29.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/24

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Visto el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos los artículos 145, 148 y 152 y el artículo 153, apartado 5, del TFUE,

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Visto el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014» (COM(2013)0800) y el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la misma,

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Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2013 (1),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

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Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000122/2013 — B7-0524/2013 a la Comisión y la Resolución conexa del Parlamento, de 21 de noviembre de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 (3),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

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Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000120/2012 a la Comisión y la Resolución conexa del Parlamento, de 14 de junio de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (4),

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Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682), y la Resolución del Parlamento de 26 de octubre de 2011 al respecto (5),

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Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto (6),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),

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Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de Inversión Social en respuesta a la crisis (7),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),

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Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000057/2013 — B7-0207/2013 a la Comisión y la Resolución conexa del Parlamento, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (8),

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Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación (9),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0091/2014),

A.

Considerando que la recesión en la zona del euro llegó a su fin, en términos numéricos, en el segundo trimestre de 2013, pero que el crecimiento anual en la zona del euro seguirá siendo débil este año y el nivel de desempleo es aún muy elevado; que debe mejorarse significativamente el crecimiento sostenible para poder considerar que la recuperación será de larga duración y con el fin de generar el impulso necesario para que la UE pueda superar sus retos socioeconómicos;

B.

Considerando que el desempleo en la UE ha alcanzado la alarmante cifra de 26,6 millones de personas y que el desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros y ha alcanzado valores máximos en el conjunto de la UE; que la disminución del empleo ha sido más pronunciada en los países que están llevando a cabo una importante reforma presupuestaria;

C.

Considerando que las tasas de desempleo juvenil han alcanzado cotas sin precedentes, situándose el promedio del conjunto de la UE en el 23 %, y que el desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 25 años es superior al 50 %; que la situación del mercado laboral es particularmente grave para los jóvenes, independientemente de su nivel de educación, lo que con frecuencia les aboca al desempleo, a contratos de empleo precario y prácticas no remuneradas o a la emigración; considerando que, en 2011, la pérdida económica debida al desacoplamiento de los jóvenes del mercado de trabajo se calculó en 153 000 millones de euros en los Estados miembros, lo que corresponde al 1,2 % del PIB de la UE; que la excesiva rigidez de la legislación del mercado laboral en varios Estados miembros hace que se carezca de flexibilidad para absorber eficazmente los impactos; que, en algunos casos, la legislación del mercado laboral vigente puede proteger de manera desproporcionada a los que ya están dentro y perjudicar la integración de los jóvenes en la población activa;

D.

Considerando que esta ha sido la recesión más profunda y duradera en la historia económica de los cien últimos años, pero que se ha evitado la catástrofe, y que los efectos de la crisis se han repartido a lo largo de muchos años, incluso décadas; que estos efectos incluyen la continuación del aumento del desempleo de larga duración, que puede llevar a un desempleo estructural; que la segmentación del mercado laboral no ha dejado de aumentar, los ingresos medios de los hogares están disminuyendo en muchos Estados miembros y los indicadores apuntan a una tendencia para los próximos años de niveles algo mayores y formas más profundas de pobreza y exclusión social, incluida la pobreza entre la población ocupada;

E.

Considerando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado recientemente que hay margen para gravar mejor y de forma más progresiva, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades en la UE; que es necesario desplazar la carga impositiva del trabajo hacia otras formas de imposición sostenible, con objeto de fomentar el crecimiento y la creación de empleo, obtener al mismo tiempo ingresos adicionales y reforzar la legitimidad del esfuerzo de saneamiento;

F.

Considerando que los efectos de la crisis han generado una diferencia creciente y sin precedentes en cuanto a resultados y empleo entre los países periféricos y los centrales; que la brecha entre unos y otros respecto de las tasas de desempleo llegó a ser de diez puntos porcentuales en 2012, en comparación con los 3,5 puntos porcentuales de 2000; que se prevé que esa diferencia alcance su punto máximo este año;

G.

Considerando que es necesario continuar con un saneamiento presupuestario respetuoso con el crecimiento y diferenciado con objeto de garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar y de las finanzas públicas a largo plazo;

H.

Considerando que las mejoras económicas deberían, por tanto, entenderse como un impulso para continuar con los esfuerzos de manera decidida, para prestar atención al crecimiento y al empleo, con el fin de mantener los programas de reforma destinados a mejorar la competitividad y garantizar una recuperación duradera;

I.

