Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación

(2022/C 97/03)

Ponente: Piero Mauro ZANIN (IT/PPE), presidente y miembro de la Asamblea Regional de Friul-Venecia Julia Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación Bruselas, 29.4.2021 COM(2021) 219 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Apoyar la recuperación de la UE mediante la mejora de la legislación

1.

subraya que la OCDE considera el programa «Legislar mejor» de la UE como uno de los enfoques reguladores más avanzados del mundo, capaz de elaborar una legislación de calidad y «adaptada al futuro», que responde a los principales retos de la transformación medioambiental, digital y social a los que se enfrenta la Unión Europea;

2.

está de acuerdo en que la legislación de la Unión debe crear valor añadido, mantener la carga administrativa a un nivel mínimo y proporcional a los objetivos que persiga la normativa pertinente, ser clara y transparente y respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

3.

subraya que es fundamental que el programa «Legislar mejor» integre la dimensión de la gobernanza multinivel en la Unión Europea, ya que la legislación europea la aplican los Estados miembros, las regiones y los entes locales: sin la participación de los niveles de gobierno responsables de la aplicación de las normas de la Unión no puede haber una legislación de calidad que persiga de forma adecuada los objetivos comunes. En este sentido, recomienda a la Comisión Europea que priorice la colaboración con los entes locales y regionales, especialmente con aquellos que disponen de competencias legislativas, durante todo el ciclo político sobre la base de un método de trabajo de gobernanza multinivel;

4.

señala que los entes locales y regionales, elegidos democráticamente, siguen teniendo una influencia limitada en la definición de la legislación de la Unión que deben aplicar: es necesario reconocerles, tanto a ellos como al CDR, que es su representante institucional a nivel de la UE, un papel más importante en el sistema de gobernanza europeo;

5.

considera positivo que la Comisión refuerce su papel como guardiana de los Tratados, que se concentre en velar de forma más eficaz por el cumplimiento de la legislación de la UE y para ello exprese su intención de hacer aún más a este respecto y preste ayuda a los Estados miembros, regiones y municipios para la aplicación efectiva y correcta del derecho comunitario. Al mismo tiempo, un nivel de aplicación más elevado y efectivo es una manera de contribuir al Programa de Mejora de la Legislación;

6.

pide a la Comisión que estudie la manera de implicar más estrechamente a los parlamentos regionales en estos procesos, sirviéndose del mecanismo de alerta temprana previsto en los Tratados, para garantizar que puedan contribuir positivamente al desarrollo de una subsidiariedad activa (1);

7.

considera que ha llegado el momento de aunar fuerzas para mejorar la legislación, con un planteamiento ascendente, mejorando y aproximando los instrumentos destinados a tal efecto —muchos de los cuales ya son patrimonio de las regiones— para hacerlos compatibles, y compartiendo las mejores prácticas y los datos disponibles;

8.

aplaude la intención de la Comisión Europea de implicar más a la ciudadanía en la elaboración de las políticas europeas mediante consultas, pero anima a que, a tal fin, se aproveche también la capacidad de los entes locales y regionales y del CDR de captar, mediar y transmitir las preocupaciones de los ciudadanos;

9.

coincide en que la acción política debe basarse en análisis exhaustivos y contribuciones científicas que permitan evaluar sistemáticamente su impacto económico, social, de género y medioambiental, entre otros;

10.

apoya la intención de la Comisión de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas de la Unión, entre otras cosas mejorando el análisis y la comunicación de las propuestas sobre desarrollo sostenible; observa que la aplicación de los ODS no debe verse socavada por la carga administrativa y reglamentaria, y que debe tener en cuenta por igual las dimensiones económica, social, de género y medioambiental del desarrollo sostenible; pide a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que hagan lo mismo;

11.

