5.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 140/114

(1)

El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo (3), es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

(2)

El sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente establecido por la Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), señala el cambio climático como acción prioritaria. Este Programa reconoce que la Comunidad se ha comprometido a conseguir, entre 2008 y 2012, una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 y que, a más largo plazo, las emisiones mundiales de estos gases tendrán que disminuir aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990.

(3)

La Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada «Limitar el calentamiento mundial a 2 °C — Medidas necesarias hasta 2020 y después», precisa que, en el contexto de la reducción global de las emisiones de CO2 en un 50 % de aquí a 2050, es necesario reducir en un 30 % las emisiones en el mundo desarrollado de aquí a 2020, y entre un 60 % y el 80 % de aquí a 2050. Asimismo, se señala que dicha reducción es técnicamente factible y que los beneficios compensan ampliamente los costes, si bien para alcanzar este objetivo es necesario promover todas las opciones de reducción de las emisiones.

(4)

La captura y el almacenamiento geológico de carbono (CAC) es una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. Consiste en capturar el dióxido de carbono (CO2) emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento e inyectarlo en una formación geológica subterránea adecuada con vista a su almacenamiento permanente. Esta tecnología no debe ser un incentivo para aumentar la proporción de las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles. Su desarrollo no debe llevar a la reducción de los esfuerzos de apoyo a las políticas de ahorro energético, a las fuentes renovables de energía y a otras tecnologías seguras y sostenibles con baja emisión de carbono, ni en el ámbito de la investigación ni en el financiero.

(5)

Estimaciones preliminares, efectuadas con vistas a evaluar el impacto de la Directiva y a las que se refiere la evaluación de impacto de la Comisión, indican que se podrían almacenar siete millones de toneladas de CO2 de aquí a 2020, y hasta 160 millones de toneladas de aquí a 2030, si se logra una reducción del 20 % de las emisiones de efecto invernadero de aquí a 2020 y si la tecnología de CAC obtiene apoyo privado, nacional y comunitario y resulta ser una tecnología segura desde la perspectiva ambiental. Las emisiones de CO2 que se eviten en 2030 podrían representar aproximadamente el 15 % de las reducciones exigidas en la Unión.

(6)

La segunda fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático, a que se refiere la Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2005, titulada «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial», con el fin de preparar y examinar la futura política climática de la UE, dio lugar a la creación de un Grupo de trabajo sobre la captura y el almacenamiento geológico de carbono. Este Grupo de trabajo recibió el mandato de estudiar las posibilidades ofrecidas por la CAC como medio para mitigar el cambio climático. El Grupo publicó un informe detallado sobre la regulación, que fue adoptado en junio de 2006. El informe insistía en la necesidad de promover un marco político y reglamentario de la CAC e instaba a la Comisión a seguir profundizando en este ámbito.

(7)

La Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada «Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles: Conseguir centrales eléctricas de carbón con emisiones próximas a cero después de 2020», reiteró la necesidad de disponer de un marco reglamentario basado en una evaluación integrada de los riesgos de fugas de CO2, incluyendo requisitos de selección de los emplazamientos con el fin de reducir al mínimo los riesgos de fugas, sistemas de seguimiento y de notificación para verificar el almacenamiento y medidas apropiadas para reparar los daños que pudieran producirse. La Comunicación estableció un plan de acción de la Comisión en este ámbito durante 2007, que preveía la creación de un marco de gestión sólido de la CAC, y que incluía el establecimiento de un marco reglamentario, medidas incentivadoras y programas de apoyo, así como elementos externos, por ejemplo la cooperación tecnológica con los países clave en el ámbito de la CAC.

(8)

El Consejo Europeo de marzo de 2007 también instó a los Estados miembros y a la Comisión a reforzar la investigación y el desarrollo y a definir el merco técnico, económico y reglamentario necesario para eliminar los obstáculos jurídicos actuales y para aplicar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono respetuosas del medio ambiente con nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles, si es posible de aquí a 2020.

(9)

El Consejo Europeo de marzo de 2008 recordó que el objetivo de la propuesta de un marco regulador para la CAC era garantizar que esta nueva tecnología pueda ser desplegada de manera segura para el medio ambiente.

(10)

El Consejo Europeo de junio de 2008 pidió a la Comisión que desarrollara lo antes posible un mecanismo para incentivar la inversión por parte de los Estados miembros y del sector privado para garantizar la construcción y la puesta en funcionamiento antes de 2015 de hasta 12 centrales de demostración de CAC.

(11)

Cada uno de los distintos componentes de la CAC, es decir, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2 ha sido objeto de proyectos piloto a una escala más pequeña de la que se requiere para su aplicación industrial. Todavía es necesaria la integración de dichos componentes en un proceso completo de CAC, los costes tecnológicos se han de reducir y se tienen que recopilar más y mejores conocimientos científicos. Por consiguiente, es importante que la Comunidad despliegue lo antes posible esfuerzos en materia de demostración en un ámbito de actuación integrado, que incluya en particular un marco jurídico para la aplicación ambientalmente segura del almacenamiento de CO2, así como incentivos, sobre todo los destinados a potenciar la investigación y el desarrollo, y esfuerzos en términos de proyectos de demostración y medidas de sensibilización pública.

