92002E3198

PREGUNTA ESCRITA E-3198/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(8 de noviembre de 2002)

Asunto: Problemas de comunicación en Bélgica en idiomas distintos del flamenco

Según algunas denuncias publicadas en la prensa belga, ciudadanos belgas francófonos y otros ciudadanos de la Unión Europea que mantienen contactos con las autoridades de la región neerlandófona de dicho país (Flandes), no reciben los documentos indispensables para tales contactos en ninguna otra lengua excepto en neerlandés. Lo mismo ocurre con los procesos judiciales que se celebran en los juzgados de dicha región (por ejemplo en Amberes y en otros lugares), durante los cuales, según las mismas fuentes, los acusados se ven obligados a hablar sólo en neerlandés.

Es de señalar que se han expresado enérgicas protestas por el hecho de que, en algunas zonas de Flandes, los documentos que se refieren a facturas o a notificaciones oficiales se redactan exclusivamente en neerlandés, pese a que Bélgica es un país con más de una lengua oficial y acoge a muchos miles de ciudadanos extranjeros que trabajan en las numerosas organizaciones internacionales y embajadas instaladas allí.

¿Es acorde con la legislación comunitaria esta práctica de las autoridades flamencas? ¿Se vulnera el derecho de un ciudadano, bien de nacionalidad belga, bien residente en dicho país durante largos períodos de tiempo, a comunicarse en un idioma que conozca? ¿De qué forma podría intervenir la Comisión Europea con el fin de facilitar la comunicación a los ciudadanos belgas no neerlandófonos y a los nacionales de la UE que no conocen el neerlandés, pero viven en zonas donde es la lengua oficial? ¿Cuál es la opinión de la Comisión a propósito de las dificultades de comunicación que encuentran, en particular, todos aquellos que recurren a las autoridades judiciales de Flandes?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

La Comisión no tiene competencias para pronunciarse sobre el régimen lingüístico de los Estados miembros. La competencia en este ámbito recae exclusivamente en los Estados miembros.