Considerando que los errores de las previsiones económicas de la Comisión en lo que respecta al crecimiento y al desempleo en los últimos años dan testimonio de la necesidad de mejorar el modelo de diagnóstico y la estrategia con objeto de poner fin a la crisis; que el ritmo del saneamiento presupuestario ha remitido; que la creación de empleo en la zona del euro es aún muy débil; que, según Eurostat, la inflación en la zona del euro se sitúa por debajo de los objetivos del BCE;

J.

Considerando la presión que ejerce la evolución demográfica en los presupuestos y regímenes de pensiones nacionales; que la esperanza de vida continúa aumentando;

K.

Considerando la necesidad de tener en cuenta el coeficiente de esperanza de vida con objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones;

L.

Considerando que la atención prestada por los Estados miembros durante la crisis al ritmo y la intensidad de las reformas estructurales ha sido asimétrica, con un nivel de exigencia mucho mayor para los países periféricos que para los centrales; que todos los Estados miembros deberían compartir el mismo impulso y acometer las reformas estructurales necesarias para promover un crecimiento sostenible y equilibrado y la creación de empleo en la zona;

M.

Considerando que todos los Estados miembros deben mejorar su rendimiento y competitividad y que las crecientes diferencias socioeconómicas entre los Estados miembros representan actualmente un verdadero desafío para la zona del euro; que conviene a todos los Estados miembros garantizar que los desafíos sociales y en materia de empleo se aborden a tiempo y de manera eficaz con el fin de evitar el deterioro económico;

N.

Considerando que la inversión en educación y formación, investigación e innovación —ámbitos esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo— sigue siendo menor en la UE que en sus principales socios y competidores económicos del mundo; que las inversiones productivas en estos ámbitos resultan fundamentales para una salida sostenible de la crisis;

O.

Considerando que el apoyo a los emprendedores debería constituir una prioridad para los Estados miembros;

P.

Considerando que para absorber las perturbaciones cíclicas resulta esencial disponer de una combinación política coherente en la que confluyan políticas macroeconómicas, políticas estructurales, unas instituciones del mercado laboral sólidas, unos mercados laborales no segmentados, la negociación colectiva y sistemas de bienestar dotados de recursos suficientes; que para absorber las perturbaciones cíclicas también es importante contar con un sistema basado en la reintegración rápida en el mercado laboral, junto con medidas de apoyo basadas en la flexiguridad;

Q.

Considerando que los niveles de pobreza llevan aumentando desde 2007, de manera que el 24,2 % de la población de la UE se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social; que el gasto en protección social ha disminuido en casi todos los Estados miembros y que el Comité de Protección Social (CPS) advierte sobre el aumento del número de personas en situación de riesgo por renta inferior al umbral de la pobreza, pobreza infantil, necesidades médicas no cubiertas, graves carencias materiales y exclusión social;

R.

Considerando que la UE está incumpliendo la mayoría de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que los avances en la consecución de los objetivos de esta Estrategia en los Estados miembros han sido decepcionantes; que los compromisos asumidos en los Programas Nacionales de Reformas de 2013 son insuficientes para alcanzar la mayor parte de las metas a escala de la UE;

S.

Considerando que es esencial fomentar la responsabilidad democrática, la apropiación y la legitimidad de todos los agentes que participan en el Semestre Europeo; que la adecuada participación del Parlamento es parte esencial de este proceso; que los Parlamentos nacionales son los representantes y los garantes de los derechos adquiridos y delegados por los ciudadanos; que la introducción del Semestre Europeo debe respetar plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales;

T.

Considerando que no existen dispositivos para garantizar que el Consejo Europeo respete la posición del Parlamento antes de aprobar cada año las prioridades propuestas por la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual;

U.

Considerando que celebró reuniones de alto nivel con miembros de los Parlamentos nacionales (Semana Parlamentaria Europea) entre el 20 y el 22 de enero de 2014 para debatir el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, incluidos sus aspectos en materia social y de empleo;

1.

