25.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 200/13

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acoge con agrado el claro mensaje del Presidente Barroso en la cumbre del G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, en el que subraya la importancia de cinco acciones coordinadas para la recuperación económica: la coordinación a escala mundial de los estímulos fiscales; la creación de una demanda duradera con estímulos a la confianza; la necesidad de un estímulo para la gobernanza mundial; estímulos comerciales; estímulos para el desarrollo y contra el cambio climático;

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subraya, en vista del previsible impacto asimétrico de la crisis en las distintas regiones, la importancia del objetivo de la cohesión territorial en el contexto de las medidas propuestas, para salvar el empleo o crearlo y estimular la actividad económica;

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apoya el enfoque de la Unión Europea de dar el amplio respaldo necesario para la recuperación económica procurando imprimir un impulso para mejorar el poder adquisitivo y adoptando medidas en los cuatro ejes centrales de la Estrategia de Lisboa (competitividad e innovación, desarrollo sostenible y cohesión social);

Ponente

:

Dietmar Brockes (DE/ALDE), Miembro del Parlamento del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia

1.

expresa su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación económica en los Estados miembros de la UE y en sus regiones y municipios, así como por el hecho de que la crisis haya tenido un considerable impacto en toda la economía mundial;

2.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya concebido rápidamente un paquete de recuperación económica en respuesta a la crisis financiera y económica mundial, y al mismo tiempo observa que las predicciones económicas en las que se basa dicho paquete ya han sido revisadas a la baja a la luz de los acontecimientos;

3.

acoge con agrado el claro mensaje del Presidente Barroso en la cumbre del G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, en el que subraya la importancia de cinco acciones coordinadas para la recuperación económica: la coordinación a escala mundial de los estímulos fiscales; la creación de una demanda duradera con estímulos a la confianza; la necesidad de un estímulo para la gobernanza mundial; estímulos comerciales; estímulos para el desarrollo y contra el cambio climático;

4.

subraya que la crisis financiera y económica mundial es una prueba de fuego para la economía de mercado y; por ello, pide a los responsables de los medios económicos que reaccionen ante la crisis con determinación y templanza y alienten a los ciudadanos dándoles ejemplo;

5.

critica duramente los excesos del sector del capital financiero puestos de manifiesto por su uso del apalancamiento financiero y derivados, como las obligaciones de deuda garantizadas, los títulos-valores cubiertos por activos y swaps por incumplimiento de crédito, así como la falta de control de las instituciones y autoridades supervisoras nacionales, europeas e internacionales, y la debilidad de la normativa financiera;

6.

exhorta a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE a que, en los próximos debates sobre un nuevo orden financiero mundial, propugnen una apropiada y efectiva revisión de todo el sistema financiero (incluyendo la banca de inversión, los fondos de protección y los fondos de participación privada) que impida una repetición de estos excesos. Para ello habrá que proceder a:

7.

está más convencido que nunca de que la economía real y su sistema financiero tienen que servir a los ciudadanos; considera que la normativa y el control, en particular de las normas del Acuerdo de Basilea II, deben extenderse a todos los agentes del sistema financiero, incluidos también los fondos especulativos, los fondos privados de inversión y otros organismos financieros no regulados;

8.

considera que la reforma estructural y fundamental del sistema financiero mundial es tan importante como las medidas para apoyar la economía adoptadas por la UE y los Estados miembros a raíz de la actual crisis económica; restaurar la confianza en los mercados financieros evitará el descrédito permanente de la economía de mercado en su conjunto, y sólo una corrección clara, efectiva, comprensible y bien comunicada de las turbulencias ocurridas en parte de los mercados financieros hará que se recupere la confianza;

9.

considera que las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias; lo importante ahora es actuar con rapidez, dejar de lado las ideas fijas y cumplir los criterios de Maastricht en su forma revisada, así como flexibilizar los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento relativos a las finanzas públicas (deuda y déficit públicos);

10.

subraya, en vista del previsible impacto asimétrico de la crisis en las distintas regiones, la importancia del objetivo de la cohesión territorial en el contexto de las medidas propuestas, para salvar el empleo o crearlo y para estimular la actividad económica;

11.

