asimismo miembros del Consejo General del BCE, y por esos mismos miembros;

d)

un miembro de la Comisión;

e)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea);

f)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);

g)

el Presidente de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados);

h)

el Presidente del CEF;

i)

el Presidente del Comité Científico Consultivo, y

j)

el Presidente del Comité Técnico Consultivo.

a)

un representante de cada uno de los bancos centrales nacionales y un representante del BCE;

b)

un representante de las autoridades nacionales de supervisión competentes por Estado miembro, de acuerdo con el párrafo 2;

c)

un representante de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea);

d)

un representante de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);

e)

un representante de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados);

f)

dos representantes de la Comisión;

g)

un representante del CEF, y

h)

un representante del Comité Científico Consultivo.