22.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 162/1

(1)

El Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 puso de manifiesto en sus conclusiones que unas redes de energía y de transportes potentes e integradas constituyen la columna vertebral del mercado interior europeo y que un mejor uso de las redes existentes y el establecimiento de las conexiones que faltan permitirán aumentar la eficiencia y la competitividad, y garantizar un nivel adecuado de calidad, así como reducir la congestión y reforzar la sostenibilidad a largo plazo. Esas necesidades se enmarcan dentro de la estrategia adoptada por los jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000, a la que se hace alusión con regularidad a partir de entonces.

(2)

El Consejo Europeo de Bruselas de los días 12 y 13 de diciembre de 2003 aprobó la «Acción Europea para el Crecimiento», en la que invitaba a la Comisión a reorientar los gastos, si procede, hacia inversiones en capital físico y, en particular, en la infraestructura de las redes transeuropeas cuyos proyectos prioritarios constituyen elementos esenciales para reforzar la cohesión del mercado interior.

(3)

Los retrasos en la realización de conexiones transeuropeas eficaces, sobre todo en los tramos transfronterizos, pueden perjudicar de manera significativa la competitividad de la Unión y de los Estados y regiones periféricas, que no podrían aprovechar plenamente los efectos benéficos del gran mercado interior o dejarían de hacerlo.

(4)

En la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (3), el coste previsto para completar la red transeuropea de transporte entre 2007 y 2020 se calculó en 600 000 millones EUR. Las inversiones necesarias únicamente para los proyectos prioritarios del anexo III de dicha Decisión representan alrededor de 160 000 millones EUR para el período 2007-2013.

(5)

Para alcanzar esos objetivos, tanto el Parlamento como el Consejo han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar y adaptar los instrumentos financieros existentes mediante el aumento del nivel de cofinanciación comunitaria, previendo la posibilidad de aplicar un porcentaje de cofinanciación comunitaria más elevado, sobre todo para los proyectos que destacan por su carácter transfronterizo, su función de tránsito o porque atraviesan barreras naturales.

(6)

Como se indica en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el fomento del transporte por vías navegables «Naiades» y dada la sostenibilidad que caracteriza a las vías navegables, los proyectos en este ámbito deben recibir una atención especial.

(7)

En su Resolución de 8 de junio de 2005 sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013 (4), el Parlamento Europeo subraya la importancia estratégica de las redes de transporte para la consolidación definitiva del mercado interior y para el desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con los países candidatos, precandidatos y pertenecientes al «círculo de amigos». Además, expresa su voluntad de examinar instrumentos de financiación innovadores tales como préstamos garantizados, concesiones europeas, préstamos europeos y un fondo de bonificación de intereses.

(8)

Con los importes asignados a las redes transeuropeas de transporte y energía (denominadas en lo sucesivo RTE-T y RTE-E, respectivamente) conforme al marco financiero plurianual 2007-2013, no es posible atender a todas las necesidades relacionadas con las prioridades definidas para la RTE-T en la Decisión no 1692/96/CE y para la RTE-E en la Decisión no 1364/2006/CE (5). A fin de completar las fuentes nacionales de financiación, tanto pública como privada, procede concentrar estos recursos en determinadas categorías de proyectos que ofrecen el mayor valor añadido para el conjunto de la red, en particular, los tramos transfronterizos, incluidas las autopistas del mar y los proyectos destinados a la eliminación de estrangulamientos, como las barreras naturales, por ejemplo, con el fin de garantizar la continuidad de la infraestructura de la RTE-T y la RTE-E. Para facilitar la aplicación coordinada de determinados proyectos, se podrán designar coordinadores europeos con arreglo al artículo 17 bis de la Decisión no 1692/96/CE.

