—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada»(COM(2016)0766),

—

Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (1), y la ampliación del plazo para la adopción de actos delegados,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 11 de octubre de 2017, sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (CDR 2552/2017),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 2017, sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» (2),

—

Vistos los informes de la plataforma para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos), en particular en relativo a la política de certificación y seguridad de los STI cooperativos,

—

Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2017, titulada «Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos en la UE» (3),

—

Vista la Declaración de Ámsterdam sobre cooperación en el ámbito de la conducción conectada y automatizada, de 14 de abril de 2016,

—

Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, titulada «Conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G» (4),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0036/2018),

A.

Considerando que la estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (en los sucesivo, la «estrategia») está estrechamente ligada a las prioridades políticas de la Comisión, especialmente a su agenda para el empleo, el crecimiento y la inversión, a la creación de un espacio único europeo de transporte, al mercado único digital, a la protección del clima y a la estrategia de la Unión de la Energía;

B.

Considerando que las autoridades de los Estados miembros y el sector industrial deben responder a la necesidad acuciante de que el transporte sea más seguro, limpio, eficiente, sostenible, multimodal y accesible para todos los usuarios de la vía pública, incluidos los más vulnerables y las personas con movilidad reducida;

C.

Considerando que se ha ralentizado la tendencia positiva de la seguridad vial registrada en la Unión en la última década; que el 92 % de los accidentes de carretera se deben a errores humanos y que el empleo de tecnologías de los STI cooperativos es importante para un funcionamiento eficiente de determinados sistemas de asistencia a la conducción; que el transporte por carretera sigue siendo responsable de la mayor parte del uso del espacio en las ciudades, de los accidentes y de las emisiones sonoras, de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos del transporte;

D.

Considerando que los STI cooperativos permitirán a los usuarios de la vía pública y a los responsables de la gestión del tráfico poner en común y utilizar información, así como coordinar sus acciones de forma más eficaz;

E.

Considerando que la ciberseguridad de los STI cooperativos es un elemento crucial de su implantación; que las soluciones parciales en materia de seguridad pondrían en peligro la interoperabilidad y la seguridad de los usuarios finales; que, por tanto, existe una necesidad manifiesta de actuar a escala de la Unión;

F.

Considerando que la responsabilidad y la transparencia en materia de algoritmos implican la aplicación de medidas técnicas y operativas que garanticen la transparencia y el carácter no discriminatorio de la toma de decisiones automatizada y del proceso de cálculo de probabilidades de comportamiento individual; que la transparencia debe facilitar a las personas información útil sobre la lógica aplicada, la trascendencia del proceso y sus consecuencias; que debe abarcar información sobre los datos utilizados para alimentar los análisis y permitir a las personas comprender y controlar las decisiones que les afectan;

G.

Considerando que la Unión debe fomentar y seguir desarrollando las tecnologías digitales no solo con el fin de reducir los errores humanos y otras deficiencias, sino también para reducir costes y optimizar la utilización de las infraestructuras mediante la descongestión del tráfico y la consiguiente reducción de las emisiones de CO2;

H.

Considerando que el elemento cooperativo, gracias a la conectividad digital y móvil, mejorará de manera significativa la seguridad vial, la eficiencia del tráfico, la sostenibilidad y la multimodalidad; que al mismo tiempo generará un enorme potencial económico y reducirá los accidentes de tráfico y el consumo de energía; que los STI cooperativos son fundamentales para el desarrollo de vehículos y sistemas de conducción autónomos;

I.

Considerando que la conducción conectada y automatizada es un importante avance digital en el sector y que la coordinación con todas las nuevas tecnologías utilizadas en el sector, como los sistemas europeos de navegación por satélite GALILEO y EGNOS, ya ha alcanzado un alto grado de capacidad tecnológica;

J.

Considerando que la Unión está obligada a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 7 y 8, relativos al derecho al respeto de la intimidad y la protección de los datos de carácter personal;

K.

Considerando que en el mundo son varios países (como los Estados Unidos, Australia, Japón, Corea y China) que avanzan a gran velocidad hacia la implantación de nuevas tecnologías digitales, y que ya se pueden encontrar en el mercado vehículos y servicios de los STI cooperativos;

1.

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 8 y 10, el artículo 153, apartados 1 y 2, el artículo 157 y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Plan de Acción de la UE de 2015 sobre Derechos Humanos y Democracia,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre hombres y mujeres (00337/2016),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 14 de julio de 2015, sobre el estado actual de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas relativos a las empresas y los derechos humanos (SWD(2015)0144),

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) anejo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 (07166/2011),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019»(Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

—

Visto el informe de la Comisión de 2017 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 2015 titulada «Comercio para todos – Hacia una política de comercio e inversión más responsable»(COM(2015)0497),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, titulada "Informe sobre la aplicación de la estrategia de política comercial Comercio para todos"– Una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017) 0491),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.o 732/2008 del Consejo (Reglamento SPG) (1),

—

Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establece un sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo (Reglamento sobre minerales de guerra) (2),

—

Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), y en particular su artículo 4, apartado 1, en el que se prohíbe la esclavitud y la servidumbre, y su artículo 14, en el que se prohíbe la discriminación,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),

—

Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su artículo 3, en el que se define el término «género»como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres», y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de 1994,

—

Vistas la estrategia conjunta de la Unión y sus Estados miembros, de 2007, titulada «Estrategia de la UE de ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo»y la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2017, titulada «Lograr la prosperidad a través del comercio y la inversión. Actualización de la Estrategia conjunta de la UE sobre ayuda al comercio de 2007»(COM(2017)0667);

—

Vista la Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

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Vistas las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,

—

Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo,

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Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD (2015),

—

Vistos los Convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de género, incluidos el Convenio sobre igualdad de remuneración (n.o 100), el Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (n.o 111), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (n.o 156) y el Convenio sobre la protección de la maternidad (n.o 183);

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Visto el capítulo 7 del Plan de Acción de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC 2015-2017, adoptado en Bruselas en junio de 2015,

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (3),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (4),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (5),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de las mujeres en la economía verde (6),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (7),

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Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE (8),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (9),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (10),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas (11),

