1.

Francisco de Vitoria acostumbraba a decir en su cátedra de Salamanca que el precio justo de venta es el resultado de una estimación común de las personas. ( 2 ) No descarto que este pensamiento de la filosofía económica haya podido inspirar a la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) cuando decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia para determinar, en última instancia, la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (IVA), en presencia de una norma que da lugar a que se triplique el precio de una prestación.

2.

Más concretamente, la presente remisión prejudicial plantea dos cuestiones relativas a la interpretación de la Directiva 2006/112/CE, ( 3 ) que se inscriben en un marco jurisprudencial ya bien consolidado.

3.

Por una parte, me incumbe verificar la existencia de una «prestación de servicios realizada a título oneroso», es decir, en esencia, un intercambio recíproco de prestaciones, cuando un usuario, tras haber comunicado al público obras musicales protegidas sin haber adquirido previamente una licencia, está obligado ex lege a pagar un canon por dicha comunicación. La respuesta determinará si, a falta de licencia, se aplican mutatis mutandis las consideraciones expuestas en la sentencia de 21 de enero de 2021, UCMR — ADA (C‑501/19, en lo sucesivo, sentencia UCMR, EU:C:2021:50), de las que se desprende que la concesión de licencias que autorizan tales comunicaciones a cambio del pago de un canon constituye efectivamente una operación sujeta al IVA.

4.

Por otra parte, el presente asunto nos brinda la oportunidad de precisar los contornos del concepto de «contraprestación», en un caso en el que una parte de la remuneración presenta características punitivas o indemnizatorias. En efecto, el usuario que no haya adquirido una licencia está obligado a pagar el triple del importe de base del canon. Suponiendo que se esté efectivamente en presencia de una «prestación de servicios realizada a título oneroso», habrá de determinarse si el IVA se debe pagar por el importe incrementado o solo por el importe de base de dicho canon. A este respecto, propondré examinar los criterios que permiten determinar si el vínculo entre el recargo y el servicio prestado es lo suficientemente directo como para concluir que existe una relación sinalagmática.

5.

En virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, estarán sujetas al IVA «las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal».

6.

Según el artículo 24, apartado 1, de dicha Directiva, «serán consideradas “prestaciones de servicios” todas las operaciones que no constituyen una entrega de bienes».

7.

El artículo 25 de dicha Directiva establece lo siguiente:

«Una prestación de servicios puede consistir, entre otras, en una de las operaciones siguientes:

8.

El artículo 73 de la misma Directiva establece que «en el caso de […] las prestaciones de servicios no comprendidas entre las enunciadas en los artículos 74 a 77, la base imponible estará constituida por la totalidad de la contraprestación que quien […] preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, […] del destinatario de la prestación […]».

9.

La Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Ley n.o 227/2015, sobre el Código Tributario), de 8 de septiembre de 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 688, de 10 de septiembre de 2015), en su versión aplicable al procedimiento principal, contiene en sus artículos 268 y 271 disposiciones destinadas a adaptar el Derecho nacional al artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, así como a los artículos 24 y 25 de dicha Directiva.

10.

En virtud del artículo 286, apartado 4, letra b), de dicha Ley, «no forman parte de la base imponible […] las sanciones y cualquier otro importe solicitado por el incumplimiento […] de las obligaciones contractuales, cuando se perciban por encima de los precios y/o las tarifas negociados».

11.

La Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Ley n.o 8/1996, sobre Derechos de Autor y Derechos Afines; en lo sucesivo, «Ley n.o 8/1996»), de 14 de marzo de 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 60, de 26 de marzo de 1996), en su versión aplicable al procedimiento principal, establece, en sus artículos 98 y 121, determinados derechos y obligaciones de los titulares de derechos de autor o derechos afines. De ello se desprende, en particular, que dichos titulares tienen el derecho exclusivo de prohibir la radiodifusión o la comunicación al público de su obra, salvo que esta ya haya sido fijada o radiodifundida.

12.

