8.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/1

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado») constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayuda que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a estas categorías de ayudas estatales. En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que la ayuda de minimis podía constituir una de estas categorías. Sobre esta base, por tratarse de ayudas concedidas a la misma empresa a lo largo de un período determinado que no exceden de un cierto importe fijo, se considera que las ayudas de minimis no reúnen todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado y quedan, por lo tanto, exentas del procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de minimis, por debajo del cual se puede considerar que no se aplica el artículo 107, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis  (3) primero y, posteriormente, en el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión (4) y el Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión (5). A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006, resulta oportuno revisar algunas de las condiciones que en él se establecen y sustituirlo por un nuevo texto.

(3)

Procede mantener el límite máximo de 200 000 EUR para el importe de la ayuda de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro a lo largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue siendo necesario para garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el presente Reglamento tiene efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (6). El Tribunal de Justicia ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de Derecho) por la misma entidad deben considerarse una única empresa (7). En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de criterios claros para determinar cuándo dos o más entidades serán consideradas una única empresa. De los criterios perfectamente consolidados para determinar qué se entiende por «empresas asociadas» en el contexto de la definición de PYME que figura en el anexo del Reglamento (CE) no 800/2008 (8), la Comisión ha seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del presente Reglamento. Tales criterios ya resultan familiares para las autoridades públicas y deben ser aplicables, dado el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto a las PYME como a las grandes empresas.

(5)

A fin de tener en cuenta el reducido tamaño medio de las empresas del sector del transporte de mercancías por carretera, procede fijar el límite máximo en 100 000 EUR para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. La prestación de un servicio integrado en el que la operación de transporte solo sea un elemento, como los servicios de mudanza, los servicios de correo postal o de mensajería, o los servicios de recogida y transformación de residuos, no debe considerarse un servicio de transporte. Ante el exceso de capacidad existente en el sector del transporte de mercancías por carretera, y dados los objetivos de la política de transporte por lo que se refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de mercancías, así como el reducido tamaño medio de las empresas de dicho sector, las ayudas para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera por parte de las empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dada la evolución registrada en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya no procede seguir aplicando a dicho sector un límite máximo más bajo.

(6)

Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a los sectores de la producción primaria de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que ayudas de importes inferiores al límite máximo establecido en el presente Reglamento pudieran, no obstante, cumplir en estos sectores los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichos sectores.

(7)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o transformadores. El Tribunal de Justicia ha dictaminado (9) que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa. Por esta razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se determine en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(8)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas destinadas a favorecer el consumo de productos nacionales en lugar de importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otros Estados miembros o terceros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen normalmente ayudas a la exportación.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las empresas en crisis, dado que no procede prestar apoyo económico a tales empresas al margen de un plan de reestructuración. Además, resulta difícil determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a este tipo de empresas. A fin de aportar seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las características específicas de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis para los fines del Reglamento.

(10)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, haya que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

(11)

En el caso de las empresas que operen en sectores excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento pero también en otros sectores o actividades, el presente Reglamento debe aplicarse a estos últimos siempre y cuando los Estados miembros garanticen, a través de medios apropiados como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis. Este principio debe aplicarse asimismo a las empresas que operan en sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores. Si no se puede garantizar que las actividades de los sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores se beneficien de las ayudas de minimis únicamente hasta dichos límites máximos inferiores, debe aplicarse a todas las actividades de la empresa el límite máximo más bajo.

(12)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que garanticen que resulte imposible eludir las intensidades máximas de ayuda fijadas en determinados reglamentos o en determinadas decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe establecer también normas de acumulación claras y de fácil aplicación.

(13)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento, por ejemplo porque cumpla el principio del operador privado en una economía de mercado o porque no lleve aparejada una transferencia de recursos públicos.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del control, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede realizarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo aplicable. Llevar asociado tal tope significa que, mientras se desconozca el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro interesado ha de asumir que dicho importe es igual al tope, con el fin de evitar que la agregación de varias ayudas dé lugar a que se sobrepase el límite máximo establecido en el presente Reglamento, y ha de aplicar las normas sobre acumulación.

(15)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo, conviene que los importes de las ayudas que no sean en concepto de subvención en efectivo se conviertan en su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia contemplados en la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10).

(16)

Las ayudas consistentes en préstamos deben considerarse ayudas de minimis transparentes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar el trato de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Según la experiencia de la Comisión, se puede considerar que los préstamos que estén garantizados por una garantía que abarque, como mínimo, el 50 % del préstamo y que no excedan ya sea de 1 000 000 EUR, con una duración de cinco años, ya sea de 500 000 EUR, con una duración de diez años, tienen un equivalente de subvención bruta igual al límite máximo de minimis.

(17)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, salvo si el importe total de la aportación de capitales públicos no sobrepasa el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado, según se establece en (las nuevas directrices sobre financiación de riesgos), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, a menos que la medida en cuestión aporte a cada empresa beneficiaria una cantidad de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(18)

Las ayudas consistentes en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate. Por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (11) indica los niveles de las primas anuales por encima de los cuales una garantía del Estado no se consideraría constitutiva de ayuda. A fin de simplificar el trato de las garantías de corta duración que garanticen hasta el 80 % de préstamos relativamente pequeños, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a las garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan préstamos, como las garantías relativas a operaciones de capital. Cuando la garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 1 500 000 EUR y la duración de la garantía no exceda de cinco años, puede considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta igual al límite máximo de minimis. Lo mismo sucederá cuando la garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 750 000 EUR y la duración de la garantía no exceda de diez años.