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Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (12),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, de 14 de septiembre de 2017, sobre las negociaciones relativas a la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile (13),

—

Vista la Declaración del Trío de Presidencias sobre la igualdad entre mujeres y hombres presentada el 19 de julio de 2017 por Estonia, Bulgaria y Austria, los Estados miembros que ostentan la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el periodo de 18 meses desde julio de 2017 hasta diciembre de 2018,

—

Visto el estudio elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer titulado «Trade liberalisation & women’s reproductive health: linkages and pathways»(La liberación del comercio y la salud reproductiva de las mujeres: conexiones y pautas),

—

Visto el Informe sobre Desarrollo Humano en África 2016 titulado «Acelerar los progresos en favor de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres en África» (14),

—

Visto el informe de la OCDE de 2014 titulado «Enhancing Women’s Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries»(Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres mediante el espíritu empresarial y el liderazgo empresarial en los países de la OCDE) (15),

—

Vistos los resultados de los últimos debates internacionales de alto nivel sobre género y comercio, con especial atención a aquellos organizados bajo el paraguas de la Unión y de la OMC/UNCTAD/CCI, incluido, en orden cronológico inverso, el Foro Internacional sobre la Mujer y el Comercio, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el Centro de Comercio Internacional (Bruselas, junio de 2017) (16), la sesión anual de la Conferencia parlamentaria sobre la OMC, sobre «Trade as a vehicle of social progress: The gender perspective»(El comercio como instrumento de progreso social: la perspectiva de género) (Ginebra, junio de 2016) (17) y la sesión plenaria de la OMC sobre el tema «¿Qué futuro le espera a la OMC? Comercio y cuestiones de género: Empoderar a la mujer mediante cadenas de suministro inclusivas»(Ginebra, julio de 2015) (18),

—

Vistos los crecientes esfuerzos internacionales para promover la igualdad de género a través de las políticas comerciales, como el programa de la UNCTAD sobre cuestiones de género y desarrollo (19) (que incluye estudios sobre el impacto del comercio sobre las mujeres, un paquete didáctico sobre comercio y cuestiones de género, formación en línea o la creación de la condición de «defensores de la igualdad de género») y el Banco Mundial que desde 2016 cuenta con una estrategia de género en sus catorce áreas de trabajo,

—

Visto el documento temático del Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (CICDS) titulado «La dimensión del género dentro de las cadenas globales de valor»(septiembre de 2016) (20),

—

Visto el documento temático del CICDS titulado «The Gender Dimensions of Services»(La dimensión del género en los servicios) (septiembre de 2016) (21),

—

Visto el informe de las Naciones Unidas, de 2015, sobre el progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: Transformar las economías y hacer realidad los derechos (22),

—

Visto el documento de 2017 de WIDE+ sobre la posición comercial de la UE y el género titulado «How to transform EU trade policy to protect women’s rights»(¿Cómo transformar la política comercial de la UE para proteger los derechos de las mujeres?) (23),

—

Visto el estudio de 2016 elaborado a petición de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento y titulado «Gender Equality in Trade Agreements»(La igualdad de género en los acuerdos comerciales) (24),

—

Visto el estudio de 2015 elaborado a petición de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento titulado «The EU’s Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?»(La política comercial de la UE: ¿de la indiferencia a la receptividad en materia de género?) (25),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0023/2018),

A.

Considerando que el artículo 8 del TFUE determina que la Unión, en todas sus acciones tanto dentro como fuera de la Unión, debe intentar eliminar las desigualdades, promover la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la discriminación, entre otros aspectos, por razones de sexo, a la hora de definir y aplicar sus políticas y actividades;

B.

Considerando que la política comercial puede servir de instrumento para promover los valores mundiales y europeos, incluida la igualdad de género; que los acuerdos y las políticas de la UE en materia de comercio e inversión no son neutrales desde el punto de vista del género, lo que significa que tienen un impacto en las mujeres diferente al de los hombres debido a las desigualdades estructurales; que las mujeres se enfrentan a limitaciones específicas por género, como el acceso limitado a los recursos y un control limitado sobre estos, la discriminación jurídica y la carga de realizar labores asistenciales no remuneradas debido a los roles de género tradicionales;

C.

Considerando que la igualdad de género debe afectar a las mujeres y a los hombres por igual; que el compromiso y la colaboración entre las partes interesadas del sector público y del sector privado, a nivel internacional y local, son esenciales para promover las sinergias necesarias para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como para sensibilizar sobre cuestiones tales como: los derechos de propiedad; el acceso a la financiación, la educación y la formación profesional; la conducta empresarial; la contratación pública; la brecha digital; y los prejuicios culturales;

D.

Considerando que las políticas comerciales tienen como objetivo, entre otros, el crecimiento y el desarrollo económico sostenibles y equitativos necesarios para garantizar la reducción de la pobreza, la justicia social y el empleo digno y unas condiciones de vida mejores para las mujeres y los hombres, así como para salvaguardar los derechos de la mujeres; que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas no solo deben integrarse en todos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, sino que también constituyen un objetivo en sí mismo; que la agenda de los ODS reconoce que el comercio contribuye a la promoción del desarrollo sostenible y equitativo y puede contribuir a la promoción de las más elevadas normas laborales y medioambientales internacionales y de los derechos humanos; que la política comercial de la Unión es una parte importante del marco de los ODS, y que una fuerte perspectiva de género constituye un elemento esencial de ese marco, cuyo objetivo es asegurar resultados más justos y beneficiosos para todos; que la política comercial también puede ampliar las oportunidades de emprendimiento de las mujeres, así como en términos de acceso al aprendizaje y al empleo;

E.

Considerando que la compleja relación que existe entre el comercio internacional y las cuestiones de género exige un conocimiento profundo de las fuerzas activas, lo que implica la identificación, el análisis y el control de las dinámicas económicas y sociales necesarias para la definición de una política comercial eficiente que tenga por objeto el desarrollo económico, que a la vez promueve el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género; que la política comercial debe, por consiguiente, tener en cuenta su impacto directo e indirecto en términos de género, así como los contextos locales específicos, con el fin de evitar reproducir o agudizar las actuales brechas de género y los estereotipos y de reforzar la igualdad de género de forma proactiva; que el éxito de la política comercial también debe evaluarse en función de si repercute de forma positiva e igual en las mujeres y los hombres;

F.

