(1)

El artículo 122, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite al Consejo decidir, a propuesta de la Comisión y con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, las medidas adecuadas para responder a la situación socioeconómica resultante del brote de COVID‐19.

(2)

El artículo 122, apartado 2, del TFUE permite al Consejo acordar ayuda financiera de la Unión a un Estado miembro que esté en dificultades o en serio riesgo de dificultades graves, ocasionadas por acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pueda controlar.

(3)

El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS‐CoV‐2), causante de la enfermedad denominada COVID‐19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una nueva cepa de coronavirus que anteriormente no había sido detectada en seres humanos. El brote mundial de esa enfermedad está evolucionando rápidamente y ha sido declarado como una pandemia por la OMS. Desde el comienzo del brote de COVID‐19 en la Unión hasta el 30 de marzo de 2020, se han comunicado 334 396 casos y 22 209 fallecimientos en los Estados miembros.

(4)

Los Estados miembros han puesto en marcha medidas extraordinarias para contener el brote de COVID‐19 y sus consecuencias. La probabilidad de una mayor transmisión de la COVID‐19 en la Unión se considera elevada. Además de las repercusiones en materia de salud pública con un número considerable de fallecimientos, el brote de COVID‐19 ha tenido un impacto masivo y perjudicial sobre los sistemas económicos de los Estados miembros, provocado perturbaciones para la sociedad e incrementado el gasto público en un número creciente de Estados miembros.

(5)

Esta situación excepcional, que escapa al control de los Estados miembros y que ha inmovilizado a una parte sustancial de su población activa, ha causado un aumento repentino y grave del gasto público de los Estados miembros en regímenes de reducción del tiempo de trabajo en favor de los trabajadores por cuenta ajena y medidas similares en favor, en particular, de los trabajadores por cuenta propia, así como gastos en medidas relacionadas con la salud, en particular, en el lugar de trabajo. Con el fin de mantener el objetivo central del instrumento previsto en el presente Reglamento y, por ende, su efectividad, las medidas relacionadas con la salud con el objetivo de dicho instrumento pueden referirse a las destinadas a reducir los riesgos laborales y garantizar la protección de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia en el lugar de trabajo y, en su caso, algunas otras medidas relacionadas con la salud. Es necesario facilitar los esfuerzos de los Estados miembros por hacer frente al aumento repentino y grave del gasto público hasta que el brote de COVID‐19 y su impacto sobre su población activa estén bajo control.

(6)

La creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) (en lo sucesivo, «Instrumento») a raíz del brote de COVID‐19 debe permitir a la Unión responder a la crisis del mercado de trabajo de manera coordinada, rápida y eficaz y con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, aliviando las repercusiones sobre el empleo en beneficio de las personas y los sectores económicos más afectados y atenuando los efectos directos de esta situación excepcional sobre el gasto público de los Estados miembros.

(7)

El artículo 220, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece que la asistencia financiera de la Unión a los Estados miembros puede revestir la forma de un préstamo. Esos préstamos deben concederse a los Estados miembros en los que el brote de COVID‐19 haya generado, desde el 1 de febrero de 2020, un aumento repentino y grave del gasto público real, y posiblemente también del previsto, debido a las medidas nacionales. Esta fecha garantiza la igualdad de trato entre todos los Estados miembros y permite cubrir los aumentos reales, y en su caso también los aumentos previstos, del gasto en que incurran en relación con los efectos sobre su mercado de trabajo, con independencia del momento en que se haya producido el brote de COVID‐19 en cada uno de los Estados miembros. Las medidas nacionales, que se consideran conformes a los principios de los derechos fundamentales pertinentes, deben estar directamente relacionadas con el establecimiento o la ampliación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y con medidas similares, incluidas las medidas en favor de los trabajadores por cuenta propia, o con otras medidas relacionadas con la salud. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo son programas públicos que, en determinadas circunstancias, permiten a las empresas que atraviesan dificultades económicas reducir temporalmente las horas trabajadas por sus empleados, los cuales reciben ayudas públicas a los ingresos en compensación de las horas no trabajadas.

Existen regímenes similares de sustitución de ingresos para los trabajadores por cuenta propia. El Estado miembro que solicite asistencia financiera debe aportar pruebas de un aumento repentino y grave del gasto real, y posiblemente también del gasto público previsto, por los regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares. En caso de que la asistencia financiera se conceda para medidas relacionadas con la salud, el Estado miembro que solicite asistencia financiera también debe aportar pruebas de los gastos reales o previstos relacionados con las correspondientes medidas relacionadas con la salud.

(8)

Con el fin de dotar a los Estados miembros afectados de medios financieros suficientes y en condiciones favorables para permitirles afrontar el impacto del brote de COVID‐19 sobre su mercado de trabajo, resulta oportuno que las operaciones de empréstito y de préstamo de la Unión en virtud del Instrumento sean suficientemente amplias. La asistencia financiera concedida por la Unión en forma de préstamos debe, por tanto, financiarse mediante el recurso a los mercados internacionales de capitales.

