COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

2018/0095(NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

Las economías del Sudeste Asiático, con su crecimiento dinámico, sus más de 600 millones de consumidores y una clase media en rápido aumento, son mercados clave para los exportadores y los inversores de la Unión Europea. Con un comercio total de mercancías de 208 000 millones EUR y un comercio de servicios de 77 000 millones EUR (2016), la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en su conjunto es el tercer mayor socio comercial de la UE fuera de Europa, después de los Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, con un volumen total de 263 000 millones EUR de inversión extranjera directa en la ASEAN (2016), la UE es el primer inversor extranjero directo en la ASEAN, mientras que la ASEAN en su conjunto es, a su vez, el segundo mayor inversor extranjero directo asiático en la UE, con un volumen total de inversión extranjera directa de 116 000 millones EUR (2016).

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur;

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur;

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra;

–Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•Coherencia con otras políticas de la Unión

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

A la vista del Dictamen del Tribunal y de los debates de amplio alcance sobre la arquitectura con el Consejo y el Parlamento Europeo tras el Dictamen, el texto negociado inicialmente ha sido adaptado para crear dos Acuerdos independientes: un ALC y un API.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Tal y como ha confirmado el Dictamen 2/15, el ALC UE-Singapur presentado al Consejo no abarca ámbitos que no sean competencia exclusiva de la UE.

En lo que respecta al API, el Tribunal confirmó que, con arreglo al artículo 207 del TFUE, la UE tiene competencia exclusiva en lo que respecta a todas las disposiciones materiales sobre protección de las inversiones, en la medida en que se apliquen a las inversiones extranjeras directas. El Tribunal también confirmó la competencia exclusiva de la UE en lo que respecta al mecanismo de solución de diferencias entre Estados en relación con la protección de las inversiones. Por último, el Tribunal declaró que la UE tiene competencia compartida con respecto a las inversiones distintas de las directas y la solución de diferencias entre inversores y Estados (sustituida más tarde por el Sistema de Tribunales de Inversiones en el API) cuando los Estados miembros actúan como demandados 1 . Estos elementos no pueden separarse de modo coherente de las disposiciones sustantivas o de la solución de diferencias entre Estados y, por lo tanto, deben incluirse en los acuerdos a escala de la UE.

•Proporcionalidad

La presente propuesta está en consonancia con la visión de la Estrategia Europa 2020, y contribuye a los objetivos comerciales y de desarrollo de la UE.

•Elección del instrumento

La presente propuesta es conforme con el artículo 218 del TFUE, que contempla la adopción de decisiones sobre acuerdos internacionales por parte del Consejo. No existe ningún otro instrumento jurídico que pueda utilizarse para alcanzar el objetivo expresado en la presente propuesta.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

Cuando las negociaciones con Singapur se habían completado en su mayor parte, un equipo interno dirigido por el economista jefe de la Dirección General de Comercio llevó a cabo un estudio de los beneficios económicos que se esperaba obtener del Acuerdo. El análisis indicó que las exportaciones de la UE a Singapur podrían crecer 1 400 millones EUR en un período de diez años, mientras que las exportaciones de Singapur a la UE podrían crecer 3 500 millones EUR, cifra que incluye los envíos a la UE desde las numerosas filiales de la UE en Singapur.

Dada la gran diferencia de tamaño de ambas economías, así como la apertura relativa de la economía de Singapur, es inevitable que los beneficios del Acuerdo sean diferentes para los socios. El análisis indica que el PIB real de la UE podría aumentar unos 550 millones EUR en un período de diez años, mientras que la economía de Singapur podría aumentar en 2 700 millones EUR en el mismo período.

Estas estimaciones sobre el posible impacto económico se consideran prudentes, dada la dificultad de cuantificar con precisión los efectos de la eliminación de los obstáculos no arancelarios, que es un elemento fundamental del Acuerdo.

Dado el papel de Singapur como plataforma para el comercio de bienes y servicios entre Europa y el Sudeste Asiático, también es probable que los beneficios del Acuerdo sean aún mayores cuando la UE celebre, si lo hace, acuerdos con otros Estados miembros de la ASEAN.

Por otra parte, las estimaciones basadas en la modelización económica no pueden cuantificar el valor estratégico para la UE del ALC y del API UE-Singapur como Acuerdos cruciales en los planes más amplios de la UE en la región de la ASEAN, y en Asia en su conjunto. Tras el ALC UE-Corea, el ALC UE-Singapur será el segundo acuerdo comercial de gran calibre con un socio asiático clave, mientras que el API UE-Singapur será, a su vez, el primer acuerdo de protección de las inversiones de la UE con un socio asiático.

•Consultas con las partes interesadas

Antes del inicio de las negociaciones bilaterales con Singapur, un contratista externo realizó una evaluación del impacto del acuerdo sobre la sostenibilidad (EIACS) en relación con el ALC entre la UE y la ASEAN 2 para estudiar las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de una colaboración económica más estrecha entre ambas regiones.

En el marco de la preparación de la EIACS, el contratista consultó a expertos internos y externos, organizó consultas públicas en Bruselas y en Bangkok, y mantuvo reuniones bilaterales y entrevistas con la sociedad civil en la UE y la ASEAN. Las consultas en el marco de la EIACS ofrecieron a los principales interesados y a la sociedad civil una plataforma de participación en un diálogo sobre la política comercial en relación con el Sudeste Asiático.

Tanto el informe de la EIACS como las consultas celebradas en el marco de su elaboración facilitaron a la Comisión información que ha sido de gran valor en todas las negociaciones bilaterales de comercio e inversión entabladas desde entonces con Estados miembros concretos de la ASEAN.

Además, antes de abrir negociaciones bilaterales con Singapur, la Comisión llevó a cabo una consulta pública sobre el futuro Acuerdo, que incluía un cuestionario elaborado para recabar información de las partes interesadas, que más tarde ayudó a la Comisión a establecer prioridades y tomar decisiones durante el proceso de negociación. Se hizo público un resumen de los resultados de la consulta 3 .

Asimismo, antes de las negociaciones y durante las mismas, se consultó e informó con regularidad a los Estados miembros de la UE, oralmente y por escrito, sobre los distintos aspectos de la negociación a través del Comité de Política Comercial del Consejo. También se consultó e informó con regularidad al Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Comercio Internacional (INTA), en particular de su grupo de seguimiento del ALC UE-Singapur. Los textos que fueron surgiendo de las negociaciones fueron transmitidos a ambas instituciones durante el proceso.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

Un contratista externo («Ecorys») realizó una evaluación del impacto del acuerdo comercial sobre la sostenibilidad (EIACS) en relación con el ALC entre la UE y la ASEAN.

•Evaluación de impacto

La EIACS, realizada por un contratista externo y finalizada en 2009, llegó a la conclusión de que un ambicioso ALC UE-ASEAN tendría importantes repercusiones positivas (en términos de PIB, ingresos, comercio y empleo) para la UE y Singapur. La incidencia sobre los ingresos nacionales se estimó en 13 000 millones EUR para la UE y en 7 500 millones EUR para Singapur. Estas cifras podrían subestimar dicha incidencia, ya que se basaban en las pautas del comercio en 2007, que desde entonces ha crecido de forma considerable (+ 32 %).

•Adecuación regulatoria y simplificación

El ALC y el API UE-Singapur no están sujetos a procedimientos de adecuación y eficacia de la reglamentación. Sin embargo, contienen disposiciones que simplificarán los procedimientos en materia de comercio e inversión, reducirán los costes relacionados con la exportación y la inversión y, por tanto, permitirán a más pequeñas empresas operar en ambos mercados. Entre los beneficios esperados, cabe citar: normas técnicas, requisitos de cumplimiento, procedimientos aduaneros y normas de origen menos onerosos; la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial; o la reducción de los costes de los litigios en el Sistema de Tribunales de Inversiones para los demandantes que sean pymes.

•Derechos fundamentales

La propuesta no afecta a la protección de los derechos fundamentales de la Unión.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

El ALC UE-Singapur tendrá un impacto financiero sobre el presupuesto de la UE en el lado de los ingresos. Se calcula que, cuando el Acuerdo se aplique plenamente, se podrían dejar de cobrar 248,8 millones EUR de derechos. El cálculo se basa en la media de las importaciones previstas para 2025 en ausencia de un acuerdo, y representa la pérdida anual de ingresos resultante de la supresión de los aranceles de la UE sobre las importaciones procedentes de Singapur.

Se prevé que el API UE-Singapur tenga un impacto financiero sobre el presupuesto de la UE en el lado de los gastos. Será el segundo Acuerdo de la UE (tras el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá) que incorpore el Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) para solucionar diferencias entre inversores y Estados. Se prevé un importe de 200 000 EUR de gastos anuales adicionales a partir de 2018 (a reserva de la entrada en vigor del Acuerdo) para financiar la estructura permanente formada por un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación. Al mismo tiempo, el Acuerdo implica el uso de recursos administrativos con cargo a la línea presupuestaria XX 01 01 01 (Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que trabajan con la institución), ya que se estima que se dedicará un administrador, como equivalente a jornada completa, a las tareas inherentes a este Acuerdo. Esto se indica en la ficha financiera legislativa, y está sujeto a las condiciones que en ella se mencionan.

5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información

El ALC y el API UE-Singapur incluyen disposiciones institucionales que establecen una estructura de organismos de ejecución para controlar continuamente la aplicación, el funcionamiento y las repercusiones de los Acuerdos. Dado que los Acuerdos forman parte integrante de la relación bilateral global entre la UE y Singapur regulada por el ACC, dichas estructuras formarán parte de un marco institucional común en el ámbito del ACC.

El capítulo institucional del ALC crea un Comité de Comercio que tiene como tarea principal supervisar y facilitar la ejecución y aplicación del Acuerdo. El Comité de Comercio está formado por representantes de la UE y de Singapur, que se reunirán cada dos años o a petición de cualquiera de las Partes. El Comité de Comercio se encargará de supervisar el trabajo de todos los comités especializados creados en virtud del Acuerdo (Comité de Comercio de Mercancías; Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Comité Aduanero; y Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública).

Compete también al Comité de Comercio comunicarse con todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y la sociedad civil, en relación con el funcionamiento y la aplicación del Acuerdo. En el Acuerdo, ambas Partes reconocen la importancia de la transparencia y la apertura, y se comprometen a tener en cuenta la opinión pública para adoptar múltiples perspectivas al aplicar el Acuerdo.

El capítulo institucional del API crea un Comité que tiene como tarea principal supervisar y facilitar la ejecución y aplicación del Acuerdo. Entre otras tareas, el Comité puede, una vez cumplidos los respectivos procedimientos y requisitos jurídicos de cada Parte, decidir proceder al nombramiento de los miembros de los Tribunales del STI, fijar sus honorarios mensuales y adoptar interpretaciones vinculantes del Acuerdo.

Como se subraya en la Comunicación «Comercio para todos», la Comisión dedica cada vez más recursos a la aplicación efectiva y la garantía de cumplimiento de los acuerdos de comercio e inversión. En 2017, la Comisión publicó el primer informe anual sobre la aplicación de los ALC. El principal objetivo del informe es ofrecer una visión objetiva de la aplicación de los ALC de la UE, subrayando los progresos realizados y las deficiencias que deben abordarse. El objetivo es que el informe sirva de base para un debate abierto y un compromiso con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la sociedad civil en general sobre el funcionamiento de los ALC y su aplicación. Como ejercicio anual, la publicación del informe permitirá hacer un seguimiento periódico de la evolución y de cómo se han abordado las prioridades identificadas. El informe cubrirá el ALC UE-Singapur a partir de su entrada en vigor.

•Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)

No aplicable

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El ALC UE-Singapur establece las condiciones para que los agentes económicos de la UE aprovechen plenamente las oportunidades creadas en Singapur como plataforma de negocios y transporte del Sudeste Asiático.

Al negociar este Acuerdo, la Comisión perseguía dos objetivos principales: en primer lugar, ofrecer a los operadores de la UE las mejores condiciones posibles de acceso al mercado de Singapur; y, en segundo lugar, fijar un valioso punto de referencia para las demás negociaciones de la UE en la región.

Ambos objetivos se han alcanzado plenamente: el Acuerdo va más allá de los compromisos actuales de la OMC en numerosos ámbitos, como los servicios, la contratación pública, las barreras no arancelarias y la protección de la propiedad intelectual e industrial, incluidas las indicaciones geográficas (IG). En todos estos ámbitos, Singapur ha aceptado también nuevos compromisos que van mucho más allá de lo que hasta ahora había estado dispuesto a aceptar, incluso en su ALC con Estados Unidos.

El Acuerdo cumple los criterios del artículo XXIV del GATT (eliminar aranceles y otras reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a prácticamente todo el comercio entre las Partes) y del artículo V del AGCS, que prevé un criterio similar respecto a los servicios.

Conforme a los objetivos fijados en las directrices de negociación, la Comisión ha conseguido:

1)la completa liberalización de los mercados de inversión y servicios, incluidas normas horizontales sobre licencias y reconocimiento mutuo de diplomas, así como normas sectoriales destinadas a garantizar condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE;

2)nuevas posibilidades de licitación para los licitadores de la UE, especialmente en el mercado de servicios públicos, en el que muchos proveedores de la UE tienen posición de liderazgo;

3)la eliminación de obstáculos reglamentarios y técnicos al comercio de mercancías, como la duplicación de ensayos, en particular a través de la promoción del uso de normas técnicas y reglamentarias habituales en la UE en los sectores de los vehículos de motor, la electrónica, los productos farmacéuticos y los productos sanitarios, así como las tecnologías ecológicas;

4)sobre la base de normas internacionales, un régimen más propicio al comercio para la aprobación de las exportaciones de carne europea a Singapur;

5)el compromiso de Singapur de no aumentar sus aranceles (que actualmente en la mayoría de casos no se aplican de forma voluntaria) a las importaciones procedentes de la UE, así como un acceso más económico a los productos fabricados en Singapur para las empresas y los consumidores europeos;

6)un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular en cuanto a la aplicación de estos derechos, incluso en la frontera;

7)un nivel de protección ADPIC-plus para las indicaciones geográficas de la UE tras su registro en Singapur, una vez que Singapur haya creado un registro de indicaciones geográficas (a lo que se ha comprometido a raíz de la aprobación del ALC por el Parlamento Europeo);

8)un capítulo exhaustivo sobre comercio y desarrollo sostenible, que aspira a garantizar que el comercio apoye la protección del medio ambiente y el desarrollo social, y fomente la gestión sostenible de los bosques y la pesca; este capítulo también define cómo los interlocutores sociales y la sociedad civil participarán en su aplicación y seguimiento;

9)un mecanismo rápido de solución de diferencias, a través del grupo especial de arbitraje o con ayuda de un mediador; y

10)un capítulo nuevo y exhaustivo para promover nuevas oportunidades en el «sector del crecimiento ecológico», en consonancia con la Estrategia Europa 2020.

El API UE-Singapur garantizará un elevado nivel de protección de las inversiones, salvaguardando los derechos de la UE y Singapur a legislar y a perseguir objetivos públicos legítimos, como la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente.

El Acuerdo contiene todas las innovaciones del nuevo enfoque de la UE de protección de las inversiones y sus mecanismos de garantía de cumplimiento, que no están presentes en los doce tratados bilaterales de inversión vigentes entre los Estados miembros de la UE y Singapur. Una característica muy importante del API es que sustituye a los doce tratados bilaterales de inversión vigentes y, por tanto, los mejora.

En consonancia con los objetivos fijados por las directrices de negociación, la Comisión ha garantizado que los inversores de la UE y sus inversiones reciban en Singapur un trato justo y equitativo y no sean discriminados respecto a las inversiones de Singapur que están en situación similar. Al mismo tiempo, el API protege a los inversores de la UE y sus inversiones en Singapur de una expropiación, salvo que sea para fines públicos, con garantías procesales, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva con arreglo al valor justo de mercado de la inversión expropiada.

También en consonancia con las directrices de negociación, el API negociado por la Comisión permitirá a los inversores optar por un mecanismo moderno y reformado de solución de diferencias en materia de inversión. Este sistema garantiza que se respeten las normas de protección de las inversiones y pretende encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores de manera transparente y salvaguardar el derecho de los Estados a legislar para perseguir objetivos públicos. El Acuerdo crea un sistema de solución de diferencias internacional, permanente y plenamente independiente, que consta de Tribunales permanentes de Primera Instancia y de Apelación, que conocerán de los procedimientos de solución de diferencias de forma transparente e imparcial.

La Comisión es consciente de la necesidad de hallar un equilibrio entre seguir adelante con la política reformada de la UE en materia de inversión y la sensibilidad de los Estados miembros sobre el posible ejercicio de competencias compartidas en estas cuestiones. Por tanto, la Comisión no ha propuesto aplicar provisionalmente el Acuerdo de Protección de las Inversiones. No obstante, si los Estados miembros desean una propuesta de aplicación provisional del Acuerdo de Protección de las Inversiones, la Comisión está dispuesta a presentarla.

2018/0095 (NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, leído en relación con su artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)Con arreglo a la Decisión [XX] del Consejo, el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra («el Acuerdo») se firmó el [XX de XXX de 2018].

(2)Debe aprobarse el Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

(3)De conformidad con el artículo 4.11 (Ausencia de efectos directos) del Acuerdo, este no debe conceder ni imponer a las personas derechos u obligaciones distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se celebra el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra.

Artículo 2

El Presidente del Consejo designará a la persona habilitada para proceder, en nombre de la Unión Europea, a enviar la notificación prevista en el artículo 4.15, apartado 2, del Acuerdo a efectos de expresar el consentimiento de la Unión Europea en vincularse al Acuerdo 4 .

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

1.4.Objetivo(s)

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6.Duración e incidencia financiera

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2.Sistema de gestión y de control

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2.Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

3.2.3.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5.Contribución de terceros

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 5  

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

☑ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria 6  

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa

1.4.2.Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria.

1.4.4.Indicadores de resultados e incidencia

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la UE

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.6.Duración e incidencia financiera

◻ Propuesta/iniciativa de duración limitada

–◻    Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA

–◻    Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA

☑ Propuesta/iniciativa de duración ilimitada

–Ejecución con una fase de puesta en marcha a partir de 2018 (sujeta a la ratificación del Consejo y del Parlamento Europeo),

–y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s) 7  

◻ Gestión directa a cargo de la Comisión

–◻    por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

–◻    por las agencias ejecutivas.

