—

Recibida la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Jannis Sakellariou, transmitida por él mismo con fecha de 20 de enero de 2003, en relación con un proceso judicial pendiente ante un tribunal griego y comunicada en la sesión plenaria del 29 de enero de 2003,

—

Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 4 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 (1),

—

Vistos los artículos 6 y 6 bis de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0309/2003),

A.

Considerando que Jannis Sakellariou fue elegido diputado al Parlamento Europeo en las quintas elecciones por sufragio universal directo, celebradas del 10 al 13 de junio de 1999, y que sus credenciales fueron verificadas por el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 1999 (2),

B.

Considerando que los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones (3),

C.

Considerando que durante el período de sesiones del Parlamento Europeo sus diputados no pueden ser detenidos ni ser objeto de acciones judiciales en el territorio de ningún otro Estado miembro (4),

D.

Considerando que Jannis Sakellariou fue elegido diputado al Parlamento Europeo en la República Federal de Alemania, y que, por tanto, no puede ser objeto de acciones judiciales en el territorio de la República Helénica,

E.

Considerando que la prohibición de persecución judicial contra los diputados al Parlamento Europeo incluye los procesos por la vía civil,

1.

Decide amparar la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Jannis Sakellariou;

2.

Encarga a su Presidente que comunique inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión a la sala de lo civil de la Audiencia provincial de Atenas.

—

Vista la carta de su Presidente de 28 de mayo de 2003,

—

Vistos los artículos 180 y 181 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A5-0283/2003),

1.

Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2.

Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

—

Vistos el artículo 272 de Tratado CE y el artículo 177 del Tratado Euratom,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1) y, en particular, sus artículos 37 y 38,

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003, aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 2002 (2),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (3),

—

Visto el anteproyecto de presupuesto rectificativo no 4/2003 de la Unión Europea para el ejercicio 2003, presentado por la Comisión el 28 de mayo de 2003 (SEC(2003) 626),

—

Visto el proyecto de presupuesto rectificativo no 4/2003 de la Unión Europea para el ejercicio 2003, establecido por el Consejo el 15 de julio de 2003 (10620/2003 — C5-0339/2003),

—

Vistos el artículo 92 y el Anexo IV de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A5-0285/2003),

A.

Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo no 4/2003 se refiere a la parte de los ingresos e incluye una serie de elementos que afectan al nivel de las contribuciones de los Estados miembros a los recursos propios de las Comunidades,

B.

Considerando que estos elementos hacen referencia a la revisión anual de las previsiones de derechos de aduana, bases del IVA, bases de la RNB y a un nuevo cálculo técnico de las contribuciones necesarias para financiar la rebaja concedida al Reino Unido,

C.

Considerando que este presupuesto rectificativo tiene también en cuenta la restitución del excedente de 2002 del Fondo de Garantía para Medidas Externas, consignándolo como partida de ingresos en 2003,

1.

Aprueba sin modificaciones el proyecto de presupuesto rectificativo no 4/2003;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la iniciativa de la República Helénica (7180/2003) (1),

—

Vista la iniciativa de la República Helénica (7179/2003) (2),

—

Vistas las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30, las letras a) y b) del artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE,

—

Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0149/2003),

—

Consultado por el Consejo de conformidad con el Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 106 y 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0288/2003),

1.

Aprueba la iniciativa de la República Helénica en su versión modificada;

2.

Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto de la iniciativa;

3.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República Helénica;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República Helénica.

—

Vista la iniciativa de la República Helénica (7179/2003) (1),

—

Vista la iniciativa de la República Helénica (7180/2003) (2),

—

Visto el artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

—

Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0148/2003),

—

Consultado por el Consejo de conformidad con el Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 106 y 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0288/2003),

1.

Aprueba la iniciativa de la República Helénica en su versión modificada;

2.

Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto de la iniciativa;

3.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República Helénica;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República Helénica.

—

Vistas la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 91) (1),

—

Vista la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas de la Comunidad, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (COM(2003) 228) (2),

—

Visto el artículo 83 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0107/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-0300/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.

Pide al Consejo que le informe si pretende apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si pretende modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la iniciativa de la República de Austria (14712/2002) (1),

—

Visto el artículo 63 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0010/2003),

—

Visto el artículo 67 y el apartado 4 del artículo 61 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0210/2003),

1.

Rechaza la iniciativa de la República de Austria;

2.

Pide al Consejo y a la Comisión que le presenten lo antes posible la propuesta modificada de una Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (2), y que solucionen, en este marco, el problema de los Estados terceros seguros;

3.

Pide a la República de Austria que retire su iniciativa;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República de Austria.

—

Vista la recomendación del Consejo de 15 de julio de 2003 (C5-0332/2003),

—

Vista la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 50 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,

—

Visto el artículo 36 de su Reglamento,

—

Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A5-0307/2003),

A.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios procedió, en la reunión del 11 de septiembre de 2003, a la audiencia del Sr. Jean-Claude Trichet, candidato propuesto por el Consejo para el cargo de Presidente del Banco Central Europeo, por un mandato de 8 años, y, en la misma reunión del 11 de septiembre de 2003, a la apreciación de los méritos del candidato, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 112 del Tratado CE

B.

