16.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/51

1.1

Sobre los obstáculos y los niveles de acción: Unos procedimientos armonizados, que puedan controlarse democráticamente, reforzarían la transparencia de las relaciones internacionales, las decisiones de la UE, los mercados, la fijación de precios y los beneficios de los operadores (reguladores y gestores de redes). Es preciso escuchar a los ciudadanos e informar a los consumidores.

1.2

Sobre los litigios: los Estados miembros deben seguir teniendo libertad para elegir su energía. La Comisión puede tener un papel de coordinación, teniendo en cuenta las exigencias de los ciudadanos sobre el suministro de energía y la ordenación del territorio. Debe precisarse el papel de los gestores de redes asociados (ENTSO-E) y de la agencia de regulación (ACRE) (1), así como la fuerza jurídica y la revocabilidad de sus decisiones.

1.3

Sobre la I+D: es preciso evaluar el papel de la financiación de I+D, que ha de aumentar. La I+D contribuye a la eficiencia de las redes, a su conservación y sostenibilidad, así como a la eficiencia energética, que puede solucionar la dependencia y llevar a la UE a la próxima era energética.

1.4

Sobre la actividad más importante: sin perder nunca de vista el interés del consumidor final, es preciso terminar las redes, así como definir las orientaciones estratégicas comunes y las directrices del mercado, identificar y paliar las carencias de las redes para garantizar el transporte de energía en toda la Unión, asegurar el abastecimiento y el almacenamiento y delimitar claramente competencias y responsabilidades. El interés general exige redes adecuadas, un servicio de calidad y contar con todos los medios que garantizan la universalidad, la seguridad y la continuidad a un precio asequible.

1.5

Sobre las relaciones con terceros países: el CESE desea que la Unión hable con una sola voz en el panorama internacional en materia de energía y redes de transporte de energía, que trate estas cuestiones como una dimensión integrada de su diplomacia (PEV) y que proponga normas de gobernanza en los países de tránsito.

Parece útil desarrollar el diálogo con Turquía. Es necesario evaluar correctamente el riesgo de la inversión en relación con los beneficios esperados, además de respetar los derechos de los trabajadores locales y la relación entre las actividades energéticas y la política de desarrollo. El Comité considera que la energía, los transportes y el medio ambiente forman un todo.

1.6

Sobre el enfoque, el apoyo y la inversión: sólo la Unión puede tener una visión de conjunto del abastecimiento y actuar con perspectiva transfronteriza. Su diplomacia es un apoyo ante los riesgos locales y en las zonas de influencia de otras potencias. La Comisión debería aclarar si se refiere a las infraestructuras o al suministro. Para las infraestructuras son pertinentes las RTE-E, que deben estar en la esfera de la decisión pública y conservar una financiación específica y de cuantía útil en el presupuesto de la UE. La amortización de las ayudas comunitarias invertidas en estas redes no debería repercutirse en el precio al consumo. Los presupuestos de los operadores han de ser transparentes. Deberían desarrollarse las posibilidades de garantías comunitarias a los inversores y de préstamos a los operadores. La Unión tiene que concebir una nueva gobernanza pública de la inversión.

1.7

Sobre la revisión de las orientaciones: el CESE desea que mejore la eficacia de las infraestructuras a través de la investigación y consiguiendo que los ciudadanos hagan suyos los retos, y propone 1) entablar un verdadero diálogo social y verdaderos diálogos sectoriales y 2) que se lleven a cabo estudios sobre la conveniencia y viabilidad de un SIG europeo de la energía al servicio de los ciudadanos (2).

1.8

Sobre la ampliación de las RTE-E: Sí para las infraestructuras petroleras, reservando las ayudas comunitarias, tras hacer un balance de la situación, a las compañías petroleras deficitarias. No en el caso del CO2. El CESE considera que es prematuro ampliar el campo de competencia de las RTE-E a las redes de captura de CO2 en tanto no se determinen el interés y la inocuidad de su transporte por red, para lo cual se precisa un gran debate en la sociedad, basado en un texto con propuestas claras.

1.9

Sobre los nuevos proyectos prioritarios: es positivo insistir en las carencias de interconexión. El CESE está a favor de la conexión de la red a fuentes de energía renovables, como los parques eólicos del Báltico y del Mar del Norte. Para proyectos con vistas al año 2050, también sería conveniente estudiar la conexión con las futuras fuentes (energía submarina en alta mar, etc.).

