Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA

(Asunto C-417/10) (1)

(Fiscalidad directa - Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal - Abuso de Derecho - Artículo 4 TUE, apartado 3 - Libertades garantizadas por el Tratado - Principio de no discriminación - Ayudas de Estado - Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión)

2012/C 151/09

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Demandada: 3M Italia SpA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Corte suprema di cassazione — Impuesto de sociedades — Normativa nacional que establece un porcentaje del impuesto sobre los dividendos de las sociedades distinto en función del domicilio social — Operación comercial en la que participan sociedades con domicilio en Italia y sociedades con domicilio en el extranjero — Resolución administrativa por la que se consideran aplicables los impuestos adeudados en los casos de sociedades con domicilio en el extranjero — Concepto de abuso de Derecho tal y como se define en el asunto C-255/02, Halifax y otros — Aplicabilidad a los impuestos no armonizados, como los impuestos directos.

Fallo

El Derecho de la Unión –concretamente, el principio de prohibición de abuso de Derecho, el artículo 4 TUE, apartado 3, las libertades garantizadas por el TFUE, el principio de no discriminación, las normas en materia de ayudas de Estado y la obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión– debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que en un asunto de las características del litigio principal, que versa sobre fiscalidad directa, se aplique una disposición nacional que establece la terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia tributaria, mediante el pago de un importe equivalente al 5 % de la cuantía del litigio, cuando dichos procedimientos se hayan iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias.

(1)  DO C 288, de 23.10.2010.