(12)

A nivel internacional, se han eliminado los obstáculos jurídicos al almacenamiento geológico de CO2 en formaciones geológicas situadas en el subsuelo marino mediante la adopción de marcos para la gestión de los riesgos asociados, por un lado en virtud del Protocolo de Londres de 1996 del Convenio de 1972 sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias (Protocolo de Londres de 1996 al Convenio de Londres de 1972) y, por otro lado, en virtud del Convenio sobre Protección del Medio Marino del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR).

(13)

En 2006 las Partes contratantes del Protocolo de Londres de 1996 adoptaron modificaciones al mismo. Estas modificaciones autorizan y regulan el almacenamiento de flujos de CO2 procedentes de los procesos de captura del CO2 en formaciones geológicas situadas en el subsuelo marino.

(14)

En 2007, las Partes contratantes del Convenio OSPAR adoptaron modificaciones de los anexos del Convenio con el fin de autorizar el almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas situadas en el subsuelo marino, así como una decisión dirigida a garantizar el almacenamiento seguro de los flujos de CO2 en formaciones geológicas y las Directrices OSPAR para la evaluación y la gestión de riesgos vinculados a esta actividad. Además, adoptaron una decisión para prohibir la liberación directa de CO2 en la columna de agua oceánica o en el fondo marino, debido a sus efectos negativos potenciales.

(15)

A nivel de la Comunidad, ya existe un conjunto de instrumentos legislativos para gestionar algunos de los riesgos medioambientales de la CAC, en particular en materia de captura y transporte de CO2, y deben ser utilizados en la medida de lo posible.

(16)

La Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (5), permite regular, respecto a determinadas actividades industriales, los riesgos de la captura de CO2 para el medio ambiente y la salud humana y por consiguiente debe aplicarse a la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico, procedentes de las instalaciones incluidas en el ámbito de dicha Directiva.

(17)

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (6), se aplica a la captura y el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico. Igualmente deberá aplicarse a los emplazamientos de almacenamiento en virtud de la presente Directiva.

(18)

Conviene que la presente Directiva se aplique al almacenamiento geológico de CO2 dentro del territorio de los Estados miembros, en sus zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales. La Directiva no debe aplicarse a los proyectos emprendidos con fines de investigación, desarrollo o puesta a prueba de nuevos productos y procesos cuya capacidad de almacenamiento total prevista sea inferior a 100 kilotoneladas. Este umbral también parece apropiado a los fines de otras normativas comunitarias pertinentes. Debe prohibirse el almacenamiento de CO2 en complejos de almacenamiento situados fuera del ámbito de aplicación territorial de la presente Directiva, así como en la columna de agua.

(19)

Conviene que los Estados miembros mantengan el derecho de determinar las regiones de su territorio en las que podrán localizarse los emplazamientos de almacenamiento. Esto incluye el derecho de los Estados miembros de no permitir el almacenamiento en su territorio o en determinadas zonas de este o de dar prioridad a algún otro uso del subsuelo, como la exploración, la producción o el almacenamiento de hidrocarburos o el uso geotérmico de acuíferos. En este contexto, los Estados miembros deben, en particular, tener debidamente en cuenta las otras opciones relacionadas con la energía para el uso de un potencial emplazamiento de almacenamiento, incluidas las opciones estratégicas relativas a la seguridad del abastecimiento energético del Estado miembro de que se trate o al fomento de fuentes renovables de energía. La selección del emplazamiento de almacenamiento adecuado es esencial para garantizar que el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado. Los Estados miembros deben tener en cuenta sus características geológicas, por ejemplo, su sismicidad, de la manera más objetiva y eficaz posible al seleccionar los emplazamientos de almacenamiento. El emplazamiento de almacenamiento elegido debe garantizar que no existe riesgo importante de fuga y que no hay que temer ninguna consecuencia medioambiental o para la salud humana significativa en el caso de producirse esta. Para ello, se llevará a cabo la caracterización y la evaluación de los complejos de almacenamiento potenciales con arreglo a condiciones específicas.

(20)

La recuperación mejorada de hidrocarburos (RMH) se refiere a la recuperación de hidrocarburos que se logra adicionalmente a los que se extraen mediante inyección de agua o por otros medios. La RMH como tal no se incluye en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante cuando la RMH se combina con el almacenamiento geológico del CO2, las disposiciones de la presente Directiva relativas al almacenamiento ambientalmente seguro de CO2 son de aplicación. En ese caso, no se prevé que las disposiciones de la presente Directiva referentes a las fugas se apliquen a las cantidades de CO2 que se liberen de las instalaciones de superficie que no sean superiores a lo necesario en el proceso normal de extracción de hidrocarburos, sin que ello comprometa la seguridad del almacenamiento geológico ni tenga efectos adversos en el entorno ambiental. Tales fugas están reguladas por la inclusión de los emplazamientos de almacenamiento en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (7), que requiere la entrega de derechos de emisión en caso de fugas.

(21)

Los Estados miembros deben poner a disposición del público la información medioambiental sobre el almacenamiento geológico de CO2 de conformidad con la legislación comunitaria aplicable.