Celebra que este año, por vez primera, el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento incluya un cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo, lo que contribuirá a fortalecer la supervisión de la evolución en materia social y de empleo como parte de la vigilancia macroeconómica en el marco del Semestre Europeo; considera que ello debería repercutir en la orientación política del Semestre Europeo a fin de reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria, dado que esto no solo es deseable sino también necesario para afrontar la crisis y evitar graves diferencias socioeconómicas en la zona del euro, mejorando así su sostenibilidad; expresa su profunda preocupación por el carácter limitado del papel del Parlamento en el Semestre Europeo; lamenta los escasos avances realizados por la Comisión y el Consejo para reforzar la supervisión democrática de la orientación de la política económica; opina que, de conformidad con los Tratados vigentes, el artículo 136 del TFUE permite al Consejo, previa recomendación de la Comisión y únicamente con el voto favorable de los Estados miembros cuya moneda es el euro, adoptar las orientaciones de política económica vinculantes referentes a los países de la zona del euro dentro del Semestre Europeo; destaca que un mecanismo de incentivos reforzaría la naturaleza vinculante de la coordinación de las políticas económicas; solicita un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

2.

Destaca que las prioridades sociales y económicas acordadas en el marco de la Estrategia Europa 2020 están estrechamente interconectadas; considera que no se podrá lograr la sostenibilidad económica ni el equilibrio macroeconómico, ni a medio ni a largo plazo, sin la mejora y protección de la dimensión social de la UEM; considera que los aspectos sociales y económicos de la Unión constituyen dos caras de una misma moneda y que ambos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la UE;

3.

Observa, sin embargo, que no se ha dado carácter vinculante a estos indicadores, a diferencia del cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen esta situación habida cuenta de los crecientes desequilibrios sociales y en materia de empleo en la UE;

4.

Considera lamentable que los indicadores sociales y de empleo propuestos por la Comisión no sean suficientes para garantizar una cobertura exhaustiva de los Estados miembros en cuanto a su situación laboral y social; pide la inclusión de indicadores adicionales en el cuadro, en particular, de los niveles de pobreza infantil, el acceso a la asistencia sanitaria, la carencia de hogar y un índice de trabajo digno, con objeto de que se pueda evaluar correctamente la situación social en los Estados miembros; considera que los indicadores deben revisarse periódicamente, previa consulta al Parlamento; señala que no existen dispositivos para garantizar que el Consejo Europeo respete la posición del Parlamento antes de aprobar cada año las prioridades propuestas por la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual;

5.

Destaca la importancia de celebrar, siempre que sea necesario, una reunión de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales del Eurogrupo antes de las cumbres del euro; considera que son igualmente importantes las reuniones conjuntas destinadas a llegar a una posición coherente de los Consejos EPSCO y ECOFIN con objeto de garantizar que los problemas sociales y de empleo se aborden de forma más exhaustiva en los debates y las decisiones de las autoridades de la zona del euro y para aportar una contribución a las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro;

6.

Señala que, si bien las reformas estructurales pueden dar frutos a medio o largo plazo, la necesidad de estimular la demanda interna de la UE requiere que la Comisión y el Consejo mejoren la inversión para sostener el crecimiento y el empleo de calidad a corto plazo y mejorar el potencial a medio plazo; observa que los objetivos principales ya se han definido en la Estrategia Europa 2020 y en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo de junio de 2012, pero que debe incrementarse la financiación; anima, por tanto, a los Estados miembros a que creen un paquete de inversión con el fin de provocar una mejora significativa en la situación económica a corto plazo y en la situación de los mercados de trabajo de los Estados miembros, tal y como contemplaba la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones (10);

7.

Subraya que la competitividad de la UE se estimulará principalmente mediante inversiones que mejoren la productividad en los ámbitos de la educación, la investigación y el desarrollo, la innovación continua, el progreso de la digitalización y los servicios de computación en nube; considera que estos sectores son impulsores que harían de la UE un destino preferente para las empresas mundiales, un exportador de productos y servicios de alto valor añadido y un generador de puestos de trabajo de calidad;

8.

