28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/1

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/2

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (2),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (3),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (5),

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Vista la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, aprobada en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial, celebrada en Gödöllő el 19 de mayo de 2011,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 29 de noviembre de 2012, sobre el desarrollo local participativo (6),

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 9 de julio de 2015, sobre el resultado de las negociaciones sobre los acuerdos de asociación y los programas operativos (7),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2014, sobre «El desarrollo local participativo como instrumento de la política de cohesión 2014-2020 para el desarrollo local, rural, urbano y periurbano» (dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia griega del Consejo de la Unión Europea) (8),

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Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de la UE (9),

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Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, sobre la optimización del papel del desarrollo territorial en la política de cohesión (10),

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Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el grado de preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión (11),

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Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020 (12),

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Visto el briefing titulado «Tools to support the territorial and urban dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD)» (Herramientas para apoyar las dimensiones territoriales y urbanas en la política de cohesión: inversión territorial integrada y desarrollo local participativo), Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático B — Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo, de octubre de 2015,

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Visto el estudio titulado «Territorial governance and Cohesion Policy» (Gobernanza territorial y política de cohesión), Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático B — Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo, de julio de 2015,

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Visto el estudio titulado «Strategic coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods» (Coherencia estratégica de la política de cohesión: comparación de los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020), Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático B — Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo, de febrero de 2015,

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Visto el Sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial: Inversión para el empleo y el crecimiento — Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE, de julio de 2014,

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Visto el estudio titulado «Territorial Agenda 2020 put in practice — Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach» (La Agenda Territorial 2020 llevada a la práctica — Mejora de la eficacia y la efectividad de la política de cohesión gracias a un enfoque de base local), volumen II, estudio de casos, Comisión Europea, de mayo de 2015,

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Visto el estudio titulado «How to strengthen the territorial dimension of “Europe 2020” and the EU Cohesion Policy, based on the Territorial Agenda 2020» (Cómo reforzar la dimensión territorial de la Estrategia Europa 2020 y la política de cohesión de la UE, sobre la base de la Agenda Territorial 2020), elaborado a petición de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, de septiembre de 2011,

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Visto el informe titulado «Job Creation and Local Economic Development» (Creación de empleo y desarrollo económico local), de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de noviembre de 2014,

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Visto el informe titulado «Local Economic Leadership» (Liderazgo económico local), de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de 2015,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0032/2016),

A.

Considerando que la cohesión territorial es un objetivo fundamental de la Unión Europea, consagrado en el Tratado de Lisboa;

B.

Considerando que la nueva generación de programas de política de cohesión para el período 2014-2020 prevé y alienta el uso de enfoques integrados y de base local con objeto de fomentar la cohesión económica, social y territorial, al mismo tiempo que fomenta la gobernanza territorial;

C.

Considerando que los enfoques integrados y de base local tienen la finalidad de mejorar el rendimiento y la eficiencia de las intervenciones públicas atendiendo a los requisitos específicos de los territorios y contribuyendo a hacerlos más atractivos;

D.

Considerando que el desarrollo local participativo (DLP) y la inversión territorial integrada (ITI) son instrumentos innovadores de la política de cohesión, que algunos Estados miembros aplicarán como tales por vez primera y que pueden contribuir de manera significativa a la consecución de la cohesión económica, social y territorial, la creación de puestos de trabajo locales de calidad, el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

E.

Considerando que las nuevas ITI y las iniciativas de DLP representan cambios fundamentales en la capacidad de las partes interesadas locales para combinar fuentes de financiación y planificar iniciativas locales bien orientadas;

F.

Considerando que el empoderamiento de las organizaciones regionales y locales es fundamental para la plena aplicación de la política de cohesión económica, social y territorial; que los enfoques innovadores que dan prioridad al conocimiento local para afrontar los problemas locales mediante soluciones locales, han adquirido una creciente importancia; y que la gobernanza participativa, como el presupuesto participativo, ofrece los instrumentos de participación pública necesarios, con miras a la responsabilización respecto de las decisiones a nivel local;

G.

Considerando que el DLP se basa en la experiencia adquirida con la aplicación de LEADER, URBAN y EQUAL en periodos de financiación previos, y principalmente en el enfoque LEADER, que ha dado lugar a un incremento exponencial de los grupos de acción local (GAL) desde su creación en 1991y ha contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, en particular en el medio rural;

H.

Considerando que el DLP es obligatorio solo en el caso del FEADER, y opcional para el FEDER, el FSE y el FEMP;

I.

Considerando que estos dos nuevos instrumentos pueden desempeñar un papel importante a la hora de adaptarse al cambio demográfico y corregir los desequilibrios de desarrollo entre las regiones;

J.

Considerando que el DLP adopta un planteamiento ascendente cuya finalidad es establecer objetivos y financiar proyectos relacionados con las necesidades locales de la comunidad en lugar de imponer objetivos a escala nacional;

K.

Considerando que la ITI es una herramienta que puede utilizarse para realizar acciones integradas a favor de un desarrollo urbano sostenible, tal y como se define en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1301/2013;

L.

Considerando que existen diferencias de nivel entre los Estados miembros en lo relativo a estructuras de gobernanza y experiencia en las iniciativas de desarrollo ascendentes;

M.

Considerando que la capacidad y el compromiso de los agentes locales y regionales es esencial para que estos instrumentos den resultado, sin perjuicio de las competencias definidas para cada organización;

N.

Considerando que las autoridades regionales y locales están llamadas a intervenir en las decisiones sobre su propio desarrollo y a promover las sinergias entre los sectores público y privado, como directrices fundamentales capaces de facilitar una gestión y administración eficaz de los proyectos y de garantizar la estabilidad de los compromisos asumidos;

O.

Considerando que es esencial que las autoridades locales y regionales, en lo tocante a las decisiones que afecten a su propio desarrollo, y de acuerdo con las aportaciones de la comunidad, identifiquen correctamente cuáles son sus activos y ventajas estratégicas, y que se basen en ellos para elaborar sus estrategias de desarrollo regional y local, lo que, junto con las aportaciones de su comunidad, aumentaría la calidad de vida de los ciudadanos al aclarar los problemas que se planteen, establecer prioridades y perfilar soluciones sostenibles junto con los ciudadanos;

P.

Considerando que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1301/2013 estipula que «teniendo en cuenta su situación territorial específica, cada Estado miembro establecerá en su acuerdo de asociación los principios para la selección de las zonas urbanas en las que deban ponerse en práctica medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible y una asignación indicativa para dichas medidas a escala nacional»;

Q.

Considerando que la iniciativa RURBAN de cooperación entre el medio rural y el medio urbano contribuye a la consolidación de la competitividad regional y a crear asociaciones para el desarrollo;

R.

Considerando que al nivel de la Unión Europea los presupuestos deben basarse en los resultados, y que los recursos asignados en el marco de la ITI y el DLP deben utilizarse con eficiencia, realizando los objetivos políticos y las prioridades establecidas, y aportar el mayor valor añadido al objetivo perseguido, y que los resultados deben obtenerse al menor coste posible;

1.

Observa que una participación concreta de los agentes regionales y locales desde un principio, el compromiso y la apropiación por parte de estos de las estrategias de desarrollo territorial y una delegación adecuada de responsabilidades y recursos en los niveles inferiores de toma de decisiones son elementos esenciales para que el planteamiento ascendente dé sus frutos; considera que la participación de socios también puede reforzar el enfoque integrado y territorial, en particular allí donde la utilización del DLP y de la ITI sea escasa; subraya, no obstante, que los agentes locales precisan de un apoyo técnico y financiero a escala regional, nacional y de la UE, especialmente en las primeras fases del proceso de aplicación;

2.

Insta a la definición de estrategias en colaboración con los agentes regionales y locales en las fases iniciales del proceso de aplicación, en particular en el ámbito de la formación específica y especializada y del apoyo técnico y económico, en el contexto de una asociación eficaz entre las regiones, los Estados miembros y la UE;

3.

Opina que debe fomentarse en mayor medida la subdelegación de competencias y recursos en el marco de los Fondos EIE y que la reticencia de las autoridades de gestión a este respecto puede limitar el potencial de los dos instrumentos; insta a los Estados miembros a que defiendan un enfoque ascendente, delegando responsabilidad en los grupos locales; pide a la Comisión que, sin excederse de sus competencias, haga recomendaciones y proporcione directrices exhaustivas a los Estados miembros sobre cómo superar la falta de confianza y las trabas administrativas entre los distintos niveles de gobernanza relacionados con la puesta en práctica del DLP y la ITI;

4.

Destaca el hecho de que diseñar estrategias innovadoras, multisectoriales e integradas de alta calidad a escala local es un desafío, especialmente cuando debe realizarse de forma participativa;

5.

Llama la atención sobre el hecho de que las medidas adoptadas en virtud de estos instrumentos, además de tener en cuenta las prioridades de los agentes locales, deben ajustarse a los objetivos generales de los programas operativos, así como a otras estrategias de desarrollo de la Unión y de carácter nacional, regional y local y a estrategias de especialización inteligente, permitiendo al mismo tiempo unos márgenes de flexibilidad;

6.

Recuerda que no solo son los programas de la UE los que necesitan ser más flexibles y estar mejor integrados, sino también las políticas nacionales y regionales generales; destaca que velar por un espíritu más general de reforma de la gobernanza ayudará a garantizar que los fondos de la UE no se concedan en un marco «paralelo» a las políticas nacionales y regionales, sino que se integren en un esfuerzo más amplio con vistas a generar resultados económicos sostenibles;

7.

Considera que el desempleo juvenil es el problema más apremiante al que se enfrentan los Estados miembros, junto con la falta de financiación de las pymes; destaca que las estrategias de desarrollo local y territorial han de abordar estas cuestiones con carácter prioritario pide a las autoridades locales y regionales que prevean incentivos fiscales y de otro tipo para fomentar el empleo juvenil y la movilidad juvenil intrarregional y que den prioridad a la formación profesional, en asociación con los centros de formación;

8.

Recomienda que las autoridades locales y regionales presten especial atención a los proyectos encaminados a adaptar las localidades y las regiones a la nueva realidad demográfica y a contrarrestar los desequilibrios resultantes, en particular a través de: 1) la adaptación de las infraestructuras sociales y de movilidad al cambio demográfico y los flujos migratorios; 2) la creación de bienes y servicios específicos dirigidos a una población envejecida; 3) el apoyo a las oportunidades de empleo para las personas de edad avanzada, las mujeres y los migrantes, que contribuyan a la inclusión social; 4) la mejora de las conexiones digitales y la creación de plataformas que permitan y fomenten la participación y la interacción de los ciudadanos de las regiones más aisladas con los distintos servicios administrativos, sociales y políticos en todos los niveles de poder (local, regional, nacional y europeo);

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo, formación y asesoramiento adicionales a las localidades más pequeñas y menos desarrolladas que dispongan de una capacidad y unos recursos más limitados y para las cuales la carga administrativa y la complejidad de estas herramientas puedan resultar difíciles de asumir durante las fases de planificación y aplicación; recuerda que la cohesión territorial se inicia de forma ascendente y debe implicar a entidades administrativas pequeñas, sin exclusiones ni discriminación en cuanto al acceso a la ITI y el DLP; pide a la Comisión que comunique los resultados de las mejores prácticas en cada Estado miembro y sugiere que se pongan en común a través de una red en línea que permita que estas entidades gocen de igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los instrumentos; anima a las autoridades nacionales y regionales a proponer soluciones con miras a agrupar a pequeñas entidades administrativas teniendo en cuenta la dimensión territorial y las necesidades de desarrollo específicas;

10.

Anima a los Estados miembros a definir una estrategia para recurrir en mayor medida al DLP y a la ITI a través de un enfoque multifondo para la creación de estrategias de desarrollo regional y local más eficaces, en particular en las zonas a que se refiere el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que aprovechen, en su caso, la flexibilidad prevista en el artículo 33, apartado 6, del RDC para responder mejor a las especificidades de estas regiones; encarece la adopción de medidas específicas de apoyo técnico y formación de capacidades en favor de las administraciones de estas zonas, teniendo en cuenta su aislamiento y sus desventajas competitivas parciales;

11.

Destaca que la integración de múltiples fondos sigue siendo un desafío para las partes interesadas, en particular en el contexto del DLP y la ITI; considera que es necesario llevar a cabo una labor de simplificación a fin de crear condiciones para la aplicación de estas herramientas; acoge por ello con satisfacción el establecimiento del Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como los esfuerzos desplegados por la Comisión en el ámbito de la mejora de la legislación; hace hincapié en la necesidad de encontrar un marco europeo a la hora de formular recomendaciones;

12.

Destaca, en particular, la necesidad de abordar las prácticas de sobrerregulación, por las que se crean requisitos y obstáculos adicionales a escala nacional, regional y local; observa que suelen existir muchos niveles de control que aumentan la carga administrativa y económica para los beneficiarios; insiste en que se evite el solapamiento de cargas administrativas y destaca la importancia de que se establezcan las condiciones para las inversiones y las asociaciones público-privadas; recomienda que las actividades de auditoría se simplifiquen y que el seguimiento se centre en el proceso y en la evaluación de los resultados, manteniendo al mismo tiempo un control eficaz;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen actividades de formación específicas centradas en el DLP y la ITI y destinadas a los agentes regionales y locales y pide a la Comisión que preste atención a los programas de formación orientados a los beneficiarios locales; considera crucial garantizar la participación y la representación de todos los sectores pertinentes de la sociedad en tales actividades; hace hincapié en la importancia de un uso eficaz y efectivo de la asistencia técnica para apoyar estos instrumentos, sin duplicar estructuras;

14.

Acoge con satisfacción que la Comisión centre su atención en los resultados, lo que debería además ayudar a los responsables políticos locales a pasar de centrarse excesivamente en la absorción de fondos y la catalogación de procesos de aplicación, a identificar objetivos reales y significativos que producirán cambios tangibles para los negocios y los residentes locales;

15.

Expresa su preocupación por la falta de una comunicación adecuada entre las distintas partes interesadas: alienta las iniciativas orientadas a aumentar el intercambio de información; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, mejore la coordinación y la difusión de información en relación con el DLP y la ITI; insiste en que el DLP y la ITI aumenten la participación de los ciudadanos en la gobernanza local y regional, a través de la participación directa en el proceso de adopción de decisiones, a fin de incrementar la responsabilidad decisoria, y pide a las autoridades locales y regionales que apliquen los métodos adecuados para la participación de los ciudadanos en las consultas públicas, fomentando un nivel más elevado de cultura de debate y cooperación;

16.

Anima a la Comisión, los Estados miembros y las regiones a que, cuando proceda, velen por la puesta en marcha de mecanismos adecuados para evitar problemas entre las autoridades de gestión y las asociaciones individuales, y garanticen asimismo que los beneficiarios potenciales estén debidamente informados y protegidos en lo que respecta a estos mecanismos; toma nota del retraso causado por la resolución de litigios derivados de impugnaciones e insiste en que se establezca un conjunto de normas precisas que determinen los procedimientos de impugnación y resolución rápida en el ámbito de la contratación pública;

17.

Pide a la Comisión, y en particular a su Dirección General de Política Regional y Urbana, que establezca un marco de cooperación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de sacar provecho de su dilatada experiencia en la realización del programa LEED («Local Economic and Employment Development Programme»; desarrollo de la economía y el empleo locales), y que busque sinergias entre los instrumentos, especialmente en lo que se refiere a la mejora de la capacidad de ejecución de los agentes locales;

18.

Subraya la importancia de aumentar los esfuerzos, tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión, por expandir el uso de los nuevos instrumentos en el contexto de la cooperación territorial europea (CTE); destaca que las regiones vecinas separadas por una frontera a menudo se enfrentan a retos similares que pueden abordarse mejor de forma conjunta, a escala local;

19.

Expresa su preocupación por las elevadas tasas de desempleo en numerosos Estados miembros y regiones de la Unión; anima a los Estados miembros a utilizar estos instrumentos en proyectos para crear empleo de calidad y oportunidades para las pymes, fomentar la inversión, el crecimiento sostenible e inclusivo, así como la inversión social, y contribuir a la reducción de la pobreza y la inclusión social, especialmente en aquellas regiones y subregiones que más lo necesitan; señala, en este contexto, la importancia de la financiación integrada y, especialmente, la combinación entre el FSE y el FEDER; señala el potencial que representa el reinvertir parte de los impuestos locales en actividades orientadas a los resultados; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia de inversión especial, en consonancia con el Paquete de Inversión Social, que pueda beneficiar a las regiones con mayores índices de desempleo;

20.

Destaca el potencial que encierra el enfoque ascendente del DLP en materia de apoyo a las estrategias de desarrollo local, de creación de oportunidades de empleo y de fomento del desarrollo rural sostenible; Opina que la ITI y el DLP tienen capacidad para responder directamente a las necesidades y los desafíos locales de una forma más específica y adecuada, insiste en una mayor inclusión de las zonas urbanas en este mecanismo, y pide a la Comisión que prosiga activamente esta estrategia; observa que la ITI es un mecanismo canalizador efectivo para la ejecución de los planes de regeneración y desarrollo urbanos integrados; insta a la Comisión a que aplique normas que cubran la financiación de los Fondos EIE para el DLP y la ITI en su conjunto a fin de reforzar las sinergias;

21.

Pide a la Comisión que, para avanzar decididamente hacia los objetivos de la Estrategia 2020, debe dedicarse más atención, tanto la revisión de esta estrategia como en la del MFP, a las realidades regionales y locales y a las circunstancias específicas de las áreas afectadas;

22.

Acoge con satisfacción la creación del nuevo instrumento de DLP, que ha ido más allá de la iniciativa Leader a fin de empoderar a las comunidades locales y ofrecer soluciones locales específicas, no solo a través del Feader, sino también mediante los demás Fondos EIE;

23.

Señala que el DLP ofrece posibilidades para las zonas urbanas y periurbanas y debe ser parte integrante de unas estrategias de desarrollo urbano más amplias, también mediante la cooperación transfronteriza; recuerda que, para garantizar la máxima eficacia de las estrategias de desarrollo territorial, el desarrollo de las áreas urbanas debe ser sostenible y coherente con el de las zonas circundantes periurbanas y rurales;

24.

Lamenta que, en algunos Estados miembros, el DLP vaya a ponerse en práctica mediante un enfoque de «fondo único» que puede hacer que se pierdan oportunidades a la hora de crear estrategias de desarrollo local más eficaces; recuerda la importancia de un enfoque integrado y la necesidad de que participen tantos actores de la sociedad civil local como sea posible;

25.

Celebra la creación del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Asociación, establecido gracias a la DG Política Regional y Urbana;

26.

Pide que se respete sistemáticamente el Código de Conducta en materia de Asociación, en particular en lo que respecta a la aplicación del principio de asociación en la puesta en práctica de la ITI y el DLP;

27.

