(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporciona ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implica un impulso presupuestario financiado por la Unión. El Mecanismo contribuye a la recuperación económica y a la realización de inversiones y reformas sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente con el fin de promover las transiciones ecológica y digital, al mismo tiempo que refuerza la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También contribuye a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se actualizará en junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 24 de noviembre de 2021, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2022 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el Compromiso Social de Oporto suscrito el 7 de mayo de 2021 con el fin de impulsar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Europeo aprobó las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. El 24 de noviembre de 2021, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros para los cuales sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también la propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo para 2022, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El Informe Conjunto sobre el Empleo fue adoptado por el Consejo el 14 de marzo de 2022.

(3)

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, tras la pandemia mundial, ha alterado significativamente el contexto geopolítico y económico. Entre las repercusiones de la invasión sobre las economías de los Estados miembros figura un aumento de los precios de la energía, de los alimentos y de las materias primas, así como menores perspectivas de crecimiento. Los mayores precios de la energía pesan de manera particularmente aguda sobre los hogares más vulnerables confrontados a una situación de pobreza energética o en riesgo de caer en dicha situación, así como sobre las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía. Asimismo, en la Unión está habiendo una entrada sin precedentes de personas que huyen de Ucrania. Los efectos económicos derivados de la guerra de agresión de Rusia han tenido un impacto asimétrico en los Estados miembros. En este contexto, el 4 de marzo de 2022 se activó por primera vez la Directiva 2001/55/CE del Consejo (4) mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo (5), por la que se concede a las personas desplazadas procedentes de Ucrania el derecho a permanecer de forma legal en la Unión, así como el acceso a la educación y la formación, al mercado de trabajo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y a las prestaciones sociales.

(4)

Teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación económica y geopolítica, en 2022, el Semestre Europeo reanuda su coordinación general de las políticas económicas y de empleo, al mismo tiempo que se ajusta a los requisitos de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. La ejecución de los planes de recuperación y resiliencia adoptados es esencial para la consecución de las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país emitidas en los ciclos del Semestre Europeo de 2019 y 2020. Las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020 siguen siendo igualmente pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241, añadiéndose a cualquier otra recomendación específica por país formulada hasta la fecha de presentación de tales planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados.

(5)

La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado activa desde marzo de 2020. En su Comunicación, de 3 de marzo de 2021, titulada «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», la Comisión expuso su punto de vista de que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (final de 2019). La mayor incertidumbre y los importantes riesgos a la baja de las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de abastecimiento justifican la prórroga de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2023.

(6)

Siguiendo el enfoque de la Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021 (6), por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2021 de Suecia, actualmente la orientación presupuestaria global se mide mejor mediante la variación del gasto primario (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de emergencia temporales relativas a la crisis de la COVID-19), aunque incluidos los gastos financiados por ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo (7). Más allá de la orientación presupuestaria global, con el fin de evaluar si la política presupuestaria nacional es prudente y su composición es favorable a una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención a la evolución de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (8) (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de emergencia temporales relativas a la crisis de la COVID-19) y a la inversión.

(7)

El 2 de marzo de 2022, la Comisión adoptó una comunicación en la que proporcionaba orientaciones generales para la política presupuestaria en 2023 (en lo sucesivo, «orientaciones presupuestarias») encaminadas a respaldar la elaboración de los programas de estabilidad y de convergencia de los Estados miembros, reforzando de esta forma la coordinación de las políticas. La Comisión observó, sobre la base de las perspectivas macroeconómicas de las previsiones del invierno de 2022, que en 2023 sería apropiado pasar de una orientación presupuestaria agregada expansionista en 2020-2022 a una orientación presupuestaria agregada globalmente neutra, manteniendo en cualquier caso la disposición a reaccionar en función de la cambiante situación económica. La Comisión anunció que las recomendaciones presupuestarias para 2023 deberían seguir distinguiendo entre Estados miembros y teniendo en cuenta posibles contagios de los efectos entre países. La Comisión invitó a los Estados miembros a reflejar las orientaciones en sus programas de estabilidad o de convergencia. La Comisión se comprometió a realizar un estrecho seguimiento de la evolución económica y a ajustar sus orientaciones según fuera necesario y, a más tardar, en su paquete de primavera del Semestre Europeo de finales de mayo de 2022.