Constata con preocupación que más de veinte Estados miembros han reducido el gasto en educación en términos relativos (como porcentaje del PIB), poniendo así en peligro su crecimiento y su competitividad, a los que también afecta el desfase entre las necesidades laborales y las cualificaciones reales de la población activa; señala que la reducción de dicha inversión aumentará la debilidad estructural de la UE, habida cuenta de la creciente necesidad de contar con trabajadores altamente cualificados y de que en muchos Estados miembros un alto porcentaje de la población activa tiene actualmente escasas cualificaciones; advierte de que, según Eurostat, casi la mitad de los niños cuyos padres tenían un bajo nivel educativo se encontraban en riesgo de pobreza en la UE-27 en 2011, frente al 22 % de los niños que vivían con progenitores con un nivel educativo medio y al 7 % de los niños con progenitores con un alto nivel educativo, residiendo las mayores diferencias constatadas por Eurostat en Rumanía (el 78 % de los niños en hogares con bajo nivel educativo frente al 2 % en hogares con alto nivel educativo), la República Checa (76 % y 5 %), Eslovaquia (77 % y 7 %), Bulgaria (71 % y 2 %) y Hungría (68 % y 3 %);

9.

Celebra que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, la Comisión pida a los Estados miembros que protejan o promuevan las inversiones a largo plazo en educación, investigación e innovación, energía y acción en favor del clima; considera, no obstante, que esto no basta para que los Estados miembros con presupuestos ya limitados puedan alcanzar esa meta; pide a la Comisión que ponga en marcha un plan para ayudar a esos Estados miembros a hacer las inversiones productivas necesarias, por ejemplo en educación e I+D, dado el potencial de estos sectores para generar crecimiento y empleo;

10.

Destaca que, en tiempos de grandes restricciones presupuestarias y de capacidad de préstamo reducida en el sector privado, los fondos europeos constituyen una herramienta con efecto de palanca esencial a la disposición de los Estados miembros para estimular la economía y contribuir a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia Europa 2020;

11.

Opina que la política de cohesión es esencial para contribuir a reducir las diferencias de competitividad internas y los desequilibrios estructurales; pide a la Comisión, con carácter de urgencia, que reprograme la financiación estructural aún no utilizada en favor de los programas de empleo juvenil y las PYME; pide a la Comisión que halle soluciones especiales para aquellos Estados miembros con tasas de desempleo muy elevadas que se verán obligados a devolver fondos de la UE debido a problemas de cofinanciación;

12.

Pide a la Comisión que aplique el principio de consignación anticipada a los fondos esenciales para la recuperación de la crisis, como el Fondo Social Europeo, para el periodo 2014-2020, al tiempo que realiza un cuidadoso seguimiento de los efectos no deseados de la consignación anticipada, como el riesgo de liberación automática de créditos y el impacto sobre los perfiles de pago para aquellos Estados miembros que tienen los mayores niveles de desempleo y están sometidos a procesos de profundo saneamiento presupuestario, especialmente por lo que se refiere a los programas destinados a impulsar el crecimiento económico, el empleo y la inversión estratégica;

13.

Considera que al menos el 25 % de los fondos de cohesión nacionales debe emplearse en programas en el marco del Fondo Social Europeo en aquellos Estados miembros que presentan los niveles más elevados de desempleo y pobreza;

14.

Pide que los mercados laborales sean más adaptables y dinámicos y puedan ajustarse a las perturbaciones de la situación económica sin provocar despidos colectivos ni ajustes excesivos de los salarios; recuerda que el poder adquisitivo de muchos trabajadores de la UE se ha visto gravemente mermado, los ingresos de los hogares han disminuido y la demanda interna se ha debilitado, agravando así el desempleo y la exclusión social, especialmente en los Estados miembros más afectados por la crisis; señala que una reducción de los costes laborales que afecte directamente a los salarios o sueldos no puede ser la única estrategia para recuperar la competitividad; observa que en la Comunicación sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 se destaca que los países centrales que disponen del margen de maniobra necesario podrían aumentar los salarios con miras a incrementar el gasto; pide que las recomendaciones sean ambiciosas, con el fin de promover un crecimiento y una creación de empleo más equilibrados en la zona del euro;

15.

Observa que, en su proyecto de Informe conjunto sobre el empleo 2014, la Comisión señala que las reducciones de los costes laborales unitarios y la moderación salarial han contribuido a la evolución de los precios, en parte debido a las alzas simultáneas de los impuestos indirectos y los precios administrados;

16.

Observa que la existencia de puestos de trabajo y salarios dignos es importante no solo para la cohesión y la justicia sociales, sino también para mantener una economía fuerte; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con arreglo a sus competencias respectivas, propongan medidas que solucionen las desigualdades y garanticen unos salarios dignos; pide a los Estados miembros que luchen contra la pobreza de las personas con empleo aplicando políticas del mercado laboral destinadas a garantizar salarios mínimos vitales para los trabajadores;

17.

