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Dokument 92004E000357
WRITTEN QUESTION E-0357/04 by Ewa Hedkvist Petersen (PSE) to the Commission. Sparsely populated areas in future regional policy.
PREGUNTA ESCRITA E-0357/04 de Ewa Hedkvist Petersen (PSE) a la Comisión. Las regiones poco pobladas en la futura política regional.
PREGUNTA ESCRITA E-0357/04 de Ewa Hedkvist Petersen (PSE) a la Comisión. Las regiones poco pobladas en la futura política regional.
DO C 84E de 3.4.2004, str. 575–576
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
3.4.2004 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
CE 84/575 |
(2004/C 84 E/0652)
PREGUNTA ESCRITA E-0357/04
de Ewa Hedkvist Petersen (PSE) a la Comisión
(12 de febrero de 2004)
Asunto: Las regiones poco pobladas en la futura política regional
Vivir y llevar adelante empresas en regiones poco pobladas conlleva unos costes elevados en actividades rutinarias. Las grandes distancias que hay que recorrer para conseguir trabajo, bienes y servicios, dentro de la propia región y en otras, además de unas infraestructuras deficientes, hacen que el coste de la vida para aquellas personas que viven en zonas poco pobladas sea muy elevado.
Habida cuenta de este hecho, ¿tiene previsto la Comisión dar un tratamiento especial a las regiones poco pobladas a través de un aumento de las ayudas en su propuesta sobre los nuevos fondos estructurales?
¿Tiene la Comisión la intención de proponer que las regiones poco pobladas reciban un tratamiento favorable en forma de ayudas estatales?
Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión
(22 de marzo de 2004)
De conformidad con las actuales Directrices de la Comisión sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, por las que se fijan las normas sobre las ayudas de Estado para el desarrollo regional durante el período 2000-2006 (1), las zonas con baja densidad de población, es decir, las regiones con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (km2), reciben un trato favorable y disfrutan de un límite máximo de ayudas a la inversión del 30 % neto, salvo que cumplan el criterio del 75 % del producto interior bruto (PIB) per cápita y, en consecuencia, tengan acceso a intensidades de ayuda más elevadas. Además, también están permitidas, en las áreas con baja densidad de población, las ayudas de funcionamiento en forma de subvenciones para compensar los costes adicionales del transporte.
La Comisión está revisando sus normas sobre ayudas de Estado de finalidad regional para el período posterior a 2006. Es probable que en 2005 se adopte una decisión relativa a las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional.
Por lo que respecta a las zonas con baja densidad de población, en esta fase de reflexión no está previsto ningún cambio sustancial en relación a su situación actual en detrimento de las mismas. Es muy posible que estas zonas continúen acogiéndose a ayudas regionales, incluida la ayuda para compensar los costes adicionales del transporte que afectan a la actividad económica de las regiones en cuestión. Por otra parte, la Comisión es consciente del continuo despoblamiento que están padeciendo las regiones árticas y estudia si se puede autorizar otro tipo de ayudas de funcionamiento, allí donde sean necesarias, para detener el despoblamiento, siempre que la ayuda no perjudique las condiciones del comercio de forma contraria al interés común.
Además, la propuesta de reforma de la política de cohesión, establecida en el Tercer informe de cohesión, toma en consideración la situación de las regiones que padecen desventajas geográficas, incluidas las zonas escasamente pobladas, que obstaculiza su accesibilidad y desarrollo. Por lo tanto, se propuso que estos territorios deberían beneficiarse de un incremento de la contribución máxima comunitaria. Esto también debería tomarse en cuenta en la asignación de los recursos para la prioridad de la competitividad y del empleo regional (nuevo objetivo 2) utilizando criterios «territoriales» y, de este modo, reflejar la desventaja concerniente a estas regiones. Los Estados miembros deberían velar por que las particularidades de estas regiones sean tomadas en consideración al establecer los objetivos de los recursos en los programas regionales.