(9)

El brote de COVID‐19 ha tenido un impacto masivo y perjudicial sobre el sistema económico de cada uno de los Estados miembros. Por consiguiente, exige contribuciones colectivas de los Estados miembros en forma de garantías que respalden los préstamos con cargo al presupuesto de la Unión. Dichas garantías son necesarias para que la Unión pueda conceder préstamos de magnitud suficiente a los Estados miembros, en apoyo a políticas del mercado de trabajo que están sometidas a una tensión máxima. A fin de garantizar que el pasivo contingente derivado de los préstamos sea compatible con el marco financiero plurianual (MFP) aplicable y los límites máximos de recursos propios, las garantías aportadas por los Estados miembros deben ser irrevocables, incondicionales y a la vista, debiendo preverse al mismo tiempo salvaguardas adicionales para reforzar la solidez del sistema. En consonancia con el papel complementario de dichas garantías, y sin perjuicio de su carácter irrevocable, incondicional y a la vista, se espera que la Comisión, antes de solicitar la ejecución de las garantías proporcionadas por los Estados miembros, se sirva del margen disponible para los créditos de pago dentro del límite máximo de los recursos propios, en la medida en que la Comisión lo considere sostenible, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el total de pasivos contingentes de la Unión, incluidos los correspondientes al mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos establecido por el Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo (2). En la ejecución de garantías pertinente, la Comisión debe informar a los Estados miembros de la medida en que se ha recurrido al margen disponible. La necesidad de garantías previstas por parte de los Estados miembros podría revisarse si se alcanzara un acuerdo sobre la revisión del límite máximo de los recursos propios.

(10)

Las salvaguardas adicionales destinadas a reforzar la solidez del sistema deben consistir en una gestión financiera prudente, una exposición anual máxima y una diversificación suficiente de la cartera de préstamos.

(11)

Los préstamos concedidos en el marco del Instrumento deben constituir asistencia financiera en el sentido del artículo 220 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. De conformidad con el artículo 282, apartado 3, letra g), de dicho Reglamento, el artículo 220 del citado Reglamento se aplicará a los préstamos concedidos en el marco del Instrumento únicamente a partir de la fecha de aplicación del MFP posterior a 2020. No obstante, conviene que los requisitos establecidos en el artículo 220, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 se apliquen a las operaciones de empréstito y de préstamo concedidos en el marco del Instrumento desde el momento en que entre en vigor el presente Reglamento.

(12)

A fin de velar por la compatibilidad del pasivo contingente derivado de los préstamos concedidos en el marco del Instrumento con el MFP aplicable y los límites máximos de recursos propios, es preciso establecer normas prudenciales, incluida la posibilidad de renovar los empréstitos contraídos en nombre de la Unión.

(13)

Dadas sus particulares implicaciones financieras, las decisiones de conceder asistencia financiera en virtud del presente Reglamento requieren el ejercicio de competencias de ejecución que deben conferirse al Consejo. Al decidir sobre el importe de un préstamo, el Consejo, a propuesta de la Comisión, debe tener presente las necesidades existentes y previstas del Estado miembro solicitante, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del presente Reglamento que otros Estados miembros ya hayan presentado o tengan previsto presentar, teniendo en cuenta los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia, y de manera que se respeten plenamente las competencias de los Estados miembros.

(14)

El artículo 143, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») limita la responsabilidad del Reino Unido por su cuota en los pasivos financieros contingentes de la Unión a aquellos pasivos financieros contingentes de la Unión que se deriven de operaciones financieras emprendidas por la Unión antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Todo pasivo financiero contingente de la Unión que se derive de la asistencia financiera prevista en el presente Reglamento sería posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Por consiguiente, el Reino Unido no debe participar en la asistencia financiera en virtud del presente Reglamento.

(15)

Dado que el Instrumento es de carácter temporal, al estar destinado a afrontar el brote de COVID‐19, la Comisión debe evaluar cada seis meses si las circunstancias excepcionales que causan las graves perturbaciones económicas en los Estados miembros todavía persisten e informar de ello al Consejo. En consonancia con la base jurídica para la adopción del presente Reglamento, no debe facilitarse asistencia financiera en virtud del presente Reglamento una vez superada la emergencia de la COVID‐19. A tal fin, conviene limitar en el tiempo la disponibilidad del Instrumento. El Consejo debe estar facultado para prorrogar, a propuesta de la Comisión, el período de disponibilidad del Instrumento en caso de que persistan las circunstancias excepcionales que justifiquen la aplicación del presente Reglamento.

(16)

El Banco Central Europeo emitió su dictamen el 8 de mayo de 2020.

(17)

Dados el impacto del brote de COVID‐19 y la necesidad de una respuesta urgente a las consecuencias de dicho brote, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.