observa que los servicios ofrecidos por los Estados miembros y sus entes territoriales representan la mayor parte de los servicios públicos que más directamente influyen en la capacidad de la población para hacer frente a la crisis económica, pero que, debido a importantes restricciones presupuestarias en los Estados miembros, sus entes territoriales sólo podrán garantizar sus funciones en escasa medida; no obstante, incluso en estas condiciones, conviene preservar los principios del Estado de derecho en el conjunto de la Unión Europea y en cada Estado miembro, ya que constituyen el fundamento de la confianza de los ciudadanos en el poder público;

12.

acoge favorablemente que la Comisión Europea haya elaborado con rapidez y decisión el Plan de recuperación económica para frenar la espiral de la recesión económica;

13.

hace hincapié en que los Estados miembros de la UE deben actuar como una Comunidad en esta crisis y no pueden entregarse de nuevo a una conducta nacionalista y proteccionista;

14.

subraya, por consiguiente, la necesidad de una estrecha coordinación por parte de la UE y un enfoque decididamente europeo que establezca un marco común de acción para tomar medidas nacionales adaptadas a la situación económica específica y a las capacidades de los presupuestos públicos de los distintos Estados miembros; tiene la convicción de que la injerencia de los gobiernos de algunos Estados miembros en las funciones básicas de los gobiernos locales incapacita notablemente a esos Estados miembros en particular y en general a la Unión Europea para alcanzar los objetivos de Lisboa y aumenta las desigualdades de desarrollo entre las regiones europeas;

15.

apoya las propuestas de inversión en energía y proyectos de infraestructura de banda ancha presentados por la Comisión Europea, que servirán a la aplicación del Plan de recuperación económica de la UE avalado por el Consejo Europeo en diciembre de 2008 y marzo de 2009. Considera, sin embargo, que tanto la limitación del margen de maniobra de la Comisión respecto del dinero no gastado del presupuesto comunitario como las negociaciones excesivamente largas con los Estados miembros sobre el uso de ese dinero ponen de relieve la necesidad — que el CDR ya subrayó en su dictamen sobre la revisión intermedia del presupuesto (1) — de una reforma estructural del presupuesto de la UE y, en particular, de aumentar su flexibilidad;

16.

apoya el enfoque de la Unión Europea de dar el amplio respaldo necesario para la recuperación económica procurando imprimir un impulso para mejorar el poder adquisitivo y adoptando medidas en los cuatro ejes centrales de la Estrategia de Lisboa (competitividad e innovación, desarrollo sostenible y cohesión social);

17.

acoge positivamente el compromiso del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo con la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, y subraya la gran actualidad de los trabajos que están desarrollándose sobre el futuro de la estrategia para el crecimiento y el empleo después de 2010. En este contexto recuerda que el Comité de las Regiones ha decidido lanzar una consulta entre los entes locales y regionales europeos sobre el futuro de la estrategia para el crecimiento y el empleo después de 2010 (2);

18.

valora positivamente que el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo reconociera explícitamente que es prioritario responder al impacto social de la crisis y pidiera «estimular el empleo, en particular fomentando la adquisición de las nuevas competencias que requieran los nuevos empleos». Además mencionaba «la solidaridad y unos sistemas de protección social que puedan desempeñar plenamente su función de estabilizadores automáticos […]» (punto 19 de las Conclusiones);

19.

lamenta que el Consejo Europeo, en su última cumbre celebrada en Bruselas los días 19 y 20 de marzo de 2009, no haya reconocido explícitamente la importancia de los entes regionales y locales para superar la crisis financiera;

20.

pide a la Comisión que entable negociaciones internacionales para llevar a cabo una reorganización y una estabilización sostenibles de los sistemas financieros mundiales;

21.

considera que la inversión pública y los programas de incentivos financieros concebidos para apoyar la recuperación económica también deben contribuir a la transición a una economía con baja emisión de carbono, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que formulen en consecuencia sus planes y programas de recuperación económica. Los objetivos climáticos de la UE a partir de 2012 no deben verse comprometidos por la actual crisis financiera;

22.

pide a los Estados miembros que desarrollen con rapidez planes de recuperación nacionales y pongan a disposición los medios financieros necesarios, siempre y cuando no se hayan puesto ya en marcha planes con tal fin;

23.