Estas disposiciones prevén, además, un canon por la utilización de las obras protegidas, que es recaudado por una entidad de gestión colectiva de derechos de autor, así como el régimen que permite establecer la metodología aplicable para determinar el importe de dicha remuneración.

13.

En el presente asunto, la Decisión n.o 120/2016 del Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Oficina Rumana de Derechos de Autor), publicada en el Monitorul Oficial al României, establece la metodología aplicable. De ella se desprende que el importe de la remuneración tiene en cuenta criterios tales como la superficie del local en el que se realiza la comunicación al público, el número de habitaciones del establecimiento hotelero, su ubicación y el tipo de local.

14.

Este importe debe abonarse a la entidad de gestión colectiva de derechos de autor correspondiente, sobre la base de una licencia no exclusiva para la utilización de las obras protegidas. De conformidad con el punto 3.12 de esta metodología, si dicha utilización no está cubierta por una licencia, el importe adeudado se triplica.

15.

El litigio principal enfrenta al Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Centro Rumano para la Gestión de los Derechos de los Artistas Intérpretes; en lo sucesivo, «Credidam»), que es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor, con Cristian General Serv SRL, una sociedad establecida en Rumanía, en relación con el canon que esta última debería abonar por la difusión de obras musicales protegidas.

16.

Dicha sociedad difundía tales obras en un establecimiento de hotelero, sin que Credidam le hubiera concedido previamente la licencia necesaria. En virtud de la normativa rumana, en este supuesto, el importe del canon debe triplicarse.

17.

El órgano jurisdiccional remitente, ante el que se ha interpuesto el recurso de apelación, señala que Credidam solicitó que se incluyera el IVA en las cantidades reclamadas, mientras que, según la parte demandada en el procedimiento principal, dicho impuesto no es exigible. ( 4 )

18.

Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 5 ) el órgano jurisdiccional remitente considera necesario verificar si los titulares de los derechos de autor realizan una operación que debe calificarse de «prestación de servicios realizada a título oneroso» sujeta al IVA, cuando una persona realiza una comunicación al público de obras protegidas sin haber adquirido de Credidam la licencia necesaria. En tal caso, para calcular el IVA devengado, habría que determinar si la contrapartida de esta prestación comprende únicamente el importe de base del canon o si el IVA debe calcularse sobre la base del importe triplicado que se adeuda por no existir licencia.

19.

En estas circunstancias, la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, las cuestiones prejudiciales siguientes:

20.

La presente petición de decisión prejudicial fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de noviembre de 2024. En aplicación del artículo 50 ter del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicha petición se ha transferido al Tribunal General, que ha decidido pronunciarse sin celebrar vista oral.

21.

Credidam, el Gobierno rumano y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.

22.

La particularidad del presente asunto radica en el hecho de que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren a aspectos que son una prolongación directa de los tratados en la sentencia UCMR. ( 6 )

23.

El asunto que dio lugar a dicha sentencia —dictada a raíz de una petición de decisión prejudicial de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía)— se refiere, en principio, a la misma normativa nacional controvertida en el procedimiento principal, a saber, la Ley n.o 8/1996. Además, las cuestiones planteadas exigían la interpretación de las mismas disposiciones de la Directiva 2006/112, en particular su artículo 2, apartado 1, letra c), del que se desprende, en esencia, que las «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» deben estar sujetas al IVA.

24.

Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto deben examinarse a la luz de dicha sentencia.

25.

A este respecto, el texto de la petición de decisión prejudicial me permite precisar su alcance exacto. Por una parte, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en el caso de autos, los titulares de los derechos de autor, representados por la entidad de gestión colectiva, han efectuado una «prestación de servicios» y, en su caso, si debe considerarse que esta se ha realizado «a título oneroso», teniendo en cuenta, en particular, el régimen previsto por la normativa rumana para determinar el canon debido por los usuarios. Por otra parte, en caso de respuesta afirmativa, dicho órgano jurisdiccional solicita que se examine específicamente el carácter «oneroso» de dicha prestación, con el fin de determinar si el IVA debe calcularse según el importe de base de la remuneración o el triple del mismo.