Alienta el desarrollo de las capacidades, la sensibilización de los interlocutores sociales y económicos, así como de los agentes de la sociedad civil, y la participación activa de todos ellos, a fin de que el mayor número posible de socios pueda proponer estrategias de DLP antes de la fecha límite de presentación de las propuestas (31 de diciembre de 2017);

28.

Manifiesta su preocupación por que en algunos Estados miembros el DLP sea, a veces, un ejercicio consistente en «marcar casillas» en lugar de un auténtico enfoque ascendente; insiste, en este contexto, en que los agentes locales deben contar con un poder real de adopción de decisiones;

29.

Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, fomente la puesta en común de las mejores prácticas relativas a los GAL sobre la base de una estrategia de información a nivel europeo sobre sus proyectos exitosos, utilizando instrumentos y plataformas existentes, como TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT y la Red de Desarrollo Urbano;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las iniciativas del DLP y que prevean una mayor flexibilidad en los programas operativos y en el contexto de los marcos políticos regionales, nacionales y de la Unión, a fin de que tengan mejor en cuenta las prioridades de las estrategias del DLP; reconoce el éxito obtenido por los GAL en la gestión de proyectos y pide una financiación más amplia y que se prevea la posibilidad de ampliar su alcance; lamenta que en algunos Estados miembros las autoridades nacionales limiten el DLP a un único objetivo político específico; insta a la Comisión a que proporcione directrices a los Estados miembros en materia de financiación del DLP a través del enfoque multifondo, y en lo que respecta al fomento del uso de los instrumentos financieros;

31.

Recuerda que el Reglamento del FSE permite conceder una prioridad de inversión específica a «estrategias de desarrollo local participativo» bajo el objetivo temático 9, y anima a los Estados miembros a que lo incluyan en sus programas operativos; hace hincapié en que el Fondo puede proporcionar un apoyo vital para establecer pactos de empleo territoriales, estrategias de desarrollo urbano y la formación de capacidades institucionales a escala local y regional, y pide a la Comisión que preste más asistencia a los Estados miembros a la hora de aplicar estas prioridades de inversión específicas y que facilite información acerca del alcance de dicha aplicación en sus informes anuales de actividad; Pide a la Comisión que aproveche la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) para abordar las dificultades que ya se han constatado en la puesta en práctica de los instrumentos y para encontrar soluciones sostenibles;

32.

Considera que deben incluirse en la estrategia del DLP instrumentos como el presupuesto participativo, pues constituye un ejercicio democrático que contribuye significativamente al aumento de la participación de los interlocutores económicos y sociales con miras a consolidar la cohesión social a nivel local y el aumento de la eficiencia del gasto público;

33.

Subraya la importancia fundamental de adoptar un enfoque transparente y no discriminatorio y de minimizar los posibles conflictos de intereses en la interacción entre personas del sector público y del sector privado, para velar por el equilibrio entre la eficacia, la simplificación y la transparencia; acoge también con satisfacción la participación de un amplio abanico de socios de los GAL; considera apropiada la disposición según la cual ni los entes públicos ni ningún grupo de interés concreto pueden poseer más del 49 % de los derechos de voto en los GAL, conforme a lo dispuesto en el actual marco legislativo, que permite contribuir a pasar de un enfoque administrativo a uno innovador y orientado a los resultados; pide a la Comisión que supervise estrechamente y evalúe la aplicación de la presente disposición, incluidas las circunstancias en que quepa permitir excepciones, y que prevea acciones específicas de desarrollo de las capacidades y asistencia técnica;

34.

Observa que se pueden adoptar distintos enfoques de gobernanza a la hora de aplicar las ITI; considera, no obstante, fundamental que los socios locales desempeñen su papel de actores clave en la preparación de la estrategia de desarrollo territorial de la ITI, y que se cuente también plenamente con ellos en lo relativo a la gestión y a las actividades de seguimiento y control, ayudando así a garantizar una auténtica apropiación local de las intervenciones de la ITI;

35.

Subraya que la ITI no debe limitarse únicamente a las zonas urbanas, sino que puede abarcar zonas geográficas como vecindarios urbanos, zonas metropolitanas, zonas urbano-rurales, zonas subregionales o zonas transfronterizas; hace hincapié en que la ITI es la que mejor tiene en cuenta las necesidades territoriales específicas determinando de forma más flexible su ámbito de aplicación territorial, siguiendo así un verdadero enfoque de base local; considera que la ITI también proporciona una estructura adecuada para hacer frente a los territorios con accesos deficientes a los servicios y las comunidades aisladas y desfavorecidas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que optimicen los recursos humanos y técnicos y que utilicen en mayor medida las ITI en el ámbito de la cooperación transfronteriza;

36.

Subraya que la participación temprana y un mayor grado de delegación de responsabilidades en las autoridades regionales y locales así como en las partes interesadas, también de la sociedad civil, en lo referente a las estrategias de desarrollo territorial, mediante un enfoque ascendente, será fundamental para la futura apropiación, participación y éxito de la estrategia territorial integrada que se aplicará a escala local e intersectorial; insiste en el incremento de la capacidad de aprovechar el propio potencial de desarrollo local en función de las características locales;

37.

Anima a los Estados miembros a adoptar un enfoque multifondo ante las ITI para lograr sinergias entre los fondos en un territorio dado y para afrontar los retos de un modo más global; subraya que son necesarias acciones específicas de desarrollo de las capacidades para facilitar una puesta en común de fondos procedentes de distintas fuentes;

38.

Hace hincapié en que la decisión tardía a escala nacional de usar el instrumento de ITI ha sido definida como un importante obstáculo a la hora de enmarcar correctamente la estrategia territorial, crear la estructura de coordinación, determinar el presupuesto y preparar la base jurídica nacional de la ITI;

39.

Acoge con satisfacción la labor de la Comisión, junto con la del Grupo de expertos sobre cohesión territorial y asuntos urbanos (TCUM), en la preparación de distintas hipótesis de ITI; opina que estas orientaciones deben formularse en una fase más temprana del proceso de programación; considera necesario actualizar las orientaciones con ejemplos reales y con las lecciones aprendidas de las ITI tras su aplicación;

40.

Pide a la Comisión que tome en consideración los resultados del sondeo del Comité de las Regiones de 2015 haciendo un uso más eficiente de los instrumentos informáticos y reduciendo la burocracia, introduciendo normas más flexibles para los países/regiones con escasas asignaciones, mejorando los mecanismos de cofinanciación en los Estados miembros y proporcionando más formación a los responsables de la gestión y la absorción de fondos, incluidos los representantes políticos electos;

41.

Considera que el DLP y la ITI deberían desempeñar un papel aún más importante en la futura política de cohesión; pide a la Comisión que elabore un informe en el que se indiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) que entraña la aplicación de estos dos instrumentos antes de la nueva propuesta legislativa sobre posibles escenarios para después de 2020 relacionados con estas herramientas;

42.

Pide que el mencionado informe analice el impacto y la efectividad del DLP y la ITI y si sería conveniente adoptar un enfoque obligatorio en la legislación en materia de política de cohesión para después de 2020 relativa a estos instrumentos, previendo una asignación de fondos para estos instrumentos en los programas operativos; propone que se evalúe el diseño de incentivos concretos para estimular a los Estados miembros a aplicar el DLP y la ITI, junto con los recursos potenciales para garantizar una mayor coherencia entre los programas operativos y el DLP y la ITI; subraya que este análisis debe basarse en un conjunto pertinente de indicadores, que refleje elementos tanto cualitativos como cuantitativos;

43.

Exige que, en la próxima generación de la política de cohesión, se oficialice el enfoque ascendente en el contexto de la ITI, tanto durante la fase de programación como durante la fase de aplicación;

44.

Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que, mediante la coordinación con las autoridades locales competentes, supervisen la utilización de los fondos de la ITI, que son cuantitativamente más importantes que antes debido a su puesta en común; hace hincapié en que ello es importante para limitar las posibilidades de corrupción en los Estados miembros;

45.

Reitera la necesidad de adoptar un doble enfoque, en particular a la hora de proporcionar orientación, para los Estados miembros que solo tienen programas operativos nacionales, por un lado, y para los que cuentan también con programas operativos regionales, por el otro;

46.

Insiste en la necesidad de mejorar la coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y las regiones en materia de orientación; recomienda que las orientaciones se elaboren paralelamente a la propuesta sobre la nueva legislación en materia de política de cohesión para el período de programación posterior a 2020, y que se vayan actualizando posteriormente; destaca que, de este modo, se dispondría a tiempo de los documentos de orientación, se aumentaría la seguridad jurídica para todas las partes y se podrían obtener aclaraciones acerca del modo en que las disposiciones propuestas se aplicarían en la práctica;

47.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales y regionales.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/11

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Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el título III de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo, en particular, a la agricultura,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»)

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 3/2008 del Consejo (7),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (8),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones (9),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (10),

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Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal (11),

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Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco pobladas (12),

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Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el mantenimiento de la producción de leche en zonas montañosas, en zonas desfavorecidas y en zonas ultraperiféricas tras la expiración del régimen de cuotas lácteas (13),

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Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre una estrategia macrorregional para los Alpes (14),

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Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a una Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina (COM(2015)0366) y el Plan de Acción conexo,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2014, titulado «Una estrategia macrorregional de la Unión Europea para la región alpina» (15),

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Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Región del Danubio (16),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre una estrategia europea para la región del Danubio (17),

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Vistas las conclusiones del Consejo del 13 de abril de 2011 sobre la Estrategia de la UE para la región del Danubio,

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Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio (COM(2013)0181),

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Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio» (COM(2010)0715) y el Plan de Acción indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2010)1489),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de junio de 2011, sobre la «Comunicación de la Comisión — Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio» (18),

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de marzo de 2011, sobre la «Estrategia para la Región del Danubio» (19),

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Vistos el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo al valor añadido de las estrategias macrorregionales (COM(2013)0468) y las correspondientes Conclusiones del Consejo de 22 de octubre de 2013,

—

Visto el Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial (COM(2014)0473),

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Visto el Convenio de los Alpes, incluidos sus protocolos,

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Visto el estudio elaborado por Euromontana, de 28 de febrero de 2013, titulado «Hacia las Montañas de 2020: Paso 1 — aprovechar el trabajo de Euromontana para inspirar la programación»,

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Visto el estudio de su Dirección General de Políticas Interiores (Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Desarrollo Regional), de febrero de 2016, titulado «Investigación para la Comisión REGI — La cohesión en las regiones de montaña de la UE»,

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Visto el proyecto Mujeres-Alpnet dentro del programa 2001-2006 de Interreg Espacio Alpino: Una red de instituciones locales y centros de recursos para mujeres: promover la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible del espacio alpino,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0074/2016),

A.

Considerando que las regiones de montaña representan una cantidad significativa del territorio de la Unión (alrededor del 30 %), y que la totalidad de la Unión depende de sus servicios ecosistémicos;

B.

Considerando que no hay ninguna definición explícita de las regiones de montaña en la política regional de la Unión, y considerando que la definición utilizada en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) no sirve para la política de cohesión y, en su formulación actual, no puede utilizarse para una gestión eficaz de esta política;

C.

Considerando que estas regiones presentan una situación de desventaja estructural causada por las condiciones extremas y la lejanía, hasta el punto de que muchas regiones de montaña se enfrentan a fenómenos de despoblación y envejecimiento de la población, que pueden perturbar el ciclo natural de generaciones y conducir a un recorte de las condiciones sociales y de la calidad de vida; considerando que ello a menudo propicia el aumento del desempleo, la exclusión social y la emigración de la población;

D.

Considerando que las regiones montañosas ofrecen una serie de oportunidades para lograr los objetivos de la Unión –en relación con el empleo, la cohesión y la protección del medio ambiente–, mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales;

E.

Considerando que existen diferencias considerables entre las regiones de montaña y que, por tanto, es necesaria la coordinación de políticas y sectores, tanto entre las diferentes regiones de montaña (horizontalmente) como dentro de cada una de las regiones de montaña (verticalmente);

F.

Considerando que la ayuda para las regiones de montaña procedente de instrumentos de la Unión como el FEADER y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) debería ser complementaria, con vistas a lograr sinergias que permitan lograr un desarrollo mejor y más integrador;

G.

Considerando que las regiones de montaña desempeñan un papel importante en el desarrollo económico, social y sostenible de los Estados miembros y prestan numerosos servicios ecosistémicos; considerando que la igualdad de género tiene un impacto significativo en la cohesión económica, social y territorial en Europa; considerando que la cooperación transfronteriza de las zonas de montaña representa una forma sostenible de fomentar el desarrollo económico y social de estas regiones;

H.

Considerando que, debido a sus especificidades, especialmente la abundancia y variedad de las energías renovables y su dependencia de los recursos y la eficiencia energética, las regiones de montaña pueden contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías y a la innovación en general;

I.

Considerando que las zonas de montaña participan positivamente en el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, y la preservación y protección de los ecosistemas de las diferentes regiones y la biodiversidad; considerando que gran parte de las zonas de montaña están protegidas por la red ecológica Natura 2000 y en virtud de otros tipos de mecanismos de conservación de la naturaleza, un hecho que, si bien limita la actividad económica, también contribuye al fomento de unos tipos de agricultura más sostenibles y a vincular más estrechamente la agricultura a otras actividades económicas; considerando que la agricultura y la gestión de las tierras en zonas de montaña es muy importante para la estabilidad hidrogeológica de dichas zonas;

J.

Considerando que las regiones de montaña se enfrentan a importantes retos –en cuanto a desarrollo social y económico, cambio climático, transporte y cuestiones demográficas– que deben abordarse mediante el establecimiento de unas conexiones adecuadas con las zonas urbanas y de llanura, y garantizando el acceso a los servicios digitales;

K.

Considerando que las zonas de montaña con ecosistemas conservados y sus servicios pueden ofrecer una base para muchas actividades económicas, haciendo especial hincapié en la agricultura, la silvicultura, el turismo y la energía, teniendo en cuenta el patrimonio cultural y natural de esas zonas y la diversificación de las explotaciones agrícolas; considerando que estas pueden promoverse mediante acciones coordinadas o cooperación transfronteriza y que las zonas de montaña presentan condiciones únicas y conocimientos tradicionales y ofrecen un gran potencial para la reconversión hacia sistemas agrícolas de calidad;

L.

Considerando que los glaciares son característicos de las montañas europeas y desempeñan una función esencial tanto en los ecosistemas como en los sistemas hídricos de las montañas, que su retroceso en volumen y longitud desde mediados del siglo XIX ha alcanzado niveles preocupantes y que numerosos glaciares de Europa han desaparecido ya o corren peligro de desaparecer de aquí a 2050;

M.

Considerando que los costes adicionales relacionados con las condiciones climáticas y topográficas, la lejanía de los centros económicos y el aislamiento suponen una carga para el desarrollo económico, cultural y social de las zonas de montaña; que la falta de infraestructuras suficientes, en particular de cobertura de banda ancha, y de inversiones en las zonas de montaña contribuye al aumento de las diferencias entre estas regiones y los demás territorios; y que el mantenimiento de una producción económica agrícola en las zonas de montaña de la Unión debe estar respaldado por la accesibilidad e infraestructura físicas y digitales, así como por el acceso a los servicios públicos y a los servicios de interés general, como la educación, los servicios sociales, la asistencia sanitaria, el transporte y los servicios postales, para los habitantes de dichas regiones;

N.

Considerando que existen diferentes tipos de regiones de montaña en Europa, pero que están vinculadas por el hecho de compartir unos retos fundamentales, como las dificultades de acceso, la escasez de oportunidades de empleo, el envejecimiento de la población, la falta de conectividad, la repercusión del cambio climático y la intensificación de las actividades productivas humanas; considerando que deben tomarse medidas activas para tratar estos aspectos;

O.

Considerando que, en un contexto de volatilidad de los mercados y los precios, de subida de los precios de producción, de competencia exacerbada, de expiración del régimen de cuotas lácteas y de retos medioambientales, es esencial garantizar la producción alimentaria y el papel multifuncional de la agricultura para preservar el valor añadido de las zonas de montaña, favorecer el empleo sostenible y facilitar el acceso a otras fuentes de ingresos;

P.

Considerando que las regiones de montaña que forman parte de las fronteras exteriores de la Unión se topan con dificultades adicionales y se ven afectadas en mayor medida por las tendencias negativas comunes a todas las regiones de montaña;

Q.

Considerando que en Europa hay cordilleras que se extienden por varios Estados miembros y también más allá de las fronteras de la Unión Europea, como la cordillera de los Cárpatos, que, tras la última ampliación de la Unión, se convirtió en la frontera oriental de la Unión y es a día de hoy una zona geopolítica extremadamente importante donde se unen intereses políticos estratégicos de gran importancia con respecto a la estabilidad de la Unión;

R.

Considerando que muchas regiones de montaña carecen de infraestructuras básicas, de servicios públicos y de un acceso continuo a servicios de interés general, especialmente en zonas de actividades de temporada;

S.

Considerando que la agricultura de montaña es importante para la identidad y la cultura de las regiones montañosas y sigue contribuyendo al empleo y a sectores específicos de la economía de dichas regiones, entre los que se encuentran los recursos forestales y el turismo, y teniendo en cuenta que está en marcha una mayor diversificación de sus economías y empleo y que desempeñan un papel esencial en la economía circular;

T.

Considerando que determinadas regiones ultraperiféricas son también regiones montañosas de origen volcánico (volcanes activos e inactivos, macizos o cadenas volcánicos e islas volcánicas), que presentan una parte sumergida y otra emergida y tienen dificultades propias de la topología de su territorio;

U.

Considerando que las mujeres que viven en regiones de montaña, especialmente en regiones desfavorecidas, suelen enfrentarse a problemas de acceso a mayores niveles de educación y oportunidades de trabajo digno;

V.

Considerando que hay que encontrar una respuesta a los distintos desafíos que plantean la despoblación, el impacto del cambio climático, la falta de disponibilidad de tierras agrícolas, el abandono de tierras agrícolas y el consiguiente desarrollo de matorral o bosque, así como la necesidad de preservar los pastos de montaña;

W.

Considerando que la cría de animales (productos lácteos y producción extensiva de carne) desempeña un importante papel en las zonas de montaña de numerosos Estados miembros de la Unión; que las difíciles condiciones de mercado y las grandes desventajas en materia de costes tienen repercusiones enormes en las explotaciones pequeñas de esas zonas;

X.

Considerando que el artículo 174, apartado 3, del TFUE menciona expresamente que debe prestarse especial atención a las regiones de montaña, entre otras; considerando que existen una serie de políticas, programas y estrategias que tienen un efecto indirecto sobre las regiones de montaña;

1.