◻ Gestión compartida con los Estados miembros

☑ Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

–◻ terceros países o los organismos que estos hayan designado;

–☑ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);

–◻el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;

–◻ los organismos a que se hace referencia en los artículos 208 y 209 del Reglamento Financiero;

–◻ organismos de Derecho público;

–◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

–◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;

–◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

–Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.

2.2.Sistema de gestión y de control

2.2.1.Riesgo(s) definido(s)

2.2.2.Información relativa al sistema de control interno establecido

2.2.3.Estimación de los costes y beneficios de los controles y evaluación del nivel de riesgo de error esperado

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas.

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

·Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas presupuestarias.

·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.Incidencia estimada en los gastos

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

En millones EUR (al tercer decimal)

Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una rúbrica:

En millones EUR (al tercer decimal)

En millones EUR (al tercer decimal)

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones

–☑    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)

3.2.3.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.3.1.Resumen

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter administrativo.

–☑    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la acción o reasignados dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

3.2.3.2.Necesidades estimadas de recursos humanos

–◻    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–☑    La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada completa

XX es el ámbito de actuación o título presupuestario en cuestión.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

–☑    La propuesta/iniciativa es compatible con el Marco Financiero Plurianual vigente.

–◻    La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del Marco Financiero Plurianual.

–◻    La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual.

3.2.5.Contribución de terceros

–La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros.

–La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

–☑    La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

–◻    La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

–☑    en los recursos propios

–◻    en ingresos diversos

En millones EUR (al tercer decimal)

En el caso de los ingresos diversos «asignados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.

Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos.

(1)    Véase la aclaración que figura en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-600/14, Alemania contra Consejo (sentencia de 5 de diciembre de 2017), apartado 69.

(2)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm

(3)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153666.htm

(4)    La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

(5)    GPA: gestión por actividades; PPA: presupuestación por actividades.

(6)    Tal como se contempla en el artículo 54, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

(7)    Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

(8)    CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.

(9)    AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.

(10)    Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

(11)    Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(12)    Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).

(13)    Tal como se describe en el punto 1.4.2, «Objetivo(s) específico(s)...»

(14)    Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(15)    AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal (interinos); JED = joven experto en delegación.

(16)    Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).

(17)    Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de los gastos de recaudación.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

ANEXO

de la

Propuesta de Decisión del Consejo

relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,

Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA

LA UNIÓN EUROPEA (en lo sucesivo denominada «la Unión»),

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA, y

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,

   por una parte, y

LA REPÚBLICA DE SINGAPUR (en lo sucesivo denominada «Singapur»),

   por otra,

conjuntamente y en lo sucesivo denominados «las Partes»,

RECONOCIENDO su duradera y sólida asociación, basada en los principios y valores comunes reflejados en el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (en lo sucesivo denominado «el AAC UE-Singapur»), y sus importantes relaciones económicas, comerciales y de inversión, tal como se reflejan en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (en lo sucesivo denominado «el ALC UE-Singapur»);

DESEANDO seguir reforzando su relación como parte de sus relaciones generales y de forma coherente con las mismas, y convencidas de que el presente Acuerdo creará un nuevo clima para un mayor desarrollo de la inversión entre las Partes;

RECONOCIENDO que el presente Acuerdo complementará y promoverá los esfuerzos de integración económica regional;

DECIDIDAS a intensificar sus relaciones económicas, comerciales y de inversión de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible, en su dimensión económica, social y medioambiental, y a promover la inversión respetando los elevados niveles de protección medioambiental y laboral y las normas pertinentes reconocidas internacionalmente y los acuerdos en los que son parte;

REAFIRMANDO su adhesión a los principios del desarrollo sostenible y la transparencia, tal como se reflejan el ALC UE-Singapur.

REAFIRMANDO el derecho de cada Parte a adoptar y hacer cumplir las medidas necesarias para perseguir objetivos políticos legítimos, como los sociales y medioambientales y los relacionados con la seguridad, la salud pública y la promoción y la protección de la diversidad cultural;

REAFIRMANDO su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y teniendo en cuenta los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

RECONOCIENDO la importancia de la transparencia en el comercio y la inversión internacionales en beneficio de todas las partes interesadas;

BASÁNDOSE en sus derechos y obligaciones respectivos en virtud del Acuerdo de la OMC y de otros acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, y de los arreglos en los que son parte, en particular el ALC UE-Singapur.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO UNO

OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.1

Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo es reforzar el clima de inversión entre las Partes, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 1.2

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

1.    «inversión cubierta», toda inversión que sea propiedad, directa o indirecta, o esté bajo el control, directo o indirecto, de un inversor cubierto de una Parte en el territorio de la otra Parte 1 .

«inversión», cualquier tipo de activo que tenga las características de una inversión, incluidas características como el compromiso de capital o de otros recursos, la expectativa de ganancia o beneficio, la asunción de riesgos, o una determinada duración. Una inversión puede revestir, entre otras, las formas siguientes:

a)    tangible o intangible, la propiedad de bienes muebles o inmuebles, así como cualquier otro derecho de propiedad, como arrendamientos, hipotecas, derechos prendarios o pignoraciones;

b)    una empresa, incluidas las filiales, acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en el capital de una empresa, incluidos los derechos derivados de los mismos;

c)    bonos, obligaciones y préstamos u otros instrumentos de deuda, incluidos los derechos derivados de los mismos;

d)    otros activos financieros, incluidos los instrumentos derivados, futuros y opciones;

e)    contratos «llave en mano», de construcción, gestión, producción, concesión, reparto de ingresos y otros contratos similares;

f)    derechos sobre activos monetarios o sobre otros activos, o sobre cualquier prestación contractual que tenga valor económico;

g)    derechos de propiedad intelectual e industrial 2 y fondo de comercio, y

h)    licencias, autorizaciones, permisos y otros derechos similares conferidos con arreglo al Derecho interno, incluidas las concesiones para la búsqueda, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales 3 .

Las ganancias que se inviertan serán tratadas como inversiones y ninguna modificación de la forma en que se inviertan o reinviertan los activos afectará a su clasificación como inversiones.

2.    «inversor cubierto», cualquier persona física 4 o jurídica de una Parte que haya realizado una inversión en el territorio de la otra Parte.

3.    «persona física de una Parte», un nacional de Singapur o de uno de los Estados miembros de la Unión, conforme a su legislación respectiva.

4.    «persona jurídica», cualquier entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo al Derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad fiduciaria, sociedad personal (partnership), empresa conjunta, empresa individual o asociación.

5.    «persona jurídica de la Unión» o «persona jurídica de Singapur», una persona jurídica establecida conforme al Derecho de la Unión o de uno de los Estados miembros de la Unión o de Singapur, respectivamente, y que tiene su domicilio social, administración central 5 o centro de actividad principal en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión o de Singapur, respectivamente. En caso de que la persona jurídica tenga únicamente su domicilio social o administración central en el territorio de uno de los Estados miembros de la Unión o de Singapur, respectivamente, no será considerada persona jurídica de la Unión o persona jurídica de Singapur, respectivamente, a menos que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas 6 en el territorio de la Unión o de Singapur, respectivamente.

6.    «medida», cualquier ley, normativa, procedimiento, requisito o práctica.

7.    «trato» o «medida» 7 adoptados o mantenidos por una Parte incluye los adoptados por:

a)    gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales, y

b)    organismos no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados en ellos por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales.

8.    «ganancias», todos los importes generados por una inversión o reinversión o derivados de las mismas, incluidos los beneficios, dividendos, plusvalías, cánones, intereses y pagos en relación con derechos de propiedad intelectual e industrial, pagos en especie y todos los demás ingresos lícitos.

9.    «moneda libremente convertible», una moneda que es objeto habitual de intercambios internacionales en los mercados de divisas y se utiliza ampliamente en transacciones internacionales.

10.    por «establecimiento» se entenderá:

a)    la constitución, la adquisición o el mantenimiento de una persona jurídica; o

b)    la creación o el mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación,

con objeto de establecer o mantener vínculos económicos duraderos dentro del territorio de una Parte a fin de realizar una actividad económica.

11.    «actividad económica» no incluye las actividades de carácter económico realizadas en el ejercicio de la autoridad gubernamental, es decir, las actividades no realizadas sobre una base comercial o en competencia con uno o más operadores económicos;

12.    «Parte UE» designa a la Unión o sus Estados miembros, o la Unión y sus Estados miembros, en sus respectivos ámbitos de competencia derivados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

CAPÍTULO DOS

PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 2.1

Ámbito de aplicación

1.    El presente capítulo será aplicable a los inversores cubiertos y a las inversiones cubiertas que se hayan efectuado de conformidad con el Derecho aplicable, independientemente de si tales inversiones se han realizado antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo 8 .

2.    Sin perjuicio de lo establecido en cualquier otra disposición del presente Acuerdo, el artículo 2.3 (Trato nacional) no será aplicable a las subvenciones o ayudas proporcionadas por una Parte, incluidos los préstamos, las garantías y los seguros con respaldo de los gobiernos.

3.    El artículo 2.3 (Trato nacional), no será aplicable a:

a)    la contratación pública llevada a cabo por organismos gubernamentales de bienes y servicios adquiridos con fines oficiales y no destinados a la reventa comercial o a su utilización en el suministro de bienes o servicios para la venta comercial, o

b)    los servicios audiovisuales;

c)    la actividad realizada en el ejercicio de la autoridad gubernamental en los territorios respectivos de las Partes. A efectos del presente capítulo, «actividad realizada en el ejercicio de la autoridad gubernamental» significa toda actividad excepto las llevadas a cabo sobre una base comercial o en competencia con uno o varios proveedores de servicios.

ARTÍCULO 2.2

Inversiones y medidas reglamentarias

1.    Las Partes reafirman su derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente o la moral pública, la protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos, y la promoción y la protección de la diversidad cultural.

2.    Para mayor seguridad, el mero hecho de que una Parte regule, incluso mediante una modificación de su legislación, de tal forma que afecte negativamente a las inversiones o no satisfaga las expectativas de un inversor, incluidas sus expectativas de beneficios, no constituye un incumplimiento de ninguna de las obligaciones establecidas en el presente capítulo.

3.    Para mayor seguridad, la decisión de una Parte de no conceder, renovar o mantener una subvención o ayuda:

a)    en caso de que no haya ningún compromiso específico en virtud del Derecho interno ni ningún contrato para conceder, renovar, o mantener esa subvención o ayuda; o

b)    si la decisión se toma de conformidad con los términos y condiciones asociados a la concesión, renovación o mantenimiento de la subvención o ayuda, en caso haberlos,

no constituye una infracción de lo dispuesto en el presente capítulo.

4.    Para mayor seguridad, ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de que impide a una Parte que suspenda la concesión de una subvención 9 o solicite su devolución cuando dicha acción haya sido ordenada por un órgano jurisdiccional o tribunal administrativo competente u otra autoridad competente 10 , o que conmina a dicha Parte a compensar por ello al inversor.

ARTÍCULO 2.3

Trato nacional

1.    Cada Parte concederá, en su territorio, a los inversores cubiertos de la otra Parte y a sus inversiones cubiertas, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios inversores y sus inversiones con respecto a la explotación, la gestión, la realización, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación de sus inversiones.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cada Parte podrá adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la explotación, la gestión, la realización, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación de un establecimiento que no sea incompatible con sus compromisos indicados en su Lista de Compromisos Específicos de los anexos 8-A y 8-B del capítulo ocho (Servicios, establecimiento y comercio electrónico) del ALC UE-Singapur, respectivamente 11 , en caso de que dicha medida sea:

a)    una medida que se adopte a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

b)    una medida con arreglo a la letra a) que se mantenga, se sustituya o se modifique después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, a condición de que la medida no resulte menos coherente con el apartado 1 después de su mantenimiento, sustitución o modificación que tal como era antes de su mantenimiento, sustitución o modificación; o

c)    una medida no comprendida en las letras a) o b), a condición de que no se aplique a las inversiones cubiertas que se realicen en el territorio de la Parte antes de la entrada en vigor de tal medida, y no se aplique de manera que cause una pérdida o un perjuicio 12 a dichas inversiones.

3.    No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una Parte podrá adoptar o hacer cumplir medidas que concedan a inversores e inversiones cubiertos de la otra Parte un trato menos favorable que el que concede a sus propios inversores y sus inversiones en situaciones similares, a condición de que tales medidas no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificada contra los inversores o inversiones cubiertos de la otra Parte en el territorio de una Parte, o una restricción encubierta respecto a las inversiones cubiertas, en caso de que las medidas sean:

a)    necesarias para proteger la seguridad y la moral públicas o para mantener el orden público 13 ;

b)    necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales o para preservar los vegetales;

c)    relativas a la conservación de los recursos naturales no renovables, si tales medidas se aplican conjuntamente con restricciones a inversores o inversiones internos;

d)    necesarias para proteger el patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico;

e)    necesarias para lograr la observancia de la legislación o normativa que no sean incompatibles con lo dispuesto en el presente capítulo, incluso los relativos a:

i)    la prevención de prácticas engañosas o fraudulentas o los medios para hacer frente a los efectos del incumplimiento de un contrato;

ii)    la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales, así como la protección de los registros y cuentas individuales de carácter confidencial;

iii)    la seguridad;

f)    destinadas a garantizar la imposición o recaudación efectiva o equitativa 14 de impuestos directos respecto de los inversores o las inversiones de la otra Parte.

ARTÍCULO 2.4

Nivel de trato

1.    Cada una de las Partes concederá, en su territorio, a las inversiones cubiertas de la otra Parte un trato justo y equitativo 15 , así como plena protección y seguridad de conformidad con los apartados 2 a 6.

2.    Una Parte incumplirá la obligación de trato justo y equitativo a la que se hace referencia en el apartado 1 en caso de que una medida o una serie de medidas constituya:

a)    la denegación de justicia 16 en procedimientos penales, civiles o administrativos;

b)    un incumplimiento esencial de las garantías procesales;

c)    una conducta manifiestamente arbitraria;

d)    acoso, coacción, abuso de poder o un comportamiento de mala fe similar;

3.    Al determinar si se ha infringido la obligación de trato justo y equitativo, tal como se establece en el apartado 2, un Tribunal podrá tener en cuenta, cuando proceda, si una Parte formuló observaciones específicas o inequívocas 17 a un inversor para inducir a la inversión, que crearon expectativas legítimas en un inversor cubierto y en las que este confió de forma razonable, pero que la Parte frustró posteriormente 18 .

4.    Las Partes deberán, previa petición de una de las Partes o previa recomendación del Comité, revisar el contenido de la obligación de proporcionar un trato justo y equitativo, conforme al procedimiento de modificación establecido en el artículo 4.3 (Modificaciones), en particular si un trato distinto de los citados en el apartado 2 puede constituir también un incumplimiento del trato justo y equitativo.

5.    Para mayor seguridad, por «plena protección y seguridad» solo se entiende la obligación de una Parte en relación con la seguridad física de los inversores e inversiones cubiertos.

6.    En caso de que una Parte, por sí misma o a través de una entidad mencionada en el apartado 7 del artículo 1.2 (Definiciones), haya contraído un compromiso específico y claramente enunciado en una obligación contractual por escrito 19 hacia un inversor cubierto de la otra Parte con respecto a la inversión del inversor cubierto o hacia tal inversión cubierta, dicha Parte no frustrará o menoscabará dicho compromiso mediante el ejercicio de sus facultades gubernamentales 20 , ni:

a)    deliberadamente, ni

b)    de forma que modifique sustancialmente el equilibrio de derechos y obligaciones de la obligación contractual por escrito, a menos que la Parte proporcione una compensación razonable para devolver al inversor o la inversión cubiertos a la posición que tendrían si el compromiso no se hubiera frustrado o menoscabado.

7.    Una infracción de otra disposición del presente Acuerdo, o de un acuerdo internacional distinto, no supone que se haya producido una infracción del presente artículo.

ARTÍCULO 2.5

Compensación por pérdidas

1.    A los inversores cubiertos de una Parte cuyas inversiones cubiertas sufran pérdidas por guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o disturbios en el territorio de la otra Parte, esta última Parte les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios inversores o los a inversores de cualquier tercer país, según el que resulte más favorable para el inversor cubierto de que se trate.

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, a los inversores cubiertos de una Parte que, en cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado 1, sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte como consecuencia de:

a)    la requisa de su inversión cubierta o de parte de ella por las fuerzas armadas o las autoridades de la otra Parte, o

b)    la destrucción de su inversión cubierta o de parte de ella por las fuerzas armadas o las autoridades de la otra Parte, sin que así lo exigieran las circunstancias;

la otra Parte les concederá una restitución o compensación.

ARTÍCULO 2.6

Expropiación 21

1.    Ninguna de las Partes nacionalizará, expropiará o someterá a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación (en lo sucesivo «expropiación»), ni directa ni indirectamente, las inversiones cubiertas de inversores cubiertos de la otra Parte, salvo:

a)    por interés público;

b)    con respeto de las garantías procesales;

c)    de forma no discriminatoria; y

d)    a cambio del pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva de conformidad con el apartado 2.

2.    La compensación equivaldrá al precio justo de mercado que tenía la inversión cubierta inmediatamente antes de que la expropiación o la expropiación inminente fuera de conocimiento público, más los correspondientes intereses a un tipo razonable desde el punto de vista comercial, fijado con arreglo a criterios de mercado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la expropiación y la fecha del pago. Tal compensación se pagará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible de conformidad con el artículo 2.7 (Transferencia).

Entre los criterios de valoración utilizados para determinar un valor de mercado justo podrán figurar el valor de la empresa en funcionamiento, el valor de los activos, incluido el valor fiscal declarado de la propiedad tangible, y otros criterios, según proceda.

3.    El presente artículo no es aplicable a la emisión de licencias obligatorias concedidas en relación con los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha emisión sea coherente con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.    Previa solicitud de los inversores cubiertos afectados, cualquier medida de expropiación o valoración deberá ser revisada por un órgano judicial u otro órgano independiente de la Parte que adopte la medida.