Considerando que el desarrollo económico y la igualdad de género con frecuencia van de la mano; que existe una amplia percepción de que las sociedades en las que las desigualdades de género son menores tienden a crecer más rápido;

G.

Considerando que el impacto de la liberalización del comercio sobre las personas depende también de su ubicación geográfica y del sector económico en el que se enmarquen sus actividades; que existen grandes diferencias entre países y dentro de los países en cuanto a estructuras de producción, tasas de participación femenina en el mercado de trabajo y regímenes de bienestar; que las mujeres suponen la mayor parte de los trabajadores en determinados sectores, como la confección y la fabricación textil, las telecomunicaciones, el turismo, la prestación de cuidados y la agricultura, en los que tienden a concentrarse más en modalidades mal remuneradas o poco reconocidas de empleo formal o informal que los hombres; que esto puede dar lugar a abusos en el lugar de trabajo y a discriminación, a una segregación de género por tipo de ocupación y actividad, a brechas de género por lo que respecta a los salarios y las condiciones laborales y a limitaciones vinculadas al género en el acceso a los recursos de producción, infraestructuras y servicios; que los acuerdos de libre comercio (ALC) pueden dar lugar a cambios en el empleo y a pérdidas de empleos, en particular en sectores relacionados con la exportación y en los que con frecuencia las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores; que las evaluaciones de género sectoriales y por país, por tanto, aportan un considerable valor añadido a la hora de redactar los acuerdos comerciales;

H.

Considerando que en la Unión los empleos dependientes de las exportaciones representaban en 2011 alrededor de uno de cada nueve empleos (11 %) ocupados por las mujeres;

I.

Considerando que, según un estudio realizado en 2017 por la Comisión, casi doce millones de mujeres en la Unión tienen trabajos que dependen de las exportaciones de bienes y servicios al resto del mundo (26);

J.

Considerando que, partiendo de los estudios basados en hechos, la UNCTAD insiste en destacar las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres a la hora de aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio, debidas a factores como la falta de formación técnica para acceder a trabajos mejores, la falta de servicios públicos que aligeren las responsabilidades del hogar, el acceso limitado a los recursos y el control limitado sobre estos, incluyendo el crédito y la tierra, la información, así como las redes; que, partiendo de esta base, la UNCTAD recomienda que las evaluaciones examinen el posible impacto de las políticas comerciales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en ámbitos como el empleo, las pequeñas empresas, los precios, la productividad en la agricultura, la agricultura de subsistencia y la migración (27);

K.

Considerando que la actual política comercial de la Unión y su estrategia «Comercio para todos»se basan en tres principios fundamentales: eficacia, transparencia y valores, pero carece de una perspectiva de igualdad de género; que la Comisión ha renovado y ampliado su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en su revisión de la estrategia «Ayuda al comercio», afirmando que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que además es crucial para el desarrollo económico, aprovechando al máximo la amplia gama de instrumentos políticos de la Unión disponibles para aumentar su impacto general en el crecimiento y la reducción de la pobreza; que, según las disposiciones incluidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Unión debe sentar las bases para hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres garantizando el acceso igualitario para las mujeres a la vida política, económica y pública, así como a la educación, la sanidad y el empleo, y la igualdad de oportunidades en estos ámbitos;

L.

Considerando que las mujeres se ven afectadas por el comercio y los acuerdos comerciales como posibles empresarias, consumidoras, trabajadoras y trabajadoras informales; que existe una necesidad esencial de reconocer y entender mejor los impactos específicos sobre el género de la política comercial para ofrecer respuestas políticas adecuadas; que, con el fin de lograr este objetivo, es necesario desarrollar una metodología adecuada para garantizar la evaluación sistemática de los posibles impactos de la política comercial y de los acuerdos comerciales de la Unión en la igualdad de género y los derechos de las mujeres; que la Comisión debería realizar investigaciones cuantitativas desglosadas por género en los diferentes sectores tales como los negocios, la ciencia y la tecnología, entre otros; que, hasta ahora, la Unión ha celebrado acuerdos comerciales sin realizar una evaluación de su impacto sobre las mujeres y la igualdad de género; que la Comisión ha anunciado que un Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión modernizado incluirá, por primera vez en la Unión, un capítulo específico sobre género y comercio;

M.

Considerando que las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad de los acuerdos comerciales no tienen suficientemente en cuenta las cuestiones de género y los derechos de las mujeres;

N.

Considerando que una evaluación ex ante de las implicaciones en materia de género de las políticas comerciales puede contribuir a la capacitación de las mujeres y a su bienestar, y, al mismo tiempo, ayudar a mitigar las disparidades actuales y evitar que aumente la desigualdad de género;

O.

Considerando que la revisión de los acuerdos multilaterales y bilaterales actuales de la Unión muestra que en el 20 % de los acuerdos con socios comerciales no europeos se hace referencia a los derechos de la mujer, y que en el 40 % de esos acuerdos se incluyen referencias que tienen por objeto promover la igualdad de género; que las referencias que se hacen en esos acuerdos al fomento de la capacitación de las mujeres son de carácter principalmente voluntario y, cuando son vinculantes, no son aplicables en la práctica; que un estudio reciente de la Comisión muestra que sigue existiendo una brecha de género en términos de oportunidades de acceso al empleo; que el estudio indica que la capacitación de las mujeres podría hacer subir el PIB mundial en 28 000 millones de dólares estadounidenses hasta 2025, y que esto es esencial tanto desde la perspectiva económica como desde la social y de la erradicación de la pobreza, debido a la función que las mujeres desempeñan en las comunidades;

P.