(9)

Teniendo en cuenta que lo que queda de la inversión RTE-T en proyectos prioritarios se estima en alrededor de 250 000 millones EUR y que la referencia financiera europea de 8 013 millones EUR para transporte durante el período 2007-2013 solo representa una parte pequeña del presupuesto necesario para concluir los proyectos prioritarios, la Comisión, con la asistencia de los coordinadores europeos una vez designados, debe adoptar medidas para apoyar y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a financiar y concluir, con arreglo al calendario establecido, la RTE-T planificada. La Comisión debe poner en aplicación las disposiciones relacionadas con los coordinadores europeos mencionados en la Decisión no 1692/96/CE. Asimismo, debe estudiar e intentar resolver junto con los Estados miembros, el problema financiero a largo plazo de la construcción y del funcionamiento de toda la RTE-T, teniendo en cuenta que el período de construcción comprende, al menos, dos períodos presupuestarios de siete años y que la esperanza de vida de la nueva infraestructura es de al menos un siglo.

(10)

La Decisión no 1364/2006/CE señala los objetivos, las prioridades de actuación y los proyectos de interés común para desarrollar la RTE-E, incluidos los proyectos prioritarios, otorgando la debida prioridad a los proyectos declarados de interés europeo. Las inversiones necesarias para que todos los Estados miembros puedan participar plenamente en el mercado interior y para completar las interconexiones con los países vecinos son del orden de 28 000 millones EUR entre 2007 y 2013 únicamente para los proyectos prioritarios.

(11)

El Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de 2003 instó, asimismo, a la Comisión a seguir estudiando la necesidad de crear un instrumento específico comunitario de garantía para cubrir determinados riesgos postconstrucción en el marco de los proyectos de la RTE-T. Respecto a la energía, el Consejo Europeo instó a la Comisión a reorientar los gastos, si procede, hacia inversiones en capital físico a fin de estimular el crecimiento.

(12)

El Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (6), ya representa un avance real, puesto que autoriza un porcentaje de financiación más elevado de 20 % para los proyectos declarados prioritarios. Sin embargo, sigue dependiendo de normas de aplicación que deben simplificarse y de una dotación presupuestaria cuyos recursos son limitados. Por consiguiente, parece necesario complemetar la financiación pública nacional y la financiación privada mediante un aumento de las ayudas comunitarias, tanto por lo que respecta al importe como al porcentaje de intervención, con vistas a reforzar el efecto de palanca de los fondos comunitarios y permitir realizar, así, los proyectos prioritarios aprobados.

(13)

Mediante el presente Reglamento, conviene crear un programa que determine las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de la RTE-T y la RTE-E. Dicho programa, que debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho comunitario, sobre todo en materia de medio ambiente, debe contribuir a reforzar el mercado interior y estimular la competitividad de la Comunidad y el crecimiento en ella.

(14)

Las ayudas financieras comunitarias que se concedan en el marco del presupuesto de las redes transeuropeas deben, además de concentrarse en los proyectos o partes de proyectos que presenten mayor valor añadido europeo, contribuir a incitar a los agentes a acelerar la puesta en marcha de los proyectos prioritarios con arreglo a las Decisiones no 1692/96/CE y no 1364/2006/CE. Las ayudas deben permitir financiar, asimismo, los demás proyectos europeos de infraestructuras de interés común definidos en las citadas Decisiones.

(15)

El objetivo de las ayudas financieras comunitarias es desarrollar proyectos de inversión en la RTE-T y la RTE-E, proporcionar un compromiso financiero firme, movilizar a inversores institucionales e impulsar la formación de asociaciones de financiación de los sectores público y privado. En el sector de la energía, las ayudas financieras deben contribuir principalmente a reducir los obstáculos financieros que puedan plantearse en la preparación de los proyectos y en su desarrollo previo a la realización efectiva, y debe centrarse en los tramos transfronterizos de los proyectos prioritarios y en las interconexiones con países vecinos.

(16)

En su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de 4 de julio de 2005 sobre el despliegue del sistema europeo de señalización ferroviaria ERTMS/ETCS, la Comisión subrayó la importancia de realizar una migración rápida y coordinada hacia ese sistema, a fin de garantizar la interoperabilidad de la RTE-T. Para ello, es necesario un apoyo comunitario selectivo y limitado en el tiempo, tanto en relación con el equipamiento de tierra como con el equipamiento a bordo.