conviene en que el principio de «no causar un perjuicio significativo» debe aplicarse en todos los ámbitos, de conformidad con la Estrategia a largo plazo para 2050 de la Unión (2) y la Agenda 2030 (3); pide que los entes locales y regionales participen en la programación y la gestión de los recursos, situándose en primera línea en la aplicación de las políticas sobre medio ambiente, clima, asuntos sociales y energía; remite al Dictamen del CDR sobre la Legislación Europea sobre el Clima (4) y recomienda considerar el coste de la inacción, que puede tener consecuencias a largo plazo, significativas y no perceptibles inmediatamente;

12.

pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que establezcan normas compatibles capaces de eliminar los obstáculos y las dificultades burocráticas que, al ralentizar la recuperación, perjudican el bienestar de los ciudadanos; pide a la Comisión que apoye a las regiones, especialmente a las transfronterizas y a las menos desarrolladas, en la promoción de una legislación común, tomando como base las experiencias de colaboración ya existentes entre territorios fronterizos y vulnerables, como las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT);

13.

pide a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que apliquen, cada uno a su nivel, las recomendaciones del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente» (5); pide que se actualicen estas recomendaciones a la luz de las lecciones aprendidas de la pandemia, así como de los objetivos de la transición ecológica, digital y social y de la construcción de economías y sociedades más justas, resilientes y equitativas en el marco del Next Generation EU;

14.

asimismo, insta a que se revise el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, así como las Directrices y la «caja de herramientas» para la mejora de la legislación, integrando la dimensión multinivel del proceso legislativo europeo, como sugiere el Grupo Operativo sobre Subsidiariedad (6); subraya la importancia de difundir el conocimiento y el uso de las herramientas para la mejora de la legislación entre los Estados miembros y los entes locales y regionales, especialmente aquellos con competencias legislativas; pide el máximo esfuerzo en atender el aspecto lingüístico, la puesta en común de la terminología y la correcta traducción, elementos cruciales para alcanzar los objetivos comunes para la mejora de la legislación en todos los niveles de gobierno;

Un esfuerzo compartido

15.

conviene en que no puede haber una legislación de calidad sin tener en cuenta los resultados obtenidos por la legislación anterior; subraya que muchas regiones han introducido cláusulas de evaluación en sus propias leyes con el fin de garantizar la disponibilidad de datos sobre los efectos de la legislación; reconoce que la puesta en común de los datos recogidos en un registro común de datos es responsabilidad de todas las instituciones, europeas, nacionales, regionales y locales;

16.

observa la utilidad de la creación de un portal legislativo común y recomienda su difusión mediante iniciativas de comunicación en todos los Estados miembros;

17.

considera que los sitios institucionales de los entes locales y regionales pueden contribuir a una mayor publicidad de las consultas públicas de la Comisión, difundiendo las convocatorias de datos y, en su caso, promoviendo redes estables de puntos de contacto con el fin de recoger instancias y peticiones procedentes de los usuarios finales, cuya contribución es fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo;

Mejorar la comunicación con las partes interesadas y el público en general

18.

acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de seguir mejorando las consultas y hacerlas más específicas, más claras y más fáciles de usar, entre otras cosas a través de cuestionarios más equilibrados, estructurados, menos técnicos y fáciles de entender; acoge favorablemente que las consultas públicas y las hojas de ruta se reúnan en una única «convocatoria de datos» en el portal «Díganos lo que piensa»; insiste en la necesidad de que los cuestionarios se traduzcan simultáneamente a todas las lenguas de la Unión para posibilitar la participación de las partes interesadas en todas partes y a todos los niveles;

19.

sugiere que, dadas sus especificidades, los entes locales y regionales sean objeto con mayor frecuencia de consultas específicas; recomienda a la Comisión que consulte al CDR en el desarrollo de consultas abiertas y hojas de ruta para propuestas que tengan un impacto significativo en los niveles subnacionales de gobierno y que incluya a los entes locales y regionales, a través del CDR, en una campaña de información descentralizada y sistemática sobre los programas de trabajo anuales de la Comisión Europea;

20.

