Recurso interpuesto el 30 de julio de 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Comisión

(Asunto T-289/07)

(2007/C 235/32)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (París, Francia) (representantes: F. Sureau, D. Théphile y É. Renaudeau, abogados)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte demandante

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión C(2007) 2110 final, de 10 de mayo de 2007, por la que se declaran incompatibles con el artículo 86 CE, apartado 1, en relación con los artículos 43 CE y 49 CE, las disposiciones del Code Monétaire et Financier francés que reservan a tres entidades de crédito, la Banque Postale, las Caisses d'Épargne et de Prévoyance y el Crédit Mutuel, derechos especiales para la distribución de las cartillas de ahorros denominadas «livret A» y «livret bleu».

En apoyo de su recurso, la demandante invoca seis motivos.

El primer motivo está basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, en la medida en que la Comisión no respetó el derecho de defensa de la demandante y en la medida en que la decisión adolece de falta de motivación.

Respecto del fondo, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error de Derecho al considerar que los derechos especiales para la distribución de las «livret A» y las «livret bleu» constituían en sí mismos una restricción a la libertad de establecimiento. Según la demandante, la Comisión incurrió en un error de apreciación al considerar que dichos derechos especiales hacían menos atractivo, en la práctica, el ejercicio de las libertades comunitarias en Francia.

Además, la demandante sostiene que la Decisión impugnada adolece de errores de Derecho y de errores de apreciación, en la medida en que la Comisión consideró que estos derechos especiales no podían estar justificados al amparo del artículo 86 CE, apartado 2, y de un error de apreciación, en la medida en que consideró que dichos derechos no podían estar justificados por la existencia de razones imperiosas de interés general.

Finalmente, la demandante alega que la Comisión incurrió en un error al examinar la medida nacional controvertida a la luz del principio de la libre prestación de servicios.