(17)

En determinados proyectos, el Estado o Estados miembros interesados pueden estar representados por organizaciones internacionales. Por lo que respecta a determinados proyectos, la Comisión puede confiar su ejecución a empresas comunes en el sentido del artículo 171 del Tratado. Estas situaciones particulares hacen necesario ampliar el concepto de beneficiario de la contribución financiera comunitaria a efectos del presente Reglamento.

(18)

Para responder a los requisitos específicos de cada proyecto e incrementar la eficacia y el valor de la ayuda financiera comunitaria, esta ayuda podrá revestir diversas formas: subvenciones para estudios y trabajos, subvenciones para pagos por disponibilidad, tipos de interés reducido, garantías de préstamo o participación en fondos de capital de riesgo. Con independencia de la forma que puedan adoptar, las ayudas financieras comunitarias deben concederse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las comunidades europeas (7) y sus modalidades de ejecución, salvo los casos en que el presente Reglamento se aparte explícitamente de dichas normas. La emisión de garantías de préstamo y la participación en fondos de capital de riesgo se basarán en los principios de mercado y estarán destinadas a la autofinanciación a largo plazo.

(19)

Para la concesión de las ayudas financieras comunitarias a proyectos de gran envergadura que se escalonen a lo largo de varios años, conviene prever un compromiso de la Comunidad de base plurianual que distinga por proyectos financiados y por créditos de compromiso autorizados anualmente. Solo un compromiso financiero firme, atractivo y que vincule a la Comunidad a largo plazo permitirá reducir las incertidumbres relacionadas con la realización de esos proyectos y movilizar a los inversores tanto públicos como privados. Los proyectos incluidos en el programa plurianual constituyen la máxima prioridad para el desarrollo de la RET-T, contemplada en la Decisión no 1692/96/CE, y requieren la acción continua de la Comunidad para garantizar su conclusión eficiente y sin dificultades.

(20)

Procede fomentar formas de financiación público-privada, de carácter institucional o contractual, que hayan demostrado su eficacia, mediante garantías jurídicas compatibles con el derecho sobre competenciay mercado interior, y difundir buenas prácticas entre los Estados miembros.

(21)

Debe prestarse una atención especial a la coordinación eficaz del conjunto de las acciones comunitarias que incidan en las redes transeuropeas, sobre todo la financiación procedente de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, así como las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo denominado «el BEI»).

(22)

El presente Reglamento establece, para todo su período de aplicación, una dotación financiera cuyo importe constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual, con arreglo al punto 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (8).

(23)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

(24)

A la luz de la evolución en cada uno de los componentes de la RET-T y la RET-E y de sus características intrínsecas, y con vistas a una gestión más eficaz, conviene prever varios reglamentos diferentes para los ámbitos regulados hasta ahora por el Reglamento (CE) no 2236/95.

(25)

Mediante el presente Reglamento deben establecerse las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de la RET-T y la RET-E de conformidad con el Derecho comunitario y las políticas de la Comunidad, particularmente en materia de competencia, protección del medio ambiente y la salud, desarrollo sostenible y contratación pública, así como con una aplicación efectiva de las políticas comunitarias sobre interoperabilidad.

(26)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el desarrollo de la RTE-T y la RTE-E, no puede ser alcanzado de forma suficiente por los Estados miembros y, debido a la necesidad de coordinar las acciones nacionales, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1)

«proyecto de interés común»: un proyecto o parte de un proyecto considerado de interés común para la Comunidad en el ámbito del transporte con arreglo a la Decisión no 1692/96/CE, o en el ámbito de la energía con arreglo a la Decisión no 1364/2006/CE;

2)

«proyecto prioritario»: en el ámbito del transporte, un proyecto de interés común situado sobre un eje o un proyecto enumerado en el anexo III de la Decisión no 1692/96/CE, o, en el ámbito de la energía, un proyecto de interés común considerado prioritario para la Comunidad con arreglo a la Decisión no 1364/2006/CE;

