25.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 200/63

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mejorar la definición del papel de los entes locales y regionales en el ámbito de las acciones propuestas, en línea con el papel que desempeñan en el marco de los ordenamientos nacionales que regulan la prestación de los servicios sanitarios;

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mejorar la definición de las modalidades de participación de los ciudadanos en los procesos de programación y decisión relacionados con la gestión de riesgos;

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incluir una referencia a los procesos, indicadores y normas de gestión de riesgos y seguridad de los pacientes en los sistemas de autorización, acreditación y certificación de las estructuras sanitarias;

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definir unos canales específicos de garantía jurídica y reglamentaria que faciliten la comunicación por los agentes sanitarios de los errores, efectos adversos y situaciones en las que se hayan producido incidentes;

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integrar los temas de la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes en los programas de estudios (superiores) y en la formación permanente tanto de los doctores como de los demás profesionales de la sanidad;

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incluir recomendaciones suplementarias a fin de intensificar el esfuerzo, que ya se está realizando a nivel de los distintos comités científicos, por definir instrumentos normativos y procesales específicos en el ámbito de la seguridad en el uso de medicamentos.

Ponente

:

Piero Marrazzo (IT/PSE), Presidente de la Región del Lacio

1.

destaca que ha manifestado ya en reiteradas ocasiones su sensibilidad e interés por el tema, solicitando a la Comisión la adopción de propuestas específicas al respecto, y considerando que «una cooperación estructurada y coordinada a nivel europeo con vistas a intercambiar experiencias y conocimientos, así como a simplificar los acuerdos sobre desarrollo de la tecnología sanitaria puede aportar un gran valor añadido a los Estados miembros» (véase el Dictamen del CDR 153/2004 fin);

2.

observa que otras organizaciones, como la OMS, la OCDE y el Consejo de Europa, han tratado ya el tema de la seguridad en el sector sanitario;

3.

toma nota de que la propuesta de la Comisión se integra en este contexto, y que representa un claro paso adelante para la participación efectiva de los Estados miembros en este ámbito, y subraya que la subsidiariedad es un elemento decisivo para adquirir un conocimiento exhaustivo del fenómeno y un instrumento privilegiado para encontrar una solución al mismo;

4.

considera que la decisión de la Comisión de promover un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros mediante una Comunicación de la Comisión y una Recomendación del Consejo responde a la solicitud del Comité de las Regiones;

5.

reconoce que la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes tienen acertadamente por objeto lograr el compromiso político de todos los países de la UE para que los Estados miembros apliquen las recomendaciones propuestas, por separado o de manera colectiva, con ayuda de la Comisión, y adopten medidas concretas para mejorar la seguridad de los pacientes;

6.

considera que los principales elementos de la propuesta guardan una estrecha relación con:

7.

toma nota de que la iniciativa no sustrae a los Estados miembros ninguna competencia en el sector sanitario, dado que la Recomendación del Consejo es un instrumento jurídico que deja a los Estados miembros la libertad de organizar sus propios sistemas sanitarios a nivel nacional, regional y local, como ya lo hacen en la actualidad;

8.

toma nota de que, según varios informes, la población europea considera que la seguridad en los procesos de diagnóstico y tratamiento y el riesgo de sufrir daños sanitarios son uno de los mayores problemas, no sólo para su propia salud y la de sus allegados, sino de manera más general para la seguridad de vida de los ciudadanos;

9.

destaca que, con arreglo a muchos ordenamientos jurídicos nacionales, los entes locales y regionales son directamente responsables de la prestación de servicios sanitarios y, por tanto, tienen un interés especial en la mejora de los sistemas de seguridad y calidad del sector sanitario;

10.

considera que las repercusiones negativas de los daños sanitarios influyen directamente en la percepción que tienen los ciudadanos de la calidad y seguridad de los servicios prestados, que en muchos Estados miembros constituye uno de los principales elementos de evaluación de la eficacia de los gobiernos locales y regionales por los ciudadanos;

11.

observa que la extensión de los daños sanitarios, unida al aumento de los litigios, representa para las administraciones directamente responsables de la prestación de servicios sanitarios un problema no sólo ético, social y sanitario, sino también económico, dado el creciente coste de las pólizas de seguros y la tendencia al alza de los costes generados por la compensación de los daños sufridos por los ciudadanos;

12.

considera, por tanto, que, aunque en muchos sectores ya se han emprendido iniciativas sectoriales específicas (seguridad de los medicamentos y los equipos médicos, resistencia a los antibióticos, etc.) en relación con la seguridad de los pacientes y la prevención de riesgos sanitarios, resulta sumamente útil una iniciativa, como la que se presenta en la propuesta y la recomendación, dirigida a definir un enfoque integrado que permita reducir en su conjunto las múltiples causas potenciales de los daños sanitarios;

13.

considera que las propuestas y los principios enunciados en la propuesta y en la recomendación responden a solicitudes formuladas anteriormente por el Comité de las Regiones en el sector sanitario, al objeto de fomentar el intercambio de buenas prácticas en relación con la seguridad de los pacientes, en el respeto del principio de subsidiariedad, y de reducir las disparidades observadas en dicho sector en relación con la disponibilidad y la calidad de los servicios sanitarios;

14.

opina que las enmiendas y los añadidos propuestos a continuación podrían completar útilmente el marco de la recomendación, al subrayar y reforzar algunos de sus elementos de especial interés para el Comité de las Regiones, por lo que recomienda, en particular :

(a)

mejorar la definición del papel de los entes locales y regionales en el ámbito de las acciones propuestas, en línea con el papel que desempeñan en el marco de los ordenamientos nacionales que regulan la prestación de los servicios sanitarios;

(c)

uniformizar las modalidades técnicas de la recogida de datos y su transmisión;

(d)

integrar, a nivel de la autorización, acreditación o certificación, no sólo elementos ligados a las normas estructurales o la dotación tecnológica, sino también elementos del proceso que obliguen a utilizar las mejores prácticas, constituiría una garantía concreta para la seguridad de los pacientes.

(a)

se hace obligatoria la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones, no sólo a nivel de los organismos consultivos, sino también de los organismos operativos;

(b)

conviene orientar y uniformizar las modalidades de comunicación con los pacientes en el momento de solicitar su consentimiento informado, al igual que lo que ya existe para la información relativa al uso de los medicamentos.

(c)

es necesario tratar el problema de la difusión de los conocimientos y prácticas relativas a las técnicas de gestión de riesgos de manera estructurada y específica en los programas de estudios universitarios, como un elemento fuerte para concienciar y desarrollar las competencias en el ámbito de la seguridad de los pacientes.

(2)

mejorar la definición del papel de los entes locales y regionales en el ámbito de las acciones propuestas, en línea con el papel que desempeñan en el marco de los ordenamientos nacionales que regulan la prestación de los servicios sanitarios.

(3)

el esfuerzo comunitario desplegado para afrontar el problema y la toma en consideración de su importancia debe apoyarse con una mayor rapidez de acción.