(8)

Con respecto a las orientaciones presupuestarias, las recomendaciones presupuestarias para 2023 tienen en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas, la mayor incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja y la mayor inflación en comparación con las previsiones del invierno de 2022 de la Comisión. A la luz de estas consideraciones, la respuesta presupuestaria tiene que impulsar la inversión pública en relación con las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, y sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables con objeto de amortiguar los efectos de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas derivadas de efectos inducidos a través de medidas selectivas y temporales. La política presupuestaria ha de seguir siendo ágil con el fin de ajustarse a las circunstancias rápidamente cambiantes, incluidos los retos derivados de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en materia de defensa y seguridad, y tiene que distinguir entre Estados miembros atendiendo a su situación presupuestaria y económica específica, también en lo que respecta a su exposición a la crisis y la entrada de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(9)

El 28 de mayo de 2021, Suecia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. En virtud del artículo 19 de dicho Reglamento, la Comisión ha evaluado la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con las directrices de evaluación establecidas en el anexo V del citado Reglamento. El 4 de mayo de 2022, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Suecia (9). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, a tenor de la cual Suecia haya cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se haya retrocedido en los avances ya realizados hacia el logro de hitos y objetivos precedentes.

(10)

El 29 de abril de 2022, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2022 y su Programa de Convergencia de 2022, dentro del plazo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente.

(11)

La Comisión publicó el informe por país de 2022 correspondiente a Suecia el 23 de mayo de 2022. Evaluó los avances de Suecia en el seguimiento de las recomendaciones que le dirigió el Consejo en 2019, 2020 y 2021 e hizo balance de la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores sobre recuperación y resiliencia. Partiendo de este análisis, el informe sobre Suecia detectó deficiencias en relación con retos que no se abordan o se abordan solo parcialmente en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como retos nuevos y emergentes, como los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evaluó los avances de Suecia en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en el logro de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Suecia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 23 de mayo de 2022. La Comisión concluyó que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Las vulnerabilidades están relacionadas con los elevados precios de la vivienda al alza y el elevado endeudamiento de los hogares. La deuda privada aumentó hasta el 216 % del producto interior bruto (PIB) en 2020, lo que es motivo de preocupación debido a la gran proporción de deuda utilizada para adquirir bienes inmuebles. Las instituciones financieras están expuestas al mercado inmobiliario a través de préstamos hipotecarios y créditos a empresas inmobiliarias comerciales y constructoras. Habida cuenta de la escasez de viviendas, el exceso de regulación del mercado del alquiler, los incentivos fiscales para suscribir préstamos hipotecarios y el descenso de los tipos de interés, los hogares han asumido cada vez más deuda para financiar la adquisición de vivienda. Esto los hace vulnerables a posibles variaciones de los tipos de interés. La deuda de los hogares se situaba en el 188 % de la renta disponible y en el 95 % del PIB a finales de 2020. Una corrección podría tener consecuencias negativas en la economía y en el sector bancario. Esto podría repercutir en los países con vínculos económicos y financieros con la economía y el sector bancario suecos. En los últimos años se han adoptado algunas medidas para corregir esos desequilibrios, pero su impacto ha sido limitado. Subsisten ciertas lagunas fundamentales en la actuación política, en particular en relación con los incentivos fiscales para la propiedad de vivienda financiada mediante deuda, la oferta de vivienda y el mercado del alquiler.