Considerando que el candidato ha presentado una declaración por escrito y ofreció explicaciones orales ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 11 de septiembre de 2003 para la consideración del Parlamento,

C.

Considerando que el BCE debe ser políticamente independiente, pero considerando asimismo que el nombramiento de los candidatos al Comité Ejecutivo del BCE constituye un acto político,

1.

Emite dictamen favorable al nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Presidente del Consejo, para que sea transmitido a los Gobiernos de los Estados miembros.

—

Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2003) 37),

—

Visto apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A5-0282/2003),

A.

Considerando que los países candidatos y la Comisión acordaron en los Documentos de Evaluación Conjunta (DEC) aplicar medidas dirigidas a la consecución de los objetivos fijados para la política de empleo,

B.

Considerando que las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros y las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 han sentado las bases de la lucha contra el desempleo,

C.

Considerando que una buena gestión significa tener en cuenta la singularidad del carácter, la capacidad y el talento de las personas, y darles la oportunidad de desarrollarse junto con otros en el lugar de trabajo; que, por consiguiente, el trabajo es importante para que las personas puedan desarrollar su identidad,

D.

Considerando que, para la pronta adaptación de los sectores de la industria, los servicios y la agricultura, se requieren medidas de apoyo a proyectos concretos que garanticen el desarrollo sostenible y mejoren la competitividad,

E.

Considerando que la consecución de una mayor competitividad pasa necesariamente por una mayor coordinación de las políticas en materia de empleo, formación profesional y asuntos sociales,

1.

Observa que, en el camino hacia una política de empleo estable, los países candidatos deben realizar esfuerzos especiales, y, los Estados miembros de la Unión, actuar con especial sensibilidad;

2.

Pide que la Comisión proponga medidas que faciliten el acceso a la financiación procedente de los diferentes programas de fomento, por ejemplo, mediante la eliminación de barreras burocráticas;

3.

Apoya la creación en los países candidatos de un sistema de seguridad social que responda a criterios de alto nivel y sea accesible a todos; pide en este contexto nuevos esfuerzos para evitar y combatir el empleo ilegal, que socava las bases de financiación solidaria de la seguridad social, sobre todo de los seguros de enfermedad y de jubilación;

4.

Pone de relieve que, a la hora de configurar los sistemas de seguridad social, debe aplicarse el principio de subsidiariedad y garantizarse el acceso de todos a prestaciones de calidad, independientemente de factores económicos, sociales y geográficos;

5.

Pide a los países candidatos que desarrollen estrategias de empleo destinadas a regiones particularmente hostigadas por una crisis, con miras a la prevención de nuevos procesos migratorios y de pauperización;

6.

Insta a los países con un paro juvenil del 20% o superior a que realicen esfuerzos especiales por aproximar su tasa de desempleo a la media comunitaria y evitar así un proceso de abandono y radicalización;

7.

Solicita una estrategia selectiva de asentamientos industriales en los países candidatos dirigida a prevenir el empobrecimiento de la población derivada de la reducción en el número de puestos de trabajo y la pérdida correspondiente de centros de formación y perfeccionamiento profesionales; considera asimismo importante estimular la cultura empresarial, por ejemplo en la enseñanza escolar;

8.

Pide la creación, en el marco de los mecanismos de fomento estructural, de un instrumento auxiliar para la prevención del empobrecimiento de regiones en proceso de reestructuración industrial;

9.

Subraya que la existencia de un diálogo social representativo y autónomo constituye un elemento indispensable de los preparativos para la adhesión y pide a los países candidatos que hagan participar estrechamente a los interlocutores sociales y a las ONG en los procesos de diseño de la política económica y social;

10.

Pide que se fomente el contacto y la cooperación transfronterizos entre los interlocutores sociales en las regiones fronterizas para contribuir de esta manera a la difusión de los modelos de cooperación social de la UE;

11.

Pide la articulación de medidas capaces de estimular estructuras económicas mixtas y prevenir de esta forma tendencias a la generación de monoestructuras industriales y de fomentar una economía diversificada; recuerda que, en la transición hacia la economía de mercado, algunos sectores de actividad pueden desarrollarse con provecho en el marco de empresas del tercer sector (cooperativas de producción, por ejemplo);

12.

Recuerda que el requisito fundamental para el desarrollo de estructuras industriales o comerciales de la economía mixta es una concepción amplia y flexible de la educación y la formación capaz de facilitar el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

13.

