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La Comisión está obligada a cumplir debidamente sus obligaciones con arreglo a los Tratados. La Comisión tuvo la oportunidad, la información y los recursos necesarios para valorar el régimen anterior como parte de su evaluación al dictar la Decisión, como exige el Derecho. Infringiendo el nivel que se espera de ella con arreglo a los Tratados, la Comisión incumplió esta obligación al no llevar a cabo una evaluación independiente del régimen anterior.

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La Comisión ha incurrido en error manifiesto de hecho al declarar que el régimen actual absorbió al régimen anterior. Es evidente que no hubo ninguna absorción y que, en cambio, en todo momento hubo dos regímenes completamente separados, cada uno de los cuales exigía su propia apreciación para determinar el cumplimiento con la normativa sobre ayudas estatales.

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La Comisión no aplicó correctamente las debidas Directrices de la Comisión, vinculantes, con lo que vulneró el Derecho de la Unión. Además, la Comisión declaró que, dado que, a su juicio, el régimen actual absorbió al régimen anterior, no era necesario evaluar el régimen anterior. Los demandantes alegan que la Comisión, al sostener esto, actuó vulnerando el Derecho de la Unión.

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La Comisión no ha ofrecido una motivación suficiente que permita a los demandantes entender sobre qué base la Comisión emitió la Decisión. De la Decisión no se deducen con claridad: i) los motivos en virtud de los cuales la Comisión ha declarado que el régimen actual absorbió al régimen anterior; e ii) sobre qué base la absorción de un régimen por otro excluye la necesidad de apreciar que el primer régimen cumple con la normativa sobre ayudas estatales. Tanto una como otra fueron declaraciones fundamentales para que la Comisión adoptara la Decisión. Consecuentemente, se ha privado a los demandantes de su derecho fundamental a obtener una resolución que les permita entender cómo y por qué la Comisión ha llegado a las conclusiones recogidas en la Decisión.

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La Comisión no tuvo en cuenta los intereses de los demandantes al no facilitar una evaluación independiente del régimen anterior, violando con ello el principio de proporcionalidad.