a)

determinar las necesidades actuales de vivienda en los distintos territorios y grupos de población, en particular los grupos de renta baja y media, y evaluar el impacto de la escasez de vivienda en las desigualdades, la asequibilidad, la demografía, la pobreza y la exclusión social, utilizando también los datos existentes desglosados por género;

b)

analizar las políticas de vivienda pertinentes vigentes a escala de la Unión, nacional, regional y local, centrándose en la disponibilidad de instrumentos específicos para la vivienda social, sostenible y asequible en ciudades, islas y zonas costeras y rurales, con vistas a determinar y formular recomendaciones, incluidas las políticas dedicadas a la accesibilidad de la vivienda para las personas con discapacidad y movilidad reducida;

c)

analizar el impacto de la especulación en materia de vivienda y sus consecuencias económicas, así como proponer medidas de seguimiento;

d)

evaluar si la tendencia de los precios y alquileres de la vivienda se tiene debidamente en cuenta en los indicadores del coste de la vida y en las políticas conexas;

e)

determinar y evaluar la eficacia de los recursos públicos y privados tanto de la Unión como nacionales, incluidos los fondos existentes de la Unión dedicados a la vivienda digna, sostenible y asequible y a la erradicación del sinhogarismo, y formular recomendaciones, cuando proceda;

f)

analizar los problemas sistémicos del alquiler de alojamientos de corta duración en relación con la disponibilidad de viviendas asequibles en zonas especialmente afectadas y formular las propuestas pertinentes;

g)

supervisar la aplicación de la legislación de la Unión sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que debe adoptarse a nivel nacional a más tardar el 20 de mayo de 2026;

h)

analizar los efectos de las políticas de la Unión que influyen en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, incluidos los cuellos de botella en la normativa vigente de la Unión con respecto a la capacidad de inversión, en materia de vivienda y vivienda social, las ayudas estatales y la escasez de la cadena de suministro;

i)

evaluar los posibles obstáculos que afectan al sector de la construcción y su impacto en la crisis de la vivienda;

j)

identificar las insuficiencias en cuanto a disponibilidad, sostenibilidad y necesidades de financiación de viviendas asequibles, así como la necesidad de posibles reformas;

k)

evaluar el impacto de las soluciones de vivienda sin ánimo de lucro y con beneficios limitados, como la vivienda social o cooperativa, en la asequibilidad y accesibilidad de la vivienda para diferentes grupos;

l)

evaluar las políticas y propuestas legislativas necesarias para mejorar la oferta y la disponibilidad de viviendas dignas, sostenibles y asequibles, en particular permitiendo nuevos programas de construcción, reconversión y renovación de viviendas, teniendo en cuenta el potencial de los edificios vacíos;

m)

definir qué tecnologías, procesos, servicios y productos innovadores pueden apoyar la oleada de renovación, teniendo en cuenta las iniciativas de la Unión existentes; determinar los casos en que las cargas administrativas y normativas obstaculizan la oleada de renovación, con el objetivo de reducir las cargas normativas innecesarias y garantizar al mismo tiempo la calidad del trabajo en el sector de la construcción y las normas de calidad de las viviendas asequibles;

n)

contribuir al desarrollo y a la futura aplicación del plan europeo de vivienda asequible y de la estrategia europea para la construcción de viviendas que presentará la Comisión;

o)

celebrar audiencias con expertos de las instituciones y autoridades competentes de la Unión, instituciones internacionales, nacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales y sectores pertinentes de la economía, teniendo en cuenta el punto de vista de una serie de partes interesadas;

p)

realizar visitas para examinar las mejores prácticas en toda Europa;