considera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa constituye una excelente ocasión de diálogo con los ciudadanos; remite a su Dictamen sobre el tema «Los entes locales y regionales en un diálogo permanente con los ciudadanos» y reitera que la Conferencia debe considerarse una oportunidad para replantearse y reformar la forma en que la UE funciona y es percibida por sus ciudadanos (7); reafirma la necesidad de que el CDR sea uno de los protagonistas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y de que se refuerce el papel de los entes locales y regionales, en particular aquellos con competencias legislativas, en el funcionamiento democrático de la Unión y la dimensión territorial de las políticas europeas;

21.

subraya la importancia de que se promueva la participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas de la Unión y, en este sentido, recuerda su propuesta de crear una red paneuropea de diálogo, basada en la participación voluntaria de los ciudadanos (CitizEN), que, si se prueba durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, podría introducir un mecanismo estructural que garantizara la adecuada información y participación de los ciudadanos, fomentando su compromiso político a largo plazo;

Mayor transparencia

22.

recomienda una mayor transparencia en el proceso legislativo, garantizando a los ciudadanos el pleno acceso a los datos disponibles, las contribuciones, los estudios y las evaluaciones de cada propuesta legislativa;

23.

considera esencial el acceso del CDR a determinados documentos de las reuniones del diálogo tripartito —siempre que ya haya emitido, o bien esté elaborando, un dictamen sobre la propuesta en cuestión con arreglo al artículo 307 del TFUE— para evaluar si los cambios debatidos en estas reuniones son pertinentes desde una perspectiva regional o local y si justifican la elaboración de un nuevo dictamen. Este acceso permitiría al CDR desempeñar su papel de órgano consultivo y garantizaría la eficacia de las disposiciones de los Tratados relativas al CDR;

24.

pide a la Comisión que cree vínculos entre bancos de datos, registros, archivos y portales —como MIDAS— para difundir, mediante iniciativas de comunicación y formación, el conocimiento de estos entre el público, también a través del CDR y de las asociaciones de entes locales y regionales;

25.

acoge con satisfacción la declaración por parte de la Comisión de que se esforzará por mejorar las consultas públicas y el tratamiento de las respuestas a dichas consultas. En la actualidad no está claro qué peso otorga la Comisión a las respuestas individuales a las consultas, información que sería necesaria para la transparencia democrática en el ámbito en cuestión. En todo caso, las contribuciones provenientes de administraciones públicas regionales con competencias en las materias objeto de consulta deberían tomarse en consideración particular por parte de la Comisión a la hora de presentar sus propuestas legislativas;

Nuevos instrumentos para una mayor simplificación y reducción de la carga

26.

conviene en que ha llegado el momento de prestar más atención a los efectos de la legislación en términos de costes económicos y cargas adicionales para los entes locales y regionales, las personas, los hogares y las empresas, especialmente las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral del tejido económico europeo;

27.

pide a la Comisión Europea que, al aplicar el enfoque «una más, una menos», con el que la Comisión pretende compensar las nuevas cargas derivadas de las propuestas legislativas reduciendo una carga administrativa equivalente en el mismo sector, garantice que las evaluaciones iniciales de impacto y las evaluaciones de impacto incluyan una evaluación de las posibles repercusiones de cada iniciativa legislativa diferenciadas por territorios. Espera que la aplicación de este principio mantenga los objetivos de la legislación y las exigentes normas económicas, sociales y medioambientales de la Unión. El Comité espera, además, que los métodos utilizados para medir y reducir las cargas se basen en un enfoque basado en pruebas relativas a la compensación de las cargas administrativas y al coste de la inacción, de modo que posteriormente puedan convertirse en patrimonio común de los responsables políticos a todos los niveles y acompañen a las propuestas legislativas, a lo largo de todo el proceso de aprobación, hasta su aplicación a escala nacional, regional y local;

28.

subraya que las nuevas iniciativas legislativas europeas deben generar un valor añadido europeo y, además, considera fundamental garantizar que las medidas y obligaciones propuestas sean sencillas y puedan aplicarse de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos políticos acordados. Pide una mayor transparencia y rendición de cuentas y una reducción de las cargas administrativas para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes). Subraya que la UE debe adoptar un objetivo de reducción de la carga normativa global de la UE para las empresas;