Considerando que, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las microempresas y las pymes constituyen la mayor parte del sector privado y son responsables de una gran mayoría de puestos de trabajo; que, según el Centro de Comercio Internacional (CCI), las microempresas y las pymes suponen en su conjunto un 95 % de todas las empresas en general, aproximadamente el 50 % del PIB mundial y más del 70 % del empleo total; que cerca del 40 % de todas las microempresas y pymes son negocios que pertenecen a mujeres, pero que solo el 15 % de las empresas exportadoras están dirigidas por mujeres; que, no obstante, las cifras de la OCDE muestran que las empresarias suelen seguir ganando entre un 30 y un 40 % menos que los empresarios (28);

Q.

Considerando que el debate público y la reacción en toda Europa sobre los acuerdos comerciales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) han mostrado la necesidad de que existan unas negociaciones transparentes e inclusivas que tengan en cuenta las fuertes preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos en muchos países; que la política comercial de la Unión no debe rebajar ninguna norma de la Unión, y que los servicios públicos han de excluirse siempre de las negociaciones comerciales; que todo mecanismo de resolución de litigios debe diseñarse para garantizar la capacidad de los gobiernos de regular en favor del interés público y servir a los objetivos de política pública; que cabe esperar progresos en otros ámbitos problemáticos, como el refuerzo de la obligaciones de responsabilidad social de las empresas (RSE) en relación con los derechos humanos; que, en el contexto de las cadenas de valor mundiales, es necesario adoptar un enfoque global y holístico en materia de responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos;

R.

Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos son vinculantes para todos los Estados y todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, localización, propiedad o estructura;

S.

Considerando que en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, adoptada por el Consejo en 2016, se afirma que los derechos humanos deben integrarse sistemáticamente en cualesquiera ámbitos políticos e instituciones, incluidos el comercio internacional y la política comercial;

T.

Considerando que el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) tiene como objetivo, entre otras cosas, contribuir a la erradicación de la pobreza y promover el desarrollo sostenible y la buena gobernanza; que el SPG+ incluye condiciones destinadas a garantizar la ratificación y la aplicación de los 27 convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y buena gobernanza, por parte de países en desarrollo elegibles; que es esencial realizar una supervisión periódica de su aplicación, tomar medidas cuando sea necesario y prestar una atención particular a la igualdad de género; que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es una de las convenciones importantes en virtud del SPG +;

U.

Considerando que más del 40 % del trabajo agrícola en el Sur Global es realizado por mujeres;

V.

Considerando que la expansión del comercio mundial y la integración de los países en desarrollo en las cadenas de valor mundiales (CVM) pueden acarrear el riesgo de crear desigualdades de género cuando estas se utilizan para producir productos económicamente más competitivos; que esto también ha permitido que muchas trabajadoras abandonasen las filas de la economía informal para pasar a formar parte del sector formal; que las normas de origen son cada vez más importantes en el contexto de las CVM, en las que la producción se extiende por diversos países; que unas normas de origen más claras y mejor definidas pueden crear un marco para el establecimiento de la plena transparencia y la responsabilidad a lo largo de las cadenas de suministro, y que esto puede tener un impacto positivo en las mujeres, en especial en las que trabajan en el sector de la confección;

W.

Considerando que estas nuevas oportunidades de empleo relacionadas con el comercio para las mujeres en países en desarrollo contribuyen de manera significativa a las rentas familiares y la reducción de la pobreza;

X.

Considerando que el sector de la confección emplea a mujeres en su mayoría; que es importante recordar que 289 personas fallecieron en un incendio en Karachi (Pakistán) en septiembre de 2012, que, ese mismo año, otro incendio en la fábrica Tazreen Fashions, ubicada en Bangladés, provocó la muerte de 117 personas e hirió a más de doscientos trabajadores, y que el fallo estructural del Rana Plaza en 2013 acabó con la vida de 1 129 personas e hirió a 2 500 en el mismo país; que en todos los casos se trataba de fábricas de confección de ropa;

Y.

Considerando que la mayoría de los trabajadores de las zonas francas industriales (EPZ) son mujeres, y que en algunos países las zonas francas industriales no están sujetas a la legislación laboral local, prohíben o limitan la actividad sindical y no proporcionan reparación jurídica a los trabajadores, en clara violación de las normas básicas de la OIT;

Z.

Considerando que los sectores público y privado, la sociedad civil (en particular las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres), los interlocutores sociales y los sindicatos cuentan con el conocimiento y el potencial necesarios para desempeñar un cometido esencial en la definición y supervisión de la política comercial y en la recopilación de datos que puedan informar de los problemas a los que se enfrentan las mujeres debidos a la liberalización del comercio, con vistas a reforzar los derechos de las mujeres, a su emancipación económica y a la promoción del espíritu empresarial de las mujeres;

AA.

Considerando que acontecimientos como el Foro Internacional sobre Comercio y Género, organizado por la Comisión Europea el 20 de junio de 2017, permiten a numerosos agentes económicos y representantes de la sociedad civil intercambiar y lanzar iniciativas sobre la repercusión del comercio en la igualdad de género;

AB.

Considerando que las plataformas multilaterales y los foros intergubernamentales, como los ODS de las Naciones Unidas y Women20 (W20), son esenciales para promover el debate sobre cuestiones de género y la actuación de los expertos, así como para sentar una sólida base para la creación de consenso;

AC.

Considerando que los servicios públicos, así como los servicios de interés general actuales y futuros y los servicios de interés económico general, deben quedar excluidos de las negociaciones y del ámbito de aplicación de todos los acuerdos comerciales negociados por la Unión (en particular, pero no solo, el agua, el saneamiento, la sanidad, los cuidados, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social, la educación, la gestión de los residuos y el transporte público); que la Comisión se ha comprometido a velar por que estos servicios sigan siendo competencia de los Estados miembros y que no puede exigirse a los gobiernos que privaticen ningún servicio, ni tampoco se les puede impedir que en cualquier momento definan, regulen, presten y apoyen servicios en interés general;

AD.