Constata que las mujeres están liderando el crecimiento del empleo en Europa, por lo que es necesario intensificar los esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial productivo de la población activa femenina mediante una mejor aplicación de las políticas de igualdad de género y un uso más eficaz de la financiación de la UE destinada a este fin;

18.

Subraya la importancia de estudiar la posibilidad de reducir la presión sobre los salarios mediante sistemas de salarios mínimos acordes con las prácticas nacionales;

19.

Subraya que la calidad del empleo es esencial en una economía basada en el conocimiento, con el fin de promover una elevada productividad laboral y una innovación rápida gracias a una mano de obra cualificada, adaptable y comprometida que trabaje en el marco de unas normas dignas de salud y seguridad, con sensación de seguridad y dentro de horarios de trabajo razonables;

20.

Pide a los Estados miembros que presenten planes de empleo nacionales generales y para los jóvenes en sus Programas Nacionales de Reforma para 2014; considera lamentable que, pese a los reiterados llamamientos del Parlamento, un número significativo de Estados miembros no presentara tales planes en 2013;

21.

Lamenta que el Consejo no haya tenido en cuenta, en sus orientaciones para 2013, el llamamiento del Parlamento para que se ponga énfasis en la calidad del empleo; pide a la Comisión que en las recomendaciones específicas por países basadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 incluya la calidad del empleo, la formación, los programas de aprendizaje dual, el acceso al aprendizaje permanente, los derechos fundamentales de los trabajadores y el apoyo a la movilidad en el mercado laboral y al trabajo autónomo mediante la mejora de la seguridad de los trabajadores;

22.

Subraya que las reformas del mercado laboral deben centrarse en aumentar la productividad y la eficiencia de la mano de obra a fin de impulsar la competitividad de la economía de la UE y permitir el crecimiento sostenible y la creación de empleo a la vez que se respetan estrictamente tanto la letra como el espíritu del acervo social europeo y sus principios; considera que las reformas del mercado laboral deben acometerse de manera que se fomente la flexibilidad interna y la calidad del empleo;

23.

Considera que las reformas estructurales del mercado laboral deben introducir la flexibilidad interna para mantener el empleo en épocas de perturbación económica y deben garantizar la calidad del empleo, la seguridad en las transiciones de empleo, la previsión de regímenes de prestaciones de desempleo basados en requisitos de activación y vinculados a medidas de reinserción que mantengan los incentivos laborales a la vez que garantizan unos ingresos dignos, y el establecimiento de acuerdos contractuales para luchar contra la segmentación del mercado laboral, anticipar la reestructuración económica y garantizar el acceso al aprendizaje permanente; cree que solo un equilibrio basado en la flexiguridad puede garantizar un mercado laboral competitivo;

24.

Destaca la importancia de adoptar políticas laborales activas, globales e inclusivas en el contexto actual; constata con extrema preocupación que varios Estados miembros, pese a los aumentos de las tasas de desempleo, han reducido las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de dichas políticas laborales; pide a los Estados miembros que incrementen la cobertura y la eficacia de las políticas activas del mercado laboral en estrecha colaboración con los interlocutores sociales;

25.

Pide a los Estados miembros que, en colaboración con el sector privado y los interlocutores sociales con arreglo a las prácticas nacionales, conciban y presenten planes de empleo que incluyan medidas concretas de creación de empleo, en particular para los sectores clasificados por la Comisión como sectores con alto potencial, como los sectores sanitario y de atención social, la economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos y el sector de las TIC; pide a los Estados miembros que, mediante esos planes de empleo, respalden la creación de oportunidades de empleo, especialmente para los desempleados de larga duración, los desempleados de mayor edad, las mujeres y otros grupos prioritarios a los que la crisis ha afectado con especial virulencia, como los inmigrantes y las personas con discapacidad;

26.

Destaca la importancia de Erasmus+, así como la importante contribución que el Programa europeo de educación, formación, juventud, deporte e idiomas puede aportar para mejorar la situación del mercado laboral, especialmente en el caso de los jóvenes;

27.

Subraya la importancia que reviste una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), con el fin de desarrollar y aplicar sistemas de aprendizaje comparativo basado en pruebas en toda Europa e implantar iniciativas del mercado laboral europeas;

28.