Solicita que se avance en transposición del acervo comunitario en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo; reconoce los enormes costes que entraña la transposición en este ámbito; pide a los países candidatos que, con vistas a lograr una mejora en las condiciones de vida y de trabajo, faciliten a la Comisión una evaluación realista de los problemas vinculados a la transposición práctica del acervo en materia de salud y seguridad en el trabajo; pide a los países candidatos que refuercen las capacidades de los servicios de inspección del trabajo, especialmente en su misión de acompañamiento de las empresas para la transposición del acervo comunitario;

14.

Pide a la Comisión que conceda una elevada prioridad al esfuerzo por asegurar un buen medio de trabajo en los nuevos Estados miembros;

15.

Recuerda que el concepto de responsabilidad de las empresas se considera un requisito fundamental para un desarrollo empresarial eficiente y sostenible, que debe integrar el diálogo social como un elemento esencial del dispositivo de una gestión moderna; considera que un plan empresarial equilibrado pasa necesariamente por un mayor respeto de los derechos de los trabajadores y una mayor percepción de la responsabilidad ética y social de las empresas;

16.

Aboga por la puesta a disposición de recursos públicos para inversiones en capital humano y de I+D; considera posible crear en este contexto mecanismos de incentivación fiscal destinados a la innovación;

17.

Pide a los inversores privados de la UE que reserven una parte de sus inversiones a medidas de formación y perfeccionamiento profesionales de sus trabajadores a fin de prestarles apoyo en sus esfuerzos de adaptación a un mercado laboral desregulado;

18.

Considera que, en una política laboral moderna, la movilidad de los trabajadores tiene que reflejarse, por ejemplo, en los sistemas de formación y perfeccionamiento profesionales y en una fuerte cultura empresarial; opina que únicamente con una política de movilidad entendida de este modo podrá evitarse que surjan en la UE ampliada nuevas regiones de emigración, que los trabajadores abandonan por falta de empleo;

19.

Pide a la Comisión que determine los obstáculos financieros que existen para que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros realicen la formación y el perfeccionamiento profesional en otros países, y que examine la posibilidad de adoptar nuevas medidas destinadas a fomentar la movilidad transfronteriza en el sector de la educación;

20.

Manifiesta su satisfacción por los esfuerzos tendentes a crear servicios de empleo orientados a la demanda del mercado de trabajo, pero solicita más acciones destinadas a crear una red de oficinas regionales y locales para satisfacer las necesidades de las regiones en los países candidatos con deficiencias particulares;

21.

Insta a la Comisión a que no evalúe las explotaciones agrícolas únicamente desde el punto de vista de su gestión empresarial, sino que reconozca también su importancia para el medio ambiente y la conservación del paisaje, su función compensadora en el ámbito social hasta el momento en que se crea un número suficiente de puestos de trabajo alternativos fuera del ámbito agrícola; subraya a este respecto la importancia de programas de formación destinados a adquirir los conocimientos necesarios para adaptarse a estos cambios y permitir especialmente a las mujeres del sector agrícola desarrollar actividades innovadoras;

22.

Considera que no debe permitirse que la privatización se traduzca en la eliminación de servicios de interés económico general; pide a la Comisión que respete, conforme al principio de subsidiariedad, la función de las autoridades nacionales, regionales y locales que han de velar por el bienestar de los ciudadanos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo sus opciones democráticas; subraya la importancia de las autoridades locales en la elaboración de estrategias para el empleo adaptadas a los problemas específicos de las regiones afectadas por las reconversiones o reestructuraciones industriales, así como en la dinamización de territorios especialmente afectados por la transformación del sector agrícola;

23.

Destaca la necesidad de adoptar medidas en favor de las personas especialmente desfavorecidas (bajas cualificaciones, edad), las personas con discapacidad y las minorías en forma de programas para evitar discriminaciones, de conformidad con el artículo 13 del Tratado CE, y pide a la Comisión que facilite el acceso a la financiación prevista para este fin en los programas comunitarios;

24.

Subraya el papel de las organizaciones no gubernamentales en la organización de servicios sociales en favor de las minorías étnicas y personas discapacitadas; subraya el hecho de que los países candidatos deben permitir una creciente participación de la minoría romaní en la planificación, aplicación y evaluación de proyectos y medidas específicos para fomentar su integración;

25.

Se felicita por los planes de acción nacionales destinados a luchar contra la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las minorías en los países candidatos; recuerda las discriminaciones que siguen existiendo y pide a los países candidatos que realicen nuevos esfuerzos por aproximar sus legislaciones a las disposiciones de la UE en materia de prevención de discriminaciones;

26.

Pide la puesta en marcha de programas especiales tendentes a fomentar de forma rápida y suficiente la igualdad de trato de las personas con discapacidad en el empleo y la profesión, y que incrementen asimismo paulatinamente su tasa de empleo; opina que, para ello sería necesaria una evaluación regular, exhaustiva y realmente transparente de la situación de las personas con discapacidad;

27.

Pide a los países candidatos que participen activamente en los esfuerzos europeos por fomentar la integración social utilizando para ello el método de coordinación abierto;

28.