Considerando que el comercio en el sector de los servicios y la contratación pública puede afectar a las mujeres de forma desproporcionada, y que la contratación pública sigue siendo una herramienta a disposición de los gobiernos para que influyan de forma positiva sobre los grupos desfavorecidos, en especial, las mujeres; que la privatización de los servicios sanitarios y asistenciales crea el riesgo de aumentar la desigualdad y puede tener un impacto negativo en las condiciones laborales de muchas mujeres; que una cantidad de mujeres por encima de la media está empleada en los servicios públicos o en el sector de servicios públicos y que, como usuarias de esos servicios, dependen más de unos servicios públicos de alta calidad, asequibles, accesibles y orientados hacia la demanda que los hombres, en concreto en lo relativo a los servicios sociales como el cuidado infantil o la atención a las personas dependientes; que los recortes en los presupuestos nacionales y en los servicios públicos, así como el aumento de los precios, tienden a trasladar la carga asistencial casi en exclusiva a las mujeres, lo que, en consecuencia, obstaculiza la igualdad de género;

AE.

Considerando que el sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) contribuye a la economía de la Unión basada en el conocimiento; que las disposiciones en materia de DPI relacionadas con patentes que prohíben la producción de medicamentos genéricos pueden tener un impacto significativo en las necesidades sanitarias particulares de las mujeres; que las mujeres dependen más que los hombres de un acceso asequible a la atención sanitaria y los medicamentos, así como de su disponibilidad, sobre todo en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva y los derechos asociados; que el acceso a los medicamentos en terceros países no debe impugnarse sobre la base de la protección de la propiedad intelectual;

AF.

Considerando que las decisiones sobre comercio y acuerdos comerciales solo son tomadas por las mujeres como equipos de negociación en una pequeña parte, los Parlamentos y los Gobiernos todavía están lejos de lograr el equilibrio de género; que el equilibrio de género en estas instituciones no solo podría dar lugar a una mejor integración de las cuestiones de igualdad de género, sino que también incrementaría la legitimidad democrática de la toma de decisiones;

AG.

Considerando que la Comisión y el SEAE no cuentan con recursos humanos suficientes para garantizar que la perspectiva de género se integre en las políticas comerciales de la Unión y, particularmente, en todo el proceso de las negociaciones comerciales;

AH.

Considerando que la Comisión, al trabajar en el marco jurídico de áreas de la política comercial relativamente nuevas, como el comercio electrónico, debe tomar en consideración desde un inicio su impacto sobre los roles de género, la conciliación de la vida familiar y laboral y la cantidad de trabajo no remunerado;

AI.

Considerando que el comercio de minerales de guerra ha demostrado su vinculación directa con violaciones generalizadas de derechos humanos, como violaciones y violencia sexual contra mujeres y niñas, el trabajo infantil y en condiciones de esclavitud, así como desplazamientos masivos;

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Vistos los artículos 174, 175 y 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»(COM(2015)0639),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre los efectos de las restricciones presupuestarias para las entidades locales y regionales en relación con el gasto de los Fondos Estructurales de la UE en los Estados miembros (3),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (6),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (7),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (8),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 10 de abril de 2017, titulado «Competitiveness in low-income and low-growth regions: the lagging regions report»(Competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos: informe sobre las regiones menos desarrolladas) (SWD(2017)0132),

—

Vistas las condiciones ex ante para las estrategias de especialización inteligente,

—

Visto el Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial, publicado por la Comisión el 9 de octubre de 2017,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A8-0046/2018),

A.

Considerando que la persistente crisis económica y financiera de la Unión ha tenido repercusiones negativas en el crecimiento económico a escala regional, aunque la política de cohesión haya destinado alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión al crecimiento y el empleo, así como a la reducción de las disparidades entre las regiones europeas; que sería procedente, en este sentido, que la Comisión estudiara en el marco del Semestre Europeo la cofinanciación regional y nacional con arreglo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y la manera en que repercute sobre los déficits nacionales;

B.

Considerando que la política de cohesión —ejecutada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión— es la principal política de inversión, crecimiento y desarrollo de la Unión, se ajusta a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y busca reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales entre regiones, promover la convergencia y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

C.

Considerando que el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión para el período 2014-2020 tienen como principal objeto la inversión en crecimiento y empleo orientadas a consolidar el mercado laboral, las economías regionales y la cooperación territorial europea, mejorar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional dentro de la Unión, y, en definitiva, reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones europeas;

D.

Considerando que, según se desprende del informe de la Comisión sobre las regiones menos desarrolladas, estas son cuarenta y siete, y se hallan en ocho Estados miembros; que el informe puede ayudar a entender mejor la complejidad de los retos a los que se enfrentan estas regiones, por lo que debería publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unión;

E.

Considerando que la política de cohesión desempeña un importante papel en todas las regiones menos desarrolladas y que, en la mayoría de ellas, supone una proporción muy elevada de la inversión pública;

F.

Considerando que en las regiones menos desarrolladas se registran unas tasas de productividad, empleo y escolarización inferiores con respecto a otras regiones del mismo Estado miembro;

G.

Considerando que en el informe de la Comisión se diferencian dos tipos de regiones menos desarrolladas: entre las regiones «de crecimiento bajo», aquellas menos desarrolladas y en fase de transición que no convergieron con el promedio de la Unión entre 2000 y 2013 en aquellos Estados miembros con un PIB per cápita en EPA por debajo de la media de la Unión en 2013, se incluyen casi todas las regiones menos desarrolladas y en fase de transición de Grecia, España, Italia y Portugal; y entre las regiones «de renta baja», aquellas con un PIB per cápita en EPA inferior al 50 % de la media de la Unión en 2013, se incluyen varias regiones menos desarrolladas de Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía;

H.

Considerando que las regiones de crecimiento bajo sufren un estancamiento económico que se debe, en particular, a un descenso en cuanto a inversiones públicas y privadas, a diferencia de las regiones de renta baja, que conservan en general su potencial de desarrollo;

I.

Considerando que las regiones menos desarrolladas se ven más afectadas que otras por la escasez de inversiones públicas y privadas, y que esta situación se debe también a la necesidad de respetar las obligaciones de reducción de la deuda pública que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

J.

Considerando que las regiones menos desarrolladas suelen caracterizarse por la falta de reformas estructurales, lo que merma el efecto de la ya de por sí escasa inversión pública;

K.

Considerando que las regiones menos desarrolladas están en situación de grave desventaja en materia de transporte público e infraestructuras económicas y energéticas, y necesitan que las inversiones sean de mayor efectividad y eficacia;

L.