26.

Por lo tanto, propongo al Tribunal General que reformule las cuestiones planteadas de la siguiente manera: la primera de ellas tiene por objeto determinar si los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letras b) y c), de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que la obligación legal de tolerar, como contraprestación por el pago de un canon, la comunicación al público de obras protegidas por parte de un usuario que no haya obtenido previamente la licencia necesaria a tal efecto debe calificarse de «prestación de servicios realizada a título oneroso» y la segunda pretende que se dilucide si el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 73 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la remuneración que se debe abonar por la comunicación al público de obras protegidas y que se compone de un canon de base y de un recargo que se aplica en caso de no haberse adquirido la licencia antes de dicha comunicación puede calificarse de «contraprestación».

27.

A efectos de las presentes conclusiones analizaré, en primer lugar, la existencia de una prestación de servicios, así como su carácter oneroso (B), y, en segundo lugar, la problemática específica del importe de dicho canon (C).

28.

De la sentencia UCMR se desprende que la autorización, mediante la concesión de una licencia a título oneroso, de la comunicación al público de obras protegidas constituye una «prestación de servicios realizada a título oneroso» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112. ( 7 )

29.

Sin embargo, los fundamentos de esta sentencia no comprenden un examen autónomo de la cuestión de si, a la luz de la definición y de los ejemplos no exhaustivos que figuran en los artículos 24 y 25 de la Directiva 2006/122, esta actividad debe calificarse de «prestación de servicios». En efecto, el Tribunal de Justicia se centró en la interpretación de los términos «a título oneroso» al examinar las obligaciones pecuniarias de los usuarios que comunicaban al público obras protegidas.

30.

En particular, la sentencia UCMR recuerda que una prestación de servicios se realiza a título oneroso cuando, en el marco de una relación jurídica, el prestador recibe una retribución que es el contravalor efectivo del servicio prestado, lo cual sucede cuando existe un vínculo directo entre dicha retribución y ese servicio individualizable. La normativa rumana controvertida en el asunto que dio lugar a esa sentencia cumplía estos criterios, ya que establecía una relación sinalagmática entre los titulares de los derechos de autor, representados por una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor, y los usuarios de las obras protegidas. En efecto, las licencias concedidas por esta entidad en virtud de una obligación legal autorizaban la comunicación al público de estas obras a cambio del pago de un canon. ( 8 )

31.

El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las consideraciones expuestas en la sentencia UCMR pueden extrapolarse al presente asunto, en la medida en que la parte demandada en el litigio principal no solicitó una licencia antes de proceder a la comunicación al público de las obras protegidas.

32.

Propongo examinar esta cuestión en dos fases. En la primera abordaré la interpretación del concepto de «prestación de servicios» (1) y, en la segunda, la del criterio relativo al carácter oneroso de tales prestaciones (2).

33.

En lo que atañe a si, en el presente asunto, se ha realizado una «prestación de servicios», ha de señalarse, sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al órgano jurisdiccional remitente, que la Ley n.o 8/1996 establece, por una parte, que, a falta de licencia, la comunicación de las obras protegidas al público debe ser tolerada por los titulares de los derechos y, por otra parte, que, como contrapartida, el usuario está obligado a pagar un canon de una determinada cuantía. ( 9 ) A tenor de la petición de decisión prejudicial, la normativa rumana establece, pues, una correlación entre el derecho de comunicación de los usuarios y su obligación de pagar por el ejercicio de tal derecho.

34.

En mi opinión, esta obligación legal de tolerar un acto, prevista por el Derecho nacional, puede asimilarse fácilmente a la concesión obligatoria de licencias a la que se refiere la sentencia UCMR. Cuando menos, se corresponde con dos de las tres operaciones que el artículo 25 de la Directiva 2006/112 enumera, con carácter indicativo, como constitutivas de prestaciones de servicios. ( 10 ) Se trata de las operaciones contempladas en las letras b) y c) de dicho artículo, a saber, respectivamente, la obligación de tolerar actos y la realización de un servicio en los términos previstos por la ley.

