18.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 195/54

2.1

Desde las dos primeras Directivas CE del 11 de abril de 1967, la Comunidad Europea se había fijado el objetivo de eliminar las barreras fiscales entre los Estados miembros. Para conseguirlo era necesario fijar un lugar único de imposición. El principio del país de origen que se perseguía habría supuesto que todas las actividades imponibles realizadas por un operador económico en el país de establecimiento y en el marco de la Comunidad Europa fuesen objeto de imposición en dicho país. Así, según este principio, un producto que fuese suministrado desde Francia a otro Estado miembro tendría que ser gravado según el tipo de impuesto francés. Esto sería válido también para los servicios prestados por un operador con sede en Francia.

2.2

Sin embargo, para evitar distorsiones de la competencia, el principio del país de origen habría requerido un reajuste en el tipo de IVA de cada uno de los Estados miembros. Pero sobre todo habría sido necesario un sistema interno de compensación, porque el IVA constituye una parte importante de la recaudación fiscal de los Estados miembros y de la financiación de la UE.

2.3

Por estas razones, la UE ha decidido apartarse del principio del país de origen, al menos durante un largo periodo de transición.

2.4

Aún así, la Comisión Europea ha adoptado distintas medidas para reforzar los intercambios comerciales intracomunitarios, eliminar barreras burocráticas y reducir –e incluso, cuando sea posible, evitar por completo– las distorsiones de la competencia que surgen sobre todo por la diferencia en los tipos impositivos. El Consejo ha contribuido especialmente en el pasado al mantenimiento de las diferencias. El CESE sigue expresando a la Comisión su apoyo en todos los esfuerzos de adaptación que realiza para facilitar el mercado interior.

4.3.1

Hay que diferenciar estrictamente si una prestación de servicios se lleva a cabo entre dos empresas (sujetos pasivos) (1) o entre una empresa y una persona no proveedora de servicios (que no tiene la condición de sujeto pasivo) (2). La propuesta objeto de examen marca de un modo estricto la diferencia en el tratamiento de los dos supuestos.

4.3.2

En cuanto a la prestación de servicios a sujetos pasivos, la norma general para determinar el lugar de prestación de servicios debería establecer que es el lugar en el que reside el cliente, y no el lugar en que el operador que presta el servicio tiene establecidas sus actividades económicas.

4.3.3

En el documento de la Comisión se propone mantener, siguiendo la norma general, que el lugar de prestación de servicios a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo sea el lugar en el que el proveedor esté establecido. Esta decisión surge de la consideración de que si los servicios prestados a una persona que no sea sujeto pasivo son gravados en un Estado miembro de la UE distinto del lugar de establecimiento del proveedor, éste soportaría cargas administrativas excesivas, como, por ejemplo, la inscripción en el censo del IVA del correspondiente Estado miembro.

4.3.4

Mientras no exista ningún mecanismo que posibilite recaudar el impuesto en el Estado miembro en el que se presta el servicio sin ocasionar complicaciones administrativas innecesarias, no será viable la imposición de los servicios prestados a personas sin condición de sujeto pasivo en el lugar de consumo.

4.3.5

Sin embargo, conviene establecer excepciones a esta norma general.

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Se propone incluir un apartado 6 en el que se disponga que las prestaciones de servicios entre establecimientos permanentes poseídos por una misma persona jurídica no tendrán la consideración de prestaciones.

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Se incorpora un apartado 2 que regula que cuando se trate de servicios de restauración y catering prestados a sujetos pasivos a bordo de un buque, de una aeronave o de un tren, en el transcurso de un servicio de transporte de pasajeros, el lugar de prestación será el de partida del servicio de transporte.

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La modificación del apartado 3 prevé que por arrendamiento a largo plazo con o sin opción de compra se entenderá todo pacto regulado por contrato que prevea el disfrute o uso continuado de los bienes muebles corporales durante un período superior a treinta días. Con esta disposición se evitarán controversias a priori (por ejemplo, arrendamiento de un automóvil a un sujeto pasivo para uso/consumo inmediato).

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Por la modificación del apartado 1, letra c), los cursos a distancia se excluyen de la normativa mediante una referencia a la letra d) del apartado 1 del artículo 9 octavo; se les aplicará una normativa especial.

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En el apartado 1, letra d) se incluirán a partir de ahora los servicios de restauración y catering, con lo que serán gravados en el lugar real de la prestación.

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En el apartado 2 se establece por convención que cuando se trate de servicios de restauración y catering prestados a bordo de un buque, de una aeronave o de un tren, en el transcurso de un servicio de transporte de pasajeros, el lugar de prestación será el de partida del servicio de transporte. Se tiene así en cuenta una sugerencia formulada con ocasión del procedimiento de consulta.

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En el caso de un arrendamiento a largo plazo, es decir, de más de treinta días, de medios de transporte a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo, se considera lugar de la prestación de servicio aquel donde el destinatario del servicio esté establecido o domiciliado o resida habitualmente.

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En el caso de arrendamientos a corto plazo (por ejemplo, el arrendamiento de un vehículo por algunos días), el lugar de la prestación será aquel donde el medio de transporte se haya puesto a disposición de la persona. Esta norma fue bien acogida también por la mayoría de los que participaron en la consulta.

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Este artículo ha sido modificado totalmente. Los servicios enumerados en el apartado 1 del artículo 9 octavo se considerarán prestados allí donde el cliente esté establecido o domiciliado o resida habitualmente.