Considerando que la Comisión estima que hace falta una relación más estrecha entre la política de cohesión y las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo;

M.

Considerando que las regiones menos desarrolladas, en particular aquellas de renta baja, suelen tener que hacer frente al éxodo de los jóvenes y los trabajadores cualificados, recursos necesarios ambos para la reactivación económica y social de las zonas en cuestión, con lo que dichas regiones ven mermado su atractivo desde el punto de vista del empleo y la inversión;

N.

Considerando que deben dotarse de mayor precisión las definiciones de región de renta baja y región de crecimiento bajo;

O.

Considerando que es importante que los usuarios finales tengan conocimiento de los programas regionales y locales financiados por la Unión y de los resultados alcanzados, con independencia de los niveles de financiación en una región determinada;

P.

Considerando que en las regiones menos desarrolladas resultan necesarios el buen gobierno y la eficacia de las administraciones públicas por tratarse de elementos que ayudan de manera importante a propiciar las condiciones idóneas para el crecimiento económico; que acotar el exceso de normas y controles, y la duración y complejidad de los procedimientos, así como hacer un mejor uso de las herramientas TIC, contribuiría a la mejora de la eficacia y el buen gobierno en dichas regiones;

Q.

Considerando que, según el Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial, las regiones menos desarrolladas tienen el índice europeo de calidad del gobierno más bajo, lo que redunda en un menor efecto de la inversión pública;

R.

Considerando que es importante disponer de cifras y estadísticas fiables, actualizadas y desglosadas a la hora de tomar decisiones políticas con conocimiento de causa y mayor transparencia, imparcialidad y equidad;

S.

Considerando que en las regiones menos desarrolladas deben eliminarse los obstáculos que limitan el crecimiento y reducirse el déficit en materia de infraestructuras;

T.

Considerando que las pymes de las regiones menos desarrolladas se financian a tipos de interés mucho más elevados y tienen mayores dificultades a la hora de pedir préstamos bancarios para cofinanciar los proyectos de los Fondos EIE;

U.

Considerando que, en cuatro de cada cinco regiones menos desarrolladas, al menos el 25 % de la población vive en una ciudad o su zona de cercanías, lo que se conoce como una área urbana funcional (AUF), y que, en una de cada cinco regiones menos desarrolladas, más del 50 % de la población vive en una AUF;

V.

Considerando que las actividades tradicionales, como la actividad agropecuaria o la pesca artesanal a pequeña escala, determinan la identidad y el modo de vida en la mayoría de las zonas costeras y rurales de las regiones menos desarrolladas, además de revestir importancia desde el punto de vista económico, territorial, social y cultural; que hacen falta estrategias de desarrollo al objeto de impulsar la capacidad de retener y atraer trabajadores cualificados, adoptar nuevas tecnologías y estimular otras inversiones;

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Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto,

—

Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP 21, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

—

Vistos el artículo 7, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo de París, que reconocen las dimensiones locales, subnacionales y regionales del cambio climático y de la acción por el clima,

—

Vista su posición, de 4 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1),

—

Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech (Marruecos) (CP 22) (2),

—

Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP 23) en Bonn (Alemania) (3),

—

Vistos los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en particular el objetivo 11, a saber, «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»,

—

Vistas las disposiciones del Pacto de Ámsterdam por el que se establece la agenda urbana de la UE,

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE (4),

—

Vistos los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) n.o 12/2016, titulado «Urban adaptation to climate change in Europe 2016»(Adaptación urbana al cambio climático en Europa 2016), y n.o 1/2017, titulado «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016»(Cambio climático, efectos y vulnerabilidad en Europa 2016),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2016, titulada «El camino desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París»(COM(2016)0110),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2013, titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE»(COM(2013)0216),

—

Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 8 de febrero de 2017, titulado «Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada en un enfoque integrado» (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2014, titulada «La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE»(COM(2014)0490),

—

Visto el artículo 8 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) (Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (6)), que establece que «los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el principio de desarrollo sostenible»,

—

Vistos los acuerdos de asociación y programas contemplados en el RDC, que, de conformidad con el artículo 8 de dicho RDC, tienen como objetivo promover «la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo»,

—

Vistos los objetivos temáticos específicos respaldados por cada Fondo EIE, incluidos el desarrollo tecnológico y la innovación, la transición a una economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático y la promoción de la eficiencia de los recursos,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»(COM(2010)2020),

—

Visto el Quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0045/2018),

A.

Considerando que el aumento de los fenómenos climáticos extremos es consecuencia directa del cambio climático provocado por la actividad humana y que seguirá afectando negativamente y con más frecuencia a muchas partes de Europa, acrecentando la vulnerabilidad de los ecosistemas habitados; que, según las hipótesis planteadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la temperatura del planeta podría aumentar de 0,9 a 5,8 °C de aquí a 2100;

B.

Considerando que el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA), que orientará la política medioambiental europea hasta 2020, identifica como objetivo prioritario la mejora de la sostenibilidad de las ciudades de la UE, junto con los tres objetivos horizontales principales de proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, convertir a la UE en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva, y proteger a los ciudadanos de la UE de las presiones y los riesgos medioambientales para su salud y bienestar;

C.

Considerando que el cambio climático podría exacerbar los cambios sociales en caso de que no se tome ninguna otra medida; que deberían tenerse en cuenta los importantes flujos migratorios previstos a raíz de estos cambios climáticos mundiales y derivados de las consecuencias de los desplazamientos de población, que originarán nuevas demandas en las infraestructuras de las ciudades;

D.

Considerando que, según las principales conclusiones del informe de la AEMA n.o 12/2016, la realidad del cambio climático ya se está dejando sentir en la UE en forma de fenómenos meteorológicos extremos e impactos graduales a largo plazo, como huracanes, tormentas, desertificación, sequías, erosión costera y del suelo, lluvias intensas, olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar, escasez de agua, incendios forestales y propagación de enfermedades tropicales;

E.