ARTÍCULO 2.7

Transferencia

1.    Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen en una moneda libremente convertible, sin restricciones ni retrasos. Entre dichas transferencias se encuentran:

a)    las aportaciones al capital, como el capital principal y los fondos adicionales para mantener, desarrollar o incrementar la inversión cubierta;

b)    los beneficios, los dividendos, las plusvalías y otras ganancias, los ingresos procedentes de la venta de toda la inversión cubierta o de parte de ella, o de la liquidación parcial o total de la inversión cubierta;

c)    los intereses, los cánones, las tasas de gestión y de asistencia técnica y otras tasas;

d)    los pagos efectuados en el marco de un contrato celebrado por el inversor cubierto o de su inversión cubierta, incluidos los pagos efectuados en virtud de un acuerdo de préstamo;

e)    los sueldos y las demás remuneraciones del personal contratado en el extranjero cuyo trabajo esté relacionada con una inversión cubierta;

f)    los pagos efectuados en virtud del artículo 2.6 (Expropiación) y el artículo 2.5 (Compensación por pérdidas);

g)    los pagos de conformidad con el artículo 3.18 (Laudo).

2.    Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte aplique de forma equitativa y no discriminatoria su Derecho en materia de:

a)    quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b)    emisión, negociación o comercio de valores, futuros, opciones o instrumentos derivados;

c)    información financiera o contabilización de transferencias, cuando sean necesarias para ayudar a las autoridades responsables del cumplimiento de la legislación o de la reglamentación financiera;

d)    infracciones criminales o penales;

e)    garantía del cumplimiento de las órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o administrativos;

f)    seguridad social y planes públicos de jubilación o de ahorro obligatorio; o

g)    fiscalidad.

3.    Cuando, en circunstancias excepcionales de graves dificultades, o de amenaza de tales dificultades, para el funcionamiento de la política económica y monetaria o la política cambiaria en cualquiera de las Partes, la Parte afectada podrá adoptar temporalmente medidas de salvaguardia con respecto a las transferencias. Tales medidas deberán ser estrictamente necesarias, en ningún caso podrán durar más de seis meses 22 y no constituirán un medio de discriminación arbitraria o injustificada entre una Parte y una no Parte en situaciones similares.

La Parte que adopte las medidas de salvaguardia informará a la otra Parte sin demora y presentará, lo antes posible, un calendario para su eliminación.

4.    Si una Parte experimenta problemas graves en su balanza de pagos y dificultades financieras externas, o corre el riesgo de experimentarlos, podrá adoptar o mantener medidas restrictivas respecto a las transferencias relacionadas con las inversiones.

5.    Las Partes procurarán evitar la aplicación de las medidas restrictivas a las que se refiere el apartado 4. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas en virtud del apartado 4 deberán ser no discriminatorias, de una duración limitada y no excederán de lo necesario para remediar la situación de la balanza de pagos y la situación financiera externa. Deberán ser conformes con las condiciones fijadas en el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo denominado «Acuerdo de la OMC»), y coherentes con los artículos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional, según proceda.

6.    Si cualquier Parte mantiene o ha adoptado medidas restrictivas con arreglo al apartado 4, o las ha modificado, deberá notificarlas con prontitud a la otra Parte.

7.    Si se adoptan o mantienen restricciones con arreglo al apartado 4, se celebrarán consultas con celeridad en el Comité. En esas consultas se evaluarán la situación de balanza de pagos de la Parte afectada y las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del apartado 4, teniendo en cuenta, entre otros, factores como:

a)    la naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos;

b)    el entorno económico y comercial exterior, u

c)    otras posibles medidas correctivas a las que pueda recurrirse.

En las consultas se examinará la conformidad de cualquier medida restrictiva con los apartados 4 y 5. Se aceptarán todas las constataciones estadísticas o de otro orden que presente el Fondo Monetario Internacional (denominado en lo sucesivo «FMI») sobre cuestiones cambiarias, de reservas monetarias y de balanza de pagos, y las conclusiones se basarán en la evaluación hecha por el FMI de la situación financiera exterior y de balanza de pagos de la Parte afectada.

ARTÍCULO 2.8

Subrogación

En caso de que una Parte, o un organismo que actúe en su nombre, efectúe un pago en favor de cualquiera de sus inversores en virtud de una garantía, un contrato de seguro u otra forma de indemnización que haya introducido o concedido con respecto a una inversión, la otra Parte reconocerá la subrogación o la transferencia de cualquier derecho o título o la cesión de cualquier crédito respecto de dicha inversión. La Parte o el organismo tendrán derecho a ejercer el derecho o crédito subrogado o cedido en la misma medida que el derecho o crédito original del inversor. Tales derechos subrogados podrán ser ejercidos por la Parte o un organismo, o por el inversor si la Parte o el organismo lo autorizan.

CAPÍTULO TRES

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

SECCIÓN A

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE INVERSORES Y PARTES

ARTÍCULO 3.1

Ámbito de aplicación y definiciones

1.    La presente sección será aplicable a una diferencia entre un demandante de una Parte y la otra Parte en relación con un trato 23 que supuestamente traiga consigo un incumplimiento de lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente cause una pérdida o un perjuicio al demandante o a su empresa establecida localmente.

2.    A los efectos de la presente sección y a no ser que se especifique otra cosa, se entenderá por:

a)    «partes en la diferencia», el demandante y el demandado;

b)    «demandante», un inversor de una Parte que pretende presentar o ha presentado una demanda con arreglo a la presente sección, ya sea:

i)    actuando por cuenta propia, o

ii)    actuando en nombre de una empresa establecida localmente, tal como se define en la letra c), que posea o controle 24 ;

c)    «empresa establecida localmente», una persona jurídica que sea propiedad o esté bajo el control 25 de un inversor de una Parte, que esté establecida en el territorio de la otra Parte;

d)    «Parte que está al margen de la diferencia», bien Singapur, en caso de que el demandado sea la Unión o uno de sus Estados miembros, o bien la Unión, en caso de que el demandado sea Singapur;

e)    «demandado», bien Singapur, o bien, en el caso de la Parte UE, la Unión o el Estado miembro de la Unión que haya recibido el anuncio con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención); y

f)    «financiación de terceros», toda financiación facilitada por una persona física o jurídica que no sea parte en la diferencia pero llegue a un acuerdo con una parte en la diferencia para financiar una parte o la totalidad de los costes del procedimiento, a cambio del pago de una cuota u otro interés en la ganancia o posible ganancia del procedimiento sobre la que la parte en la diferencia pueda adquirir un derecho, o bien en forma de donación o ayuda.

ARTÍCULO 3.2

Solución amistosa

En la medida de lo posible, toda diferencia debe solucionarse de forma amistosa a través de negociaciones y, cuando sea posible, antes de la presentación de una solicitud de consultas de conformidad con el artículo 3.3 (Consultas). En cualquier momento podrá alcanzarse una solución amistosa, incluso una vez que haya comenzado el procedimiento de solución de diferencias de conformidad con la presente sección.

ARTÍCULO 3.3

Consultas

1.    En caso de que no pueda solucionarse una diferencia conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 (Solución amistosa), un demandante de una Parte que alegue un incumplimiento de lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones) podrá presentar una solicitud de consultas a la otra Parte.

2.    En la solicitud de consultas figurará la información siguiente:

a)    el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la empresa establecida localmente;

b)    las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente se han incumplido;

c)    la base jurídica y fáctica de la diferencia, incluido el trato que supuestamente incumple lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones), y

d)    el resarcimiento que se pretende y la pérdida estimada o el perjuicio supuestamente causado al demandante o su empresa establecida localmente con motivo de dicho incumplimiento.

3.    La solicitud de consultas se presentará:

a)    en un plazo de treinta meses a partir de la fecha en la que el demandante o, si procede, la empresa establecida localmente, tenga constancia o debería haber tenido constancia del trato que supuestamente ha incumplido lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones); o

b)    en caso de que se estén siguiendo vías de recurso locales cuando transcurra el período al que se hace referencia en la letra a), en un plazo de un año a partir de la fecha en que el demandante o, si procede, la empresa establecida localmente, haya dejado de seguir esas vías de recurso locales; y, en cualquier caso, en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha en la que el demandante o, si procede, su empresa establecida localmente, tenga constancia o debería haber tenido constancia del trato que supuestamente ha incumplido lo dispuesto en el capítulo dos (Protección de las inversiones).

4.    En caso de que el demandante no haya presentado una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) en un plazo de dieciocho meses a partir de la presentación de la solicitud de consultas, se considerará que el demandante ha retirado su solicitud de consultas y cualquier anuncio de intención y que ha renunciado a sus derechos a presentar tal demanda. Este período podrá ampliarse de mutuo acuerdo entre las partes que participan en las consultas.

5.    Los plazos mencionados en los apartados 3 y 4 no darán lugar a la inadmisibilidad de una demanda si el demandante puede demostrar que la omisión de solicitar consultas o de presentar una demanda, según el caso, se debe a la incapacidad de actuar del demandante como consecuencia de acciones emprendidas deliberadamente por la otra Parte, a condición de que el demandante actúe de la forma más rápida razonablemente posible.

6.    En caso de que la solicitud de consultas se refiera a un supuesto incumplimiento del presente Acuerdo por la Unión o por cualquiera de sus Estados miembros, será enviada a la Unión.

7.    Cuando proceda, las partes en la diferencia podrán celebrar las consultas por videoconferencia u otros medios, por ejemplo si el inversor es una pequeña o mediana empresa.

ARTÍCULO 3.4

Mediación y solución de diferencias alternativa

1.    En cualquier momento, incluso antes de la entrega de un anuncio de intención, las partes en la diferencia podrán ponerse de acuerdo para recurrir a mediación.

2.    El recurso a mediación es voluntario y sin perjuicio de la posición jurídica de cualquiera de las partes en la diferencia.

3.    El recurso a mediación podrá regirse por las normas expuestas en el anexo 6 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes) o por otras normas de ese tipo que acuerden las partes en la diferencia. Cualquier plazo mencionado en el anexo 6 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes) podrá modificarse de mutuo acuerdo entre las partes en la diferencia.

4.    El mediador será designado por acuerdo entre las partes en la diferencia o de conformidad con el artículo 3 (Selección del mediador) del anexo 6 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes). Los mediadores deberán cumplir el anexo 7 (Código de conducta de los miembros del Tribunal y el Tribunal de Apelación y de los mediadores).

5.    Las partes en la diferencia procurarán llegar a una solución de mutuo acuerdo en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de designación del mediador.

6.    Una vez que las partes en la diferencia acuerden recurrir a mediación, los apartados 3 y 4 del artículo 3.3 (Consultas) dejarán de aplicarse entre la fecha en que se acordó recurrir a la mediación y treinta días después de la fecha en la que cualquiera de las partes en la diferencia decida poner fin a la mediación mediante una carta enviada al mediador y a la otra parte en la diferencia.

7.    Ninguna disposición del presente artículo impedirá que las partes en la diferencia recurran a formas alternativas de solución de diferencias.

ARTÍCULO 3.5

Anuncio de intención

1.    Si la diferencia no puede solucionarse en un plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud de consultas, el demandante podrá entregar un anuncio de intención en el que se especifique por escrito que el demandante tiene intención de presentar la demanda de solución de diferencias y en el que figure la información siguiente:

a)    el nombre y la dirección del demandante y, cuando tal solicitud se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la empresa establecida localmente;

b)    las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones) que supuestamente se han incumplido;

c)    la base jurídica y fáctica de la diferencia, incluido el trato que supuestamente incumple las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones), y

d)    el resarcimiento que se pretende y la pérdida estimada o el perjuicio supuestamente causado al demandante o su empresa establecida localmente con motivo de dicho incumplimiento.

El anuncio de intención será enviado a la Unión o a Singapur, según proceda.

2.    En caso de que se haya enviado un anuncio de intención a la Unión, esta determinará cuál es el demandado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción del anuncio. La Unión informará inmediatamente al demandante sobre esta determinación, sobre la base de la cual el demandante podrá presentar una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal).

3.    Si no se ha determinado cuál es el demandado de conformidad con el apartado 2, será aplicable lo siguiente:

a)    en caso de que el anuncio de intención identifique exclusivamente un trato por un Estado miembro de la Unión, dicho Estado miembro actuará como demandado;

b)    en caso de que el anuncio de intención identifique cualquier trato por una institución, un organismo o una agencia de la Unión, la Unión actuará como demandada.

4.    En caso de que la Unión o un Estado miembro actúe como demandado, ni la Unión ni el Estado miembro afectado afirmarán la inadmisibilidad de una demanda, ni tampoco que una demanda o un laudo carecen de fundamento o de validez por el motivo de que el demandado adecuado debería ser o haber sido la Unión en lugar del Estado miembro, o viceversa.

5.    Para mayor certidumbre, ninguna disposición del presente Acuerdo ni las normas de solución de diferencias aplicables impedirán que la Unión y el Estado miembro afectado intercambien toda la información sobre una diferencia.

ARTÍCULO 3.6

Presentación de una demanda ante el Tribunal

1.    Como muy pronto tres meses a partir de la fecha del anuncio de intención entregado de conformidad con el artículo 3.5 (Anuncio de intención), el demandante podrá presentar la demanda ante el Tribunal de conformidad con una de las siguientes normas de solución de diferencias 26 :

a)    el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, de 18 de marzo de 1965 (en lo sucesivo denominado el «Convenio del CIADI»), siempre que tanto el demandado como el Estado del demandante sean partes en el Convenio del CIADI;

b)    el Convenio del CIADI de conformidad con el Reglamento del mecanismo complementario para la administración de procedimientos por la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo denominado «el Reglamento del mecanismo complementario del CIADI»), siempre que bien el demandado o bien el Estado del demandante sea una parte signataria del Convenio del CIADI 27 ;

c)    las normas de arbitraje del Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI); o

d)    cualquier otra norma si así lo acuerdan las partes en la diferencia.

2.    El apartado 1 del presente artículo constituirá el consentimiento del demandado a la presentación de una demanda con arreglo a la presente sección. Se considerará que el consentimiento con arreglo al apartado 1 y la presentación de una demanda con arreglo a la presente sección satisfacen los requisitos de:

a)    El capítulo II del Convenio del CIADI y el Reglamento del mecanismo complementario del CIADI, para el consentimiento por escrito de las partes en la diferencia; y

b)    el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en lo sucesivo denominada «Convención de Nueva York») en el caso de un «acuerdo por escrito».

ARTÍCULO 3.7

Condiciones para la presentación de una demanda

1.    Podrá presentarse una demanda con arreglo a la presente sección únicamente si:

a)    la presentación de la demanda va acompañada del consentimiento por escrito del demandante a solucionar la diferencia con arreglo a los procedimientos expuestos en la presente sección y de la designación por el demandante de uno de los foros mencionados en el apartado 1 del artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) como las normas para la solución de diferencias;

b)    han transcurrido al menos seis meses desde la presentación de la solicitud de consultas con arreglo al artículo 3.3 (Consultas) y al menos tres meses desde la presentación del anuncio de intención con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención);

c)    la solicitud de consultas y el anuncio de intención presentados por el demandante cumplían los requisitos expuestos en el apartado 2 del artículo 3.3 (Consultas) y en el apartado 1 del artículo 3.5 (Anuncio de intención), respectivamente;

d)    la base jurídica y fáctica de la diferencia fue objeto de consulta previa con arreglo al artículo 3.3 (Consultas);

e)    todas las reclamaciones señaladas en la presentación de la demanda efectuada con arreglo al artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) se basan en un trato identificado en el anuncio de intención efectuado con arreglo al artículo 3.5 (Anuncio de intención);

f)    el demandante:

i)    retira cualquier demanda pendiente presentada ante el Tribunal, o ante cualquier otro órgano jurisdiccional o tribunal interno o internacional con arreglo al Derecho interno o internacional, en relación con el mismo trato que supuestamente incumple las disposiciones del capítulo dos (Protección de las inversiones);

ii)    declara que no presentará una demanda de este tipo en el futuro, y

iii)    declara que no ejecutará ningún laudo dictado conforme a la presente sección antes de que dicho laudo sea definitivo y que no solicitará el recurso, la reconsideración, la retirada, la anulación, la revisión o la interposición de cualquier otro procedimiento similar ante un órgano jurisdiccional o tribunal internacional o interno respecto a un laudo con arreglo a la presente sección.

2.    A efectos del apartado 1, letra f), el término «demandante» hace referencia al inversor y, cuando proceda, a la empresa establecida localmente. Además, a efectos del apartado 1, letra f), inciso i), el término «demandante» engloba a todas las personas que tengan intereses directos o indirectos como propietarios o que estén controlados por el inversor o, en su caso, por la empresa establecida localmente.

3.    Previa solicitud del demandado, el Tribunal se inhibirá en caso de que el demandante incumpla cualquiera de los requisitos o las declaraciones mencionados en los apartados 1 y 2.

4.    Lo dispuesto en el apartado 1, letra f), no impedirá que el demandante persiga medidas de protección provisionales ante órganos jurisdiccionales o tribunales administrativos del demandado antes de que se instituyan los procedimientos o mientras estén pendientes los procedimientos ante cualquiera de los foros de solución de diferencias mencionados en el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal). A los efectos del presente artículo, el único propósito de las medidas de protección provisionales será preservar los derechos e intereses del demandante y dichas medidas no supondrán el pago de daños y perjuicios ni una solución en cuanto al fondo del asunto de la diferencia.

5.    Para mayor certidumbre, el Tribunal se inhibirá en caso de que la diferencia haya surgido o sea muy probable que haya surgido en el momento en que el demandante adquirió la propiedad o el control de la inversión objeto de la diferencia, y el Tribunal establezca, basándose en los hechos, que el demandante ha adquirido la propiedad o el control de la inversión con la finalidad principal de presentar la demanda con arreglo a la presente sección. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras objeciones en materia de jurisdicción que pudiera albergar el Tribunal.

ARTÍCULO 3.8

Financiación de una tercera parte

1.    Toda parte en la diferencia que se beneficie de la financiación de una tercera parte notificará a la otra parte en la diferencia y al Tribunal el nombre y la dirección del financiador de la tercera parte.

2.    Dicha notificación se efectuará en el momento de la presentación de una demanda o, sin demora, en cuanto se acuerde, se done o se conceda, según proceda, la financiación de la tercera parte.

ARTÍCULO 3.9

Tribunal de Primera Instancia

1.    Se crea un Tribunal de Primera Instancia («el Tribunal») para atender las demandas presentadas de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal).