Pide a la Comisión que inicie el proceso de crear una definición de trabajo de las regiones montañosas funcionales en el contexto de la política de cohesión como complemento de la definición de zonas de montaña utilizada en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con el fin de mejorar la coordinación de las políticas y las medidas pertinentes; considera que tal definición debe ser amplia e integradora, teniendo en cuenta diferentes factores como la altitud, la accesibilidad y la pendiente; pide a la Comisión que facilite una definición global que abarque asimismo las regiones volcánicas en las islas y regiones ultraperiféricas, así como las zonas que, sin ser montañosas, están muy integradas con las zonas de montaña; señala, en este contexto, la idea reflejada en la Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) de incluir las zonas no montañosas en la estrategia como una buena iniciativa;

2.

Considera que las políticas de la Unión deben tener un enfoque específico con respecto a las regiones de montaña, dado que estas presentan desventajas estructurales evidentes; estima que estas regiones requieren un apoyo adicional para superar los desafíos del cambio climático, poder proporcionar empleo a lo largo de todo el año y no únicamente de carácter estacional, así como desarrollo económico, contribuir a la prevención y gestión de catástrofes naturales y a la protección del medio ambiente, y ayudar a alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energía renovable; considera, en consecuencia, que las regiones de montaña deben integrarse en todos los aspectos de las políticas de la Unión, incluida la política de cohesión, mediante la incorporación de una evaluación del impacto territorial;

3.

Reconoce que la Unión no cuenta con una política específica para las regiones de montaña, y señala que las políticas, programas y estrategias ya existentes que tienen un efecto indirecto sobre estas zonas dan motivos para una «Agenda para las regiones de montaña de la UE», que debe servir de base para una estrategia de la Unión destinada a conseguir el desarrollo a largo plazo de las regiones montañosas y las zonas dependientes de ellas;

4.

Pide a la Comisión que trabaje en pro de una «Agenda para las regiones de montaña de la UE», que debe constituir un marco que contribuya a las políticas transnacionales, transfronterizas e interregionales; opina que la futura agenda debe establecer las prioridades para el desarrollo de estas regiones, a fin de que las políticas sectoriales puedan adecuarse mejor y las oportunidades para su financiación puedan discurrir a través de fondos de la Unión, de tal forma que puedan lograrse unas políticas de integración sostenible a largo plazo;

5.

Pide a la Comisión Europea que, en el marco de este programa, cree un programa específico y exhaustivo de protección de los glaciares de Europa que pueden desaparecer de aquí a 2050;

6.

Pide que se refuercen las sinergias mediante la coordinación de las políticas, estrategias y programas que incidan indirectamente en las regiones de montaña, tales como: Horizonte 2020, COSME, LIFE, Natura 2000, la estrategia de banda ancha de la Unión, la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, el programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la cooperación territorial europea (CTE), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), así como iniciativas de estrategia macrorregional; pide a la Comisión que estudie la aplicación y el funcionamiento específicos de estos programas a las regiones de montaña;

7.

Subraya la importancia de generar sinergias entre políticas, instrumentos y sectores, lo que requiere la aplicación de un enfoque integrado; destaca la valiosa experiencia adquirida con la aplicación del Convenio de los Alpes, que reconcilia los intereses económicos, sociales y medioambientales;

8.

Señala la escasez de tierras utilizables en las regiones de montaña, que es una fuente potencial de conflictos derivados de la divergencia o la superposición de intereses sobre la clasificación y uso de la tierra; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que diseñen y apliquen herramientas de planificación espacial que faciliten la coordinación y la participación pública en el desarrollo territorial; considera el Protocolo del Convenio de los Alpes sobre planificación espacial y desarrollo sostenible constituye un importante ejemplo en el que hay que seguir basándose;

9.

Pide a los parques naturales de los Estados miembros que comparten frontera con otro u otros Estados miembros que elaboren enfoques conjuntos de gestión, desarrollo y protección de dichos parques naturales;

10.

Observa que las recientes reformas de la política agrícola común (PAC) y de la política regional permiten la subdivisión por zonas de la gestión de los fondos de cohesión;

11.

Pide a las autoridades de gestión que consideren la posibilidad de aumentar la asignación de los Fondos EIE a escala nacional para apoyar las zonas montañosas sin desarrollar aplicando un enfoque político multisectorial, en la medida de lo posible; pide a los Estados miembros que fomenten la inversión en zonas de montaña favoreciendo la financiación de programas operativos para dichas zonas;

12.

Hace hincapié en que debe darse prioridad a la dimensión territorial de la política de cohesión, a través de iniciativas específicas para el desarrollo territorial y un apoyo adicional a la cooperación territorial a escala europea;

13.

Subraya que los Estados miembros y las regiones tienen la posibilidad, en virtud del Reglamento de desarrollo rural, de crear subprogramas temáticos centrados en las necesidades de las zonas montañosas, que pueden optar a mayores porcentajes de apoyo procedente de fondos públicos; les anima a que aprovechen dichas oportunidades; toma nota de que, hasta la fecha, ninguna autoridad competente ha optado por ello; considera, no obstante, que tal decisión no significa necesariamente que no se haya previsto ninguna ayuda específica para estas regiones;

14.

Anima a los Estados miembros a hacer uso de instrumentos tales como la inversión territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo (DLP), en apoyo del desarrollo de las zonas de montaña, con vistas a apoyar su potencial y sus objetivos de desarrollo específicos; alienta el apoyo de los grupos de acción local para el desarrollo local participativo, a fin de fomentar las redes transnacionales y los métodos de trabajo cooperativos;

15.

Subraya el potencial y la importancia del desarrollo actual y futuro de estrategias macrorregionales para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña de la Unión con una marcada dimensión de cooperación transfronteriza, cuando proceda; pide que se tengan en cuenta las experiencias con la aplicación de otras estrategias macrorregionales de la Unión;

16.

Acoge con satisfacción las actuales iniciativas de los Cárpatos en la estrategia de la Unión para la región del Danubio y los progresos realizados en la estrategia macrorregional de la Unión para los Alpes; toma nota de que esta última es un buen ejemplo de un planteamiento integrado del desarrollo territorial, que tiene en cuenta las zonas de montaña y las regiones integradas con ellas;

17.

Considera que el instrumento de la cooperación territorial europea (CTE) ofrece una excelente oportunidad de compartir las mejores prácticas y los conocimientos entre las regiones montañosas, que en muchos casos se encuentran situadas en las fronteras nacionales, y pide una dimensión específica de montaña en la futura CTE; acoge con satisfacción iniciativas como las «Políticas contra la despoblación en las zonas de montaña» (PADIMA), que están dirigidas a abordar los problemas específicos a que se enfrentan las regiones de montaña; destaca la importancia de los programas INTERREG y de otras iniciativas de cooperación, como las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) y las agrupaciones europeas de interés económico (AEIE), a la hora de desarrollar gestionar los espacios y macizos montañosos que comparten, de forma conjunta y coordinada, en regiones que albergan espacios montañosos transfronterizos;

18.

Pide a la Comisión que presente una comunicación que contenga una «Agenda para las regiones de montaña de la UE» y, con posterioridad, un Libro Blanco sobre el desarrollo de las regiones de montaña, sobre la base de las mejores prácticas y la participación de las autoridades locales, regionales y nacionales y otros agentes pertinentes, incluidos los interlocutores económicos y sociales y los representantes de la sociedad civil;

19.

Insiste en que la Comisión y otras partes interesadas emprendan una evaluación pormenorizada y periódica de la situación de las regiones de montaña en la Unión, y analicen datos, como los resultados de la aplicación de los programas operativos de la política de cohesión e indicadores sobre los cambios en la calidad de vida y la demografía, con el fin de centrar la financiación de la Unión y la ejecución de las políticas de forma correcta;

20.

Subraya la necesidad de contar con datos estadísticos desglosados fiables sobre los que basar las iniciativas políticas;

21.

Pide la cooperación con terceros países europeos, y con los gobiernos regionales y locales, para la aplicación de una política de las regiones de montaña;

22.

Pide a la Comisión que fomente el uso de los instrumentos financieros en las regiones de montaña a fin de lograr resultados concretos;

23.

Acoge con satisfacción el debate en curso sobre la simplificación de la política de cohesión; espera que un marco más sencillo, y la disponibilidad de unos instrumentos más fáciles de utilizar por las partes interesadas y los destinatarios, contribuya al desarrollo de las regiones de montaña de la Unión; pide que se preste una atención especial a la simplificación y a los esfuerzos para facilitar las inversiones en las regiones de montaña;

24.

Pide a la Comisión que proponga un Año Europeo de las Islas y las Montañas;

25.

Toma nota de que las pymes en las regiones de montaña se enfrentan a graves dificultades debido a la falta de accesibilidad, conectividad, infraestructuras y recursos humanos; pide a la Comisión que preste especial atención al desarrollo de las pymes en las regiones de montaña, especialmente en las zonas afectadas por desastres naturales y agravados por el clima, e insta, por tanto, a los Estados miembros a que den prioridad a la inversión en infraestructura y servicios en las zonas de montaña; pide que se promuevan las sinergias entre los recursos de los Fondos EIE y los demás programas e iniciativas subvencionados por la Unión a fin de lograr un enfoque político global y eficaz para maximizar los efectos del apoyo a las pymes y al emprendimiento; subraya que deben elaborarse estrategias integradas sobre las regiones de montaña basadas en el lugar con el fin de identificar oportunidades de desarrollo específicas que deben incluir medidas enfocadas al aumento de la conectividad de las pymes locales y las relaciones y la coordinación intrasectoriales e intersectoriales;

26.

Destaca la importancia de desarrollar múltiples actividades de producción agrícola, desarrollo del turismo y protección del medio ambiente y de estructurar las cadenas alimentarias en las zonas montañosas, bien dentro de las asociaciones de organizaciones de productores, lo cual aumenta el poder de negociación de los agricultores, o bien estableciendo mercados locales y cadenas de suministro cortas; subraya la necesidad de garantizar el acceso a los grandes mercados y de introducir medidas de calidad, promoción y protección de los productos, mejorando así la comercialización de los productos agrícolas e incluyéndolos dentro de los productos turísticos generales de una zona geográfica determinada; además, habida cuenta de que las zonas de montaña tienen un gran potencial para producir alimentos de gran calidad, pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien el debate sobre la introducción de una denominación especial para los alimentos de montaña a escala de la Unión;

27.

Reconoce, en este contexto, la necesidad de apoyo del FEADER a la producción agrícola en las regiones de montaña y a los esfuerzos encaminados a lograr un valor añadido a través de sinergias con otros fondos e iniciativas de la Unión, así como con instrumentos financieros privados, a fin de lograr un impacto positivo en las regiones de montaña;

28.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en la estrategia forestal de la Unión; apoya el desarrollo sostenible de los bosques a nivel de la Unión, en particular en lo que se refiere a la contribución de los bosques a la protección del medio ambiente y la biodiversidad y la consecución de los objetivos en materia de energías renovables; toma nota de que la dimensión económica de la silvicultura podría ponerse de relieve en la estrategia;

29.

Considera que la silvicultura puede ofrecer puestos de trabajo y el desarrollo económico de las regiones de montaña, lo que hace necesario garantizar a largo plazo los recursos forestales explotándolos de forma sostenible; recuerda que los bosques son de fundamental importancia para el ecosistema y que en la montaña desempeñan una importante función en la prevención de aludes, corrimientos de tierras e inundaciones; pide el apoyo de las pymes, en especial de las implantadas en las zonas de montaña, que estén activas en el sector forestal y que respeten plenamente el principio de sostenibilidad ambiental; destaca la particular función económica y social de la silvicultura en las zonas de montaña y la importancia de la inversión de cara a un uso eficiente de los recursos forestales en esas regiones; recuerda el importante papel de los bosques para la obtención de materias primas y secundarias utilizadas en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, contribuyendo así a la creación de empleo; pide, en este contexto, que la política de cohesión dedique más atención a la gestión forestal sostenible;

30.

Pide incentivos adicionales para mantener las pequeñas empresas de transformación y las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en las zonas de montaña, que constituyen una fuente importante de empleo y generan productos con características de calidad específicas, pero registran en promedio unos costes mayores y una rentabilidad más baja que los cultivos o ganaderías intensivos; pide a la Comisión que promueva iniciativas piloto de recuperación de las actividades económicas tradicionales, entre otras las agrícolas y artesanales, en las zonas de montaña que sufren fenómenos de despoblación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten procedimientos administrativos simplificados para la aplicación y la administración del uso de los fondos, con el fin de ofrecer a las pequeñas comunidades un mejor acceso a la financiación a fin de promover el desarrollo a largo plazo, la accesibilidad a los mercados y la creación de organizaciones de productores en las zonas de montaña;

31.

Pide a los beneficiarios de los Fondos EIE en las regiones montañosas que evalúen el potencial y la necesidad de establecer parques tecnológicos locales y parques industriales sostenibles y, tras realizar los correspondientes estudios de viabilidad y análisis de costes y beneficios, consideren la posibilidad de construirlos recurriendo a fondos nacionales y de la Unión;

32.

Subraya la necesidad de unas estrategias de especialización inteligente, cuando proceda, para impulsar el potencial que ofrecen las regiones de montaña;

33.

Destaca el importante papel que pueden desempeñar las empresas sociales y los modelos de negocio alternativos, como las cooperativas y las mutuas, en el desarrollo inclusivo y sostenible de las regiones de montaña, entre otras cosas para superar la exclusión de grupos marginados y superar las desigualdades de género;

34.

Apoya el uso de los Fondos EIE para sectores económicos no contaminantes y orientados hacia el futuro, tales como el turismo sostenible, el patrimonio cultural, la silvicultura sostenible, el desarrollo de Internet de alta velocidad, la artesanía y las energías renovables; señala la importancia de desarrollar nuevos modelos de turismo innovadores y de promover los modelos de éxito existentes;

35.

Toma nota de que el apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono, resistente al cambio climático, eficiente en el uso de los recursos y sostenible desde el punto de vista medioambiental podría ponerse de relieve en la política de cohesión;

36.

Considera que el aumento de la cualificación de la mano de obra y la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía verde deben formar parte de las prioridades de inversión de los Fondos EIE, y destaca que las políticas de la Unión deben apoyar la formación en ámbitos como la agricultura de montaña, el turismo sostenible, la artesanía, la silvicultura sostenible y las tecnologías de las energías renovables;

37.

Acoge positivamente las iniciativas para atraer a los jóvenes al sector agrícola y pide a la Comisión que desarrolle programas similares para las zonas de montaña; insiste en la adopción de medidas para animar a los jóvenes emprendedores a diversificarse hacia sectores relativos al patrimonio cultural y no a limitarse únicamente a actividades de temporada; destaca el papel de los institutos científicos y demás centros docentes dedicados a la agricultura de montaña; anima a los jóvenes agricultores a que participen en sistemas de intercambio y plataformas de aprendizaje electrónico;

38.

Destaca la importancia de la educación de las mujeres y niñas y de aumentar la inclusión de las mujeres en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el emprendimiento, incluidos los sectores de la economía verde; considera que debe prestarse una atención particular al apoyo y la promoción de las agricultoras y las mujeres que trabajan de forma autónoma en la comercialización directa, el turismo, la artesanía y los proyectos relacionados; destaca la importancia de la presencia activa y el papel de las mujeres en las zonas de montaña, en particular por lo que respecta al fomento de los procesos de innovación y cooperación y a la preservación del funcionamiento adecuado de esas zonas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen los recursos y procedimientos existentes en materia de iniciativas de microfinanciación y microcréditos para las mujeres, y de oportunidades de trabajo para las mujeres, en el marco del Fondo Social Europeo y de los proyectos transnacionales;

39.

Destaca que en la última reforma de la CAP se han incorporado la importancia de las zonas de montaña y medidas eficaces a escala de la Unión; considera que la PAC debe aspirar a compensar las desventajas naturales y económicas a que se enfrentan los agricultores, pero que también se les deben dar los medios para aprovechar sus activos;

40.

Subraya la importancia que revisten las ayudas del primer pilar de la PAC en el mantenimiento de la producción agrícola y de una renta para los agricultores de las zonas de montaña; recuerda que los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer ayudas directas específicas y pagos conexos para contribuir a alcanzar dichos objetivos; recuerda que, en muchos Estados miembros, las ayudas disociadas del primer pilar son mucho más bajas que en las mejores zonas agrícolas debido a la insuficiente convergencia interior, lo que reduce aún más la competitividad de las explotaciones;

41.

Opina que las medidas del segundo pilar de la PAC deben garantizar la sostenibilidad, la competitividad y la diversificación de la producción agrícola y de las empresas de transformación en las zonas de montaña; opina asimismo que tales medidas podrían contribuir al «renacimiento rural», apoyando el surgimiento de proyectos desarrollo multifuncional de las explotaciones que generen valor añadido e innovación y favoreciendo las inversiones agrícolas (edificios, equipos especiales, modernización, etc.) y la preservación de actividad de las razas autóctonas;

42.

Considera que un planteamiento sectorial específico para el sector lácteo debería aspirar a garantizar la producción sostenible de leche en las zonas de montaña, y pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que adopten medidas compensatorias complementarias, en particular a través del segundo pilar de la CAP, para la producción de leche desfavorecida, con el fin de mantener y reforzar la agricultura y el buen funcionamiento de las explotaciones, en particular de las pequeñas explotaciones, en estas regiones;

43.

Destaca el potencial de la educación dual en las regiones montañosas; señala los alentadores resultados logrados por algunos Estados miembros; se congratula de los proyectos de educación dual existentes en toda la Unión;

44.

Considera que unas infraestructuras físicas y de las TIC adecuadas contribuyen a crear oportunidades para las actividades económicas, educativas, sociales y culturales y a reducir los efectos de la condición periférica y el aislamiento; pide a la Comisión que presente recomendaciones específicas para superar la escasez de mano de obra cualificada en el sector turístico, especialmente haciendo frente a las dificultades que plantean la falta de atractivo de los trabajos y la insuficiencia de la remuneración y estimulando las posibilidades de desarrollo profesional; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que dediquen inversiones, a través de los Fondos EIE, a las infraestructuras de las zonas de montaña, con el fin de hacerlas más atractivas para las actividades económicas;

45.

Apoya las soluciones innovadoras, también de carácter informático, para el acceso a la educación básica de calidad, así como a la educación formal e informal y las oportunidades de aprendizaje permanente, en las zonas montañosas remotas, por ejemplo a través de la cooperación entre las regiones de montaña, las ciudades y las universidades; subraya la necesidad de educación terciaria de alta calidad y señala el potencial de los sistemas de educación a distancia, que ofrecen acceso a la enseñanza y el aprendizaje desde zonas remotas; con miras a superar las tendencias demográficas negativas en estas regiones, destaca el hecho de que tanto la igualdad de acceso a la educación y las guarderías como la formación continuada y el reciclaje profesional de las personas de edad avanzada con miras a facilitar su integración activa en el mercado laboral son problemas importantes que conviene solventar;

46.