Expresa su profunda preocupación al constatar que, una vez más, las tasas de desempleo juvenil son aún muy altas; observa que la situación de los jóvenes desempleados es especialmente preocupante; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para incluir a los jóvenes en el mercado laboral; pide a los Estados miembros que apliquen las medidas nuevas o acordadas tiempo atrás con objeto de luchar contra el desempleo juvenil y reducir el número de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman (nini), teniendo en cuenta el aspecto cualitativo del trabajo digno, desde el pleno respeto de las normas fundamentales del trabajo;

29.

Se congratula de la adopción de la iniciativa Garantía Juvenil por parte del Consejo y de la asignación, dentro del próximo MFP, de 6 000 millones de euros a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los Estados miembros que apliquen urgentemente los programas de la iniciativa Garantía Juvenil y utilicen los recursos disponibles de una manera eficiente, concentrándose en quienes se encuentran en peor situación; muestra su preocupación, no obstante, por el hecho de que algunos gobiernos no hayan proporcionado la financiación necesaria a este fin; pide a los Estados miembros que instauren un sistema adecuado de seguimiento de la eficiencia de las medidas aplicadas y de los recursos financieros comprometidos;

30.

Observa con satisfacción que estos fondos podrán utilizarse en los dos primeros años del próximo marco financiero; recuerda, sin embargo, que su importe es totalmente insuficiente para luchar contra el desempleo juvenil de forma duradera y que debería constituir un tramo inicial con el que afrontar el problema; destaca que la cifra que prevé la OIT para poder poner en práctica un programa eficaz contra el desempleo juvenil solo en la zona del euro es de 21 000 millones de euros, en comparación con una pérdida económica debida al desacoplamiento de los jóvenes del mercado de trabajo calculada en 153 000 millones de euros en los Estados miembros en 2011, lo que corresponde al 1,2 % del PIB de la UE; pide a la Comisión que convierta la iniciativa Garantía Juvenil en una prioridad y que amplíe el presupuesto disponible en la revisión intermedia del MFP que se ha comprometido a llevar a cabo;

31.

Pide a la Comisión y al Consejo que velen por que los Estados miembros sometidos al procedimiento de déficit excesivo también tengan margen presupuestario para aplicar los programas de la iniciativa Garantía Juvenil;

32.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a un marco de calidad para los períodos de prácticas con el fin de impulsar la empleabilidad y mejorar las condiciones de trabajo de los jóvenes; observa, sin embargo, que no se han exigido unos niveles salariales adecuados; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales de la UE que pongan en práctica de manera ambiciosa la Alianza para la Formación de Aprendices;

33.

Considera que, habida cuenta del gran número de trabajadores, especialmente jóvenes, que están abandonando sus países de origen en busca de oportunidades de empleo en otros Estados miembros, existe una necesidad urgente de elaborar medidas adecuadas; observa que la legislación de la UE se está modificando en la actualidad con el fin de garantizar la portabilidad de los derechos de pensión y el mantenimiento de las prestaciones de desempleo durante al menos tres meses mientras el beneficiario busca trabajo en otro Estado miembro; observa que se ha alcanzado un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre la portabilidad transfronteriza de los derechos de pensión complementaria;

34.

Destaca la importancia del sistema de educación dual que existe en algunos Estados miembros; cree que la educación dual puede aplicarse en muchos más Estados miembros, tomando en consideración las características nacionales;

35.

Celebra la intención de la Comisión de reforzar el papel del portal europeo de la movilidad profesional (EURES) profundizando y ampliando el alcance de sus actividades y, en particular, fomentando la movilidad de los jóvenes; pide que se elabore una estrategia específica a tal fin en colaboración con los Estados miembros; observa, no obstante, que la movilidad debe ser siempre voluntaria y no debe limitar los esfuerzos de creación de empleo y puestos de formación sobre el terreno, con el fin de no agravar el problema de la fuga de cerebros, que ya se ha producido en aquellos Estados miembros más golpeados por la crisis;

36.

Señala que las desigualdades de ingresos están aumentando entre los Estados miembros y dentro de ellos, especialmente en el sur de la UE y en su periferia; observa asimismo que, en muchos países, la crisis ha exacerbado las tendencias a largo plazo a la polarización de los salarios y la segmentación del mercado laboral;

37.