(22)

Los Estados miembros que tengan la intención de permitir el almacenamiento geológico de CO2 en su territorio deben llevar a cabo una evaluación de la capacidad de almacenamiento de que disponen en él. La Comisión debe organizar el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados miembros, en el contexto del intercambio de información establecido en la presente Directiva.

(23)

Los Estados miembros deben determinar en qué casos conviene efectuar una exploración para obtener la información necesaria para la elección del emplazamiento. La exploración, es decir, las actividades de penetración subterránea, debe quedar sujeta a la obligación de autorización. Los Estados miembros no tienen por qué fijar criterios de admisión para los procedimientos de concesión de permisos de exploración, pero cuando lo hagan deben al menos asegurarse de que los procedimientos para la concesión de permisos de exploración estén abiertos a todas las entidades que cuenten con las capacidades necesarias. Los Estados miembros deben asegurarse asimismo de que los permisos se conceden con arreglo a criterios objetivos, públicos y no discriminatorios. Con objeto de proteger y fomentar las inversiones en exploración, conviene que los permisos de exploración se concedan para un volumen determinado y para un período limitado, durante el cual el titular del permiso tendrá el derecho exclusivo de explorar el complejo de almacenamiento de CO2 potencial. Los Estados miembros deben velar por que no se autoricen usos conflictivos del complejo durante dicho período. Si no se lleva a cabo ninguna actividad en un plazo razonable, los Estados miembros deben garantizar que se retira el permiso de exploración para que así se pueda conceder a otras entidades.

(24)

Los emplazamientos de almacenamiento no deben explotarse sin un permiso de almacenamiento. Dicho permiso debe ser el instrumento fundamental que garantice el cumplimiento de los requisitos esenciales de la presente Directiva y que, por consiguiente, el almacenamiento geológico no causa daños al medio ambiente. Al otorgar el permiso de almacenamiento debe darse prioridad al titular del permiso de exploración frente a los competidores ya que aquel habrá generalmente efectuado inversiones considerables.

(25)

Durante la primera fase de aplicación de la presente Directiva, a fin de garantizar la aplicación coherente de los requisitos de la presente Directiva en toda la Comunidad, conviene que todas las solicitudes de permisos de almacenamiento sean facilitadas a la Comisión a su recepción. Conviene que todos los proyectos de permisos de almacenamiento se transmitan a la Comisión para que pueda emitir un dictamen sobre estos proyectos dentro de los cuatro meses siguientes a su recepción. Las autoridades nacionales han de tener en cuenta este dictamen cuando adopten su decisión sobre el permiso y justificar cualquier discrepancia respecto del dictamen de la Comisión. Es necesario que la evaluación realizada a nivel comunitario favorezca también el fomento de la confianza pública en la tecnología de CAC.

(26)

Conviene que la autoridad competente evalúe y, en su caso, actualice o retire, el permiso de almacenamiento, en particular si llegan a su conocimiento fugas o irregularidades significativas, si los informes presentados por los titulares o las inspecciones realizadas revelan el incumplimiento de las condiciones del permiso, o si tiene conocimiento de cualquier otro incumplimiento de las condiciones del permiso. Tras la retirada de un permiso, la autoridad competente debe decidir conceder un nuevo permiso o el cierre del emplazamiento de almacenamiento. Al mismo tiempo, es necesario que la autoridad competente asuma la responsabilidad del emplazamiento de almacenamiento y las obligaciones legales específicas. Conviene que los costes afrontados sean restituidos por el titular precedente.

(27)

Es necesario imponer limitaciones relativas a la composición del flujo de CO2 coherentes con el propósito principal del almacenamiento geológico, consistente en aislar las emisiones de CO2 de la atmósfera, y que estas limitaciones estén dictadas por los riesgos que puede suponer la contaminación para la fiabilidad y seguridad de la red de transporte y almacenamiento y para el medio ambiente y la salud humana. Para ello, conviene comprobar la composición del flujo de CO2 previamente a su inyección y almacenamiento. La composición del flujo de CO2 es el resultado de los procesos que tienen lugar en las instalaciones de captura. A raíz de la inclusión de las instalaciones de captura en la Directiva 85/337/CEE, en el proceso de concesión del permiso de captura se debe efectuar una evaluación de impacto ambiental. Además, la inclusión de las instalaciones de captura en la Directiva 2008/1/CE garantiza la obligación de establecer y aplicar las mejores técnicas disponibles para mejorar la composición del flujo de CO2. Además, de conformidad con la presente Directiva, el titular del emplazamiento de almacenamiento solo debe aceptar e inyectar flujos de CO2 si se ha llevado a cabo un análisis de la composición, incluidas las sustancias corrosivas, de los flujos y una evaluación de riesgos y si esta ha mostrado que los niveles de contaminación de los flujos de CO2 son conformes a los criterios de composición contemplados en la presente Directiva.