Pide el desarrollo y la mejora de los centros y servicios de asistencia sanitaria en las regiones de montaña, por ejemplo a través de iniciativas de cooperación transfronteriza, incluido el desarrollo de establecimientos de asistencia sanitaria transfronterizos, en caso necesario; aboga por el desarrollo del voluntariado para la prestación de servicios públicos, teniendo en cuenta las mejores prácticas en determinados Estados miembros;

47.

Recuerda que el principio de acceso universal a los servicios públicos ha de garantizarse en todos los territorios de la Unión y hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros y las regiones fomenten soluciones alternativas e innovadoras para las zonas montañosas, incluidas soluciones adaptadas a las necesidades locales y regionales, si procede;

48.

Subraya la importancia de la Iniciativa de Empleo Juvenil y de una aplicación más eficaz de la Garantía Juvenil como una buena oportunidad para frenar la fuga de jóvenes de las regiones de montaña en respuesta a la crisis demográfica y el problema del envejecimiento de la población; pide iniciativas de empleo juvenil orientadas específicamente a atender a las necesidades de las regiones montañosas subdesarrolladas;

49.

Destaca que las desigualdades de género persisten en las regiones de montaña, especialmente en el caso de las comunidades marginadas y los grupos vulnerables; pide a la Comisión que incluya la perspectiva de género a nivel horizontal y vertical en todos los ámbitos políticos y, sobre todo, que financie la política de conectividad en estas regiones; pide un análisis comparativo de las particularidades de la situación de las mujeres en las regiones de montaña, en concreto en las zonas montañosas desfavorecidas;

50.

Alienta y pide el apoyo, entre otras cosas a través del uso de los Fondos EIE, a iniciativas que mejoren la cohesión social y cultural y la inclusión de las comunidades de montaña y que superen el aislamiento físico y la falta de diversidad cultural, en particular mediante el acceso y la participación directa en el arte y la vida cultural;

51.

Destaca la importancia de iniciativas territoriales integradas con vistas a la integración de los migrantes, en el marco de procesos de recuperación y reactivación demográfica y socioeconómica de las zonas de montaña, incluidas las que se encuentran en curso de despoblación; pide a la Comisión que favorezca y fomente la difusión de estas iniciativas;

52.

Recuerda la riqueza, en cantidad y variedad, de las energías renovables en las zonas de montaña; considera que estas zonas deben asumir el liderazgo en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energías renovables; pide a la Comisión que se centre en políticas que fomenten y faciliten el uso de energías renovables en las regiones de montaña;

53.

Insiste en la necesidad de proteger a escala europea las especies animales emblemáticas de la alta montaña, que pueden vivir en cadenas montañosas transfronterizas, como son el rebeco, la cabra montés, las grandes rapaces, el oso, el lobo y el lince; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un plan de protección y reintroducción de las especies emblemáticas de la alta montaña;

54.

Destaca asimismo el potencial de las regiones montañosas volcánicas y de los volcanes, en particular por lo que respecta a la contribución de la vulcanología a la realización de los objetivos en materia de energías renovables y a la prevención y gestión de catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas;

55.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que identifiquen todas las estaciones de alta montaña en las que la prohibición de la circulación de vehículos tendría una repercusión positiva en la lucha local contra el deshielo de los glaciares;

56.

Insiste en que la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energías renovables y explotación de las mismas debe tener en cuenta los equilibrios de la naturaleza y la protección medioambiental, también en las zonas de montaña; recuerda que, en algunos casos, la energía hidráulica y la extracción de biomasa pueden afectar a los ecosistemas, y que las plantas de energía solar y eólica podrían deteriorar el paisaje, si bien son también una fuente de desarrollo local;

57.

Observa que las regiones de montaña, también las de carácter volcánico y sus ecosistemas, son especialmente vulnerables al cambio climático y al riesgo hidrogeológico, cuyas consecuencias en dichas regiones son particularmente importantes, también de resultas de un número creciente de desastres naturales, con posibles efectos medioambientales también en las zonas limítrofes y consecuencias negativas para el desarrollo económico y turístico; opina, a este respecto, que la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la adopción de medidas oportunas de adaptación al cambio climático deben ocupar un lugar central en una futura «Agenda para las regiones de montaña de la UE», incluido un plan de acción sobre el cambio climático; destaca asimismo la necesidad de desarrollar una red de análisis e intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

58.

Destaca la importancia de conservar y proteger el hábitat único de las regiones montañosas y de desarrollarlo de manera sostenible, entre otras cosas restaurando la biodiversidad y el suelo, promoviendo el patrimonio natural y los servicios de los ecosistemas y facilitando infraestructuras ecológicas, con lo que también se ofrecen oportunidades de empleo en estos sectores; recuerda la importancia fundamental de la agricultura y de la gestión sostenible de las tierras y los bosques de las zonas de montaña, con miras a la preservación de la biodiversidad y la prevención de los impactos en el medio ambiente y el paisaje;

59.

Destaca que las regiones de montaña son una fuente importante de recursos hídricos que deben ser protegidos y gestionados de forma sostenible; observa la dependencia de determinadas zonas urbanas con respecto a los servicios ecosistémicos de las regiones montañosas, y que a menudo estas regiones no reciben una compensación justa; pide a las autoridades locales que consideren la posibilidad de asociaciones en forma de proyectos de cooperación para recoger y proteger el suministro de agua para las comunidades urbanas en las inmediaciones de las zonas de montaña; apoya las posibilidades de financiar las iniciativas de almacenamiento de agua para garantizar el riego sostenible y eficiente de las zonas agrícolas y el estiaje de los ríos;

60.

Apoya el desarrollo de un turismo sostenible como una oportunidad positiva para crear puestos de trabajo y fomentar el desarrollo sostenible de estas zonas; subraya la necesidad del desarrollo de Internet de banda ancha como base para el turismo sostenible;

61.

Destaca la necesidad de una cooperación sinérgica activa entre la agricultura y otras actividades económicas en los espacios Natura 2000 y en otras zonas protegidas (parques nacionales, parques naturales, etc.) ubicados en regiones de montaña;

62.

Considera que Internet y, en particular, las tecnologías de acceso de próxima generación (NGA) desempeñan un papel fundamental en la superación de los retos a los que se enfrentan las regiones de montaña; recuerda que Internet está vinculado a los servicios de interés general (SIG) y que la falta de acceso a dichos servicios puede dar lugar a la despoblación;

63.

Pide a los Estados miembros que creen incentivos para un desarrollo más activo de las asociaciones público-privadas en las regiones de montaña, en las infraestructuras de transporte, comunicación y energía, ya que la falta de economías de escala hace que la prestación de estos servicios no resulte atractiva desde el punto de vista comercial; destaca que solamente un transporte mejor y otras infraestructuras de calidad suficiente pueden crear crecimiento económico y nuevos empleos en las zonas de montaña;

64.

Señala que el turismo se ve influido en gran medida por la presencia de infraestructura y acceso a servicios de interés general; pide a la Comisión que considere las posibilidades de crear infraestructura de apoyo al turismo en las regiones montañosas;

65.

Señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una gran variedad de oportunidades de empleo, inclusión social y empoderamiento en la economía digital emergente; considera, por lo tanto, que se necesita un apoyo específico de los Fondos EIE para promover estas oportunidades; pide a los Estados miembros que promuevan el teletrabajo, el comercio electrónico y la utilización de canales digitales de comercialización en estas zonas para mejorar la gestión de los costes de las empresas; considera que un acceso más fácil a nuevas tecnologías de la información podría propiciar el desarrollo de programas de educación a distancia en zonas con escasez de profesores, así como de servicios electrónicos de salud, lo cual podría contribuir a evitar la despoblación de las zonas de montaña; defiende la necesidad de proponer ejemplos de buenas prácticas que puedan contribuir a la diversificación económica de las regiones de montaña;

66.

Acoge con satisfacción el programa de bonos de satélites de la Unión, en el que las conexiones por satélite ofrecen una alternativa útil para las zonas con infraestructuras insuficientes o donde se dé una falta de interés por parte de los inversores;

67.

Pide a la Comisión que, al desarrollar políticas de acceso a la banda ancha, tenga en cuenta la falta de infraestructuras y de interés por parte de los inversores debido a la escasa densidad de población y la lejanía de las regiones de montaña; pide a la Comisión que desarrolle políticas concretas para superar la brecha digital en estas regiones, también mediante la realización de las necesarias inversiones públicas;

68.

Recuerda que el desarrollo social y económico de las regiones de montaña, que en algunos Estados miembros son también regiones remotas, depende de las conexiones de transporte entre ellas y las demás regiones de un determinado Estado miembro o las regiones transfronterizas; pide a las autoridades nacionales que, en cooperación con la Comisión, faciliten la ejecución de proyectos de conectividad del transporte en las regiones montañosas y que las principales carreteras y corredores de transporte nacionales y transeuropeos, en particular las infraestructuras de transporte RTE-T, utilicen los distintos fondos e instrumentos financieros de la Unión, incluidas las inversiones del BEI;

69.

Pide a las regiones europeas de montaña que utilicen los fondos del FEDER para invertir en el desarrollo de unas redes ferroviarias y de tranvías más eficientes y mejor interconectadas;

70.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Comité de las Regiones así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/23

—

Vistos el artículo 4, el artículo 162, los artículos 174 a 178 y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre disposiciones comunes» (RDC)),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (2),

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento — Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (COM(2015)0639),

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el grado de preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de febrero de 2016, titulada «Plan de Inversiones para Europa: nuevas directrices sobre la posibilidad de combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con el FEIE»,

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre las demoras en el arranque de la política de cohesión para el período 2014-2020 (4),

—

Vista su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la política de cohesión y la revisión de la Estrategia Europa 2020 (5),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el período 2014-2020 (6),

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la aceleración de la aplicación de la política de cohesión (O-000070/2016 — B8-0364/2016),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la política de cohesión, dotada de un presupuesto de más de 350 000 millones de euros hasta 2020, es el instrumento que contribuye al acercamiento de la Unión a los ciudadanos y representa la principal política de inversión y desarrollo de la Unión que abarca todas sus regiones; que en algunos Estados miembros constituye la principal fuente de inversión pública;

B.

Considerando que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 pueden alcanzarse mediante una interacción coherente entre las políticas de crecimiento y desarrollo, y, cuando sea necesario, con reformas estructurales, así como gracias a la participación activa de las regiones y ciudades en su aplicación; que la política de cohesión está desempeñando una función esencial a este respecto;

C.

Considerando que los reglamentos para el período 2014-2020 han introducido varias reformas fundamentales en la política de cohesión, tales como la concentración temática —que aporta la flexibilidad necesaria para una mejor adaptación a las exigencias locales—, una mayor orientación hacia los resultados, una mejor coordinación con las políticas económica y social, la mejora de los vínculos entre las prioridades de la Unión y las necesidades regionales, y una coordinación más estrecha del uso de los Fondos EIE a través del marco estratégico común;

D.

Considerando que las inversiones de la política de cohesión deben coordinarse y armonizarse con otras políticas de la Unión, como el mercado único digital, la Unión de la Energía, la política social, las estrategias macrorregionales, la agenda urbana, la investigación y la innovación, y la política de transportes, etc., con el fin de contribuir mejor a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 136, apartado 1, del RDC, la Comisión debe liberar en un programa operativo la parte del importe que, a 31 de diciembre del tercer ejercicio financiero siguiente a aquel en que se haya contraído el compromiso presupuestario correspondiente al programa operativo, no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación inicial y anual y los pagos intermedios;

F.

Considerando que han pasado dos años desde el inicio del nuevo período de programación y que la aplicación de la política de cohesión ha registrado retrasos; que los programas operativos fueron aprobados en su mayor parte a finales de 2014 y en 2015, y que un número significativo de las condiciones ex ante todavía no se han cumplido;

G.

Considerando que, con arreglo al artículo 53 del RDC, a partir de 2016, la Comisión debe transmitir anualmente al Parlamento un informe de síntesis en relación con los programas de los Fondos EIE basado en los informes de ejecución anuales de los Estados miembros, presentados con arreglo al artículo 50, y, en 2017 y 2019, la Comisión deberá elaborar un informe estratégico que resuma los informes de evolución de los Estados miembros;

1.

Pide a la Comisión que evalúe la situación actual de la ejecución de los Fondos EIE en el período 2014-2020 y que prepare un análisis detallado de los riesgos de la liberación de créditos, desglosando los importes por Estado miembro, así como un análisis de las previsiones de pagos presentadas por los Estados miembros lo antes posible tras los plazos del 31 de enero y del 31 de julio establecidos en el RDC; pide, asimismo, a la Comisión que indique qué medidas está previsto adoptar para evitar la liberación de los Fondos EIE en la medida de lo posible;

2.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen al máximo los Fondos EIE, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, para reforzar la cohesión social y económica, y reducir las diferencias territoriales capacitando a todas las regiones para que puedan desarrollar su competitividad y facilitar las inversiones, también privadas;

3.

Observa que, durante el período de programación 2007-2013, los principales obstáculos y problemas que dificultaron la aplicación de la política de cohesión en varios Estados miembros y regiones fueron la insuficiente información para posibles beneficiarios, que conllevó una falta de proyectos subvencionables, la lentitud y las demoras en la aprobación de grandes proyectos, junto con una falta de estructuras administrativas para gestionar la inversión en proyectos importantes, la complejidad y larga duración de los procedimientos de contratación pública, las confusas normas sobre ayudas estatales, los complicados procedimientos de autorización, las relaciones de propiedad sin resolver, la duración excesiva del procedimiento de autorización y las dificultades de acceso a la financiación; reconoce, además, las dificultades a las que se enfrentan a veces los Estados miembros y las autoridades locales para cumplir con los requisitos relativos a la aplicación interna y externa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; pide a la Comisión que, para el período de programación 2014-2020, proporcione, por un lado, información sobre los obstáculos que afrontan los Estados miembros al aplicar la política de cohesión y, por otro, una evaluación del impacto que tiene el cumplimiento de las condiciones ex ante en la aplicación eficaz de dicha política;

4.

Acoge con satisfacción la creación del Grupo de trabajo para la mejora de la aplicación de los programas del período 2007-2013 en ocho Estados miembros y pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca de los resultados obtenidos; invita a la Comisión a que prosiga su labor con este grupo de trabajo para respaldar y acelerar la ejecución de los programas del período 2014-2020 en todos los Estados miembros y a que presente al Parlamento un plan de acción de las actividades de este grupo de trabajo; pide a la Comisión que incorpore plenamente los Fondos EIE en la estrategia «Legislar mejor» de la Unión;

5.

Destaca que la capacidad administrativa, a escala tanto nacional como regional y local, es una condición previa fundamental para lograr un funcionamiento oportuno y satisfactorio de la política de cohesión; apunta, en este contexto, que la falta de proyectos subvencionables suele asociarse a la carencia por parte de las autoridades locales y regionales de los recursos necesarios para la preparación de la documentación de los proyectos; pide, por consiguiente, a la Comisión que fomente el refuerzo de la capacidad administrativa para las fases de ejecución y evaluación de la política, y que informe al Parlamento sobre las acciones previstas en este sentido; anima, asimismo, a las autoridades de gestión a que utilicen plena y eficazmente las disposiciones relativas al objetivo temático n.o 11 (mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas), así como de las orientaciones disponibles de la Comisión;

6.

Subraya, teniendo en cuenta que la buena gobernanza puede contribuir a mejorar la capacidad de absorción, la necesidad de fomentar reformas estructurales pertinentes, en consonancia con los objetivos de cohesión territorial y crecimiento y empleo sostenibles, así como políticas favorables a la inversión y la lucha contra el fraude; aguarda expectante, en este sentido, las conclusiones del informe de la Comisión sobre las regiones rezagadas y más detalles sobre cómo pueden emplearse dichas conclusiones para afrontar problemas de larga data que afectan a la puntual aplicación y absorción de los Fondos EIE; invita a la Comisión a que también aclare el concepto de presupuestación basada en el rendimiento con vistas a aumentar la eficiencia del gasto;

7.

Acoge con satisfacción el establecimiento, por parte de la Comisión, de un Grupo de alto nivel de expertos independientes para el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE; hace hincapié en que la simplificación es una de las condiciones previas para la aceleración de la aplicación; insta, por consiguiente, a la Comisión a que agilice las actividades relacionadas con la introducción de procedimientos simplificados incluso durante el actual período de programación y a que mantenga un nivel de transparencia elevado en la política de cohesión; estima, en este contexto, que las recomendaciones formuladas por el grupo de alto nivel deben tenerse en cuenta sin demora;

8.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, habida cuenta de que en muchos Estados miembros la crisis económica ha provocado una escasez de liquidez y una falta de disponibilidad de fondos públicos para la inversión pública, y de que los recursos de la política de cohesión se están convirtiendo en la principal fuente de inversión pública, que apliquen y aprovechen plenamente la flexibilidad existente en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; pide a la Comisión, además, que mantenga un diálogo permanente con los Estados miembros que solicitaron la aplicación de la actual cláusula de inversión, con vistas a potenciar al máximo la flexibilidad en materia de inversiones para el crecimiento y el empleo; pide, asimismo, a la Comisión que aliente la participación del BEI mediante una mayor asistencia técnica y financiera en la elaboración y la ejecución de proyectos para los Estados miembros que la soliciten; considera que los instrumentos financieros, si se aplican de forma eficaz, sobre la base de una adecuada evaluación ex ante y combinándose estratégicamente con subvenciones, pueden aumentar significativamente la incidencia de la financiación, contribuyendo, por tanto, a superar los efectos negativos de la reducción de los presupuestos públicos y a desarrollar proyectos generadores de ingresos; hace hincapié en que, para intentar conseguir este objetivo, resulta útil contar con normas claras, coherentes y específicas sobre los instrumentos financieros que ayuden a simplificar el proceso de preparación y aplicación para los gestores y beneficiarios de los fondos, y que reconozcan los distintos niveles de desarrollo de los mercados financieros en todos los Estados miembros; opina que facilitaría también este proceso el hecho de condensar en un documento único, comprensible y de fácil acceso toda la normativa pertinente sobre los instrumentos financieros, así como evitar la segunda revisión innecesaria de las correspondientes orientaciones después del inicio de los períodos de financiación, salvo que exista la obligación jurídica de realizarla;

9.

Reconoce la naturaleza complementaria de las inversiones del FEIE para la política de cohesión y toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 22 de febrero de 2016, titulada «Plan de Inversiones para Europa: nuevas directrices sobre la posibilidad de combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con el FEIE»; pide a la Comisión y a las autoridades locales y regionales que tengan debidamente en cuenta las oportunidades de combinar la financiación de los Fondos EIE con la del FEIE, dado que, si bien los dos instrumentos tienen distinta naturaleza, pueden complementarse mutuamente aumentando así el efecto multiplicador de las inversiones;

10.

