La coerción económica puede afectar a cualquier ámbito de actividad de la Unión o de un Estado miembro y puede tener repercusiones políticas, económicas y jurídicas complejas. El presente Reglamento constituye una respuesta necesaria y eficaz a la coerción económica y funciona con fines disuasorios, pero puede dar lugar a la adopción de contramedidas, cuando sea necesario en última instancia. El presente Reglamento no tiene precedentes y se ha diseñado cuidadosamente y teniendo debidamente en cuenta las considerables repercusiones de los casos de coerción económica. De ello se deduce que el presente Reglamento y sus enfoques, en particular la atribución de competencias de ejecución al Consejo en virtud del artículo 4, son estrictamente específicos y no constituyen un precedente para otros expedientes legislativos basados en el artículo 207 del TFUE, ni para proponer tales actos. Del mismo modo, las normas sobre el uso del procedimiento de examen en relación con las medidas de respuesta de la Unión acordadas en el presente instrumento no prejuzgan el resultado de otras negociaciones legislativas en curso o futuras y no deben considerarse precedentes para otros expedientes legislativos. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe considerarse un precedente para otros actos.