(13)

En su Recomendación de 20 de julio de 2020 (10), el Consejo recomendó a Suecia que adoptara en 2020 y 2021 todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomentan la inversión. Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Suecia se redujo del 2,7 % del PIB en 2020 al 0,2 % en 2021. La respuesta de política presupuestaria de Suecia respaldó la recuperación económica en 2021, mientras que las medidas de emergencia temporales disminuyeron del 3,3 % del PIB en 2020 al 2,2 % en 2021. Las medidas adoptadas por Suecia en 2021 se ajustaron a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 fueron en su mayoría temporales. Al mismo tiempo, algunas de las medidas discrecionales adoptadas durante el período 2020-2021 no fueron temporales ni estuvieron acompañadas de medidas compensatorias, consistentes principalmente en diversas medidas relativas al gasto y recortes del impuesto sobre la renta. Según los datos validados por Eurostat, la deuda de las Administraciones Públicas se redujo del 39,6 % del PIB en 2020 al 36,7 % del PIB en 2021.

(14)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia de 2022 es realista. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 3,1 % en 2022 y un 1,6 % en 2023. En comparación, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 el crecimiento del PIB real sería inferior (2,3 % en 2022 y 1,4 % en 2023). El Gobierno prevé que el déficit global aumente al 0,5 % del PIB en 2022 y pase a un superávit del 0,5 % en 2023. El aumento en 2022 refleja, principalmente, un menor crecimiento económico y prioridades de gasto adicionales, que en conjunto dominan la desaparición de las medidas de emergencia. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2022, la ratio deuda pública/PIB disminuiría al 33,5 % en 2022 y al 30,7 % en 2023. Sobre la base de las medidas políticas anunciadas y conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 indican un déficit público para 2022 del 0,5 % del PIB, que pasará a un superávit del 0,5 % en 2023. Estas previsiones están en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2022. En las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 se indica una ratio deuda pública/PIB similar, del 33,8 % en 2022 y el 30,5 % en 2023. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años) se estima en el 1,9 %. Sin embargo, esta estimación no incluye los efectos de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y pueden impulsar el crecimiento potencial de Suecia.

(15)

En 2022, el Gobierno suprimió gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, como las medidas de emergencia temporales, que se prevé pasen de representar el 2,2 % del PIB en 2021 a representar el 1,2 % en 2022. El saldo de las Administraciones Públicas se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar las repercusiones económicas y sociales de la subida de los precios de la energía, que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 estiman en el 0,4 % del PIB en 2022 y el 0,0 % del PIB en 2023 (11). La intensidad energética de la economía de Suecia es inferior a la media de la Unión, y también hay una menor proporción del gasto doméstico en energía (12). Dichas medidas consisten en transferencias sociales a los hogares para compensar el aumento de los precios de la electricidad y en recortes de los impuestos sobre el combustible en la agricultura, la silvicultura y la pesca, y se han anunciado como medidas temporales. Sin embargo, algunas de estas medidas podrían proseguirse en caso de que los precios de la energía se mantengan elevados en 2023. Algunas de ellas no son selectivas, en particular las transferencias a los hogares para cubrir el aumento de los precios de la electricidad. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, el coste que supone ofrecer protección temporal a personas desplazadas procedentes de Ucrania se situará en el 0,1 % del PIB tanto en 2022 como en 2023 (13), mientras que el aumento del coste de los gastos de defensa ascenderá a algo menos del 0,1 % del PIB solo en 2022.

(16)

En su Recomendación de 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Suecia que mantuviera en 2022 una orientación presupuestaria expansionista, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que preservara la inversión financiada a nivel nacional. Asimismo, el Consejo le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicase una política presupuestaria destinada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo y, al mismo tiempo, fomentase la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(17)

En 2022, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 y teniendo en cuenta la información incorporada en el Programa de Convergencia de 2022 de Suecia, se prevé que la orientación presupuestaria sea expansionista en un – 0,6 % del PIB, según lo recomendado por el Consejo (14). Suecia tiene previsto proporcionar un apoyo continuo a la recuperación utilizando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar un impulso adicional conforme a lo recomendado por el Consejo. Se prevé que la contribución positiva a la actividad económica de los gastos financiados por subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB respecto de 2021. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional tenga un efecto neutro en la orientación presupuestaria en 2022 (15). Por consiguiente, Suecia se propone preservar la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, se prevé que en 2022 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas de ingresos) proporcione una contribución expansionista de 0,4 puntos porcentuales a la orientación presupuestaria global. Esto incluye el impacto adicional de las medidas mencionadas para hacer frente al impacto económico y social del aumento de los precios de la energía (0,4 % del PIB), así como los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB).