Expresa su preocupación por las demoras registradas en los Estados miembros en relación con el nombramiento de las autoridades responsables del programa y la certificación, lo que, a su vez, retrasa la presentación de las solicitudes de pago por parte de los Estados miembros e impide, por tanto, la correcta aplicación de los programas;

11.

Opina que la excesiva centralización y la falta de confianza también pueden contribuir a la demora de la aplicación de los Fondos EIE, puesto que algunos Estados miembros y autoridades de gestión parecen menos inclinados a otorgar a las autoridades locales y regionales una mayor responsabilidad en cuanto a la gestión de los fondos de la Unión, en particular mediante el recurso a nuevos instrumentos de desarrollo como la inversión territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo (DLP); reconoce, no obstante, la función que ha desempeñado el marco reglamentario de la Unión en el fomento de esta actitud y pide a la Comisión que ayude a seguir facilitando el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros y las regiones sobre ejemplos satisfactorios de subdelegación;

12.

Hace hincapié en la importancia de la puntualidad de los pagos para la correcta y eficaz aplicación y la credibilidad de la política de cohesión; pide, por consiguiente, a la Comisión que informe al Parlamento acerca de las medidas previstas para garantizar la plena aplicación del plan de pagos en el marco del presupuesto de 2016 y también para los próximos años;

13.

Subraya que evaluar ahora la aplicación de la política de cohesión —o la aceleración de la misma— podría proporcionar a la Comisión datos importantes para abordar la futura política de cohesión después de 2020; pide a la Comisión que establezca puntos de referencia fundamentales y que colabore con el Parlamento, los Estados miembros y otras partes interesadas pertinentes para abordar el futuro de los Fondos EIE después de 2020 lo antes posible, a fin de potenciar su uso específico y su aplicación oportuna;

14.

Subraya la importancia de que los Estados miembros cumplan, antes de que finalice 2016, las medidas relativas a las condiciones ex ante para garantizar la correcta aplicación de los programas e impedir la posible suspensión de los pagos intermedios; insta a la Comisión a que presente orientaciones exhaustivas sobre contratación pública y medidas preventivas a fin de evitar errores e irregularidades en el proceso de contratación, y a que publique procedimientos de contratación normalizados para los beneficiarios con objeto de impedir la aplicación de correcciones financieras y la posible supresión de las contribuciones de la Unión;

15.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todas las partes interesadas que mejoren la coordinación y que pongan en marcha iniciativas de política de comunicación eficaces para aumentar la concienciación pública respecto a la aplicación de la política de cohesión y darle más relieve, favoreciendo así una mejor comprensión por parte de los ciudadanos de los resultados y la repercusión de la política de cohesión;

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Comité de las Regiones y a los Estados miembros y sus Parlamentos nacionales y regionales.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/27

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Oriental, Ucrania y la Federación de Rusia,

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Vistos los informes de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos en Crimea, a cargo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales (ACNM),

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Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

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Vistas las decisiones del Consejo Europeo, de 21 de marzo, 27 de junio y 16 de julio de 2014, por las que se imponen sanciones a la Federación de Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea,

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Vista la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «La integridad territorial de Ucrania»,

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Visto el informe de Freedom House titulado «La libertad en el mundo en 2016», que califica la situación de Crimea en cuanto a libertades políticas y civiles como «sin libertades»,

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Vista la sentencia del denominado Tribunal Supremo de Crimea, de 26 de abril de 2016, que consideró al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea como una organización extremista y prohibió sus actividades en la península de Crimea,

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Vistas las declaraciones de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de abril de 2016, sobre la suspensión de las actividades del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea, y de 26 de abril de 2016, sobre la decisión del «Tribunal Supremo» de Crimea de prohibir las actividades del Mejlís,

—

Vistas la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, en la que insta a que se ponga fin a la prohibición del Mejlís, y la declaración del secretario general del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, según la cual la prohibición del Mejlís conlleva el riesgo de que se ponga en el punto de mira a la comunidad tártara de Crimea en su conjunto,

—

Vistos el Protocolo de Minsk, de 5 de septiembre de 2014, y el Memorando de Minsk, de 19 de septiembre de 2014, sobre la puesta en marcha del plan de paz de doce puntos,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Federación de Rusia se ha anexionado ilegalmente Crimea y Sebastopol y, por consiguiente, es un Estado ocupante que viola el Derecho internacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997 entre Ucrania y la Federación de Rusia;

B.

Considerando que la Unión y la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y por la persecución sistemática de aquellas personas que no reconocen a las nuevas autoridades; que supuestas autoridades han puesto en el punto de mira a la comunidad indígena de tártaros de Crimea, que en su mayoría se opone a la toma de control de la península por parte de Rusia y boicoteó el llamado referéndum del 16 de marzo de 2014; que las instituciones y organizaciones tártaras de Crimea son tachadas cada vez con mayor frecuencia de extremistas y miembros destacados de esta comunidad son arrestados o corren el riesgo de serlo por ser considerados terroristas; que entre los abusos cometidos se cuentan secuestros, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia que las autoridades de hecho no han investigado ni perseguido, por no mencionar los problemas jurídicos sistémicos en relación con los derechos y el registro de la propiedad;

C.

Considerando que, en el pasado, diversos dirigentes tártaros de Crimea, en particular Mustafa Dzhemiliev y Refat Chubárov, tuvieron prohibida la entrada a Crimea y que actualmente estas personas sí tienen autorizada la entrada, pero bajo amenaza de detención, por lo que pueden correr la misma suerte que muchos otros miembros del Mejlís y activistas y personas desplazadas de la comunidad tártara de Crimea; que más de 20 000 tártaros de Crimea han tenido que abandonar la Crimea ocupada para trasladarse a la Ucrania continental, según datos proporcionados por el Gobierno de Ucrania;

D.

Considerando que Mustafa Dzhemiliev, dirigente del pueblo tártaro de Crimea, que anteriormente pasó quince años en cárceles soviéticas, ha publicado una lista de catorce tártaros de Crimea que son presos políticos de las denominadas autoridades rusas de Crimea, entre ellos Ahtem Chiigoz, vicepresidente primero del Mejlís, que se encuentra detenido en Simferópol a la espera de juicio; que se debe prestar especial atención al estado de salud de este último y resulta especialmente importante que su juicio sea público y supervisado por el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales;

E.

Considerando que la Federación de Rusia ha estado restringiendo el acceso a Crimea por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como de ONG de defensa de los derechos humanos y de periodistas independientes; que la imposibilidad de acceder a Crimea dificulta sobremanera la supervisión y la información sobre la situación de los derechos humanos en este territorio;

F.

Considerando que la totalidad de la población tártara de Crimea, pueblo autóctono de este territorio, fue deportada en 1944 a otras regiones de la antigua URSS, y privada del derecho de regresar hasta 1989; que, el 12 de noviembre de 2015, la Verjovna Rada de Ucrania aprobó una resolución en la que se reconoció como genocidio la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 y se estableció el 18 de mayo como Día de Memoria;

G.

Considerando que, el 26 de abril de 2016, el denominado Tribunal Supremo de Crimea se pronunció a favor de un requerimiento de la supuesta fiscal general de Crimea, Natalia Poklonskaya, por el que acusa al Mejlís, el que había sido el órgano representativo de la comunidad tártara de Crimea desde su creación en 1991 y había gozado de plena naturaleza jurídica desde mayo de 1999, de extremismo, terrorismo, violaciones de los derechos humanos, acciones ilegales y actos de sabotaje contra las autoridades;

H.

Considerando que el Mejlís ha sido declarado ahora organización extremista e incluido en la lista del Ministerio de Justicia ruso en la que figuran las ONG cuyas actividades han de suspenderse; que, por consiguiente, las actividades del Mejlís han sido prohibidas en Crimea y en Rusia; que esta prohibición podría afectar a más de 2 500 miembros de 250 órganos parlamentarios de pueblos y ciudades de Crimea;

I.

Considerando que las decisiones de la supuesta fiscal general y del denominado Tribunal Supremo de Crimea son parte integrante de la política de represión e intimidación de la Federación de Rusia, que está castigando a esta minoría por su lealtad al Estado ucraniano durante la anexión ilegal de la península de hace dos años;

J.

Considerando que, se ha producido una clara violación del Derecho internacional humanitario (incluidos el cuarto Convenio de La Haya de 1907, la cuarta Convención de Ginebra de 1949 y su Protocolo I adicional de 1977), en virtud del cual una potencia ocupante no puede enjuiciar a civiles por delitos cometidos antes de la ocupación y la legislación penal del territorio ocupado debe permanecer en vigor;

1.

Condena firmemente la decisión del denominado Tribunal Supremo de Crimea de prohibir el Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea y pide que sea revocada inmediatamente; considera que esta decisión constituye una persecución sistemática y específica de los tártaros de Crimea y que es una acción con motivaciones políticas que tiene por objeto seguir intimidando a los representantes legítimos de la comunidad tártara; hace hincapié en la importancia de este órgano decisorio elegido democráticamente, que representa al pueblo tártaro de Crimea;

2.

Señala que la prohibición del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea —el órgano representativo legítimo y reconocido de la población indígena de Crimea— servirá para estigmatizar a los tártaros de Crimea, profundizando su discriminación y violando sus derechos humanos y libertades civiles fundamentales, y constituye un intento de expulsarlos de Crimea, que es su patria histórica; expresa su preocupación por que el hecho de catalogar al Mejlís como organización extremista pueda conllevar otras acusaciones, de conformidad con el Código Penal de la Federación de Rusia;

3.

Recuerda que la prohibición del Mejlís implica que no podrá reunirse, publicar sus opiniones en los medios de comunicación, celebrar actos públicos o utilizar cuentas bancarias; pide que la Unión apoye económicamente las actividades del Mejlís en el exilio; pide que se aumente la financiación destinada a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en favor de Crimea;

4.

Recuerda con pesar el segundo aniversario de la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia, que se produjo el 20 de febrero de 2014; reitera su firme condena de dicho acto, que viola el Derecho internacional; manifiesta su firme compromiso con la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y con las sanciones impuestas tras dicha anexión, y pide que se estudie la posibilidad de ampliar la lista de personas objeto de sanciones de la Unión en relación con la prohibición del Mejlís; pide a los Estados miembros que respeten estrictamente esta lista; lamenta las visitas a Crimea —organizadas sin el consentimiento de las autoridades ucranianas— de algunos políticos de los Estados miembros de la Unión, incluidos diputados de Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, y pide a los diputados que se abstengan de realizar estas visitas en el futuro;

5.

Reitera su firme compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como con la opción libre y soberana de este país de avanzar por una senda europea; pide a todas las partes que procedan inmediatamente a la reintegración pacífica de la ocupada península de Crimea en el ordenamiento jurídico ucraniano mediante el diálogo político y dentro del pleno respeto del Derecho internacional; opina que el restablecimiento de la autoridad ucraniana sobre la península resulta fundamental para la reanudación de las relaciones de cooperación con la Federación de Rusia, incluida la suspensión de las sanciones relativas a Crimea;

6.

Condena las graves restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que afectan incluso a actos conmemorativos tradicionales como el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen totalitario soviético de Stalin y a los encuentros culturales de los tártaros de Crimea;

7.

Condena las restricciones a la libertad de los medios de comunicación impuestas en Crimea, en especial la retirada de la licencia de ATR, el principal canal de televisión tártaro de Crimea; pide la reapertura de dicho canal, así como del canal de televisión infantil Lale y de la emisora de radio Meydan; considera que estos actos privan al pueblo tártaro de Crimea de un instrumento vital para conservar su identidad cultural y lingüística; toma nota de la fundación del nuevo canal de televisión TV Millet y pide que se garantice su plena independencia editorial;

8.

Lamenta profundamente las restricciones sistemáticas de la libertad de expresión con el pretexto de combatir el extremismo, así como la supervisión de los medios sociales de comunicación con el objetivo de identificar a activistas que no reconocen el nuevo orden y que critican la validez del referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014; recuerda que cien Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas se sumaron a esta postura al adoptar la Resolución 68/262;

9.

Recuerda que, a lo largo de la historia, los tártaros indígenas de Crimea han sido víctimas de injusticias que llevaron a su deportación masiva por las autoridades soviéticas y a la expropiación de sus tierras y recursos; lamenta que las políticas discriminatorias aplicadas por supuestas autoridades estén impidiendo la restitución de dichas propiedades y recursos, o que sean utilizadas como moneda para comprar apoyo;

10.

Insta a la Federación de Rusia, que, con arreglo al Derecho internacional humanitario, es la responsable en última instancia como Estado ocupante en Crimea, a que mantenga el orden jurídico en la península y proteja a los ciudadanos contra medidas y resoluciones judiciales o administrativas arbitrarias, en cumplimiento de sus propios compromisos como miembro del Consejo de Europa, y a que lleve a cabo investigaciones internacionales independientes de cualquier violación del Derecho internacional o de los derechos humanos cometida por las fuerzas ocupantes y las supuestas autoridades locales; pide la reactivación del grupo de contacto para las familias de las personas desaparecidas;

11.

Pide que se permita el acceso permanente y sin restricciones a Crimea de organismos internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos para que supervisen la situación de los derechos humanos en el territorio;

12.

Celebra la iniciativa ucraniana de establecer un mecanismo internacional de negociación con el formato «Ginebra plus» para el restablecimiento de la soberanía ucraniana sobre Crimea, que debería incluir la participación directa de la Unión; pide a la Federación de Rusia que inicie negociaciones con Ucrania y otras partes para la retirada rusa de Crimea, que levante los embargos al comercio y a la energía y que revoque el estado de emergencia en Crimea;

13.

Pide que se preserve el entorno multicultural histórico y tradicional de Crimea y que se respeten plenamente el ucraniano, el tártaro y otras lenguas minoritarias y culturas diferenciadas; condena la presión jurídica ejercida sobre las organizaciones culturales y educativas de la comunidad tártara de Crimea, incluidas aquellas dedicadas a los niños tártaros de Crimea;

14.

Pide a la Federación de Rusia que investigue todos los casos de torturas a presos detenidos ilegalmente en Crimea, incluidos Ahtem Chiigoz —vicepresidente primero del Mejlís—, Mustafa Dzhemiliev y Ali Asanov, que fueron detenidos en Crimea por supuestas autoridades locales por protestar pacíficamente contra la ocupación, y que garantice el retorno de estas personas a Ucrania en condiciones de seguridad; reitera su llamamiento en favor de la liberación de Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko; insta a la Federación de Rusia a que ponga fin a la persecución política de disidentes y de activistas de la sociedad civil; condena el traslado de estas personas a la Federación de Rusia y la imposición a las mismas de la ciudadanía rusa; pide a la Federación de Rusia que coopere estrechamente con el Consejo de Europa y la OSCE en relación con los asuntos mencionados anteriormente;

15.

Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Consejo que aumenten la presión sobre la Federación de Rusia para que permita el acceso a Crimea de organizaciones internacionales con el objetivo de que supervisen la situación de los derechos humanos, habida cuenta de las graves violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos humanos registradas en la península, y de que establezcan mecanismos internacionales de supervisión permanentes y basados en convenciones; subraya que toda presencia internacional sobre el terreno debe estar bien coordinada, ser objeto de un acuerdo con Ucrania y recibir el respaldo de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos;

16.

Reitera su profunda preocupación por la situación de las personas LGBTI en Crimea, que ha empeorado considerablemente tras la anexión rusa;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/31

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Gambia,

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015 (1),

—

Vistas las distintas preguntas parlamentarias sobre la situación en Gambia,

—

Vista la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 17 de abril de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en Gambia,

—

Vistas las distintas declaraciones de la Delegación de la Unión Europea en Gambia,

—

Vista la Resolución de la Comisión de la Unión Africana, de 28 de febrero de 2015, sobre la situación de los derechos humanos en la República de Gambia,

—

Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, de 17 de abril de 2016,

—

Visto el anexo sobre la misión en Gambia, de 2 de marzo de 2015, al informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaborado por el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

—

Visto el informe sobre Gambia, de 11 de mayo de 2015, del relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,

—

Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal relativo a Gambia, de 24 de diciembre de 2014,

—

Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú, firmado en junio de 2000,

—

Vista la Constitución de Gambia,

—

Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

—

Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que Yahya Jammeh se hizo con el poder en Gambia en 1994 a raíz de un golpe de Estado militar; que, tras su elección como presidente en 1996, ha sido reelegido en tres ocasiones de manera polémica;

B.

Considerando que está previsto que las elecciones presidenciales se celebren el 1 de diciembre de 2016 y las elecciones legislativas, el 6 de abril de 2017; que las pasadas elecciones presidenciales, celebradas en 2011, fueron objeto de condena por parte de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao), al considerar esta que carecían de legitimidad y tenían lugar en un clima de represión e intimidación de los partidos de la oposición y sus votantes;

C.

Considerando que una manifestación pacífica celebrada el 14 de abril de 2016 en Serekunda, un suburbio de la capital, Banjul, para pedir una reforma electoral fue respondida con violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Gambia y con la detención arbitraria de manifestantes, entre ellos varios miembros del Partido Democrático Unido (UDP, por sus siglas en inglés); que Solo Sandeng, líder opositor y miembro del UDP, murió bajo custodia poco después de su detención en circunstancias poco claras;

D.

Considerando que los miembros del UDP volvieron a concentrarse el 16 de abril de 2016 para exigir tanto que se hiciera justicia por la muerte del Sr. Sandeng como la puesta en libertad de otros miembros de su partido; que la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y detuvo a varias personas;

E.

Considerando que otro dirigente de la oposición, Ousainou Darboe, y altos cargos del partido fueron detenidos y siguen retenidos por el Estado, al parecer con graves heridas;

F.

Considerando que Alagie Abdoulie Ceesay, director general de la radio independiente Teranga FM, a quien la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA, por sus siglas en inglés) detuvo el 2 de julio de 2015, ha visto su solicitud de libertad bajo fianza denegada en tres ocasiones a pesar de su precario estado de salud;

G.

Considerando que, en marzo de 2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión, aprobada durante su última sesión de diciembre de 2015, en la que hacía hincapié en que el Sr. Ceesay había sido privado arbitrariamente de libertad e instaba a Gambia a que lo pusiera en libertad y retirase todos los cargos en su contra;

H.

Considerando que, en Gambia, los defensores de los derechos humanos y los periodistas se ven sometidos a prácticas abusivas y a una legislación represiva y corren el riesgo constante de padecer acoso e intimidación, y detenciones y arrestos, y de ser víctimas de las desapariciones forzadas o de no tener otra opción que el exilio;

I.