1.10

Sobre la seguridad del abastecimiento y la solidaridad: para los ciudadanos, la visibilidad vendría de una buena comunicación y resultados en términos de los precios a los usuarios. El Libro Verde no explica cuáles son los medios para la solidaridad entre Estados miembros. La solidaridad supone que todos contribuyan a la circulación de la energía en el interior de la Unión y que mantengan reservas estratégicas para ponerlas a disposición de otros Estados miembros en caso de urgencia. Los Estados y la Unión deberían defender esta solidaridad energética en el mundo y respetar en la Unión el principio de interés general.

1.11

Sobre las medidas suplementarias para una infraestructura sostenible: se supone que la sostenibilidad energética reside en la conexión de las energías renovables, pero no se ha comprobado. En cuanto a las redes eléctricas, debe tratarse su modernización ante los problemas de pérdidas en línea, frecuencia, voltaje y armonización de códigos entre Estados miembros, y, en cuanto al gas, la capacidad y seguridad de las zonas de almacenamiento mejoradas.

1.12

Las RTE-E exigen un mantenimiento de alta calidad que precisa de una mano de obra muy cualificada. El CESE considera que es indispensable tener presente el capítulo social, que el Libro Verde olvida, para respetar la Estrategia de Lisboa y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Cree que es preciso desarrollar los conocimientos de los profesionales europeos en materia de redes para preservar las capacidades y el empleo en Europa. Desea que se cree un comité europeo consultivo sobre la energía y el cambio climático.

1.13

El CESE aboga por la creación de un fondo europeo específico que pudiera garantizar de forma concreta la solidaridad europea a los ciudadanos. Corolario inevitable de una política energética europea integrada: hay que elaborar una legislación comunitaria de la responsabilidad de las empresas hacia los ciudadanos. Debería aplicarse la Carta de los Consumidores de Energía.

2.1

Las redes de energía que existen hoy en la Unión no permiten a la Comisión hacer realidad las ambiciones en materia de política energética (una energía sostenible, competitiva y segura) ni los objetivos de «20-20-20» para la protección del clima. Es preciso renovar las RTE-E y la política de redes. El Libro Verde se refiere a la revisión de las orientaciones de las RTE y de su instrumento de financiación.

2.2

Recientemente se ha complicado la situación: nueva crisis del gas en el Este, nuevo conflicto en Oriente Próximo y crisis financiera mundial. Todo ello podría afectar a la realización de las RTE-E.

3.1

La Unión podría desarrollar su política de infraestructuras en seis ejes regionales: la interconexión de los países bálticos, el corredor gasístico del sur-este, un anillo mediterráneo, la conexión eléctrica del centro y el sureste de la Unión, un plan de acción para el gas natural licuado (GNL), el desarrollo del parque eólico en el norte de la UE y el tendido de las RTE-E, así como la integración del mercado.

3.2

La Unión podría estudiar lo siguiente:

3.3

El Libro Verde sometido a examen busca fomentar la comprensión de los ciudadanos y la solidaridad para alcanzar los objetivos de 2020.

4.1

El título y la introducción del Libro Verde hacen pensar en un enfoque global para garantizar y hacer sostenibles las redes de energía, pero se concentra en el establecimiento de conexiones internacionales y no propone una revisión del mantenimiento, la formación y la cualificación de los recursos humanos, ni investigación y desarrollo, elementos importantes para la seguridad y la sostenibilidad.

4.2

La competencia sólo interesa a los consumidores cuando es un medio y no un fin en sí misma, cuando les permite ahorrar dinero y, al mismo tiempo, les ofrece un servicio tan fiable como en un régimen de monopolio. La financiación privada y el recurso a los socios para terminar las RTE-E resultan interesantes, pero destacan la verdadera barrera para el desarrollo de las redes europeas integradas de gas y electricidad: la falta de una voluntad pública comunitaria fuerte y con una base sólida.

4.3

La energía es un servicio de interés general; la inversión privada no se adapta bien a unos plazos demasiado largos. El mercado no podrá garantizar el cambio de época energética a que invita el paquete energía-cambio climático apoyándose en los antiguos modos de producción y transporte. La Comisión, que desea estimular los medios privados, puede actuar directamente a escala transfronteriza para construir un nuevo plan global y proponer una nueva gobernanza pública de la inversión con vistas a garantizar, gracias a las redes, el principio de continuidad del servicio de interés general del suministro de energía.

5.1

Para el CESE, las RTE-E requieren que todos los agentes estén coordinados por un organismo necesariamente centralizado, lo cual choca con la lógica de mercado deseada. La Comisión debería reafirmar el objetivo de búsqueda de soluciones óptimas en cuanto a costes y beneficios que puedan ser ventajosas para los consumidores, pues, de lo contrario, éstos podrían dudar de la utilidad del mercado interior de la energía.