35.

Con carácter más general, la calificación de un acto que permite el ejercicio del derecho a comunicar obras protegidas al público como «prestación de servicios» se ve corroborada por la naturaleza del IVA, que es un «impuesto general sobre el consumo» que «pretende gravar el coste financiero de la obtención de un bien de consumo (es decir, de un beneficio consumible, ya sea un bien físico, como en el caso de una entrega de bienes, o un beneficio inmaterial, como en el caso de una prestación de servicios)». ( 11 )

36.

Considero, además, que la prestación de servicios que acabo de identificar se realiza a título oneroso. A este respecto, basta con señalar que la normativa rumana establece un vínculo directo entre la prestación de este servicio y el pago del canon. De este modo, dicha normativa instaura una relación jurídica en la que se intercambian prestaciones recíprocas. ( 12 ) La inexistencia de una relación contractual entre los titulares de los derechos de autor y los usuarios carece de pertinencia a este respecto. En efecto, según la jurisprudencia, la relación jurídica entre el prestador de un servicio y el beneficiario puede ser de naturaleza pública, establecida por la ley, tal y como se expresa, por otra parte, en el artículo 25, letra c), de la Directiva 2006/112. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de esta relación no afecta a la existencia de un vínculo directo entre la prestación de servicios realizada y la contraprestación recibida. ( 13 )

37.

Habida cuenta de la jurisprudencia, es, en esencia, por eso mismo por lo que no me parecen determinantes las dudas del órgano jurisdiccional remitente sobre la normativa que permite fijar, sobre la base de criterios establecidos de antemano, el importe del canon debido. ( 14 )

38.

Quisiera añadir que la jurisprudencia confirma que el carácter eventualmente ilícito de la comunicación al público realizada en el presente asunto tampoco es un elemento determinante para apreciar la existencia de una prestación de servicios realizada a título oneroso. En efecto, el principio de neutralidad fiscal se opone a una diferenciación generalizada entre transacciones lícitas e ilícitas, lo que implica que el criterio relativo a la existencia de una relación jurídica debe tener un sentido amplio que incluya las relaciones estatutarias. ( 15 )

39.

Habida cuenta de las consideraciones que preceden, los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letras b) y c), de la Directiva 2006/112 deben interpretarse, a mi juicio, en el sentido de que la obligación legal de tolerar, en contraprestación del pago de un canon, la comunicación al público de obras protegidas por un usuario que no haya obtenido previamente la licencia necesaria a tal efecto debe calificarse de «prestación de servicios realizada a título oneroso».

40.

Examinaré seguidamente la cuestión de si la «contraprestación» por el servicio de que se trata en el procedimiento principal incluye únicamente el importe de base del canon debido por los usuarios de obras protegidas o si procede considerar que el IVA debe determinarse en función del importe incrementado de dicho canon.

41.

Antes de abordar esta cuestión, he de recordar que, a la vista de las consideraciones expuestas en los puntos 36 a 38 de las presentes conclusiones, doy por sentado que el importe de base del canon debe calificarse de «contraprestación». Por lo tanto, queda por verificar si este concepto también puede aplicarse a la suma que excede dicho importe y que se adeudaría, por añadidura, cuando un usuario no hubiera adquirido una licencia antes de la comunicación al público de las obras protegidas. Por consiguiente, centraré mi examen en la calificación de este recargo a efectos del IVA.

42.

En mi opinión, el elemento determinante para esta calificación es el requisito, mencionado en el punto 30 de las presentes conclusiones, de un «vínculo directo» entre el servicio prestado y el contravalor recibido. Los contornos de este requisito son objeto de una jurisprudencia tan abundante como casuística. ( 16 ) No obstante, considero que es posible inferir de ella algunos criterios más generales que permitirán al Tribunal General o, más bien, al órgano jurisdiccional remitente ( 17 ) determinar si, en el caso de autos, el recargo está vinculado de manera suficientemente directa a la prestación del servicio en cuestión.