2.    Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité nombrará seis miembros del Tribunal. A los efectos de dicho nombramiento:

a)    La Parte UE nombrará dos miembros;

b)    Singapur nombrará dos miembros; y

c)    La Parte UE y Singapur nombrarán conjuntamente dos miembros, que no deberán ser nacionales de ningún Estado miembro de la Unión ni de Singapur.

3.    El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros por múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en el apartado 2.

4.    Los miembros deberán tener las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Deberán tener conocimientos especializados o experiencia en el ámbito del Derecho internacional público. Es conveniente que tengan conocimientos especializados en particular sobre Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional, o solución de diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio.

5.    Los miembros serán nombrados para un mandato de ocho años. No obstante, los mandatos inaugurales de tres de las seis personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliarán a doce años. Una vez que haya expirado, el mandato de un miembro podrá prorrogarse mediante decisión del Comité. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio en una división del Tribunal podrá, con la autorización del presidente del Tribunal, seguir prestando servicio en la división hasta que se clausure el procedimiento de esa división y se considera que sigue siendo miembro del Tribunal exclusivamente a efectos de dicho procedimiento.

6.    Deberá haber un presidente y un vicepresidente del Tribunal, que se encargarán de las cuestiones organizativas. Serán nombrados por un período de cuatro años y serán elegidos por sorteo de entre los miembros nombrados con arreglo al apartado 2, letra c). Ejercerán sus funciones sobre la base de una rotación que el presidente del Comité seleccionará por sorteo. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

7.    El Tribunal considerará los asuntos por divisiones formadas por tres miembros, en las que uno de ellos deberá haber sido nombrado con arreglo al apartado 2, letras a), b) y c), respectivamente. La división estará presidida por el miembro que haya sido nombrado con arreglo al apartado 2, letra c).

8.    En un plazo de noventa días a partir de la presentación de una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), el presidente del Tribunal nombrará, con carácter rotatorio, a los miembros que compongan la división del Tribunal que considerará el asunto, garantizando que la composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se da a todos los miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.

9.    No obstante lo dispuesto en el apartado 7, las partes en la diferencia podrán acordar que un asunto sea considerado por un único miembro. Dicho miembro será seleccionado por el presidente del Tribunal de entre aquellos que hayan sido nombrados de conformidad con el apartado 2, letra c). El demandado considerará favorablemente tal solicitud del demandante, en particular en caso de que este sea una pequeña o mediana empresa, o si la indemnización o los perjuicios reclamados son relativamente bajos. Tal solicitud debe realizarse al mismo tiempo que la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante del Tribunal).

10.    El Tribunal establecerá sus propios procedimientos de trabajo.

11.    Los miembros del Tribunal garantizarán que están disponibles y son capaces de desempeñar las funciones establecidas con arreglo a la presente sección.

12.    A fin de garantizar su disponibilidad, se pagarán a los miembros unos honorarios mensuales que serán fijados mediante decisión del Comité. El presidente del Tribunal —o, cuando proceda, el vicepresidente— recibirá unos honorarios equivalentes a los determinados de conformidad con el artículo 3.10, apartado 11 (Tribunal de Apelación) por cada día trabajado en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal con arreglo a la presente sección.

13.    Los honorarios mensuales y los honorarios diarios para el presidente o el vicepresidente del Tribunal cuando trabajen en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal con arreglo a la presente sección deberán ser abonados a partes iguales por ambas Partes en una cuenta gestionada por la Secretaría del CIADI. En caso de que una Parte no pague los honorarios mensuales o los honorarios diarios, la otra Parte podrá optar por pagar. Deberán seguir pagándose los atrasos de este tipo, junto con los intereses correspondientes.

14.    Salvo que el Comité adopte una decisión con arreglo al apartado 15, el importe de los demás honorarios y gastos de los miembros de una división del Tribunal será el que se determine con arreglo a la regla 14, apartado 1, del Reglamento Administrativo y Financiero del Convenio CIADI vigente en la fecha de la presentación de la demanda y asignada por el Tribunal entre las partes en la diferencia, de conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

15.    Previa decisión del Comité, los honorarios mensuales y los demás honorarios y gastos podrán transformarse de forma permanente en un salario regular. En tal caso, los miembros desempeñarán su trabajo en régimen de jornada completa y el Comité determinará su remuneración y las cuestiones organizativas relacionadas. En ese caso, los miembros no estarán autorizados a ejercer otra profesión, sea o no sea retribuida, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el presidente del Tribunal.

16.    La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal y le facilitará un apoyo adecuado. El Tribunal repartirá los gastos de dicho apoyo entre las partes en la diferencia, de conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

ARTÍCULO 3.10

Tribunal de Apelación

1.    Se crea un Tribunal de Apelación permanente para atender los recursos de los laudos provisionales emitidos por el Tribunal.

2.    Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité nombrará seis miembros del Tribunal de Apelación. A los efectos de dicho nombramiento:

a)    La Parte UE nombrará dos miembros;

b)    Singapur nombrará dos miembros; y

c)    La Parte UE y Singapur nombrarán conjuntamente dos miembros, que no deberán ser nacionales de ningún Estado miembro de la Unión ni de Singapur.

3.    El Comité podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros del Tribunal de Apelación por múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en el apartado 2.

4.    Los miembros del Tribunal de Apelación deberán tener las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Deberán tener conocimientos especializados en el ámbito del Derecho internacional público. Es conveniente que tengan conocimientos especializados en particular sobre Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional, o solución de diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio.

5.    Los miembros del Tribunal de Apelación serán nombrados para un mandato de ocho años. No obstante, los mandatos inaugurales de tres de las seis personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliarán a doce años. Una vez que haya expirado, el mandato de un miembro podrá prorrogarse mediante decisión del Comité. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato. Cuando expire el mandato de una persona que preste servicio en una división del Tribunal de Apelación podrá, con la autorización del presidente del Tribunal de Apelación, seguir prestando servicio en la división hasta que se clausure el procedimiento de esa división y se considera que sigue siendo miembro del Tribunal de Apelación exclusivamente a efectos de dicho procedimiento.

6.    Deberá haber un presidente y un vicepresidente del Tribunal de Apelación, que se encargarán de las cuestiones organizativas. Serán nombrados por un período de cuatro años y serán elegidos por sorteo de entre los miembros del Tribunal de Apelación nombrados con arreglo al apartado 2, letra c). Ejercerán sus funciones sobre la base de una rotación que el presidente del Comité seleccionará por sorteo. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

7.    El Tribunal de Apelación considerará los asuntos por divisiones formadas por tres miembros, en las que uno de ellos deberá haber sido nombrado con arreglo al apartado 2, letras a), b) y 2 c), respectivamente. La división estará presidida por el miembro que haya sido nombrado con arreglo al apartado 2, letra c).

8.    El presidente del Tribunal de Apelación nombrará, con carácter rotatorio, a los miembros que compongan la división del Tribunal de Apelación que considerará el recurso, garantizando que la composición de cada división sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se da a todos los miembros igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.

9.    El Tribunal de Apelación establecerá sus propios procedimientos de trabajo.

10.    Los miembros del Tribunal de Apelación garantizarán que están disponibles y son capaces de desempeñar las funciones establecidas con arreglo a la presente sección.

11.    A fin de garantizar su disponibilidad, se pagarán a los miembros unos honorarios mensuales y recibirán honorarios diarios por cada día que trabajen como miembro, que serán fijados mediante decisión del Comité. El presidente del Tribunal de Apelación —o, cuando proceda, el vicepresidente— recibirá unos honorarios por cada día trabajado en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal de Apelación con arreglo a la presente sección.

12.    Los honorarios mensuales y los honorarios diarios para el presidente o el vicepresidente del Tribunal de Apelación cuando trabajen en el desempeño de las funciones de presidente del Tribunal de Apelación con arreglo a la presente sección deberán ser abonados a partes iguales por ambas Partes en una cuenta gestionada por la Secretaría del CIADI. En caso de que una Parte no pague los honorarios mensuales o los honorarios diarios, la otra Parte podrá optar por pagar. Deberán seguir pagándose los atrasos de este tipo, junto con los intereses correspondientes.

13.    Previa decisión del Comité, los honorarios mensuales y los honorarios diarios podrán transformarse de forma permanente en un salario regular. En tal caso, los miembros del Tribunal de Apelación desempeñarán su trabajo en régimen de jornada completa y el Comité determinará su remuneración y las cuestiones organizativas relacionadas. En ese caso, los miembros del Tribunal de Apelación no estarán autorizados a ejercer otra profesión, sea o no sea retribuida, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el presidente del Tribunal de Apelación.

14.    La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal de Apelación y le facilitará un apoyo adecuado. El Tribunal repartirá los gastos de dicho apoyo entre las partes en la diferencia, de conformidad con el artículo 3.21 (Costes).

ARTÍCULO 3.11

Código ético

1.    Los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación serán elegidos entre personas cuya independencia esté fuera de toda duda. No estarán vinculadas a ningún gobierno 28 y, en particular, no recibirán instrucciones de ningún gobierno u organización con respecto a cuestiones relacionadas con la diferencia. No intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses. De este modo, cumplirán el anexo 7 (Código de conducta de los miembros del Tribunal y el Tribunal de Apelación y de los mediadores). Además, una vez que hayan sido nombrados, se abstendrán de actuar como asesores, expertos nombrados por una parte o testigos nombrados por una parte en cualquier diferencia pendiente o nueva en materia de protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo, a cualquier otro acuerdo o al Derecho interno.

2.    Si una parte en la diferencia considera que un miembro tiene un conflicto de intereses, deberá enviar un anuncio de recusación del nombramiento de dicho miembro al presidente del Tribunal o al presidente del Tribunal de Apelación, respectivamente. El anuncio de recusación deberá enviarse en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se comunicó a la parte en la diferencia la composición de la división del Tribunal o del Tribunal de Apelación, o en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se enteró de los hechos pertinentes, en caso de que no hubiera sido razonablemente posible que los conociera en el momento de la composición de la división. En el anuncio de recusación deberán exponerse los motivos de la recusación.

3.    Si, en un plazo de quince días a partir de la fecha del anuncio de recusación, el miembro recusado ha optado por no dimitir de dicha división, el presidente del Tribunal o el presidente del Tribunal de Apelación, después de oír a las partes en la diferencia y de dar al miembro la oportunidad de formular observaciones, tomará su decisión en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción del anuncio de recusación y la comunicará inmediatamente a las partes en la diferencia y los demás miembros de la división.

4.    Las recusaciones contra el nombramiento, en una división, del presidente del Tribunal serán decididas por el presidente del Tribunal de Apelación y viceversa.

5.    Tras una recomendación motivada del presidente del Tribunal de Apelación, las Partes, mediante decisión del Comité, podrán decidir la expulsión de un miembro del Tribunal o del Tribunal de Apelación en caso de que su comportamiento sea incompatible con las obligaciones establecidas en el apartado 1 e incompatible con su permanencia como miembro del Tribunal o del Tribunal de Apelación. En caso de que el comportamiento cuestionado sea el del presidente del Tribunal de Apelación, será el presidente del Tribunal de Primera Instancia quien presente la recomendación motivada. Serán aplicables, mutatis mutandis, el apartado 5 del artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) y el apartado 4 del artículo 3.10 (Tribunal de Apelación) para cubrir las vacantes que puedan producirse en virtud del presente apartado.

ARTÍCULO 3.12

Mecanismo multilateral de solución de diferencias

Las Partes perseguirán, entre sí y con otros socios comerciales que estén interesados, la creación de un tribunal multilateral de inversiones y de un mecanismo de apelación para la solución de diferencias en materia de inversiones internacionales. Al crear tal mecanismo multilateral, el Comité considerará la posibilidad de adoptar una decisión a fin de establecer que las diferencias en materia de inversiones con arreglo a la presente sección se resuelvan con arreglo a dicho mecanismo multilateral, y de formular las disposiciones transitorias oportunas.

ARTÍCULO 3.13

Derecho aplicable y normas de interpretación

1.    El Tribunal decidirá si el trato que es objeto de la demanda incumple una obligación con arreglo al capítulo dos (Protección de las inversiones).

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el Tribunal aplicará el presente Acuerdo interpretándolo de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y otras normas y principios de Derecho internacional aplicables entre las Partes 29 .

3.    En caso de que surjan problemas graves sobre cuestiones de interpretación que puedan afectar a las cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo, el Comité, con arreglo al apartado 4, letra f), del artículo 4.1 (Comité), podrá formular interpretaciones sobre disposiciones del presente Acuerdo. Toda interpretación que haya sido adoptada por el Comité será vinculante para el Tribunal y el Tribunal de Apelación y todo laudo deberá ser coherente con dicha decisión. El Comité podrá decidir que una interpretación tenga efecto vinculante a partir de una fecha determinada.

ARTÍCULO 3.14

Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico

1.    A más tardar en un plazo de treinta días a partir de la constitución de una división del Tribunal con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) y, en cualquier caso, antes de la primera sesión de dicha división del Tribunal, el demandado podrá interponer la objeción de que una demanda carece manifiestamente de valor jurídico.

2.    El demandado deberá especificar la base de la objeción con la mayor precisión posible.

3.    El Tribunal, después de dar a las partes en la diferencia la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la objeción, emitirá, en la primera sesión de la división del Tribunal o poco después de ella, una decisión o un laudo provisional sobre la objeción.

4.    Este procedimiento y toda decisión del Tribunal se entenderán sin perjuicio del derecho de un demandado a objetar de conformidad con el artículo 3.15 (Demandas infundadas como cuestión de Derecho) o, en el transcurso del proceso, del valor jurídico de una demanda y sin perjuicio de la autoridad del Tribunal para abordar otras objeciones como cuestión prejudicial.

ARTÍCULO 3.15

Demandas infundadas como cuestión de Derecho

1.    Sin perjuicio de la autoridad del Tribunal de abordar otras objeciones como cuestión prejudicial o del derecho de un demandado a plantear tales objeciones en el momento adecuado, el Tribunal formulará y resolverá como cuestión prejudicial cualquier objeción por parte del demandado que, como cuestión de Derecho, demanda, o cualquier parte de ella, presentada con arreglo a la presente sección no sea una demanda para la cual pueda dictarse un laudo favorable para el demandante con arreglo al artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), aunque se haya supuesto que los hechos alegados son ciertos. El Tribunal también podrá considerar cualquier otro hecho pertinente que no sea objeto de la diferencia.

2.    Se presentará al Tribunal una objeción con arreglo al apartado 1 lo antes posible a partir de la constitución de la división del Tribunal y en ningún caso después de la fecha que el Tribunal fije para que el demandado presente su escrito de contestación o, en caso de modificación de la demanda, la fecha que fije el Tribunal para que el demandado presente su respuesta a la modificación. No se podrá presentar una objeción con arreglo al apartado 1 mientras estén pendientes procedimientos con arreglo al artículo 3.14 (Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico), a menos que el Tribunal dé permiso para formular una objeción con arreglo al presente artículo tras haber tenido debidamente en cuenta las circunstancias del caso.

3.    Una vez recibida una objeción con arreglo al apartado 1 y a no ser que considere que esta es manifiestamente infundada, el Tribunal suspenderá cualquier procedimiento sobre el fondo, fijará un calendario para considerar la objeción que sea compatible con cualquier otro calendario que haya fijado para considerar cualquier otra cuestión prejudicial, y emitirá una decisión o un laudo provisional sobre la objeción, indicando sus motivos para ello.

ARTÍCULO 3.16

Transparencia del procedimiento

El anexo 8 (Normas sobre el acceso del público a los documentos, las audiencias y la posibilidad de que terceras personas presenten observaciones) será aplicable a las diferencias con arreglo a la presente sección.

ARTÍCULO 3.17

La Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia

1.    El Tribunal aceptará o, tras celebrar consultas con las partes en la diferencia, podrá invitar a que la Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia formule observaciones oralmente o por escrito sobre cuestiones relacionadas con la interpretación de los tratados.

2.    El Tribunal no sacará ninguna conclusión de la falta de observaciones o respuestas a las invitaciones realizadas con arreglo al apartado 1.

3.    El Tribunal velará por que ninguna observación presentada altere o dificulte indebidamente el procedimiento, ni que perjudique injustamente a cualquier parte en la diferencia.

4.    El Tribunal también velará por que se dé a las partes en la diferencia una oportunidad razonable de que presenten sus observaciones sobre cualquier observación formulada por la Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia.

ARTÍCULO 3.18

Laudo

1.    En caso de que el Tribunal decida que el trato que es objeto de la diferencia infringe una obligación conforme al capítulo dos (Protección de las inversiones), el Tribunal podrá fallar, de forma separada o combinada, únicamente 30 :

a)    una indemnización pecuniaria y los intereses que sean aplicables, y

b)    la restitución de propiedades, a condición de que el demandado pueda pagar indemnizaciones pecuniarias y los intereses que sean aplicables, según determine el Tribunal de conformidad con el capítulo dos (Protección de las inversiones), como indemnización sustitutoria.

2.    Los daños y perjuicios dinerarios no serán superiores a la pérdida sufrida por el demandante o, según proceda, su empresa establecida localmente, como resultado del incumplimiento de las disposiciones pertinentes del capítulo dos (Protección de las inversiones), y se les deducirá el importe de los daños y perjuicios o las indemnizaciones que ya hayan sido pagados por la Parte afectada. El Tribunal no concederá resarcimientos de carácter punitivo.

3.    En caso de que una demanda se presente en nombre de una empresa establecida localmente, el laudo estará dirigido a la empresa establecida localmente.

4.    Por norma general, el Tribunal emitirá un laudo provisional en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de presentación de la demanda. En caso de que el Tribunal considere que no puede emitir su laudo provisional en un plazo de dieciocho meses, informará por escrito a las partes en la diferencia sobre el motivo del retraso y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en el que lo emitirá. El laudo provisional se convertirá en definitivo en caso de que hayan transcurrido noventa días desde que fue emitido y ninguna parte en la diferencia haya recurrido el laudo ante el Tribunal de Apelación.

ARTÍCULO 3.19

Procedimiento de apelación

1.    Cualquiera de las partes en la diferencia podrá recurrir un laudo provisional ante el Tribunal de Apelación en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que fue emitido. Los motivos para recurrir son los siguientes:

a)    que el Tribunal haya incurrido en error en su interpretación o aplicación del Derecho aplicable;

b)    que el Tribunal haya incurrido manifiestamente en error en su apreciación de los hechos, incluida la apreciación del Derecho interno pertinente; o,

c)    los establecidos en el artículo 52 del Convenio del CIADI, en la medida en que no estén contemplados en las letras a) y b).