Considerando que el recurso a la tortura y otras formas de maltrato es frecuente en Gambia; que al parecer se ha sometido sistemáticamente a personas a torturas brutales o a otro tipo de maltrato al objeto de arrancarles «confesiones» para su utilización ante los tribunales, como se muestra en el informe elaborado a raíz de la visita a Gambia en 2014 del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

J.

Considerando que son frecuentes las detenciones arbitrarias por parte de la NIA y la policía, como las de Ousman Jammeh, exsubsecretario de Agricultura, o el jeque Omar Colley, el imán Ousman Sawaneh y el imán Cherno Gassama, islamólogos, y que a menudo las personas están detenidas sin cargos más allá del plazo máximo de setenta y dos horas para la puesta del sospechoso a disposición judicial, lo que supone una vulneración de la Constitución;

K.

Considerando que la legislación contra la homosexualidad vigente en Gambia establece largas penas de prisión y fuertes multas para la «homosexualidad agravada»; que las fuerzas de seguridad a menudo atacan, amenazan y detienen arbitrariamente a personas LGBTI, por lo que algunas de estas se han visto obligadas a abandonar el país por su propia seguridad;

L.

Considerando que Gambia es uno de los quince países más pobres del mundo y que cerca de una cuarta parte de la población se encuentra en inseguridad alimentaria crónica; que el país depende en gran medida de la ayuda internacional; que 14 475 gambianos han solicitado asilo en la Unión desde 2015;

M.

Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Gambia suscita verdadera preocupación; que desde finales de 2009 la Unión ha abordado estas cuestiones en un diálogo en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, pero con escasos progresos concretos;

N.

Considerando que, a raíz de esta preocupación suscitada por la situación de los derechos humanos, la Unión redujo drásticamente su ayuda a Gambia, aunque sigue siendo el mayor donante de ayuda a este país, con una asignación total de 33 millones EUR para el período 2015-2016 del Programa Indicativo Nacional (PIN); que, a raíz de esta reducción de la ayuda, el presidente Jammeh expulsó bruscamente, en junio de 2015, a Agnès Guillard, encargada de negocios de la Unión en Gambia;

O.

Considerando que el PIN de Gambia para 2015-2016 prevé inversiones en agricultura y seguridad alimentaria, así como en el sector del transporte, pero que no se destinan fondos al desarrollo de la sociedad civil, la gobernanza democrática o la promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

P.

Considerando que Gambia es miembro de la Cedeao; que, en julio de 2014 la Unión y la Cedeao celebraron un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que será ratificado en 2016; que los AAE deben reforzar no solo el comercio justo, sino también los derechos humanos y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

Q.

Considerando que Gambia es un Estado miembro de la Unión Africana (UA), parte de la Carta Africana y signatario de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

R.

Considerando que la Ley de reforma electoral de 2015 resulta excluyente para los partidos de la oposición al imponerles gastos inasumibles y hacer de Gambia uno de los países más caros a la hora de presentarse a un cargo público, con lo que quedan mermados los derechos de los ciudadanos en este proceso;

1.

Expresa su más profunda preocupación por el rápido deterioro de la seguridad y la situación de los derechos humanos en Gambia y lamenta los ataques de los días 14 y 16 de abril de 2016 contra manifestantes pacíficos;

2.

Pide la inmediata liberación de todos los manifestantes detenidos en relación con las manifestaciones de los días 14 y 16 de abril de 2016; pide al Gobierno de la República de Gambia que garantice un juicio con las debidas garantías a todos los detenidos acusados de participar en un intento inconstitucional de cambio de Gobierno; pide a las autoridades de Gambia que garanticen la integridad física y psicológica de estos sospechosos en todas las circunstancias y que los heridos reciban tratamiento médico sin demora; expresa su preocupación por las denuncias de tortura y de malos tratos de otros presos;

3.

Insta a las autoridades gambianas a que lleven a cabo a cabo una investigación rápida e independiente de estos hechos, y manifiesta, en particular, su profunda preocupación por la noticia de la muerte en detención del activista de la oposición Solo Sandeng;

4.

Condena firmemente las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los disidentes, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, opositores políticos y figuras críticas, así como contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, bajo el Gobierno del presidente Yahya Jammeh; pide que todos los presos incomunicados comparezcan ante un juez o sean liberados;

5.

Pide a la Unión y a la Unión Africana que trabajen junto con Gambia para poner en marcha salvaguardias contra la tortura, garantizar un acceso independiente a los reclusos y reformar toda la legislación que interfiera con los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluidos los delitos de sedición, difamación y difusión de información falsa contemplados en el Código Penal y la modificación de la Ley de información y comunicación de 2013, que incluye la censura de la expresión en línea;

6.

Pide a Gambia que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

7.

Pide al Gobierno de Gambia que investigue las pruebas de violaciones de los derechos humanos por parte de la NIA, que desarrolle una legislación que aborde la igualdad de derechos de los ciudadanos, incluidos los casos de desigualdad, y que continúe con los planes para la creación de una comisión nacional de derechos humanos, en consonancia con los principios de París sobre las instituciones de derechos humanos, para investigar y supervisar las supuestas violaciones de los derechos humanos;

8.

Insta al Gobierno de Gambia y a las autoridades regionales a que tomen todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación, los ataques y la criminalización de las personas LGBTI y para garantizar su derecho a la libertad de expresión, incluida la supresión del Código Penal de Gambia de las disposiciones que criminalizan a estas personas;

9.

Pide a las autoridades de Gambia que impidan todo tipo de discriminación por motivos religiosos y que promuevan y adopten medidas en favor de un diálogo pacífico y constructivo entre todas las comunidades;

10.

Pide a la Cedeao y a la Unión Africana que mantengan su compromiso contra las violaciones de los derechos humanos cometidas actualmente por el régimen gambiano; recuerda que la seguridad y la estabilización siguen constituyendo grandes retos en la región del África Occidental, e insiste en la necesidad de que la Unión Africana y la Cedeao supervisen atentamente la situación en Gambia y mantengan un diálogo político permanente con las autoridades gambianas sobre el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho;

11.

Pide al Gobierno de la República de Gambia que ratifique la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza antes de que se celebren las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2016;

12.

Pide al Gobierno de Gambia que entable un auténtico diálogo con todos los partidos políticos de la oposición sobre las reformas legislativas y políticas para garantizar unas elecciones libres y justas y que asegure que se respeta la libertad de asociación y de reunión, en consonancia con las obligaciones internacionales de Gambia; recuerda que la plena participación de la oposición y de la sociedad civil independiente en unas elecciones nacionales independientes y libres es un factor importante para el éxito de estas elecciones;

13.

Anima a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones locales de derechos humanos y las ONG, así como a la Delegación de la Unión en Gambia y a otras instituciones internacionales pertinentes, a que supervisen activamente el procedimiento electoral, prestando especial atención a que se garantice el respeto público de la libertad de asociación y de reunión;

14.

Pide al Gobierno de Gambia que adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en todas las circunstancias, el pleno respeto de la libertad de expresión y la libertad de prensa; pide, a este respecto, que se reformen las disposiciones de la Ley de información y comunicación con el fin de adaptar la legislación nacional a las normas internacionales;

15.

Expresa su preocupación por que el PIN 2015-2016 para Gambia no prevea ningún tipo de apoyo o financiación de la sociedad civil o de la gobernanza democrática, de promoción del Estado de Derecho y de protección de los derechos humanos; pide a la Comisión que garantice que la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos serán los sectores prioritarios de todo futuro acuerdo de cooperación al desarrollo que se plantee entre la Unión y Gambia;

16.

Pide a la Delegación de la Unión en Gambia que emplee todos los instrumentos a su disposición, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, para supervisar activamente las condiciones de detención en Gambia, que acompañe y supervise las investigaciones sobre la represión gubernamental de las protestas de los días 14 y 16 de abril de 2016 y el trato dado a los manifestantes detenidos, y que intensifique los esfuerzos para colaborar con los miembros de la oposición política, líderes estudiantiles, periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y representantes de las personas LGBTI;

17.

Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que celebren una consulta pública de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, y a que estudien la posibilidad de congelar toda la ayuda no humanitaria al Gobierno de Gambia y de imponer prohibiciones de viaje u otras sanciones específicas a los funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos;

18.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, al Gobierno y al Parlamento de Gambia, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/35

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Yibuti, incluidas las de 4 de julio de 2013, sobre la situación en Yibuti (1), y de 15 de enero de 2009 sobre la situación en el Cuerno de África (2),

—

Visto el Programa indicativo nacional para Yibuti en el marco del 11o Fondo Europeo de Desarrollo, de 19 de junio de 2014,

—

Vistas las declaraciones de 12 de abril de 2016 y 23 de diciembre de 2015 del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior,

—

Vista la declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo de 2016,

—

Vista la asociación política regional de la UE para la paz, la seguridad y el desarrollo en el Cuerno de África,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

—

Vista la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

—

Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

—

Vista la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que Yibuti ha ratificado,

—

Vistas las actuaciones y las comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) relativas a Yibuti,

—

Vistas las conclusiones preliminares, de 10 de abril de 2016, de la misión de observación electoral de la Unión Africana que supervisó las elecciones presidenciales,

—

Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que Yibuti es un Estado parte desde 2003,

—

Visto el Acuerdo marco firmado el 30 de diciembre de 2014 entre la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP), la coalición en el poder, y la Unión por la Salvación Nacional (USN), la coalición de partidos de la oposición, encaminado a promover «políticas nacionales pacíficas y democráticas»,

—

Visto el Decreto n.o 2015-3016 PR/PM, de 24 de noviembre de 2015, adoptado por el Consejo de Ministros de Yibuti, por el que se establecen medidas de seguridad excepcionales a raíz de los atentados de París de 13 de noviembre de 2015,

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

—

Visto el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio de 2000 y revisado el 22 de junio de 2010,

—

Vista la Constitución de 1992 de la República de Yibuti, que reconoce las libertades fundamentales y los principios básicos de la buena gobernanza,

—

Vistas las directrices para las misiones de observación y supervisión electoral de la Unión Africana,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que Ismail Omar Guelleh ha permanecido como presidente de Yibuti desde 1999 y ha logrado una victoria abrumadora en las elecciones de abril de 2016 con el 87,1 % de los votos, lo que fue objeto de críticas por parte de los partidos de la oposición y de los grupos defensores de derechos por haber sido obtenidos mediante la represión política; que algunos candidatos de la oposición boicotearon las elecciones de 2005, 2011 y 2016; que el presidente Guelleh convenció a la Asamblea Nacional para que modificase la Constitución en 2010 después de haber anunciado que no se presentaría a las elecciones de 2016, lo que le permitió optar a un tercer mandato en 2011; que las protestas subsiguientes de la sociedad civil fueron sofocadas;

B.

Considerando que la posición privilegiada de Yibuti en el Golfo de Adén le ha otorgado una importancia estratégica por lo que se refiere a las bases militares extranjeras, y que se le considera como un eje en la lucha contra la piratería y el terrorismo;

C.

Considerando que diez mujeres yibutianas se declararon en huelga de hambre en París para pedir una investigación internacional sobre la violación de mujeres de Yibuti, cuatro de ellas alegando haber sido violadas ellas mismas, mientras que otra, Fatou Ambassa, de treinta años, lo hacía en memoria de su prima Halima, fallecida presuntamente en el transcurso de una violación colectiva en 2003 a la edad de dieciséis años; que ocho de estas mujeres continuaron sus protestas durante diecinueve días, del 25 de marzo al 12 de abril de 2016, y diez mujeres más siguieron su ejemplo en Bruselas; que las autoridades de Yibuti rebaten dichas alegaciones; que mujeres han sido tomadas como rehenes en el conflicto entre el Ejército de Yibuti y el FRUD-armé; que el Comité de Mujeres de Yibuti (Comité des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité (COFEDVI)), creado en 1993, ha registrado 246 casos de violaciones por parte de soldados, recopilados a partir de unas veinte quejas presentadas;

D.

Considerando que ninguna misión de observación electoral de la UE fue invitada a supervisar las elecciones, y que la misión de expertos electorales que ofreció la UE fue rechazada por las autoridades de Yibuti; que la misión de observación electoral de la Unión Africana recomendó la creación de una comisión electoral independiente que se encargara del proceso electoral, incluido el anuncio de los resultados provisionales;

E.

Considerando que tres candidatos de la oposición, Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali y Djama Abdourahman Djama, impugnaron los resultados de las elecciones de abril de 2016 por su falta de transparencia y por no mostrar la voluntad del pueblo de Yibuti; que las organizaciones locales de derechos humanos no han reconocido los resultados; que el espacio político concedido a la oposición sigue siendo muy limitado, debido a las restricciones a la libertad de expresión; que las fuerzas policiales y los servicios de seguridad ejercen un férreo control del país y el poder judicial es débil y cercano al Gobierno; que los líderes de la oposición fueron objeto de detenciones y acoso constantemente y se han registrado denuncias de tortura; que el Ejército recibió presuntamente la orden de sacar a los representantes de la oposición de algunos colegios electorales, de modo que las urnas podrían haber sido rellenadas con votos falsos, mientras que otros barrios como Ali-Sabieh fueron puestos bajo control militar; que el presidente Guelleh organizó una fiesta para premiar al Ejército, al parecer, por su contribución a las elecciones, incluso antes de que se publicasen los resultados oficiales; que la Unión Africana ha lamentado una serie de irregularidades (la ausencia de registros, la falta de publicación de los resultados y el hecho de que los votos no se contabilizaran en público);

F.

Considerando que el 31 de diciembre de 2015, a raíz de la exclusión del Parlamento de diputados de la oposición, se aplicó una ley que impone el estado de emergencia, introducida en noviembre de 2015 para restringir las libertades individuales y reprimir a militantes de la oposición, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas;

G.

Considerando que, el 30 de diciembre de 2014, la coalición gobernante, la UMP, firmó un acuerdo marco con la coalición de oposición, la USN, en el que se preveía una reforma de la Comisión Electoral Nacional Independiente (Commission Électorale Nationale Indépendante), la creación de una comisión parlamentaria conjunta, así como reformas a corto y medio plazo; que la Comisión Parlamentaria Conjunta se creó en febrero de 2015, pero no se han presentado ninguno de los principales proyectos de ley (como la Ley sobre la creación de una comisión electoral conjunta independiente y la Ley sobre los derechos y obligaciones de los partidos políticos); que el 26 de agosto de 2015 las autoridades de Yibuti anunciaron que la Comisión Electoral no sería reformada;

H.

Considerando que no existen emisoras de radio o de televisión privadas en Yibuti, que las autoridades vigilan estrechamente las páginas web de la oposición y bloquean periódicamente las páginas web de las organizaciones de derechos humanos y de las redes sociales; que el Gobierno es propietario del principal periódico, La Nation, y del organismo de radiodifusión nacional, Radiodiffusion-Télévision de Djibouti, que practican la autocensura; que, en 2015, Freedom House declaró que la prensa en Yibuti no era libre; que Yibuti ocupa el puesto 170 (entre 180 países) en el índice mundial de libertad de prensa elaborado en 2015 por Reporteros sin Fronteras; que, a lo largo del mandato de la coalición de la UMP, los partidos y activistas de la oposición han sido reprimidos incesantemente, y que muchos activistas y periodistas, incluido un enviado de la BBC a la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, han sido objeto de procedimientos judiciales; que, el 19 de enero de 2016, el principal periódico de la oposición, l’Aurore, fue cerrado por orden judicial; que la Comisión de Comunicación Nacional, que debía haberse constituido en 1993, aún no se ha creado;

I.

Considerando que, en 2012, la región de Mablas fue testigo de una oleada de detenciones arbitrarias de personas sospechosas de pertenencia al FRUD-armé.

J.

Considerando que se ha alegado que al menos 27 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas por las autoridades en un evento cultural en Buldugo el 21 de diciembre de 2015, aunque el Gobierno yibutiano insiste en que el número de víctimas mortales fue tan solo de siete; que, más tarde, la policía irrumpió asimismo en los locales donde se encontraban reunidos líderes de la oposición, hirió a varios de ellos y detuvo a dos destacados líderes (Abdourahman Mohammed Guelleh, secretario general de la USN, y Hamoud Abdi Souldan) sin que se les imputara cargo alguno; que ambos fueron liberados solo unos días antes de las elecciones presidenciales y el primero de ellos se enfrenta a cargos penales; que un dirigente sindical y defensor de los derechos humanos, Omar Ali Ewado, fue detenido en régimen de aislamiento desde el 29 de diciembre de 2015 al 14 de febrero de 2016 por la publicación de una lista de víctimas y desaparecidos de la masacre; que su abogado también fue detenido en el aeropuerto; que Said Houssein Robleh, miembro de la oposición y secretario general de la LDDH, fue herido de bala por la policía de Yibuti y se encuentra actualmente en el exilio en Europa;

K.

Considerando que las condiciones de detención en las cárceles de Yibuti son extremadamente preocupantes;

L.

Considerando que, a raíz de los atentados terroristas en París el 13 de noviembre de 2015, el Consejo de Ministros de Yibuti adoptó el Decreto n.o 2015-3016 PR/PM, el 24 de noviembre de 2015, por el que se prohíben las reuniones y concentraciones en espacios públicos, como medida contra el terrorismo;

M.

Considerando que en Yibuti no existe legislación contra la violencia doméstica y las violaciones conyugales; que las autoridades han informado al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de que son conscientes de que existen deficiencias en sus intentos por combatir la violencia de género; que, a pesar de ser ilegal desde 2005, se han practicado diversas formas de mutilación genital femenina al 98 % de las mujeres de Yibuti;

N.

Considerando que, según el Banco Mundial, más del 23 % de la población de Yibuti vive en situación de pobreza extrema, del cual el 74 % vive con menos de 3 dólares estadounidenses al día; que la inseguridad alimentaria en Yibuti se ha visto agravada por los altos precios de los alimentos, la escasez de agua, el cambio climático y la reducción de los pastos; que Yibuti se beneficia del paquete de ayudas de la Unión por valor de 79 millones de euros a los países del Gran Cuerno de África afectados por El Niño;

O.

Considerando que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho constituyen elementos esenciales de la Asociación ACP-UE y del Acuerdo de Cotonú; que la Unión debería intensificar sin demora el diálogo político periódico con Yibuti en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

P.

Considerando que Yibuti actualmente recibe 105 millones de euros de fondos bilaterales de la UE, principalmente para el agua y el saneamiento y para la seguridad alimentaria y nutricional, como parte del Programa Indicativo Nacional de la Unión, en el marco del 11o Fondo Europeo de Desarrollo; que, entre 2013 y 2017, Yibuti habrá recibido 14 millones de euros como parte de la iniciativa de la Unión de apoyo a la resiliencia en el Cuerno de África, cuyo objetivo es capacitar a las comunidades para que puedan hacer frente a las sequías recurrentes;

Q.

