—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Myanmar/Birmania y la situación del pueblo rohinyá, en particular las de 22 de noviembre de 2012 (1), 20 de abril de 2012 (2), 20 de mayo de 2010 (3), 25 de noviembre de 2010 (4), 7 de julio de 2016 (5), 15 de diciembre de 2016 (6), 14 de septiembre de 2017 (7), 14 de junio de 2018 (8), 13 de septiembre de 2018 (9), 19 de septiembre de 2019 (10) y 11 de febrero de 2021 (11),

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Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Myanmar/Birmania de 22 de febrero de 2021,

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Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de 23 de marzo de 2021, sobre la escalada de violencia en Myanmar/Birmania, y de 19 de abril de 2021, 30 de abril de 2021, 12 de mayo de 2021 y 27 de julio de 2021, sobre la situación en Myanmar/Birmania,

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Vista la declaración del alto representante en nombre de la Unión Europea, de 30 de abril de 2021, sobre el resultado de la reunión de los dirigentes de la ASEAN,

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Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 3 de marzo de 2021, sobre las continuas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército, y de 23 de mayo de 2021, sobre los últimos acontecimientos en Myanmar/Birmania,

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Vista la Decisión (PESC) 2021/1000 del Consejo, de 21 de junio de 2021, por la que se modifica la Decisión 2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania (12),

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Vista la Decisión (PESC) 2021/711 del Consejo, de 29 de abril de 2021, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania (13),

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Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias,

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Visto el artículo 34 de la Constitución de Myanmar/Birmania de 2008, que reconoce la libertad de religión o creencias y garantiza el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar libremente la religión,

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Visto el consenso de cinco puntos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) de 24 de abril de 2021,

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Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 31 de agosto de 2021, sobre la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar/Birmania,

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Vista la Resolución 75/287, de 18 de junio de 2021, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación en Myanmar,

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Visto el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar, de 22 de agosto de 2019, titulado «La violencia sexual y de género en Myanmar y los efectos de sus conflictos étnicos en función del género»,

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Vistos los informes del relator especial de las naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y del mecanismo de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo,

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Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 16 de septiembre de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar,

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Vistas las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Myanmar de 23 de septiembre de 2021,

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Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas H. Andrews de 22 de septiembre de 2021,

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Vistos los informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Myanmar y la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías,

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Visto el informe del Mecanismo Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Myanmar de 1 de julio de 2021,

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Visto el informe final y las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin (Informe Annan),

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Vista la Orden de la Corte Internacional de Justicia, de 23 de enero de 2020, sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la República de Gambia en el asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia / Myanmar),

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948,

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Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el 1 de febrero de 2021 el ejército de Myanmar/Birmania, conocido como Tatmadaw, en un acto que constituye una clara violación de la Constitución del país, detuvo al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, así como a destacados miembros del Gobierno, se hizo con el poder legislativo, ejecutivo y judicial mediante un golpe de Estado y decretó el estado de excepción durante un año; que en agosto de 2021 el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, anunció su autonombramiento como primer ministro e hizo saber que el estado de excepción se prorrogaría hasta agosto de 2023;

B.

Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar señaló en una declaración formal que los ataques sistemáticos y generalizados de la junta militar contra el pueblo de Myanmar/Birmania constituyen probablemente crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra con arreglo al Derecho internacional; que el relator especial de las Naciones Unidas declaró explícitamente que los artífices y los autores materiales del golpe de Estado y de las violaciones deben rendir cuentas;

C.

Considerando que en mayo de 2021 la junta militar tomó las primeras medidas para disolver el partido político de Aung San Suu Kyi, que había ostentado el Gobierno del país hasta el golpe de Estado de febrero de 2021;

D.

Considerando que el Comité Representante de Pyidaungsu Hluttaw (Asamblea de Myanmar/Birmania) y el Gobierno de Unidad Nacional se constituyeron para representar los deseos democráticos del pueblo de Myanmar/Birmania;

E.

Considerando que en respuesta al golpe de Estado se produjeron protestas y manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Myanmar/Birmania; que desde el 1 de febrero de 2021 unos 164 políticos, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, religiosos, manifestantes pacíficos y escritores han sido detenidos ilegalmente o se encuentran bajo arresto domiciliario; que en el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se afirma que desde el golpe más de 1 120 personas han sido asesinadas y que las autoridades militares han detenido a más de 8 000 personas, incluidos cientos de políticos, activistas y funcionarios; que los tribunales han condenado a 312 personas, de las cuales 26 han sido condenadas a muerte, incluidos dos niños; que al menos 120 personas habrían muerto estando detenidas; que a julio de 2021 la junta había asesinado a 75 niños como mínimo;

F.

Considerando que, paralelamente, el ejército ha ido intensificando su represión contra los medios de comunicación en Myanmar/Birmania, y que un número cada vez mayor de periodistas han sido arbitrariamente detenidos, encarcelados y encausados con el fin de silenciar a los medios de comunicación y erradicar la libertad de expresión; que la junta se sirve cada vez más de la vigilancia y la censura en forma de restricciones a las telecomunicaciones y a internet;

G.