2.    Si el Tribunal de Apelación desestima el recurso, el laudo provisional se convertirá en definitivo. El Tribunal de Apelación también podrá desestimar el recurso con carácter acelerado cuando sea evidente que el recurso es manifiestamente infundado, en cuyo caso el laudo provisional se convertirá en definitivo.

3.    Cuando se estime el recurso, el Tribunal de Apelación modificará o revocará, total o parcialmente, las constataciones y conclusiones jurídicas del laudo provisional. El Tribunal de Apelación devolverá el asunto al Tribunal, indicando exactamente cómo ha modificado o revocado las constataciones y conclusiones pertinentes del Tribunal. El Tribunal estará legalmente obligado por las constataciones y conclusiones del Tribunal de Apelación y, si procede y previa audiencia de las partes en la diferencia, revisará su laudo provisional en consecuencia. El Tribunal procurará emitir su laudo revisado en un plazo de noventa días desde que se le haya devuelto el asunto.

4.    Por regla general, la duración del procedimiento de apelación entre la fecha en que una parte en la diferencia notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Tribunal de Apelación emita su decisión no excederá de ciento ochenta días. En caso de que el Tribunal considere que no puede emitir su decisión en un plazo de ciento ochenta días, informará por escrito a las partes en la diferencia sobre el motivo del retraso y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en el que la emitirá. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de doscientos setenta días.

5.    La parte en la diferencia que interponga un recurso deberá constituir garantía de los costes de apelación. La parte en la diferencia también constituirá cualquier otra garantía que pueda ser ordenada por el Tribunal de Apelación.

6.    Las disposiciones del artículo 3.8 (Financiación por terceros), del anexo 8 (Normas sobre el acceso del público a los documentos, las audiencias y la posibilidad de que terceras personas presenten observaciones), del artículo 3.17 (La Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia) y del artículo 3.21 (Costes) serán aplicables, mutatis mutandis, con respecto al procedimiento de apelación.

ARTÍCULO 3.20

Indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento

El demandado no podrá afirmar y el Tribunal no aceptará, como defensa, contrademanda, derechos de compensación, o por cualquier otra razón, que el demandante ha recibido o recibirá indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento en virtud de un contrato de seguro o de garantía, por la totalidad o por una parte de los daños y perjuicios reclamados en una diferencia iniciada de conformidad con la presente sección.

ARTÍCULO 3.21

Costes

1.    El Tribunal dictaminará que los costes del procedimiento sean soportados por la parte perdedora en la diferencia. En circunstancias excepcionales, el Tribunal podrá repartir los costes entre las partes en la diferencia si determina que el reparto es apropiado dadas las circunstancias del caso.

2.    La parte perdedora soportará otros costes razonables, incluidos los de representación y asistencia jurídicas, a no ser que el Tribunal determine que tal reparto de costes no es apropiado dadas las circunstancias del caso.

3.    En caso de que solo se hayan ganado algunas partes de las demandas, se ajustarán los costes concedidos en proporción al número o la medida de las partes de las demandas que se hayan ganado.

4.    En caso de que se desestime una demanda, o partes de ella, en aplicación del artículo 3.14 (Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico) o del artículo 3.15 (Demandas infundadas como cuestión de Derecho), el Tribunal ordenará que todos los costes relacionados con tal demanda, o con partes de la misma, incluidos los costes de los procedimientos y otros gastos razonables, entre ellos los de representación y asistencia jurídicas, serán soportados por la parte perdedora en la diferencia.

5.    El Comité considerará la posibilidad de adoptar normas adicionales en materia de honorarios a fin de determinar el importe máximo de los costes de representación y asistencia jurídicas que puedan ser soportados por categorías específicas de partes perdedoras en la diferencia. Tales normas adicionales podrán tener en cuenta los recursos financieros de un demandante que sea una persona física o una pequeña o mediana empresa. El Comité procurará adoptar tales normas adicionales antes de que haya transcurrido un año desde la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3.22

Ejecución de los laudos

1.    Los laudos dictados conforme a la presente sección no serán ejecutables hasta que sean definitivos con arreglo al apartado 4 del artículo 3.18 (Laudo), o los apartados 2 y 3 del artículo 3.19 (Procedimiento de apelación). Los laudos definitivos dictados por el Tribunal de conformidad con la presente sección serán vinculantes entre las partes en la diferencia y no serán objeto de apelación, reconsideración, retirada, anulación o cualquier otro recurso 31 .

2.    Cada Parte reconocerá que los laudos dictados conforme al presente Acuerdo son vinculantes y hará cumplir la obligación pecuniaria en su territorio como si se tratase de una sentencia definitiva de un órgano jurisdiccional de esa Parte.

3.    La ejecución del laudo se regirá por las leyes relativas a la ejecución de sentencias o laudos que estén vigentes donde se solicite tal ejecución.

4.    Para mayor seguridad, el artículo 4.11 (Ausencia de efectos directos) del capítulo cuatro (Disposiciones institucionales, generales y finales) no impedirá el reconocimiento, la ejecución ni la observancia de laudos dictados con arreglo a la presente sección.

5.    A efectos del artículo I de la Convención de Nueva York, los laudos definitivos dictados de conformidad con la presente sección son laudos arbitrales supuestamente derivados de una relación o transacción comercial.

6.    Para mayor seguridad y sin perjuicio del apartado 1, en caso de que se haya presentado una demanda para una solución de diferencias de conformidad con el apartado 1, letra a) del artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), un laudo definitivo con arreglo a la presente sección se considerará un laudo con arreglo a la sección 6 del capítulo IV del Convenio del CIADI.

ARTÍCULO 3.23

Función de las Partes en el Acuerdo

1.    Ninguna de las Partes dará protección diplomática ni interpondrá una demanda internacional respecto a una diferencia que uno de sus inversores y la otra Parte hayan consentido en presentar o hayan presentado para solución de diferencias de conformidad con la presente sección, a no ser que esa otra Parte no haya acatado y cumplido el laudo emitido en la diferencia. A los efectos del presente apartado, la protección diplomática no incluirá intercambios diplomáticos informales con el único fin de facilitar una solución de la diferencia.

2.    Para mayor seguridad, el apartado 1 no excluirá la posibilidad de que una Parte recurra a procedimientos de solución de diferencias de conformidad con el capítulo tres (Solución de diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes), respecto a una medida de aplicación general, incluso si supuestamente dicha medida hubiera infringido el Acuerdo en relación con una inversión específica respecto a la cual ha sido presentada una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal), sin perjuicio del artículo 3.17 (La Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia).

ARTÍCULO 3.24

Acumulación

1.    En caso de que dos o más demandas que se hayan presentado por separado de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) tengan una cuestión de derecho o de hecho en común y se deriven de los mismos acontecimientos o las mismas circunstancias, una parte en la diferencia podrá intentar que se establezca una división del Tribunal distinta («división de acumulación») y solicitar que dicha división dicte una orden de acumulación de conformidad con:

a)    el acuerdo de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden, en cuyo caso las partes en la diferencia presentarán una solicitud conjunta de conformidad con el apartado 3, o

b)    los apartados 2 a 12, a condición de que se pretenda que solo se incluya un demandado en la orden.

2.    La parte en la diferencia que pretenda una orden de acumulación deberá, en primer lugar, entregar un anuncio a las demás partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden. En dicho anuncio se especificarán:

a)    los nombres y las direcciones de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden;

b)    las demandas, o partes de ellas, que se pretenden incluir en la orden, y

c)    los motivos por los que se pretende obtener la orden.

Las partes en la diferencia procurarán ponerse de acuerdo sobre la orden de acumulación que se pretende obtener y sobre las normas aplicables en materia de solución de diferencias.

3.    En caso de que las partes en la diferencia mencionadas en el apartado 2 no hayan alcanzado un acuerdo sobre la acumulación en un plazo de treinta días a partir del anuncio, una parte en la diferencia podrá formular una solicitud de orden de acumulación con arreglo a los apartados 3 a 7. La solicitud deberá presentarse por escrito al presidente del Tribunal y a todas las partes en la diferencia que se pretenda incluir en la orden. En dicha solicitud se especificarán:

a)    los nombres y las direcciones de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir en la orden;

b)    las demandas, o partes de ellas, que se pretenden incluir en la orden, y

c)    los motivos por los que se pretende obtener la orden.

En caso de que las partes en la diferencia hayan alcanzado un acuerdo sobre la acumulación de las demandas, presentarán una solicitud conjunta al presidente del Tribunal con arreglo al presente apartado.

4.    A no ser que, en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud con arreglo al apartado 3, el presidente del Tribunal llegue a la conclusión de que la solicitud es manifiestamente infundada, se establecerá una división de acumulación del Tribunal con arreglo al apartado 8 del artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia).

5.    La división de consolidación del Tribunal llevará a cabo sus procedimientos como se describe a continuación:

a)    a no ser que todas las partes en la diferencia acuerden otra cosa, en caso de que todas las demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación se hayan presentado con arreglo a las mismas normas en materia de solución de diferencias, la división de acumulación procederá con arreglo a las mismas normas en materia de solución de diferencias;

b)    en caso de que las demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación no se hayan presentado con arreglo a las mismas normas en materia de solución de diferencias:

i)    las partes en la diferencia podrán ponerse de acuerdo en las normas en materia de solución de diferencias aplicables de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) que serán aplicables para el procedimiento de acumulación, o

ii)    si las partes en la diferencia no logran ponerse de acuerdo sobre las mismas normas en materia de solución de diferencias en un plazo de treinta días a partir de la solicitud formulada de conformidad con el apartado 3, las normas de arbitraje de la CNUDMI serán aplicables para el procedimiento de acumulación.

6.    En caso de que la división de acumulación esté satisfecha con que dos o más demandas que se hayan presentado de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) tengan una cuestión de Derecho o de hecho en común y se deriven de los mismos acontecimientos o circunstancias, la división de acumulación, en aras de una resolución de las demandas justa y eficiente, que tenga en cuenta la coherencia de los laudos, y tras haber oído a las partes en la diferencia, podrá, mediante una orden:

a)    asumir la jurisdicción de la totalidad o parte de las demandas, así como atender y determinar conjuntamente la totalidad o parte de las demandas, o

b)    asumir la jurisdicción de una o más de las demandas, así como atender y determinar una o más de las demandas cuya determinación crea que ayudaría a resolver las demás.

7.    En caso de que se haya establecido una división de acumulación, un demandante que haya presentado una demanda de conformidad con el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) y cuyo nombre no figure en una solicitud formulada con arreglo al apartado 3 podrá formular una solicitud por escrito a la división de acumulación para que se le incluya en cualquier orden formulada con arreglo al apartado 6. Tal solicitud deberá cumplir los requisitos expuestos en el apartado 3.

8.    Previa solicitud de una parte en la diferencia, la división de consolidación, en espera de su decisión de conformidad con el apartado 6, podrá ordenar que se suspenda el procedimiento de una división establecida con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia), a no ser que esta última división ya haya aplazado sus procedimientos.

9.    Una división del Tribunal establecida de conformidad con el artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) dejará de tener jurisdicción para resolver una demanda, o partes de ella, sobre la cual una división de acumulación haya asumido la jurisdicción, y el procedimiento de una división establecida con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) se suspenderá o se aplazará en consecuencia.

10.    El laudo de la división de acumulación en relación con las demandas, o partes de ellas, sobre las que haya asumido la jurisdicción serán vinculantes para las divisiones establecidas con arreglo al artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) respecto a dichas demandas a partir de la fecha en que el laudo pase a ser definitivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 3.18 (Laudo) y los apartados 2 y 3 del artículo 3.19 (Procedimiento de apelación).

11.    Un demandante podrá retirar su demanda, o parte de ella, sujeta a acumulación de un procedimiento de solución de diferencias con arreglo al presente artículo, pero dicha demanda o dicha parte de ella no podrá volver a presentarse con arreglo al artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal).

12.    Previa solicitud de una de las partes en la diferencia, la división de acumulación podrá tomar las medidas de este tipo que considere adecuadas para mantener la confidencialidad de la información protegida de dicha parte en la diferencia respecto a otras partes en la diferencia. Estas medidas serán, entre otras, permitir que se presenten a las demás partes en la diferencia versiones expurgadas de documentos que contengan información protegida, o arreglos para celebrar algunas partes de la audiencia en privado.

SECCIÓN B

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES

ARTÍCULO 3.25

Ámbito de aplicación

La presente sección será aplicable a cualquier diferencia referente a la interpretación y la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 3.26

Consultas

1.    Las Partes procurarán resolver cualquier diferencia respecto de la interpretación o la aplicación de las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) entablando consultas de buena fe para llegar a una solución consensuada.

2.    Una Parte solicitará una consulta mediante una solicitud por escrito a la otra Parte, con copia al Comité, y en ella figurarán las razones de la solicitud, indicando las medidas cuestionadas, las disposiciones aplicables a que se refiere el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) y las razones para la aplicabilidad de dichas disposiciones.

3.    Las consultas se celebrarán en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud y tendrán lugar, salvo que las Partes acuerden otra cosa, en el territorio de la Parte demandada. Las consultas se considerarán concluidas dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ninguna Parte en otras posibles diligencias.

4.    Las consultas sobre cuestiones de urgencia se celebrarán en un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, y se considerarán concluidas treinta días después de la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa.

5.    Si la Parte a la cual se presenta la solicitud no responde a la solicitud de consultas en un plazo de diez días a partir de la fecha de su recepción, o si las consultas no se celebran en los plazos establecidos en el apartado 3 o en el apartado 4, respectivamente, o si estas finalizan sin haberse llegado a una solución de mutuo acuerdo, la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un grupo especial de arbitraje con arreglo al artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.27

Mediación

Cualquiera de las Partes podrá solicitar de la otra Parte que participe en un procedimiento de mediación en lo que respecta a cualquier medida que afecte negativamente a la inversión entre las Partes, de conformidad con el anexo 10 (Mecanismo de mediación para las diferencias entre inversores y Partes).

ARTÍCULO 3.28

Inicio del procedimiento arbitral

1.    Si las Partes no pueden resolver la diferencia mediante consultas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.26 (Consultas), la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un grupo especial de arbitraje de conformidad con el presente artículo.

2.    La solicitud de constitución de un grupo especial de arbitraje se dirigirá, por escrito, a la Parte demandada y al Comité. La Parte demandante describirá en su solicitud la medida específica cuestionada y explicará las razones por las que constituye una infracción de las disposiciones citadas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) de forma suficientemente detallada para constituir la base jurídica de la demanda.

ARTÍCULO 3.29

Constitución del grupo especial de arbitraje

1.    El grupo especial de arbitraje estará compuesto por tres árbitros.

2.    En un plazo de cinco días a partir de la fecha en que la Parte demandada haya recibido la solicitud contemplada en el apartado 1 del artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral), las Partes celebrarán consultas con el fin de llegar a un acuerdo sobre la composición del grupo especial de arbitraje.

3.    En caso de que las Partes no consigan llegar a un acuerdo, en un plazo de diez días a partir del inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2, sobre la presidencia del grupo especial de arbitraje, el presidente del Comité o su delegado, seleccionará por sorteo, en un plazo de veinte días a partir de la fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2, de la lista mencionada en el apartado 1 del artículo 3.44 (Listas de árbitros), un árbitro que ejerza de presidente.

4.    En caso de que, en un plazo de diez días a partir del inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2, las Partes no consigan ponerse de acuerdo sobre los árbitros:

a)    cada una de las Partes podrá seleccionar un árbitro, que no actuará como presidente, de entre quienes figuren en la lista establecida con arreglo al apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de árbitros), en un plazo de quince días a partir de la fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2; y

b)    en caso de que una Parte no seleccione a un árbitro de conformidad con el apartado 4, letra a), el presidente del Comité, o su delegado, seleccionará a los restantes árbitros, por sorteo, de entre las personas propuestas por la Parte de conformidad con el apartado 2 de artículo 3.44 (Listas de árbitros), en un plazo de veinte días a partir del inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2.

5.    En caso de que la lista prevista en el apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de árbitros) no se haya establecido en el momento requerido conforme al apartado 4:

a)    si ambas Partes han propuesto personas de conformidad con el apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de árbitros), cada Parte podrá seleccionar un árbitro, que no ejercerá como presidente, de entre las personas propuestas, en un plazo de quince días a partir de la fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2; si una Parte no selecciona a un árbitro, lo seleccionará por sorteo el presidente del Comité, o su delegado, de entre las personas propuestas por la Parte que no haya seleccionado a su árbitro, o

b)    si solo una de las Partes ha propuesto personas de conformidad con el apartado 2 del artículo 3.44 (Listas de árbitros), cada Parte podrá seleccionar un árbitro, que no ejercerá como presidente, de entre las personas propuestas, en un plazo de quince días a partir de la fecha de inicio de las consultas mencionadas en el apartado 2; si una Parte no selecciona un árbitro, lo seleccionará por sorteo el presidente del Comité, o su delegado, de entre las personas propuestas.

6.    En caso de que la lista prevista en el apartado 1 del artículo 3.44 (Listas de árbitros) no se haya establecido en el momento requerido de conformidad con el apartado 3, el presidente será seleccionado, por sorteo, de entre los antiguos miembros del órgano de apelación de la OMC, y no deberá ser una persona de ninguna de las Partes.

7.    La fecha de constitución del grupo especial de arbitraje será la fecha en que se designe al último de los tres árbitros.

8.    Los árbitros solo se sustituirán por los motivos y según los procedimientos detallados en las normas 19 a 25 del anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.30

Laudo preliminar sobre la urgencia

Si una Parte lo solicita, el grupo especial de arbitraje podrá emitir, en un plazo de diez días a partir de su fecha de constitución, un laudo preliminar sobre si considera que el asunto es urgente.

ARTÍCULO 3.31

Informe provisional del grupo especial

1.    El grupo especial de arbitraje presentará a las Partes un informe provisional en el que se expongan las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y la fundamentación de sus constataciones y recomendaciones a más tardar en un plazo de noventa días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje. Si considera que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo especial de arbitraje deberá notificarlo a las Partes y al Comité por escrito, indicando las razones del retraso y la fecha en la que dicho grupo especial prevé emitir su informe provisional. El informe provisional no debe emitirse en ningún caso en un plazo superior a ciento veinte días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje.