Observa que el FMI ha señalado recientemente que hay margen para gravar mejor y de forma más progresiva, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades en la UE; subraya la necesidad de desplazar la carga impositiva del trabajo hacia otras formas de imposición sostenible, con objeto de fomentar el crecimiento y la creación de empleo, obtener al mismo tiempo ingresos adicionales y reforzar la legitimidad del esfuerzo de saneamiento;

38.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas favorables a la creación de empleo, como reformas de la fiscalidad del trabajo que aporten incentivos para el empleo, apoyen el trabajo autónomo voluntario y fomenten la creación de empresas en sectores estratégicos;

39.

Señala la importancia de reducir la fiscalidad del trabajo, en especial mediante reducciones temporales específicas de las cotizaciones a la seguridad social o medidas de empleo subvencionado para nuevas contrataciones, sobre todo de jóvenes, trabajadores poco cualificados y con salarios bajos, desempleados de larga duración y otros grupos vulnerables, velando al mismo tiempo por la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas públicos de pensiones;

40.

Destaca la importancia de adoptar medidas eficaces para luchar contra el trabajo no declarado, el falso trabajo autónomo, el fraude fiscal y la evasión fiscal, en particular en el contexto actual de saneamiento presupuestario, con el fin de proteger a los trabajadores y los ingresos y mantener la confianza de los ciudadanos en la equidad y eficacia de los sistemas tributarios;

41.

Manifiesta su preocupación ante el aumento de la pobreza en todas las franjas de edad; observa que la pobreza y la exclusión social de las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años han aumentado significativamente en dos tercios de los Estados miembros en los últimos años, debido principalmente al aumento del porcentaje de hogares sin empleo o con baja intensidad laboral y de trabajadores pobres; observa que el riesgo de pobreza y exclusión social en 2012 era mucho más elevado (el 48,8 %) para los ciudadanos de terceros países (con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años) que para los ciudadanos de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para cumplir el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en relación con la pobreza y la exclusión social; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas inmediatas para luchar contra la pobreza infantil, habida cuenta de que en 2011 el 27 % de los menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social; insta a la Comisión a que formule recomendaciones, destinadas especialmente a los Estados miembros en los que se dé la mayor proporción de menores en riesgo de pobreza o exclusión social;

42.

Celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 se reconozca la necesidad de hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis y de garantizar la sostenibilidad financiera de la protección social; pide a los Estados miembros que refuercen las redes de seguridad, garanticen la eficacia de los sistemas de protección social e inviertan en medidas de prevención;

43.

Acoge favorablemente la creación del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, que ayudará a cubrir las necesidades básicas de los más afectados por la pobreza; pide a los Estados miembros que utilicen adecuadamente los fondos correspondientes y los destinen a las personas más necesitadas;

44.

Toma nota de la propuesta de recomendaciones específicas por país destinadas a numerosos Estados miembros en relación con la reforma de los sistemas de pensiones; lamenta que las recomendaciones de la Comisión se hayan formulado sin hacer referencia a las recomendaciones del Parlamento contenidas en el Libro Verde y el Libro Blanco sobre pensiones; subraya que las reformas de los sistemas de pensiones exigen cohesión política y social nacional y solo pueden tener éxito si se negocian con los interlocutores sociales;

45.

Destaca que las necesarias y minuciosas reformas de los sistemas de pensiones de los Estados miembros deben diseñarse, concebirse y aprobarse con miras a garantizar su sostenibilidad, sin poner en peligro unos niveles adecuados de pensiones y en plena consonancia con las prioridades económicas y sociales de la Estrategia Europa 2020;

46.

Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones; considera que, para aumentar con éxito la edad de jubilación efectiva, las reformas de los sistemas de pensiones deben ir acompañadas de políticas que limiten el acceso de los trabajadores a planes de prejubilación y otras vías de salida anticipada, desarrollen oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad, garanticen el acceso al aprendizaje permanente, introduzcan políticas fiscales favorables que induzcan a estas personas a trabajar durante más tiempo y apoyen el envejecimiento activo; hace hincapié en la aceleración de la presión que ejerce la evolución demográfica en los presupuestos y los regímenes de pensiones nacionales ahora que se están jubilando las primeras cohortes de la generación del «baby boom»; señala los desiguales progresos y grados de ambición de los Estados miembros en cuanto a la formulación y la ejecución de reformas estructurales destinadas a aumentar el empleo, suprimir los regímenes de jubilación anticipada y evaluar, a escala de los Estados miembros y en colaboración con los interlocutores sociales, la necesidad de alinear la edad de jubilación legal y la real de manera sostenible con el incremento de la esperanza de vida; destaca que los Estados miembros que no lleven a cabo ahora reformas graduales podrían encontrarse más adelante en una situación en la que tendrán que llevar adelante reformas traumáticas con importantes consecuencias sociales;

47.

