—

Visto el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos el artículo 11, apartado 4, del TUE y el párrafo primero del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa ciudadana europea (1) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la ICE revisado»),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se establecen medidas temporales relativas a los plazos para las fases de recogida, verificación y examen previstos en el Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea habida cuenta del brote de COVID-19 (2) (en lo sucesivo, el Reglamento temporal sobre la ICE),

—

Visto el artículo 222 de su Reglamento interno,

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack — un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa»  (3),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre los diálogos con los ciudadanos y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la UE (4),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2022, sobre interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y la iniciativa ciudadana europea (5),

—

Vistas las propuestas 36 y 37 del informe sobre el resultado final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos 2 «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad», en particular,

—

Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0182/2023),

A.

Considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión y que las decisiones deben tomarse de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos;

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del TUE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para la aplicación de los Tratados;

C.

Considerando que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) representa una de las principales innovaciones introducidas por el Tratado de Lisboa en términos de participación democrática y que se trata del primer mecanismo transnacional de iniciativa ciudadana del mundo; que el Parlamento ha sido siempre un firme promotor de hacer de la ICE un instrumento sólido y fácil de usar para la participación democrática de los ciudadanos en el establecimiento de la agenda de la Unión; que la ICE es una herramienta importante para fomentar el debate en el seno de las instituciones europeas;

D.

Considerando que las ICE han ostentado hasta ahora una visibilidad limitada y demostrado una escasa eficacia en términos de propuestas elaboradas por la Comisión para actos jurídicos de la Unión, lo que puede debilitar este mecanismo participativo; que se debe reforzar la ICE para convertirla en un auténtico proceso ascendente de iniciativa legislativa a escala de la Unión;

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11, apartado 7, del Reglamento sobre la ICE revisado, la posibilidad de recoger declaraciones de apoyo a través de un sistema individual de recogida en línea se limita a las ICE registradas antes de finales de 2022 y, por lo tanto, no está disponible para las ICE registradas posteriormente;

F.

Considerando que es indispensable que los organizadores de las ICE hagan campaña y recojan declaraciones de apoyo en línea; que, de las 101 ICE registradas desde la puesta en marcha del instrumento, diecisiete han sido gestionadas mediante sistemas individuales de recogida en línea, cinco de las cuales han conseguido recoger más de un millón de firmas, y 74 han sido gestionadas a través del sistema central de recogida en línea, ocho de las cuales han recogido más de un millón de firmas;

G.

Considerando que no existe suficiente transparencia en lo que respecta a las normas de ejecución en determinados Estados miembros; que el éxito de una ICE también depende del resultado de los procedimientos de verificación y certificación en los Estados miembros;

H.

Considerando que, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento sobre la ICE revisado, la Comisión está jurídicamente obligada a exponer en una comunicación —en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la ICE y tras que el Parlamento haya celebrado una audiencia pública— sus conclusiones de carácter jurídico y político sobre una ICE válida, las medidas que se propone adoptar, en su caso, y sus razones para la adopción o no de medidas;

I.

Considerando que las respuestas de la Comisión a las ICE válidas deben ser claras y concretas; que las propuestas de actos jurídicos a partir de las comunicaciones de la Comisión deben ser oportunas;

J.

Considerando que, de conformidad con los artículos 14, apartado 3, y 16 del Reglamento sobre la ICE revisado, el Parlamento está jurídicamente obligado a evaluar, respectivamente, el apoyo político a la ICE y las medidas adoptadas por la Comisión como resultado de su comunicación;

K.

Considerando que el Reglamento sobre la ICE revisado ha reforzado la dimensión política de este instrumento participativo mediante la introducción de un debate plenario obligatorio en el Parlamento con la posibilidad de adoptar una resolución;

L.

Considerando que, de conformidad con su considerando 5, el objetivo del Reglamento sobre la ICE revisado es hacer que la ICE sea más accesible, menos engorrosa y más fácil de utilizar para quienes organicen o apoyen una iniciativa, reforzar su seguimiento y facilitar la participación del mayor número posible de ciudadanos en el proceso democrático de toma de decisiones de la Unión;

M.

Considerando que, si bien el Reglamento sobre la ICE revisado ha mejorado sustancialmente esta herramienta, persisten deficiencias en cuanto a su visibilidad y grado de difusión entre los ciudadanos, su potencial deliberativo, sus dimensiones digital y financiera y su impacto jurídico y político;

N.

Considerando que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento sobre la ICE revisado, la Comisión debe revisar periódicamente el funcionamiento de la ICE y presentar un informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento; que la fecha límite para la presentación del primer informe es el 1 de enero de 2024 y que este cubrirá un período marcado por la pandemia de COVID-19;

O.

Considerando que el Parlamento pretende contribuir a la próxima revisión de la Comisión con el fin de seguir mejorando la ICE como herramienta transfronteriza única para la democracia participativa;

P.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha demostrado lo vulnerable que la ICE es a las crisis externas; que el Reglamento temporal sobre la ICE, aplicable hasta finales de 2022, amplió los plazos para las diferentes fases del tratamiento de la ICE en respuesta a la pandemia de COVID-19;

Q.

Considerando que, desde la puesta en marcha de la herramienta, la Comisión ha recibido 127 solicitudes de ICE, de las cuales 101 han sido registradas; que la Comisión ha recibido 33 solicitudes de ICE en virtud del Reglamento sobre la ICE revisado, de las cuales 30 han sido registradas, mientras que dos se están evaluando actualmente; que los organizadores han retirado 21 solicitudes de ICE antes de la finalización del período de recogida; que 55 ICE han llegado al final de su período de recogida sin alcanzar el mínimo requerido de firmas;

R.

Considerando que, hasta la fecha, solo nueve ICE han alcanzado el mínimo requerido de un millón de firmas: «Right2Water» (Derecho al agua), «One of Us» (Uno de nosotros), «Stop Vivisection» (Freno a la vivisección), «Ban Glyphosate» (Prohibición del glifosato), «Minority SafePack» (Plan de rescate para minorías), «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas), «Stop Finning — Stop the trade» (Prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones — Prohibición del comercio), «Salvemos a las abejas y a los agricultores» y «Save Cruelty Free Cosmetics» (Cosméticos sin crueldad), y que solo las siete primeras han recibido una respuesta de la Comisión; que la iniciativa «Minority SafePack» (Plan de rescate para minorías) fue la primera ICE que se debatió en el Parlamento sobre la base del Reglamento sobre la ICE revisado;

S.

Considerando que solo una pequeña minoría de ciudadanos de la Unión es consciente de la existencia de la ICE y ha participado activamente en una iniciativa; que, debido a que la ciudadanía no están lo suficientemente familiarizada con este instrumento, los organizadores lo tienen más difícil para reunir el millón de firmas necesarias para una ICE;

T.

Considerando que las conclusiones finales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa recomiendan que se mejore la eficacia de los instrumentos de participación ciudadana actuales informando mejor a los ciudadanos sobre ellos y haciéndolos más seguros, accesibles, visibles e inclusivos; que el panel europeo de ciudadanos 2 recomendó que la Unión se acercara a los ciudadanos de una manera más decidida y que la Unión fomentara el uso de mecanismos de participación ciudadana;