Pide que se elaboren medidas concretas y adecuadas en los diversos países candidatos para fomentar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres;

29.

Solicita que las medidas y las prácticas en materia de empleo se basen en el principio de equiparación entre hombres y mujeres (igualdad de retribución para un mismo trabajo), así como en medidas prácticas (con arreglo al artículo 141 del Tratado), a fin de fomentar el acceso de las mujeres a la educación, la formación profesional y el empleo, mejorando la situación de las mujeres y los hombres en el mercado laboral para que puedan conciliar la vida familiar con la actividad profesional y evitar discriminaciones;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los interlocutores sociales europeos, así como a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002) 488) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0449/2002),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0295/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Insiste en la idoneidad del fundamento jurídico propuesto por la Comisión y pide que se le presente de nuevo la propuesta en caso de que el Consejo se proponga modificar el fundamento jurídico;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

La Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (5) ha supuesto una gran contribución a la creación del mercado interior del gas. Esta Directiva da a los Estados miembros la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público a las empresas de gas natural, en particular en relación con la seguridad del abastecimiento.

(2)

El Consejo Europeo de Barcelona alcanzó un acuerdo respecto de una aprobación rápida de las propuestas relacionadas con la fase final de la apertura del mercado interior del gas y la electricidad. La plena realización del mercado interior del gas cambiará de forma significativa el entorno de este mercado y debe complementarse con normas comunes para lo relativo a la seguridad del abastecimiento y a las políticas adecuadas que convenga adoptar al respecto.

(3)

La garantía de un alto nivel de seguridad del abastecimiento es un requisito fundamental para el buen funcionamiento del mercado interior del gas. Ante la perpectiva de la plena realización del mercado interior del gas, y por lo tanto de unas condiciones iguales para todos, es necesario un enfoque común mínimo sobre la seguridad del abastecimiento en toda la Comunidad con el fin de evitar un falseamiento del mercado.

(4)

El gas es un componente cada vez más importante del suministro energético de la Unión Europea. Conforme aumenta la importancia del gas, también adquiere una importancia estratégica creciente el garantizar un buen funcionamiento del mercado único del gas natural en la UE merced a un fomento de la seguridad del abastecimiento de gas.

(5)

Un mercado único competitivo del gas en la UE necesita unas políticas de seguridad del abastecimiento transparentes y no discriminatorias compatibles con las exigencias de dicho mercado. Para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, así como la seguridad del abastecimiento de gas, evitando al mismo tiempo crear obstáculos a los nuevos participantes o a las empresas con cuotas de mercado reducidas, es fundamental determinar claramente las funciones y responsabilidades de todas las partes que intervienen en el mercado.

(6)

Como se indica en el Libro Verde «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético», a largo plazo, la Unión Europea dependerá cada vez más de las importaciones de gas procedentes de fuentes ajenas a la UE. La dependencia de la Unión Europea de las importaciones de gas natural podría llegar, según la Comisión, hasta un 75% en 2020. Con el aumento de dependencia de las importaciones de gas natural crece también el riesgo de la inseguridad en el abastecimiento de gas natural.

(7)

Como se indica en la Comunicación de la Comisión relativa a los combustibles alternativos para el transporte por carretera, el gas natural constituye una de las tres opciones a medio plazo para sustituir los combustibles para transporte derivados del petróleo.

(8)

Para poder satisfacer la demanda creciente de gas y diversificar los suministros, como condición para la consecución de un mercado interior competitivo del gas, la Unión Europea deberá movilizar volúmenes adicionales importantes de gas en las próximas décadas, que procederá en su mayoría de fuentes muy distantes y deberá transportarse a largas distancias.

(9)

La Unión Europea comparte un interés fundamental con los países proveedores de gas y los países de tránsito en garantizar la continuidad de las inversiones en las infraestructuras de suministro de gas. Pero no debe olvidarse el problema de la dependencia de las importaciones de gas natural. La dependencia lleva consigo determinados riesgos relacionados con la inestabilidad política en los países proveedores, que puede poner en peligro la seguridad del abastecimiento de gas natural.

(10)

Los contratos a largo plazo han desempeñado y seguirán desempeñando un papel importante en el suministro de gas de la Comunidad. Como el nivel actual de contratos a largo plazo es más que satisfactorio desde el punto de vista comunitario, cabe suponer que seguirán representando una importante contribución al abastecimiento global de gas, a medida que las empresas los incluyan en su cartera de suministros, y es conveniente crear una red de seguridad a este respecto.

(11)

El fomento de la fluidez de los suministros en el mercado interior es un factor esencial para lograr un funcionamiento eficaz y competitivo. Se han realizado grandes progresos para la implantación de unas plataformas comerciales fluidas y unos programas de cesión de gas a nivel nacional. Se espera que continúe esta tendencia. Sin embargo, es conveniente crear una red de seguridad a este respecto.