Considerando que Yibuti acoge actualmente a más de 15 000 refugiados procedentes de Somalia y Eritrea, y a unos 8 000 más procedentes de Yemen; que las mujeres y las niñas en los campos de refugiados corren el riesgo de ser víctimas de violencia de género; que la Comisión proporciona asistencia, como servicios de salvamento, y ayuda financiera a las comunidades que acogen campos de refugiados;

1.

Expresa su preocupación por el estancamiento del proceso de democratización en Yibuti, que empeoró cuando su Parlamento introdujo modificaciones en las disposiciones de la Constitución de Yibuti relativas a la limitación de los mandatos presidenciales, así como por las declaraciones que afirman que los miembros de la oposición fueron acosados y excluidos de numerosos colegios electorales; hace hincapié en la importancia de unas elecciones justas y libres de intimidación;

2.

Pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la transparencia del proceso electoral y las elecciones de 2016 en Yibuti; reitera el llamamiento de la Unión para que se publiquen los resultados de cada colegio electoral correspondientes a las elecciones tanto de 2013 como de 2016;

3.

Denuncia enérgicamente las violaciones presuntamente cometidas por los soldados de Yibuti contra civiles, denunciadas por varias ONG y sobre las que llamaron la atención varios casos de huelga de hambre, y pide a las autoridades de Yibuti que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre las acciones de las fuerzas armadas en particular y que pongan fin a la impunidad; pide a las Naciones Unidas que investigue la situación de los derechos humanos en Yibuti, en particular la situación de las mujeres en el país; expresa su firme solidaridad con las mujeres de Yibuti que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Francia y Bélgica;

4.

Denuncia que las fuerzas policiales y militares interfieran en los procesos democráticos y reitera que es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente del proceso electoral; manifiesta su preocupación por la aparente voluntad del presidente de celebrar de forma prematura su victoria en las elecciones de abril de 2016; recuerda a Yibuti que es Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que el artículo 16 de la Constitución de Yibuti dispone que «nadie podrá ser sometido a tortura, malos tratos ni penas crueles, inhumanas degradantes o humillantes»; pide a Yibuti que investigue exhaustivamente las acusaciones de tortura y malos tratos y que se asegure de que los autores sean procesados y, si fueran condenados, sean castigados con sanciones adecuadas y se indemnice convenientemente a las víctimas, y que establezca un mecanismo independiente para investigar las denuncias por falta grave;

5.

Lamenta la decisión de las autoridades de Yibuti de no reformar la Comisión Electoral Nacional, como estaba previsto en el acuerdo marco firmado el 30 de diciembre de 2014 e insta a dichas autoridades a que colaboren estrechamente con la oposición para diseñar un proceso electoral más justo y más transparente;

6.

Recuerda a las autoridades de Yibuti su compromiso, con arreglo a las directrices para las misiones de observación y supervisión electoral de la Unión Africana, de proteger a los periodistas, condena el modo en que se ha tratado a los periodistas y recuerda a las autoridades de Yibuti la importancia de la libertad de prensa y el derecho a un juicio justo; exige una explicación razonada por parte de las autoridades de Yibuti sobre el trato que se ha dado a los periodistas; condena firmemente el acoso y el encarcelamiento sin cargos de dirigentes de la oposición, periodistas y activistas independientes defensores de los derechos humanos en el período previo a las elecciones presidenciales; pide a las autoridades de Yibuti que pongan fin a la represión de los adversarios políticos y los periodistas, y que pongan en libertad a todas aquellas personas detenidas por motivos políticos o por ejercer la libertad de los medios de comunicación; pide a las autoridades de Yibuti que revisen la legislación nacional relativa al estado de emergencia de forma que se ajuste plenamente al Derecho internacional;

7.

Condena la falta de una prensa independiente en Yibuti, así como la vigilancia y la censura de sitios Internet con contenidos críticos con el Gobierno; lamenta las prácticas de autocensura que ejercen los medios de comunicación estatales; pide al Gobierno de Yibuti que conceda licencias de radiodifusión FM a cualquier medio de comunicación independiente que lo solicite; pide, asimismo, al Gobierno que permita a los periodistas extranjeros acceder libremente al país para que puedan ejercer su trabajo de forma segura y objetiva; pide al Gobierno de Yibuti que ponga en marcha la Comisión de Comunicación Nacional y autorice la radiodifusión privada e independiente;

8.

Lamenta las ejecuciones llevadas a cabo en el evento cultural del 21 de diciembre de 2015 y las consiguientes detenciones y actos de acoso contra los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente con vistas a identificar y llevar ante la justicia a los responsables; reitera su condena de las detenciones arbitrarias y pide que se respeten los derechos de la defensa;

9.

Pide a las autoridades de Yibuti que garanticen el respeto de los derechos humanos reconocidos en los acuerdos nacionales e internacionales de los que Yibuti es firmante y que defiendan los derechos y libertades civiles y políticos, incluidos el derecho de manifestación pacífica y la libertad de los medios;

10.

Insta al Gobierno a que siga facilitando formación a la policía y otros funcionarios para la aplicación de la Ley contra la trata de personas, que redoble sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los tratantes de seres humanos y que aumente la concienciación acerca del problema de la trata entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que operan en el país, así como entre el público en general;

11.

Exige que las mujeres y los hombres reciban el mismo trato ante la ley en Yibuti y recuerda a sus autoridades que es Estado parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

12.

Acoge con satisfacción las intervenciones del Gobierno de Yibuti en lo que se refiere a la práctica generalizada de la mutilación genital femenina, si bien querría ver que se realizan mayores progresos;

13.

Pide a las autoridades que concedan permiso a las ONG para acceder a los barrios de Obock, Tadjoural y Dikhil;

14.

Pide a las autoridades civiles y militares que den muestras de la máxima moderación durante las operaciones policiales y militares en el norte del país y, en particular, se abstengan de utilizar cualquier tipo de violencia contra la población civil ni la utilicen como escudos humanos en torno a los campamentos militares;

15.

Declara su voluntad de observar atentamente la situación en Yibuti y de proponer medidas restrictivas en caso de que se infrinja el Acuerdo de Cotonú (2000), en particular sus artículos 8 y 9; pide a la Comisión que también observe la situación atentamente;

16.

Insta al SEAE, a la Comisión y a sus socios a que trabajen con los yibutianos en una reforma política a largo plazo, a lo que debe ayudar en particular la firme relación que ya existe, habida cuenta de que Yibuti ha sido un componente clave de la lucha contra el terrorismo y la piratería en la región, que acoge bases militares y que contribuye a la estabilidad en la región;

17.

Pide a la Comisión que proporcione más apoyo a las organizaciones independientes y a la sociedad civil, en particular mediante la apertura de una licitación lo antes posible en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

18.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno de Yibuti, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a la Liga Árabe, a la Organización de Cooperación Islámica, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros de la UE y a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/40

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (3),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (4),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (5),

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto (6),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Pesca,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista (O-000052/2016 — B8-0365/2016),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión constituye el mayor mercado mundial de productos de la pesca, que se abastece tanto por el sector de la pesca de la UE como por las importaciones procedentes de terceros países;

B.

Considerando que los consumidores tienen derecho a la información, expresada en términos comprensibles, en particular a información litoral y geográfica sobre las zonas de captura, y deberían poder confiar plenamente en toda la cadena que ofrece los productos de la pesca en el mercado de la Unión; que la UE y los Estados miembros tienen el deber de proteger a los ciudadanos de la Unión frente a acciones fraudulentas; que todos los productos importados deben cumplir las reglas y normas de la Unión;

C.

Considerando que la Comisión está preparando una lista detallada y exhaustiva de declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura que se comercializan en la Unión; que las conclusiones de la Comisión podrían dar lugar al establecimiento de una estructura externa de certificación de las declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura en el mercado de la Unión;

D.

Considerando que el plan de control de 2015 de la Comisión Europea (7), que evalúa la frecuencia en el mercado de pescado blanco mal etiquetado con respecto a la especie declarada, determinó que el 94 % de las muestras obtenidas correspondían a la especie declarada; que, no obstante, para determinadas especies los niveles de incumplimiento fueron muy elevados, y la tasa del 6 % se considera relativamente baja en comparación con otros estudios más limitados en los Estados miembros;

E.

Considerando que el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 instaba a la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 1 de enero de 2015, un informe de viabilidad sobre las opciones para la implantación de un sistema de etiquetado ecológico para los productos de la pesca y de la acuicultura;

F.

Considerando que la organización común de mercados (OCM) debe garantizar una competencia e ingresos equitativos para los productores de productos de la pesca vendidos o comprados en la Unión;

1.

Expresa su gran preocupación y descontento frente a los resultados de diversos estudios que muestran niveles significativos de etiquetado incorrecto en productos de la pesca vendidos en el mercado de la Unión, incluso en los restaurantes de las instituciones de la Unión; reafirma que el etiquetado incorrecto, intencionado y fraudulento, de las especies de pescado constituye una infracción de la legislación de la Unión, en particular de la política pesquera común, y puede constituir una infracción penal de conformidad con el Derecho nacional;

2.

Pide a los Estados miembros que refuercen los controles nacionales, también sobre el pescado no transformado destinado a los restaurantes y los servicios de restauración, en un esfuerzo por luchar contra el fraude y determinar en qué fase de la cadena de suministro se etiqueta incorrectamente el pescado; expresa su preocupación por la sustitución de especies de alta calidad por homólogas de calidad inferior; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las medidas que podrían adoptarse para mejorar la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura; respalda la creación de un grupo de trabajo para armonizar la aplicación de la trazabilidad en todos los Estados miembros y el establecimiento de una estructura externa que permita la certificación de las declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura en el mercado de la Unión;

3.

Apoya un sistema de trazabilidad sólido, desde el desembarque hasta el consumo, que inspire confianza a los consumidores y reduzca, a su vez, la dependencia comercial en las importaciones de productos de la pesca y la acuicultura, reforzando así el mercado de la Unión; insta a la Comisión a que aproveche el potencial del código de barras genético, que podría facilitar la identificación de especies mediante secuenciaciones de ADN, con el fin de mejorar la trazabilidad;

4.

Acoge con satisfacción el nuevo marco de la OCM y pide a la Comisión que, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 1379/2013, presente un informe de viabilidad sobre las opciones para la implantación de un sistema de etiquetado ecológico para los productos de la pesca y la acuicultura; destaca la necesidad de establecer unas normas mínimas para el etiquetado ecológico; considera que los elementos clave del sistema de etiquetado deben garantizar la transparencia, la independencia y la credibilidad del proceso de certificación; solicita un análisis en profundidad de las ventajas de establecer un sistema de etiquetado a escala de la UE;

5.

Pide a la Comisión que controle periódicamente en qué medida la información exigida figura en las etiquetas; destaca que el etiquetado debe proporcionar información comprensible, verificable y precisa; anima a los Estados miembros a que, en el contexto del etiquetado voluntario, indiquen toda la información disponible que permita al consumidor elegir con conocimiento de causa; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen las campañas de concienciación sobre los requisitos de etiquetado de los productos de la pesca y la acuicultura;

6.

Subraya que una buena política europea de etiquetado en el sector pesquero sería un factor clave para impulsar el desarrollo económico de las comunidades costeras, reconocer las mejores prácticas de los pescadores y resaltar la calidad de los productos que estos suministran a los consumidores;

7.

Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar el derecho de los consumidores a una información precisa, fiable y comprensible, tome medidas destinadas a corregir la confusión provocada por los actuales requisitos de etiquetado basados en las zonas y subzonas definidas por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), particularmente notable en el caso de las capturas realizadas en algunas subzonas de la zona 27 en la que constan, entre otras, Galicia y el Golfo de Cádiz, como «Aguas portuguesas», Gales como «Mar de Irlanda» y Bretaña como «Golfo de Vizcaya»;

8.

Destaca la necesidad de incluir la información sobre el origen de los productos de la pesca de forma clara y transparente;

9.

Hace hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier futura etiqueta ecológica a escala de la Unión, así como los sistemas de certificación y de etiquetado ecológico de los productos de la pesca de terceras partes, sean coherentes con las directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina;

10.

Considera que una etiqueta ecológica para toda la UE en los productos de la pesca y la acuicultura, cuyos criterios deberían seguir debatiéndose a escala de la Unión, podría contribuir a reforzar la trazabilidad y garantizar la transparencia de la información facilitada a los consumidores; opina que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) podría financiar este tipo de etiqueta;

11.

Toma nota de que las denominaciones comerciales de algunas especies de peces en vigor en los Estados miembros varían de un Estado a otro debido a las prácticas nacionales, lo que podría dar lugar a cierta confusión; acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Comisión para lanzar un proyecto piloto, aprobado por el Parlamento, con el fin de introducir una base de datos pública que facilitará información sobre las denominaciones comerciales en todas las lenguas oficiales de la UE;

12.

Anima a la Comisión a dar a conocer su trabajo de forma más efectiva en lo referente a la protección de los recursos marinos y la lucha contra la pesca ilegal;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/43

—

Vista la legislación antidumping de la Unión (Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1)),

—

Visto el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC),

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones comerciales entre la Unión y China,

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión y China son dos de los mayores bloques comerciales del mundo, y que China es el segundo socio comercial de la Unión y esta, el principal socio comercial de China, con un intercambio comercial que supera ampliamente los 1 000 millones EUR al día;

B.

Considerando que, en 2015, las inversiones chinas en la Unión superaron por primera vez las inversiones de la Unión en China; que el mercado chino ha sido la principal fuente de beneficios para una serie de industrias y marcas de la Unión;

C.

Considerando que, cuando China se adhirió a la OMC, una disposición permitió una metodología específica para el cálculo del dumping, que se incluyó en la sección 15 del Protocolo de Adhesión y sirve como base para un trato diferencial de las importaciones chinas;

D.

Considerando que cualquier decisión sobre la manera de tratar las importaciones de China a partir de diciembre de 2016 debe garantizar que la legislación de la Unión respete las normas de la OMC;

E.

Considerando que las disposiciones de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC que seguirán en vigor después de 2016 proporcionan una base para la aplicación de una metodología no estándar a las importaciones procedentes de China después de 2016;

F.

Considerando que, dado el nivel actual de influencia estatal en la economía china, las decisiones de las empresas en lo relativo a precios, costes, producción e insumos no responden a señales del mercado que reflejen la oferta y la demanda;

G.

Considerando que, en su Protocolo de Adhesión, China se comprometió, entre otras cosas, a permitir que todos sus precios sean determinados por las fuerzas del mercado, y que la Unión debe velar por que China cumpla plenamente sus obligaciones con la OMC;

H.

Considerando que el exceso de capacidad chino ya está generando repercusiones sociales, económicas y medioambientales importantes en la Unión, como ha mostrado el reciente impacto negativo en el sector europeo del acero, en particular en el Reino Unido, y que las consecuencias sociales en el empleo en la Unión de la concesión de la condición de economía de mercado a China pueden ser importantes;

I.

Considerando que 56 de las 73 medidas antidumping actualmente en vigor en la Unión rigen para importaciones procedentes de China;

J.

Considerando que la consulta pública celebrada recientemente sobre la eventual concesión de la condición de economía de mercado a China podría facilitar información adicional que tal vez resulte útil para resolver la cuestión;

K.

Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582), establece el objetivo de aumentar la cuota de la industria en el PIB de la Unión hasta el 20 % a más tardar en 2020;

1.

Reitera la importancia de la asociación de la Unión con China, en la que el comercio libre y justo y la inversión desempeñan un papel central;

2.

Resalta que China no es una economía de mercado y no ha cumplido aún los cinco criterios establecidos por la Unión para definir dichas economías;

3.

Insta a la Comisión a mejorar la coordinación con los principales socios comerciales de la Unión, también en el contexto de las próximas cumbres del G-7 y el G-20, acerca de la manera óptima de garantizar que se otorga pleno significado jurídico en virtud de sus procedimientos nacionales a todas las disposiciones de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC en vigor después de 2016, y a oponerse a toda concesión unilateral de la condición de economía de mercado a China;

4.

Hace hincapié en que, en la próxima cumbre entre la Unión y China, deben debatirse las cuestiones relativas a la condición de economía de mercado;

5.

Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta las preocupaciones manifestadas por la industria, los sindicatos y otras partes interesadas de la Unión acerca de las consecuencias en esta para el empleo, el medio ambiente, las normativas y el crecimiento económico sostenible en todos los sectores afectados de la industria manufacturera y para el conjunto de la industria, y que vele, en este contexto, por la protección de los puestos de trabajo en la Unión;

6.

Manifiesta su convencimiento de que mientras China no cumpla los cinco criterios de la Unión exigidos para calificarla como economía de mercado, la Unión debe aplicar una metodología no estándar en sus investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones chinas en cuanto a la fijación de una comparabilidad de precios, de acuerdo y dando plena validez a aquellas partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China que dejan margen para aplicar un método no estándar; solicita a la Comisión que presente una propuesta con arreglo a este principio;

7.

Hace hincapié, al mismo tiempo, en la necesidad inminente de una reforma general de los instrumentos de defensa comercial de la Unión a fin de garantizar la igualdad de condiciones para la industria de la Unión respecto a China y otros socios comerciales dentro del pleno respeto de las normas de la OMC; pide al Consejo que alcance rápidamente un acuerdo con el Parlamento respecto a la modernización de los instrumentos de defensa comercial de la Unión;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/45

—

Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» adoptado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York,

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Vista la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada del 13 al 16 de julio de 2015 en Adís Abeba,

—

Visto el informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado el 17 de diciembre de 2015, y aprobado en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016,

—

Vista la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que se celebrará los días 18 a 22 de julio de 2016 sobre el tema «Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results» (Aplicación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015: de los compromisos a los resultados),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo (1),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015 (2),

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Visto el Acuerdo de París, adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes (CP 21) en París el 12 de diciembre de 2015,

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Visto el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la Unión «velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

—

Vista la evolución actual de la estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad, que orienta la acción global de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas — cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE (3),

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Vistas las conclusiones del Consejo de 26 de octubre de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

—

Vista la revisión de la Estrategia Europa 2020 — «The New Approach beyond 2020» (El nuevo enfoque más allá de 2020),

—

Vistos la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, el Programa de Acción de Accra, y la declaración y el plan de acción adoptados en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en diciembre de 2011,

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Visto el consenso europeo sobre desarrollo y su próximo examen,

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Visto el artículo 208 del TFUE, que estipula la obligación de tener en cuenta el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo en todas las políticas exteriores de la Unión Europea,

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Vistos los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebrará en Estambul (Turquía) los días 23 y 24 de mayo de 2016,

—

Vista la carta de 29 de marzo de 2016 enviada por la Comisión de Desarrollo al comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo acerca de la cuestión del seguimiento y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas pide que se realicen un seguimiento y un examen de los objetivos y las metas mediante un conjunto de indicadores mundiales; que el Secretario General de las Naciones Unidas ha recibido el mandato de elaborar un informe de situación anual sobre los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con miras a apoyar la labor de seguimiento y examen del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; que el informe de situación de los ODS se basará en datos recabados por los sistemas estadísticos nacionales y en información recogida a distintos niveles;

B.