43.

Habida cuenta de estas consideraciones, analizaré la pertinencia de los criterios relativos, respectivamente, a la prestación efectiva de un servicio (1), al importe del canon percibido (2) y a la causa y los objetivos de los pagos (3).

44.

Considero que la jurisprudencia pertinente en la materia permite distinguir dos supuestos.

45.

Por un lado, el supuesto de los pagos que se efectúan con independencia de la prestación de un servicio, por lo que no existe una operación sujeta al impuesto. Por ejemplo, tal es el caso de una indemnización pagada para compensar una mora en el pago. ( 18 ) Lo mismo ocurre, a falta de beneficio consumible, con las ayudas agrícolas pagadas por la reducción de la producción, examinadas en las sentencias de 29 de febrero de 1996, Mohr (C‑215/94, EU:C:1996:72), apartados 21 y 22, y de 18 de diciembre de 1997, Landboden-Agrardienste (C‑384/95, EU:C:1997:627), apartados 23 y 24. Me inclino por considerar que la recaudación de una tasa turística por un municipio también podría quedar comprendida en esta categoría, siempre que dicha tasa no financie un servicio individualizable, sino que contribuya de manera general al funcionamiento del municipio. ( 19 )

46.

Por otra parte, cuando, como en el presente asunto, se ha proporcionado efectivamente un beneficio consumible ( 20 ) a una persona, ( 21 ) por regla general resulta bastante claro que los pagos efectuados, prima facie, a cambio de dicho beneficio deben calificarse de «contraprestación». Sin embargo, existen numerosas situaciones en las que esta determinación no es nada evidente. Las incertidumbres que rodean la identificación de un «vínculo directo» entre el servicio prestado y los pagos percibidos por el prestador suelen ser el resultado del marco jurídico nacional que configura la relación entre las partes y que no siempre permite establecer de manera inequívoca la causa y el objetivo de dichos pagos. ( 22 )

47.

Es en estas zonas grises donde se sitúa la jurisprudencia relativa al concepto de «contraprestación» desarrollada hasta la fecha por el Tribunal de Justicia, ( 23 ) en particular en las sentencias de 18 de julio de 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (C‑277/05, EU:C:2007:440), y de 20 de enero de 2022, Apcoa Parking Danmark (C‑90/20, EU:C:2022:37), que me parecen especialmente pertinentes para el análisis del presente asunto. En la primera sentencia, las arras pagadas por el cliente de un hotel que renunció a su estancia se calificaron de«indemnización a tanto alzado no sujeta al impuesto». En la segunda, se consideró que las «tarifas de control» adeudadas en caso de estacionamiento irregular en un aparcamiento constituían la contraprestación de una prestación de servicios.

48.

En mi opinión, esta jurisprudencia apunta a que el hecho de que un pago —que, como en el presente asunto, parece tener, en parte, carácter indemnizatorio— se inscriba en el contexto de la prestación de un servicio es un indicio sólido para calificarlo de «contraprestación». Ello es tanto más cierto cuanto que, como he recordado en el punto 38 de las presentes conclusiones, el criterio relativo a la existencia de una relación jurídica, que implica el intercambio de prestaciones recíprocas, debe entenderse en un sentido amplio.

49.

Así pues, en el presente asunto procede determinar si no puede calificarse de «contraprestación», a pesar de la prestación de un servicio, una parte de la remuneración percibida, a saber, el recargo. Tal sería el caso si este tuviera que calificarse de «indemnización sin vínculo directo con dicho servicio».

50.

En lo que respecta al importe del pago de que se trata en el litigio principal, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente concede cierta importancia al hecho de que el recargo supere con creces el canon de base. Por lo tanto, parece albergar dudas sobre la pertinencia, en la determinación de la existencia de una contraprestación, del importe del precio que hubiere de pagarse.