(12)

Es importante que los Estados miembros establezcan un marco inequívoco para favorecer la seguridad del abastecimiento y fomentar las inversiones en las infraestructuras de suministro de gas. Conviene comprobar que se adoptan las medidas adecuadas para garantizar que el entorno reglamentario y fiscal de la explotación, producción, almacenamiento y transporte del gas natural, incluya incentivos adecuados para la inversión.

(13)

Los recursos y medidas destinadas a aumentar la disponibilidad de fuentes de gas interiores , como la utilización de biogás , de una forma no discriminatoria y compatible con las exigencias de un mercado único competitivo del gas natural y con las normas de competencia, contribuirían a fomentar el nivel de seguridad del abastecimiento en el mercado interior del gas.

(14)

En aras de un buen funcionamiento del mercado interior del gas, para el cual unos suministros seguros son fundamentales, conviene supervisar el equilibrio entre la oferta y la demanda en los distintos Estados miembros y adoptar las medidas adecuadas cuando esté comprometida la seguridad del abastecimiento a escala comunitaria.

(15)

Para el buen funcionamiento del mercado interior del gas y la seguridad del abastecimiento, es fundamental que los Estados miembros sean solidarios en las situaciones de emergencia en materia de suministro.

(16)

Un mayor grado de interdependencia entre Estados miembros para lo relativo a la seguridad de abastecimiento es algo inherente a la creación y desarrollo de un mercado interior. No adoptar las medidas adecuadas en un Estado miembro podría tener consecuencias para el funcionamiento del mercado interior en toda la Comunidad. Para garantizar un funcionamiento correcto del mercado interior es fundamental, por lo tanto, proporcionar un nivel mínimo de armonización de las cuestiones relativas a la seguridad de abastecimiento de gas en cada Estado miembro.

(17)

En caso de situación extraordinaria en el suministro de gas y en función de su gravedad, la Comisión debe actuar de tal modo que se apliquen las medidas necesarias para proporcionar una asistencia específica a los Estados miembros especialmente afectados por la interrupción del suministro de gas con el fin de salvaguardar, en la medida de lo posible, la continuidad del funcionamiento del mercado interior del gas.

(18)

Para prestar asistencia en la elaboración y aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito de la fiabilidad y seguridad del abastecimiento, para controlar su aplicación y asistir en la evaluación de la eficacia de las medidas vigentes y para controlar mejor la evolución de la seguridad del abastecimiento de gas, conviene crear en los servicios de la Comisión un sistema europeo de observación de los hidrocarburos.

(19)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (6).

(20)

Dado que los objetivos de la acción pretendida, es decir, la creación de un mercado interior del gas plenamente operativo, basado en la libre competencia y la existencia de unos suministros seguros de gas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo,la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

1.

«fuente de suministro de gas», el suministro de gas procedente de un solo país suministrador de gas;

2.

«contrato a largo plazo», el contrato de suministro de gas con una duración igual o superior a 15 años, por norma general ;

3.

«consumidores vulnerables», los hogares y otros consumidores finales que no pueden optar a corto plazo por combustibles alternativos.

a)

la importancia de garantizar la continuidad del suministro de gas en condiciones objetivamente difíciles para los clientes domésticos definidos en el punto 25 del artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE (7);

b)

la necesidad de introducir incentivos para la creación de nuevas fuentes de suministro de gas internas y externas en el mercado europeo del gas o, en su caso, garantizar niveles adecuados de almacenamiento de gas o la disponibilidad de combustibles alternativos;

c)

el riesgo más grave de avería o interrupción de la red que afecte a la mayor fuente de suministro de gas natural y los gastos que supondría reducir sus efectos;

d)

el mercado interior y las posibilidades de cooperación transfronteriza en materia de seguridad del abastecimiento de gas;

e)

la importancia de los contratos a largo plazo y la flexibilidad de los mismos.

a)

clientes de consumo no interrumpible

b)

almacenamiento de gas

c)

flexibilidad del abastecimiento

d)

mercados al contado

e)

diversificación de las fuentes de abastecimiento de gas incluyendo la utilización de biogás.

—

una interrupción de determinadas vías de transporte, o bien

—

una interrupción total del suministro procedente de países productores de gas natural,

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2002) 767) (1),

—

Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0009/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0236/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.

Pide al Consejo que le informe si pretende apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 4 de marzo de 1975, si el Consejo pretende apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

5.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si pretende modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la iniciativa de la República Federal de Alemania (14848/2002) (1),

—

Vista la letra b) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0011/2003),

—

Vistos los artículos 67 y 63 de su Reglamento,

—

Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el fundamento jurídico de su propuesta,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0104/2003),

—

Visto el segundo informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0291/2003),

1.

Aprueba la iniciativa de la República Federal de Alemania en su versión modificada;

2.

Pide al Consejo que modifique el texto en consecuencia;

3.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si pretende modificar sustancialmente la iniciativa de la República Federal de Alemania;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República Federal de Alemania.