(28)

El seguimiento es esencial para evaluar si el CO2 inyectado se comporta de la manera prevista, para detectar la existencia de posibles fugas y para determinar si la fuga detectada constituye un peligro para el medio ambiente o la salud humana. Para ello, es necesario que los Estados miembros garanticen que durante la fase de explotación el titular lleva a cabo el seguimiento del complejo de almacenamiento y de las instalaciones de inyección con arreglo a un plan de seguimiento elaborado de conformidad con requisitos específicos. El plan debe presentarse a la autoridad competente y ser aprobado por esta. En caso de que el emplazamiento de almacenamiento geológico esté situado bajo el fondo marino, el seguimiento se debe adaptar también a las condiciones específicas de la gestión de las actividades de CAC en el medio marino.

(29)

Conviene que el titular transmita a la autoridad competente, entre otras cosas, los resultados del seguimiento al menos una vez al año. Además, los Estados miembros deben establecer un sistema de inspecciones que garantice que la explotación del emplazamiento de almacenamiento se realiza de conformidad con los requisitos de la presente Directiva.

(30)

Conviene establecer disposiciones relativas a la responsabilidad por daños causados al medio ambiente local y por daños al clima resultantes de un fallo del confinamiento permanente de CO2. La responsabilidad por daños medioambientales (daños a especies protegidas y hábitats naturales, aguas y tierras) está regulada por la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (8), que debe aplicarse a la explotación de los emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la presente Directiva. La responsabilidad por daños al clima debido a fugas está cubierta por la inclusión de los emplazamientos de almacenamiento en la Directiva 2003/87/CE, que requiere la entrega de derechos de emisión en caso de fugas. Asimismo, conviene que la presente Directiva obligue al titular de los emplazamientos de almacenamiento a adoptar medidas correctoras en caso de fugas o irregularidades significativas, con arreglo a un plan presentado a la autoridad nacional competente y aprobado por esta. En caso de que el titular no adopte las medidas correctoras necesarias, corresponde hacerlo a la autoridad competente, quien reclamará al titular los costes correspondientes.

(31)

Un emplazamiento de almacenamiento debe cerrarse una vez cumplidas las condiciones pertinentes establecidas en el permiso, a petición del titular previa autorización de la autoridad competente, o cuando la autoridad competente así lo decida tras la retirada de un permiso de almacenamiento.

(32)

Tras el cierre de un emplazamiento de almacenamiento, conviene que el titular siga siendo responsable del mantenimiento, el seguimiento y el control, así como de la elaboración de informes y de la adopción de medidas correctoras de conformidad con los requisitos de la presente Directiva, sobre la base de un plan presentado a la autoridad competente y aprobado por esta, así como en lo que respecta a todas las obligaciones que se deriven en virtud de otras disposiciones comunitarias, hasta que la responsabilidad del emplazamiento sea transferida a la autoridad competente.

(33)

Conviene transferir a la autoridad competente la responsabilidad del emplazamiento de almacenamiento y las obligaciones jurídicas específicas, únicamente cuando todas las pruebas disponibles indiquen que el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado. Con este fin, conviene que el titular presente un informe a la autoridad competente para la aprobación de la transferencia. Durante la primera fase de aplicación de la presente Directiva, a fin de garantizar la aplicación coherente de los requisitos de la presente Directiva en toda la Comunidad, conviene que todos los informes sean facilitados a la Comisión tras su recepción. Conviene que los proyectos de decisiones de aprobación se transmitan a la Comisión para que esta pueda emitir un dictamen sobre los mismos dentro de los cuatro meses siguientes a su recepción. Las autoridades nacionales deben tener en cuenta este dictamen cuando adopten su decisión sobre la aprobación y justificar cualquier discrepancia respecto del dictamen de la Comisión. El examen de los proyectos de decisión de aprobación debe, al igual que el examen de los proyectos de permiso de almacenamiento comunitarios contribuir también a fomentar la confianza pública en la tecnología de CAC.

(34)

Las responsabilidades distintas a las que cubren la presente Directiva, la Directiva 2003/87/CE y la Directiva 2004/35/CE, en particular las relativas a la fase de inyección, el cierre del emplazamiento de almacenamiento y el período siguiente a la transferencia de obligaciones jurídicas a la autoridad competente, deben tratarse a nivel nacional.

(35)

Después de la transferencia de responsabilidad, el seguimiento debe reducirse a un nivel que siga permitiendo la detección de fugas o irregularidades importantes, pero debe intensificarse de nuevo en caso de que se detecten fugas o irregularidades importantes. Asimismo, una vez transferida la responsabilidad, la autoridad competente no reclamará al titular precedente los costes en los que haya incurrido, salvo en caso de culpa o negligencia por parte del titular con anterioridad a la transferencia del emplazamiento de almacenamiento.

(36)

Conviene adoptar disposiciones financieras para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cierre y tras el cierre de los emplazamientos, así como las resultantes de la inclusión de los emplazamientos en la Directiva 2003/87/CE y la obligación de adoptar medidas correctoras prevista por la presente Directiva en caso de fuga o de irregularidad significativa. Los Estados miembros deben garantizar que el titular potencial haya tomado medidas financieras, mediante la constitución de una garantía financiera o cualquier otra medida equivalente, de modo que sean válidas y efectivas antes del inicio de la inyección.