(18)

Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, en 2023 el efecto de la orientación presupuestaria equivaldría al + 1,3 % del PIB, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica (16). Se prevé que Suecia siga utilizando en 2023 las subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar apoyo adicional a la recuperación. Se prevé que la contribución positiva a la actividad económica de los gastos financiados por subvenciones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB respecto de 2022. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional proporcione una contribución ligeramente contraccionista a la orientación presupuestaria de 0,1 puntos porcentuales en 2023 (17). Al mismo tiempo, se prevé que en 2023 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas de ingresos) proporcione una contribución contraccionista de 1,1 puntos porcentuales a la orientación presupuestaria global. Esto incluye las repercusiones de la supresión gradual de las medidas adoptadas para abordar la subida de los precios de la energía (0,4 % del PIB).

(19)

En el Programa de Convergencia de 2022 se espera que el superávit público aumente gradualmente al 0,8 % del PIB en 2024 y al 1,4 % del PIB en 2025. Por consiguiente, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB durante el período cubierto por el Programa de Convergencia de 2022. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2022, se espera que la ratio deuda pública/PIB siga disminuyendo, concretamente hasta situarse en el 28,9 % en 2024 y el 26,4 % en 2025. Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen bajos a medio plazo.

(20)

La combinación de los elevados precios de la vivienda y la deuda de los hogares plantea el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. Suecia ha aplicado varias medidas macroprudenciales en los últimos años para reducir la deuda de los hogares en relación con los ingresos y el valor de los bienes hipotecados. Sin embargo, siguen existiendo otros incentivos para contraer préstamos y contraer deuda. Como consecuencia de ello, las medidas políticas adoptadas hasta la fecha parecen haber tenido un impacto limitado en el aumento de los préstamos hipotecarios. Los precios de la vivienda han ido aumentando desde mediados de la década de 1990, superando el crecimiento de la renta de los hogares. Esta tendencia se aceleró en 2021, con un aumento interanual de los precios nominales de la vivienda del 11,3 % en el tercer trimestre. Los principales motivos son los incentivos fiscales que favorecen la propiedad de vivienda y la deuda hipotecaria, unas condiciones de crédito flexibles y unos tipos de amortización hipotecaria relativamente bajos. La carga fiscal global sobre la propiedad es relativamente baja en Suecia debido a las generosas deducciones fiscales de los pagos de intereses hipotecarios y al bajo nivel de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles. Si bien las medidas relativas a los impuestos sobre las plusvalías en 2020 y 2021 han reducido el coste de la compra y el cambio de vivienda para los actuales propietarios de viviendas, este cambio puede haber aumentado ligeramente la barrera de entrada para los primeros compradores, puesto que se ha producido un aumento de los precios de la vivienda. A pesar del considerable aumento de las nuevas construcciones en los últimos años y del aumento del número de licencias de obra concedidas, se espera que la escasez de vivienda continúe en los próximos años. Además, el parque inmobiliario existente no se utiliza de manera eficiente. En conjunto, esto dificulta que las personas cambien de empleo y probablemente contribuye a la desigualdad intergeneracional. Por lo que respecta al mercado del alquiler, solo un grupo limitado de hogares se benefician de alquileres regulados por debajo de los precios de mercado. No existe ningún vínculo entre el alquiler y las necesidades y los ingresos del hogar. Se lograría una mayor eficiencia si los alquileres se ajustaran en mayor medida a los precios del mercado, y se complementaran con ayudas al alquiler basadas en los ingresos y el patrimonio neto.

(21)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el criterio 2.2 de su anexo V, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de inversiones y reformas que se refuerzan mutuamente con un calendario indicativo de realización con plazo de finalización hasta el 31 de agosto de 2026. Estas contribuyen a abordar la totalidad o una parte significativa de los retos económicos y sociales descritos en las recomendaciones dirigidas por el Consejo a Suecia en el marco del Semestre Europeo de 2019 y 2020, además de en cualquier otra recomendación dirigida a Suecia hasta la fecha de adopción de un plan de recuperación y resiliencia. En particular, introduce reformas e inversiones para apoyar las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia del sistema sanitario, reducir el riesgo de blanqueo de capitales y elevar el nivel de educación y capacidades.