En el Libro Verde resulta ambiguo el papel de las agencias ENTSO-E y ACRE. Serán polos de coordinación, pero no es preciso que participen en las decisiones sobre la utilización de los fondos públicos. Por otra parte, la UE debería preocuparse de garantizar la continuidad de la investigación y el desarrollo, algo que no puede corresponder a estas agencias.

6.1

Con un aumento de los medios, las redes activarían la solidad energética. La Unión debería determinar qué eslabones faltan en sus conexiones y centrar sus esfuerzos en esas carencias. El CESE cree que las conquistas de la PEV serían garantía de éxito. Observa que no se menciona el límite geográfico de las conexiones, la forma de llevarlas a cabo, las organizaciones responsables de mantener la frecuencia y el voltaje eléctricos, la política que se aplicaría en caso de fallo de una parte de la red ni la distribución de responsabilidades y competencias, incluidas las de la Unión, en su coordinación.

Cree que, al tratarse de infraestructuras muy pesadas, muy estructuradas y de una vida muy larga, debe informarse a los inversores y los ciudadanos con claridad y absoluta transparencia en cuanto a las perspectivas del mercado.

El CESE desea que se realicen estudios sobre la conveniencia y viabilidad de un SIG europeo de la energía al servicio de los ciudadanos, con un enfoque común en materia de precio, fiscalidad, normas financieras de seguridad, de continuidad, de desarrollo económico y de protección del clima.

6.2

La sostenibilidad se conseguiría a través de la conexión a la red de energías renovables (eólicas del norte) y el transporte de CO2 hacia los lugares de almacenamiento; de hecho, no se trata la sostenibilidad de las RTE-E. En cuanto a las redes eléctricas, la Comisión debería hablar de modernización ante los problemas de pérdidas en línea, frecuencia, voltaje y armonización de códigos entre Estados miembros y desarrollo de redes inteligentes.

6.3

Aunque es consciente de que la técnica permite la captura del CO2, considera que es prematuro abrir el campo de competencia de las RTE-E a redes de transporte de CO2. Esta cuestión debería debatirse antes en la sociedad (3).

6.4

Para el CESE, esta seguridad tiene dos vertientes:

6.5

El Comité considera que la Unión debería tener una voz única en el contexto internacional en materia de redes de transporte de energía. La dimensión energética debería ser un aspecto intrínseco de su diplomacia y fundar una nueva solidaridad política entre los Estados miembros y con los países vecinos. El Libro Verde podría haber señalado acciones concretas en la materia.

6.6

Estas redes no deben convertirse en objeto de conflictos que den lugar a enfrentamientos armados o pérdidas de derechos, sobre todo para los trabajadores. Al contrario: deberían ser vector de la política de desarrollo. Debería intensificarse el diálogo sobre la energía con Turquía, zona estratégica, así como la utilización sistemática del euro en las transacciones.

6.7

La solidaridad energética es en tres sentidos: entre Estados miembros, entre los ciudadanos y la Unión y entre operadores. El Libro Verde no explica cuáles son los medios para la solidaridad, incluso entre Estados miembros. Las prácticas comerciales o contractuales entre operadores no favorecen una solidaridad (exigencias de los accionistas) que, por lo que afecta a la energía, deberían defender en todo el mundo. Todos deberían contribuir a la circulación de la energía en el interior de la Unión sin rechazar las interconexiones ni dificultarlas. El CESE está a favor de unos instrumentos reguladores que permitan, en caso de necesidad urgente y por decisión colectiva, poner en el mercado las capacidades no utilizadas (reventa obligatoria en virtud del principio de «usarlo o perderlo»).

6.8

La creación de un fondo de reserva europeo específico destinado a las intervenciones de urgencia podría ser otra manifestación de la solidaridad europea para proteger a los Estados miembros y a los ciudadanos de los riesgos derivados de los lugares de producción y de su situación geográfica y geopolítica.

6.9

En la planificación de las RTE-E debería darse un mandato claro a ENTSO-E y ACRE y definirse el papel de mediación de la UE. El Libro Verde no es suficientemente explícito respecto de este punto. El CESE lamenta que la mayor parte de los reguladores europeos tengan una misión legal, limitada al establecimiento de un mercado competitivo, sin referencia a la seguridad del suministro, y que la competencia de la Comisión no esté definida claramente. La asociación de reguladores nacionales no supone la existencia de un regulador europeo. El CESE se pregunta por la naturaleza jurídica de tal organismo, por el alcance de sus competencias y el control de éstas. El CESE considera que uno de los cometidos de la Comisión debería consistir en actuar para evitar los litigios en la creación de las redes, haciendo que los entes locales participen en los proyectos de RTE-E desde sus fases más tempranas.