En el marco de la consulta, esta normativa fue considerada en general de modo muy negativo en vista de las cargas administrativas desproporcionadas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA. Por esta razón, la implantación de un mecanismo de «ventanilla única» se consideró un requisito imprescindible para la aplicación de dicha normativa.

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El CESE propone que las prestaciones de servicios descritas en este artículo se definan de forma aún más clara.

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Con la modificación se establece como lugar de la prestación de servicios de un intermediario el lugar donde se realice la operación principal, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9 bis a 9 octavo y 9 décimo.

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Las modificaciones de este artículo son consecuencia de las realizadas en el artículo 9 octavo, mencionadas arriba.

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La normativa para determinar el lugar de la prestación en el caso de servicios de comercio electrónico, telecomunicaciones y radiodifusión suministrados por un proveedor establecido fuera de la UE no experimentará modificaciones. Por tanto, el Estado miembro en el que esté establecido el destinatario que no sea sujeto pasivo o el Estado miembro de uso o disfrute efectivo del servicio seguirán siendo los determinantes de dicho lugar.

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La modificación prevista para este texto establece que en los estados recapitulativos que tienen que presentar los sujetos pasivos identificados a efectos del impuesto sobre el valor añadido se incluyan también determinadas operaciones que surjan de la prestación de servicios. Se trata de distintas prestaciones a: 1) los adquirentes, identificados a efectos del impuesto sobre el valor añadido, 2) los destinatarios de las operaciones mencionadas en el párrafo quinto, y 3) los sujetos pasivos a quienes hayan prestado servicios en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 9.

6.1.1

El CESE acoge con satisfacción la ampliación prevista del alcance del mecanismo de inversión del sujeto pasivo al nivel de empresas, es decir, en el intercambio de servicios entre sujetos pasivos.

6.1.2

Condición para ello es, sin embargo, que tal mecanismo pueda ser aplicado por las personas afectadas sin ningún problema. Esto podría ser problemático si el proveedor del servicio pudiera trasladar al beneficiario de la prestaciones la evaluación del volumen de negocios y otros aspectos relacionados con el IVA, como el lugar de la prestación de servicios, las obligaciones fiscales, los tipos de impuestos o una posible exención de impuestos, sin que el beneficiario tuviese la posibilidad de comprobar si estos datos son fiables.

6.1.3

Se debería evitar cargar a las empresas con grandes obligaciones adicionales de registros y declaraciones. Es absolutamente necesario posibilitar a cualquier empresario de la UE determinar de un modo fiable si el empresario/sujeto pasivo destinatario del servicio y establecido en un Estado distinto de la UE tiene la obligación de aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, es decir, si debe efectuar la autoliquidación de la cuota del IVA para la operación de que se trate. Una responsabilidad excesiva de la empresa proveedora, en caso de fracaso a posteriori del mecanismo de inversión, sería perjudicial para todo el sistema y tendría por resultado que las partes afectadas no lo aceptasen.

6.2.1

Cuando una empresa/sujeto pasivo presta un servicio a una persona que no sea sujeto pasivo no se aplica en principio el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Si se aplicase el impuesto en el lugar de consumo, la empresa sita en otro Estado de la UE se tendría que registrar en el país en el que se suministra el servicio y tendría que satisfacer las obligaciones fiscales del IVA vigentes en dicho país. Para reducir al mínimo esta carga administrativa y, por tanto, también los obstáculos que puedan existir en los intercambios comerciales intracomunitarios, se precisan normas no burocráticas.

6.2.2

El registro obligatorio supondría importantes cargas administrativas adicionales, costes considerables y, en caso de duda, podría llevar a que la empresa sujeto pasivo renunciase a prestar sus servicios. Lejos de llevar a una apertura del mercado interior y de conseguir unas condiciones de competencia uniformes en todos los Estados miembros de la UE, esta medida supondría una clara desventaja para los proveedores de servicios establecidos en otro país de la Unión respecto a los nacionales. Lo que, sin lugar a dudas, no constituye un paso en la dirección correcta para la eliminación de las barreras comerciales. Por lo tanto, la idea de ampliar la imposición en el lugar de consumo para aplicarla a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos sólo sería factible si el sistema propuesto de «ventanilla única» funciona de un modo rápido y apropiado. Únicamente de este modo se podría pedir a las empresas que prestasen servicios –en su caso, en los 25 Estados miembros– sujetos a imposición sin la posibilidad de efectuar la autoliquidación de la cuota del IVA. De otro modo se correría el peligro de conseguir precisamente el efecto contrario, es decir, la salida obligada de pequeñas y medianas empresas del mercado interior de la UE.

7.1

Lo mismo vale para la simplificación de las obligaciones fiscales en el marco del procedimiento de reembolso del IVA deducible. Los problemas ya conocidos en el procedimiento de reembolso del IVA deducible llevan, en particular en el caso de cantidades pequeñas, a que una empresa se plantee si «merece la pena» presentar una solicitud a la autoridad fiscal extranjera, o si no le resulta más barato renunciar por completo desde el principio a su derecho al reembolso. Con ello, sin embargo, se contradice un principio fundamental, recogido en la Sexta Directiva sobre el IVA, esto es, el derecho a la deducción del IVA.

El Comité considera al respecto que el esfuerzo de algunos Estados por conseguir una recaudación completa y uniforme del IVA necesita importantes mejoras.

7.2

Por esta razón, habría que asegurar que las propuestas desarrolladas por la Comisión Europea en el marco de la implantación del sistema de «ventanilla única» son objeto de aplicación y se comprueba su eficacia.