(22)

Se espera que la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Suecia contribuya a impulsar las transiciones ecológica y digital. Las medidas que respaldan objetivos climáticos en Suecia representan el 44 % de la dotación total del Plan de Recuperación y Resiliencia, y las medidas que respaldan objetivos digitales, el 21 %. La aplicación completa del Plan de Recuperación y Resiliencia, conforme a los hitos y objetivos pertinentes, ayudará a Suecia a recuperarse rápidamente de las repercusiones de la crisis de la COVID-19, al mismo tiempo que refuerza su resiliencia. La participación sistemática de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la aplicación fructífera del Plan de Recuperación y Resiliencia, y de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de él, con el fin de garantizar una amplia asunción del programa de políticas en su conjunto.

(23)

El 25 de mayo de 2022, la Comisión aprobó el Acuerdo de Asociación, establecido en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (18). Suecia presentó los programas de la política de cohesión previstos en dicho Reglamento entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. De conformidad con ese Reglamento, Suecia debe tener en cuenta las recomendaciones que se le han dirigido en la programación de los fondos de la política de cohesión 2021-2027. Esto constituye una condición previa para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se ha de recibir de los fondos de la política de cohesión, al mismo tiempo que se fomenta la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre dichos fondos de cohesión y otros instrumentos y fondos de la Unión. La aplicación fructífera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión también depende de la eliminación de los obstáculos a la inversión para respaldar las transiciones ecológica y digital y un desarrollo territorial equilibrado.

(24)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el Plan de Recuperación y Resiliencia, Suecia afronta algunos retos adicionales relacionados con i) la sobrevaloración de los niveles del precio de la vivienda, junto con un aumento continuo de la deuda de los hogares; ii) la desigualdad de oportunidades en la educación de los alumnos de origen desfavorecido y migrante y la necesidad de una mejor integración de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos en el mercado laboral; y iii) la necesidad de seguir reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, incluidos los procedentes de Rusia.

(25)

A pesar de los buenos resultados generales, las desigualdades en el sistema educativo sueco afectan al nivel de capacidades básicas de los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos. La diferencia de rendimiento entre los alumnos nacidos en Suecia y los alumnos nacidos en el extranjero ha aumentado notablemente, en un contexto en el que el número de alumnos de origen migrante se ha duplicado entre 2009 y 2018. Aunque los resultados de las pruebas internacionales muestran que las capacidades básicas han mejorado en términos generales, la diferencia en las capacidades de lectura entre los alumnos con y sin origen migrante es una de las más elevadas de la Unión. Además, la tasa de abandono escolar prematuro es mucho mayor en el caso de los alumnos nacidos en el extranjero. Las desigualdades en la educación están aumentando y suelen estar vinculadas a las limitadas posibilidades de elección de centro escolar que tienen los alumnos de origen migrante que han llegado recientemente a Suecia. La diferencia en los resultados educativos tiene un gran impacto en las posibilidades de los alumnos en situaciones desfavorecidas de desarrollar las capacidades necesarias para encontrar empleo. Existen oportunidades para mejorar la organización y la gobernanza del sistema educativo, incluido el proceso de matriculación, así como para abordar la escasez prolongada de profesores cualificados de cara a promover la calidad y la equidad del sistema educativo. Suecia también se enfrenta a dificultades para integrar en el mercado laboral a las personas que ya no están en edad escolar, tienen una baja cualificación y han nacido en el extranjero. En general, esto contribuye a que persistan brechas en la participación en el mercado laboral y en las capacidades de un número considerable de trabajadores.