Considerando que, en su cuadragésimo sexto período de sesiones (del 3 al 6 de marzo de 2015), la Comisión de Estadística respaldó la hoja de ruta para el desarrollo y la aplicación de un marco de indicadores mundiales;

C.

Considerando que el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encargado de elaborar íntegramente una propuesta sobre el marco de indicadores para la vigilancia de los objetivos y las metas de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, propuso indicadores para el examen de la Agenda 2030, que fueron aprobados en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016;

D.

Considerando que el conjunto propuesto de 230 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un buen punto de partida y un marco sólido para el seguimiento y examen de los avances hacia la consecución de los 17 ODS;

E.

Considerando que varios de los indicadores no se han completado todavía y que, al mismo tiempo, los Estados miembros signatarios habrán de desarrollar sus indicadores nacionales en consonancia con los indicadores mundiales, ajustados a sus circunstancias particulares;

F.

Considerando que el marco de indicadores mundiales debe ser acordado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en julio de 2016 y por la Asamblea General en septiembre del mismo año;

G.

Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores en su componente de desarrollo se reunirá el 12 de mayo de 2016 y habrá de preparar la posición de la Unión con vistas a la reunión de julio de 2016 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y determinar en qué contexto tendrá lugar un debate temático sobre comercio y desarrollo, centrado en la contribución de la Unión al sector privado al aplicar la Agenda 2030;

H.

Considerando que son necesarias una planificación, una aplicación y una elaboración de informes estratégicas de todo el sistema a fin de garantizar un apoyo coherente e integrado a la aplicación de la nueva Agenda por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

I.

Considerando que el nuevo marco mundial para el desarrollo sostenible exige una mayor coherencia entre los diferentes ámbitos políticos y agentes de la Unión, lo que requiere una coordinación, un diálogo y un trabajo conjunto intensificados a todos los niveles en el seno de las instituciones de la Unión y entre ellas mismas para velar por la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible (medioambiental, económico y social) en las políticas interiores y exteriores de la Unión;

J.

Considerando que la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de julio de 2016 incluirá exámenes voluntarios de veintidós países (entre ellos, cuatro europeos: Estonia, Finlandia, Francia y Alemania) y exámenes temáticos de los progresos en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de cuestiones transversales, apoyados por exámenes de las comisiones orgánicas del ECOSOC y otros órganos y foros intergubernamentales;

1.

Pide al Consejo de Asuntos Exteriores en su componente de desarrollo que adopte, antes de la reunión de julio de 2016 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, una posición de la Unión coherente y común, teniendo en cuenta la posición del Parlamento expresada en la presente Resolución; estima que es crucial para la credibilidad y el liderazgo de la Unión presentar una posición común; expresa su preocupación por que la Comisión no haya publicado una comunicación sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 que sirviera de base para la posición común de la Unión antes de que se celebre la reunión del Foro Político de Alto Nivel, como solicitaron los miembros de la Comisión de Desarrollo;

2.

Acoge con satisfacción el informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; cree que representa un logro destacable y una buena base para las negociaciones, ya que los indicadores propuestos llaman la atención sobre un conjunto mucho más diverso de cuestiones estructurales;

3.

Se felicita por el capítulo dedicado al desglose de los datos y la importancia otorgada al fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales;

4.

Reconoce el papel fundamental del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en el examen de la aplicación de los ODS; hace hincapié en que este órgano debe garantizar una evaluación coordinada y eficiente de las necesidades y la adopción de las hojas de ruta precisas para la aplicación eficaz de la Agenda 2030;

5.

Resalta que la Agenda 2030 y los ODS representan un compromiso internacional renovado con la erradicación de la pobreza, la redefinición y modernización de nuestras estrategias de desarrollo para los próximos quince años y la garantía de que las ejecutamos;

6.

Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre una estrategia global de desarrollo sostenible que englobe todas las áreas relevantes de las políticas interiores y exteriores, con un calendario detallado hasta 2030, una revisión intermedia y un procedimiento específico que asegure la participación plena del Parlamento, y que incluya un plan de aplicación concreto que coordine la consecución de los 17 objetivos, las 169 metas y los 230 indicadores globales y garantice tanto la coherencia con los objetivos del Acuerdo de París como el cumplimiento de estos; destaca la importancia de la universalidad de los objetivos y de que la Unión y sus Estados miembros se hayan comprometido a aplicar íntegramente todos los objetivos y las metas, tanto en su letra como en su espíritu;

7.

Insiste en que la nueva estrategia de desarrollo sostenible de la Unión y sus políticas de aplicación asociadas deben estar sujetas a unas consultas amplias con todas las partes interesadas, entre ellas, los Parlamentos nacionales, las autoridades locales y la sociedad civil, mediante un proceso integrador;

8.

Solicita una comunicación de la Comisión sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 que contenga información clara acerca de la estructura de la aplicación de la Agenda a escala de la Unión y de los Estados miembros; subraya que todas las Direcciones Generales de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben participar plenamente en la integración de la Agenda 2030 en la futura revisión de la Estrategia Europa 2020 y la próxima estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad, garantizando una sólida coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible;

9.

Hace hincapié en que el examen del consenso europeo sobre desarrollo debe reflejar en su integridad la nueva Agenda 2030, que incluye un cambio de paradigma y una transformación de hecho y de derecho de la política de desarrollo de la Unión; recuerda que una programación adecuada y específica de la ayuda en el seno de la cooperación al desarrollo, que respete debidamente el principio de la eficacia de la ayuda, es esencial para la consecución de los objetivos y las metas asociadas;

10.

Resalta que la Unión debe aprovechar por entero la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) a fin de garantizar que los mecanismos de financiación y las líneas presupuestarias reflejan todos los compromisos de la Agenda 2030 acordados por la Unión; pide a la Unión y sus Estados miembros que se vuelvan a comprometer a la mayor brevedad con el objetivo de dedicar el 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo, y que presenten un calendario que muestre el incremento gradual de dicha ayuda en aras de alcanzar el 0,7 %;

11.

Solicita el establecimiento de un diálogo periódico entre el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y la Comisión sobre los progresos realizados, informando periódicamente al Parlamento, en consonancia con los principios de transparencia y rendición mutua de cuentas; insiste en la necesidad de una mejora del diálogo entre la Comisión y el Parlamento sobre la aplicación de la Agenda 2030, en particular en lo que se refiere a la política de desarrollo y la coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

12.

Invita a la Comisión y al SEAE, en estrecha consulta con otros socios, a que presenten propuestas concretas sobre la forma de integrar mejor la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en la aplicación de la Agenda 2030, y pide que este nuevo planteamiento se incorpore en todas las instituciones de la Unión al objeto de garantizar una cooperación eficiente y superar el enfoque compartimentado;

13.

Destaca la relevancia de la incorporación del concepto de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; invita a la Comisión y al SEAE a que presenten, en estrecha consulta con otros socios, propuestas concretas sobre la forma de integrar mejor la CPD en el planteamiento de la Unión para aplicar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y pide que este nuevo planteamiento se incorpore en las instituciones de la Unión;

14.

Insta a la Comisión a que desarrolle una vigilancia, un examen y unos mecanismos de rendición de cuentas eficaces para la aplicación de la Agenda 2030, y a que informe periódicamente de los resultados al Parlamento; recuerda, a este respecto, la necesidad de incrementar el control democrático por parte del Parlamento, posiblemente sobre la base de un acuerdo interinstitucional vinculante, de conformidad con el artículo 295 del TFUE;

15.

Invita a la Comisión y a las agencias, fondos y programas especializados de las Naciones Unidas a entablar un diálogo de alto nivel sobre la aplicación de los ODS, con el fin de coordinar las políticas, los programas y las operaciones de la Unión, las Naciones Unidas y otros donantes; destaca la relevancia de la disponibilidad de datos desglosados y accesibles a la hora de vigilar los avances y evaluar los resultados;

16.

Pide a las agencias y los órganos de las Naciones Unidas que refuercen la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en el seno de las estructuras de trabajo de las Naciones Unidas con el objeto de integrar efectivamente todas las dimensiones del desarrollo sostenible;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión Europea / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.

28.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/49

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (1) (Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor), y, en particular, su artículo 26, apartados 5 y 7,

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Vistos los informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y los tipos de carne distintos de la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral (COM(2015)0205) y sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los alimentos no transformados, los productos que constan de un solo ingrediente y los ingredientes que representan más del 50 % de un alimento (COM(2015)0204),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la carne utilizada como ingrediente (COM(2013)0755), y el documento de trabajo conexo de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, sobre el etiquetado del origen de la carne utilizada como ingrediente: actitudes de los consumidores, viabilidad de los posibles escenarios y repercusiones (SWD(2013)0437),

—

Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre el etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados (2), y la respuesta formal de la Comisión, adoptada el 6 de mayo de 2015,

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral (3),

—

Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014 (4), sobre el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, antes mencionado,

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto (5),

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos (O–000031/2016 — B8–0363/2016),

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que, de conformidad con el artículo 26, apartado 5, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, la Comisión debe presentar informes al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 13 de diciembre de 2014 sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los tipos de carne distintos de las carnes de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral, la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos, los alimentos no transformados, los productos que consten de un solo ingrediente y los ingredientes que representen más del 50 % de un alimento;

B.

Considerando que el artículo 26, apartado 8, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece que, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, la Comisión adoptará actos de ejecución para la aplicación del apartado 3 de dicho artículo;

C.

Considerando que las normas sobre el etiquetado de origen ya están en vigor y funcionan eficazmente para muchos otros alimentos, como por ejemplo la carne no transformada, los huevos, las frutas y hortalizas, el pescado, la miel, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el vino y las bebidas espirituosas;

D.

Considerando que el artículo 26, apartado 7, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, dispone que los informes deben tener en cuenta, entre otros elementos, la necesidad de que el consumidor esté informado, la viabilidad de incluir la indicación obligatoria del país de origen o el lugar de procedencia y un análisis de los costes y los beneficios de la introducción de estas medidas; que en dicho artículo se establece, asimismo, que los informes pueden ir acompañados de propuestas de modificación de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE;

E.

Considerando que el artículo 26, apartado 2, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor subraya que la indicación del país de origen o el lugar de procedencia será obligatoria en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene otro país de origen o lugar de procedencia;

F.

Considerando que el 20 de mayo de 2015 la Comisión publicó su informe sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y los tipos de carne distintos de la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral («informe sobre la leche y otros tipos de carne») y su informe sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los alimentos no transformados, los productos que constan de un solo ingrediente y los ingredientes que representan más del 50 % de un alimento;

G.

Considerando que, de acuerdo con el informe de la Comisión COM(2013)0755, cuanto más complejas sean las fases de despiece y de transformación dentro del sector cárnico y más avanzado sea el nivel de transformación, más compleja es la trazabilidad a efectos del etiquetado del origen;

H.

Considerando que la cadena de suministros alimentaria es, a menudo, larga y compleja, con multitud de explotadores de empresas alimentarias y otras partes interesadas; que los consumidores son cada vez menos conscientes de cómo se producen sus alimentos y que los explotadores de empresas alimentarias no siempre tienen una visión general de la cadena de producción;

I.

Considerando que la disposición de los consumidores a pagar por la información sobre el origen no parece muy favorable, aunque las encuestas a los consumidores (6) sobre su disposición a pagar indican que están muy dispuestos a pagar más por la información sobre el origen;

J.

Considerando que, en su Resolución de 11 de febrero de 2015, el Parlamento exhortó a la Comisión a que plasmara su informe de 17 de diciembre de 2013 en propuestas legislativas dirigidas a conferir un carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos transformados, a fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena alimentaria e informar mejor a los consumidores europeos, teniendo en cuenta sus evaluaciones de impacto y evitando que los costes y las cargas administrativas alcancen niveles excesivos; que la Comisión no ha formulado todavía ninguna propuesta legislativa de seguimiento;

K.

Considerando que solo existen especificaciones rigurosas para los sistemas de calidad voluntarios, como los relativos a la denominación de origen protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP) o las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), mientras que los criterios utilizados en los sistemas de etiquetado voluntario de los productos alimenticios cubiertos por el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 pueden variar en gran medida entre sí;

1.

Señala que el considerando 32 del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece que la leche es uno de los productos para los que la indicación de origen es considerada de especial interés;

2.

Subraya que, según la encuesta del Eurobarómetro de 2013, el 84 % de los ciudadanos de la UE considera necesario indicar el origen de la leche, se venda como tal o se utilice como ingrediente en productos lácteos; observa que es uno de los diversos factores que pueden influir en el comportamiento de los consumidores;

3.

Destaca que la indicación obligatoria del origen de la leche, vendida como tal o utilizada como ingrediente en productos lácteos, es una medida útil para proteger la calidad de los productos lácteos y salvaguardar el empleo en un sector que sufre una crisis grave;

4.

Observa que, según la encuesta que acompaña al informe de la Comisión sobre la leche y otros tipos de carne, los costes del etiquetado de origen obligatorio de la leche y la leche utilizada como ingrediente aumentan conforme se incrementa la complejidad del proceso de producción; señala que en la misma encuesta se sugiere que las empresas en determinados Estados miembros habrían sobrestimado el impacto del etiquetado de origen obligatorio en su posición competitiva, puesto que no se pudo hallar una explicación clara a las elevadas estimaciones de los costes realizadas por estas empresas, si bien se afirma que puede indicar una firme oposición per se al etiquetado de origen;

5.

Pide que se forme un grupo de trabajo de la Comisión para seguir evaluando el informe de esta, publicado el 20 de mayo de 2015, a fin de determinar qué costes pueden reducirse hasta un nivel aceptable si otras nuevas propuestas de etiquetado obligatorio del país de origen se aplican únicamente a los productos lácteos y a los productos lácteos ligeramente transformados;

6.

Valora positivamente el análisis incluido en la encuesta de los costes y beneficios de la introducción del etiquetado de origen obligatorio de la leche y la leche utilizada como ingrediente, pero considera que la Comisión no tiene suficientemente en cuenta en sus conclusiones los aspectos positivos del etiquetado del país de origen de tales productos, por ejemplo, la mejora de la información ofrecida a los consumidores; indica que los consumidores pueden sentirse inducidos a error si la información sobre el etiquetado obligatorio de origen no está disponible y se utilizan otras etiquetas alimentarias, como las banderas nacionales;

7.

Destaca la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la cadena de transformación;

8.

Opina que la Comisión debe tener en cuenta y analizar el impacto económico del etiquetado de origen obligatorio sobre las pymes de los sectores agrícolas y alimentarios afectados;

9.

Estima que la conclusión de la Comisión en relación con la leche y la leche utilizada como ingrediente posiblemente sobrevalora los costes del etiquetado del país de origen para las empresas, ya que examina todos los productos lácteos de manera conjunta;

10.

Toma nota de que la Comisión concluye que los costes del etiquetado del país de origen para la leche serían razonables;

11.

Subraya que, según la encuesta de Eurobarómetro de 2013, el 88 % de los ciudadanos de la UE considera necesario indicar el origen de los tipos de carne distintos de las carnes de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral;

12.

Indica que el escándalo de la carne de caballo puso de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de suministro de la carne de caballo;

13.

Indica que el informe de la Comisión concluyó que los costes de funcionamiento del etiquetado del país de origen obligatorio para las carnes incluidas en su ámbito de análisis serían relativamente poco importantes;

14.

Destaca que el informe de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la carne utilizada como ingrediente reconoce que más del 90 % de los consumidores encuestados considera importante que se etiquete el origen de la carne en los alimentos transformados;

15.

Opina que tanto los consumidores como numerosos profesionales están a favor del etiquetado obligatorio de la carne en los productos transformados y que esta medida permitiría conservar la confianza de los consumidores en los productos alimentarios al dotar de mayor transparencia a la cadena alimentaria;

16.

Subraya el interés de los consumidores europeos por un etiquetado obligatorio de origen para todos los productos alimentarios;

17.

Señala que el etiquetado por sí mismo no constituye una garantía frente al fraude, y destaca la necesidad de un sistema de control rentable para garantizar la confianza del consumidor;

18.

Recuerda que los sistemas de etiquetado voluntarios, implantados de manera adecuada en diversos Estados miembros, han resultado satisfactorios tanto para la información al consumidor como para los productores;

19.

Considera que la falta de adopción de los actos de ejecución contemplados en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 no permite una correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo;

20.

Observa que ya existen denominaciones de origen protegidas para muchos productos cárnicos y lácteos transformados (por ejemplo, el jamón y el queso), según las cuales el origen de la carne utilizada se establece en los criterios de producción y se aplica una mayor trazabilidad; pide a la Comisión, por tanto, que promueva el desarrollo de los productos con «denominación de origen protegida» (DOP), «indicación geográfica protegida» (IGP) o «especialidad tradicional garantizada» (ETG) con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1151/2012 (7), garantizando así a los consumidores el acceso a productos de alta calidad de una procedencia segura;

21.

Pide a la Comisión que garantice que ningún reglamento actual de etiquetado del país de origen en la Unión resulte debilitado en ninguna de las negociaciones comerciales en curso, como la ATCI, y que no se obstaculice el derecho a proponer en el futuro otras normativas de etiquetado del país de origen para otros alimentos;

22.

Pide a la Comisión que dé aplicación a la indicación obligatoria del país de origen o el lugar de procedencia de todos los tipos de leche de consumo, productos lácteos y productos a base de carne, y que estudie la posibilidad de ampliar dicha indicación obligatoria a otros productos alimenticios que consten de un solo ingrediente o tengan un ingrediente predominante, elaborando propuestas legislativas en estos ámbitos;

23.

Insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas dirigidas a conferir un carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos transformados, a fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena alimentaria e informar mejor a los consumidores europeos, tras el escándalo de la carne de caballo y otros casos de fraude alimentario; señala, asimismo, que los requisitos obligatorios de etiquetado deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad, así como la carga administrativa para los operadores de las empresas alimentarias y las autoridades responsables de su aplicación;

24.

Considera que la indicación de origen obligatoria de los alimentos tiene el objetivo de restablecer la confianza de los consumidores en los productos alimentarios; pide a la Comisión que elabore una propuesta en este sentido, teniendo en cuenta la transparencia de la información y su legibilidad para los consumidores, la viabilidad económica de las empresas europeas y el poder de adquisición de los consumidores;