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La demandante alega, a este respecto, que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 en relación con el artículo 118 del Reglamento no 1907/2006, por cuanto la divulgación de la información pertinente a un tercero vulnera la protección de sus intereses comerciales y de los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que no existen intereses públicos superiores que justifiquen la divulgación de la información pertinente y por cuanto la demandada no hizo ninguna referencia en su decisión a la existencia de tal interés público que pudiera anular la necesidad de protección de dichos derechos de la demandante.

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A este respecto, la demandante alega que la decisión impugnada contraviene las obligaciones internacionales de la Unión Europea derivadas del artículo 39, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual los miembros de este Acuerdo deberán garantizar que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información, en primer lugar, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; en segundo lugar, tenga un valor comercial por ser secreta y, en tercer lugar, haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

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A este respecto, se alega que la decisión impugnada infringe el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 1 del Protocolo adicional de dicho Convenio y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto restringe el derecho de la demandante al disfrute pacífico de sus bienes.

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En opinión de la demandante, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que la divulgación de la información pertinente perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la Comisión Europea y de la demandada para adoptar una decisión sobre la solicitud de utilización de la substancia en cuestión, cuando no existe un interés público superior que justifique la divulgación de dicha información y la demandada, en su decisión, no hizo ninguna referencia a la existencia de tal interés público superior que pudiera anular la necesidad de protección de los derechos de la demandante.