(26)

En respuesta al mandato de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión establecido en la Declaración de Versalles, la propuesta de la Comisión de un plan REPowerEU se propone eliminar la dependencia de la Unión respecto de la importación de combustibles fósiles de Rusia lo más pronto posible. Con este objetivo, la Comisión se propone determinar, por medio de un diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas a nivel nacional, regional y de la Unión que se consideran más adecuados. Estas medidas están encaminadas a reducir la dependencia global respecto de los combustibles fósiles y a cambiar el origen de las importaciones de combustibles fósiles que hasta la fecha procedían de Rusia.

(27)

Es fundamental intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos en materia de energías renovables establecidos en el plan nacional de energía y clima. Aunque Suecia tiene el mayor porcentaje de energías renovables en el consumo interior bruto de energía de la Unión (51,1 % en 2020), se encuentra entre los Estados miembros con el mayor consumo de energía por persona. Además, una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Suecia proceden del sector del transporte, especialmente del transporte por carretera. Este sector sigue dependiendo en gran medida del petróleo, que representa el 17,7 % de la combinación energética total. Asimismo, las limitaciones de la capacidad eléctrica y de la red, especialmente en el sur de Suecia, siguieron aumentando en 2021, lo que limitó la expansión y la ubicación de actividades comerciales en el país. Esta cuestión se ve más agravada por la falta de capacidad de transporte entre el norte y el sur. Se necesita una inversión adicional en energías renovables, capacidad de la red e interconectividad entre las regiones del país a fin de alcanzar el objetivo nacional de un 100 % de electricidad renovable de aquí a 2040 y lograr la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a 2045 a más tardar. Una mayor simplificación de los procedimientos de concesión de permisos aliviaría la carga que supone el desarrollo de las energías renovables, en particular la energía eólica. Además, la reducción del consumo de energía mediante el aumento de la eficiencia energética resulta fundamental para reducir las emisiones de carbono y los costes de la energía para los consumidores y las empresas. El aumento de la inversión en energías renovables y electrificación, la eliminación de los escollos en materia de infraestructura, el impulso de la eficiencia energética y la reducción del uso de combustibles fósiles en el transporte contribuirán a reducir la dependencia general de los combustibles fósiles, también de los procedentes de Rusia. La parte correspondiente a los combustibles fósiles (2,6 % de gas, 3,2 % de carbón y 17,7 % de petróleo en 2020) en la combinación energética sueca es considerablemente inferior a la media de la Unión (24,4 % de gas, 10,8 % de carbón y 32,7 % de petróleo en 2020). Sin embargo, hay margen para seguir reduciendo la dependencia de Suecia de los combustibles fósiles rusos. Este es especialmente el caso del petróleo (en 2020, el 20 % de las importaciones de productos refinados del petróleo y el 8 % del total de las importaciones de petróleo crudo procedían de Rusia) y del gas (el 13 % de las importaciones totales de gas en 2020 procedían de Rusia).

La dependencia del gas y del petróleo, aunque significativa, se sitúa por debajo de las siguientes dependencias medias de la Unión de Rusia: dependencia del 44 % de las importaciones de gas, del 23 % de las importaciones de petróleo crudo y del 35 % de las importaciones de productos refinados del petróleo (19). Además, el avance de los proyectos de interconexión con los países vecinos podría aumentar la seguridad del abastecimiento energético de Suecia y la adaptabilidad a las variaciones regionales, a la luz de los recientes acontecimientos geopolíticos. Conviene señalar que, a fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que Suecia se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de fomento de las energías renovables y la eficiencia energética.

(28)

Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad desde el punto de vista climático y el abandono progresivo de los combustibles fósiles crearán unos costes de reestructuración significativos en varios sectores, Suecia puede utilizar el Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión con objeto de disminuir el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Suecia puede además aprovechar el Fondo Social Europeo Plus, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(29)

A la luz de la valoración de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2022, y su dictamen (21) se refleja en la recomendación 1.

(30)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2022 y el Programa de Convergencia de 2022. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2. Las políticas a que se refieren las recomendaciones 1 y 2 ayudan, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con el mal funcionamiento del mercado de la vivienda y la sobrevaloración de los precios de la vivienda, sumados al aumento continuo de la deuda de los hogares.