6.10

Esta dimensión aparece citada en el texto sometido a examen para justificar la intervención de la autoridad pública en caso de disfunción del mercado. Si bien resulta esencial, el CESE lamenta que no se aclaren sus condiciones.

6.11

La financiación de la UE (5) sirve de catalizador para la creación de nuevos proyectos. Los Estados miembros deben financiar la mayor parte de éstos y pueden concederse subvenciones directas a proyectos determinados. Para el período de programación 2007-2013, la ayuda financiera comunitaria prácticamente no varía en comparación con el período anterior; es decir, hay una reducción en euros constantes. La Comisión propone llevar a cabo estudios generales que sean útiles para todas las partes.

6.12

Parece que no se ha tenido en cuenta: 1) el consumo futuro; 2) el estado de las redes y el coste de su mantenimiento; y 3) la incidencia de las nuevas tecnologías (nuevas fuentes de energía renovables, nuevas formas de transportarla –redes inteligentes– y consumirla, eficiencia energética).

6.13

El Libro Verde propone conjugar los modos de financiación actuales con el aumento de la contribución del sector privado. El CESE observa que el mercado no se lanza a una inversión que será rentable a un plazo demasiado largo. No obstante, está a favor de que se busquen formas de financiación innovadoras para proyectos estratégicos, siempre que ello no agrave la carga para el sector público. En todo caso, cree que las RTE-E deben estar en la esfera de la decisión pública.

6.14

La Comisión recuerda que las RTE eran «inicialmente un instrumento del mercado interior» y que «se partía de la base de que los agentes del mercado asumirían las inversiones y harían repercutir los costes correspondientes en los consumidores». El CESE considera que, puesto que la Unión cofinancia las RTE-E, debería inventar una nueva gobernanza pública de la inversión. La amortización de las cantidades públicas invertidas en estas redes no debería repercutirse en el precio al consumo.

6.15

El Libro Verde no explica por qué la nueva situación será más «competitiva», cómo una mayor agilidad en el transporte de la energía permitirá aumentar la competencia ni cómo se beneficiarían los consumidores. El CESE recuerda la hipótesis de la Comisión de establecer una sinergia entre todas las redes transeuropeas.

6.16

El Comité considera que la Unión debería centrar sus esfuerzos en la investigación, a fin de conservar en Europa el dominio de las tecnologías, que es un requisito de la eficiencia energética y del transporte de energía.

6.17

Dado que los conocimientos no siempre se encuentran en el país en el que se instalan las redes y las interconexiones, el CESE desea que se aplique de forma restrictiva la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores. El CESE desea que se cree un comité consultivo europeo sobre la energía y el cambio climático.

6.18

El CESE recomienda seguir la idea de la Comisión y promover la «comprensión» de los ciudadanos. Los grandes proyectos financiados por la Unión deben aspirar a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el suministro de servicios universales con unas técnicas que ofrezcan el precio más asequible posible, algo que un mercado competitivo no siempre consigue. Por otra parte, para que los Estados miembros puedan defender más fácilmente a los ciudadanos en caso de incumplimiento de los compromisos o de bloqueo de las redes, un fondo europeo de intervención urgente permitiría garantizar la continuidad del servicio a pesar del bloqueo de las redes (caso de fuerza mayor, guerra, quiebra, problemas bursátiles, etc.). También podría estudiarse la responsabilidad de las empresas que gestionan las redes ante los ciudadanos.

6.19

Los órganos de control y evaluación deben abrirse a una mayor participación y colaborar con todas las partes interesadas, tanto los interlocutores sociales como la sociedad civil.

6.20

Si se pide la solidaridad de los ciudadanos es preciso esforzarse más allá de la comunicación. Es necesario estudiar y tratar de forma transparente las razones de la hostilidad casi sistemática de los ciudadanos a sucesivos proyectos de interconexión (6).

6.21

El CESE cree que la seguridad del abastecimiento, la solidaridad entre los Estados miembros y la lucha contra el cambio climático pueden contribuir a un nuevo crecimiento.

6.22

El Comité insiste en la presentación conjunta de las políticas de energía, transporte y medio ambiente.