29.

destaca que, en línea con la iniciativa «Small Business Act», algunos Estados y regiones ya han aplicado metodologías de evaluación de las cargas que la legislación genera para las empresas; promueve el intercambio de mejores prácticas sobre las medidas compensatorias, los instrumentos, las metodologías y los datos recogidos;

30.

considera imprescindible, para la reducción de las cargas y la simplificación de los procesos, invertir en la adopción de soluciones digitales que sean capaces de modernizar los sistemas de las administraciones públicas, adaptándolos a la velocidad y las necesidades de los sectores productivos;

31.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las empresas, especialmente a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, en las inversiones necesarias, también en términos de formación, mejora de capacidades y reciclaje profesional, para que puedan adaptarse a los estándares exigidos por la normativa europea del sector correspondiente;

32.

reconoce la necesidad de una labor de revisión y simplificación de la normativa que elimine los obstáculos a la aplicación de las normas, también a nivel transfronterizo, y haga que las leyes sean más eficaces, transparentes y comprensibles para el usuario final, ya sea este ciudadano o empresa; se congratula, por tanto, del trabajo realizado en el estudio anual de la carga administrativa de 2020, que, en consonancia con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016, da cuenta de las medidas adoptadas para reducir la carga administrativa y simplificar la legislación;

33.

comparte el objetivo del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), que actualmente se ve reforzado con la creación de la plataforma «Preparados para el Futuro» (Fit4F); valora el papel reforzado del CDR en la plataforma, con tres representantes en el Grupo de reflexión de los Estados miembros, lo que en parte aborda sus preocupaciones sobre la gobernanza y la eficacia de la anterior plataforma REFIT, y con RegHub (Red de centros regionales para evaluar la aplicación de las políticas de la UE); reitera su apoyo a la plataforma Fit4F y su compromiso de intensificar la cooperación con la Comisión Europea; recuerda que el CDR reúne las condiciones idóneas para recoger sistemáticamente datos de los entes locales y regionales a través de sus miembros, redes y demás iniciativas específicas, como RegHub (8);

34.

subraya el valor añadido que aporta RegHub —mediante las consultas con las partes interesadas— a la elaboración de una base de datos europea sobre los efectos de la aplicación de la legislación de la UE; subraya que RegHub también favorece la aplicación de la legislación de la UE mediante la difusión de información y la creación de un contexto propicio para el intercambio de buenas prácticas, así como para la evaluación de los avances y los resultados; señala que, para garantizar la continuidad y la coherencia de la simplificación, podría ser útil activar la red RegHub sobre las Directivas y los Reglamentos que ya han sido objeto de consulta y revisión, para apoyar su aplicación; pide a la Comisión que examine la posibilidad de una asistencia financiera a largo plazo para el desarrollo y la consolidación de RegHub como herramienta de mejora de la legislación;

35.

considera fundamental ampliar al máximo la participación de las regiones, las provincias y las ciudades en RegHub, e invita también a los Estados miembros a que utilicen la Red para implantar sistemas de adquisición de datos e información sobre el territorio;

Mejorar nuestras herramientas

36.

considera que, entre las lecciones aprendidas de la pandemia, está la necesidad de recoger, con la mayor antelación posible, los indicios de fenómenos futuros, garantizando una rápida respuesta que permita contener al menos sus efectos más devastadores; subraya la importancia para el responsable político de disponer de datos científicos completos y actualizados para formular estrategias que respondan a los desafíos; subraya la necesidad de establecer una estrecha y constante cooperación con la comunidad científica y de investigación;

37.

pide que la metodología para la integración de la previsión estratégica en la elaboración de las políticas se especifique en el paquete de mejora de la legislación, teniendo en cuenta la perspectiva local y regional; recuerda que los entes locales y regionales y el CDR están una posición ideal para contribuir a la previsión estratégica;

38.