2.    Cualquiera de las Partes podrá presentar por escrito al grupo especial de arbitraje una solicitud de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional en un plazo de treinta días a partir de la notificación.

3.    En casos de urgencia, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su informe provisional y cualquier Parte podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje que reconsidere aspectos concretos del informe provisional en la mitad de los plazos previstos, respectivamente, en los apartados 1 y 2.

4.    Tras considerar cualquier observación escrita de las Partes sobre el informe provisional, el grupo especial de arbitraje podrá modificar dicho informe y realizar cualquier otro examen que considere oportuno. Las constataciones del laudo final del grupo especial incluirán un debate suficiente de las alegaciones presentadas en la etapa de reconsideración provisional y responderán claramente a las observaciones por escrito de ambas Partes.

ARTÍCULO 3.32

Laudo del grupo especial de arbitraje

1.    El grupo especial de arbitraje transmitirá su laudo a las Partes y al Comité en un plazo de ciento cincuenta días a partir de la fecha de constitución del grupo especial de arbitraje. Si considera que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo especial de arbitraje deberá notificarlo a las Partes y al Comité por escrito, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo especial de arbitraje prevé emitir su laudo. El laudo del grupo especial de arbitraje no debe emitirse, en ningún caso, en un plazo superior a ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de dicho grupo especial.

2.    En casos de urgencia, el grupo especial de arbitraje hará todo lo posible por emitir su laudo en un plazo de setenta y cinco días a partir de la fecha de su constitución. El laudo del grupo especial de arbitraje no debe emitirse en ningún caso en un plazo superior a noventa días a partir de la fecha de constitución de dicho grupo especial.

ARTÍCULO 3.33

Cumplimiento del laudo del grupo especial de arbitraje

Cada Parte adoptará las medidas necesarias para cumplir de buena fe el laudo del grupo especial de arbitraje y las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el plazo de cumplimiento del laudo.

ARTÍCULO 3.34

Plazo razonable para el cumplimiento

1.    En un plazo de treinta días a partir de la notificación del laudo del grupo especial de arbitraje a las Partes, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité el tiempo que precisará para dar cumplimiento (en lo sucesivo denominado el «plazo razonable») al laudo, en caso de que no sea posible un cumplimiento inmediato.

2.    En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable de cumplimiento del laudo del grupo especial de arbitraje, la Parte demandante, en un plazo de veinte días a partir de la recepción de la notificación realizada con arreglo al apartado 1 por la Parte demandada, solicitará por escrito al grupo especial de arbitraje inicial que determine la duración del plazo razonable. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Comité. El grupo especial de arbitraje transmitirá su laudo a las Partes y al Comité en un plazo de veinte días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3.    Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de treinta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud mencionada en el apartado 2.

4.    La Parte demandada informará a la Parte demandante por escrito de sus avances para dar cumplimiento al laudo del grupo especial de arbitraje al menos un mes antes de que expire el plazo razonable.

5.    El plazo razonable podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 3.35

Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje

1.    Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al laudo del grupo especial de arbitraje.

2.    En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o coherencia de las medidas notificadas con arreglo al apartado 1 con las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), la Parte demandante podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje inicial que se pronuncie sobre la cuestión. En dicha solicitud se indicará la medida específica cuestionada y las disposiciones citadas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) sobre las que considera que la medida no es coherente, de forma suficientemente detallada para constituir la base jurídica de la demanda de forma clara, y se explicará por qué la medida es incompatible con lo dispuesto en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación). El grupo especial de arbitraje notificará su laudo en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3.    Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de sesenta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud mencionada en el apartado 2.

ARTÍCULO 3.36

Soluciones temporales en caso de incumplimiento

1.    Si la Parte demandada no notifica las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje antes del final del plazo razonable, o si el grupo especial de arbitraje establece que no se ha adoptado ninguna medida de cumplimiento o que la medida notificada con arreglo al apartado 1 del artículo 3.35 (Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje) no es compatible con las obligaciones de dicha Parte con arreglo a las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), la Parte demandada iniciará negociaciones con la Parte demandante para alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable sobre compensación.

2.    Si no se alcanza ningún acuerdo sobre compensación en un plazo de treinta días a partir del final del plazo razonable o de la emisión del laudo del grupo especial de arbitraje con arreglo al artículo 3.35 (Reconsideración de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje) en el sentido de que no se ha adoptado ninguna medida de cumplimiento o de que la medida adoptada no es compatible con las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), la Parte demandante tendrá derecho, tras notificar a la otra Parte y al Comité, a adoptar las medidas oportunas a un nivel equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la infracción. La notificación especificará tales medidas. La Parte demandante podrá adoptar tales medidas en cualquier momento diez días laborables después de la fecha de recepción de la notificación por la Parte demandada, a menos que la Parte demandada haya solicitado un arbitraje conforme al apartado 3.

3.    Si la Parte demandada considera que las medidas adoptadas por la parte demandante no son equivalentes a la anulación o al menoscabo causado por la infracción, podrá solicitar por escrito al grupo especial de arbitraje inicial que se pronuncie sobre la cuestión. Dicha solicitud se notificará a la Parte demandante y al Comité antes del final del período de diez días mencionado en el apartado 2. El grupo especial de arbitraje, tras solicitar, si procede, el dictamen de expertos, notificará su laudo sobre el nivel de la suspensión de las obligaciones a las Partes y al Comité en un plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Las medidas no serán adoptadas hasta que el grupo especial de arbitraje inicial haya emitido su laudo, y toda medida será coherente con el laudo del grupo especial de arbitraje.

4.    Si algún miembro del grupo especial de arbitraje inicial ya no estuviera disponible, serán aplicables los procedimientos fijados en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de arbitraje). El plazo para emitir el laudo será de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de la presentación de la solicitud mencionada en el apartado 3.

5.    Las medidas previstas en el presente artículo serán temporales y no se aplicarán una vez que:

a)    las Partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 3.39 (Solución de mutuo acuerdo), o

b)    las Partes hayan llegado a un acuerdo sobre si la medida notificada con arreglo al apartado 1 de artículo 3.37 (Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas tras la adopción de soluciones temporales por incumplimiento) hace que la Parte demandada se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), o

c)    cualquier medida considerada incompatible con lo dispuesto en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) se retire o modifique con objeto de que se ajuste a dichas disposiciones, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3.37 (Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas tras la adopción de soluciones temporales por incumplimiento).

ARTÍCULO 3.37

Reconsideración de las medidas de cumplimiento tomadas tras la adopción de soluciones temporales por incumplimiento

1.    La Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité toda medida que adopte para cumplir el laudo del grupo especial de arbitraje y su solicitud de finalización de la suspensión de las medidas aplicadas por la Parte demandante.

2.    Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre si la medida notificada hace que la Parte demandada se ajuste a las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) en un plazo de treinta días a partir de la fecha de la notificación, la Parte demandante solicitará por escrito al grupo especial de arbitraje inicial que decida sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Comité. El laudo del grupo especial de arbitraje se notificará a las Partes y al Comité en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el grupo especial de arbitraje determina que las medidas de cumplimiento se ajustan a las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación), finalizarán las medidas mencionadas en el artículo 3.36 (Soluciones temporales en caso de incumplimiento).

ARTÍCULO 3.38

Suspensión y finalización de los procedimientos arbitrales

1.    Previa petición por escrito de ambas Partes, el grupo especial de arbitraje podrá suspender su trabajo en todo momento durante un período acordado por las Partes, que no excederá de los doce meses, y reanudará su trabajo al final de dicho período acordado, previa petición por escrito de la Parte demandante, o antes de que finalice dicho período acordado, previa petición por escrito de ambas Partes. En caso de que la Parte demandante no solicite la reanudación del trabajo del grupo especial de arbitraje antes de que finalice el período de suspensión acordado, se darán por concluidos los procedimientos de solución de diferencias iniciados conforme a la presente sección. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3.45 (Relación con las obligaciones derivadas de la OMC), la suspensión y la finalización del trabajo del grupo especial de arbitraje se entenderán sin perjuicio de los derechos de las Partes en otros procedimientos.

2.    En todo momento, las Partes podrán acordar la terminación de los procedimientos de solución de diferencias iniciados de conformidad con la presente sección.

ARTÍCULO 3.39

Solución de mutuo acuerdo

Las Partes podrán alcanzar en cualquier momento una solución de mutuo acuerdo conforme a la presente sección. Notificarán al Comité y al grupo especial de arbitraje, en caso de haberlo, cualquier solución de este tipo. Si la solución exige una aprobación conforme a los procedimientos internos correspondientes de cualquiera de las Partes, la notificación se referirá a esa exigencia, y se suspenderán los procedimientos de solución de diferencias iniciados conforme a la presente sección. Si no se exige esa aprobación, o una vez notificada la conclusión de tales procedimientos internos, se dará por terminado el procedimiento.

ARTÍCULO 3.40

Reglamento interno

1.    Los procedimientos de solución de diferencias con arreglo al presente capítulo se regirán por el anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

2.    Las audiencias de los grupos especiales de arbitraje estarán abiertas al público de conformidad con el anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.41

Comunicación de información

1.    A petición de una Parte o por propia iniciativa, el grupo especial de arbitraje podrá obtener información de cualquier fuente, incluso de las Partes implicadas en la diferencia, que considere adecuada para el procedimiento del grupo especial de arbitraje. El grupo especial de arbitraje también tendrá derecho a solicitar el dictamen pertinente de expertos, si lo considera conveniente. El grupo especial de arbitraje consultará a las Partes antes de designar a dichos expertos. Toda la información obtenida de este modo deberá comunicarse a las Partes y se les enviará para que formulen sus observaciones.

2.    Las personas físicas o jurídicas interesadas de las Partes podrán presentar observaciones amicus curiae al grupo especial de arbitraje, de conformidad con el anexo 9 (Reglamento interno del procedimiento arbitral).

ARTÍCULO 3.42

Normas de interpretación

El grupo especial de arbitraje interpretará las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) de conformidad con las normas habituales de interpretación del Derecho público internacional, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En los casos en que una obligación en virtud del presente Acuerdo sea idéntica a una obligación en virtud del Acuerdo de la OMC, el grupo especial de arbitraje tendrá en cuenta una interpretación coherente con cualquier interpretación pertinente establecida en resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (en lo sucesivo «OSD»). Los laudos del grupo especial de arbitraje no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones que figuran en las disposiciones contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación).

ARTÍCULO 3.43

Decisiones y laudos del grupo especial de arbitraje

1.    El grupo especial de arbitraje hará todo lo posible para adoptar todas las decisiones por consenso. No obstante, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso, la decisión sobre la cuestión examinada se tomará por mayoría de votos.

2.    Los laudos del grupo especial de arbitraje serán vinculantes para las Partes y no crearán derechos ni obligaciones para las personas físicas o jurídicas. El laudo establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes contempladas en el artículo 3.25 (Ámbito de aplicación) y la fundamentación de sus constataciones y conclusiones. El Comité hará públicos los laudos del grupo especial de arbitraje en todos sus elementos, a menos que decida no hacerlo para asegurar la confidencialidad de toda información que cualquiera de las Partes haya señalado como confidencial.

ARTÍCULO 3.44

Listas de árbitros

1.    Las Partes establecerán, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de cinco personas dispuestas y capacitadas para ejercer como presidente del grupo especial de arbitraje mencionado en el artículo 3.29 (Constitución del grupo especial de arbitraje).

2.    A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité establecerá una lista de al menos diez personas dispuestas y capacitadas para ejercer de árbitro. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada Parte propondrá al menos cinco personas para ejercer de árbitro.

3.    El Comité garantizará que se mantenga la lista de personas que ejerzan de presidente o de árbitro, establecida de conformidad con los apartados 1 y 2, respectivamente.

4.    Los árbitros tendrán conocimientos especializados o experiencia en Derecho y en comercio o inversión internacionales, o en solución de diferencias que surjan en virtud de acuerdos internacionales de comercio. Serán independientes, actuarán a título personal y no estarán afiliados al gobierno de ninguna de las Partes, y cumplirán el anexo 11 (Código de conducta de los árbitros y los mediadores).

ARTÍCULO 3.45

Relación con las obligaciones derivadas de la OMC

1.    El recurso a las disposiciones sobre solución de diferencias de la presente sección será sin perjuicio de cualquier acción en el marco de la OMC, incluidos los procedimientos de solución de diferencias.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si una Parte inicia un procedimiento de solución de diferencias, conforme a la presente sección o al Acuerdo de la OMC, en relación con una medida concreta, no podrá iniciar ningún procedimiento de solución de diferencias con respecto a la misma medida en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya finalizado. Además, ninguna Parte incoará un procedimiento de solución de diferencias conforme a la presente sección y conforme al Acuerdo de la OMC, a menos que se cuestionen obligaciones sustancialmente diferentes en el marco de ambos acuerdos, o a menos que el foro seleccionado, por razones procesales o jurisdiccionales, no llegue a ninguna conclusión sobre la demanda por la que se pretende una compensación de la obligación, siempre que la falta de conclusiones del foro no se deba a la falta de diligencia de una Parte en la diferencia.

3.    A efectos del apartado 2:

a)    se considera que se ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo de la OMC cuando una Parte haya solicitado la constitución de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC incluido en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC (en lo sucesivo «ESD») y se considerará que ha finalizado cuando el OSD adopte el informe del grupo especial o el informe del Órgano de Apelación, según proceda, con arreglo al artículo 16 y el artículo 17, apartado 14, del ESD; y

b)    se considerará que se ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias conforme a la presente sección cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial de arbitraje con arreglo al apartado 1 del artículo 3.28 (Inicio del procedimiento arbitral) y se considerará que ha finalizado cuando el grupo especial de arbitraje transmita su laudo a las Partes y al Comité con arreglo al apartado 2 del artículo 3.32 (Laudo del grupo especial de arbitraje) o cuando las partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 3.39 (Solución de mutuo acuerdo).

4.    Ninguna disposición de la presente sección impedirá a una Parte aplicar la suspensión de obligaciones autorizada por el OSD. No podrán invocarse ni el Acuerdo de la OMC ni el ALC UE-Singapur para impedir que una Parte adopte las medidas oportunas con arreglo al artículo 3.36 (Soluciones temporales en caso de incumplimiento) de la presente sección.

ARTÍCULO 3.46

Plazos

1.    Todos los plazos establecidos en la presente sección, incluidos los plazos para que los grupos especiales de arbitraje emitan sus laudos, se contarán en días naturales, y el primer día será el día siguiente al acto o hecho al que se refieren, a no ser que se especifique otra cosa.

2.    Los plazos contemplados en la presente sección podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las Partes.

CAPÍTULO CUATRO

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES, GENERALES Y FINALES

ARTÍCULO 4.1

Comité

1.    Las Partes crean un Comité, formado por representantes de la Parte UE y de Singapur.

2.    El Comité se reunirá normalmente cada dos años en la Unión o en Singapur alternativamente o, sin demora indebida, a petición de cualquier Parte. El Comité será copresidido por el ministro de Comercio e Industria de Singapur y el miembro de la Comisión Europea responsable de Comercio, o por sus respectivos delegados. El Comité acordará su calendario de reuniones y fijará su orden del día, y podrá adoptar su propio reglamento interno.

3.    El Comité:

a)    velará por el buen funcionamiento del presente Acuerdo;

b)    supervisará y facilitará la ejecución y aplicación del presente Acuerdo y promoverá sus objetivos generales;

c)    analizará las formas de reforzar las relaciones comerciales entre las Partes;

d)    examinará las dificultades que puedan surgir en la aplicación del capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), y estudiará las posibles mejoras, en particular teniendo en cuenta la experiencia y la evolución en otros foros internacionales;

e)    revisará de forma general el funcionamiento del capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), teniendo también en cuenta las cuestiones derivadas de los esfuerzos por crear el mecanismo de solución de diferencias contemplado en el artículo 3.12 (Mecanismo multilateral de solución de diferencias);

f)    sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo tres (Solución de diferencias), tratará de resolver los problemas que puedan surgir en los ámbitos abarcados por el presente Acuerdo, o resolver las diferencias que se puedan plantear respecto de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo, y

g)    examinará cualquier otra cuestión de interés relativa a un ámbito abarcado por el presente Acuerdo.

4.    Previo acuerdo entre las Partes y tras la finalización de sus respectivos requisitos y procedimientos jurídicos, el Comité podrá decidir lo siguiente:

a)    nombrar a los miembros del Tribunal y los miembros del Tribunal de Apelación con arreglo al apartado 2 del artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia) y al apartado 2 del artículo 3.10 (Tribunal de Apelación), para aumentar o reducir el número de miembros con arreglo al artículo 3.9, apartado 3, y al artículo 3.10, apartado 3, y para expulsar a un miembro del Tribunal o del Tribunal de Apelación de conformidad con el apartado 5 del artículo 3.11 (Código ético);

b)    fijar los honorarios mensuales de los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación de conformidad con el artículo 3.9, apartado 12, y el artículo 3.10, apartado 11, y el importe de los honorarios diarios de los miembros que presten servicio en una división del Tribunal de Apelación, así como de los presidentes del Tribunal y del Tribunal de Apelación con arreglo al artículo 3.10, apartado 12, y al artículo 3.9, apartado 13;

c)    transformar los honorarios mensuales y los demás honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación en un salario regular con arreglo al artículo 3.9, apartado 15, y al artículo 3.10, apartado 13;

d)    especificar cualquier disposición transitoria que sea necesaria de conformidad con el artículo 3.12 (Mecanismo multilateral de solución de diferencias);

e)    adoptar normas adicionales sobre honorarios de conformidad con el apartado 5 del artículo 3.21 (Costes);

f)    formular interpretaciones de las disposiciones del presente Acuerdo, que serán vinculantes para las Partes y para todos los organismos creados en virtud del presente Acuerdo, incluidos el Tribunal y el Tribunal de Apelación a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), y los grupos especiales de arbitraje a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes), y

g)    adoptar normas que complementen las normas aplicables sobre solución de diferencias o las normas que figuran en los anexos. Tales normas serán vinculantes para el Tribunal y el Tribunal de Apelación a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes) y los grupos especiales de arbitraje a los que se hace referencia en el capítulo tres (Solución de diferencias), sección B (Solución de diferencias entre las Partes).