Considerando que, a causa del cambio climático, existe un mayor riesgo de desaparición de determinadas especies de plantas y animales, así como de incidencia de enfermedades infecciosas provocadas por factores climáticos; que hay zonas, como las regiones ultraperiféricas y otras regiones de la UE vulnerables desde un punto de vista topográfico, que sufren aún más los efectos del cambio climático;

F.

Considerando, además, que estudios recientes revelan que diversos cambios observados en el medio ambiente y la sociedad, como la alteración de las especies forestales, el establecimiento de especies exóticas invasoras y los brotes de enfermedades, se han producido o exacerbado debido al cambio climático mundial, acrecentando la vulnerabilidad de las personas, la naturaleza y los ecosistemas que habitan a menos que se tomen medidas concretas; que un apoyo integrado de la UE para mejorar la solidaridad y el intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros ayudaría a garantizar que las regiones más afectadas por el cambio climático puedan tomar las medidas necesarias para adaptarse;

G.

Considerando que el cambio climático influye en las diferencias sociales, ya de por sí crecientes en la última década en la UE, al incrementar la vulnerabilidad de los sectores de la sociedad más débiles y con menos capacidades y recursos para enfrentarse a sus efectos; que la vulnerabilidad de las personas frente a los efectos del cambio climático viene determinada en gran medida por su capacidad para acceder a los recursos básicos, y que las autoridades públicas deben garantizar el acceso a esos recursos;

H.

Considerando que casi el 72,5 % de la población de la UE —aproximadamente unos 359 millones de personas— vive en ciudades; que, además, la UE es responsable del 9 % de las emisiones mundiales, y que entre un 60 % y un 80 % del consumo de energía mundial, y alrededor del mismo porcentaje de emisiones de CO2, corresponde a las zonas urbanas;

I.

Considerando que las decisiones tomadas en materia de infraestructura urbana repercutirán en la capacidad de las ciudades para resistir al cambio climático; que las ciudades, las empresas y otros agentes no estatales tienen un potencial de mitigación que oscila entre 2 500-4 000 millones de toneladas de CO2 para 2020; que las regiones y las ciudades están en medida de reducir en un 5 % las emisiones mundiales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, y que tienen potencial para reducir las emisiones mundiales de manera significativa;

J.

Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.o 11 —«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»— aspira a incrementar considerablemente, de aquí a 2020, el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias, y la resiliencia ante desastres, y para desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles;

K.

Considerando que las autoridades municipales son uno de los principales beneficiarios de la financiación europea;

L.

Considerando que el artículo 7, apartado 2, del Acuerdo de París reconoce que «la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales»; que la actuación de las autoridades locales y de los agentes no estatales es esencial para permitir que las Administraciones puedan llevar a cabo sus compromisos en el marco de la acción mundial por el clima;

M.

Considerando que en la «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE»(COM(2013)0216), así como en los respectivos Reglamentos de la UE sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), se identifican los objetivos principales y las medidas de actuación correspondientes, en particular mediante la introducción de mecanismos como las condiciones ex ante y los objetivos temáticos (OT) relacionados con el clima en el marco de la política de cohesión 2014-2020 —entre ellos, el OT 4: favorecer la transición a una economía hipocarbónica en todos los sectores, el OT 5: promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, y el OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos—, lo que ha dado lugar, al menos en algunos de los Fondos EIE, a una financiación mayor y mejor orientada de la acción por el clima;

N.

Considerando que las regiones y las ciudades han demostrado su compromiso con el proceso de la CMNUCC mediante su participación en las iniciativas de la Agenda de Acción Lima-París (AALP) y la Zona de los Agentes No Estatales para la Acción Climática (NAZCA);

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Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor junto con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

—

Vistas su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (1), y sus Resoluciones, de 3 de octubre de 2017 (2) y de 13 de diciembre de 2017 (3), sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido,

—

Vistos las orientaciones del Consejo Europeo (art. 50), de 29 de abril de 2017, tras la notificación del Reino Unido en virtud del artículo 50 del TUE, y el anexo de la Decisión del Consejo, de 22 de mayo de 2017, que fija las directrices de negociación de un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que se establezca la forma de su retirada de la Unión Europea,

—

Vistos el informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido, de 8 de diciembre de 2017, sobre los avances realizados durante la primera fase de las negociaciones en virtud del artículo 50 del TUE sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, y el proyecto de acuerdo de retirada de la Comisión Europea, de 28 de febrero de 2018,

—

Vistos las orientaciones del Consejo Europeo (art. 50), de 15 de diciembre de 2017, y el anexo de la Decisión del Consejo, de 29 de enero de 2018, por la que se complementa la Decisión del Consejo de 22 de mayo de 2017 por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a un acuerdo en el que se establezca la forma de su retirada de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el objetivo de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) es prepararse para una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea;

B.

Considerando en el artículo 50 del TUE se afirma que la forma de la retirada del Reino Unido habrá de tener en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión;

C.

Considerando que, una vez alcanzados en diciembre de 2017 unos avances suficientes en las negociaciones sobre las cuestiones de la separación, es oportuno que las negociaciones puedan ahora ocuparse del marco de las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión, siempre que se realicen unos progresos equivalentes en las negociaciones sobre el proyecto de acuerdo de retirada elaborado por la Comisión;

D.

Considerando que estas negociaciones solo pueden comenzar una vez que el jefe negociador de la UE haya recibido de las instituciones de la Unión un mandato para iniciarlas;

E.

Considerando que cualquier acuerdo sobre un marco de una relación futura será tratado como una parte integrante del acuerdo de retirada global, y conformará las deliberaciones del Parlamento Europeo durante el procedimiento de aprobación;

F.

Considerando que redunda en interés de todas las partes que el marco de las relaciones futuras sea lo más detallado posible;

G.

Considerando que el Reino Unido pasará tras su retirada a ser un país tercero, con independencia del marco de sus relaciones futuras con la Unión que se acuerde;

H.