pide a la Comisión que acepte las contribuciones del CDR a la creación del portal legislativo común, incluidos los dictámenes, las evaluaciones del impacto territorial (EIT), los informes de RegHub, los estudios y la documentación sobre las propuestas legislativas y las revisiones; pide asimismo poder participar en las mejoras técnicas del portal «Díganos lo que piensa» con el fin de contribuir a comprender mejor las especificidades locales y facilitar el acceso de los entes locales y regionales;

39.

confía en que la Comisión Europea resalte el carácter territorial del impacto de las políticas mediante la revisión de las orientaciones para la mejora de la legislación y la actualización de la «caja de herramientas» por lo que se refiere a las herramientas y metodologías, para la determinación del impacto en general y del EIT en particular, dotándolas de la flexibilidad suficiente para poder utilizarlas en diferentes contextos y a todos los niveles;

40.

recuerda que conceptos como la evaluación del impacto en las zonas rurales, las evaluaciones del impacto urbano y las evaluaciones del impacto transfronterizo forman parte del concepto más amplio de evaluación del impacto territorial, y que una diferenciación conceptual no debe ir en contra del objetivo de una elaboración de políticas basada en el territorio y en datos contrastados;

41.

acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de la Comisión Europea (y, en particular, del Centro Común de Investigación y de la DG Política Regional y Urbana) y del programa GECT ESPON, cuyo objeto es seguir desarrollando herramientas metodológicas para evaluar el impacto territorial; recomienda que, incluso cuando no pueda hacerse una EIT —o no se considere pertinente—, se lleven a cabo otros tipos de evaluaciones de impacto, al nivel más bajo de detalle territorial que permitan los datos estadísticos existentes;

42.

reitera que la «ceguera territorial» tiene efectos negativos en la calidad de la elaboración de las políticas. La falta de suficientes datos subnacionales en muchos índices y cuadros de indicadores importantes (como el índice DESI —Digital Economy and Society Index—, el cuadro de indicadores sociales y los ODS) y la ausencia o la calidad insuficiente del análisis subnacional en materia de previsión por parte de las instituciones europeas pueden tener efectos adversos y duraderos en la Unión en su conjunto, en el espíritu de cohesión entre los territorios y en la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, las directrices y el paquete de herramientas para la mejora de la legislación deben dar señales claras y proporcionar herramientas útiles para garantizar que las evaluaciones del impacto territorial se utilizan ampliamente a lo largo de todo el ciclo de elaboración de las políticas, garantizando que también se llevan a cabo evaluaciones de impacto de otro tipo (social, económico, medioambiental u otros) a nivel subnacional;

43.

recomienda una mayor participación de los entes locales y regionales, a fin de poner a disposición, para la evaluación del impacto territorial, datos e información de difícil acceso a nivel europeo; invita a la Comisión Europea a que dé a conocer a los entes locales y regionales, a través del CDR y de RegHub, los diferentes modelos para llevar a cabo dicha evaluación basándose en los desarrollados por ESPON, lo que favorecerá la cultura de la evaluación y elaboración de políticas basada en datos contrastados y en un enfoque local, también en la fase de transposición y aplicación de la legislación, sobre la base de un método de trabajo de gobernanza multinivel;

44.

insiste en la importancia de que se justifique la eventual ausencia de evaluación de impacto en una propuesta legislativa, especialmente en el caso de propuestas con un posible impacto territorial;

45.

está de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Operativo (9) de entender la subsidiariedad de una manera activa, dado que tomar decisiones en el nivel más próximo a los ciudadanos contribuye a reforzar la visibilidad de las acciones y la legitimidad democrática de la Unión; invita a la Comisión a que tenga en cuenta, cuando examine si se respeta la subsidiariedad, las formas de descentralización que existen en la Unión, incluida la fiscal, ya que este seguimiento debe basarse en el reparto de competencias entre los distintos niveles de gobierno;

46.

invita a los colegisladores y a los Estados miembros a que utilicen de forma sistemática la plantilla de evaluación de la subsidiariedad; anima a los Parlamentos regionales a que utilicen la plantilla para verificar el si las propuestas legislativas de la UE respetan el principio de subsidiariedad, de conformidad con el Protocolo n.o 2 del TFUE;