ARTÍCULO 4.2

Toma de decisiones

1.    En los casos previstos en el presente Acuerdo, las Partes podrán adoptar decisiones en el Comité. Las decisiones adoptadas serán vinculantes para las Partes, que adoptarán las medidas necesarias para aplicarlas.

2.    En los casos previstos en el presente Acuerdo, el Comité podrá formular las recomendaciones oportunas.

3.    El Comité elaborará sus decisiones y recomendaciones mediante acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 4.3

Modificaciones

1.    Las Partes podrán acordar por escrito modificar el presente Acuerdo. Las modificaciones entrarán en vigor después de que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen que han finalizado sus respectivos procedimientos y requisitos jurídicos aplicables, según se expone en el instrumento de modificación.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las Partes podrán, en el Comité, adoptar una decisión por la que se modifique el presente Acuerdo en los casos previstos en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4.4

Reconocimiento de medidas prudenciales

1.    Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:

a)    proteger a los inversores, los depositantes, los tenedores de pólizas o las personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros;

b)    mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de los proveedores de servicios financieros; o

c)    garantizar la integridad y la estabilidad del sistema financiero de dicha Parte.

2.    Estas medidas no serán más gravosas de lo necesario para alcanzar su objetivo y no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable contra los proveedores de servicios financieros de la otra Parte, en comparación con sus propios proveedores de servicios financieros similares, ni una restricción encubierta del comercio de servicios.

3.    Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de manera que se obligue a una Parte a revelar información relativa a las actividades y a las cuentas de consumidores individuales ni cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.

ARTÍCULO 4.5

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de:

a)    exigir a cualquier Parte que facilite información cuya difusión considere contraria a sus intereses esenciales de seguridad;

b)    impedir a cualquier Parte que adopte las medidas que estime necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:

i)    conexas a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y relativas al tráfico de otros artículos y materiales y a actividades económicas llevadas a cabo directa o indirectamente para asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii)    relativas al suministro de servicios destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii)    relativas a materiales fisionables y fusionables o a los materiales de los que estos se derivan; o

iv)    adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales, o para proteger las infraestructuras públicas críticas (es decir, las comunicaciones, la energía o las infraestructuras hídricas que suministran bienes o servicios esenciales para el público en general) de intentos deliberados de desactivarlas o perturbarlas;

c)    impedir a cualquier Parte que adopte medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

ARTÍCULO 4.6

Fiscalidad

1.    El presente Acuerdo solo será aplicable a las medidas fiscales en la medida en que la aplicación sea necesaria para dar efecto a las disposiciones del presente Acuerdo 32 .

2.    Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones ni de Singapur, ni de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros en virtud de cualquier acuerdo fiscal entre Singapur y la Unión o cualquiera de sus Estados miembros. En caso de incompatibilidad entre el presente Acuerdo y un acuerdo de esa naturaleza, prevalecerán las disposiciones de dicho acuerdo respecto de la incompatibilidad. En el caso de un acuerdo fiscal entre Singapur y la Unión o uno de sus Estados miembros, las autoridades competentes en virtud de dicho acuerdo serán las únicas responsables para determinar si existen incompatibilidades entre el presente Acuerdo y dicho acuerdo.

3.    Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a ninguna de las Partes adoptar o mantener cualquier medida fiscal que distinga entre los contribuyentes basándose en criterios racionales, como los contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular en lo que respecta a su lugar de residencia o al lugar en que esté invertido su capital 33 .

4.    Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá la adopción o el mantenimiento de cualquier medida destinada a prevenir la evasión fiscal conforme a las disposiciones fiscales de acuerdos para evitar la doble imposición u otros acuerdos fiscales, o cualquier legislación fiscal nacional.

5.    Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a Singapur adoptar o mantener medidas fiscales que sean necesarias para proteger intereses políticos públicos fundamentales de Singapur derivados de sus limitaciones de espacio específicas.

ARTÍCULO 4.7

Excepción específica

Ninguna disposición del presente Acuerdo será aplicable a las actividades realizadas por un banco central, autoridad monetaria o cualquier otra entidad pública en la conducción de políticas monetarias o cambiarias.

ARTÍCULO 4.8

Fondos soberanos

Cada Parte animará a sus fondos soberanos a respetar los principios y prácticas generalmente aceptados (Principios de Santiago).

ARTÍCULO 4.9

Divulgación de información

1.    Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que exige a ninguna Parte la obligación de revelar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para hacer cumplir las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

2.    Cuando una Parte comunique al Comité información que considere confidencial en virtud de sus leyes y reglamentos, la otra Parte tratará dicha información como confidencial, a menos que la Parte que la presenta acuerde otra cosa.

ARTÍCULO 4.10

Cumplimiento de las obligaciones

Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo. Velarán por que se alcancen los objetivos fijados en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4.11

Ausencia de efectos directos

Para mayor seguridad, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que concede derechos o impone obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes con arreglo al Derecho internacional público.

ARTÍCULO 4.12

Relación con otros Acuerdos

1.    El presente Acuerdo formará parte integrante de las relaciones bilaterales generales que se rigen por el AAC UE-Singapur y formará parte de un marco institucional común. Constituye un acuerdo específico que da efecto a las disposiciones comerciales del AAC UE-Singapur.

2.    Para mayor seguridad, las Partes están de acuerdo en que ninguna disposición del presente Acuerdo las obliga a actuar de manera contraria a sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC.

3.    a)    A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Acuerdos entre los Estados miembros de la Unión y Singapur enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se hace referencia en el artículo 4.12), incluidos los derechos y obligaciones derivados de ellos, dejarán de tener efecto y serán sustituidos por el presente Acuerdo.

b)    En caso de aplicación provisional del presente Acuerdo de conformidad con el apartado 4 del artículo 4.15 (Entrada en vigor), a partir de la fecha de aplicación provisional se suspenderán la aplicación de las disposiciones de los Acuerdos enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se hace referencia en el artículo 4.12) y los derechos y obligaciones derivados de ellos. En caso de que se ponga término a la aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entre en vigor, cesará la suspensión y tendrán efecto los Acuerdos enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se hace referencia en el artículo 4.12).

c)    No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras a) y b), podrá presentarse una demanda conforme a lo dispuesto en uno de los Acuerdos enumerados en el anexo 5 (Acuerdos a los que se hace referencia en el artículo 4.12) en relación con el trato concedido mientras dicho Acuerdo estuvo en vigor, de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos en dicho Acuerdo y a condición de que no hayan transcurrido más de tres años desde la fecha de suspensión del Acuerdo de conformidad con el apartado 3, letra b), o, si el Acuerdo no se suspendió de conformidad con el apartado 3, letra b), desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

d)    No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras a) y b), si se pone término a la aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entra en vigor, podrá presentarse una demanda con arreglo al capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes) en relación con el trato concedido durante el período de aplicación provisional del presente Acuerdo, a condición de que no hayan transcurrido más de tres años desde la fecha de terminación de la aplicación provisional.

A los efectos del presente apartado, no se aplicará la definición de «entrada en vigor del presente Acuerdo» establecida en el apartado 4, letra d), del artículo 4.15 (Entrada en vigor).

ARTÍCULO 4.13

Aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará:

a)    respecto a la Parte UE, en los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en las condiciones establecidas en dichos Tratados, y

b)    respecto a Singapur, en su territorio.

Las referencias del presente Acuerdo al «territorio» se entenderán en este sentido, salvo que se disponga explícitamente otra cosa.

ARTÍCULO 4.14

Anexos, apéndices, declaraciones conjuntas, protocolos y entendimientos

Los anexos, apéndices, declaraciones conjuntas, protocolos y entendimientos del presente Acuerdo formarán parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 4.15

Entrada en vigor

1.    El presente Acuerdo será aprobado por las Partes de conformidad con sus respectivos procedimientos.

2.    El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen que han finalizado sus respectivos procedimientos y requisitos jurídicos aplicables para la entrada en vigor del presente Acuerdo. Las Partes podrán fijar otra fecha de común acuerdo.

3.    Las notificaciones se remitirán al Secretario General del Consejo de la Unión y al Director del Departamento para América del Norte y Europa del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, o a sus respectivos sucesores.

4.    a)    El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la que la Unión y Singapur se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de sus procedimientos pertinentes respectivos. Las Partes podrán fijar otra fecha de común acuerdo.

b)    Si determinadas disposiciones del presente Acuerdo no pudieran aplicarse provisionalmente, la Parte que no pueda llevar a cabo dicha aplicación provisional notificará a la otra Parte las disposiciones que no puedan aplicarse provisionalmente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 4, letra a), si la otra Parte ha finalizado los procedimientos necesarios y no se opone a la aplicación provisional en los diez días siguientes a la notificación de que determinadas disposiciones no pueden aplicarse provisionalmente, las disposiciones del presente Acuerdo que no hayan sido notificadas se aplicarán provisionalmente el primer día del mes siguiente a la notificación.

c)    La Unión o Singapur podrán poner término a la aplicación provisional mediante notificación escrita a la otra Parte. Dicha terminación surtirá efecto el primer día del segundo mes siguiente al de su notificación.

d)    Si el presente Acuerdo o algunas de sus disposiciones se aplican provisionalmente, se entenderá por «entrada en vigor del presente Acuerdo» la fecha de aplicación provisional. El Comité podrá ejercer sus funciones durante la aplicación provisional del presente Acuerdo. Cualquier decisión adoptada en el ejercicio de estas funciones solo dejará de ser efectiva si se pone término a la aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entra en vigor.

ARTÍCULO 4.16

Duración

1.    El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.

2.    Tanto la Parte UE como Singapur podrán notificar por escrito a la otra Parte su intención de poner término al presente Acuerdo.

3.    Se pondrá término al presente Acuerdo seis meses después de la notificación con arreglo al apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.17 (Terminación).

4.    En un plazo de treinta días a partir de la presentación de una notificación con arreglo al apartado 2, cualquiera de las Partes podrá solicitar la celebración de consultas sobre si la terminación de cualquier disposición del presente Acuerdo debe surtir efecto en una fecha posterior a la establecida en el apartado 2. Dichas consultas comenzarán en un plazo de treinta días a partir de que una Parte presente tal solicitud.

ARTÍCULO 4.17

Terminación

En caso de que se decida poner término al presente Acuerdo de conformidad con el artículo 4.16 (Duración), el presente Acuerdo seguirá teniendo efecto durante un período adicional de veinte años a partir de tal fecha con respecto a las inversiones cubiertas efectuadas antes de la fecha de terminación del presente Acuerdo. El presente artículo no será aplicable en caso de que se ponga término a la aplicación provisional del presente Acuerdo y este no entre en vigor.

ARTÍCULO 4.18

Adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión

1.    La Unión notificará a Singapur, sin retrasos indebidos, cualquier solicitud de adhesión de un tercer país a la Unión.

2.    Durante las negociaciones entre la Unión y el país candidato a la adhesión, la Unión procurará:

a)    facilitar, previa solicitud de Singapur y en la mayor medida posible, información sobre cualquier asunto contemplado en el presente Acuerdo, y

b)    tener en cuenta todas las preocupaciones expresadas por Singapur.

3.    La Unión notificará a Singapur, tan pronto como sea posible, los resultados de las negociaciones de adhesión con el país candidato a la adhesión a la Unión, y también le notificará la entrada en vigor de cualquier posible adhesión a la Unión.

4.    El Comité examinará los efectos de dicha adhesión sobre el presente Acuerdo con suficiente antelación con respecto a la fecha de adhesión y se pronunciará sobre los ajustes o las disposiciones transitorias que puedan ser necesarios.

5.    Todo nuevo Estado miembro de la UE se adherirá al presente Acuerdo al depositar un Acta de adhesión al presente Acuerdo ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y ante el Director del Departamento para América del Norte y Europa del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, o ante sus respectivos sucesores.

ARTÍCULO 4.19

Textos auténticos

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

(1)    Para mayor seguridad, las inversiones realizadas «en el territorio de la otra Parte» incluirán las inversiones realizadas en una zona económica exclusiva o en una plataforma continental, tal y como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.

(2)    Por «derechos de propiedad intelectual e industrial» se entenderán:a)    todas las categorías de propiedad intelectual e industrial que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre los ADPIC»), a saber:i)    derechos de autor y derechos conexos;ii)    patentes (que, en el caso de la Unión, incluyen los derechos derivados de los certificados complementarios de protección);iii)    marcas;iv)    dibujos y modelos;v)    los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;vi)    las indicaciones geográficas;vii)    la protección de la información no divulgada, yb)    los derechos relativos a las obtenciones vegetales.

(3)    Para mayor seguridad, una resolución o sentencia en el contexto de una acción judicial o administrativa no constituirá, por sí misma, una inversión.

(4)    El término «persona física» incluye a las personas físicas que residen permanentemente en Letonia y no son ciudadanos de Letonia ni de ningún otro Estado, pero que, en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de Letonia, tienen derecho a recibir un pasaporte para personas que no poseen el estatuto de ciudadano (pasaporte para extranjeros).

(5)    El término «administración central» significa la oficina principal en la que se toman las decisiones finales.

(6)    La Parte UE considera que el concepto de «vinculación efectiva y continua» con la economía de un Estado miembro de la Unión, consagrado en el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es equivalente al concepto de «operaciones empresariales sustantivas». Por consiguiente, la Parte UE ampliará los beneficios del presente Acuerdo a una persona jurídica creada conforme al Derecho de Singapur que tenga únicamente su domicilio social o administración central en el territorio de Singapur solo en caso de que dicha persona jurídica tenga un vínculo económico efectivo y continuo con la economía de Singapur.

(7)    Para mayor seguridad, las Partes entienden que los términos «trato» o «medida» pueden incluir omisiones.

(8)    Para mayor seguridad, el presente capítulo no será aplicable al trato concedido por una Parte a los inversores cubiertos o a las inversiones cubiertas antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

(9)    En el caso de la Parte UE, «subvención» incluye la «ayuda estatal», tal como se define en el Derecho de la UE.

(10)    En el caso de la Parte UE, a la hora de aplicar el Derecho de la UE en materia de ayudas estatales, las autoridades competentes facultadas para ordenar las actuaciones mencionadas en el artículo 2.2, apartado 4, son la Comisión Europea o un órgano jurisdiccional o tribunal de un Estado miembro.

(11)    Se entiende que una medida «que no sea incompatible con los compromisos indicados en la Lista de Compromisos Específicos de una Parte, en los anexos 8-A y 8-B del capítulo ocho (Servicios, establecimiento y comercio electrónico) del ALC UE-Singapur, respectivamente» podrá incluir cualquier medida respecto de cualquier sector que no se haya indicado y cualquier medida que no sea incompatible con alguna condición, limitación o reserva que se haya indicado respecto a cualquier sector en las Listas respectivas, independientemente de si tal medida afecta al «establecimiento», tal como se define en la letra d) del artículo 8.8 (Definiciones) del ALC UE-Singapur.

(12)    A los efectos del apartado 2, letra c), se entiende que factores como el hecho de que una Parte haya establecido un período de introducción progresiva razonable para la aplicación de una medida, o el hecho de que una Parte haya realizado cualquier otro intento de corregir los efectos de la medida sobre las inversiones cubiertas realizadas antes de su entrada en vigor, serán tenidos en cuenta para determinar si la medida ocasiona una pérdida o un perjuicio a inversiones cubiertas realizadas antes de la entrada en vigor de la medida.

(13)    La excepción de orden público únicamente podrá invocarse cuando se plantee una amenaza verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad.

(14)    En las medidas que tienen por objeto garantizar la imposición o recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos están comprendidas las medidas adoptadas por una Parte en virtud de su régimen fiscal que:a)    se aplican a inversiones o inversores no residentes en reconocimiento del hecho de que la obligación fiscal de los no residentes se determina con respecto a elementos imponibles cuyo origen o emplazamiento se halla en el territorio de la Parte;b)    se aplican a los no residentes para garantizar la imposición o recaudación de impuestos en el territorio de una Parte;c)    se aplican a los no residentes o a los residentes para prevenir la elusión o evasión fiscal, con inclusión de las medidas de cumplimiento;d)    se aplican a las inversiones realizadas en o desde el territorio de la otra Parte para garantizar la imposición o recaudación, a tales consumidores, de impuestos cuyo origen se halla en el territorio de la Parte;e)    establecen una distinción entre los inversores e inversiones sujetos a impuestos sobre elementos imponibles en todo el mundo y los demás inversores e inversiones, en reconocimiento de la diferencia existente entre ellos en cuanto a la naturaleza de la base impositiva; of)    determinan, asignan o reparten ingresos, beneficios, ganancias, pérdidas, deducciones o créditos de personas residentes o filiales, o entre personas vinculadas o filiales de la misma persona, con el fin de salvaguardar la base impositiva de la Parte.Los términos o conceptos fiscales que figuran en la letra f) y en la presente nota a pie de página se determinarán con arreglo a las definiciones y conceptos fiscales, o las definiciones y conceptos equivalentes o similares, de conformidad con el Derecho interno de la Parte que adopte la medida.

(15)    El concepto de trato del presente artículo incluye el trato dispensado a los inversores cubiertos que afecte directa o indirectamente a la explotación, la gestión, la realización, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación que hagan dichos inversores cubiertos de sus inversiones cubiertas.

(16)    Para mayor seguridad, el mero hecho de que la demanda del inversor cubierto haya sido denegada, desestimada o infructuosa no constituye, en sí, una denegación de justicia.

(17)    Para mayor seguridad, las observaciones formuladas para inducir a realizar inversiones incluyen las formuladas para convencer al inversor de que prosiga con la inversión o no la liquide, o para que realice inversiones posteriores.

(18)    Para mayor seguridad, la frustración de expectativas legítimas, tal como se describe en el presente apartado, no constituye por sí misma una infracción del apartado 2 y tal frustración de expectativas legítimas debe derivarse de los mismos acontecimientos o circunstancias que den lugar al incumplimiento del apartado 2.

(19)    A los efectos del presente apartado, se entiende por «obligación contractual por escrito» un acuerdo por escrito, celebrado por una Parte, por sí misma o a través de cualquier entidad mencionada en el apartado 7 del artículo 1.2 (Definiciones), con un inversor o una inversión cubiertos, ya sea en un solo instrumento o en varios, que establezca una reciprocidad de derechos y obligaciones vinculante para ambas partes.

