—

Anule el Reglamento Delegado (UE) 2020/217 (1) de la Comisión (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado») en lo que se refiere al dióxido de titanio («TiO2»), es decir, el considerando 5 y los Anexos I y II del Reglamento impugnado, las modificaciones de la parte 1 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 (2) en el Anexo III del Reglamento impugnado y la entrada correspondiente al dióxido de titanio en la Parte 3 del Anexo VI del Reglamento n.o 1272/2008 introducida por el Anexo III del Reglamento impugnado.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el Reglamento impugnado se adoptó infringiendo varias disposiciones imperativas del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 que regulan la clasificación de sustancias en la clase de peligro para la salud humana «carcinogenicidad», incluido, en particular, el artículo 36 y la sección 3.6 del Anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008.

2.

Segundo motivo, basado en que el Reglamento impugnado vulnera el principio de seguridad jurídica. Los operadores económicos, incluidos los demandantes, no pueden conocer el alcance exacto de sus obligaciones y tomar las medidas legales adecuadas en consecuencia. Esta inseguridad afecta al alcance de la clasificación armonizada, al uso previsto de las notas, a la incidencia del Reglamento impugnado en el estatuto legal y reglamentario de los productos fabricados con, o que contienen, TiO2 y a la clasificación de peligro de los residuos de tales productos.

3.

Tercer motivo, basado en que el Reglamento impugnado se adoptó en violación del principio de proporcionalidad, ya que es innecesario (puesto que los efectos cancerígenos solo se observaron en estudios con animales realizados en condiciones de sobrecarga pulmonar tan extremas que nunca se podrían lograr en las peores condiciones de la vida real) y las desventajas causadas por la clasificación armonizada del TiO2 son desproporcionadas en relación con los objetivos que persigue.

4.

Cuarto motivo, basado en que, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión ejerció incorrectamente su margen de apreciación e incumplió su deber de diligencia. Para justificar el Reglamento impugnado, la Comisión simplemente se basó en el dictamen del CER sobre el TiO2 sin realizar una evaluación suficiente del valor probatorio de dicho dictamen, lo que constituye un incumplimiento de sus obligaciones a ese respecto.

5.

Quinto motivo, basado en que, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión infringió el artículo 37, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, incumplió su deber de buena administración y vulneró el derecho de los demandantes a ser oídos. En particular, a los solicitantes no se les ha dado una oportunidad adecuada para presentar observaciones materiales sobre el propio dictamen del CER, que se apartó significativamente de la propuesta de clasificación original tanto con respecto a la justificación científica utilizada como a la conclusión final sobre la clasificación del TiO2. Por el contrario, si los solicitantes hubieran tenido una oportunidad suficiente y formal para presentar observaciones sobre el dictamen del CER durante su adopción, dichas observaciones probablemente habrían llevado a otro resultado en el proceso de toma de decisiones.

6.

Sexto motivo, basado en que, al adoptar el Reglamento impugnado sin la previa realización y documentación de una evaluación de impacto, la Comisión incumplió sus compromisos en virtud del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (3) y violó el principio de buena administración.