Considerando que, además de los elementos incluidos en la notificación del Reino Unido, de 29 de marzo de 2017, de su intención de retirarse de la Unión Europea, la primera ministra del Reino Unido ha pronunciado una serie de discursos (en Lancaster House el 17 de enero de 2017, en Florencia el 22 de septiembre de 2017, en Múnich el 17 de febrero de 2018 y, más recientemente, en Mansion House el 2 de marzo de 2018); que todavía no ha establecido una visión coherente acerca de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido;

I.

Considerando que el Reino Unido y la Unión seguirán siendo vecinos cercanos y compartiendo múltiples intereses; que una relación cercana de estas características bajo la forma de acuerdo de asociación entre la Unión y el Reino Unido podría considerarse un marco de las relaciones futuras apropiado que permita la protección y promoción de estos intereses comunes, incluida una nueva relación comercial;

J.

Considerando que la ventaja de un acuerdo de asociación para las relaciones futuras es que proporciona un instrumento flexible que permite diversos grados de cooperación en una amplia gama de ámbitos de actuación política; que dicha cooperación requerirá que ambas partes mantengan unas normas elevadas y sus compromisos internacionales en una serie de dichos ámbitos;

K.

Considerando que es fundamental salvaguardar los acuerdos de la Unión con terceros países y organizaciones internacionales, en particular el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE);

L.

Considerando que la Unión Europea y el Reino Unido, como Estado miembro saliente, tienen la obligación primordial de garantizar un enfoque amplio y recíproco en lo que se refiere a la protección de los derechos de los ciudadanos de la Unión que viven en el Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido que residen en la UE-27;

M.

Considerando que, con miras a preservar el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 en su integridad y los derechos del pueblo de Irlanda del Norte, el Reino Unido debe respetar su compromiso de velar por que no exista un endurecimiento de la frontera en la isla de Irlanda, ya sea por medio de propuestas detalladas que deberá presentar en las negociaciones sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido, en forma de soluciones concretas para Irlanda del Norte, o a través de una adaptación normativa continua respecto del acervo de la Unión;

N.

Considerando que se necesitarán disposiciones transitorias que incluyan la prolongación de todo el acervo de la Unión para evitar una situación límite cuando el Reino Unido se retire de la Unión y brindar a los negociadores de la Unión y el Reino Unido la posibilidad de negociar un acuerdo sobre sus relaciones futuras;

O.

Considerando que es conveniente que las instituciones de la Unión y los Estados miembros, junto con instituciones públicas y privadas, inicien los trabajos de preparación ante cualquier eventualidad que pueda surgir como resultado de las negociaciones;

P.

Considerando que la unidad de las instituciones de la Unión y los Estados miembros es clave en aras de defender los intereses de la Unión y de sus ciudadanos a lo largo de las fases posteriores de las negociaciones, en particular por lo que respecta al marco de las relaciones futuras, pero también para garantizar la pronta y satisfactoria conclusión de dichas negociaciones;

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Vistos los artículos 311, 312 y 323 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (1) y su modificación posterior mediante el Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017 (2),

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (3),

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Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión (4),

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Visto el documento de reflexión de la Comisión, de 28 de junio de 2017, sobre el futuro de las finanzas de la UE (COM(2017)0358),

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Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (5),

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Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

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Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (6),

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Vista la ratificación del Acuerdo de París por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016 (7) y por el Consejo el 5 de octubre de 2016 (8),

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Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU»(Retos a los que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos en la Unión),

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Visto el dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo sobre la financiación de las organizaciones de la sociedad civil por la UE,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos, las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Control Presupuestario, la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0048/2018),

A.

Considerando que el actual marco financiero plurianual (MFP) se acordó en 2013 y supuso, por primera vez, una reducción en términos reales de los créditos tanto de compromiso como de pago, en comparación con el anterior período de programación financiera a pesar de las crecientes competencias de la Unión y de las ambiciones enunciadas en el Tratado de Lisboa y en la Estrategia Europa 2020, respectivamente; que el MFP implicaba también una diferencia significativa entre el nivel de créditos de compromiso y de pago, lo que contribuyó a la acumulación de facturas impagadas en los dos primeros años del MFP; que la adopción tardía del MFP y de las bases jurídicas correspondientes contribuyó a retrasos en la ejecución, cuyas repercusiones se siguen notando hoy en día y que pueden dar lugar a una acumulación de solicitudes de pago al final del actual MFP y afectar al próximo período; que, gracias a la insistencia del Parlamento, en el MFP se incluyeron nuevas disposiciones con el fin de utilizar sus límites máximos globales en la mayor medida posible y prever mecanismos de flexibilidad;

B.

Considerando que el MFP 2014-2020 demostró rápidamente que no era adecuado para satisfacer las necesidades reales y las ambiciones políticas, ya que, desde un principio, tuvo que hacer frente a una serie de crisis y a nuevos retos en los ámbitos de la inversión, la exclusión social, la migración y los refugiados, el empleo juvenil, la seguridad, la agricultura, el medio ambiente y el cambio climático que no se habían previsto en el momento de su adopción; que, como consecuencia de ello, el actual MFP ya había alcanzado el límite tras solo dos años de aplicación, ya que los márgenes disponibles se habían agotado, las disposiciones de flexibilidad y los instrumentos especiales se habían movilizado sustancialmente, las políticas y los programas existentes habían sido objeto de presiones o incluso se habían reducido y se habían creado algunos mecanismos extrapresupuestarios como modo de compensar el nivel insuficiente y la falta de flexibilidad del presupuesto de la Unión;

C.

Considerando que estas deficiencias ya se habían puesto de manifiesto en el momento del examen y la revisión intermedios del MFP, que se pusieron en marcha a finales de 2016 y debían haber sido objeto de acciones inmediatas, como puso de manifiesto el Parlamento en su Resolución de 6 de julio de 2016; que la revisión intermedia acordada permitió ampliar moderadamente el potencial de las disposiciones existentes en materia de flexibilidad, pero no revisar los límites máximos del MFP;

D.

Considerando que la Comisión presentará su paquete de propuestas sobre el MFP posterior a 2020, incluidos los futuros recursos propios, en mayo de 2018, pese a que el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo estipula que este debería haberse presentado antes del 1 de enero de 2018; que se espera que, poco después, se presenten proyectos de propuestas legislativas para los programas e instrumentos financieros;

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