51.

Para responder a estas dudas, me parece útil recordar que el concepto de «contraprestación», utilizado en el artículo 73 de la Directiva 2006/112 para determinar la base imponible, también es determinante para saber si una prestación de servicios se ha realizado «a título oneroso», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva. En efecto, a falta de contraprestación, no existe base imponible y el sistema del IVA no se aplica. ( 24 )

52.

Esta «contraprestación» constituye el valor subjetivo, es decir, el realmente percibido, y no un valor estimado según criterios objetivos. En estas circunstancias, como señaló, en esencia, el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, ( 25 ) su importe carece de relevancia. El hecho de que sea igual, superior o inferior a los costes en que haya incurrido el prestador no afecta al vínculo directo entre la prestación de servicios y la contraprestación recibida. ( 26 )

53.

No obstante, puede ser necesario, en cierta medida, tener en cuenta el importe percibido por el prestador de un servicio. Así es, en particular, cuando la remuneración es tan baja que solo cubre una parte mínima de los gastos en que se haya incurrido. Sin embargo, la jurisprudencia que ha venido desarrollándose, en particular las sentencias de 30 de marzo de 2023, Gmina O. (C‑612/21, EU:C:2023:279), y, del mismo día, Gmina L. (C‑616/21, EU:C:2023:280), pone de manifiesto, en mi opinión, que esta apreciación del carácter suficiente de una remuneración no forma parte del examen de la existencia de contraprestación, como podría pensarse al leer la primera proposición de la segunda frase del apartado 49 de la sentencia de 2 de junio de 2016,Lajvér (C‑263/15, EU:C:2016:392). ( 27 ) Considero, en efecto, que el importe de los pagos percibidos por el prestador de servicios no es, en realidad, sino un elemento pertinente para apreciar la existencia de una actividad económica. ( 28 )

54.

Estas consideraciones me parecen indicio de que, en el presente asunto, no procede distinguir entre el recargo y el importe de base del canon en cuestión, ya que la suma de ambos es lo que se adeuda efectivamente a la entidad de gestión colectiva de derechos de autor. En cualquier caso, el elevado importe del recargo no es un elemento pertinente para responder a la cuestión de si este forma parte de la contraprestación percibida.

55.

La segunda frase del apartado 49 de la sentencia de 2 de junio de 2016, Lajvér (C‑263/15, EU:C:2016:392), también es interesante a otro efecto, ya que su segunda proposición ( 29 ) sugiere que puede haber «factores» que, si se tienen en cuenta para determinar el importe de la remuneración de un servicio, podrían poner en tela de juicio el vínculo directo entre ambos. Me inclino por considerar que esta formulación podría entenderse como una referencia a los objetivos de los pagos adeudados por el destinatario del servicio, tal y como pueden deducirse del marco jurídico nacional en el que se inscriben.

56.

A este respecto, quiero recordar de entrada que carece de relevancia que el Derecho nacional califique los importes que deben pagarse al prestador de un servicio como remuneración, indemnización o sanción. La apreciación de si un pago se realiza a cambio de la prestación de servicios es una cuestión de Derecho de la Unión. ( 30 )

57.

En cambio, la causa jurídica o, más bien, el fundamento legal de los pagos sí constituye un elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la existencia de una contraprestación. ( 31 ) Lo mismo sucede respecto al objetivo perseguido, aunque este no es, en mi opinión, sino un indicio complementario, que no puede ser determinante de por sí. A efectos de la apreciación de estos dos elementos, es preciso, por lo demás, tener en cuenta la realidad económica de las operaciones. ( 32 )

58.

El objetivo de los pagos ocupaba un lugar importante en el razonamiento del Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia Tolsma, ( 33 ) de la que se desprende que los donativos que los viandantes dan voluntariamente a un músico que toca en la calle no constituyen la contraprestación de un servicio. Sin embargo, este objetivo, por sí solo, no fue determinante, como confirma el apartado 17 de dicha sentencia, que subraya la inexistencia de una relación jurídica entre el músico y su público. ( 34 )

59.