47.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que, para alcanzar los objetivos de la transición ecológica y digital, incluyan a los entes locales y regionales en todas las fases del proceso de toma de decisiones, tanto a nivel europeo —en las consultas y en las evaluaciones ex ante y ex post— como a nivel nacional —en la elaboración de las políticas, desde la legislación hasta la formulación y aplicación de los planes y programas e instrumentos políticos con más repercusión en ciudades y regiones— con el fin de mantener la coherencia en las intervenciones. Recomienda, en consonancia con las recomendaciones del Grupo Operativo (10), que se actualicen las modalidades de participación de las regiones por parte de los Estados a la hora de aplicar los planes nacionales de recuperación y resiliencia y los objetivos del Pacto Verde, sobre la base de un método de trabajo de gobernanza multinivel, para una transición verde, digital y socialmente justa;

48.

acoge con satisfacción los esfuerzos por aumentar la calidad de las evaluaciones mediante controles independientes y celebra la creación del Comité de Control Reglamentario (11), que, por su carácter permanente, su nueva composición y su mandato ampliado, responde en parte las preocupaciones expresadas por el CDR en relación con su eficacia; reitera su petición de incluir en el Comité de Control Reglamentario a un miembro permanente designado por el CDR; pide a la Comisión Europea que proporcione acceso a los proyectos de evaluación y análisis de impacto que se transmitan al Comité de Control Reglamentario, a fin de evaluar mejor y orientar de manera más eficaz las contribuciones del CDR al programa sobre la mejora de la legislación; invita al Comité de Control Reglamentario a considerar el uso de los informes de aplicación de RegHub como herramienta para el examen de las propuestas legislativas, y señala que el CDR está dispuesto a reforzar su cooperación con el Comité de Control Reglamentario;

El importante papel de la ejecución

49.

se compromete a reunir todas sus herramientas y metodologías para recopilar y analizar datos territoriales en un único paquete de mejora de la legislación, que incluya las consultas en el marco de la RegHub, a fin de estrechar los vínculos con la «caja de herramientas para la mejora de la legislación» de la Comisión y con las herramientas desarrolladas por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo; anima a la Comisión y a los Estados miembros a extender a los entes locales y regionales las acciones de apoyo allí previstas relativas a la transposición de las Directivas, la aplicación de los Reglamentos y la correcta aplicación de las normas de la UE;

50.

recomienda a los entes locales y regionales, en línea con lo ya señalado por el Grupo Operativo sobre Subsidiariedad (12), que cooperen en la preparación de planes nacionales de aplicación que puedan tener un valor añadido respecto a los de la Comisión Europea;

51.

coincide con la Comisión en la necesidad de sensibilizar a los Estados miembros y las regiones sobre el fenómeno de la sobrerregulación y, en caso de que, en aras de la aplicación de la legislación europea se considere imprescindible disponer de normas adicionales de alcance nacional, recomienda que estas se introduzcan mediante actos de transposición o documentos relacionados, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (13). Asimismo, se recomienda evitar la sobrerregulación, en particular en la ejecución de programas de gestión compartida y en las normas nacionales de contratación pública.

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(1)  Dictamen del CDR sobre el tema «Legislar mejor: haciendo balance y reafirmando nuestro compromiso», CDR 2579/2019.

(2)  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es.

(3)  https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_es.

(4)  https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020.

(5)  Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», https://ec.europa.eu/info/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_es.

(6)  Recomendación 8.

(7)  Dictamen del CDR sobre el tema «Los entes locales y regionales en un diálogo permanente con los ciudadanos», https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4989-2019.

(8)  Red de centros regionales para evaluar la aplicación de las políticas de la UE https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-assessment.aspx.

(9)  Informe del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», https://ec.europa.eu/info/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_es.

(10)  Recomendación 4.

(11)  Dictamen sobre el tema «Legislar mejor — Un programa de la UE», https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4129-2015.

(12)  Recomendación n.o 5 del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente».

(13)  Punto 43 del Acuerdo.