estima indispensable que en el momento de la elaboración de los planes de recuperación nacionales se evalúe con precisión el impacto de las medidas de ahorro que se propongan en ellos sobre la situación económica y social del país a largo plazo. Las medidas poco meditadas, que permiten hacer pequeños ahorros, podrían suponer más pérdidas que beneficios, y se correría el riesgo de que las pérdidas aumenten con el paso del tiempo; a la inversa, el impacto del endeudamiento en el margen de maniobra de los presupuestos nacionales también debe tenerse en cuenta, de modo que cada gasto debe examinarse en función de su necesidad y de su rentabilidad;

24.

insta a emplear los Fondos Estructurales para acelerar las inversiones y modernizar las infraestructuras europeas;

25.

exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que propongan una mayor flexibilidad en el marco de los Fondos Estructurales de la UE, a fin de contribuir a resolver las actuales dificultades para acceder a la cofinanciación de los sectores público y privado;

26.

pide a la Comisión que examine cómo se puede responder a corto plazo mediante medidas de exención a los mecanismos de regulación económica, financiera y presupuestaria que, en las actuales circunstancias, pueden agravar la crisis;

27.

pide a los Estados miembros, en particular a los de la zona euro, que estudien la posibilidad de un préstamo europeo global, y otras posibilidades garantizadas conjuntamente por todos los Estados miembros;

28.

respalda la reciente propuesta de la Comisión de dar más flexibilidad al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de tal forma que este instrumento pueda utilizarse de modo efectivo para mitigar los efectos negativos de la crisis en los mercados de trabajo; recuerda, en este contexto, que ya había sugerido en su dictamen de 2006 sobre el FEAG muchos de los cambios que ahora propone la Comisión, y recibe positivamente que se hayan recogido sus sugerencias;

29.

señala que los entes competentes a nivel regional y local han puesto en marcha muchos planes de infraestructuras públicas y proyectos de desarrollo próximos a los ciudadanos, y que dichos entes son responsables de un tercio de los gastos públicos y de más de dos tercios de las inversiones públicas en la UE;

30.

desea llamar la atención sobre el hecho de que numerosos entes locales y regionales han participado estos últimos años en acuerdos de arrendamientos transfronterizos para infraestructuras vitales y que muchos de ellos se ven ahora amenazados por la crisis financiera y por la insuficiente información en que se apoyó buena parte de ellos. Muchos de estos planes siguen presentando riesgos financieros y legales que no pueden cuantificarse y, por tanto, puede que sea necesaria una acción concertada encaminada a limitar las consecuencias, potencialmente gravísimas para los ciudadanos, de los problemas que estos planes suponen;

31.

pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales para superar la crisis económica coyuntural; pide a los Estados miembros que eviten los recortes presupuestarios directos a los gobiernos locales, que ya han soportado una reducción de sus ingresos a consecuencia de la crisis económica;

32.

llama la atención sobre las buenas prácticas de varios Estados miembros, que, con independencia de la situación económica, han encontrado formas de ayudar a los gobiernos locales y suplir sus crecientes necesidades de servicios públicos ofreciéndoles préstamos adicionales y financiación extraordinaria;

33.

señala que los esfuerzos de consolidación del pasado, en la medida en que se efectuaban a expensas de las inversiones públicas netas, provocaron una disminución del capital público, por lo que hoy en día se necesitan inversiones públicas, sobre todo a escala local y regional, en infraestructuras públicas, vías de circulación, guarderías, escuelas, universidades, hospitales, conexiones de banda ancha, eficiencia energética, etc.; por otra parte, es preciso intensificar los esfuerzos de consolidación para contener los gastos de consumo, a fin de evitar el endeudamiento y preservar un margen de maniobra para las generaciones futuras;

34.

pide a la Comisión que presente una propuesta de normas para la concesión de microcréditos en la UE. Tal propuesta debería tener por objetivo establecer parámetros básicos para conceder microcréditos, a fin de evitar cualquier falseamiento de la competencia y facilitar el acceso seguro transfronterizo a los microcréditos y la cofinanciación del presupuesto de la UE. A este respecto, el Comité de las Regiones apoya la iniciativa Jasmine anunciada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones en septiembre de 2008;

35.