—

Vistos los paquetes de medidas Erika I y II,

—

Vistas su Resolución, de 21 de noviembre de 2002, sobre la catástrofe del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia (1) y sus anteriores resoluciones sobre la seguridad marítima,

—

Vista su Resolución, de 19 de diciembre de 2002, sobre la seguridad marítima y las medidas para paliar los efectos de la catástrofe ocasionada por el petrolero Prestige (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de diciembre de 2002, sobre el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero Prestige (COM(2002) 681 — C5-0156/2003),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Transportes, de 6 de diciembre de 2002,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague, de 12 y 13 de diciembre de 2002,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2003, sobre las medidas que han de adoptarse para paliar las consecuencias de la catástrofe del Prestige (COM(2003) 105),

—

Visto el Informe del Ministerio de Fomento español, de 7 de marzo de 2003, sobre la seguridad marítima y el naufragio del Prestige,

—

Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 17 de marzo de 2003, sobre el naufragio del petrolero Prestige (SEC(2003) 351),

—

Visto el Informe de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) sobre la auditoría ad hoc de la American Bureau of Shipping (ABS) relativa al naufragio del Prestige,

—

Vistos los análisis técnicos de la ABS, de 28 de febrero de 2003, sobre la catástrofe del Prestige,

—

Vista la declaración escrita del Sr. Apostolos Mangouras, capitán del Prestige, al Parlamento Europeo (audiencia pública celebrada los días 19 y 20 de marzo de 2003),

—

Vistas las declaraciones realizadas por los Sres. Serafín Díaz Regueiro, capitán marítimo del puerto de A Coruña, y de H. van Rooij, Director ejecutivo de SMIT Salvage, al Parlamento Europeo (audiencia pública celebrada los días 19 y 20 de marzo de 2003),

—

Visto el informe de la compañía gestora del Prestige, Universe Maritime LTD,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de primavera celebrado los días 20 y 21 de marzo de 2003,

—

Vista la decisión de la Conferencia internacional de la OMI (12-16 de mayo de 2003) sobre la constitución de un Fondo complementario de indemnización de incidentes de contaminación por el petróleo,

—

Visto el artículo 163 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Pesca (A5-0278/2003),

A.

Considerando que la presente Resolución constituye un importante avance en la clarificación de las causas del accidente del Prestige, pero opinando que, a la luz de los numerosos acontecimientos ocurridos recientemente, tales como las nuevas estimaciones de la cantidad de combustible perdido con el naufragio, y de la necesidad de determinar todas las responsabilidades, debería actualizarse y proseguirse el trabajo parlamentario con el fin de disponer de una visión completa de las causas y consecuencias del accidente,

B.

Considerando que el naufragio del Prestige ha causado graves daños al medio ambiente marítimo y a las zonas costeras de España y Francia, en particular a las de Galicia, así como a los habitantes de esas zonas y a su modo de vida,

C.

Considerando que las medidas adoptadas por las autoridades locales españolas, junto con los extraordinarios esfuerzos realizados en los meses que siguieron a la catástrofe por la población local, así como por miles de voluntarios pertenecientes a organizaciones preocupadas por la protección del medio ambiente y otras, evitaron daños aún más graves a dichas zonas costeras,

D.

Considerando que el fuelóleo pesado procedente del Prestige sigue llegando a las costas de Galicia, del norte de la península ibérica y de la costa atlántica francesa, superando Bretaña y amenazando incluso las costas inglesas,

E.

Considerando que la primera prioridad ha de ser reglamentar de forma adecuada la acogida de buques en peligro y la disponibilidad y accesibilidad de lugares y puertos seguros,

F.

Considerando que será muy difícil averiguar la causa real de la avería del Prestige, dado que el buque está hundido en aguas muy profundas y no puede ser rescatado,

G.

Considerando que una gran parte del cargamento se ha hundido con el buque y puede representar una nueva amenaza a largo plazo,

H.

Considerando que, el 13 de noviembre de 2002, el Prestige sufrió, como ha sido acreditado, una avería en el mismo lugar de los tanques de lastre en los que se habían llevado a cabo importantes reparaciones en Guanzhou (China) en el año 2001, tan solo 18 meses antes, y que durante la última inspección realizada en Dubai en mayo de 2002 los inspectores de la Sociedad de clasificación ABS no habían examinado el interior de los citados tanques de lastre,

I.

Considerando que el Prestige fue utilizado durante aproximadamente un año como depósito flotante, lo que supone que otros buques utilizaron una y otra vez el mismo punto del casco del buque para atracar y desatracar; que es importante que este tipo de usos peligrosos sean notificados a la sociedad de clasificación, de forma que ésta pueda reforzar sus controles o centrarse en esos riesgos específicos,

J.

Considerando que la evaluación realizada por las autoridades españolas sobre el estado del buque, los conocimientos técnicos de su tripulación y la calidad de los controles a los que fue sometido el buque no coincide con los testimonios, entre otros, de SMIT Salvage, las aseguradoras y la sociedad de clasificación; que la presencia de una «caja negra» hubiera podido aclarar la situación,

K.

