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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y Ucrania,

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Vistos la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

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Visto el conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk, adoptado y firmado en Minsk el 12 de febrero de 2015 y adoptado en su totalidad por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2202 (2015), de 17 de febrero de 2015,

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Vistas la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 18 de marzo de 2021, sobre Ucrania, y su declaración conjunta con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 12 de abril de 2021, sobre el mismo asunto,

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Vista la reunión del presidente de Francia, del presidente de Ucrania y de la canciller de Alemania, celebrada el 16 de abril de 2021, sobre la cuestión del despliegue militar ruso,

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Vistas las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 18 de abril de 2021, sobre el deterioro de la salud de Alexéi Navalni,

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Vistas la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «Integridad territorial de Ucrania», las Resoluciones 71/205, de 19 de diciembre de 2016, 72/190, de 19 de diciembre de 2017, 73/263, de 22 de diciembre de 2018, 74/168, de 18 de diciembre de 2019, y 75/192, de 16 de diciembre de 2020, de la Asamblea General de las Naciones Unidas tituladas «Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)», y las Resoluciones 74/17, de 9 de diciembre de 2019, y 75/29, de 7 de diciembre de 2020, de la Asamblea General de las Naciones Unidas tituladas «Problema de la militarización de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania), así como partes del mar Negro y el mar de Azov»,

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Vista la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1),

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Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, y en particular su título II sobre diálogo político y convergencia en el ámbito de la política exterior y de seguridad (2),

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Visto el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad, de 5 de diciembre de 1994, relativo a la adhesión de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares,

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Vistos la propuesta de Ucrania, de 29 de marzo de 2021, de retornar a un alto el fuego total en el este de Ucrania y el proyecto de plan de acción conjunto para la realización de los Acuerdos de Minsk,

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Vistas la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 19 de abril de 2021, sobre la expulsión de diplomáticos checos, y la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 21 de abril de 2021, en solidaridad con la República Checa por actividades delictivas cometidas en su territorio,

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Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, en las últimas semanas, la Federación de Rusia ha aumentado sustancialmente su presencia militar en las fronteras oriental y septentrional con Ucrania y en la Crimea ocupada, sumando un total de más de 100 000 soldados, así como tanques, vehículos de artillería y blindados y otros equipos pesados; que el reciente despliegue constituye la mayor concentración de tropas rusas desde 2014 y sus dimensiones y capacidades de ataque indican intenciones ofensivas;

B.

Considerando que la Federación de Rusia ha anunciado la suspensión, hasta el 31 de octubre de 2021, del derecho de paso inocente para los buques de guerra y los buques comerciales de otros países a través de la parte del mar Negro en dirección al estrecho de Kerch, violando la libertad de navegación, garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que Rusia es parte; que las zonas afectadas se encuentran en el mar territorial de Ucrania alrededor del territorio ocupado temporalmente de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol;

C.

Considerando que han transcurrido seis años desde la adopción de los Acuerdos de Minsk y siete años desde la anexión ilegal de la península de Crimea por la Federación de Rusia y desde el comienzo de la guerra en Ucrania;

D.

Considerando que, según fuentes ucranianas, la Federación de Rusia cuenta con aproximadamente 3 000 oficiales e instructores militares en las fuerzas armadas de las dos denominadas Repúblicas Populares;

E.

Considerando que la desestabilización del este de Ucrania por parte de la Federación de Rusia por medio de fuerzas afines en las denominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk ha sido continua desde 2014; que el conflicto se ha cobrado la vida de más de catorce mil personas y ha convertido a cerca de dos millones de personas en desplazados internos;

F.

Considerando que Ucrania ha pedido que se invoque el apartado 16.3 del capítulo III del Documento de Viena 2011 sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad, solicitando una explicación sobre las actividades militares inusuales de la Federación de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y en la Crimea ocupada; que el Documento de Viena fue adoptado por la totalidad de los 57 miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 2011 para que sirviera como fundamento duradero de cooperación y transparencia militar; que la Federación de Rusia decidió no participar en dicha reunión;

G.

Considerando que los Estados participantes de la OSCE tienen la obligación de proporcionarse información recíprocamente, en particular sobre sus planes de operaciones, de notificarse mutuamente con antelación las actividades militares importantes, como ejercicios militares, y de consultarse y cooperar entre sí en caso de actividades militares inusuales o de tensiones crecientes;

H.

Considerando que el Ministerio de Defensa ruso declaró el viernes 23 de abril de 2021 que las fuerzas desplegadas volverían a sus bases permanentes a más tardar el 1 de mayo de 2021;

I.

Considerando que los derechos de libertad de pensamiento y de palabra, de asociación y de reunión pacífica están consagrados en la Constitución de la Federación de Rusia; que la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho sigue deteriorándose en Rusia, con la continuada vulneración de esos derechos y libertades por parte de las autoridades; que la Federación de Rusia es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del CEDH, y es miembro del Consejo de Europa;

J.

Considerando que, el 9 de abril de 2021 y por un breve espacio de tiempo, las autoridades rusas detuvieron, interrogaron e incautaron los teléfonos y documentos de Roman Anin, uno de los principales periodistas de investigación de Rusia colaborador del Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción; que, debido a la información a la que ahora tiene pleno acceso el Servicio Federal de Seguridad (SFS), esas actuaciones también han puesto en peligro a sus colegas periodistas de dicho Proyecto que trabajan sobre cuestiones de transparencia y corrupción;

K.

Considerando que Alexéi Navalni, el militante contra la corrupción y político de la oposición más conocido de Rusia, fue detenido el 17 de enero de 2021 y condenado a una pena de prisión de tres años y medio el 2 de febrero de 2021 por presunta violación de su libertad condicional mientras se recuperaba en Alemania de un intento de asesinato por envenenamiento mediante un agente químico militar prohibido perpetrado por agentes de los servicios de seguridad rusos en la Federación de Rusia; que Alexéi Navalni fue trasladado el 12 de marzo de 2021 a una colonia penal en Pokrov, donde ha sido sometido reiteradamente a torturas y tratos inhumanos, y que posteriormente, hace más de tres semanas, inició una huelga de hambre;

L.

Considerando que la evolución de la situación durante las últimas semanas ha confirmado los peores temores de sus familiares, amigos y simpatizantes, así como de la comunidad internacional, sobre la seguridad personal y la vida de Alexéi Navalni, y han motivado su traslado a un hospital penitenciario cercano a Moscú, donde su vida sigue estando en peligro;

M.

Considerando que el 16 de febrero de 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió indicar al Gobierno de Rusia, en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal, que liberase a Alexéi Navalni; que esa medida debe ser aplicada con efecto inmediato; que el Tribunal ha tenido en cuenta la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida de Alexéi Navalni, demostrados prima facie para los fines de la aplicación de la medida provisional, valorándolos a la luz de las circunstancias generales del internamiento actual de Alexéi Navalni;

N.

Considerando que, el viernes 23 de abril de 2021, Alexéi Navalni anunció que, siguiendo el consejo de doctores externos a la prisión, suspendería gradualmente la huelga de hambre que había iniciado el 31 de marzo de 2021; que, según el consejo médico que recibió Alexéi Navalni, su vida correría peligro si continuaba la huelga de hambre; que, incluso si Alexéi Navalni recibe ahora los cuidados necesarios, no hay ninguna garantía de que no se le someta a otros tratos inhumanos o que pongan en peligro su vida o de que no se atente contra su vida;

O.

Considerando que en 2020 Rusia ocupó el puesto 129 de los 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el más bajo de toda Europa; que los vínculos cleptocráticos entre oligarcas, agentes de seguridad y funcionarios vinculados al Kremlin han sido expuestos parcialmente por activistas anticorrupción como el difunto Serguéi Magnitski y la Fundación Anticorrupción (FBK) liderada por Alexéi Navalni, implicando a los más altos niveles de poder, incluido Vladimir Putin, en investigaciones sobre la riqueza no explicada que han amasado a lo largo de los años; que la Fiscalía de Moscú está tratando de calificar al FBK y a otras dos organizaciones vinculadas a Alexéi Navalni —la Fundación para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos y las sedes regionales de A. Navalni — como «extremistas», lo que significaría que sus empleados podrían enfrentarse a detenciones y penas de prisión de entre seis y diez años;

P.

Considerando que el envenenamiento de Alexéi Navalni se ajusta a una pauta de acción adoptada contra los opositores de Putin que ha afectado a Víktor Yúshchenko, Serguéi Skripal y Vladímir Kará-Murzá, y ha provocado la muerte de varias figuras destacadas de la oposición, periodistas, activistas y líderes extranjeros, entre ellos Borís Nemtsov, Anna Politkóvskaya, Serguéi Protazánov, Natalia Estemirova y Alexandr Litvinenko;

Q.

Considerando que la Federación de Rusia no solo representa una amenaza exterior para la seguridad europea, sino que también está librando una guerra interna contra su propio pueblo a través de la opresión sistemática de la oposición y detenciones en las calles; que solo el 21 de abril de 2021 se produjeron más de 1 788 detenciones de manifestantes pacíficos, cifra que se suma a los más de 15 000 ciudadanos rusos inocentes que han sido detenidos desde el mes de enero de 2021;

R.

Considerando que, en sus dos Resoluciones anteriores sobre Rusia, el Parlamento pedía una revisión de la política de la Unión respecto de dicho país y sus cinco principios rectores y pedía al Consejo que comenzase inmediatamente los preparativos y adoptase una estrategia de la Unión para las futuras relaciones con una Rusia democrática, que contemplaría una amplia variedad de incentivos y condiciones para fortalecer las tendencias internas hacia la libertad y la democracia en Rusia;

S.

Considerando que el 17 de abril de 2021 la República Checa expulsó a dieciocho miembros del personal de la embajada rusa, entre ellos miembros de las agencias de inteligencia rusas, sobre la base de las conclusiones bien fundadas del Servicio de Información de Seguridad de la República Checa de que agentes en activo de los servicios de inteligencia rusos estaban implicados en la explosión de un depósito de municiones en 2014 en la que murieron dos ciudadanos checos y se produjeron considerables daños materiales; que se pusieron en peligro sin ningún tipo de escrúpulo las vidas y las propiedades de miles de personas que vivían en los municipios cercanos; que esas acciones ilegales cometidas en el territorio de la República Checa constituyen una violación muy grave de la soberanía de un Estado miembro de la Unión por parte de una potencia extranjera; que, en respuesta a la expulsión por la República Checa de dieciocho miembros del personal de la Embajada rusa, la Federación de Rusia expulsó a veinte diplomáticos checos, a los que se ordenó abandonar el país el 19 de abril de 2021; que la República Checa ha decidido equiparar el número de miembros del personal de la Embajada rusa en la República Checa con el de la Embajada checa en Rusia el 22 de abril de 2021, después de la negativa de Rusia a aceptar que los diplomáticos checos expulsados regresasen al país y de conformidad con el artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dando de plazo a la embajada rusa para aplicar dicha decisión hasta finales del mes de mayo;

T.

Considerando que los mismos agentes del GRU implicados en la explosión del depósito de municiones en la República Checa también fueron responsables del intento de asesinato de Serguéi y Yulia Skripal en el Reino Unido, en 2018, mediante un agente químico neurotóxico de uso militar del grupo «Novichok», lo que también provocó la muerte de un ciudadano británico; que también se acusó a agentes del GRU del intento de asesinato de Emilian Gebrev, propietario de una fábrica de armas, y de otras dos personas en Bulgaria en 2015; que Rusia no coopera en la investigación de esos delitos cometidos dentro del territorio de la Unión, niega la implicación del GRU en el envenenamiento de Serguéi y Yulia Skripal y da refugio a sospechosos clave;

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