3)

«proyecto de interés europeo para la energía»: un proyecto maduro que está situado en los ejes prioritarios a que se refiere la Decisión no 1364/2006/CE y que tiene carácter transfronterizo o un impacto significativo en la capacidad de transmisión transfronteriza;

4)

«parte de proyecto»: toda actividad independiente, financiera y técnicamente o en el tiempo y que contribuye a la conclusión de un proyecto;

5)

«tramos transfronterizos»: los tramos transfronterizos a los que hace referencia el artículo 19 ter de la Decisión no 1692/96/CE y los tramos transfronterizos que garantizan la continuidad de un proyecto prioritario entre dos Estados miembros, a través de un tercer país;

6)

«estrangulamiento» en el ámbito del transporte: los obstáculos a la velocidad y/o la capacidad que no permiten garantizar la continuidad de los flujos de transporte;

7)

«beneficiario»: uno o varios Estados miembros, organizaciones internacionales, empresas comunes en el sentido del artículo 171 del Tratado y empresas u organismos públicos o privados que tienen la plena responsabilidad de un proyecto y se proponen invertir fondos propios o fondos aportados por terceros para la realización del proyecto;

8)

«estudios»: las actividades necesarias para preparar la ejecución de un proyecto, incluidos los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación y de validación, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y desarrollar íntegramente un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento in situ y la preparación del plan financiero;

9)

«trabajos»: la adquisición, suministro y desarrollo de componentes, sistemas y servicios, la realización de trabajos de construcción y de instalación relacionados con un proyecto, la recepción de las instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto;

10)

«coste del proyecto»: el coste total sufragado por un beneficiario de los estudios o trabajos directamente relacionados y necesarios para la realización de un proyecto;

11)

«coste subvencionable»: la parte del coste del proyecto tomada en consideración por la Comisión para el cálculo de la ayuda financiera comunitaria;

12)

«instrumento de garantía de préstamos»: una garantía emitida por el BEI en favor de una línea de liquidez «stand-by» para proyectos de interés común en el ámbito del transporte. Cubre los riesgos del servicio de la deuda debidos a la insuficiencia de demanda y a la correspondiente pérdida imprevista de ingresos durante el período de explotación inicial del proyecto. El instrumento de garantía de préstamos únicamente se utiliza para proyectos cuya viabilidad financiera se basa, total o parcialmente, en los ingresos, peajes u otras cantidades pagadas por los usuarios o beneficiarios, o pagadas en su nombre;

13)

«sistemas de pagos por disponibilidad»: sistemas de financiación para proyectos de infraestructura, creados y explotados por un inversor privado que recibe pagos periódicos tras la fase de construcción por el servicio de infraestructura prestado. La cuantía de los pagos depende de la medida en que se vayan alcanzando los resultados acordados contractualmente. Los pagos por disponibilidad se hacen durante la vigencia de un contrato entre la autoridad adjudicadora del contrato y el promotor del proyecto y sirven para cubrir los costes de construcción, financieros, de mantenimiento y de explotación.

a)

proyectos prioritarios;

b)

proyectos para eliminar estrangulamientos, especialmente en el marco de los proyectos prioritarios;

c)

proyectos presentados o respaldados conjuntamente por al menos dos Estados miembros, en particular cuando incluyan tramos transfronterizos;

d)

proyectos que contribuyan a la continuidad de la red y a la optimización de su capacidad;

e)

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad del servicio prestado en la RET-T y que favorezcan la seguridad y la protección de los usuarios, entre otras cosas, mediante intervenciones en las infraestructuras, y garanticen la interoperabilidad entre redes nacionales;

f)

proyectos relativos al desarrollo y al despliegue de sistemas de gestión del tráfico ferroviario, vial, aéreo, marítimo, costero y por vías navegables interiores que garanticen la interoperabilidad entre las redes nacionales;

g)

proyectos que contribuyan a la realización del mercado interior, y

h)

proyectos que contribuyan al reequilibrio de los modos de transporte privilegiando los más respetuosos del medio ambiente, como el transporte por vías navegables interiores.