Considerando que el tiempo constituye un factor esencial en estas catástrofes, que a causa de la situación del buque en aquel momento era imposible alcanzar el dispositivo de remolque de emergencia que se encontraba en la parte trasera del barco y que, a causa de la falta de efectivos, entre otras cosas, fueron necesarias casi 24 horas para amarrar el Prestige a los remolcadores,

L.

Considerando que todas las partes implicadas consideraron desde un primer momento que el Prestige estaba tan dañado que no podría soportar la tempestad,

M.

Considerando que el barco había perdido sólo entre 1 000 y 3 000 toneladas de fuel cuando podía haber sido dirigido a un lugar de refugio como pusieron de manifiesto los expertos en la audiencia parlamentaria,

N.

Considerando que en un puerto seguro se habrían evitado nuevos vertidos y podrían haberse concentrado los medios de extracción del fuel vertido, evitando la contaminación generalizada y el hundimiento del buque,

O.

Considerando que las autoridades españoles dieron la orden de remolcar a alta mar el maltrecho buque por estar convencidas de que de esa forma contarían con más tiempo para luchar contra la contaminación; que esa decisión ha sido la causa de que la contaminación se haya extendido por una zona geográfica mucho más amplia; que, según los datos de que se dispone, antes de adoptar una decisión sobre lo que se debería hacer con el Prestige, las autoridades españolas no llevaron a cabo las inspecciones necesarias para establecer el alcance de los daños sufridos por el casco del buque,

P.

Considerando que la decisión de alejar el buque ha sido apoyada por la mayoría de los habitantes e instituciones de la zona adyacente al lugar del accidente,

Q.

Considerando que los remolcadores y el capitán intentaron reiteradamente, por el contrario, llevar el buque a un lugar o un puerto seguro, ya que estaban convencidos de que de esa forma podrían controlar la contaminación y salvar el buque, y que las autoridades españolas siempre rechazaron aceptar esta petición,

R.

Considerando que, una vez analizados los acontecimientos, se constata que, en caso de emergencia, todos los afectados se ven obligados a adoptar, acuciados por el tiempo y ante los riesgos que estas situaciones conllevan para las personas, los bienes y el medio ambiente y en circunstancias difíciles, decisiones con importantes repercusiones económicas y ecológicas; que, por consiguiente, es esencial que las autoridades competentes cuenten con un protocolo de actuación común, estructuras de mando claras, planes de emergencia y puertos seguros bien equipados,

S.

Considerando que las perdidas en producción acumuladas por el sector pesquero gallego (de acuerdo con estadísticas oficiales) en las primeras 15 semanas del año 2003, comparadas con el mismo período del 2002, se elevaron a 32 millones de euros, y que en algunos puertos estas pérdidas representan hasta el 50% de la producción del año anterior; que, por otro lado, las capturas no superan en toda Galicia el 50-60% en comparación con las del mismo período del año pasado; considerando que, desde el punto de vista biológico, se está notando una reducción de algunas especies y un declive del hábitat marino (algas) donde éstas viven,

T.

Considerando que casi 400 soldados que han participado en las labores de limpieza del fuel vertido por el buque «Prestige» han sido atendidos por diferentes afecciones sanitarias hasta el pasado mes de marzo, según fuentes del Gobierno español, mientras que las afecciones a la población y a los voluntarios están todavía en estudio y podrían contabilizarse en un número de casos aún superior,

U.

Considerando que el capitán del Prestige debe continuar por decisión judicial a disposición de la justicia española, por lo que lamentablemente no ha podido participar personalmente en la audiencia pública, y deplorando que la OMI tampoco estuviera representada en esta ocasión,

1.

Pide a la Conferencia de Presidentes que examine favorablemente las eventuales solicitudes que se presenten para la creación de una comisión temporal que, tras proceder a un análisis pormenorizado, profundice en el examen de las causas y consecuencias de la catástrofe del Prestige, evalúe las normas de seguridad marítima en un sentido general así como el respeto de la legislación de la UE, tenga por objetivo garantizar la ejecución de las recomendaciones contempladas en la presente Resolución y proponga las medidas adicionales que se considere necesarias para impedir que se repita la catástrofe del Prestige y sus consecuencias;

2.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo y al público en general sobre los últimos resultados de las investigaciones realizadas para conocer las causas y las circunstancias de la catástrofe del Prestige, sobre los planes que los Estados miembros hayan adoptado y puesto en marcha con el fin de recuperar el fuel contenido en el pecio y acabar con los incesantes derrames contaminantes, así como sobre la indemnización de todos los damnificados, el restablecimiento de todas las actividades económicas perjudicadas y la contención y reparación de los daños ambientales en las regiones afectadas;

3.