Manifiesta su preocupación ante el riesgo de que una generación de europeos jóvenes, actualmente desempleados o con empleos precarios, perciba unas pensiones insuficientes y deba aceptar una edad de jubilación cada vez más tardía y unos períodos de cálculo de las pensiones cada vez más largos;

48.

Observa que la política de protección social, y especialmente las prestaciones de desempleo, el apoyo a los ingresos mínimos y la fiscalidad progresiva, ayudaron en un primer momento a mitigar la gravedad de la recesión y estabilizaron los mercados laborales y el consumo; subraya, no obstante, que la capacidad de estos estabilizadores económicos y sociales vitales se ha reducido de forma preocupante en los Estados miembros en los que más se necesitan esos estabilizadores; observa que, en consecuencia, se han protegido menos los ingresos de los hogares y la demanda interna;

49.

Cree que la introducción de sistemas «bonus-malus» crea una situación beneficiosa para todas las partes implicadas;

50.

Subraya que las políticas sociales y las normas sociales se han utilizado en ocasiones como factores de ajuste habida cuenta de los requisitos de saneamiento presupuestario; pide a la Comisión que evalúe las consecuencias que han tenido estos procesos para los sistemas nacionales de protección social y los ciudadanos; pide a los Estados miembros que mejoren la adecuación y eficacia de los sistemas de protección social y que velen por que estos sigan actuando como amortiguadores de la pobreza y la exclusión social;

51.

Destaca la necesidad de que la Comisión Europea reconozca la importancia de los cuidadores, en lo tocante tanto a la prestación de cuidados como a la economía y la sociedad en su conjunto, recordando que rara vez se tienen en cuenta sus intereses en las políticas que aun así les afectan de manera coherente y global;

52.

Considera que la financiación de la UE podría contribuir a la creación de capacidades de los cuidadores en relación con la prestación de ayuda (por ejemplo, ayuda emocional, intercambios e información) y defensa, y que también podría apoyar el intercambio de información, la investigación y la creación de redes;

53.

Hace hincapié en la futura necesidad de contar con cuidadores cualificados debido a los cambios demográficos, así como en la importancia de garantizar la formación y la educación para los futuros cuidadores, a fin de evitar el colapso de todo el sistema de atención y seguridad social; considera también importante ofrecer el máximo apoyo a los cuidadores, en particular a los cuidadores no profesionales, cuya labor es preciso reconocer;

54.

Destaca la importancia de los servicios de cuidados terminales y paliativos en el contexto de la atención a largo plazo; señala que los cuidadores y usuarios de los equipos móviles de cuidados paliativos, debido a la composición multiprofesional, a la flexibilidad y a la cooperación con otros sectores profesionales, pueden cubrir lagunas cruciales en los sistemas de atención a largo plazo;

55.

Destaca que todas las reformas del mercado laboral deben basarse en una coordinación reforzada del diálogo social;

56.

Subraya que la troika ha confirmado que la alta calidad de la participación de los interlocutores sociales y la fortaleza del diálogo social, también a escala nacional, son esenciales para el éxito de cualquier reforma, y que el papel de los interlocutores sociales en el nuevo proceso de gobernanza económica, en particular el Semestre Europeo, debe reforzarse especialmente en las reformas de la UEM; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de involucrar en mayor medida a los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo, por ejemplo, en el marco del Comité de Diálogo Social con anterioridad a la adopción anual del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

57.

Pide al Consejo Europeo y a los Estados miembros que velen por la intensa participación de los Parlamentos nacionales y regionales, los interlocutores sociales, las autoridades públicas y la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de la orientación política en el marco de la Estrategia Europa 2020 y su proceso de gobernanza económica con el fin de garantizar la apropiación; pide al Consejo Europeo y a la Comisión que integren más eficazmente el seguimiento y la evaluación de los objetivos de empleo, sociales y de educación de la Estrategia Europa 2020 en el Semestre Europeo 2014;

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.