(20)    A los efectos del presente artículo, una Parte frustra o menoscaba un compromiso mediante el ejercicio de sus facultades gubernamentales cuando frustra o menoscaba dicho compromiso mediante la adopción, el mantenimiento o la no adopción de medidas obligatorias o con fuerza ejecutiva en virtud de la legislación interna.

(21)    Para mayor seguridad, el presente artículo deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en los anexos 1 a 3.

(22)    La aplicación de las medidas de salvaguardia podrá prorrogarse mediante su reintroducción formal en caso de que continúen las circunstancias excepcionales y después de haber informado a la otra Parte sobre la aplicación de cualquier reintroducción formal propuesta.

(23)    Las Partes entienden que el término «trato» puede incluir las omisiones.

(24)    Para que no haya lugar a dudas, el apartado 2, letra b), constituirá el acuerdo de las Partes para tratar a una empresa establecida localmente como nacional de otro Estado contratante a los efectos del artículo 25, apartado 2, letra b), del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, de 18 de marzo de 1965.

(25)    Una persona jurídica:a)    es propiedad de personas físicas o jurídicas de la otra Parte si personas físicas o jurídicas de dicha Parte tienen la propiedad efectiva de más del 50 % de su capital social;b)    está bajo el control de personas físicas o jurídicas de la otra Parte si tales personas físicas o jurídicas tienen la facultad de designar a la mayoría de sus administradores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

(26)    Para mayor certidumbre:a)    serán aplicables las normas de los mecanismos de solución de diferencias pertinentes, sujetas a las normas específicas expuestas en la presente sección y complementadas por las decisiones adoptadas con arreglo al apartado 4, letra g), del artículo 4.1 (Comité), yb)    no serán admisibles las demandas en las que un representante presente una demanda en nombre de una categoría formada por un número indeterminado de demandantes no identificados y pretenda desarrollar los procedimientos representando los intereses de dichos demandantes y tomando todas las decisiones relativas a la realización de la demanda en nombre de ellos.

(27)    A efectos de las letras a) y b), se considera que el término «Estado» incluye a la Unión en caso de que esta se adhiera al Convenio del CIADI.

(28)    Para mayor seguridad, el hecho de que una persona perciba ingresos del gobierno o haya trabajado anteriormente para el gobierno, o tenga relación familiar con una persona que perciba ingresos del gobierno, no hace, por sí solo, inelegible a tal persona.

(29)    Para mayor seguridad, el Derecho interno de las Partes no formará parte del Derecho aplicable. En caso de que se pida al Tribunal que aclare el significado de una disposición del Derecho interno de una de las Partes como un elemento de hecho, deberá seguir la interpretación predominante que hayan realizado los órganos jurisdiccionales o las autoridades de dicha Parte, y ningún significado que el Tribunal haya dado a las disposiciones nacionales de Derecho interno pertinentes será vinculante para los órganos jurisdiccionales o las autoridades de cada una de las Partes. El Tribunal no será competente para determinar la legalidad de una medida que supuestamente constituya una violación del presente Acuerdo, de conformidad con el Derecho interno de la Parte litigante.

(30)    Para mayor seguridad, se emitirá un laudo sobre la base de una solicitud del demandante y tras haber tenido en cuenta todas las observaciones de las partes en la diferencia.

(31)    Para mayor seguridad, esto no impide que una parte en la diferencia solicite al Tribunal que revise, rectifique o interprete un laudo, por ejemplo con arreglo a los artículos 50 y 51 del Convenio del CIADI o a los artículos 37 y 38 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o a disposiciones equivalentes de otras normas que sean aplicables al procedimiento en cuestión.

(32)    Por el término «disposiciones del presente Acuerdo», se entienden las disposiciones que conceden: a) un trato no discriminatorio a los inversores, en la forma y la medida establecidas en el artículo 2.3 (Trato nacional); y b) protección a los inversores y sus inversiones contra la expropiación, en la forma y la medida establecidas en el artículo 2.6 (Expropiación).

(33)    Para mayor seguridad, las Partes están de acuerdo en que ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que se adopte ninguna medida fiscal dirigida a la asistencia social, la salud pública u otros objetivos socioeconómicos, o a la estabilidad macroeconómica, o a beneficios fiscales relacionados con el lugar de constitución y no con la nacionalidad del propietario de la empresa. Las medidas fiscales encaminadas a la estabilidad macroeconómica son medidas en respuesta a la evolución y las tendencias en la economía nacional para abordar o para evitar desequilibrios sistémicos que amenacen gravemente la estabilidad de la economía nacional.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

ANEXO

de la

Propuesta de Decisión del Consejo

relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

ANEXO 1

EXPROPIACIÓN

Las Partes confirman su entendimiento común de lo que se expresa a continuación:

1.    El artículo 2.6 (Expropiación) aborda dos situaciones. La primera es una expropiación directa, en la que una inversión cubierta se nacionaliza o se expropia directamente de otro modo mediante una transmisión formal de la propiedad o una mera confiscación. La segunda es una expropiación indirecta, en la que una medida o un conjunto de medidas de una Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa en el sentido de que privan sustancialmente al inversor cubierto de los atributos de propiedad fundamentales en su inversión cubierta, incluido el derecho de uso, disfrute o enajenación de su inversión cubierta, sin que se haya producido una transmisión formal de la propiedad o una mera confiscación.

2.    La determinación de si una medida o un conjunto de medidas, por una Parte, en una situación concreta, constituyen una expropiación indirecta exige una investigación caso por caso y basada en hechos, que tenga en cuenta, entre otros, los factores siguientes:

a)    el impacto económico de la medida o el conjunto de medidas y su duración, si bien el hecho de que una medida o un conjunto de medidas adoptadas por una Parte tenga un efecto adverso en el valor económico de una inversión no demuestra, por sí solo, que se haya producido una expropiación indirecta;

b)    el grado en que la medida o el conjunto de medidas interfieren con la posibilidad de uso, disfrute o enajenación de la propiedad; y

c)    el carácter de la medida o el conjunto de medidas, en particular su objetivo, contexto y finalidad.

Para mayor seguridad, salvo en la circunstancia excepcional de que el impacto de una medida o un conjunto de medidas sea tan grave en relación con su finalidad que resulte manifiestamente excesivo, una medida o un conjunto de medidas no discriminatorias adoptadas por una Parte que se conciban y se apliquen para proteger objetivos legítimos de política pública, como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen una expropiación indirecta.

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ANEXO 2

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

1.    No obstante lo dispuesto en el artículo 2.6 (Expropiación), en caso de que Singapur sea la Parte expropiadora, cualquier medida de expropiación relacionada con los terrenos, que deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de adquisición de terrenos (capítulo 152) 1 , se realizará mediante el pago de una compensación por su valor de mercado, de conformidad con dicha legislación.

2.    A los efectos del presente Acuerdo, cualquier medida de expropiación de conformidad con la Ley de adquisición de terrenos (capítulo 152) debe tener una finalidad pública o estar relacionada con una finalidad pública.

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ANEXO 3

EXPROPIACIÓN Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Para mayor seguridad, no constituyen expropiación la revocación, la limitación ni la creación de derechos de propiedad intelectual, siempre que la medida sea coherente con el Acuerdo sobre los ADPIC y con el capítulo diez (Propiedad intelectual e industrial) del ALC UE-Singapur. Por otra parte, la constatación de que la medida es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y con el capítulo diez (Propiedad intelectual e industrial) del ALC UE-Singapur no demuestra por sí sola que se haya producido una expropiación.

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ANEXO 4

DEUDA PÚBLICA

1.    No se presentará ninguna demanda en la que se alegue que una reestructuración de deuda de una Parte incumple una obligación del capítulo dos (Protección de las inversiones) y, si ya ha sido presentada, no se le dará curso con arreglo al capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), si la reestructuración es una reestructuración negociada en el momento de la presentación o pasa a ser una reestructuración negociada tras dicha presentación, salvo en el caso de una demanda en la que se alegue que la reestructuración infringe el artículo 2.3 (Trato nacional) 2 .

2.    No obstante lo dispuesto en el artículo 3.6 (Presentación de una demanda ante el Tribunal) en el marco del capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), y sin perjuicio del apartado 1 del presente anexo, ningún inversor podrá presentar una demanda con arreglo al capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes), en la que se alegue que una reestructuración de deuda de una Parte incumple una obligación con arreglo al capítulo dos (Protección de las inversiones) distinta del artículo 2.3 (Trato nacional), a menos que hayan transcurrido doscientos setenta días desde la fecha en que el demandante presentó por escrito la solicitud de consultas con arreglo al artículo 3.3 (Consultas) en el marco del capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes).

3.    A efectos del presente anexo, se entenderá por:

«reestructuración negociada», la reestructuración o la reprogramación de una deuda de una Parte que se haya efectuado mediante: i) la modificación de instrumentos de deuda, de conformidad con sus condiciones, incluido su Derecho aplicable, o ii) un canje de deuda u otro proceso similar en el que los titulares de, como mínimo, el 75 % del importe del principal agregado de la deuda pendiente sujeta a reestructuración hayan dado su consentimiento a tal canje de deuda o a otro proceso.

«Derecho aplicable» de un instrumento de deuda, el marco jurídico y reglamentario de una jurisdicción que es aplicable a dicho instrumento de deuda.

4.    Para mayor seguridad, el concepto de «deuda de una Parte» incluye, en el caso de la Unión Europea, la deuda del Gobierno de un Estado miembro, o la de una administración de un Estado miembro a nivel central, regional o local.

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ANEXO 5

ACUERDOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 4.12

Los Acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea y Singapur son:

1.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República de Bulgaria para la promoción y la protección mutuas de las inversiones, hecho en Singapur el 15 de septiembre de 2003;

2.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Bruselas el 17 de noviembre de 1978;

3.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República Checa para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Singapur el 8 de abril de 1995;

4.    Tratado entre la República Federal de Alemania y la República de Singapur para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, hecho en Singapur el 3 de octubre de 1973;

5.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República Francesa para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en París el 8 de septiembre de 1975;

6.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República de Letonia para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Singapur el 7 de julio de 1998;

7.    Acuerdo entre la República de Singapur y Hungría para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Singapur el 17 de abril de 1997;

8.    Acuerdo de cooperación económica entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de la República de Singapur, hecho en Singapur el 16 de mayo de 1972;

9.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República de Polonia para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Varsovia el 3 de junio de 1993;

10.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República de Eslovenia para la promoción y la protección mutuas de las inversiones, hecho en Singapur el 25 de enero de 1999;

11.    Acuerdo entre la República de Singapur y la República Eslovaca para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, hecho en Singapur el 13 de octubre de 2006; y

12.    Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y la protección de las inversiones, hecho en Singapur el 22 de julio de 1975;

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ANEXO 6

MECANISMO DE MEDIACIÓN
PARA LAS DIFERENCIAS ENTRE INVERSORES Y PARTES

ARTÍCULO 1

Objetivo

El objetivo del mecanismo de mediación es facilitar que se llegue a una solución de mutuo acuerdo mediante un procedimiento completo y rápido con la asistencia de un mediador.

SECCIÓN A

PROCEDIMIENTO DEL MECANISMO DE MEDIACIÓN

ARTÍCULO 2

Inicio del procedimiento

1.    Cualquiera de las partes en la diferencia podrá solicitar, en cualquier momento, el inicio de un procedimiento de mediación. Tal solicitud se dirigirá a la otra parte por escrito.

2.    La parte a la que se dirija la solicitud la considerará favorablemente y contestará a ella por escrito, aceptándola o rechazándola en un plazo de diez días desde su recepción.

3.    Si la solicitud se refiere a cualquier trato concedido por una institución, organismo o agencia de la Unión o por cualquier Estado miembro de la Unión, y no se ha determinado ningún demandado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3.5 (Anuncio de intención), la solicitud irá dirigida a la Unión. Si la Unión acepta la solicitud, la respuesta deberá precisar si la Unión o el Estado miembro afectado serán parte en el procedimiento de mediación 3 .

ARTÍCULO 3

Selección del mediador

1.    Las partes en la diferencia procurarán ponerse de acuerdo sobre un mediador en un plazo máximo de quince días desde la recepción de la respuesta a la solicitud mencionada en el apartado 2 del artículo 2 (Inicio del procedimiento) del presente anexo. Dicho acuerdo podrá incluir la designación de un mediador de entre los miembros del Tribunal creado de conformidad con el artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia).

2.    Si las partes en la diferencia no logran ponerse de acuerdo sobre el mediador con arreglo al apartado 1, cualquiera de las partes en la diferencia podrán solicitar al presidente del Tribunal que seleccione por sorteo al mediador de entre los miembros del Tribunal creado de conformidad con el artículo 3.9 (Tribunal de Primera Instancia). El presidente del Tribunal seleccionará al mediador en un plazo de diez días laborables a partir de la solicitud de cualquiera de las partes en la diferencia.

3.    El mediador no deberá ser un nacional de ninguna de las Partes, salvo que las partes en la diferencia acuerden otra cosa.

4.    El mediador asistirá a las partes en la diferencia con imparcialidad y transparencia para aportar claridad a la medida y sus posibles efectos para la inversión y alcanzar una solución de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 4

Normas del procedimiento de mediación

1.    En un plazo de diez días a partir del nombramiento del mediador, la parte en la diferencia que haya recurrido al procedimiento de mediación presentará por escrito una exposición detallada del problema al mediador y a la otra parte en la diferencia, sobre todo en lo que respecta al funcionamiento de la medida cuestionada y a sus efectos negativos sobre las inversiones. En un plazo de veinte días a partir de la fecha de presentación de esa exposición, la otra parte en la diferencia podrá señalar por escrito sus comentarios sobre la exposición del problema. Cada parte en la diferencia podrá incluir en su exposición o sus comentarios toda la información que considere pertinente.

2.    El mediador podrá decidir el modo más adecuado de aportar claridad a la medida de que se trate y a sus posibles efectos sobre las inversiones. En especial, el mediador podrá organizar reuniones entre las partes en la diferencia, consultarles conjuntamente o por separado, solicitar la asistencia de expertos y partes interesadas o plantearles consultas y prestar cualquier apoyo adicional que soliciten las partes en la diferencia. No obstante, antes de solicitar la asistencia de expertos y partes interesadas o de plantearles consultas, el mediador consultará a las partes en la diferencia.

3.    El mediador podrá ofrecer asesoramiento y proponer una solución para que la consideren las partes en la diferencia, las cuales podrán aceptar o rechazar la solución propuesta o acordar una solución diferente. Sin embargo, el mediador no asesorará ni formulará comentarios respecto a la coherencia de la medida de que se trate con el capítulo dos (Protección de las inversiones).

4.    El procedimiento se desarrollará en el territorio de la parte en la diferencia a la que se haya dirigido la solicitud o, por mutuo acuerdo, en otro lugar o de otro modo.

5.    Las partes en la diferencia procurarán llegar a una solución de mutuo acuerdo en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de nombramiento del mediador. En espera de un acuerdo definitivo, las partes en la diferencia podrán considerar posibles soluciones provisionales.

6.    Las soluciones de mutuo acuerdo se harán públicas. No obstante, la versión que se haga pública no contendrá ninguna información que una parte en la diferencia haya clasificado como confidencial.

7.    El procedimiento finalizará:

a)    con la adopción por las partes en la diferencia de una solución mutuamente acordada, en la fecha de adopción;

b)    por mutuo acuerdo de las partes en la diferencia en cualquier fase del procedimiento, en la fecha de dicho acuerdo;

c)    mediante una declaración por escrito del mediador, previa consulta con las partes en la diferencia, de que ya no hay justificación para proseguir los esfuerzos de mediación, en la fecha de dicha declaración;

d)    mediante una declaración por escrito de una de las partes en la diferencia después de haber explorado soluciones mutuamente acordadas en el marco del procedimiento de mediación y de haber tomado en consideración el asesoramiento y las soluciones propuestas por el mediador, en la fecha de dicha declaración.

SECCIÓN B

APLICACIÓN

ARTÍCULO 5

Aplicación de una solución mutuamente acordada

1.    Cuando las partes en la diferencia lleguen a un acuerdo sobre una solución, cada una de ellas tomará las medidas necesarias para aplicar la solución mutuamente acordada en el plazo acordado.

2.    La parte en la diferencia que aplique la solución mutuamente acordada informará por escrito a la otra parte en la diferencia de todas las medidas que tome para aplicar dicha solución.

3.    A petición de las partes en la diferencia, el mediador presentará a estas por escrito un proyecto de informe fáctico, en el que expondrá de modo breve y resumido:

a)    la medida de que se trate en los procedimientos;

b)    los procedimientos seguidos; y

c)    las soluciones mutuamente acordadas a las que se haya llegado como resultado final de esos procedimientos, incluidas las posibles soluciones provisionales.

El mediador dará a las partes en la diferencia un plazo de quince días para que hagan comentarios sobre el proyecto de informe. Una vez que haya examinado los comentarios de las partes en la diferencia presentados dentro de ese plazo, el mediador presentará a las partes en la diferencia, por escrito y en un plazo de quince días laborables, un informe fáctico final. El informe fáctico no incluirá ninguna interpretación del presente Acuerdo.

SECCIÓN C

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 6

Relación con la solución de diferencias

1.    El procedimiento de mediación no tiene por finalidad servir de base para procedimientos de solución de diferencias con arreglo al presente Acuerdo o a algún otro acuerdo. Las partes en la diferencia no invocarán ni presentarán como pruebas en tales procedimientos de solución de diferencias, ni ningún órgano decisorio, tribunal o grupo especial tomará en consideración, lo siguiente:

a)    las posiciones adoptadas por la otra parte en la diferencia durante la aplicación del procedimiento de mediación;

b)    el hecho de que la otra parte en la diferencia haya manifestado su disposición a aceptar una solución a la medida objeto de la mediación; o

c)    el asesoramiento ofrecido por el mediador o las propuestas realizadas por el mismo.

2.    El mecanismo de mediación se aplicará sin perjuicio de las posiciones jurídicas de las Partes y las partes en la diferencia con arreglo al capítulo tres (Solución de diferencias), sección A (Solución de diferencias entre inversores y Partes) o sección B (Solución de diferencias entre las Partes).