(37)

Es posible que, después de la transferencia de responsabilidad, las autoridades nacionales tengan que soportar costes, tales como los costes de seguimiento, asociados al almacenamiento de CO2. Por consiguiente, el titular debe aportar una contribución financiera a la autoridad competente antes de que tenga lugar la transferencia de responsabilidad, con arreglo a modalidades que habrán de determinar los Estados miembros. Esta contribución financiera debe cubrir, al menos, los costes anticipados de seguimiento por un período de 30 años. El nivel de la contribución financiera debe determinarse siguiendo directrices que habrá de adoptar la Comisión a fin de ayudar a asegurar la coherencia de la aplicación de los requisitos de la presente Directiva en toda la Comunidad.

(38)

El acceso a las redes de transporte y a los emplazamientos de almacenamiento de CO2, con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios potenciales en la Unión podría condicionar la entrada o la competitividad en el mercado interior de la electricidad y de la energía, en función de los precios relativos del carbono y de la CAC. Por consiguiente, conviene adoptar las disposiciones necesarias para que los usuarios potenciales puedan obtener dicho acceso. Conviene que cada Estado miembro determine la forma de llevarlo a cabo, de conformidad con los objetivos de acceso equitativo, abierto y no discriminatorio y teniendo en cuenta, en particular, la capacidad de transporte y de almacenamiento que esté disponible o que pueda estarlo razonablemente, así como la proporción de sus obligaciones de reducción de CO2 en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales y la normativa comunitaria que debe satisfacer gracias a la CAC. Las conducciones de transporte de CO2 deben diseñarse, en la medida de lo posible, para facilitar el acceso de los flujos de CO2 que cumplan umbrales mínimos de composición razonables. Los Estados miembros han de establecer también los mecanismos de solución de litigios que permitan la rápida resolución de conflictos relativos al acceso a las redes de transporte y a los emplazamientos de almacenamiento.

(39)

Conviene establecer disposiciones para garantizar que en casos de transporte transfronterizo de CO2 y de emplazamientos o complejos de almacenamiento transfronterizos, las autoridades competentes del Estado miembro cumplen los requisitos de la presente Directiva y de la demás normativa comunitaria conjuntamente.

(40)

Conviene que la autoridad competente elabore y mantenga un registro de los permisos de almacenamiento concedidos y de todos los emplazamientos de almacenamiento cerrados y de los complejos de almacenamiento circundantes, que incluya mapas de su extensión espacial que las autoridades nacionales tendrán en cuenta en los procedimientos de planificación y de concesión de permisos. Conviene notificar este registro a la Comisión.

(41)

Es necesario que los Estados miembros presenten un informe sobre la aplicación de la presente Directiva sobre la base de los cuestionarios elaborados por la Comisión con arreglo a la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (9).

(42)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva. Estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(43)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(44)

Conviene en particular conferir competencias a la Comisión para que modifique los anexos. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben aprobarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(45)

Conviene modificar la Directiva 85/337/CEE con el fin de incluir en su ámbito de aplicación la captura y el transporte de los flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico, así como los emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la presente Directiva. Conviene modificar la Directiva 2004/35/CE con el fin de incluir en su ámbito de aplicación la explotación de los emplazamientos de almacenamiento en virtud de presente Directiva. Conviene modificar la Directiva 2008/1/CE con el fin de incluir en su ámbito de aplicación la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico, procedentes de instalaciones reguladas por dicha Directiva.

(46)

La adopción de la presente Directiva debe garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana frente a los riesgos del almacenamiento geológico de CO2. Por esta razón, conviene modificar la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (11), y el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (12), con el fin de excluir del ámbito de aplicación de estos instrumentos la captura y el transporte de CO2 con fines de almacenamiento geológico. Asimismo, procede modificar la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (13), con el fin de autorizar la inyección de CO2 en acuíferos salinos con fines de almacenamiento geológico. Tal inyección está sujeta a las disposiciones de la legislación comunitaria en materia de protección de aguas subterráneas y debe ajustarse al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/60/CE y a la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (14).

(47)

La transición hacia una generación de electricidad con bajo contenido de carbono exige que, en caso de que se genere electricidad con combustibles fósiles, se hagan nuevas inversiones que favorezcan reducciones substanciales de las emisiones. Con este fin, conviene modificar la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (15), con objeto de establecer la obligación de que todas las instalaciones de combustión de una capacidad determinada a las que se haya concedido la primera licencia de construcción o la primera licencia de explotación tras la entrada en vigor de la presente Directiva dispongan de suficiente espacio en los locales de la instalación para el equipo necesario para la captura y la compresión de CO2, si se dispone de emplazamientos de almacenamiento adecuados y si el transporte de CO2 y la adaptación posterior con vistas a la captura de CO2 son viables desde el punto de vista técnico y económico. La viabilidad económica del transporte y de la adaptación posterior debe evaluarse teniendo en cuenta los costes previstos del CO2 que se haya evitado con las condiciones locales específicas en caso de adaptación posterior y los costes previstos de asignaciones de CO2 en la Comunidad. Las proyecciones deben basarse en los últimos datos obtenidos; también se debe hacer una revisión de las opciones técnicas y un análisis de incertidumbres en los procedimientos de evaluación. La autoridad competente debe determinar si se reúnen estas condiciones basándose en una evaluación efectuada por el titular y en la demás información disponible, en particular la relativa a la protección del medio ambiente y la salud humana.

