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La demandante sostiene que, primero, la parte demandada no motivó específicamente la decisión de denegar el acceso a cada documento; segundo, la parte demandada interpretó y aplicó incorrectamente el concepto de «información protegida como tal por el Derecho [de la Unión]», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de la Decisión del Banco Central Europeo de 4 de marzo de 2004 relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo; (1) tercero, el BCE interpretó y aplicó incorrectamente la excepción relativa a los intereses comerciales del primer guion del apartado 2 del artículo 4 de dicha Decisión; cuarto, el BCE no tuvo en cuenta que la divulgación revestía interés público, y quinto, el BCE se basó incorrectamente en la protección de documentos de uso interno y relativos a consultas previas con las autoridades nacionales pertinentes, sin presentar razones adecuadas al respecto, a los efectos del artículo 4, apartado 3, de la referida Decisión.