A mi juicio, esta conclusión también es válida por lo que respecta al asunto que dio lugar a la sentencia Société thermale d’Eugénie-les-Bains. ( 35 ) De hecho, de esta sentencia se desprende que, según la legislación nacional aplicable al asunto principal, las arras no formaban parte integrante del contrato de alojamiento celebrado entre el cliente y el hotelero. Este último estaba obligado a reservar la estancia con independencia del pago de dichas arras, lo que confirmó que estas no constituían la contraprestación de un servicio, sino una indemnización a tanto alzado. ( 36 )

60.

Otro ejemplo del mismo tipo es el asunto que dio lugar a la sentencia MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, ( 37 ) en la que los debates versaban sobre una cláusula de un contrato de duración determinada que estipulaba, en caso de resolución anticipada, la exigibilidad inmediata de las mensualidades restantes. Su objetivo, que era disuadir al cliente de incumplir el período mínimo de permanencia, no tenía naturaleza tal que afectara a la causa jurídica de los pagos por este concepto. En efecto, estos pagos constituían una remuneración contractual mínima, que debía calificarse de «contraprestación». ( 38 )

61.

Por último, en el asunto que dio lugar a la sentencia Apcoa Parking Danmark, ( 39 ) la imposición de «tarifas de control» al usuario de un aparcamiento no era concebible sin la puesta a disposición de una plaza de aparcamiento. El Tribunal de Justicia subrayó, además, que el buen funcionamiento del aparcamiento requería efectivamente un control del estacionamiento irregular y que el usuario que aparcara su vehículo incumpliendo las condiciones normales de uso se comprometía a pagar dichas tarifas. Estas tenían en cuenta el mayor coste de explotación que ocasiona este comportamiento. ( 40 )

62.

Me inclino por considerar que, en el caso de autos, no estamos ante una situación comparable a la del asunto que dio lugar a la sentencia Société thermale d’Eugénie-les-Bains, ( 41 ) sino a la del asunto que dio lugar a la sentencia Apcoa Parking Danmark. ( 42 ) En efecto, según entiendo la petición de decisión prejudicial, el recargo aplicado resulta simplemente de una variante del modo de cálculo de la remuneración que se adeuda por la comunicación al público de obras protegidas, sobre la base de las condiciones legales puestas en conocimiento de los usuarios. En su caso, habría que considerar que, cuando no se haya obtenido una licencia antes de la comunicación, el recargo forma parte integrante de dicha remuneración.

63.

Otro indicio en este sentido podría ser el hecho de que, desde el punto de vista de la realidad económica, el recargo parece tener en cuenta, por una parte, el mayor coste que debe soportar la entidad de gestión colectiva de derechos de autor debido al incumplimiento de la obligación legal de los usuarios de obtener las licencias necesarias y, por otra, la necesidad de velar por la observancia de dicha obligación. ( 43 )

64.

En definitiva, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar los elementos que podrían confirmar la existencia de un «vínculo directo» entre el servicio prestado y la «contraprestación» percibida, incluido el recargo controvertido en el litigio principal. Corresponde a aquel examinar el Derecho nacional y el contexto jurídico y económico en el que se inscribe la operación entre la entidad de gestión colectiva de derechos de autor y el usuario que ha procedido a la comunicación de las obras protegidas sin haber adquirido previamente la licencia necesaria. ( 44 )

65.

A la luz de las consideraciones anteriores, concluyo que el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 73 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la remuneración que se debe abonar por la comunicación al público de obras protegidas y que se compone de un canon de base y de un recargo que se aplica en caso de no haberse adquirido la licencia antes de esa comunicación puede calificarse de «contraprestación», extremo este que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, en particular a la luz de la causa jurídica y de los objetivos de dicha remuneración.

66.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo responder a la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) del modo siguiente: