a.

Ni capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, la adquirente de los activos cedidos en la licitación, ni sus filiales resultarían afectados por una eventual reclamación de devolución de las ayudas estatales incompatibles con el mercado interior.

b.

La venta de los activos de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH y Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH no constituye una ayuda de Estado en beneficio de capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH o de sus filiales.

Se alega que el Tribunal General pasó por alto argumentos y razones de la recurrente que es patente que constan en los autos, incumpliendo su obligación de motivación. Esta es, pues, inexistente o cuando menos insuficiente. Se alega, además, una violación del derecho a ser oído y del derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 47 de la Carta, así como una interpretación y aplicación erróneas por el Tribunal General del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

Se alega igualmente a este respecto que el Tribunal General pasó por alto argumentos y razones de la recurrente que es patente que constan en los autos, incumpliendo su obligación de motivación, la cual es, pues, inexistente o cuando menos insuficiente. Se alega también a este respecto una violación del derecho a ser oído y del derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 47 de la Carta. El Tribunal General desvirtuó asimismo los hechos y las pruebas, e incurrió en una interpretación y aplicación erróneas del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

Por las razones expuestas en los motivos primero y segundo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al negar legitimación activa a la recurrente en relación con la segunda decisión impugnada.

Se alega que el Tribunal General, al declarar erróneamente que la licitación fue abierta, transparente, no discriminatoria e incondicional, incurrió en infracción de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 2, en un incumplimiento de la obligación de motivación y en una violación del derecho a ser oído y del derecho a la tutela judicial efectiva y desvirtuó los hechos y las pruebas. De este modo, no se fijó un precio de mercado, existiendo serias dudas que deberían haber llevado a la Comisión a incoar el procedimiento de investigación formal.

Se alega que el Tribunal General obvió indebidamente el hecho de que la Comisión había incumplido su obligación de motivación en relación con las decisiones impugnadas.