Considerando que la tortura se utiliza ampliamente contra los detenidos por participar en manifestaciones en favor de la democracia; que entre los métodos de tortura se encuentran palizas, simulacros de ejecuciones con armas de fuego, quemaduras con cigarrillos, violaciones y amenazas de violación; que las torturas policiales ya eran un problema en Myanmar/Birmania, pero que en la actualidad el ejército utiliza la amenaza sistemática de la tortura como parte de sus acciones de represión contra la oposición;

H.

Considerando que la junta recurre cada vez más a los castigos colectivos, incluido el secuestro de familiares de personas contra las que se han dictado órdenes de detención pero que la policía y los militares no pueden localizar; que se han producido secuestros y asesinatos de niños, inclusive de corta edad, muy probablemente para obligar a sus padres a entregarse a las autoridades;

I.

Considerando que las minorías étnicas practican el cristianismo (6,3 %, en particular los pueblos chin, kachin y karen), el islam (2,1 %, en particular los rohinyás, los malayos, los habitantes de Rangún y otras minorías) y el hinduismo (0,5 %, en particular los indios birmanos);

J.

Considerando que se están cometiendo violaciones de la libertad de religión o creencias y de otros derechos humanos de minorías religiosas y étnicas en Myanmar/Birmania;

K.

Considerando el bombardeo de iglesias, las redadas realizadas en su interior y la detención de sacerdotes y pastores; que, asimismo, tropas militares han montado sus campamentos en terrenos de iglesias, lo que perjudica aún más la labor de estas como refugios de personas necesitadas;

L.

Considerando que en Myanmar/Birmania hay numerosos grupos étnicos; que los conflictos internos han provocado la trágica pérdida de miles de vidas en las últimas décadas;

M.

Considerando que la Ley de Ciudadanía de Myanmar/Birmania declara a los rohinyás «no nacionales» o «residentes extranjeros» y, por tanto, les priva de la ciudadanía, lo que agrava aún más su precaria situación; que persiste la persecución de la minoría rohinyá, pese a los numerosos llamamientos de la comunidad internacional;

N.

Considerando que los aproximadamente 600 000 rohinyás que permanecen en el Estado de Rakáin son objeto de políticas y prácticas discriminatorias persistentes, violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales, detenciones arbitrarias, internamientos en campos saturados e importantes limitaciones en cuanto al acceso a la educación y a la asistencia sanitaria; que las condiciones de opresión impuestas a los rohinyás constituyen crímenes contra la humanidad;

O.

Considerando que los rohinyás y otras minorías étnicas, en particular las mujeres y las niñas, siguen estando expuestos a un riesgo significativo de violencia sexual, en particular en el contexto del prolongado conflicto entre el Tatmadaw y el Ejército de Arakán;

P.

Considerando que la crisis humanitaria en Myanmar/Birmania está empeorando, con más de 210 000 desplazados internos solo este año, tres millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria —una cifra que se ha triplicado en los últimos ocho meses—, y la mitad de la población —aproximadamente 20 millones de personas— viviendo por debajo del umbral de pobreza;

Q.

Considerando que el secretario general de las Naciones Unidas ha advertido de que el riesgo de un conflicto armado a gran escala requiere un enfoque colectivo para evitar una catástrofe multidimensional en el corazón del sudeste asiático y regiones vecinas;

R.

Considerando que el Programa Mundial de Alimentos estima que 6,2 millones de personas en Myanmar/Birmania corren riesgo de inseguridad alimentaria y hambre, frente a los 2,8 millones anteriores al golpe militar;

S.

Considerando que la situación humanitaria en Myanmar/Birmania se ha visto también agravada por la crisis de la COVID-19; que las detenciones arbitrarias masivas de manifestantes, las prisiones superpobladas y el abandono general de la salud de los presos han contribuido también a aumentar el número de infecciones de COVID-19;

T.

Considerando que el ejército se ha servido de medidas contra la COVID-19 para reprimir a activistas prodemocracia, defensores de los derechos humanos y periodistas; que se está socavando el derecho a la salud; que la junta ha cerrado hospitales y puesto en su punto de mira a profesionales médicos, lo que ha provocado el colapso del sistema sanitario con el avance de la COVID-19 por todo el país; que los militares han destruido suministros y equipos médicos y han ocupado docenas de instalaciones médicas, lo que ha llevado a la población de Myanmar/Birmania a abstenerse de acudir a los centros médicos por temor a ser detenidos o a que les disparen;

U.

Considerando que el Tatmadaw y sus generales se están procurando fondos a través de la venta ilegal de madera, piedras preciosas, gas y petróleo, y se enfrentan a acusaciones generalizadas de corrupción;

V.

Considerando que, según las Naciones Unidas, el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas de 2021 para Myanmar solo ha recibido hasta la fecha el 46 % de los fondos solicitados y que las operaciones humanitarias sufren como consecuencia de un importante déficit de financiación;

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