(48)

La Comisión debe llevar a cabo una revisión de la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2015, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la fase inicial de su aplicación, y presentar propuestas de modificación, si procede.

(49)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, es decir, la creación de un marco jurídico para el almacenamiento de CO2 en condiciones seguras para el medio ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, dicho objetivo puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(50)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (16), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(51)

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado.

1)

«almacenamiento geológico de CO2»: la inyección acompañada del almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas subterráneas;

2)

«columna de agua»: la masa de agua vertical continua, desde la superficie hasta los sedimentos del fondo;

3)

«emplazamiento de almacenamiento»: una zona definida en términos de volumen dentro de una formación geológica utilizada para el almacenamiento geológico de CO2 y las instalaciones de superficie e inyección asociadas;

4)

«formación geológica»: la subdivisión litoestratigráfica en la que pueden observarse y cartografiarse capas de roca distintas;

5)

«fuga»: cualquier escape de CO2 del complejo de almacenamiento;

6)

«complejo de almacenamiento»: el emplazamiento de almacenamiento y la zona geológica circundante que puede influir en la integridad y en la seguridad general del almacenamiento (es decir, formaciones de confinamiento secundarias);

7)

«unidad hidráulica»: el espacio poroso conectado hidráulicamente en que la transmisión de la presión se puede medir con medios técnicos y delimitado por barreras de flujo (fallas, minas de sal, fronteras litológicas) o por la separación o el afloramiento de la formación;

8)

«exploración»: la evaluación de los complejos de almacenamiento potenciales a efectos de almacenamiento geológico de CO2 a través de actividades de penetración subterránea, como las perforaciones con el fin de obtener información geológica sobre los estratos del complejo de almacenamiento potencial y, en su caso, la realización de ensayos de inyección para caracterizar el emplazamiento de almacenamiento;

9)

«permiso de exploración»: la decisión escrita y razonada por la que se autoriza la exploración y se especifican las condiciones en las que debe realizarse, expedida por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva;

10)

«titular»: cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, que explote o controle el emplazamiento de almacenamiento o, cuando así lo disponga la legislación nacional, que ostente, por delegación, un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico del emplazamiento de almacenamiento;

11)

«permiso de almacenamiento»: la decisión o decisiones escritas y razonadas por las que se autoriza el almacenamiento geológico de CO2 en un emplazamiento de almacenamiento por parte del titular y se especifican las condiciones en las que debe realizarse, expedidas por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva;

12)

«cambio sustancial»: cualquier modificación no contemplada en el permiso de almacenamiento y susceptible de tener efectos significativos en el medio ambiente o la salud humana;

13)

«flujo de CO2»: el flujo de sustancias resultante de los procesos de captura de CO2;

14)

«residuo»: cualquier sustancia definida como residuo en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/12/CE;

15)

«pluma de CO2»: el volumen de dispersión de CO2 en la formación geológica;

16)

«migración»: el desplazamiento del CO2 dentro del complejo de almacenamiento;

17)

«irregularidad significativa»: cualquier irregularidad registrada en las operaciones de inyección o almacenamiento o en el estado del propio complejo de almacenamiento, que implique un riesgo de fuga o un riesgo para el medio ambiente o la salud humana;

18)

«riesgo significativo»: la combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y de una magnitud del mismo que no se puede despreciar sin cuestionar la finalidad de la presente Directiva en relación con el emplazamiento de almacenamiento de que se trate;

19)

«medidas correctoras»: las medidas adoptadas para corregir irregularidades significativas o para detener las fugas a fin de evitar o detener la fuga de CO2 a partir del complejo de almacenamiento;

20)

«cierre de un emplazamiento de almacenamiento»: el cese definitivo de la inyección de CO2 en ese emplazamiento de almacenamiento;

21)

«período posterior al cierre»: el período que sigue al cierre de un emplazamiento de almacenamiento, incluido el período posterior a la transferencia de responsabilidad a la autoridad competente;

22)

«red de transporte»: la red de tuberías, incluidas las estaciones de bombeo correspondientes, para el transporte de CO2 al emplazamiento de almacenamiento.

1)

el nombre y la dirección del titular potencial;

2)

la prueba de la competencia técnica del titular potencial;

3)

la caracterización del emplazamiento de almacenamiento y del complejo de almacenamiento y evaluación de la seguridad prevista del almacenamiento de conformidad con el artículo 4, apartados 3 y 4;

4)

la cantidad total de CO2 que será inyectada y almacenada, así como las fuentes y métodos de transporte previstos, la composición de los flujos de CO2, los índices y presiones de inyección y la situación de las instalaciones de inyección;

5)

la descripción de las medidas destinadas a prevenir irregularidades significativas;

6)

el plan de seguimiento propuesto de conformidad con el artículo 13, apartado 2;

7)

las medidas correctoras propuestas de conformidad con el artículo 16, apartado 2;

8)

una propuesta de plan provisional para el período posterior al cierre, de conformidad con el artículo 17, apartado 3;

9)

la información facilitada de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 85/337/CEE;

10)

la prueba de que la garantía financiera u otra disposición equivalente de conformidad con el artículo 19 será válida y efectiva antes de que comience la inyección.