(19)

En caso de que el préstamo o la garantía sean de un importe o una duración inferior a los especificados en los considerandos 16 y 18, el equivalente de subvención bruta debe calcularse multiplicando la ratio entre el importe real y el importe máximo indicado en los considerandos 16 y 18 por la ratio entre la duración real y cinco años por 200 000 EUR. Así, por ejemplo, se consideraría que un préstamo de 500 000 EUR con una duración de 2,5 años tiene un equivalente de subvención bruta de 50 000 EUR.

(20)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgos que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un equivalente de subvención bruta que no excede del límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(21)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, de conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea dotándose de los instrumentos necesarios para garantizar que el importe total de las distintas ayudas de minimis concedidas a una única empresa al amparo de la norma de minimis no sea superior al máximo total permisible.

(22)

Antes de conceder cualquier ayuda de minimis, cada Estado miembro debe verificar que, por lo que a ellos respecta, la nueva ayuda no dará lugar a que se sobrepase el límite máximo de minimis y que se cumplen las demás condiciones del presente Reglamento.

(23)

Para que los Estados miembros dispongan de datos exactos, fiables y completos que les permitan asegurarse de que, cuando conceden una nueva ayuda de minimis, no se sobrepasa el límite máximo aplicable a la empresa de que se trate, hay que exigir que cada Estado miembro establezca un registro central de ayudas de minimis que contenga información sobre todas las ayudas de minimis concedidas de conformidad con el presente Reglamento por cualquiera de sus autoridades. La concepción del registro nacional y la decisión sobre el mecanismo adecuado para establecerlo de conformidad con la estructura constitucional y administrativa nacional debe ser competencia de cada Estado miembro, siempre y cuando este garantice que el registro permite a todas las autoridades públicas del país comprobar el importe de las ayudas de minimis recibidas por cada empresa. Se debe dar a los Estados miembros tiempo suficiente para la creación de dicho registro.

(24)

Hasta que un Estado miembro no haya establecido un registro central que cubra un período de tres años, dicho Estado miembro debe informar a la empresa beneficiaria de la cuantía de la ayuda de minimis concedida y de su carácter de minimis, y debe hacer referencia expresa al presente Reglamento. Además, antes de conceder ayudas de este tipo, el Estado miembro debe obtener de la empresa una declaración relativa a las demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento y por otros reglamentos de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejercicios precedentes.

(25)

Para que la Comisión pueda controlar la aplicación del presente Reglamento y detectar cualquier posible falseamiento de la competencia, hay que exigir que los Estados miembros le faciliten todos los años información básica sobre el importe de las ayudas concedidas de conformidad con el presente Reglamento. Si el Estado miembro ha informado a la Comisión de dónde se publican todos los datos que deben figurar en los informes, no debe estar obligado a presentar un informe a la Comisión.

(26)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en particular, de la frecuencia con la que hay que revisar generalmente la política relativa a las ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de vigencia limitado. En caso de que el presente Reglamento expirase sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

a)

las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (12);

b)

las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;

c)

las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

d)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

e)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados;

f)

las ayudas concedidas a empresas en crisis tal como se definen en el artículo 2, letra e).

a)

«productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo I del Tratado, con excepción de los productos de la pesca y la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no [pendiente de adopción: véase la propuesta COM(2011) 416 de la Comisión] por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura;

b)

«transformación de productos agrícolas», toda operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta;

c)

«comercialización de productos agrícolas», la tenencia o exposición con destino a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de presentación en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta de productos por el productor primario a consumidores finales solo se considerará comercialización si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin;

d)

«una única empresa», todas las entidades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:

asimismo se consideran una única empresa las entidades que mantengan cualquiera de las relaciones antes descritas a través de una o más entidades distintas;

e)

«empresa en crisis», una empresa que cumpla todas las condiciones siguientes:

A los fines de la letra e), primer párrafo, no se considerará que una PYME que haya estado operativa durante un período inferior a tres años se encuentra en crisis, salvo que reúna la condición contemplada en el punto iii) de dicha letra.

a)

el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo y no excede bien de 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y cinco años de duración, bien de 500 000 EUR (o 250 000 EUR en el caso de empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y diez años de duración; si el préstamo concedido es de cuantías inferiores a las indicadas o tiene una duración inferior a cinco años o diez años, respectivamente, su equivalente de subvención bruta se calculará como una parte proporcional del límite máximo aplicable establecido en el artículo 3, apartado 2; o

b)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

a)

la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y bien el importe garantizado no excede de 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera), y la duración de la garantía no excede de cinco años, bien el importe garantizado no excede de 750 000 EUR (o 375 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y la duración de la garantía no excede de diez años. Si el importe garantizado es inferior a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de subvención bruta de la garantía se calculará como una parte proporcional del límite máximo aplicable establecido en el artículo 3, apartado 2; o

b)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión (14); o

c)

antes de la ejecución de la garantía, el método de cálculo del equivalente de subvención bruta de la garantía ha sido notificado a la Comisión y aceptado por esta en virtud de cualquier reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento, y el método aprobado se refiere expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión en el contexto de la aplicación del presente Reglamento.

a)

el importe total de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento en el Estado miembro de que se trate durante el año natural anterior, desglosadas por sector económico y tamaño (empresa pequeña, mediana o grande) de los beneficiarios;

b)

el número total de beneficiarios de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al presente Reglamento en el Estado miembro de que se trate durante el año natural anterior, desglosadas por sector económico y tamaño (empresa pequeña, mediana o grande) de los beneficiarios;

c)

cualquier otra información relativa a la aplicación del presente Reglamento que requiera la Comisión y se especifique a su debido tiempo antes de que se remita el informe.