Pone de manifiesto su admiración por el extraordinario trabajo realizado en Galicia y en los demás países afectados por los marineros, por sus organizaciones representativas y por los voluntarios, un trabajo que resultó decisivo a la hora de impedir la entrada del fuel en las rías y para llevar a cabo la ingente y necesaria labor de limpieza en playas y rocas,

4.

Se congratula de que no se haya producido ninguna pérdida de vidas humanas en el curso de este naufragio dado que la reglamentación sobre la seguridad marítima tiene como objetivo principal la salvaguardia de las vidas humanas;

5.

Considera que las prioridades son, por una parte, velar por la seguridad de la gente de mar ya que, en caso de accidente grave en el mar, debe ser siempre posible localizar y salvar a la tripulación y, por otra, garantizar su actividad económica y la protección de los recursos;

6.

Pide que se remonte a la superficie y se analice la plancha del tanque de lastre de estribor perdida en el mar antes del naufragio a fin de comprobar la calidad del acero y de las soldaduras;

7.

Lamenta que, casi un año después de ocurrir el accidente, sigan produciéndose fugas de combustible en el pecio, que todavía contiene más de 14 000 toneladas de fuelóleo; expresa su preocupación a este respecto por la falta de transparencia de las decisiones y de los procesos adoptados hasta la fecha que no han podido impedir la aparición repetida de mareas negras en las costas del Atlántico; pide al Consejo, a la Comisión y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) que ayuden a las autoridades españolas y les faciliten todos los medios técnicos disponibles para poner término a las fugas de combustible y recuperar el pecio; pide a la Comisión que facilite regularmente datos actualizados sobre el tratamiento del pecio; solicita que el fuelóleo recuperado se trate y almacene en un lugar adaptado y protegido; pide a tal fin que se haga un inventario de los lugares de almacenamiento de los residuos contaminantes derivados de las mareas negras ocurridas en las costas comunitarias, que se solicite a las autoridades competentes información sobre el tratamiento de los residuos y sobre los sistemas de tratamiento empleados, y que se establezca un calendario para la eliminación o el tratamiento de dichos residuos, permitiéndose la incineración como método de tratamiento sólo si se realiza según lo dispuesto en la legislación comunitaria;

8.

Subraya que ya se han adoptado importantes medidas, en particular con los dos paquetes Erika, para reforzar la seguridad de la navegación en las aguas europeas, y hace hincapié en que debe darse prioridad a la aplicación rápida e íntegra de esta normativa y, especialmente, el estricto control de su observancia por parte de los Estados miembros; acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para acortar los plazos de aplicación;

9.

Observa que la catástrofe del Prestige ha puesto claramente de manifiesto que la acogida de los buques en peligro no está adecuadamente reglamentada; pide a los Estados miembros que, en cooperación con la AESM, concreten con suficiente antelación y de forma íntegra las obligaciones en materia de planes nacionales de emergencia y designación de lugares de refugio, indicando, entre otros aspectos, en qué circunstancias impondrán obligatoriamente la utilización de los lugares de refugio, dotándolos de los medios necesarios para la ejecución de sus planes de emergencia;

10.

Pide a la Comisión que presente ya antes de febrero de 2004 propuestas sobre la indemnización que se concederá a los lugares de refugio y que estudie la posibilidad de establecer un régimen de responsabilidad financiera para los puertos que no permitan el acceso a los buques en dificultades;

11.

Insiste en que cada Estado miembro debe disponer de una estructura de toma de decisiones y de mando clara en caso de situaciones de emergencia en el mar, así como de una autoridad independiente que cuente con las competencias jurídicas, financieras y técnicas necesarias para adoptar decisiones vinculantes en situaciones de emergencia dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva;

12.

Pide a la Comisión que encargue a la AESM la elaboración de un inventario de las distintas estructuras de mando y autoridades competentes en las situaciones de emergencia en el mar (como la Préfecture maritime en Francia y el Secretary of State's Representative en el Reino Unido), y que formule recomendaciones relativas al intercambio de las mejores prácticas, el fomento de la cooperación entre los Estados miembros y el establecimiento de directrices o requisitos mínimos a escala europea a este respecto;

13.

Considera necesario elaborar planes de emergencia específicos en las zonas de intenso tráfico marítimo, de forma que las autoridades de las regiones afectadas cuenten con la autonomía necesaria para actuar en situaciones de accidentes graves;

14.

Pide que la Unión Europea, a través de los servicios de la Comisión, se dote de una estructura de coordinación y actuación para intervenir en situaciones de emergencia, canalizando la ayuda europea desde el primer momento;

15.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de dotar a la AESM de buques anticontaminación y del equipamiento técnico correspondiente;

16.

Pide que el Consejo y la Comisión inicien, en el seno de la OMI y aprovechando la experiencia acumulada por los Estados miembros, el establecimiento de zonas de separación del tráfico y rutas obligatorias en las áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y en las que la navegación sea difícil, y que le informen al respecto;