1)

la autoridad competente, sobre la base de la solicitud presentada de conformidad con el artículo 7 y de cualquier otra información pertinente, ha comprobado:

2)

que la autoridad competente haya tenido en cuenta los dictámenes de la Comisión emitidos de conformidad con el artículo 10.

1)

el nombre y dirección del titular;

2)

la localización y delimitación precisas del emplazamiento y del complejo de almacenamiento así como información sobre la unidad hidráulica;

3)

los requisitos de la explotación del almacenamiento, la cantidad total de CO2 autorizado para su almacenamiento geológico, los límites de presión del depósito y los índices y presiones de inyección máximos;

4)

los requisitos relativos a la composición del flujo de CO2 y el procedimiento de aceptación de flujos de CO2 de conformidad con el artículo 12, y, en su caso, otros requisitos relativos a la inyección y al almacenamiento, en particular para evitar irregularidades significativas;

5)

el plan de seguimiento aprobado, la obligación de aplicar el plan y los requisitos de actualización del plan de conformidad con el artículo 13, así como los requisitos de notificación de conformidad con el artículo 14;

6)

la obligación de informar a la autoridad competente en caso de detectarse fugas o irregularidades significativas, el plan de medidas correctoras aprobado y la obligación de aplicar dicho plan en caso de fugas o irregularidades significativas de conformidad con el artículo 16;

7)

las condiciones de cierre y el plan provisional para el período posterior al cierre aprobado a que se refiere el artículo 17;

8)

las disposiciones relativas a las modificaciones, la revisión, la actualización y la retirada del permiso de almacenamiento, de conformidad con el artículo 11;

9)

la obligación de establecer y mantener la garantía financiera u otra disposición equivalente, de conformidad con el artículo 19.

a)

si se le ha notificado o ha tenido conocimiento de fugas o irregularidades significativas, de conformidad con el artículo 16, apartado 1;

b)

si los informes presentados de conformidad con el artículo 14 o las inspecciones medioambientales efectuadas en aplicación del artículo 15 muestran el incumplimiento de las condiciones del permiso o el riesgo de fugas o de irregularidades significativas;

c)

si tiene conocimiento de cualquier otro incumplimiento de las condiciones del permiso por parte del titular, o

d)

si resultare necesario a la luz de los últimos descubrimientos científicos y avances tecnológicos;

e)

sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) a d), cinco años después de la expedición del permiso y posteriormente cada diez años.

a)

causar efectos negativos en la integridad del emplazamiento de almacenamiento o en la infraestructura de transporte pertinente;

b)

constituir un riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana, o

c)

infringir las disposiciones aplicables de la normativa comunitaria.

a)

acepta e inyecta flujos de CO2 únicamente si se ha llevado a cabo un análisis de la composición, incluidas las sustancias corrosivas, de los flujos, y una evaluación de riesgos y si esta ha mostrado que los niveles de contaminación son conformes a las condiciones a que se refiere el apartado 1;

b)

mantiene un registro de las cantidades y propiedades de los flujos de CO2 entregados e inyectados, incluida la composición de dichos flujos.

a)

comparar el comportamiento real del CO2 y del agua de formación, en el emplazamiento de almacenamiento con la modelización de dicho comportamiento;

b)

detectar las irregularidades significativas;

c)

detectar la migración de CO2;

d)

detectar las fugas de CO2;

e)

detectar efectos negativos importantes en el entorno inmediato, en particular en el agua potable, para la población, o para los usuarios de la biosfera circundante;

f)

evaluar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas de conformidad con el artículo 16;

g)

actualizar la evaluación de la seguridad y la integridad del complejo de almacenamiento, a corto y largo plazo, incluida la evaluación de si el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado.

1)

todos los resultados del seguimiento realizado de conformidad con el artículo 13 durante el período considerado, incluida la información sobre la tecnología de seguimiento utilizada;

2)

las cantidades y propiedades de los flujos de CO2 entregados e inyectados, incluida la composición de dichos flujos, durante el período considerado, registrados de conformidad con el artículo 12, apartado 3, letra b);

3)

la prueba del establecimiento y del mantenimiento de la garantía financiera de conformidad con el artículo 19 y con el artículo 9, punto 9;

4)

cualquier otra información que la autoridad competente considere útil para evaluar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el permiso de almacenamiento y para mejorar el conocimiento del comportamiento del CO2 en el emplazamiento de almacenamiento.

a)

cuando se haya notificado a la autoridad competente o esta haya tenido conocimiento de irregularidades significativas o de fugas, de conformidad con el artículo 16, apartado 1;

b)

cuando los informes contemplados en el artículo 14 revelen un cumplimiento insuficiente de las condiciones del permiso;

c)

para investigar reclamaciones graves relativas al medio ambiente o la salud humana;

d)

en otros casos, si la autoridad competente lo considera apropiado.

a)

si se han cumplido las condiciones estipuladas en el permiso;

b)

a petición documentada del titular, previa autorización de la autoridad competente, o

c)

cuando así lo decida la autoridad competente tras la retirada de un permiso de almacenamiento, de conformidad con el artículo 11, apartado 3.