a)

el desarrollo de la red para reforzar la cohesión económica y social reduciendo el aislamiento de las regiones menos favorecidas e insulares de la Comunidad;

b)

la optimización de la capacidad de la red y la realización del mercado interior de la energía, en particular los tramos transfronterizos;

c)

la seguridad de abastecimiento energético, la diversificación de las fuentes de abastecimiento energético y, en particular, las interconexiones con terceros países;

d)

la conexión de las fuentes de energía renovables, y

e)

la seguridad, la fiabilidad y la interoperabilidad de las redes interconectadas.

a)

la madurez del proyecto;

b)

el efecto estimulador que la intervención comunitaria ejercerá en la financiación pública y privada;

c)

la solidez del plan financiero;

d)

los efectos socioeconómicos;

e)

las consecuencias medioambientales;

f)

la necesidad de vencer obstáculos financieros, y

g)

la complejidad de los proyectos, resultante, por ejemplo, de la necesidad de superar barreras naturales.

a)

subvenciones para estudios o trabajos;

b)

en el ámbito del transporte, subvenciones para trabajos en el marco de los sistemas de pagos por disponibilidad;

c)

reducciones del tipo de interés por los préstamos concedidos por el BEI u otras entidades financieras públicas o privadas;

d)

contribución financiera a las provisiones y asignación de capital para las garantías emitidas por el BEI con cargo a sus recursos propios con arreglo al instrumento de garantía de préstamos. Estas garantías no podrán exceder el plazo de cinco años a partir de la fecha en que se inicie la ejecución del proyecto. En casos excepcionales y debidamente justificados, la garantía podrá concederse por un período máximo de siete años. La contribución del presupuesto general de la Unión Europea al instrumento de garantía de préstamos no podrá ser superior a 500 millones EUR. El BEI contribuirá con una cantidad similar. El riesgo comunitario de cara al instrumento de garantía de préstamos, incluidos los gastos de gestión y otros costes subvencionables, estará limitado a la cuantía de la contribución comunitaria al instrumento de garantía de préstamos y no generará ninguna otra obligación para el presupuesto general de la Unión Europea. El riesgo residual inherente a todas las operaciones correrá a cargo del BEI. En el anexo se establecen las condiciones principales y procedimientos del instrumentos de garantía de préstamos;

e)

participación en capital de riesgo para fondos de inversión o mecanismos financieros comparables destinados prioritariamente a facilitar capital de riesgo para proyectos de redes transeuropeas y en los que la inversión del sector privado sea sustancial; dicha participación en capital de riesgo no podrá superar el 1 % de los recursos presupuestarios establecidos en el artículo 18;

f)

contribución financiera a actividades relacionadas con el proyecto de empresas comunes.

a)

estudios: el 50 % del coste subvencionable, cualquiera que sea el proyecto de interés común;

b)

trabajos:

c)

Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS):

d)

sistemas de gestión del tráfico vial, aéreo, por vías navegables interiores, marítimo y costero: el 20 % como máximo de los costes subvencionables de los trabajos.

a)

anulará, salvo en casos debidamente justificados, las ayudas financieras comunitarias concedidas a proyectos o partes de proyectos de interés común que no se hayan iniciado en el plazo de dos años tras la fecha de inicio del proyecto establecida en la decisión de concesión de ayuda;

b)

podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda:

c)

podrá exigir el reembolso de la ayuda financiera concedida, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes si, en el plazo de cuatro años tras la fecha de finalización establecida en las condiciones ligadas a la concesión de la ayuda, no se ha completado la ejecución de un proyecto o de parte de un proyecto beneficiaria de la ayuda.

a)

cuando ello sea necesario, en especial por motivos de anulación, supresión, reducción o demanda de devolución de la ayuda financiera, o

b)

en el caso de acumulación de ayudas comunitarias para una parte de un proyecto.