subraya que es necesario tomar medidas para relanzar la coyuntura económica conforme al principio de subsidiariedad en todos los niveles de la UE; en principio también son necesarias medidas adicionales y aplicables con rapidez para relanzar cuanto antes la demanda; asimismo, para poner en marcha con rapidez las medidas sería útil, entre otras cosas, la posibilidad de un desembolso anticipado de ayudas de la UE;

36.

señala que las medidas también deben ser eficaces a largo plazo y conformes con la Estrategia de Lisboa, y que no solo deben poder financiarse las propias medidas, sino también los costes derivados;

37.

pide a la Comisión que posibilite medidas flexibles y simplificadas de contratación pública, especialmente para las administraciones regionales y locales, en sectores de escasa inversión, a fin de que los fondos circulen rápidamente y las PYME y las empresas artesanales obtengan con mayor rapidez contratos que les permitan mantener sus puestos de trabajo;

38.

acoge favorablemente que la Comisión haya presentado propuestas para acelerar y simplificar el empleo de los Fondos Estructurales en los Estados miembros; solo cuando se consiga simplificar considerablemente el empleo de los fondos se podrán poner en marcha proyectos de infraestructuras con ayuda de los Fondos Estructurales que puedan financiarse con rapidez;

39.

subraya que la Comisión Europea ha de intensificar sus esfuerzos en este sentido y contemplar la posibilidad de revisar de forma más detallada el marco institucional de la política de cohesión con miras a simplificar y flexibilizar los procedimientos de ejecución (gestión, seguimiento, control), de manera que se produzca un incremento y una aceleración sustanciales de las inversiones;

40.

pide a la Comisión que preste su colaboración y su apoyo para responder a la cuestión de cómo pueden participar en los programas los entes económicamente más débiles, teniendo en cuenta el objetivo de la cohesión; es preciso valorar la necesidad de establecer nuevas tasas de cofinanciación para facilitar la utilización de la financiación comunitaria;

41.

pide, por consiguiente, a la Comisión que adopte las medidas oportunas para apoyar a los entes locales y regiones, así como a las PYME, a fin de que puedan obtener o proporcionar más fácilmente la financiación apropiada, según los casos. Aunque acoge favorablemente la iniciativa de aumentar la prefinanciación de los proyectos comunitarios, las actuales dificultades para garantizar una cofinanciación significativa limitarán lo que pueda conseguirse en la práctica;

42.

subraya que deberían estudiarse medidas especiales de apoyo en el ámbito local y regional en las regiones con más rápido incremento del desempleo; en este contexto debería considerarse una posible revisión del Mapa de Ayudas de Estado con finalidad regional;

43.

insta a elegir las medidas que beneficien más especialmente a las pequeñas y medianas empresas;

44.

espera de la Comisión que calcule de manera adaptada a la crisis financiera las ayudas a las garantías crediticias, en especial para las pequeñas y medianas empresas; propone en concreto reforzar y dotar de forma extraordinaria y urgente los sistemas de garantía recíproca y capital riesgo para facilitar el acceso de las PYME a financiación adecuada, máxime en la citada actual situación de crisis, que les afecta de forma especial;

45.

considera imprescindible proporcionar ayudas integrales para las medidas de formación y cualificación profesional, y pide a la Comisión que considere la posibilidad de proponer una mayor flexibilidad que permita que los programas de desarrollo regional puedan reestructurar su gasto, para apoyar las prioridades del Fondo Social Europeo, como el reciclaje de trabajadores y la reducción del desempleo;

46.

se remite a los instrumentos de eficacia probada como el asesoramiento, la creación de redes o los centros de información para prestar un apoyo eficaz a las empresas en dificultades; las medidas deben dirigirse esencialmente a las pequeñas y medianas empresas que, pese a tener una base sólida, se han visto afectadas por la crisis; dichas empresas, una vez se supere la crisis, contribuirán a consolidar el crecimiento;

47.

pide a la Comisión Europea que haga un primer balance en junio y examine en qué medida se han revelado eficaces las medidas tomadas hasta el momento, tanto a escala comunitaria como de los Estados miembros, y si es necesario adoptar un segundo plan;

48.

recomienda que las regiones evalúen la aplicación de las medidas basándose en un enfoque de buenas prácticas;

49.

encarga a su Presidente que transmita este dictamen a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de la UE;

50.

llama la atención de la Comisión Europea sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento incondicional de la Carta Europea de la Autonomía Local en todos los Estados miembros.