a)

se actualizará debidamente, teniendo en cuenta los análisis de riesgo, las mejores prácticas y las mejoras tecnológicas;

b)

se presentará a la aprobación de la autoridad competente, y

c)

será aprobado por la autoridad competente como plan definitivo de post-cierre.

a)

todas las pruebas disponibles indiquen que todo el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado;

b)

haya transcurrido un período mínimo cuya duración deberá determinar la autoridad competente. Dicho período mínimo no será inferior a 20 años, a menos que la autoridad competente esté convencida de que el criterio contemplado en la letra a) se cumplirá antes del final de dicho período;

c)

se haya cumplido con las obligaciones financieras mencionadas en el artículo 20;

d)

el emplazamiento haya sido sellado y se hayan retirado las instalaciones de inyección.

a)

la conformidad del comportamiento real del CO2 inyectado con la modelización de dicho comportamiento;

b)

la ausencia de toda fuga aparente;

c)

que el emplazamiento de almacenamiento está evolucionando hacia una situación de estabilidad a largo plazo.

a)

tras el cierre de un emplazamiento de almacenamiento de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letras a) o b), hasta que la responsabilidad del emplazamiento de almacenamiento se transfiera a la autoridad competente de conformidad con el artículo 18, apartados 1 a 5;

b)

tras la retirada de un permiso de almacenamiento de conformidad con el artículo 11, apartado 3:

a)

la capacidad de almacenamiento que esté disponible o pueda estarlo en condiciones razonables en las zonas determinadas de conformidad con el artículo 4, y la capacidad de transporte que esté disponible o pueda estarlo en condiciones razonables;

b)

la proporción de sus obligaciones de reducción de CO2 en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales y de la normativa comunitaria que tiene previsto cumplir mediante la captura y almacenamiento geológico de CO2;

c)

la necesidad de denegar el acceso en caso de incompatibilidad de las especificaciones técnicas que no pueda subsanarse de forma razonable;

d)

la necesidad de respetar las necesidades razonables y debidamente justificadas del propietario o titular del emplazamiento de almacenamiento o de la red de transporte y los intereses de todos los demás usuarios del emplazamiento o de la red o de las instalaciones de transformación o gestión que puedan resultar afectados.

a)

un registro de los permisos de almacenamiento concedidos, y

b)

un registro permanente de todos los emplazamientos de almacenamiento cerrados y de los complejos de almacenamiento circundantes, que incluya los mapas y secciones de su extensión espacial y la información disponible que permita valorar si el CO2 almacenado quedará completa y permanentemente confinado.

1)

El anexo I se modifica como sigue:

2)

El anexo II se modifica como sigue:

«—

la inyección de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento en formaciones geológicas que por razones naturales no sean apropiadas, de manera permanente, para otros fines, siempre que tal inyección se lleve a cabo de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (17), o esté excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de su artículo 2, apartado 2;

«14.

La explotación de los emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (17).

«a)

los efluentes gaseosos emitidos en la atmósfera y el dióxido de carbono capturado y transportado con fines de almacenamiento geológico y efectivamente almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono] (17), o excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de su artículo 2, apartado 2;

«h)

los traslados de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (17).

«6.9.

Captura de flujos de CO2 procedente de instalaciones reguladas por la presente Directiva, con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono] (17).

—

si ha quedado suficientemente demostrado que el confinamiento permanente de CO2 es tal que previene y reduce tanto como sea posible los efectos negativos en el medio ambiente y los riesgos resultantes para la salud humana, y que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono es segura desde el punto de vista medioambiental y para las personas,

—

si siguen siendo necesarios los procedimientos relativos a las revisiones de los proyectos de permiso de almacenamiento por parte de la Comisión contemplados en el artículo 10 y los proyectos de decisión de transferencia de responsabilidad contemplados en el artículo 18,

—

la experiencia relativa a las disposiciones sobre los criterios de admisión del flujo de CO2 y al procedimiento mencionado en el artículo 12,

—

la experiencia relativa a las disposiciones sobre el acceso de terceros a que hacen referencia los artículos 21 y 22 y las disposiciones sobre cooperación transfronteriza con arreglo al artículo 24,

—

las disposiciones aplicables a las instalaciones de combustión con una producción eléctrica nominal igual o superior a 300 megavatios a que se refiere el artículo 9 bis de la Directiva 2001/80/CE,

—

las prospecciones de almacenamiento geológico de CO2 en terceros países,

—

sucesivos desarrollos y actualizaciones de los criterios mencionados en los anexos I y II,

—

la experiencia con los incentivos para la aplicación de la CAC en instalaciones de combustión de biomasa,

—

la necesidad de establecer nuevas normas sobre riesgos para el medio ambiente en relación con el transporte de CO2,

a)

los emplazamientos de almacenamiento utilizados de conformidad con la legislación vigente en 25 de junio de 2009;

b)

los emplazamientos de almacenamiento autorizados con arreglo a dicha legislación con anterioridad a 25 de junio de 2009, o en dicha fecha, siempre y cuando esos emplazamientos se utilicen como máximo hasta un año después de dicha fecha.