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incluir referencias al presente dictamen en los preámbulos de todas las propuestas,

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introducir disposiciones en todas las propuestas destacando la plena aplicabilidad de la legislación existente en materia de protección de datos. El SEPD también sugiere que la referencia a la Directiva 95/46/CE sea aclarada y que se especifique que las disposiciones se aplicarán de acuerdo con las normas nacionales por las que se traspone dicha Directiva,

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en el caso de la propuesta de DMS, limitar el acceso de las autoridades competentes a los documentos y a la información sobre infracciones graves y especialmente identificadas de las propuestas de Directivas y en los casos en que exista una sospecha razonable (que debe estar apoyada en una prueba inicial concreta) de que se ha cometido una infracción;

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en el caso de la propuesta de DMS, introducir el requisito para las autoridades competentes de solicitar documentos e información mediante una decisión formal de una autoridad judicial, en la que se especifique el fundamento jurídico y el fin de dicha solicitud así como la información que se solicita, el plazo en que debe facilitarse dicha información, y el derecho del destinatario a que la decisión sea revisada por un tribunal de justicia;

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en el caso de la propuesta de Directiva OICVM, introducir el requisito para las autoridades competentes de solicitar los registros telefónicos y de tráfico de datos mediante una decisión formal de una autoridad judicial, en la que se especifique el fundamento jurídico y el fin de dicha solicitud así como la información que se solicita, el plazo en que debe facilitarse dicha información, y el derecho del destinatario a que la decisión sea revisada por un tribunal de justicia;

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en el caso de la propuesta de DMS, aclarar las modalidades de la base de datos AESPJ, introduciendo disposiciones más detalladas en las propuestas de Reglamentos. Dichas disposiciones deben cumplir los requisitos del Reglamento (CE) no 45/2001. En concreto, la disposición que establezca la base de datos deberá i) identificar el fin de las operaciones de tratamiento y establecer los usos compatibles; ii) identificar qué organismos (AESPJ, autoridades competentes, Comisión) tendrán acceso a los datos y a qué datos almacenados en la base de datos y tendrán la posibilidad de modificarlos; iii) garantizar el derecho de acceso y de información para todos los interesados cuyos datos personales puedan ser almacenados o intercambiados, iv) definir y limitar el plazo de conservación para los datos personales al mínimo necesario para la realización de dicha finalidad;

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valorar la necesidad del sistema propuesto de publicación obligatoria de sanciones en todas las propuestas y verificar si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación debería contar en cualquier caso con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período adecuado;

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respecto de la notificación de las infracciones en todas las propuestas i) insertar disposiciones en las propuestas de Directiva que establezcan que: «la identidad de estas personas debe quedar garantizada en todas las fases del procedimiento, salvo si la legislación nacional exige su divulgación en el contexto de una investigación o actuaciones judiciales posteriores»; ii) añadir un párrafo que exija a los Estados miembros que apliquen «procedimientos apropiados para garantizar a la persona presuntamente responsable el derecho a defenderse y a ser oída antes de que se adopte una decisión sobre ella y el derecho a la tutela judicial eficaz contra cualquier decisión o medida relativa a ella»; iii) eliminar la expresión «los principios previstos» de las disposiciones.